Apuntes biográficos/históricosLa Sociedad Abolicionista Española fue una entidad creada el 7 de diciembre de 1864 y que dio por concluidos el cumplimiento de sus objetivos en diciembre de 1888. Desarrolló su labor en España, singularmente en Madrid, integrada por significativos políticos liberales, progresistas y radicales, cuyo objetivo fue la plena abolición de la esclavitud en las Antillas españolas: Puerto Rico y Cuba.
En 1864, de la mano del puertorriqueño Julio Vizcarrondo, cuando se creó una estructura, la Sociedad Abolicionista Española, que se marcó en su declaración fundacional como objetivo «propagar el principio de la abolición de la esclavitud y estudiar los medios más convenientes para llevarla a cabo» en Cuba y Puerto Rico.
El primer presidente de la asociación fue Salustiano de Olozaga y en 1867 la sociedad contaba con 700 miembros. Entre sus primeras tareas se acometió interrumpir el tráfico de esclavos. En el terreno jurídico, desde 1835 España no traficaba con nuevos esclavos, sin embargo en el ámbito comercial, compañías españolas seguían, con bandera de conveniencia, invirtiendo y traficando con esclavos. El gobierno de Leopoldo O'Donnell asumió la propuesta y en julio de 1866 se estableció que la trata de esclavos se consideraría un acto de piratería, lo que forzó en buena medida a las compañías españolas a retirarse del mercado. Sin embargo, estos primeros frutos de la asociación se vieron pronto fustrados con la caída de O'Donnell y la llegada al poder de Ramón María Narváez, que prohibió las actividades públicas de la asociación y persiguió a muchos de sus miembros, entre ellos el propio fundador, Vizcarrondo, que debió exiliarse. Sería con la revolución de 1868 que dio término al gobierno Narváez y al propio reinado de Isabel II, la que permitió a la entidad retomar sus actividades.
El reinado de Amadeo I abrió la puerta a que las reivindicaciones abolicionistas fueran escuchadas, aunque sólo se consiguió la aprobación del reglamento de aplicación de la ley Moret en 1872. Los abolicionistas cambiaron de estrategia y se centraron en la abolicón en Puerto Rico, dadas las fuertes resistencias en Cuba de los propios colonos y los efectos de la guerra.
El reinado de Amadeo I decayó en beneficio de la República, que aprobó el proyecto convirtiéndolo en ley pero con sustanciales recortes respecto de lo demanadado por los abolicionistas.
La restauración de la monarquía en Alfonso XII y la presidencia del consejo de ministros de Antonio Cánovas del Castillo supuso un paso atrás en las aspiraciones abolicionistas. Finalmente en 1879 se presentó la Ley de abolición de la esclavitud en Cuba, una muy tímida reforma rechazada por la asociación y los propios diputados antillanos, y que aunque aprobada en 1880, apenas si tuvo efecto. Hubo de esperarse a 1883 y al gobierno de Sagasta para que se aboliera el cepo y el grillete, se decretase la libertad de más de cuarenta mil esclavos y se obligara a los patronos a pagar los salarios debidos. El regreso de Cánovas en 1884 paralizó las reformas pero en 1888, muerto Alfonso XII, Sagasta derogó todos los decretos restrictivos a la abolición de la esclavitud. A finales de ese mismo año, la asoaciación se disolvió considerando alcanzados todos sus objetivos.