Estudio crítico FHL

© Del texto: el autor

© De la edición digital: Fundación Ignacio Larramendi

Fecha de la edición digital: 2019

Lugar: Madrid (España)

DOI: http://dx.doi.org/10.18558/FIL166

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Índice de contenido

Créditos

Juan Sempere y Guarinos

Vida de un polígrafo eminente

El ideal Ilustrado de Juan Sempere y Guarinos

Derecho y poder: el difícil camino de España hacia la modernidad

El gran legado de Sempere y Guarinos: el decisionismo jurídico-político [80]

Notas

Juan Sempere y Guarinos

Rafael Herrera Guillén

Doctor en Filosofía. UNED

Vida de un polígrafo eminente

Juan Tomás Joaquín Diego Sempere y Guarinos nació el 8 de abril de 1754 en Elda (Alicante)[1]. Su familia, de ascendencia hidalga, era originaria de Villena. Él fue el hermano intermedio entre Manuel, el primogénito, e Isabel, la menor de la familia, fundada por Juan Tomás Sempere y Josefa Guarinos.

La fuente principal de la que disponemos para conocer noticias acerca de su vida la proporcionó el mismo polígrafo, quien da cuenta de sí mismo en sus Noticias literarias de Sempere.[2] Es ésta una obra de carácter curricular más que biográfico. El sentido de la misma fue tratar de lograr un puesto en la burocracia durante el gobierno del Trienio Liberal. Por lo tanto, disponemos de pocos detalles familiares más; acerca de su niñez, por ejemplo. No obstante, aquel pequeño texto resulta muy útil para desplegar una biografía intelectual[3].

Diego Guarinos, doctor en Teología del Seminario de Orihuela, era pariente de Juan y le consiguió una beca de familiar para estudiar allí. Se incorporó al Seminario en 1767 y se graduó como bachiller y doctor en Teología en 1774. Ese mismo año se matricula en el Real Seminario de Teólogos de San Isidoro, en Murcia. Es en la ciudad de Floridablanca donde nuestro futuro polígrafo entra por primera vez en contacto con el mundo ilustrado. Allí conoció con cierta seguridad a hombres como Antonio José Cavanilles, quien se convertiría en el botánico más importante del período. Dos años después, en 1776, Sempere superó los Estudios Superiores de Teología e Historia Eclesiástica y regresó a Orihuela, en donde le aguardaba un futuro como docente vinculado a la vida religiosa que no parecía satisfacer su vocación. Así, pues, en 1778 abandona la cátedra de Filosofía del Seminario de Orihuela, en donde había encontrado un clima, si no hostil, al menos reticente a los aires de cierto aperturismo a la modernidad que el joven profesor había aprendido en sus años de Murcia. Esto lo podemos colegir de sus propias palabras. En la Relación de los méritos del doctor don Juan Sempere y Guarinos,[4] afirma nuestro polígrafo que, «venciendo las preocupaciones que se oponían a su introducción» enseñó «la utilidad de las Matemáticas y del verdadero método de estudiar, hasta entonces desconocido en aquel país.»

Tras abandonar esta fugaz etapa docente, Sempere comienza a formarse en su verdadera vocación: el Derecho. Así, pasa a Valencia en 1778, en donde permanece hasta 1780. Allí realiza prácticas de abogacía nada menos que con Vicente Branchat,[5] jurista cuyo regalismo debió causar honda impresión en el joven pasante.

Con este primer bagaje regalista adquirido primero en Murcia y profundizado después en Valencia, Sempere marcha a Madrid en 1781 como secretario de la casa y estados del marqués de Villena, por entonces Felipe López Pacheco. En la Villa y Corte el eldense entra pronto en contacto con la élite capitalina, gracias a la tertulia que su patrono favorecía. El joven jurista dio muestras de su talento inmediatamente. La Sociedad Económica Matritense de Amigos del País[6] convocó aquel mismo año un concurso sobre el problema de la caridad y la limosna, cuestiones que, en el fondo, se referían al problema de la justicia social y de la economía política. Se presentaron más de treinta memorias, de entre las cuales salió victoriosa la de Juan Sempere y Guarinos. Junto con el premio en metálico, el concurso le hizo merecedor al nombramiento como Socio de Mérito de la Matritense.[7]

En 1782 Sempere publica la que en cierto modo se puede considerar su primera obra: Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las artes. Traducción libre de las que escribió en italiano Luis Antonio Muratori. Con un Discurso sobre el gusto actual de los españoles en Literatura. En realidad, la obra no es original, sin embargo, no nos debemos dejar engañar por una perspectiva demasiado moderna de la autoría. El eldense no pretendía ser original, sino efectivo; de ahí que la relevancia de la obra se cifre en el aspecto «libre» de su traducción,[8] pensada para influir en el gusto literario de la época, cuestión ésta que era algo más que un problema estético y formal, para resultar una cuestión de fondo y doctrinal. Esto quedará de manifiesto en 1784, cuando Sempere comienza a proyectar una de sus obras más ambiciosas: el Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III. Se trata de una antología en la que ordena cronológicamente los autores más importantes de su tiempo, junto con reseñas de su trayectoria y de sus obras principales. Tal proyecto, en cierto modo enciclopédico, fue apoyado desde el principio por hombres tan importantes del período como Jovellanos, Meléndez Valdés o Juan Andrés.[9] Pronto comenzó a recibir copias de manuscritos de diferentes colegas que habían de formar parte de la selección de escritores más relevantes del período. El todopoderoso conde de Floridablanca, además, financió el plan. La capacidad de trabajo y esfuerzo de Sempere quedó de manifiesto cuando sólo un año después, en 1785, publicó el primer volumen de su Ensayo, del que se hicieron ecos diferentes medios, como el Espíritu de los Mejores Diarios que se Publican en Europa o Memorial Literario.[10]

En 1788 Sempere da un paso más allá en su perfil como intelectual ilustrado reformista. Si hasta entonces se había caracterizado por intervenciones de tipo literario, ahora irrumpía con un texto decisivo de teoría político-económica: la Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España.[11] Este libro muestra gran independencia teórica. De hecho, las tesis principales de sus páginas tenían muy poco que ver con el mito agrarista que dibuja Jovellanos en su Informe de Ley Agraria. Juan Sempere defiende la idea productiva del lujo como el motor más seguro para fortalecer el poder económico de un Estado.

El juego de la apariencia social es un motor de innovación imparable que lleva a los hombres al esfuerzo y al trabajo. Todo ello sólo podía redundar en el enriquecimiento del Estado y, al cabo, de toda la sociedad. Es el consumo lo que impulsa la creatividad social y, de modo indirecto, el poder económico-político del Estado. El libro tuvo cierta repercusión mediática incluso más allá de España. Artículos sobre el mismo fueron publicados en Las Efemérides Literarias de Roma o en las Noticias Literarias de Florencia. Floridablanca quedó impresionado por el texto,[12] de modo que en 1790 Juan Sempere y Guarinos fue nombrado fiscal de la Chancillería de Granada,[13] año en el que también fue distinguido como miembro de la Academia de Florencia.

No obstante, Sempere no tomó posesión del cargo sino sólo unos cuantos días antes de cumplirse el plazo, en 1791. Tan sólo tres años después, en 1794, comenzó a hacer gestiones en Madrid para obtener un puesto en la capital. Estos datos revelan con cierta seguridad que el destino granadino no colmaba las aspiraciones del eldense, cuya lucha por establecerse en Madrid será una constante de toda su vida. Pero ninguna de sus gestiones tuvo éxito. Apeló a Floridablanca, a Robles Vives y a Forner para que intercedieran en su favor ante el todopoderoso Godoy. Como parte de estas gestiones, Sempere envió en 1796 a Godoy sus Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las Chancillerías de Valladolid y de Granada, que en realidad eran una reelaboración de un manuscrito inédito anterior que tenía por título Memorias para la historia del Consejo de Castilla. La intención de Sempere era demostrar la preeminencia de la autoridad de las chancillerías sobre otras administraciones. Sin embargo, Godoy no sólo despreció la obra, sino que expresó disgusto hacia la misma y su autor.[14] Sempere se dio cuenta entonces de que la prometedora época de su juventud durante el reinado de Carlos III había pasado.

No obstante, aunque al príncipe de la Paz no le inspiraba mucha simpatía aquel jurista de la Chancillería de Granada, quiso valerse de su buena preparación técnica y por ello le encomendó un proyecto educativo que dio origen al Informe dirigido al príncipe de la Paz sobre la educación del Reino, de 1797. Este mismo año, además, Sempere presentó el que puede ser considerado como uno de los primeros proyectos desamortizadores de España. En efecto, en su Proyecto sobre patronatos de legos y obras pías, el fiscal defendía la potestad de la Chancillería sobre la fundación y la administración de los patronatos y obras pías, con lo que ello implicaba con respecto a las tensiones jurisdiccionales con los poderes eclesiásticos. Dada la situación económica del reino, defendía la venta de tales patronatos y obras con el fin de engrosar nuevos capitales a la Hacienda. Este proyecto desamortizador despertó el interés de la monarquía, que hizo ir a Sempere a Madrid para implementarlo.[15] Sin embargo, una vez más, la ansiada proyección en la capital se frustró cuando los patrocinadores de Sempere, Jovellanos y Saavedra, cayeron en desgracia. El fiscal regresó entonces a Granada y su proyecto desamortizador sólo fue aplicado parcialmente. Los fondos recaudados por la aplicación de aquel proyecto administrativo, sin embargo, no le fueron reconocidos a su autor, sino que la burocracia madrileña usurpó el mérito a Sempere. La animadversión del eldense hacia Godoy sería en adelante muy profunda y la expresaría en sus obras, arremetiendo contra el príncipe de la Paz, a quien describió siempre como un arribista sin ninguna preparación. Sus relaciones en Madrid, por tanto, estaban arruinadas. A ello se sumó el resentimiento que ciertos poderes locales granadinos sentían contra él tras la aplicación de medidas administrativas contra los abusos y exacciones del censo de población.

A pesar de la soledad y la hostilidad, Sempere continuó incansablemente su trabajo como fiscal y polígrafo. Una vez publicado en 1789 el último volumen del Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, comenzó en 1801 un proyecto afín, que llevaría por título Biblioteca española económico-política. El espíritu enciclopédico del Ensayo se aplicaba ahora al aspecto económico de la tradición española. La obra es un catálogo de obras originales y reseñas sobre clásicos del pensamiento económico español, como Covarrubias o Saavedra Fajardo. Finalizó el proyecto en 1821, es decir, veinte años después. Fue un trabajo ímprobo, a juzgar por todos los materiales que publicó, que, no obstante, es sólo una pequeña parte de cuantiosos trabajos preparatorios para el mismo proyecto que finalmente no fueron incorporados. Para hacerse una idea al respecto, basta decir que quedaron inéditos trabajos de Sempere sobre clásicos del pensamiento político-económico español, como Macanaz, Burriel o Campomanes, [16] así como sobre textos anónimos de los siglos XVI y XVII de gran valor sobre la cuestión. La idea de Sempere, una vez más, era construir la historia de la economía española en sus propias fuentes –muchas olvidadas–, con un objetivo no meramente historicista, sino con el claro interés de construir un presente anclado en lo mejor del pasado, que venciera las resistencias antimodernas contemporáneas.

Todo este esfuerzo fue llevado a cabo en una situación administrativa periférica. Sin embargo, el eldense obtuvo el reconocimiento intelectual de Madrid. El 27 de junio de 1803 es nombrado miembro de la Real Academia de la Historia, en donde por cierto se encuentra hoy buena parte de su legado. Es también en esta época cuando Sempere decide unir su experiencia técnica como fiscal a su compromiso intelectual jurídico regalista. En 1804 firma los Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española, que será el primer borrador de uno de sus mayores logros: la Historia del Derecho español. Historiadores del derecho tan relevantes como Tomás y Valiente consideraron este libro semperiano como un hito del derecho español, sólo superado en el siglo XX.[17] Esta obra transcendía el ámbito jurídico; de hecho, hay en ella una especie de programa político; se puede decir que, desde cierto punto de vista, la Historia del derecho es un libro histórico-jurídico que lanza al presente una filosofía política[18] que quiere intervenir en la acción real.

El objetivo de Sempere es el de siempre: poner las bases intelectuales para un programa de acción reformista a gran escala: desde el aspecto literario hasta la estructura constitucional del país, pasando por la economía y el territorio. En esta última cuestión hay que incluir la Historia de los vínculos y mayorazgos (1805), escrito en el ambiente del debate sobre la Ley Agraria,[19] Sempere puso su experiencia fiscal e intelectual al servicio de una nueva política económica que terminara con formas tradicionales desfasadas de posesión y administración de la tierra. El objetivo era ir hacia estructuras territoriales en sintonía con un sistema económico liberal moderno. El libro de Sempere era más ambicioso que el texto clásico de Jovellanos, a pesar de que el asturiano fue uno de los introductores de Adam Smith en España. Pero el eldense también da muestras de conocer la obra del escocés en sus trabajos mayores, y en otros menores, como en el Discurso sobre la necesidad del cultivo de las viñas y del comercio del vino, en el que, en menos de diez páginas, hay referencias a Smith prácticamente en cada una de ellas.

Todo parecía que culminaría por fin con el ansiado regreso a Madrid. Sin embargo, la Guerra de la Independencia frustró sus deseos, como la de tantos otros compatriotas. A partir de 1808 las urgencias eran otras. Sempere formó parte de la Junta de Granada, en donde desempeñó cargos de coordinación y logística para hacer frente al invasor, como el reclutamiento o la construcción de una fábrica de armas.[20]

Desde un punto de vista intelectual, sin embargo, el trabajo más importante de cuantos llevó a cabo el eldense en aquellos trágicos años fue la redacción del texto marco que la Junta de Granada enviaría a la Junta Central sobre el modo de celebrar Cortes. De este encargo surgió la que, a mi juicio, es quizás una de las obras más importantes del pensamiento filosófico-jurídico del siglo XIX español: las Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España.[21]

Las tropas de José Bonaparte habían entrado en Granada en 1810, obligando a jurar fidelidad a cuantos no habían huido, entre ellos, el propio Sempere. Debemos suponer, por tanto, que el texto final que leemos en las Observaciones sobre las Cortes, publicado el año de entrada del francés, no podía ser el mismo que el redactado para la Junta. La obra había nacido como un encargo de la Junta de Granada, pero finalmente vio la luz bajo el gobierno josefino. Es seguro que el fiscal hizo modificaciones sustanciales respecto del plan original. Este giro de los acontecimientos impulsó a Sempere a redactar un libro cuya filosofía jurídica defiende la necesidad de un decisionismo político fuerte, capaz de romper cualquier barrera tradicional, histórica y constitucional. Lo cierto es que la obra surtió efectos positivos en la nueva administración josefina. Se traslada a Madrid dispuesto a ascender en su carrera fiscal. Sin embargo, en julio de 1812 cae en desgracia ante los liberales: se le confiscan los bienes e incluso llega a temer por su vida. Hace gestiones para retirarse a Elda, pero es detenido y recluido en las caballerizas del Retiro. Finalmente logró exiliarse en Francia, huyendo de la persecución de sus propios conciudadanos. A la frustración profesional y al peligro que se cernió sobre su propia integridad, se añadía la reciente pérdida de su esposa.

En la primera etapa de su exilio recala en Burdeos. Allí arremeterá contra la Constitución de 1812, no por el texto en sí mismo, sino por el modo de su confección y proclamación. La crítica fundamental de Sempere contra los constitucionalistas gaditanos se refería al hecho de que se celebraron Cortes constituyentes sin llamado real y se proclamó un texto sin sanción regia. Pero lo más importante desde un punto de vista filosófico-jurídico, es que arremete sin piedad contra el medievalismo jurídico, y defiende un realismo jurídico sin reservas.

Sempere justificará de modo más sistemático y crítico su postura en la Historia de las Cortes de España, publicada en francés en 1815.[22] El blanco de su ataque era la doctrina medievalista representada por Martínez Marina. De 1817 a 1820 vivirá en París, en donde proseguirá la polémica jurídico-política con otros compatriotas, como Juan Antonio Llorente, quien bajo el anagrama de Jean Nellerto, atacará a Sempere en una discusión que fue publicada en prensa.

En 1820 Sempere jura la Constitución de Cádiz, recién reinstaurada por el nuevo gobierno liberal, y regresa a España. No ceja en su empeño por defender una filosofía jurídica que derribara los mitos medievalistas del historicismo liberal, a la vez que el tradicionalismo reaccionario.

El decisionismo jurídico semperiano vuelve a ponerse de manifiesto en un plan que finalmente no se llevó a cabo sino parcialmente. El eldense pretendía, nada menos, publicar un libro sobre cada una de las constituciones históricas con que se había gobernado la monarquía española desde sus inicios hasta el presente. La idea era lograr fundar un genuino derecho, anclado en el presente, que tuviera cabal conciencia de los límites e incluso nulidad del derecho histórico. De aquel basto y ambicioso proyecto sólo completó la primera parte: Memoria primera sobre la Constitución gótico-española.[23] La tesis central de este libro es que las Cortes medievales sólo fueron un órgano consultivo manipulado por la nobleza y el clero, pero en modo alguno fueron nunca un órgano de representación nacional o del pueblo, como afirmaba el historicismo jurídico liberal.

El objetivo último del eldense era legitimar la Constitución de 1812 por sí misma, sin echar mano de argumentos históricos falaces. A su juicio, una sencilla y crítica comparación del derecho tradicional con la constitucional liberal de Cádiz hacía innecesario, e incluso contraproducente, conectar la creación gaditana con el pasado. Al cabo, Sempere aseguraba que la superioridad de la nueva Constitución se basaba en el verdadero sentido representativo de la misma. Esto era algo nuevo en la historia constitucional de España, a su juicio, en donde el principio de representación apenas había existido y su funcionalidad siempre había sido menor frente a los poderes intermedios y la monarquía.[24] Por tanto, la legitimidad de la Constitución de Cádiz había que buscarla en el derecho natural moderno, no en el derecho histórico, que no podía prescribir nada positivo ni aceptable en términos de representación a una comunidad política moderna.

Es en este período cuando Sempere escribe las ya citadas Noticias literarias de Sempere, en las que aspira a congraciarse con el nuevo gobierno liberal, borrando cualquier sospecha de su pasado afrancesamiento. El libro más importante de esta época de su vida es, sin duda, la Historia del Derecho español, en donde aglutina todo su saber histórico-jurídico. Es de señalar que, por primera vez, Sempere se presenta a sí mismo como un liberal.

Nuestro polígrafo aprovecha lo que parecían nuevos aires reformadores del liberalismo político para retomar y profundizar en la defensa de medidas jurídicas, económicas y políticas más radicales que neutralizaran el poder de instituciones que resistían el empuje de la modernidad. Esto se observa con nitidez en su Historia de las rentas eclesiásticas de España, en donde el discurso de Sempere se endurece sobremanera contra la Iglesia. Describe a la Iglesia española en unos términos severos, considerando que su interés siempre estuvo determinado por la ambición política y económica, sin mostrar respeto ni por su misión religiosa ni por el orden temporal. A tal efecto, demuestra que la historia de las rentas de la Iglesia española no es más que la historia de una degradación y la corrupción del cuerpo político y de las almas. El eldense defendía una vuelta a los principios cristianos verdaderos, así como a la cohesión de una Iglesia nacional que apoyara los intereses del país, como la galicana en Francia, en lugar de trabajar al servicio de Roma.[25]

Pero una vez más, la historia política de España cambiaría las tornas. El viejo liberal que se había expresado con cierta contundencia en la Historia del Derecho y en la Historia de las rentas eclesiásticas de España tuvo que huir de Madrid con la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis. Daba comienzo, así, el doloroso comienzo de un segundo exilio (1823-1826).

Sempere es ya un hombre agotado, que apenas había ganado ninguna «batalla» en su vida. Siempre que creyó lograr alguno de sus objetivos, sus deseos se veían truncados o bien por las intrigas burocráticas o bien por la propia circunstancia política del país.

En Francia no trabajó más que por lograr regresar a su hogar. Pero esta vez ya no era Madrid el destino anhelado; tan sólo la paz de la tierra familiar, Elda, eran entonces su horizonte. En París sólo escribió un libro: Consideraciones sobre las causas de la grandeza y de la decadencia de la monarquía española. Es el libro de un hombre que se ha dado por vencido; ha asumido la invencible realidad de las cosas y ya sólo aspira a regresar a su pueblo, lejos del mundanal ruido político. Es por eso por lo que se aprecia una notable regresión en sus páginas. Solo, viudo, sin hijos, exiliado… sus fuerzas apenas le daban para redactar un libro pensado como una renuncia, en el fondo muy trágica, a la posibilidad de reformar España por el camino de la modernidad.

El 12 de diciembre de 1826 abandona la capital francesa para llegar a Madrid en noviembre.[26] Allí redacta testamento.[27] El 29 de mayo de 1827 llega por fin a Elda, en donde fallece tres años después, el 18 de octubre de 1830.

El ideal Ilustrado de Juan Sempere y Guarinos

I

El pensamiento de Juan Sempere y Guarinos se fundamenta especialmente en la figura del monarca. Esta característica de raigambre ilustrada perdurará en su obra a lo largo de toda su vida, incluso en aquellas obras en donde los elementos liberales ganan peso respecto a los ilustrados. De hecho, en la trayectoria del eldense se observa claramente la afinidad electiva entre ilustración y liberalismo.[28] Es cierto que dicha congruencia no se produce de un modo inmediato y sin tensiones conceptuales[29]. Mas en todo caso, como decimos, la monarquía constituía, a sus ojos, el elemento vertebrador tanto de la historia política como de la acción política. Así, comprender un período del pasado para Sempere era tanto como desentrañar las acciones efectivas del soberano; del mismo modo, reformar el presente significaba influir en la acción regia para implementar las leyes adecuadas.

El segundo elemento, pues, junto con el rey, que conforma el pensamiento de Juan Sempere, será lo que podemos llamar como jurídico-centrismo, que lo llevaba a entender el pasado y el presente en término jurídicos formales en sus tensiones irresolubles con las prácticas del realismo.

En las obras semperianas la política y el tiempo pivotan alrededor del monarca. El resto de estamentos sociales se describen como fuerzas de desestabilización que el rey, el buen rey, debe equilibrar a través de la acción soberana y la ley. Los estamentos intermedios de nobleza y clero eran, a su juicio, contrapoderes con los que el monarca se veía forzado a pactar o dominar abiertamente para mantener el orden general, en el que el pueblo apenas tenía sitio para intervenir más que como agente reactivo, en función del ascendiente que uno u otro poder tuviera sobre él en cada momento de la historia.

Sempere atribuye al pueblo un papel protagonista en la esfera económica, principalmente. Sueña con el ideal liberal de una sociedad civil laboriosa, centrada en el éxito económico, más que en un pueblo activo políticamente dueño de su futuro. Su experiencia propia y el estudio del pasado, le llevaron a concebir una imagen pesimista del pueblo como un mero cuerpo acéfalo, al servicio de las diferentes fuerzas estamentales más poderosas en cada época, ya fuera el rey, la nobleza, el clero o los liberales exaltados… Sólo un rey justo, un soberano de todos, podía sobreponerse a los intereses de parte, de modo que pudiera establecer políticas verdaderamente guiadas por el objetivo supremo del bien común.

En el fondo, Sempere y Guarinos va a continuar y profundizar con matices las principales ideas regalistas aprendidas en ilustrados como Campomanes, especialmente de su Tratado de la regalía de amortización, de Jovellanos o de Floridablanca. La casa de Borbón representó para aquella generación la esperanza de la renovación paulatina, pero firme, de España hacia la modernidad, sin alterar, no obstante, la esencia tradicional del país. Sin embargo, la aplicación discrecional de las medidas regalistas ya implicaba en sí misma una modificación centralista del poder que alteraba la «esencia» tradicional del gobierno monárquico hispánico. Ello pronto dio lugar a tensiones entre la nueva casa real y los poderes más tradicionales del clero y la aristocracia. Aun así, si España había de ponerse al nivel de las principales potencias europeas, sólo podría conseguirlo de la mano de un rey con determinación suficiente como para poner en marcha las medidas oportunas aconsejadas por leales ministros regalistas.

II

Sempere y Guarinos fue un intelectual poco dado a la abstracción y a las ficciones jurídico-políticas. Tiene un esquema claro de gobierno que defiende y quiere poner en marcha, basado en la figura de un soberano con determinación rodeado por un cuadro de mando compuesto de ministros versados en leyes y economía política y fieles únicamente a la monarquía.

Nuestro polígrafo no considera posible, ni siquiera necesario, fundar la legitimidad del poder en un presunto momento originario. Estas abstracciones eran irrelevantes para la consagración efectiva de un pensamiento reformista, cuya responsabilidad y dignidad se ponían a prueba en el presente y el futuro. En la temprana Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las chancillerías de Valladolid y Granada, por ejemplo, no hallamos un examen de la institución en función de su origen inaugural; la clave a su juicio era comprender la racionalidad pragmática de la institución de las chancillerías como entorno de unión comunitaria frente a los enemigos.[30] El vivir seguro en la integridad y en los bienes son los dos objetivos fundamentales que persigue toda unión social. Por lo tanto, todo gobierno, y las instituciones en que se fundamenta, deben cumplir sendos objetivos, con independencia de su verdad originaria histórica. En Sempere la verdad pragmática del presente se impone siempre al momento fundacional mítico.

Todas las leyes son refracciones objetivas en favor del bien práctico de la seguridad civil y la prosperidad económica. Por tanto, en el esquema semperiano era evidente el origen jurisdiccional del poder. Y aquí es donde el rey encontraba su legitimidad. La principal y prístina misión del rey es la del juez; el rey es el juez que transciende los intereses particulares del reino, y por eso sólo él, junto con sus leales ministros, saben cómo mantener la paz y la convivencia.

En típica línea regalista, las Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las chancillerías de Valladolid y Granada defienden la preeminencia de la jurisdicción real, que actúa a través de las chancillerías. Aunque a Sempere le inspiran poca confianza las argumentaciones abstractas e histórico-originarias, no puede evitar fundar su tesis principal en la consideración del rey como una especie de protojuez, de cuyo seno emanaron y, en consecuencia, dependen siempre el resto de jurisdicciones y poderes.

Nuestro polígrafo establece como un axioma histórico evidente por sí mismo la prioridad del juez como esencia prístina de la monarquía. Este principio era crucial en su objetivo, pues su consecuencia inmediata era que toda jurisdicción es siempre una regalía otorgada por el rey, en tanto directo heredero del juez originario universal. El monarca en ningún momento había perdido ni podía perder jamás su cualidad sustancial de juez. Todo poder jurisdiccional no inmediatamente real era siempre una delegación reversible del juez primordial sobre un cuerpo social.

Lo decisivo era demostrar que la delegación nunca podía considerarse enajenación, así transcurrieran un año o un milenio desde la delegación. La consideración de la delegación como enajenación implicaría la renuncia imposible de la monarquía a su sentido como institución fundadora. Sólo el rey es el soberano juez; el resto de poderes jurisdiccionales no eran más que estamentos temporalmente delegados por el rey para administrar la justicia soberana.

Es en la idea de delegación de funciones en donde Sempere desea establecer su final ideal de gobierno, basado en un rey ilustrado asesorado por ministros únicamente dependientes del monarca. El juez originario hubo de nombrar otros jueces menores a medida que el reino crecía.[31] De aquí surgieron los primeros cuadros judiciales que impartían justicia en nombre del monarca. Más tarde estos pequeños cuadros de jueces fueron ampliándose debido al incremento de complejidad de la monarquía, hasta configurar verdaderos estamentos jurisdiccionales. Éstos, en muchos casos, comenzaron a reclamar su poder jurisdiccional como una enajenación perpetua. Sin embargo, Sempere, como sus correligionarios ilustrado-regalistas, apelaba a la figura del rey como protojuez para contraargumentar que todo poder jurisdiccional procedía en el pasado y dependía en el presente del monarca, único descendiente directo del poder original.

La nobleza recibió siempre del rey, por tanto, su poder jurisdiccional. Sin embargo, siempre aspiró a patrimonializar la delegación regia, de modo que el poder de la monarquía se debilitara en su favor. Esta aspiración patrimonialista contra la monarquía es un verdadero leitmotiv de toda la obra semperiana. Los poderes intermedios militares y religioso siempre habían ambicionado el poder real. Las magistraturas nobiliarias sólo respetaron el orden regalista en la medida en que el rey fue capaz de limitar su poder. Sin embargo, las tensiones siempre han estado amenazando la estabilidad social, en la medida en que la tendencia a la usurpación sólo puede ser neutralizada, pero nunca erradicada de la vida social.

El eldense avisaba de tres factores de debilidad que la monarquía debía evitar para impedir el oportunismo nobiliario y la consecuente desestructuración de la sociedad: en primer lugar, la pusilanimidad del rey; en segunda lugar, la pobreza del pueblo, y en tercer lugar, situaciones devenidas como la minoridad y la regencia.

La regencia, así como cualquier otra forma de gobierno delegada en la que la autoridad directa del rey se ve obliterada, era siempre el origen de disensiones sociales, ruina del Estado y debilitamiento de la monarquía, en la medida en que el gobierno pasaba a manos de sujetos que no se regían por el bien común, propio del heredero del protojuez universal. En estas circunstancias, la monarquía perdía su razón de ser, sojuzgada por poderes indirectos que la usaban como un soberano títere.[32] Por ello, la monarquía precisaba siempre de personalidades fuertes y maduras, siempre dispuestas a someter a sus enemigos naturales, sus rivales, quienes nunca miraban por el bien general del pueblo y hacían un uso partidista de los resortes y los medios del Estado. Nuestro polígrafo es muy claro a este respecto:

No habiendo en la autoridad real el vigor y firmeza necesaria para hacerse respetar y administrar justicia a todos igualmente, no pueden faltar desordenes, fraudes y usurpaciones a los particulares y al estado.[33]

Todos los argumentos histórico-críticos tienen en realidad, obviamente, un horizonte contemporáneo claro. El eldense quiere justificar determinadas políticas regias, que devolvieran al monarca un genuino poder soberano, a través del cual implementar cuantas medidas fueran necesarias a favor del bien común, que para el eldense se cifraba en todo un programa de reformas a gran escala. Sempere y Guarinos no hacía más que descripciones indirectas de su presente. Esta misma estructura argumentativa la repetirá cuando entre en escena Godoy, quien representaba para Sempere la figura contemporánea del usurpador regio en la forma del arribista que ensombrecía la autoridad y el prestigio de la monarquía.

Los nobles, el clero, los tutores y los validos repetían una y la misma secuencia: la ambición por usurpar y/o ejercer indirectamente el poder del rey. La monarquía no podía aspirar a formar un fuerte y leal cuadro de mando subalterno con miembros procedentes de estos estamentos. Por el contrario, el polígrafo afirma que solamente los juristas formados técnicamente en el derecho regio podían formar parte con garantías de cohesión y eficacia de un poderoso cuadro de mando soberano.

Los sabios ministros ilustrados, avezados estudiosos y defensores de la absoluta preeminencia regia, eran los únicos candidatos posibles para la conformación de un sistema de gobierno monárquico funcional y leal. La historia demostraba que la delegación real en la nobleza no había hecho más que debilitar a la monarquía y empobrecer al reino. El monarca precisaba de ministros cuyos intereses fueran siempre los del soberano; esto resultaba imposible con la nobleza militar o religiosa, que siempre tenía intereses propios, ajenos a los del príncipe y el pueblo.

Todo esto lo analiza con más detenimiento en el análisis histórico que hace acerca del Consejo Real. Sempere considera que en aquel cuerpo político los reyes discriminaron paulatinamente a los consejeros natos de la nobleza y fueron dando entrada y mayor poder a juristas técnicamente competentes, cuyo destino personal estaba íntimamente ligado al del soberano. Así, junto a la competencia técnica se unía una lealtad administrativa que podía muy bien detener el empuje hostil de los poderes tradicionalmente rivales de la nobleza. Es cierto que el Consejo Real siempre fue mixto,[34] no obstante, Sempere considera que había en él una potencialidad de racionalización burocrática que debía y podía muy bien cumplirse en el presente. Nuestro polígrafo se retrotrae a los Reyes Católicos como momento histórico ejemplar, porque fueron ellos, asegura, quienes primero intentaron llevar a cabo la forma ideal de un gobierno monárquico asesorado por una administración leal y competente, que fue al cabo el ideal semperiano de un rey soberano ilustrado por un consejo de ministros técnicamente avalado.[35]

El eldense plantea con claridad la lucha de las nuevas élites clerc contra las élites tradicionales. A su juicio, el futuro de la monarquía dependía de que lograra rodearse de una élite de juristas regalistas, cuyo honor y carrera confluyeran con su destino. La racionalización moderna del Estado dependía del surgimiento de un consejo de ministros profesionales emanado del consejo real. Para lograrlo, el rey sólo podía contar con aquellas clases medias profesionales de burócratas a su servicio, pero en modo alguno con poderes tradicionales, cuyo espíritu estaba siempre dirigido hacia su propio prestigio y honor.

Sempere soñaba con el gobierno de un rey con carácter, apoyado en el consejo de fieles ministros ilustrados, acreditados técnicamente, cuyo origen social mediano les dispusiera a dar el alma por el futuro de la monarquía, que coincidía en todo con el propio. Nuestro polígrafo cifró siempre en este ideal su propio destino. Pero su decepción iría en aumento día tras día, año tras año. Carlos IV había expulsado del gobierno, a favor de Godoy, primero a Floridablanca y después al conde de Aranda. El eldense, quizás con cierta ingenuidad, clamó indirectamente en sus escritos porque el rey instaurara una estructura de gobierno, en la que un consejo de ministros compuesto por letrados ilustrados regalistas guiara y centrara la política española hacia la modernidad y la prosperidad.

Con el comienzo de la Guerra de la Independencia, en 1808, Sempere revisará este ideal regio y tratará de adaptar los principales objetivos a las nuevas urgencias de un presente en una crisis constitucional y social muy profunda.

III

Sempere y Guarinos era muy consciente de que una perspectiva excesivamente jurídico-centrista de las cosas no era suficiente. La defensa jurídico-regalista de la monarquía podía ser efectiva en términos ideológicos e incluso legales, sin embargo, la eficacia de una verdad siempre era débil si no estaba fortalecida por el elemento económico. Así, pues, a juicio de nuestro polígrafo, la defensa jurídica del derecho regio, así como su soberanía, no podía imponerse si la monarquía no contaba con un buen patrimonio público del reino que avalara su posición.

Un rey con aspiraciones serias para reclamar su legítimo derecho soberano debía tener de su lado un buen patrimonio real de disposición directa, que le permitiera maniobrar la máquina del Estado en dirección al bien común que, a ojos de Sempere, siempre coincidía con el bien del Estado. Sin una administración propia eficaz, sustentada en un patrimonio regio estable, no es nunca posible la reclamación del derecho propio ni una política verdaderamente soberana.[36]

La monarquía española necesitaba fortalecerse, superando las dificultades y los impedimentos que le planteaban estamentos tradicionales muy poderosos. Sempere pensaba en que la estructura del rey ilustrado junto con sus ministros sólo podía instaurarse si la monarquía contaba con una fiscalidad saneada, de manera que el rey pudiera recurrir al patrimonio público para mantener la administración.

Por tanto, había que llevar a cabo una política fiscal y hacendística en consonancia con este objetivo central de recuperación de las regalías. Entre otras medidas, Sempere proponía desvincular las tierras y eliminar los mayorazgos, de modo que el fisco recaudara fondos directamente para la corona. El origen histórico de esta regalía fiscal no podía encontrarse en la monarquía visigoda, que nuestro polígrafo describía siempre como una época de inestabilidad a todos los niveles, que sólo una obra de prestidigitación historicista podía elevar al nivel de ejemplo para el presente.

Por el contrario, Sempere percibe la Edad Media como un tiempo de reconquista en el que los reyes se vieron obligados a entregar en feudo a los nobles las tierras.[37] Se hacían incluso pactos de repartición previos a la batalla, que se ajustaban al nivel de inversión armada y los méritos bélicos que aportaba cada caballero.[38] Sin embargo, estas cesiones a menudo coartaron e hipotecaron la propia soberanía del rey, en tanto primer caballero inter pares. Así, los feudos terminaban siendo patrimonializados e independizándose del origen contractual respecto de la monarquía, cuya jurisdicción y, por tanto, también el alcance de su poder, quedaban disminuidos.[39]

El patrimonio público se perdía incluso antes de la efectiva detentación de la tierra. El monarca quedaba inerme frente a vasallos muy poderosos, quienes a menudo se convertían en sus competidores y usurpadores. Esta tendencia nobiliaria a medrar lo máximo posible a costa del bien común y de la monarquía llegó incluso a tener una forma institucional. A juicio de Sempere, los nobles consolidaron y enajenaron los señoríos donados por el rey a través de la vinculación perpetua en su familia en la forma del mayorazgo. Este largo proceso de patrimonialización aseguró a la nobleza un poder enorme, que ya no debía acreditarse a través del mérito militar, con el cual la aristocracia legitimaba su posición como servidores de la monarquía.[40]

La institución del mayorazgo era letal para toda la sociedad, no sólo para la casa real, pues tenía repercusiones directas en la economía y en la hacienda.[41] Enormes extensiones de tierras señoriales quedaban al margen de un posible mercado productivo y de explotación. La transformación de la estructura feudal de dominio en la estructura de señorío[42] es de hecho la tesis fundamental de uno de los libros más importantes de Sempere y Guarinos: la Historia de los vínculos y mayorazgos, de 1805.

El problema de la relación global entre propiedad de la tierra, economía, fisco y poder político es una cuestión que preocupó a nuestro polígrafo constantemente. De hecho, ya en 1797 tenía redactado un proyecto de desamortización rotulado bajo el título de Proyecto de una administración general de los patronatos de legos y obras pías del distrito de la Chancillería de Granada. Este proyecto fue muy querido por el eldense, hasta el punto de que lo publicará, años después, en 1821, en el vol. IV de su Biblioteca española económico-política,[43] sin apenas modificaciones. Sempere desempolvó este viejo proyecto porque consideraba que sus objetivos liberalizadores encajaban con las políticas auspiciadas por el gobierno del Trienio Liberal.

La liberalización del suelo o, cuando menos, su desamortización, constituía un requisito sine qua non para modernizar la nación que, además, tenía claras afinidades electivas con los intereses fiscales de la corona. Ésta era una idea básica para el eldense. Una hacienda débil era lo mismo que una errónea política señorial, pues la falta de contundencia sobre los bienes raíces de la aristocracia impedía la implantación de políticas agrarias y fiscales que, al cabo, permitieran una primera trama de liberalización del suelo y la economía de España.[44]

El otro gran enemigo del patrimonio real era la amortización eclesiástica. El poder terrenal de la Iglesia fue para Sempere un problema que no sólo afectaba al poder regio y a la buena política en favor del bien común, sino que era el origen de la corrupción de la misma institución cristiana.[45] Además, la Iglesia añadía al problema de la detracción del suelo, otro de igual importancia, la debilitación del poder judicial de la monarquía,[46] que veía lesionado el patronato regio sobre la iglesia española.[47]

En 1822 publicará su libro más ambicioso a este respecto, en el que retoma y profundiza ideas que había venido gestando, al menos, desde sus días como fiscal en Granada. Me refiero a la Historia de las rentas eclesiásticas de España. En este libro incide en la necesidad urgente de la desamortización eclesiástica como único medio de sanear la fiscalidad sobre la tierra y para impedir que la Iglesia continuara atentando contra la jurisdicción real y la acción soberana del gobierno.

IV

El papel que Sempere reserva al pueblo dentro de la tensión dinámica de la historia es siempre secundario. Mientras que el soberano, el consejero, el noble y el eclesiástico constituyen sujetos de acción bien definidos, el pueblo es un tipo de entidad acéfala, sin unidad de acción, pero con enorme potencial de energía social. Es por ello por lo que los diferentes rivales tratan siempre de poner esta fuerza sin unidad de acción propia a su servicio.

El carácter heterónomo del pueblo tiene como consecuencia el continuo interés de la nobleza y del clero en ponerlo instrumentalmente de su parte para usarlo como fuerza frente al soberano, el único que, a juicio de Sempere, vela por el interés común del reino.

Sempere, no obstante, siempre rehuyó el pensamiento esencialista, de modo que no consideraba esta caracterización del pueblo como fuerza bruta, heterónoma y acéfala, como un destino inexorable. Antes al contrario, confiaba en el poder de la política ilustrada y, especialmente, en la reforma educativa, como medios para dotar al pueblo de virtudes suficientes como para emerger como un sujeto político con conciencia de su protagonismo e intereses frente a los poderes tradicionales. La monarquía podía ganar las conciencias del pueblo en favor del bien común, y arrebatar a la nobleza y, especialmente, al clero, su ascendiente sobre las masas, a las que recluía en una minoridad tutelar impropia de un pueblo moderno.

De hecho, no se puede entender la filosofía de la historia latente en la obra de Sempere si no contamos con cierta esperanza en el pueblo como agente de cambio. Dicha esperanza, naturalmente, no brotaba de la abstracción, tan poco cara al eldense, sino de las mismas pruebas con que la historia acreditaba la pulsión del pueblo por emerger como protagonista de la vida social con una «agenda» propia.

Nuestro polígrafo constataba que los pueblos no siempre actuaban como una masa estúpida al servicio de una causa ajena. Por el contrario, los pueblos también reclamaban su derecho en nombre propio como un cuerpo unido. El eldense señala la reclamación y defensa de los fueros propios como una demostración de la existencia de una latencia de autonomía en el pueblo. Sin embargo, en su mirada hacia el pasado, este pueblo que reclama su derecho foral no es aún el pueblo ilustrado que une su destino al de la monarquía. Sempere consideraba que el modo tradicional en que el pueblo «despertaba» como agente político era idéntico al modo en que lo hacían los poderes tradicionales intermedios. De este modo, el pueblo exigía su derecho foral a costa del rey, del mismo modo en que lo hacían el clero y la nobleza.

Así, pues, observamos que en el pensamiento histórico-jurídico semperiano no se encuentra un momento idealizado en el pasado, pues el ideal no se ha producido nunca. En todo caso, él tenía la esperanza de su cumplimiento en la España ilustrada. Pero para ello, el pueblo debía transformarse en el aliado de la monarquía y para ello, debía adquirir las virtudes cívicas propias de una nación ilustrada, que conoce que su destino es el mismo que el del soberano; que conoce que su interés no es ajeno y rival de la monarquía, sino de los poderes intermedios del clero y la aristocracia militar que dificultan la unidad del rey con su pueblo.

No obstante, en lo que a la historia en sí misma se refería, Sempere no se engañaba: nobleza, clero y pueblo siempre habían operado contra el surgimiento del mejor sistema de gobierno posible: el del rey con sus ministros competentes. Ahora bien, mientras la aristocracia militar y eclesiástica conservó siempre su unidad autorreferencial como estamento, el pueblo a menudo no fue más que un aliado circunstancial sin proyecto propio definido al servicio de causas ajenas interiorizadas como propias. Sólo en contadas ocasiones el pueblo logró jugar el papel de actor protagonista en defensa de sus derechos ante el monarca, la nobleza y el clero.

Toda esta historia de la fractura socio-política, así pues, estuvo marcada por la desconexión entre monarca y pueblo, cortocircuitada por poderes hostiles al bien común como lo fueron la Iglesia y la aristocracia. La estructura del Estado quedó afectada en su totalidad a causa de las victorias obtenidas por los estamentos intermedios.

Sempere señala cuatro grandes ámbitos en donde tuvo mayor repercusión la acción disolvente de los actores socio-políticos, éstos son: el ámbito de la subjetividad real, en donde los valimientos usurparon de facto la soberanía al monarca; el campo jurisdiccional, ocasionado por la enajenación de regalías; el ámbito de la tierra, detraída de la corona y del Estado mediante la amortización, la vinculación y el mayorazgo; y como consecuencia de todo lo anterior, el ámbito del pueblo, cuya minoridad inducida especialmente por la Iglesia, dificultaba la cohesión de una sociedad trabajadora guiada por valores cívicos de prosperidad.

V

Sempere y Guarinos hipostasió la historia castellana a la categoría de historia política de España. Es por ello por lo que su perspectiva apenas tiene en consideración instituciones y conformaciones jurídico-políticas de Aragón, por ejemplo. Esto se observa claramente en su análisis de los valimientos, como resultado de las tensiones entre monarquía y nobleza.

Según nuestro polígrafo, la figura del valido comienza a surgir como una necesidad imperiosa entre los nobles, cuando ya no pueden acceder a la monarquía, una vez que ha dejado de ser electiva y ha pasado a ser hereditaria, como sucedió en el período visigótico, nos dice. El valido nace con la intención de medrar y obtener de modo indirecto el poder soberano de la realeza a través de una influencia directa y persuasiva sobre el carácter de su portador. Esto dio lugar a luchas internas entre los aristócratas por alcanzar el mayor grado de proximidad a la persona real, pues cuanto más ascendiente se adquiría en el rey, más poder y riquezas lograba el noble. Por ello, la nobleza siempre estuvo interesada en la conformación de subjetividades regias débiles y manejables, incluso irresponsablemente ajenas al deber de mando, pues con ello, ponía la monarquía al servicio de sus intereses mientras halagaba, no al reino, sino al rey.

Sempere eleva a ley histórica estas componendas castellanas, que describían a la nobleza como la enemiga perpetua de la monarquía y del bien general. Por eso los valimientos siempre resultaron tan lesivos para todo el reino en su conjunto, porque el poder soberano recaía de facto en un «rey» oculto que medrada en su propio provecho.

Los nobles aislaban al rey, alejándolo de su pueblo. Asimismo, incrementaban la dependencia del monarca mediante una educación viciada por la adulación, que sólo buscaba despojar al rey de su sentido de la responsabilidad de mando, con el fin de que delegara su poder hasta el límite de la usurpación velada. Esta personalidad regia queda así inhabilitada como encarnación posible de un ideal ilustrado de monarca responsable y resolutivo, que tomara las riendas del poder soberano y/o, en todo caso, supiera delegarlo de manera responsable.

Esta imagen histórica de los valimientos, como sabemos, estuvo también muy marcada por Godoy. Sempere establece una línea evidente de diferentes validos españoles que no hacen más que describir indirectamente la odiada figura del príncipe de la Paz. Al hablar de Lerma, Olivares y Alberoni,[48] Sempere hace la historia de personajes intrigantes, cuyo éxito se basó en una mezcla letal para el Estado de fortuna y oscurantismo.

Nuestro polígrafo muestra una gran perspicacia psicológica en su análisis del valido y del monarca tutelado. Detecta que una de las causas que facilitan el ascendiente del «rey» en la sombra es el temor a reinar que atenaza a algunos soberanos sin carácter. Para el eldense esto se vio claro en Carlos IV, quien, ante su inminente ascenso al trono, pidió al conde de Aranda que conformara el gobierno, cuando lo que se espera de un auténtico soberano es que establezca por sí mismo su propio cuadro de confianza en el gobierno.[49] Para Sempere, el hecho de que Carlos IV delegara la responsabilidad de conformar su gobierno, era ya el indicativo más claro de que su reinado estaría determinado por un valido. Aranda pensó que este cargo lo ocuparía él, y por ello recomendó al futuro monarca el nombramiento de un «ministro confidente». El rey siguió su consejo, pero no lo nombró a él, sino a Manuel Godoy.[50]

Por otro lado, el eldense se sirvió de la figura del valido para acusarle a él de los errores de la monarquía y mantener al margen al rey. Al fin y al cabo, ésta era una de las ventajas que el monarca buscaba con el valimiento. Sempere sigue la línea de maledicencias de la época respecto del valido y lo acusó de secuestrar la buena voluntad del rey, quien aparece como una víctima más del perverso advenedizo.[51] Con Godoy no se reproducía más que el mismo esquema que en los reinados de Juan II y Enrique IV. Daba igual que el valido fuera un noble o un parvenu, como era el caso actual; lo decisivo es que la estructura se mantenía la misma y sus consecuencias también.[52]

VI

El segundo ámbito en donde la acción de la nobleza y el clero mermó más el poder real fue en el derecho, con la enajenación de regalías. Toda jurisdicción procedía de la legitimidad conferida a la monarquía por su carácter de juez originario. Por tanto, cualquier jurisdicción y derecho era siempre una emanación directa o indirecta de la monarquía y, por tanto, a ella pertenecía siempre de iure. Todo derecho tiene su origen legítimo en la jurisdicción real. Esta tesis básica compartida por el regalismo español es el argumento central a partir del cual Sempere despliega su disputa contra la defensa nobiliaria y eclesiástica de la enajenación perpetua de regalías.

Estudiosos conspicuos de la obra del eldense han señalado que en su obra el monarca es casi como el Deus ex machina[53] del escenario de la historia. Este sujeto protagonista en España siempre fue un actor secularmente debilitado en su capacidad de acción por culpa de la usurpación de sus regalías por parte de la aristocracia, la Iglesia y el pueblo. Sempere extrae estas conclusiones sobre todo de Campomanes, tal y como se aprecia en sus Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española. Esta obrita se puede considerar como un primer borrador temprano de su magistral obra de madurez: la Historia del Derecho español, de 1822-23

En los Apuntamientos, de 1804, encontramos ya un primer esbozo de su comprensión jurídico-céntrica de la historia, según la cual el pasado de la monarquía española no es más que una larga serie de usurpaciones del patrimonio regio. A su juicio, el derecho tradicional español prohibía la enajenación de las regalías, que eran inalienables. Pero la nobleza y el clero, y el pueblo siempre que pudo, introdujeron innovaciones falsarias que desnaturalizaron el derecho público legítimo. Sempere se refería específicamente a la distinción entre «regalías mayores y menores, intrínsecas y extrínsecas.»[54] Con sólo esta pequeña sutileza jurídica bastó a los estamentos para enajenar las regalías inalienables de la corona con la consiguiente desestructuración social y la pobreza endémica del país. La corona ya no estuvo en condiciones de elaborar un proyecto común para todos los miembros del Estado.

No obstante, Sempere no pone al mismo nivel polémico a los tres estamentos. El pueblo, a su juicio, más que ir contra los derechos de su rey cuando actuó en su propio nombre (y no instigado por el clero o la nobleza), sólo aspiró a impedir en todo lo posible la anulación de sus fueros por parte del soberano. En tal sentido, el pueblo sólo exigió que el rey mantuviera la palabra dada por la monarquía en la concesión de sus fueros perpetuos. Con ello, es cierto, limitaba la acción jurídica del rey, pero no la enajenaba en su propio beneficio. Ahora bien, esto no impedía que el pueblo anhelara aumentar el nivel de autonomía de sus fueros, desembocando en el peligro de un foralismo disolvente socialmente por su tendencia maximalista a la conformación de pequeñas repúblicas dentro del Estado. Por su parte, nobleza y clero invadieron y alienaron en su favor derechos fundamentales del rey, pero en el fondo, nunca aspiraron a modificar la propia estructura real del Estado.

VII

Iglesia y nobleza compartían el interés por sostener el carácter monárquico de un país, cuyas estructuras básicas habían puesto a su servicio. Esto se observaba con ostensible claridad en las formas de apropiación del suelo.

En la cuestión de las propiedades raíces la Iglesia Católica era una de los mayores obstáculos. Esta institución eclesiástica era la única transversal con presencia en todos los ámbitos de la sociedad española, desde el rey hasta el más pobre agricultor. Justo por ello, su capacidad de sustracción de tierra era letal para la monarquía, porque avanzaba en todos los órdenes y en todas las escalas.

La iglesia debilitaba la estructura económica y humana del Estado, porque sustraía tierras al cultivo y hombres al trabajo productivo. Su ámbito de influencia nociva afectaba a la economía, al derecho y a la moral, pues sus tierras eran improductivas, sus leyes rompían y debilitaban la unidad jurídica y su caridad indiscreta dificultaba la configuración de una sociedad consagrada a la productividad y al confort.

Por más leyes que el gobierno estableciera sobre liberalización de tierras, nunca se podrían implementar con éxito mientras la mayor parte de las tierras estuvieran fuera del mercado, al estar en manos de la Iglesia. Con ello, la capacidad fiscal de la monarquía era muy pequeña y las medidas de agilización productiva no llegaban a su destino.

Según Sempere, España apenas disponía de bienes raíces libres sobre los que operar una nueva legislación más productiva en términos fiscales y productivos. Tierras que podían ser cultivadas para general beneficio del Estado estaban descuidadas e improductivas, fuera de la órbita del mercado. La institución de la amortización eclesiástica era muy dañina y hacía completamente inviable ninguna política económica o impositiva moderna. Además, la sustracción de tierras al mercado libre, al trabajo productivo y a la hacienda, perpetuaba una estructura social agraria contraria a los intereses generales, de la cual era imposible que emergiera nunca una sociedad civil trabajadora.

Además de la amortización eclesiástica, España sufría la institución del mayorazgo, que se puede considerar como la estructura laica paralela de aquélla. En ambas se producía siempre la escisión entre bien económico y usufructuario personal.[55] Tanto la amortización como el mayorazgo tenían un origen ilegítimo para Sempere, pues fueron la consecuencia de usurpaciones ejercidas sobre la potestad regia en momentos de debilidad y crisis. Sin embargo, estas instituciones tuvieron enorme repercusión en la configuración de los valores sociales preeminentes. Así, por ejemplo, no se puede comprender el tipo social típicamente hispano del hidalgo sin la figura del mayorazgo, que originó una gran cantidad de nobles sin ningún patrimonio, pero con todo el orgullo estamental, que les hacía considerar el trabajo manual como una vileza impropia de su rango,[56] a pesar de su pobreza. El otro personaje social que generaba el mayorazgo era igualmente inútil: el gran rentista sin más mérito que la primogenitura. Al final, la mayor y más valiosa tierra de España caía en manos muertas.

Por último, Sempere, en la misma línea de Jovellanos, por ejemplo, incidía también en la falta de productividad de las formas comunitarias de posesión de la tierra, específicamente, la comunidad de pastos y baldíos, así como los privilegios de la Mesta, que prohibían los cercamientos de tierra y, en consecuencia, la posibilidad del ejercicio libre de explotación de la propiedad privada.[57]

VIII

El programa ilustrado semperiano implicaba una política a gran escala, que debía afectar al sustrato moral de la sociedad. Había que modificar los criterios sociales de prestigio, en donde la actividad económica comenzara a ocupar el lugar de la caridad y la hidalguía.

España necesitaba un pueblo virado hacia la actividad productiva, que encontrara en el trabajo una fuente de reconocimiento a todos los niveles, tanto legislativos como morales. De ello dependía el éxito de cualquier medida reformista encaminada a liberalizar la tierra, por ejemplo. Había que ganar la batalla por la moral de la sociedad civil a los poderes tradicionales de la Iglesia y la nobleza, cuyos valores eran reactivos a la dimensión económica de la existencia como ámbito de prestigio y reconocimiento.

El enriquecimiento por el esfuerzo laboral debía ocupar el lugar de la riqueza linajuda e improductiva y la actitud pasiva de la hidalguía; del mismo modo, una política de incentivo del trabajo y la formación laboral debía restituir la caridad «indiscreta» promulgada por una mala comprensión del cristianismo social. Frente a la limosna dominical que paralizaba la potencialidad productiva de las masas de desheredados, Sempere aspiraba a la modificación de la conducta pasiva del pueblo, en orden a la creación de una sociedad formada técnicamente en oficios productivos que permitiera prosperar a todo el conjunto. La pobreza evangélica debía ser sustituida por la dignidad del trabajo y del propio esfuerzo.

A tal efecto, también había que lograr desincentivar las carreras profesionales improductivas, específicamente la eclesiástica. Cualquier política encaminada a modificar los hábitos de reconocimiento socioeconómico no podría tener éxito si los españoles más desfavorecidos continuaban encontrando una salida a su situación mediante el ingreso en el sacerdocio.

El sostenimiento general del clero desangraba a la sociedad a todos los niveles: no sólo detraía tierras al fisco y a la economía, sino que captaba un número de habitantes enorme que ya no podían servir productivamente a la nación. La dignidad eclesiástica debía ser sustituida por la dignidad laboral. Para ello había que impedir, por lo menos, la fundación de nuevas comunidades eclesiásticas, con la consiguiente acumulación de patrimonio de tierras y humano que ello implicaba. Esta lucha por inculcar una nueva ética profesional dependía del círculo virtuoso de lograr la prohibición de la amortización y el mayorazgo. Al cabo, la tarea era de máximos, pues involucraba modificar nada menos que la relación de la tradición católica española con la riqueza.

Frente a la idea de riqueza basada en la propiedad de bienes raíces y el rentismo, la nueva sociedad española a la que aspiraba Sempere debía inspirarse en el trabajo y en el comercio como caminos únicos de dignidad y prestigio social por el enriquecimiento. Según Sempere había un germen de riqueza «mucho mas copioso y fructífero que la misma tierra», a saber: «la industria y el trabajo».[58] A través de ellos, España podría regenerar su economía y aumentar su menguada población, cuyo número se veía minorado por el gran número de pobres y segundones nobiliarios que sólo veían en la Iglesia el único camino para salir de la pobreza. La pobreza evangélica y la nobleza hidalga producían tipos sociales que constituían verdaderos obstáculos para la reforma de España. Una nación gobernada por un rey y ministros competentes podrían modificar esta estructuración social de largo alcance histórico.

Este era el programa de la Ilustración que Sempere ayudó a poner en marcha hasta que, la crisis de la invasión francesa cambió los designios de la política nacional e internacional.

Derecho y poder: el difícil camino de España hacia la modernidad

I

Con motivo de la ascensión al trono de la casa de Borbón, surgió la necesidad de fortalecer la legitimidad de la nueva dinastía. Para ello, comienza a estudiarse el pasado con el objetivo de arraigar en la tradición hispana los derechos de la nueva casa reinante.

La Guerra de Sucesión fue una verdadera guerra civil con carácter internacional, tras cuya paz la casa de Borbón comprendió muy bien que debía ganarse el amor de los súbditos anclando su propio pasado y destino en el de la nación. La historiografía regalista nacerá al calor de esta necesidad de legitimidad tradicional de la monarquía. La casa de Borbón necesitaba fundamentar su legitimidad más allá de la casa de Austria, cuyo aspirante al trono y seguidores habían perdido la guerra por la sucesión. Por tal motivo, la Edad Media cobró una importancia inusitada hasta entonces, en la medida en que el único pasado anterior a la casa de Austria que podía dotar de mayor significatividad comparativa a la casa de Borbón era el período cuasimítico del medievo.

Esta urgencia de anclaje en la historia remota de España era fundamental también porque ello permitiría a la nueva casa real reformar e incluso romper con estructuras sociales y políticas herederas del período Austracista, que estaban muy lejos, cuando no directamente en contra, de las prácticas de gobierno centralistas de la casa de Borbón. La tradición real francesa que importaba la nueva casa real aspiraba a romper el poder de los poderes intermedios, unificar los territorios y racionalizar las leyes e instituciones mediante normas simples y codificadas.

Poner en práctica estos primeros y ambiciosos planes, revolucionarios en cierto modo en comparación con las formas de dominio anteriores, implicaba el trabajo de juristas leales y muy competentes que, además, fueran versados en historia del derecho y de las instituciones. Este cuadro de juristas era crucial tanto para pensar e implementar la normativa específica como para construir las formas literarias del prestigio jurídico-político frente a los rivales tradicionalistas. El regalismo jurídico fue tanto una práctica técnica de gobierno como una retórica política de poder soberano.

En lo que se refiere al segundo aspecto, el objetivo era encontrar en el pasado mismo la manera de romper en el presente con las inercias de la monarquía derrotada. De este modo, la Edad Media surgió como el campo de batalla histórico decisivo en la lucha por la legitimidad. Los diferentes historiadores y, por supuesto, nuestro polígrafo, acudieron a aquella época para ganar en favor de la casa de Borbón el debate sobre el origen y el fundamento del poder soberano del monarca, como únicos garantes del bien común frente a las aristocracias, cuyos poderes jurisdiccionales y territoriales la nueva dinastía venía dispuesta a recuperar para la monarquía. Sempere será decisivo para la historia del derecho contemporánea y posterior en estas luchas por la legalidad histórica.

El regalismo necesitaba reconstruir un potente relato sobre la Constitución histórica española, que beneficiara claramente a la monarquía reinante y sus objetivos centralistas. Los poderes intermedios eran el objetivo principal, en la medida en que su prestigio social se fundamentaba precisamente en su carácter tradicional; las élites jurídicas de la nueva dinastía, no obstante, venían a denunciar esta posición como devenida e impropia, para hacerla dependiente del genuino poder histórico constitucional, que recaía en la monarquía. Desde esta labor de zapa, el rey podía estar en condiciones de llevar a cabo su política de uniformización y regulación jurídico-institucional.

La hipótesis general del regalismo jurídico en el que se apoyaba Sempere retrotraía el nacimiento de la genuina constitución histórica española al derecho visigodo y castellano. Este derecho fue evolucionando hasta establecer las leyes fundamentales de España. Sin embargo, con el ascenso de los Habsburgo al trono de España, se introdujeron leyes, usos y costumbres extranjeros, que vinieron a favorecer a instituciones como la Iglesia, en menoscabo de la monarquía.

Esta premisa histórico-jurídica de la ilustración española que situaba el origen de la legitimidad histórico-constitucional en la Edad Media se mantuvo viva y fue determinante incluso en los procesos constituyentes del primer liberalismo español. Muchos de los debates previos de la Constitución de 1812 no se entienden sin esta premisa histórico-jurídica ilustrada.

Los debates sobre las leyes fundamentales, el modo de convocación de Cortes o los niveles de representación estuvieron muy influidos por los debates sobre el medievalismo jurídico. En el fondo, se produjo una suerte de continuidad argumentativa estructural entre la nueva casa de Borbón y la nueva Constitución del liberalismo jurídico, que se fundaban en la idea de hacer pasar por tradición lo que parecía a todas luces novedad.

Los defensores de la Constitución de 1812 defendían que su proyecto, no sólo no atacaba las tradiciones españolas, sino que cumplía y culminaba las tradiciones liberales medievales; del mismo modo, los juristas regalistas defendieron que la Casa de Borbón, a diferencia de la casa de Austria, venía a recuperar la esencia de las leyes fundamentales castellanas que los Habsburgo habían abandonado con sus novedades.[59] Por eso en muchas ocasiones coincidieron los protagonistas de uno y otro debate, entre ellos, nuestro polígrafo, Juan Sempere y Guarinos.

II

Sempere había trabajado por la causa borbónica desde la Chancillería de Granada, donde combatió activamente, tanto en el plano práctico, como en el teórico, por la reversión a la corona de sus regalías. En aquella época Sempere se mostraba como un fiel seguidor de las principales ideas del Tratado de la regalía de amortización (1765) de Campomanes. Una de las tesis fundamentales de esta obra señera de la ilustración española es que la verdadera Constitución española radicaba en el Fuero Juzgo, es decir, en la Edad Media. La descripción que de la monarquía se hace en el Fuero Juzgo, a decir de Campomanes y Sempere, es que la monarquía era un verdadero poder unificador por encima de todos los estamentos, incluida obviamente la Iglesia, cuyo carácter era estrictamente nacional.

Posteriormente Sempere se liberará de la dependencia historicista en sus argumentos jurídico-políticos sobre la legitimidad. Esto se observa sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia. Su posición será más «decisionista», e incluso se enfrentará abiertamente al medievalismo jurídico que continuarán defendiendo muchos de sus contemporáneos de uno y otro bando, liberal o reaccionario.

A nuestro modo de ver, la importancia filosófico-jurídica de Sempere se encuentra precisamente en esta ruptura, cuando abandona la línea propuesta por la historiografía ilustrada, que llega hasta el liberalismo doceañista. La tesis o, mejor dicho, la propuesta «decisionista» de Sempere era directa: si el objetivo de la época era fundar un orden constitucional soberano, el pasado visigótico medieval no ofrecía ninguna evidencia realista ni ninguna legitimidad creíble. El realismo jurídico-político de Sempere comenzó a abrir una brecha contra las formas histórico-tradicionales de fundar el poder, todavía demasiado presentes en el primer liberalismo español. Esta labor de ruptura, sobre el decisionismo argumentativo y el realismo, eran fundamentales para la emergencia del derecho racional moderno.

A partir de 1810, la Edad Media comienza a ser retratada en las obras de Sempere con unas descripciones muy negativas. Su obra fue sin duda un misil en la línea de flotación del misticismo jurídico-visigótico de la época. Es en la obra de Sempere en donde se plantea con fuerza la idea de la ruptura histórica entre la España moderna y la España de la Edad Media. De este modo, Sempere resolvía lo que se ha dado en denominar como la esquizofrenia interpretativa»[60] del período sobre la Edad Media; y lo resolvía por la vía de la negatividad histórica y la total equivalencia y ascendiente del medievo respecto del presente.

Sempere había padecido esta «esquizofrenia», sobre todo, en la primera etapa de su vida (1781-1808),[61] en la que muestra una visión dual y contradictoria de la Edad Media. El medievo representaba la barbarie, desde un punto de vista estético, literario y social. Sin embargo, en la estela de la ideología histórico-jurídica ilustrada, nuestro polígrafo sitúa la constitución histórica originaria de España en el Fuero Juzgo gótico, que es considerado como un prestigioso e incomparablemente superior código de leyes respecto de cualquier otro de la época. El contrasentido consiste en que se atribuye el origen de la legitimidad histórico-jurídica de España a un código redactado en una época de oscurantismo y brutalidad. Así, los derechos históricos de la monarquía se retrotraen a un código prestigioso brotado, sin embargo, en una época de cuasibarbarie. A esto es a lo que se ha llamado la esquizofrenia interpretativa del regalismo jurídico acerca de la Edad Media.

Esta perspectiva se seguirá manteniendo por el primer liberalismo. Para entonces, Sempere ya la habrá abandonado, adoptando la perspectiva negativa acerca del medievo, de modo que el presente quedaba liberado de la cadena de la legitimidad histórica. Por así decir, Sempere rompe con la cadena esquizofrénica a partir de 1810. El eldense defiende la tesis de la inconmensurabilidad de la Edad Media respecto de su tiempo. La comparación de las instituciones contemporáneas, así como las exigencias de innovación racional, con las formas de gobierno góticas era para Sempere un acto de hermenéutica falaz, en donde las analogías se llevaban a un límite completamente ilegítimo.

III

Como siempre, conviene siempre poner en relación las descripciones del pasado que hace Sempere con el propio presente del autor. De uno u otro modo, las referencias y descripciones críticas del pasado encubren una poco disimulada descripción y crítica de su propio tiempo inmediato. Así, es fácil concluir que el relato de la barbarie y los atropellos de derecho que describe en relación a la anarquía gótica son formas semi-indirectas de describir las tensiones y persecuciones acaecidas en España a lo largo de la penosa Guerra de la Independencia.

En realidad, lo único que el presente tenía en común con la Edad Media era la violencia y la falta de estructura constitucional e institucional que detuviera las tensiones civiles. Un tiempo así no podía imitarse a la hora de construir un sistema constitucional nuevo, porque, justamente, lo que se podía imitar de aquella época era el caos y el enfrentamiento, que era lo que se había reproducido en la España del 1808 en adelante.

La historia no podía entregar la forma de una estructura legal constitucional originaria que pudiera atender al presente, sino sólo la huella de una latente violencia. Por tanto, el Sempere de esta segunda época, en la que aborda los problemas constitucionales y constituyentes del país, sólo atribuye a la historia el papel de maestra negativa. La historia como magistra vitae negativa enseña al presente qué es lo que no debe ser. El pasado es guerra civil, abuso y despotismo. Y eso justamente es lo que había imitado y sufrido España en aquel presente constituyente de 1810.

No había instituciones representativas que pudieran marcar el camino para la futura nueva constitución que se estaba planeando. Eso era todo. Sólo un acto de voluntad, decisión y claridad racional podía dar paso al texto constitucional que reclamaba el presente –en modo alguno, una imitación imposible (y en todo caso falaz y sólo retórica) de leyes fundamentales nada ejemplares.

La España moderna nace con los mismos síntomas de barbarie y anarquía que ofrecía el pasado medieval a cualquiera que lo hubiera estudiado con imparcialidad. Así, todas y cada una de las críticas que se pudieran lanzar contra los desastres del presente en guerra podía rastrearse sin dificultad en la Edad Media hispana. La barbarie más atroz había irrumpido en la era de las luces y el progreso con toda naturalidad. La barbarie no era un elemento superado del pasado, sino una herencia latente y amenazante. No había nada que repetir, pues, sino abandonar todo tiempo pasado para entregarle al presente su derecho a la racionalidad y las luces. Leyes racionales, adaptadas a la realidad del tiempo, eran lo que la España constitucional precisaba, no retóricas legitimistas que invocaban un pasado glorioso que jamás lo fue.

De este modo, Sempere establecía dos criterios fundamentales para tratar con el pasado: el criterio de inconmensurabilidad y el criterio de discontinuidad. España debía aplicar sendos criterios para poder implantar una política de progreso nuevamente. De otro modo, si no se rompían las líneas de dependencia jurídica y equidistancia retórica respecto del pasado, la barbarie podía volver a emerger nuevamente en cualquier momento. Sempere insiste en la necesidad de acabar de una vez para siempre con el «despotismo feudal»[62]

La época de las luces se había vanagloriado demasiado del espíritu del progreso, frente al oscurantismo de épocas pasadas. Sin embargo, la Guerra de la Independencia había demostrado que la barbarie habitaba, y mucho, el corazón de la ilustración. De modo que, si la civilización debía anclar su destino de manera definitiva en los valores ilustrados del progreso y de las luces, era preciso que su relación con el pasado estuviera atravesada por el criterio de discontinuidad e inconmensurabilidad.

Nunca más volver a considerar el presente de España como una continuación necesaria y evidente de un origen líricamente sublime y prístino; nunca más medir los problemas y las soluciones del presente por su relación con viejos problemas y soluciones vagamente convergentes con lo actual. España debía salvarse de su pasado, no imitarlo. España debía dejar al presente tomar sus propias decisiones y abrir el espacio de la racionalidad. Pero antes de entrar a analizar la estructura decisionista de la filosofía jurídica semperiana, vamos a detenernos en el contexto ideológico en el que se produjo el debate sobre el mito medievalista.

IV

La invasión napoleónica de la península ibérica tuvo enormes consecuencias para toda la historia posterior. La España que nacerá de la devastación producida por la Guerra de la Independencia no será ya jamás la misma España. El vacío de poder que se produjo, así como las innumerables fuerzas de resistencia espontánea que se enfrentaron al ejército invasor, obligaron a un profundo trabajo de reconfiguración y reflexión epocal acerca del ser propio y de la construcción de formas políticas y jurídicas nuevas que hicieran frente al futuro.

De repente nadie tenía claro quién era el legítimo titular: había un rey impuesto por una fuerza invasora; los legítimos reyes habían abandonado el territorio y el heredero al trono había convocado a las Cortes antes de partir al encuentro con Napoleón. El vacío de poder producido comenzó a ser llenado por fuerzas espontáneas; no obstante, había que resolver el sentido de las propias Cortes, su jurisdicción, así como el sentido de su cometido. Lo que sucedió es que la llamada a Cortes del rey ausente terminó transformándose por la necesidad de las cosas en una convocatoria nacional que desembocó en un debate universal sobre el ser constitucional de España y sobre su futuro. Sin que nadie lo premeditara, la Consulta al País de la Junta Suprema Central de 22 de mayo de 1809 abrió un formidable debate acerca de la naturaleza, extensión y atribuciones de las Cortes.

Los poderes más cercanos a Fernando consideraron que la convocación de Cortes por parte del monarca fue hecha con la intención de mantener y ratificar el statu quo. Sin embargo, la situación era lo suficientemente caótica y crítica desde un punto de vista institucional, como para entender que ya no quedaba ningún statu quo que defender. Para los protagonistas directos de la contienda (entre los cuales no se encontraba el propio Fernando) resultaba imposible pensar que después de la guerra podría restaurarse el orden previo, como quien se despierta de una intensa pesadilla.

El vacío de poder no había sido ocupado por instituciones monárquicas representativas, que demostraron su ineficacia en momentos tan extraordinarios; nacieron nuevos poderes al socaire de tiempos revolucionarios que terminaron siendo liderados por la Junta Central. En tal situación, las Cortes, una vez convocadas por el rey, no vendrían a conservar el orden tradicional, sino que se vieron forzadas a construir nuevas formas de representación.

Para hacer frente al futuro, las Cortes comprendieron que sus innovaciones necesitaban basarse en argumentos que legitimaran en el pasado su misión. La Consulta al País de la Junta Central nace de esta necesidad imperiosa de legitimidad y unidad de acción de la Central con las juntas provinciales. No podría trabajarse con garantías sin acordar la extensión y espíritu que las propias cortes se asignaban a sí mismas en nombre de las leyes fundamentales de la monarquía.

Los liberales asumieron la retórica historicista que habían empleado los regalistas borbónicos. Aquéllas hallaron en el pasado el derecho de las cortes a asumir las funciones de representación y de soberano, que antes habían pertenecido a la monarquía. De acuerdo con los antecedentes estrictamente referidos al período de gobierno de la monarquía borbónica, era más bien escaso el arsenal de argumentos en su favor que podían invocarse.

A lo largo del siglo XVIII la casa de Borbón sólo había convocado a las cortes en cinco ocasiones[63] y con un carácter más ceremonioso que genuinamente representativo. La «tradición» borbónica, pues, en poco podía ayudar a aquellos liberales interesados en dotar de atribuciones más ambiciosas a las cortes. Pero, por otra parte, dado que el monarca mismo había convocado a las Cortes, debía suponerse que no lo había hecho (en esta ocasión tan crítica) con carácter ceremonial. Dicha convocatoria de suyo reclamaba un papel decisivo a las Cortes –pero éste estaba por definir.

En el mismo proceso de su constitución, las Cortes construyeron su propia legitimación histórico-jurídica. Esto se logró gracias a la Consulta al País, que otorgó a las Cortes los argumentos historicistas que la avalaban como poder soberano. La historia del Derecho, que antes se había puesto al servicio de la causa real, ahora legitimaba la institución de unas Cortes, cuya fisonomía tradicional, en el fondo, contenía inequívocas raíces revolucionarias.

Los argumentos regalistas del siglo XVIII en torno a la Edad Media justificaban la política borbónica de centralización, que rompía con la tradición polisinodial austracista.[64] Esta forma de gobierno, que desplazaba a las prácticas de la casa real anterior, fue presentada por sus valedores como el regreso a los usos y tradiciones monárquicos tradicionales de España, que habían sido usurpados por los poderes de Iglesia y nobleza. De este modo, la nueva monarquía se presentaba como la restauradora de las más añejas leyes fundamentales.

Esta estructura argumentativa, como sabemos, perduró en su forma básica en los momentos revolucionarios y constituyentes. La clave era evitar a toda costa la apariencia de innovación; había que impedir que el miedo a la novedad impidiera la acción política de las Cortes. En tal sentido, ellas también debían aparecer como el restablecimiento de viejas costumbres y leyes usurpadas. Hemos de tener en cuenta que, en el sentir general de la época, toda idea de innovación era inmediatamente relacionada con los desastres internacionales ocasionados por la revolución francesa. Aunque el tiempo fuera de crisis y anarquía, había que esquivar la consideración de la acción como revolucionaria o innovadora.[65]

Por ello, no sorprende en absoluto que tanto los defensores de la tradición, como los liberales que conformaban las Cortes, dotaran a este cuerpo representativo de una imagen tradicionalista alejada de cualquier brizna de carácter revolucionario. Las cortes se acreditaban como una forma tradicional de representación. Lo que cambiaba, naturalmente, era la selección sobre lo que era el pasado de España y, por ende, la tradición que legitimaba a las cortes. En el caso de los tradicionalistas, el pasado de España se construía sobre la trinidad de Dios, patria y rey. Los liberales, en cambio, retrotrajeron su mirada aún más lejos en el pasado para afirmar que las Cortes recuperaban el derecho de representación y soberanía que la monarquía le había usurpado desde tiempo inmemorial.

Los nuevos conceptos del derecho y la política moderna quedaron así afectados en España por un pesado lastre premoderno con consecuencias muy graves para la restauración del país. Las inconsecuencias de construir nuevos conceptos con viejas justificaciones[66] construyeron un mito político liberal que fue desenmascarado muy tempranamente,[67] debilitando en gran medida cualquier proyecto regenerador del país.

De esta situación se aprovechó tempranamente el propio Fernando. A su regreso triunfal en 1814, se encontrará con los dos mundos que durante su ausencia habían nacido en el país. El 16 de abril, en Valencia, se hace entrega al rey de la Constitución, pero también se le hace llegar el Manifiesto de los Persas. Fernando adoptará una decisión regresiva. El resto del siglo XIX será el desarrollo de esta pugna.

V

La configuración de estos dos «mitos» histórico-jurídicos fueron el resultado de dos proyectos políticos para España, en medio de los cuales quedaron atrapados, a menudo, intelectuales como Sempere y Guarinos.

Los liberales argumentaban que era posible innovar sin revolucionar, a través de la restauración creativa de viejas tradiciones adaptadas racionalmente a las necesidades del momento histórico. De este modo, la Constitución emanada de las Cortes no sería un fruto de la revolución contrario a las leyes fundamentales patrias, sino el resultado de una innovación restauradora de las antiguas instituciones.

No obstante, no cualquier pasado ni cualquier vieja institución podía invocarse como tradición y elemento de la ley fundamental. El punto decisivo era ganar la batalla retórica para imponer un determinado tiempo histórico como el esencial a España, con una específica forma de comprender el mismo. En este sentido, la España visigoda fue la época elegida. A partir de las estructuras legales e institucionales de aquel período cuasimítico podían elaborarse innovaciones constitucionales que no rompieran la línea de los fundamentos nacionales. El principal teórico de la defensa visigótica de la constitución española fue Francisco Martínez Marina

Según este historiador del derecho, los visigodos habían sido el pueblo más civilizado de cuantos invadieron la península ibérica. Esto les facultó para imponer su propio sistema de dominio sobre las ruinas del Imperio Romano, dando origen con ello al nacimiento de la monarquía española, cuyas cualidades e instituciones eran específicamente originales y, por tanto, en modo alguno homologables a las formas imperiales del dominio romano de la que surgió. Este hecho dotaba a la monarquía visigoda de la fuerza mítica e inagotable de la innovación. A partir de aquel momento inaugural se desplegó hacia el futuro la historia política de España.

Cada época histórica, así, pues, podía ser juzgada por su aproximación o no al tiempo prístino visigótico. Vistas así las cosas, desde el ángulo críticamente existencial de 1808, era evidente que las dinastías reinantes hasta la fecha (Austrias antes y Borbones entonces) representaban momentos muy alejados del tiempo ejemplar de la monarquía visigoda. La Constitución que emanara, si había de ser originaria y tradicional, no podía imitar las instituciones impuestas por las casas reinantes anteriores, que habían olvidado las formas tradicionales visigótico-castellanas de gobierno junto con las Cortes.

En cuanto a las condiciones sociales que permitieron el nacimiento de aquella monarquía ideal, Martínez Marina señalaba la dulce convergencia que se produjo entre la fortaleza militar de los visigodos invasores con la templanza de la Iglesia española.[68] Esto facilitó además la mezcla de las élites guerreras germánicas con las élites hispano-romanas, lo cual fomentó una sociedad con una clara unidad de intereses, en donde la pujanza militar de dominio fue templada por estructuras democráticas de representación. Y justamente todo esto es lo que las Cortes, en sus trabajos preconstitucionales, debían llevar a cabo, adoptando medidas que neutralizaran el despotismo monárquico, gracias a la recuperación de las instituciones representativas visigóticas.

Estos argumentos gótico-liberales puestos en funcionamiento por Martínez Marina resultaron ser muy maleables, hasta el punto de servir a intereses contrarios a los suyos. En este caso, los afrancesados pudieron adoptarlos para fortalecer las pretensiones de José Bonaparte. El argumento era sencillo: los franceses se presentaban como los nuevos godos, cuya potencia militar venía a dulcificarse en su unión con el pueblo y las instituciones representativas de España, a través de su colaboración con los estamentos seculares y religiosos del país. Pero toda esta publicística podía servir para el pasado, pero no para el presente, como pretendían los josefinos, pues las acciones bárbaras del ejército francés no podían pasar por ejercicios virtuosos de élites militares dispuestas a la moderación y la libertad.

VI

En lo que respecta a nuestro polígrafo, Juan Sempere y Guarinos criticó duramente las posiciones del mito goticista de Marina. A su juicio, la propagada idea sobre la dulce alianza entre la monarquía visigoda y la Iglesia católica con resultados liberales era una auténtica falacia. Según Sempere, de aquella unión nunca surgió una monarquía templada y mixta, como defendían Martínez Marina y sus seguidores en las Cortes, sino muy al contrario, aquel maridaje produjo lo que Sempere denominaba como un terrible «despotismo teocrático», que no tenía nada de liberal ni ejemplar.

La unión nada virtuosa entre germanos y romanos que tuvo como resultado la monarquía visigoda fue, en opinión del eldense, una continua serie de acciones despóticas de sometimiento del pueblo y de la nobleza. Es más, ni tan siquiera debería hablarse de unión entre nobleza militar e Iglesia, sino más bien de una asociación precaria, llena de tensiones por el dominio de una sobre la otra.

La monarquía visigoda, por tanto, sufrió un déficit estructural de origen, cuyos resultados eran fácilmente comprobables por las continuas guerras civiles que asolaron el país, tal y como cualquier historiador imparcial podía reconocer sin esfuerzo.

Desde la posición de Sempere, la superación del absolutismo monárquico que planeaban las Cortes no podía en modo alguno basarse en las presuntas virtudes de los tiempos visigóticos. Era una falsedad que en aquella monarquía altomedieval se sintetizaron las virtudes militares de los septentrionales con las virtudes cívicas de los romanos. La verdad fue que aquella época estuvo gobernada por una monarquía tiránica, cuyo despotismo fue justificado por una Iglesia corrupta cómplice del poder temporal. El siglo XIX no podía encontrar ninguna huella de las virtudes cívico-políticas de la república romana.

Sempere, según su costumbre, evitaba todo misticismo especulativo en sus análisis. Si de lo que se trataba era de fundar un sistema constitucional, fuera el que fuera, la única regla y límite de acción era que el resultado fuera un sistema que resolviera las necesidades del presente y confluyera con las tradiciones, usos y costumbres efectivos del pueblo al que estaba dirigido, y no las presuntas leyes fundamentales originarias y esenciales.

El iusracionalismo contemporáneo tenía que compensar su nivel de abstracción mediante la consideración de las instituciones y creencias reales del tiempo presente. En tal sentido, resolver las necesidades objetivas y estructurales del país exigía no pasar por alto el mundo de las creencias religiosas y los valores preeminentes de la población. La fuerza innovadora de la razón sólo podría abrirse en el seno de la tradición actual si pactaba con sus demandas: de aquí nacería la gran reforma constitucional.

Mas, naturalmente, todo esto implicaba vencer en la batalla por la representación política de la catolicidad, cuyo ascendiente entre los españoles era absoluto. Tanto liberales como conservadores presentaron su postura como genuinas formas católicas de la política. De hecho, durante toda la contienda, el catolicismo fue el principal motor de la movilización popular, tanto desde el liberalismo como desde el tradicionalismo.[69] España era presentada como la Jerusalén católica, invadida por los bárbaros, del mismo modo en que lo fue por los sarracenos en 711. Nada sorprende, por tanto, que el libro de un viejo ilustrado, el Centinela contra franceses,[70] de Capmany, convergiera en gran medida con la retórica liberal de Martínez Marina.

Pero esta confluencia en el objetivo negativo común de expulsar a los franceses no se mantuvo en el momento positivo de la construcción constitucional. El mismo mito goticista impulsaba proyectos políticos rivales. Mientras que los liberales, en la línea de Martínez Marina, invocaban el tiempo gótico-hispano como la época de libertad que debía inspirar la política contemporánea, tradicionalistas conservadores, afines con las posiciones de Capmany, indicarán que el tiempo gótico debía inspirar la recuperación de una monarquía fuertemente apegada a las genuinas tradiciones religiosas españolas, íntimamente conectadas con el espíritu del pueblo.[71] Esto, obviamente, implicaba «cerrar» España respecto de la influencia nociva del exterior.

Sempere estaba muy lejos de considerar como una solución para España la cerrazón casticista frente a la Ilustración. A su juicio, la Revolución Francesa no fue consecuencia de las luces, sino la necesaria salida traumática de una política imprudente por parte de la monarquía. En España se había cometido el error de culpar a la Ilustración del peligro revolucionario, en lugar de a sus verdaderos responsables: la mala política del reino de Francia. Esta mala interpretación de los acontecimientos políticos franceses tuvo consecuencias indeseables en España, en la medida en que impulsó a los conservadores más tradicionalistas a considerar que la salvación del país hacía necesario apartar a España de las luces de la Ilustración. El siguiente texto de Sempere es magnífico a este respecto:

La revolución de Francia había sido efecto, no tanto de la filosofía a que se atribuye comúnmente, como de los errores y caprichos de su corte. La nuestra estaba llena de vicios muy semejantes a los que habían producido allí tan memorable crisis. Los aduladores, ignorantes y fanáticos, interesados en el desorden, temieron su propagación en esta península, y pensaron atajarla impidiendo los progresos de las luces.[72]

Los males de España no fueron el resultado de la influencia de la Ilustración; por ello, su solución tampoco podía consistir en retrotraer al país a sus modelos medievales gótico-románticos. Al igual que había sucedido en Francia, la situación caótica de la nación fue provocada por errores políticos muy graves cometidos por Carlos IV y Godoy, fundamentalmente, que dejaron el camino expedito al despotismo napoleónico, no al influjo positivo de la Ilustración. Por ello, cualquier política de ensimismamiento nacional estaba condenada al fracaso.[73]

Los males de España eran internos; lo que había que hacer era justamente lo contrario, abrir el país de modo que se beneficiara del influjo de las naciones más avanzadas. Éste era el camino, no el cierre nacional ni la imitación de estructuras góticas dudosas.

VII

Como se aprecia, una de las constantes más notorias de la filosofía jurídica de Sempere y Guarinos es su profunda desconfianza e incluso desdén hacia el pasado. Esto le separaba de las teorías de un Martínez Maria o un Capmany. Su estrategia confluiría más bien con el pensamiento de teóricos algo más jóvenes que él, como Flórez Estrada[74] o Canga Argüelles,[75] con quienes compartía la idea de que la misión de los constituyentes era redactar una Constitución en consonancia con un presente, cuyo futuro dependía del éxito en recoger los valores de los derechos del hombre y del ciudadano, no en imitar viejas y caducas instituciones confusas, de las cuales sólo se conocía con cierta certeza su carácter despótico.[76]

Se podía admitir, bien es verdad, que comparativamente, la Edad Media española gozó de instituciones muy avanzadas para la época.[77] No obstante, de esta constatación relativa al pasado no podía ni debía erigirse un modelo imitable para el presente, en el que se había presentado la gran oportunidad para restaurar la vieja libertad perdida desde los parámetros modernos de las luces.[78]

No obstante, la desconfianza hacia el pasado de teóricos como Sempere y Canga inspiraba recelo en el común sentir del pueblo,[79] dado que el pasado y el cierre frente al exterior se habían enarbolado como banderas defensivas contra la invasión francesa. Por ello, como hemos dicho ya, el iusnaturalismo liberal elaboró retóricas historicistas para fortalecer la Constitución ante la opinión. De nada les sirvió, no obstante, pues la monarquía se alió con las posiciones más reactivas, tal y como se puso de manifiesto en el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, con el que Fernando VII derogaba la Constitución.

Los enemigos de la Constitución de 1812 la tacharon de mera imitación de la extranjera Carta Magna francesa de 1791, no de las instituciones españolas autóctonas. Así, los antiliberales se alzaron como los genuinos defensores de la tradición verdadera del país. Al final las cartas quedaron al descubierto. Los elementos positivos y racionales de la nuevo Constitución fueron despreciados por sus oponentes, por su falsa correlación con las leyes fundamentales de la tradición.

Sempere estuvo entre los primeros que impugnaron el tradicionalismo de los trabajos y de la Constitución de Cádiz, pero su objetivo no era la restauración reaccionaria de los poderes intermedios. En la línea de un Canga Argüelles, su denuncia del falso historicismo gaditano estaba pensada para impulsar la legitimidad racional del producto normativo emanado por las Cortes en 1812. Sin embargo, como vamos a estudiar inmediatamente, dicho antihistoricismo semperiano resultó electivamente convergente con el pensamiento reaccionario del decisionismo político posterior. Hay aquí un verdadero camino imprevisto en la historia conceptual del pensamiento filosófico-jurídico. Canga y Sempere comparten posiciones de partida respecto del pasado, pero las derivaciones de su pensamiento fueron divergentes: si Canga puede considerarse el padre del constitucionalismo antitradicional del liberalismo, la filosofía jurídica de Sempere contiene los elementos fundamentales para considerarle el padre del constitucionalismo antitradicional del pensamiento decisionista. Este resultado es muy importante, porque enriquece la comprensión de la época, que a menudo se estudia como el debate entre historicismo y antihistoricismo, o entre liberales y reaccionarios. Conviene recordar, por tanto, que idénticos postulados sobre la historia en tanto fuente de legitimación tuvieron como resultado ideologías contrarias.

El gran legado de Sempere y Guarinos: el decisionismo jurídico-político [80]

I

La descripción de Juan Sempere y Guarinos como la de un ilustrado pre-liberal en lo económico y un conservador en lo político, siendo cierta, quizás no revela su complejidad teórica, incluso el carácter poliédrico y chocante de sus obras, internamente contradictorias entre sí. De hecho, se le ha caracterizado como un oportunista sin éxito. Sin embargo, hay en sus textos una gran potencialidad histórico-conceptual, que constituye una verdadera encrucijada.

En la obra semperiana confluye todo el arsenal de significados, esperanzas y contradicciones del período. Sólo por ello, su obra debería gozar de un mayor estudio. La potencialidad de alguna de sus obras es tal, que no se puede agotar su interpretación bajo las categorías de ilustrado, liberal, afrancesado o conservador. Conviene en este sentido centrarse en el libro de 1810, las Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España, pues en esas páginas se halla el germen de un nuevo paradigma de lo político en su obra, que tendrá un largo recorrido posterior.

Las Observaciones sobre las cortes constituye uno de los primeros antecedentes europeos del decisionismo político. Esta interpretación no pretende ser reduccionista. Por el contrario, sugerimos esta visión decisionista de Sempere para incidir en la plural riqueza de sus posiciones en el campo de la historia de los conceptos políticos modernos.

Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España se enmarcan en un contexto de crisis radical que se verifica tanto en el plano histórico como en la dimensión productiva de nuestro autor. Esta obra centra su foco de atención en los distintos actos de fundación extraordinaria del poder que tuvieron lugar, a juicio de Sempere, en la historia de España. Esto debe ser tenido muy en cuenta, toda vez que nos encontramos en un período preconstituyente, en el que se jugó la batalla decisiva por la legitimación de la acción fundacional.

Hasta 1810, fecha en que se publica la obra, Juan Sempere había dedicado todos sus esfuerzos a delinear todo un programa de reformas de corte ilustrado que, con la irrupción de las fuerzas napoleónicas en la península, devinieron demasiado poco ambiciosas. Asimismo, la decadencia agónica y secular del imperio español hacía cada vez más necesario un volumen de acciones de reforma radicales que los proyectos de raigambre ilustrada no podían ofrecer. El viejo ideal ilustrado del rey asesorado por sabios ministros se vino abajo con la invasión napoleónica. Los lentos procedimientos ilustrados de reforma finalmente entraron en crisis con el estallido en la península de las crisis políticas internacionales.

Como hemos visto, hasta 1808 Sempere había venido señalando permanentemente a la nobleza y al clero como los principales enemigos de la modernización de España. Sin embargo, estos viejos poderes apenas tuvieron parte en la final aniquilación del reformismo ilustrado en España. Fue la reacción revolucionaria del pueblo español frente al poder francés y sus maquinaciones regias, la que hizo emerger la evidencia de que las reformas que precisaba el país no pasaban por paulatinas reformas, sino por toda una serie de acciones reconstituyentes que precisaban fuertes y poderosos actores políticos. De hecho, la Carta de Bayona venía a ofrecer a la tierra conquistada la nueva Constitución que, de una vez, conseguiría implantar la racionalidad jurídica, social, económica y administrativa que durante todo el siglo anterior los ministros ilustrados y la monarquía borbónica habían sido incapaces de instaurar definitivamente.

Los intelectuales españoles, y Sempere en particular, estaban bien preparados para contrarrestar los ataques a los proyectos de reforma nacional por parte de los enemigos tradicionales. De hecho, su obra anterior a la Guerra de la Independencia es ya un gran artefacto ideológico contra la nobleza y el clero. Sin embargo, a la vuelta de 1808, la lucha por la modernización de España no se jugaba en el campo tradicional, sino en el de la novedad absoluta que implicaba un vacío de poder en el que multitud de poderes políticos trataron de salir vencedores.

La Guerra de la Independencia, y el consiguiente período constituyente que se abrió hasta la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812, fueron interpretados por Juan Sempere como espacios de tiempo en los que el nacimiento del nuevo poder no podía anclar su legitimidad en el pasado, sino que debía imponer su acción salvadora en su mayor fuerza para imponer el orden y proclamar una constitución vinculada a la racionalidad. Él se había preparado para hacer frente a poderes previsibles históricamente: la nobleza y el clero. Sin embargo, el presente ofreció una cesura histórica cuya salida nadie en el período podía predecir con seguridad. Una cosa estaba absolutamente clara para Juan Sempere: la historia ya no podía guiar la acción de los actores políticos del presente. En tal sentido, él propondrá la emergencia de un soberano con capacidad para construir el nuevo gran edificio político, haciendo omisión absoluta de cualquier obstáculo histórico o tradicional.

La grave situación política y civil de España reclamaba una acción constructiva urgente. Las fuerzas napoleónicas y sus cómplices afrancesados, y los liberales y los absolutistas, con sus luchas por la legitimidad tradicional, no parecían lograr ninguno una victoria final que obrara el milagro del restablecimiento del orden perdido. La clave, para Sempere, residía en que sólo la fuerza que despreciara la tradición y comprendiera que el tiempo pasado ya no podía ser maestro de la vida del presente, estaría en condiciones de imponer su ley y el orden universal. Por eso, Sempere, en lugar de ofrecer en sus Observaciones sobre las Cortes un programa de acción para el presente, lo que hace es un balance de la historia de España en clave de historia magistra vitae negativa.

Nada en el pasado ayudará al soberano que emerja en el presente, era su advertencia. El nuevo orden constitucional que reclamaba España no podía basar su legitimidad en la historia, porque, simplemente, el pasado había abandonado al presente a su suerte, y en tal sentido, la única ejemplaridad que podía ofrecerle era la de aquellos soberanos que habían sabido imponer su voluntad, destruyendo los obstáculos tradicionales, justo en aquellos momentos de la historia en que se había perdido el orden.

La multitud de condiciones y actores políticos que estallaron hostilmente en 1808 corroboran la tesis koselleckiana de que la política era el destino inquebrantable e impensado que esperaba a aquellas naciones que habían hecho el trabajo de la crítica ilustrada.[81] Uno de los déficits de auto-comprensión de la Ilustración española fue su confianza en la fácil convergencia entre reformismo y tradición, entre modernidad y catolicismo romano. La problematicidad de esta creencia será la que estalle con demoledora evidencia en la guerra, momento en el que se hará ineluctable una enmienda a la totalidad del sistema del antiguo régimen. Lo que la crítica había ido preparando en Francia, irrumpió repentinamente en España por la vía de la invasión napoleónica, que constituyó un traumático enfrentamiento con el presente histórico de Europa. De repente, el presente se había quedado sin pasado. Ésta es la tesis de Sempere. Aquellos "métodos indirectamente políticos, para imponer un nuevo estado de cosas",[82] por los que había trabajado, ya no podían ser operativos. El hecho de que el presente se hubiera quedado sin pasado implicaba que ya no era el tiempo de la reforma de lo heredado, sino el de la fundación soberana. Con la Guerra de la Independencia se produjo una verdadera aceleración del tempo histórico ilustrado español, en la medida en que la invasión napoleónica provocó la emergencia de múltiples poderes en pugna, incapaces de cubrir el vacío de poder que se había abierto como presente absoluto.

La proclamación de la Constitución de Cádiz quiso ser el salvoconducto del pasado en el presente. De hecho, 1812 puede entenderse como la verdadera Sattelzeit española,[83] que los liberales españoles trataron de ocultar fingiendo las vestiduras de la tradición. El libro de Sempere había avisado de que el verdadero poder que necesitaba España era el de un soberano con fuerza para imponer una constitución vestido con la única indumentaria de su voluntad. Los liberales doceañistas jamás quisieron reconocer que la fundación constitucional del poder dependió de posiciones novedosas históricamente y vinculadas a una acción realmente fundadora. Esta falta de ambición de los liberales será la que, finalmente, condene a la debilidad su labor constituyente. Para Sempere era el momento de tomar decisiones y actuar, no de elaborar discursos sobre la legitimidad histórica de la Constitución que se estaba redactando. Sin embargo, los liberales se ocultaron la realidad de la Sattelzeit y se empeñaron en construir la ficción de una realidad constitucional continuista que, a pesar de su carácter de novedad histórica absoluta, se justificó como la reinstauración de las más viejas tradiciones jurídicas españolas.

II

Las Observaciones sobre las Cortes constituye una obra extraordinariamente singular, porque se gesta y ve la luz en una verdadera encrucijada histórica y biográfica. Cuando estalla la Guerra de la Independencia en 1808, Sempere se encuentra en Granada, trabajando para la Junta provincial de resistencia al francés. Le fue comisionada la redacción de un escrito en el que se recogiera la tradición representativa de España desde una perspectiva histórica. Sempere comenzó la redacción de su texto en el seno de la Junta de Granada. Sin embargo, el año en que se publican las Observaciones, 1810, coincide con la entrada de los franceses en Granada y la obligación de jurar a José Bonaparte de todas las autoridades granadinas, incluido obviamente el propio Sempere. En tal sentido, la obra nace en una verdadera encrucijada histórica y biográfica, pues surge como un encargo del juntismo antifrancés y se publica al amparo del invasor.

Por eso este libro constituye el testimonio de un tiempo caótico, en el que la guerra contra el emperador tenía igualmente una dimensión de guerra civil. El libro arremete contra los constitucionalistas liberales y se distancia, por primera vez, de los Borbones, pues, en última instancia habían sido incapaces de restaurar la nación y habían sido sustituidos por una nueva dinastía que, al cabo, era tan extranjera y francesa como ellos.[84] Para Sempere el destino de la monarquía debía jugarse en la siguiente disyuntiva, que es la tesis general del libro: el poder soberano que finalmente restablecería el orden en España debería apoyar su decisión o en la legitimidad emanada de la voluntad del pueblo o en la legitimidad emanada de su propia voluntad, pero en ningún caso podría establecer su derecho al dominio ni en la historia ni en el pasado ni en la tradición. En todo caso, la nueva Constitución, tuviera el signo que tuviera, implicaría una cesura histórica definitiva. Ya fuera el pueblo levantado en armas o la fuerza de la monarquía invasora la que finalmente impusiera su voluntad, la cuestión radical para el jurista era que el futuro gobernante fuera enteramente libre para decidir en el presente las medidas constitucionales necesarias.

Durante la primera etapa de su producción, de tipo regalista ilustrada, de 1781 a 1808, Sempere había trabajado en numerosos proyectos de reformas parciales, a los que hemos aludido ya. Pero ya desde la primera página de las Observaciones sobre las Cortes el jurista afirma que el tiempo de las pequeñas transformaciones había acabado, porque el nuevo orden que se avecinaba sólo sería posible con una «gran reforma». El tiempo de la pequeña política había terminado; era el momento de la acción constitucional extraordinaria. De hecho, los años del reformismo no sirvieron sino para mantener en pie un edificio en ruina, cuyos pilares estaban tan enmohecidos que, al primer golpe de viento histórico, fue barrido. Aquella política de pequeña escala no logró mantener el muro del viejo orden. Se diluyó como un falso katechon de papel, y la guerra asoló la península.

La gran reforma que necesitaba España para recomponer el orden y la paz consistía, para Sempere, en la proclamación de una nueva Constitución que viniera a re-crear la totalidad del orden jurídico-político. La reforma total implicaba la acción creadora de un orden constitucional nuevo, proclamado al margen de la legitimidad tradicional y por la sola voluntad del soberano. Los miembros de las juntas, y en general, todos los actores políticos del período, estaban de acuerdo en que el país necesitaba una gran reforma. El problema era que, para llevarla a cabo, todos pensaban hacerlo sobre la base de las estructuras jurídico-políticas del pasado. En lo único que se diferenciaban era que, mientras los absolutistas ponían su mirada en la tradición borbónica, los reaccionarios evocaban los tiempos Austrias, mientras que los liberales se reconocían en las cortes medievales. Por eso, el libro se abre con esta crítica a todos los actores de la política del momento:

Hace largo tiempo que la nación española clamaba por una gran reforma en su gobierno. Mas, al tratar de su ejecución, todos, como se suele decir, querían justicia, y ninguno por su casa.[85]

La justicia se buscaba en el pasado, pero la casa de cada uno era el presente

El fiscal, en este punto, reelabora su viejo ideal del rey como sujeto político superior con fuerza y determinación para elevarse sobre los diferentes poderes en pugna del tiempo e imponer un orden estable irresistible. La dinámica social, abandonada a su suerte, tiende indefectiblemente a la guerra civil. Por eso, la intervención del rey era fundamental para que la historia pudiera continuar con normalidad sin caer arruinada por las tendencias hostiles internas a la sociedad y que proceden de la maldad esencial del ser humano.

Pues bien, este viejo ideal del rey ahora quedaba vacante. De hecho, nadie en la historia española lo había encarnado realmente y, en todo caso, nadie lo encarnaba en los años en que se redactó el libro. En tal sentido, la labor constituyente que reclamaba la época, y que, en buena medida, consistía en reconstruir la totalidad del edificio, debía llevarla a cabo, dice Sempere, «una fuerte y sabia mano». El viejo ideal del rey como Deus ex machina histórico ya no era identificado por el jurista con la figura tradicional del monarca, sino con una «fuerte y sabia mano», que, en el fondo, podía encarnar cualquier actor político con la energía suficiente como para restablecer la paz y construir el nuevo orden constitucional, rompiendo con la huella de los abusos y los prejuicios que habían dado lugar a la endémica debilidad estructural de España. Se necesitaba un poder que estuviera por encima de la historia. Al párrafo anterior lo continúa el siguiente:

Era fácil comprender la imposibilidad de tal reforma, no viniendo de una fuerte y sabia mano que, sin conexiones ni particulares respetos a las clases y personas interesadas en la continuación de los abusos y sin las preocupaciones inevitables de la localidad y la educación, cortara radicalmente las malas leyes, usos y costumbres, y substituyera en su lugar otras más racionales y convenientes.[86]

Por lo tanto, el nuevo poder que necesitaba España debía cortar de raíz con la tradición, que era la fuente de todos los males de desorden y guerra que estaban devastando el país. Esto, obviamente, no podía llevarlo a cabo un monarca de la casa de Borbón, porque las pequeñas reformas que se venían tratando de poner en marcha desde el siglo XVIII no habían conseguido contener el poder hostil de la nobleza y del clero.

Otra de las cuestiones que había dificultado la puesta en ejecución de una profunda transformación del país a lo largo del siglo, fue el carácter hidalgamente orgulloso de los españoles, quienes, engreídos por la vieja grandeza imperial, amaban sus tradiciones jurídicas, sociales y políticas porque las consideraban la fuente de una gloria que regresaría si se las lograba mantener en pie.

Una de las causas que más se oponían a las innovaciones útiles, era la firme creencia en la que estábamos de que España había sido en otros tiempos la nación más feliz y poderosa de todo el mundo. Que aquella felicidad había dimanado de la excelencia de sus instituciones y prácticas políticas y religiosas. Que las desgracias que se sufrían eran efecto del olvido y desestimación de aquellas costumbres. Y que el único medio de regenerar España era el restablecerlas.[87]

A este conservadurismo falto de realismo crítico, Sempere lo denomina «anticuomanía», término que tiene una gran potencia significativa en su pensamiento. Pues bien, el nuevo sujeto que necesitaba la época debía también erradicar del alma de los españoles aquel falso orgullo en el que, en el fondo, se anclaban y desembocaban todos los males procedentes del pasado. Si no se rompía este prejuicio, España perdería una gran oportunidad histórica y recaería en un marasmo secular. Sempere pensaba que este peligro era muy real si los liberales continuaban impulsándolo irresponsablemente entre el pueblo para ganarse su favor. Pero el nuevo gran poder por el que clamaba el polígrafo de Elda no debía ganarse meramente al pueblo, debía transformarlo de raíz, para ganárselo después en un nuevo despertar al presente.

Por eso Juan Sempere arremete contra los liberales de la Junta Central y les acusa de manipular al pueblo haciéndole creer que ellos son los verdaderos herederos de la vieja tradición perdida.[88] Critica a los juntistas por presentarse ante el pueblo como la encarnación de las más respetables tradiciones representativas de la nación. Esto, de hecho, era contraproducente para la propia Constitución emergente, pues los liberales estaban representando la ficción de ocupar el lugar de una tradición cuyos verdaderos representantes históricos, la nobleza y el clero, eran los naturales enemigos de la nueva obra constitucional. Sin embargo, Sempere sugiere que la sed de poder estaba llevando a los liberales a estas inconsecuencias.

Siempre creí que el verdadero fin de los centralistas no era el que aparentaban en sus promesas y proclamas, sino el prolongar su orgullosa dictadura. Pero conociendo también que era ya inevitable una gran metamorfosis, bien fuese venciendo o siendo vencidos, pensé hacer a mi patria un buen servicio demostrando la falsedad de los errores indicados, para facilitar en algún modo el tránsito necesario del estado antiguo al nuevo orden que nos preparase la divina providencia.[89]

Sempere afirma que el sentido de su libro era el de desenmascararlos y, asumiendo que el país necesitaba, no una transformación parcial, sino una completa metamorfosis, trabajar por ella poniendo en evidencia que la mayor traba para el nuevo orden que querían fundar los liberales era la tradición sobre la que fingían apoyarse.

Así, pues, la «gran reforma», en 1810, debía llegar a ser la «gran metamorfosis». Ya ganaran la guerra los españoles, ya saliera victorioso Napoleón, España estaba destinada a crear un «nuevo orden». Su libro venía a ser la justificación teórica de aquél que fuera capaz de fundar la paz sin reconocer legitimidad a la tradición española. Desde luego, la providencia podría otorgar la victoria a cualquiera de los contendientes. Sin embargo, su reconocimiento intelectual y político estaría reservado únicamente a aquél que recorriera el tránsito rupturista hacia el «nuevo orden». Si el nuevo orden de cosas que inaugurara la paz consistiera en la regresión, si quiera modernizada, al pasado, la providencia habría obrado su dictado, pero en todo caso, España habría perdido una gran oportunidad histórica de superar los males que la oprimían desde hacía siglos.

III

Sempere repite el esquema argumental de sus obras anteriores. De nuevo, el objetivo es describir indirectamente el presente, haciendo un análisis de la historia de España. Este método de trabajo está determinado por la animadversión de Sempere hacia los discursos abstractos, que, en lugar de basar sus tesis sobre argumentos empíricamente constatables, incurren en meras ocurrencias atractivas. Por eso, son numerosas en sus obras las referencias críticas contra Rousseau[90] y contra todo argumento político basado en proposiciones abstractas. Los análisis históricos de Sempere nunca se ocupan de los orígenes históricamente dudosos, porque considera que estos lugares del pasado dan pábulo a fabulaciones que llegan incluso a ser antropológicamente insostenibles.

Sin embargo, en las Observaciones sobre las Cortes se encuentra la primera y única referencia al pacto social del autor en toda su producción. Ahora bien, esta apelación no la hace en los términos abstractos de la fundación del poder, sino que se sirve de ella para constatar su disolución en siglo XII, a causa de las guerras civiles que sufrió España. En tal sentido, la idea del pacto social no juega en las argumentaciones de legitimidad, sino como constatación de su ruptura en aquellos momentos de caos social, como el que, en realidad, estaba sufriendo la España de 1810. La referencia a su propio presente es evidente en este fragmento que estudia la situación del siglo XII.

Faltando una autoridad pública bastante firme para contener en sus deberes a todas las clases y personas, quedaba en cierto modo disuelto el pacto social y los hombres en libertad para asegurarse por sí mismos su vida y sus propiedades, formando ligas o hermandades con otros, para resistir y repeler la fuerza con la fuerza.[91]

La intención del jurista es abrir el espacio para la acción política extraordinaria. En un momento de caos y guerra civil, en el que ha desaparecido el poder público legítimo, es necesaria la irrupción de una fuerza que recomponga el orden, sea ésta la que sea, y termine con los viejos condicionantes que dieron lugar a la guerra. Esta restauración del orden será al mismo tiempo el establecimiento de un pacto social efectivo.

La historia, por tanto, no podía ejercer de maestra del presente más que en un sentido negativo. La lección era la siguiente: en los momentos de guerra civil, sólo puede salvarnos la acción excepcional de un poder que se legitima por su fuerza restauradora. Este poder providencial, sin embargo, no restaura un antiguo orden perdido, sino que inaugura el suyo propio, pues el pasado es la historia de los despropósitos y de la inestabilidad. Así, pues, aquel sujeto político que fuera capaz de imponer su orden con un golpe de mano en un estado de excepción, obtendría por ello mismo toda la legitimidad en su decisión. En la medida en que obtuviera una sincera obediencia, su acto de fuerza implicaría un nuevo pacto social, expreso o tolerado, y vinculado al presente con carácter exclusivo.

Lo que en realidad sugiere el jurista es que, en la medida en que la casa de Borbón había abdicado en una dinastía invasora y abandonado a su suerte al país, la nación ya no estaba vinculada a ningún poder legítimo ordinario. Los Borbones y la irrupción napoleónica habían hecho trizas el pacto social de los españoles del que, supuestamente, procedía la legitimidad de su poderes públicos. En tal sentido, se abría un espacio político para inaugurar un nuevo pacto, cuya firma no podría establecerse en los términos abstractos de la filosofía liberal, sino en la acción efectiva de un poder ostensible y presente que se ganara la voluntad del pueblo español. Pero todo esto pasaba por reconocer cuál era la esencia de las Cortes de España, en tanto representantes de un nuevo pacto social. De estas Cortes habría de emerger el futuro ordenamiento constitucional de la monarquía, según opinaban los liberales. En este sentido, Sempere desarrolla un discurso lo suficientemente negativo como para deslegitimar lo que se consideraban como las leyes fundamentales de España. Su tesis más radical afirma que el análisis imparcial de los hechos históricos revela que nunca existieron leyes fundamentales en España, en la medida en que ningún ordenamiento jurídico-político fue lo suficientemente estable como para conformar una regularidad tal que sirviera de modelo a las cortes que se querían convocar en 1810.

[se] manifiesta bien claramente la inconstancia de las leyes más fundamentales y la facilidad con que se han encontrado siempre razones especiosas para tergiversar los derechos públicos y privados.[92]

Sempere va más allá. No solamente la convocatoria y composición de las cortes fueron muy irregulares e inconstantes a lo largo de la historia, sino que incluso la monarquía carecía de una forma jurídica estable. Durante un tiempo fue electiva; después pasó a ser hereditaria. Por lo demás, cuando se convirtió en una monarquía hereditaria, sufrió discontinuidades muy significativas en cuanto a las casas reinantes. La legítima herencia regia fue en momentos muy significativos de la historia una simple sustitución de una casa por otra, interrumpiéndose de este modo la línea hereditaria e, incluso, contraviniendo la voluntad inicial del pueblo. Afirmar que no había argumento histórico que fundamentara la continuidad hereditaria de la corona en 1810 implicaba reconocer a José Bonaparte como un candidato posible para hacerse con la monarquía española. No existía una ley fundamental en este sentido, así que si el rey intruso era capaz de ganarse finalmente la voluntad del pueblo y romper con el pasado del país, sería un monarca legítimo. Mas para ello, debía llevar a término la obra de la fuerza extraordinaria de la nueva fundación política, siendo tan fuerte como hábil en obtener la fidelidad y el amor de sus futuros súbditos.

Sempere estaba pensando la Guerra de la Independencia en los términos de una nueva Guerra de Sucesión. Así, de la misma manera que en 1700 un rey francés, Felipe V, había vencido al candidato de la casa de Austria hasta entonces reinante en España, y finalmente logró romper las resistencias del pueblo hacia la nueva casa real, la nueva casa real napoleónica tal vez pudiera conseguir lo mismo. Ahora bien, para conseguir mantener la estabilidad a largo plazo, José I debía imponer un orden verdaderamente ambicioso, que rompiera todos aquellos vicios históricos que la casa de Borbón no había desarraigado con su pequeña política reformista. Por eso insiste en que el derecho sucesorio se basaba en

dos títulos principales: la voluntad general del pueblo o la fuerza y la política de algunos conquistadores. De uno y otro tenemos ejemplos en nuestra historia, pero más frecuentes del segundo.[93]

La historia lo que muestra es que en el derecho sucesorio han intervenido siempre una de estas dos fuerzas: el pueblo y los conquistadores. Es decir, que uno de estos dos contendientes saldría vencedor al final de la guerra: o el pueblo español o José Bonaparte.

Sempere vincula en su discurso el concepto de política al de fuerza.[94] La fuerza de la voluntad del pueblo, guiado por los liberales, o la fuerza de la voluntad de un rey, protegido por el emperador de Europa. Ésta era la disyuntiva en que se jugaba toda la partida del presente histórico. La cuestión era reconocer en alguno de estos dos candidatos a aquél con voluntad y determinación suficientes como para llevar a cabo la tarea más importante después de la fundación de la paz: la metamorfosis del país.

El empeño de los liberales por mostrarse como una fuerza tradicional sembraba muchas dudas en Sempere. Sus esperanzas estaban depositadas en una acción extraordinaria del exterior que rompiera la continuidad histórica interior. El pueblo, al cabo, sólo puede expresarse de dos maneras: en la guerra, a través de la violencia, y en la paz, mediante el asentimiento y la aclamación al poder superior. La propia historia española daba ejemplos de estos saltos históricos. Carlos V había vencido las resistencias de los comuneros y terminó imponiendo su voluntad a un pueblo que, al principio, no lo amaba. Del mismo modo, en la Guerra de Sucesión, que no fue sino otra guerra civil, Felipe V de Borbón expulsó de España a la monarquía Austria, imponiendo una unidad social precaria.

No obstante, el autor también reconocía al pueblo el derecho a luchar contra los «abusos intolerables" cometidos por las monarquías.[95] Por tanto, Sempere sostenía ambiguamente tanto el derecho del pueblo español para repudiar al candidato napoleónico a la monarquía, como la imposición de una fuerza astuta que se impusiera sobre la voluntad popular y se ganara los corazones. Esto demuestra hasta qué punto el jurista era completamente insensible a los problemas de legitimación legal-discursivos que se estaban dirimiendo en todo el país, especialmente en la Junta Central. Él constataba que el poder sería para quien obtuviera el reconocimiento del pueblo, pero tal reconocimiento podía ser finalmente obtenido por cualquiera que lograra ganar la guerra, imponer el orden y entrar en el corazón del pueblo. El pueblo era siempre una fuerza acéfala, cuya lengua no podía ser interpretada por ninguna entidad representativa de los acuerdos preconstituyentes. En esta línea, Carl Schmitt, en su discusión contra los procedimientos representativos liberales, afirmará en 1928 que: «Sería un error –y por cierto un error antidemocrático- el tener por norma absoluta y definitiva de la Democracia estos métodos del siglo XIX. La voluntad del pueblo de darse una Constitución puede sólo demostrarse mediante el hecho, y no mediante la observación de un procedimiento normativamente regulado. Y claro está que tampoco puede ser enjuiciado a base de leyes constitucionales anteriores o en vigor hasta el momento.

La forma natural de la manifestación inmediata de voluntad de un pueblo es la voz del asentimiento o repulsa de la multitud reunida, la aclamación.»[96]

IV

Sentada ya la idea acerca de la inconstancia de la naturaleza de la realeza española, Sempere desciende progresivamente en su análisis al resto de las instituciones de la monarquía española. Concluye así la enmienda a la totalidad de unas leyes fundamentales que, según sugiere, jamás existieron.

Afirma que la unidad del reino de España tampoco fue estable; nunca fue indivisible, antes al contrario, sufrió numerosas vicisitudes fronterizas.[97] Las ciudades, villas y fortalezas en que se distribuyó el territorio a menudo fueron alienadas.[98] La nobleza no siempre estuvo compuesta ni por las mismas familias ni regidas por las mismas leyes.[99] Los municipios tuvieron muy diversos gobiernos, siendo en unas épocas militares y en otras plenamente republicanos.[100] El orden de la magistratura estuvo compuesto por individuos procedentes de diferentes estamentos que además practicaban derechos incluso antagónicos. [101] Hasta el clero, que había participado muy activamente en la historia de la corrupción del país y de la suya propia, no había mantenido nunca una composición fija ni un ordenamiento interno duradero.[102] Esta descripción de la historia indica que, a juicio de Sempere, el pasado sólo devuelve la imagen de la inestabilidad y la decadencia permanentes. Ni una sola de las instituciones de la monarquía ofrecía un mínimo de persistencia en su constitución interna. La discontinuidad era la única evidencia que se repetía a lo largo de los siglos de historia.

A pesar de todo, el jurista reconoce que la historia de España ofrece momentos de gloria y poder, si bien estos estadios fueron más bien aparentes e indefectiblemente transitorios. Su pesimismo antropológico, proyectado sobre la historia nacional, lo lleva a considerar la decadencia y la corrupción como la norma propia del pasado, cuya prueba irrefutable era la guerra contemporánea. La causa de ello radicaba en que España nunca había gozado de un verdadero soberano, con poder y determinación suficientes para dar continuidad a las instituciones y estabilizar el caos al que tiende naturalmente la sociedad humana. Por eso escribe estas palabras contra el historicismo del primer liberalismo español:

En todas las épocas y alternativas de las mencionadas leyes e instituciones fundamentales, las ha habido igualmente de prosperidad y de desgracias, aunque, a la verdad, éstas han sido más comunes y continuas, por más que ensalcen y preconicen los tiempos antiguos los ignorantes de nuestra historia nacional.[103]

La filosofía política de Sempere se asienta sobre la idea de que toda realidad tiende naturalmente a una pronta decadencia si no es compensada por una fuerza vivificadora. En el pasado español no hay indicios de la existencia de una fuerza de esta envergadura. Apelar a un tiempo original, del cual se derivaron las leyes fundamentales que debían recuperarse en el presente, implicaba, para el jurista, una recaída hipócrita en las fábulas del origen rousseaunianas. Hasta donde llegaban los hechos verificables documentalmente, la historia de España era un tortuoso proceso de corrupción, en el que se sucedieron diferentes instituciones inesenciales, a las que no podía apelarse como base de las leyes fundamentales de una hipotética constitución histórica. La historia debía entenderse, a todos los efectos constituyentes, como magistra vitae negativa.

Los liberales, que anhelaban ocupar el poder, cantaban ante el pueblo las excelencias de una tradición, que ellos presuntamente venían a encarnar, y que a los ojos de la gente representaban las cualidades más valoradas y prestigiosas, simbolizadas por la imagen gloriosa del imperio. Mas tampoco el jurista reconocía en la política imperial ninguna condición de verdadera nobleza. Por el contrario, afirmaba que la grandeza del imperio español fue debida más al azar que a conscientes políticas de la monarquía.

La exagerada grandeza de la monarquía española en el siglo XVI, no fue efecto de la excelencia de su constitución política, ni de sus leyes, ni de la sabiduría de su gobierno, como la de Roma, Inglaterra, Francia, y otras naciones antiguas y modernas.[104]

Ya en sus primeros escritos, Sempere había criticado duramente el sistema imperial hispánico.[105] De hecho, en un gesto impropio de su estilo moderado, Sempere califica de «estúpido» a Carlos II. En cuanto a los Borbones, les recrimina su falta de decisión, sus «débiles esfuerzos». La figura de Carlos IV, reo por entonces de Napoleón, la resuelve con unos elocuentes puntos suspensivos para, acto seguido, afirmar que su debilidad de carácter y su despotismo fueron la causa última que llevó al país al actual estado de violencia, cuyo resultado fue una «crisis o funesta o saludable» –si es que al final España lograba salir de la prisión en que se tenía a sí misma. En última instancia, la Guerra de la Independencia era una traumática posibilidad de postración o rejuvenecimiento.

La divina providencia había proporcionado el tránsito de una legislación decrépita, contradictoria y causa necesaria del desorden y la injusticia, a otra más racional y cuyos buenos efectos estaban ya experimentados en otras partes. Esta dichosa metamorfosis pudiera haberse realizado sin sangre y sin las demás calamidades ordinarias en tales transformaciones. Mas el frenético fanatismo, irritado y auxiliado por la ferocidad inglesa, y prostituyendo los sagrados nombres de rey, religión y patria, iba a completar nuestra ruina, si las armas del gran Napoleón y la imponderable prudencia de su augusto hermano no pusieran un término a tantos males"[106]

Él ya había hecho su pronóstico: el presente de España estaría en las manos o del pueblo o de una fuerte y sabia mano, José Bonaparte, que por entonces luchaba por doblegar la resistencia popular. Culpa a los ingleses y a sus aliados liberales españoles de manipular el fanatismo de los españoles para movilizarlos y sacrificarlos inútilmente contra una fuerza irresistiblemente superior, como la francesa, que no había podido ser vencida en ningún lugar de Europa.

Sempere consideraba inútil la sangre derramada de los españoles por un poder frente al cual no podrían salir vencedores. Sólo cabía poner las esperanzas en que el nuevo rey fuera capaz de imponer un sistema constitucional diferente, racional y justo. Mas para ello, como ya hicieron Carlos V y Felipe V, tendría que ganarse el favor de un pueblo que, hasta la fecha, luchaba contra él. Pero una vez más, como reconocerá después el propio Sempere en obras posteriores como la Histoire des Cortes d`Espagne, la nueva dinastía que quiso ocupar el trono español ni se mostró sabia para convencer a los españoles ni fue lo suficientemente fuerte para doblegar a sus enemigos internos y externos. Al fin y al cabo, José I era un rey títere en manos del emperador de Europa. En definitiva, como había afirmado el fiscal, en España sucedería lo que el pueblo decidiera. Sin embargo, se equivocó en su valoración del pundonor y la constancia revolucionaria de sus compatriotas, que antes de doblegarse ante el invasor, derramaron heroicamente su sangre hasta el final. El libro termina con estas palabras

Las opiniones, las costumbres y aun hasta las leyes más fundamentales varían con los tiempos, como lo enseña la historia de todas las naciones y acabo de demostrarlo en la nuestra, no con sofisterías ni con el estilo pomposo y declamatorio de los escritos revolucionarios, sino con los hechos más ciertos y notables y algunas sencillas observaciones sobre sus resultados.[107]

Mas a pesar de estas variaciones, el presente de España en 1814 terminó ocupándolo el actor que Sempere pensaba que tenía menos posibilidades de salir victorioso: el pueblo, que en adelante se convertirá en el protagonista de la vida política europea.

V

A la luz de la interpretación schmittiana, hemos de concluir que la filosofía jurídico-política que inspira la obra de Sempere aquí estudiada se caracteriza por la creencia en que «el tiempo exige una decisión»[108]. Bien es verdad que el decisionismo semperiano es un decisionismo sin pasado, pues a diferencia de los hitos que inspiran el decisionismo schmittiano (Bonald, Maistre y Donoso), él no concede ningún tipo de idealidad a la tradición, antes al contrario. Sin embargo, las Observaciones sobre las Cortes se inscribe, y antecede, ese tipo de obras de la filosofía católica del siglo XIX que, al referirse a la realidad contemporánea, «mencionaba en alguna forma la idea de que se imponía una gran alternativa que ya no admitía mediación. … Todos formularon una gran alternativa cuyo rigor se asemeja más a una dictadura que a una conversación eterna.» [109]

Las dilaciones de los liberales doceañistas y su empeño por hurgar en el pasado debían interrumpirse mediante una decisión soberana que restaurara el orden. Pero el hecho de romper con la tradición indispuso igualmente la figura de Sempere con los pensadores reaccionarios, los cuales, anhelando una fuerza decisoria idéntica en el presente, habían recurrido al pasado como fuente de repristinación de un presente absolutamente corrupto. Para Sempere no se trataba de recuperar un orden perdido a través de una decisión soberana irresistible, como en el caso de Donoso, por ejemplo; sino de crear un orden nuevo a través de una decisión soberana que, a la vez, fuera capaz de reconstruir los restos de las viejas costumbres según las propias directrices de la voluntad soberana del nuevo rey. Recuperar el pasado era la forma de un autoengaño en el que habían caído tanto los liberales como los reaccionarios. Por eso, para él era fundamental convencer de que la decisión soberana apelaba al presente exclusivamente, pues toda regresión de la modernidad al pasado no era sino una trampa romántica y genéricamente abstracta que sólo podía abocar al caos y al desorden civil.

Carl Schmitt señala a Bonald, Maistre y Donoso como los antecedentes del decisionismo político. Todos ellos, como Sempere, consideran que la contrarrevolución sólo era factible a través de la decisión. En este último sentido, Sempere coincide con su diagnóstico. El presente reclamaba con urgencia una decisión extraordinaria. Sin embargo, el jurista español se aleja de la dimensión tradicionalista del pensamiento de sus contemporáneos reaccionarios.[110]

Bonald había establecido que el orden político de los Estados se correspondía estructuralmente con el orden religioso. Así, consideraba que a la monarquía correspondía el catolicismo, al gobierno aristocrático el luteranismo, a la democracia el calvinismo y al gobierno mixto de Inglaterra el anglicanismo.[111] Maistre, en las Consideraciones sobre Francia, afirma que la Iglesia fue el elemento estabilizador del Estado francés a lo largo de su historia.[112] Ella es, sugiere de Maistre en Del Papa, la institucionalización, en el seno de la historia, de la existencia de una decisión inapelable que es idéntica a la soberanía del orden estatal.[113] Del mismo modo, el poder del rey francés estuvo siempre limitado por una serie de leyes fundamentales intocables que encarnaban la verdadera constitución histórica de Francia.[114] En cuanto a Donoso, la dictadura, para él, era un destino en la ordenación de la sociedad contemporánea. La cuestión estaba en decidirse por una de estas dos alternativas: o la revolución o la dictadura.[115] Y esto era así, según el marqués de Valdegamas, porque Europa había abandonado el catolicismo, que era la única verdad con suficiente poder sobre la tierra como para implantar un orden estable y justo. La alternativa, en el fondo, se traducía en o «la religión o las revoluciones, el catolicismo o la muerte.»[116]

Por el contrario, la visión negativa de la historia de Sempere, le impide hacerse cualquier tipo de ilusión sobre el papel de la Iglesia y de la tradición en la salvación del presente. De hecho, su tesis siempre fue que la Iglesia había sido un factor desestabilizador del poder político en España, y que a menudo había actuado más como un contrapoder fáctico que como una institución espiritual al servicio del orden social.[117] Por otra parte, el soberano al que apelaba Sempere, sin ser insensible a las tradiciones y costumbres del pueblo, estaba legitimado para crear derecho en grado sumo, incluso contraviniendo unas presuntas leyes fundamentales que, en realidad, carecían de permanencia como para reconocerles más legitimidad que aquélla necesaria para obtener la obediencia del pueblo. En cierto modo, todas estas distancias antitradicionalistas de Sempere respecto de sus contemporáneos reaccionarios, indican que el decisionismo político semperiano se acerca más a las tesis de Carl Schmitt que los antirrevolucionarios a los que apeló siempre el alemán.

El jurista de Plettenberg había reconocido que todo orden está siempre amenazado por una efectiva crisis total.[118] La historia de España para Sempere no revelaba otra evidencia. Las situaciones excepcionales habían irrumpido hasta tal punto en el pasado, que había imposibilitado la pervivencia de un orden estable duradero. Eso sí, a España le había faltado la presencia de un genuino soberano. Por eso, para implantar un orden con posibilidades de futuro, era vital que la Constitución desplegara su energía en el presente con total independencia de la legitimidad tradicional. Fue Carl Schmitt, en consonancia con estos postulados, quien escribió: «Una Constitución es legítima –esto es, no sólo como situación de hecho, sino también como ordenación jurídica- cuando la fuerza y autoridad del Poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida. … No necesita justificarse en una norma ética o jurídica; tiene sentido en la existencia política. Una norma no sería adecuada a fundar nada aquí. El especial modo de la existencia política no necesita ni puede ser legitimado[119].»

Esta apuesta por una radical autonomía de la política, respecto de cualquier otra esfera de acción, en el fondo indispone a Schmitt con sus antecedentes contrarrevolucionarios tanto como a Sempere. El jurista de Plettenberg «se interesa por el aspecto contrarrevolucionario» de Bonald, Maistre y Donoso, pero «ignora el tradicionalismo presente en la teoría sobre la monarquía limitada y la constitución histórica» de estos autores.[120]

El jurista español ya había reconocido que un verdadero poder constituyente no podía invocarse desde premisas historicistas ni religiosas. Bastaba su capacidad para imponer el orden y el reconocimiento obtenido ante el pueblo en el presente para adquirir legitimidad. Hay en Sempere un decisionismo sin historia que en el siglo XX tendrá en Carl Schmitt a su teórico definitivo. A ambos les perseguirán, a lo largo de toda su vida, las sospechas de sus contemporáneos sobre los pactos intelectuales que hicieron con ciertos poderes del tiempo.

Notas

[1] En el Archivo Histórico Nacional, Consejo, 37.127, se encuentra la copia de la partida bautismal de Sempere.

[2] Los documentos biográficos sobre la vida y la obra de Juan Sempere y Guarinos, diseminados en diferentes archivos, se encuentran todos unificados y ordenados en la tesis doctoral de Rafael Herrera Guillén: Juan Sempere y Guarinos: las indecisiones del liberalismo español. En el depósito de la Universidad de Murcia. Una parte de ellos se pueden encontrar en la Biblioteca Saavedra Fajardo.

[3] Véase Rafael Herrera Guillén. Las indecisiones del primer liberalismo. Juan Sempere y Guarinos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.

[4] En Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2937.

[5] Branchat publicó en 1784, el Tratado de los derechos y regalías del Real Patrimonio en el Reyno. La obra, pues, se gestó en los mismos años en que el joven Sempere trabajó como abogado en prácticas en el despacho del jurista. Aunque no hay constancia directa de que Branchat compartiera sus investigaciones con su pupilo, no resulta improbable suponer la influencia del valenciano en el regalismo del joven Sempere, aunque el eldense no lo cite como autoridad en sus trabajos. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 37.127.

[6] Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 47/14.

[7] Sempere formará parte de la «Clase de Industria». Ante ella lee muchas de sus investigaciones, entre otras muchas, una disertación, hoy perdida, sobre la cuestión de Las leyes suntuarias.

[8] El profesor Froldi escribe: «es digno de ser observado el modo de su traducción […] En efecto, en esta traducción libre es fiel a la sustancia del texto y tiende a lo esencial: le interesa la línea fundamental del pensamiento, pero corta inexorablemente toda argumentación reiterativa o exhortativa, indudablemente presente en el texto original […] A Sempere le interesa la parte doctrinal: el concepto de buen gusto […] como equilibrio racional, como discernimiento de lo mejor.» Froldi, Rinaldo. «Carlos III y la Ilustración en Sempere y Guarinos», p. 24, en La literatura española de la Ilustración. Homenaje a Carlos III. El Escorial, Universidad Complutense, Madrid, 1989, pp. 21-38.

[9] Sempere publicó las cartas de apoyo al proyecto del Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III en su Noticias literarias de Sempere.

[10] Ibidem.

[11] Sempere anticipa ciertas tesis que mantendrá Sombart en Lujo y capitalismo.

[12] Puede verse la carta de Sempere a Floridablanca en Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2937.

[13] Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 13.522.

[14] Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2937.

[15] Esta censura se encuentra tanto en Noticias literarias de Sempere. Madrid: Imprenta de Don León Amarita, 1821, p 38 y ss. como en Bibioteca española económico-política, tomo IV. Madrid: Imprenta de Sancha, 1821, «Proyecto sobre patronatos y obras pías», CCLXII. Esto revela que Sempere fue consciente de la importancia de su obra en el difícil camino hacia la desamortización.

[16] Del artículo de Sempere sobre Campomanes, he preparado edición digital para la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo, http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/LIBROS/Libro0013.pdf.

[17] Francisco Tomás y Valiente. «Juan Sempere y Guarinos», en Manual de historia del Derecho. Madrid: Tecnos, 1986, p. 46.

[18] José Luis Abellán. «Un olvidado: Juan Sempere y Guarinos», en Historia crítica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración. Tomo I. Siglos XVII y XVIII. Barcelona: Círculo de Lectores, 1993, pp. 369-370.

[19] Sempere fue uno de los miembros de la Junta de Ley Agraria. Vid. Juan Pío Catalina. Catálogo del Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense, tomo V, 3099, pp. 216-217.

[20] Archivo Histórico Nacional, Estado, 80-F, n.º 69.

[21] Esta obra estuvo desaparecida y, de hecho, a día de hoy se sigue catalogando como anónima en algunos archivos. La publiqué en Juan Sempere y Guarinos. Cádiz, 1812. 1. Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España. 2. Memoria primera sobre la constitución gótico-española. Rafael Herrera Guillén (ed.) Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.

[22] La primera edición en español fue publicada por Rafael Herrera Guillén, con un amplio estudio preliminar, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en 2011.

[23] El Censor, n.º 35 (31 marzo 1821) 396-400. Vid. Juan Sempere y Guarinos, Cádiz, 1812, cit.

[24]Noticias literarias de Sempere, p. 20, afirma que su libro era la «demostración de sus ventajas [de la Constitución de Cádiz] sobre todas las demás».

[25] Véase mi Rafael Herrera Guillén. «Corrupción eclesiástica y reformismo económico en Sempere y Guarinos», en Analecta Malacitana, Vol. 29, Número 2 (2006) 643-656.

[26] Archivo Histórico Nacional, Estado, 5326. y Biblioteca Nacional. Sign. antigua: Mss. 18.692(2); Ha pasado a Mss. micro 15065, Ress. 227(2). París, 1826.

[27] Archivo Histórico Nacional de Protocolos de Madrid, Notario, Raimundo Gálvez Cavallero, 23.519, pp. 542-544.

[28] Juan Rico Giménez. De la ilustración al liberalismo (El pensamiento de Juan Sempere y Guarinos). Alicante: Servicio de Publicaciones Universidad de Alicante, 1997.

[29] Véase Rafael Herrera Guillén. Las indecisiones del primer liberalismo español. Juan Sempere y Guarinos, cit., III. Cap. VIII. B. Historia del Derecho-Ureña.

[30] Los seres humanos se unieron «para defenderse […] de sus enemigos, vivir seguros y disfrutar de sus bienes.» Juan Sempere y Guarinos. Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las chancillerías de Valladolid y Granada. Granada: Imprenta de los Herederos de D. Nicolás Moreno, 1796, p. 8.

[31] «No pudiendo los soberanos desempeñar por sí solos la pesada carga de la administración de la justicia, fue necesario nombrar otros jueces y magistrados…». Ibidem.

[32] Sempere encontraba paradigmáticos a este respecto los reinados de Juan II y Enrique IV. Se basa en Fernán Pérez de Guzmán, en cuyas Generaciones y semblanzas afirma de Juan II que «todo el tiempo que reinó se pudo más decir tutorías que regimiento ni administración real». Luis Suárez Fernández (et alt.). Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV: Juan II y Enrique IV de Castilla (1410-1474). El compromiso de Caspe, Fernando I, Alfonso V y Juan II de Aragón (1410-1479), en Ramón Menéndez Pidal (dir.). Historia de España. 6.ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 1996. Juan Sempere y Guarinos. Historia de los vínculos y mayorazgos. Madrid: Imprenta de Sancha, 1805, p 237.

[33] Ib., p. 238.

[34] La crítica actual pone en tela de juicio esta interpretación. El consejo Real fue mixto en la configuración que llevaron a cabo los Reyes Católicos, y los letrados no consiguieron arrinconar a la nobleza, tal como sugería Sempere. Vid. Salustiano de Dios. El Consejo Real de Castilla (1385-1522). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1982, p. 149, n.º 26: «Muchos autores han puesto de relieve que los Reyes Católicos dieron al Consejo una nueva organización en las Cortes de Toledo. Entre ellos… Sempere…» Salustiano de Dios, por el contrario, sostiene que «El más acertado [en este asunto] es Martínez Marina…, del que suscribo sus palabras: “El número y calidad de los consejeros nombrados en esta ley, como las ordenanzas del Consejo que van a continuación de ella, coinciden con las que en el año de 1459 había publicado Enrique cuarto, y por consiguiente no es cierto lo que dijeron algunos, que los Reyes Católicos habían organizado y dado al Consejo en estas cortes un nueva planta”».

[35] «[…] los letrados, sujetos, por lo general, del mediano estado […], acostumbrados […] al estudio y al trabajo mental […], adictos por principios y por reconocimiento al soberano, y pagados de sus rentas, eran los más aptos para el gobierno y administración de la justicia, y para sostener sus derechos, autoridad y regalías contra los insultos y ambiciosas ideas de los grandes.» Juan Sempere. Historia de los vínculos y mayorazgos. Cit, p. 238.

[36] Sempere expresa esta idea a través del período visigodo: «La causa principal de estos desordenes fue la debilidad de los primeros reyes [visigodos], por no tener las riquezas y fuerzas competentes para hacerse respetar y obedecer. […] Porque siendo electiva la corona, muerto el soberano, heredaban sus parientes los bienes patrimoniales, entre los cuales se confundían fácilmente los del fisco. Por lo cual, faltando a los reyes el nervio principal de su autoridad y poder, se rebelaban continuamente los señores, se amotinaban los pueblos, levantaban las ciudades y la península estaba llena de tiranos.» Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las chancillerías de Valladolid y Granada. Granada: Imprenta de los Herederos de D. Nicolás Moreno, 1796, p. 18.

[37] Conviene distinguir los conceptos de «feudo» y «señorío» en aras a la claridad conceptual de este trabajo. Véase Max Weber. Economía y sociedad. Madrid: FCE-España, 2ª ed., 1964, 2ª reim., 2002, en el capítulo «IX. Sociología de la dominación», en su parte «V. Feudalismo, Estado estamental y patrimonialismo», pp. 810 ss.

[38] Un pormenorizado ejemplo de estas tensiones negociadoras feudales, en José Luis Villacañas. Jaume I el Conquistador. Madrid: Espasa Calpe, 2003, «Segunda parte. La conquista de un reino en medio de las aguas (1228-1231)».

[39] «Al contrario [que su hermano D. Pedro], D. Enrique, fiel a sus palabras, constante en sus tratados y franco con todos los que le servían, supo granjearse buenos amigos, que es el mayor tesoro que puede apetecerse. Las grandes empresas y servicios exigen grandes estímulos y recompensas y careciendo el conde de Trastámara de dinero, alhajas y tierras con que pagar y premiar dignamente a sus aliados y vasallos, procuró contentarlos con promesas y donaciones de bienes que aún no poseía cuando se declaró rey en Calahorra el año de 1366.» Juan Sempere y Guarinos. Historia de los vínculos y mayorazgos. Madrid: Imprenta de Sancha, 1805, p. 217.

[40] Bartolomé Clavero. Mayorazgo: Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836. 2ª ed., rev. y aum. Madrid: Siglo XXI de España, 1989.

[41] M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid: Alianza Universidad, 1982.

[42] Vid. WEBER, M., Economía y sociedad. Cit. En el capítulo «IX. Sociología de la dominación», en su parte «V. Feudalismo, Estado estamental y patrimonialismo», pp. 810 ss.

[43] Madrid: Imprenta de Sancha, 1821, pp. 227-277.

[44] Cf. Adam Smith. Lecciones de jurisprudencia. Traducción del inglés y estudio preliminar de Alfonso Ruiz Miguel. Madrid: Boletín Oficial del Estado: Centro de Estudios Constitucionales, 1996.

[45] En un determinado momento del mismo, leemos lo siguiente: «… digo y declaro que por la divina misericordia soy católico nacido y criado en el gremio de la Santa Iglesia Apostólica Romana, en cuya fe he vivido siempre y deseo vivir y morir; y que si por mis desgracias en mis conversaciones o en mis escritos he proferido algunas proposiciones o algunas doctrinas contrarias a sus sagrados dogmas las retracto, las detesto y las sujeto humildemente a su corrección» Archivo Histórico Nacional de Protocolos de Madrid, Notario, Raimundo Gálvez Cavallero, 23.519, pp. 542-544.

[46] «Pero en lo que se cometen por los jueces eclesiásticos mayores excesos y más perjudiciales a la paz y tranquilidad del Estado, es en la ampliación ilimitada que intentan dar a su jurisdicción, extendiéndola, en perjuicio de la real.» Juan Sempere y Guarinos. Alegación por la jurisdicción real, en el recurso de fuerza sobre la inmunidad de Francisco de Anze y Torres, p. 1. Vid. Rafael Herrera Guillén. «Jurisdicción Real y asilo eclesiástico en Sempere y Guarinos: el “Caso Anze”». En Cuadernos de Historia del Derecho 13 (2006) 297-310.

[47] Ib.

[48] Entre los numerosos artículos manuscritos sobre diversos políticos españoles que finalmente no engrosaron ninguno de los volúmenes de la Biblioteca española económico-política, Sempere dedicó uno a Alberoni, en los siguientes términos: «El autor de esta obra no fue español, pero la fortuna y empleos que gozó en España, y el asunto de ella, la hacen pertenecer a nuestra nación y que sea colocada en nuestra Biblioteca económico-política. El Cardenal Alberoni fue uno de aquellos hombres a quienes la fortuna parece que se complace en manifestar sus caprichos. De acólito en una catedral de Italia, llegó a ser primer ministro de Felipe V, “Obispo de Málaga, Arzobispo de Sevilla”[48] y Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, para precipitarse desde aquellos elevados puestos a los mayores infortunios». Juan Sempere y Guarinos. Alberoni (Anónimo, Testamento político del Cardenal Alberoni) Testament politique du cardinal Jules Alberoni, recuelli de divers Memoires et Entretiens de Sonç. Traduit del`Ital. por le C. de R. B. M. A. Amsterdam por la compagnie 1758, 8º. Real Academia de la Historia, 9/5209, pp. 75-86.

[49] «… conociendo tú muy bien lo desbaratada que está esta máquina de la Monarquía y lo poco que hay que contar con los ministros que ahora hay, quisiera que me hicieras un plan de lo que se debiese hacer en el caso de que, Dios no quiera, mi padre viniera a faltar, y de los sujetos que te parecen mas aptos para ministros …». Carta de Carlos IV al conde de Aranda. Cit. por Emilio La Parra. Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona: Tusquets, 2002, p. 41.

[50] Sobre la relación de Sempere con Godoy, vid. Juan Rico Giménez. Godoy y Sempere y Guarinos, en el Congreso Internacional «Manuel Godoy, 1767-1851», Badajoz-Castuera-Oliveza.

[51] «Aquel desgraciado rey [Carlos IV] –escribe Sempere– se dejo persuadir que un joven sin mas principios ni práctica que la de montar a caballo, seria muy a propósito para gobernar esta vasta y complicada monarquía.» Juan Sempere y Guarinos. Historia del Derecho español. Madrid: Imprenta Nacional, 2 tomos, t. II, 1823, pp. 386-387.

[52] «[un] ministro inepto puede destruir en pocos años las leyes e instituciones mas útiles de muchos siglos.» Ib., pp. 387-388.

[53] Esta formulación del pensamiento de Sempere fue acuñada por R. Fernández Carvajal. «La historiografía constitucional de Sempere Guarinos», en Revista de Estudios Políticos, 82 (1955).

[54]Pedro Rodríguez Campomanes. Alegación fiscal sobre reversión a la corona de la villa de Aguilar de Campos. 1782. Lo cita Sempere en Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española, p. 66. Vid. Concepción de Castro. Campomanes: Estado y reformismo ilustrado. Madrid: Alianza, 1996, «Cap. 4. Las ideas del fiscal Campomanes. 1. Ideas políticas, religiosas y administrativas», p. 216, en donde encontramos este texto que encajaría muy bien para describir al Sempere de la Alegación: «Campomanes es, ante todo, un regalista, puede decirse que es un regalista radical. Lo es por convencimiento y, además, porque una de las primeras obligaciones de su cargo consiste en la defensa de los derechos del soberano, de las “regalías”».

[55] Cf. Gaspar Melchor de Jovellanos. Informe sobre la Ley Agraria. Madrid: Cátedra. Letras Hispanas, 1998, «VI. 2. Civil. Mayorazgos».

[56] Antonio Elorza. «La polémica sobre los oficios útiles en la España del siglo XVIII», en Revista de Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo, Servicio de Publicaciones 22 (1968).

[57] Juan Sempere y Guarinos. Memoria sobre la renta de población del reino de Granada. Granada: Imprenta de las herederas de D. Nicolás Moreno, 1799. Esta obra la incluyó posteriormente en Biblioteca española económico-política, T. II. El eldense seguía la estela dejada por el Informe sobre la Ley Agraria.

[58] Juan Sempere y Guarinos. Policía de España acerca de los pobres, vagos y malentretenidos. En Biblioteca española económico-política, T. I. Madrid: Imprenta de Sancha, 1801, p. 4.

[59] «La consideración de la actualidad política y legal de una constitución histórica o nacional, específicamente española, originada en la evolución de los tiempos medievales, fue una idea central que recorrió todo el conjunto del pensamiento político ilustrado español de la segunda mitad del siglo XVIII, llegando con pleno vigor como asunto de debate intelectual y político al momento decisivo de la discusión constitucional de 1812.» José Manuel Nieto Soria, Medievo constitucional. Historia y mito en los orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814). Madrid: Akal, 2007, p. 89.

[60] Cf. José Manuel Nieto Soria, op. cit., primera parte, esp. pp. 28 ss.

[61] Acerca de la división tripartita de la vida y la obra en Sempere, véase su justificación en Rafael Herrera. Las indecisiones…, cit., «2. División de este libro: las tres etapas», pp. 22 ss. La primera etapa es la del reformismo ilustrado (1781-1808); la segunda, la del liberalismo (1808-1823) y la tercera, la de la derrota personal, en la que el deseo de regresar a España se sobrepone a cualquier otro objetivo; esta etapa recibe el nombre de «Hogar: un largo epílogo (1823-1830)».

[62] José Manuel Nieto Soria, en op. cit., p. 39, donde recoge diferentes descripciones negativas de la Edad Media extraídas de diferentes autores ilustrados, tales como «tiranía feudal», «despotismo feudal», «anarquía feudal».

[63] En 1709, 1712, 1724, 1760 y 1789.

[64] Cf. Antonio Rivera. «Cambio dinástico en España. Ilustración, absolutismo y reforma administrativa», en Eduardo Bello y Antonio Rivera (eds.), La actitud ilustrada. Valencia: Biblioteca Valenciana. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2002.

[65] Reinhart Koselleck. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993, «Futuro pasado de la modernidad», pp. 21 ss. Javier Fernández Sebastián. «Política antigua/política moderna. Una perspectiva histórico-conceptual», Mélanges de la Casa de Velázquez 35/1 (2005) 165-181.

[66] José Luis Villacañas. «Ortodoxia católica y derecho histórico en el origen del pensamiento reaccionario español», en Res Publica. Revista de Filosofía Política 13-14 (2004) 41-54.

[67] Vid. Manifiesto de los Persas. Cf. el clásico de Miguel Artola. La España de Fernando VII, Madrid: Espasa, pp. 405-406.

[68] Francisco Martínez Marina. Teoría de las Cortes o juntas nacionales. En Obras Escogidas. 3 t. Madrid: Atlas, 1968, t. II, prólogo, § 68. José Manuel Nieto Soria, op. cit., pp. 116-118.

[69] Sobre las proclamas contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, vid. el trabajo de Miryam Carreño Rivero. La oratoria sagrada como medio de educación única en los inicios del Liberalismo español [edición facsímil], Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1990.

[70] Se divide en dos partes: la primera apareció en Madrid, septiembre de 1808; la segunda, en octubre del mismo año, en la Imprenta de Sancha. Más tarde, en 1810, ambas partes fueron publicadas unitariamente en Sevilla, en la Imprenta Real.

[71] «Con esta guerra, terrible, pero saludable, instrumento para nuestra eterna prosperidad, no nos inocularán más el impío filosofismo, y la corrupción de costumbres de sus venenosos libros, que tanto daño han hecho en la juventud, transformado a hombres y mujeres en arrendajos de un lenguaje, ideas, y fingida moralidad teatral: porque entre los franceses todo es farsa empezando por la virtud […] Con esta guerra volveremos a ser españoles rancios a pesar de la insensata currutaquería, esto es, volveremos a ser valientes, formales y graves. Tendremos patria, la amaremos y defenderemos, sin necesidad que nos proteja el Protector tirano de la esclava Confederación del Rin. Tendremos costumbres nuestras, aquellas que nos hicieron inconquistables a las armas y a la política extranjera. Cantaremos nuestras jácaras, bailaremos nuestras danzas, vestiremos nuestro antiguo traje.» Antonio Capmany. Centinela contra franceses, Imprenta Real, Sevilla, pp. 16 y 17-18 respectivamente.

[72] Juan Sempere y Guarinos. Historia del Derecho, t. II, pp. 388.

[73] Cf. Jean Sarrailh. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1979; Richard Herr. España y la revolución del siglo XVIII, Madrid: Aguilar, 1988, cap. X: «¡Cierra, España!». Otros críticos han puesto en entredicho esta idea del cierre de la monarquía española durante la revolución francesa. Vid. Enrique Álvarez Cora. «Papeles inquisitoriales de la Revolución francesa», en Res Publica 22 (2009) pp. 301-324, p. 302: «de algunos expedientes inquisitoriales, puede obtenerse la impresión de que el Santo Oficio no fue tan beligerante como pudiera suponerse en una labor de operativa denuncia y activa oposición política a la Revolución francesa».

[74] Vid. Álvaro Flórez Estrada. El Tribuno del Pueblo Español, n.º 27, 2 de febrero de 1813, pp. 3-4; n.º 30, 12 de febrero de 1813, pp. 58, 60 y 69; n.º 31, 16 de febrero de 1813, pp. 73, 74, 78 y 82; n.º 37, 6 de marzo de 1813, pp. 166 y 171 y Representación hecha a S.M.C. el Señor Don Fernando VII en defensa de las Cortes (1818), B.A.E. Atlas, Madrid, 1958, pp. 167-172 y 184. Cf. el trabajo de Ignacio Fernández Sarasola. «El pensamiento político-constitucional de Álvaro Flórez Estrada a través de la prensa», en Historia Constitucional (revista electrónica), n.º 5, 2004, 21-48, esp. pp. 33 ss.; vid. también José Luis Villacañas: «Flórez, sin duda, forma parte de esa corriente de pensamiento que quiere impulsar una ruptura respecto al derecho histórico.» En «Una propuesta federal para la constitución de Cádiz: El proyecto de Flórez Estrada», en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y América. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2004, pp. 77-93.

[75] «¿no seria un dislate querer que los españoles hubiesen de acomodar precisamente sus leyes actuales á las de las Partidas? Esto seria declarar, que sus ideas en el siglo XIX eran las mismas que las que habían tenido en el siglo XIII.» José Canga Argüelles. Reflexiones sociales, o idea para la Constitución española, que un patriota ofrece a los representantes de Cortes. Valencia: Impr. de José Estevan, 1811, p. 100.

[76] «Dexemos el religioso respeto con que hemos mirado hasta aquí estas leyes, expresión de la voluntad del Príncipe mas bien que resultado de nuestros votos; y tomando de ellas lo que conduzca para nuestro objeto, sigamos un rumbo nuevo, formándonos ideas rectas sobre la naturaleza de las sociedades, sin lo qual será imperfecta la obra que produzcan nuestros desvelos.» Ib., pp. 4-5.

[77] «Tratamos de formar nuestra constitución, ó sean las leyes fundamentales de nuestro gobierno, porque las que llevan este nombre, sancionadas en el conflicto de las guerras, y entre las ideas de la feudalidad, aunque merezcan la supremacía, comparadas con las que los demas pueblos de Europa establecieron en los mismos siglos con el éxito á su celebridad.», Ib., pp. 2-3

[78] «Es preciso derribarlo todo, y hecho, estudiar sus partes para sacar de ellas las que sean mas á propósito para la constitución que se va á trazar» Ib., p. 101.

[79] Canga reconoce: «No dexo de conocer la fuerza que la antigüedad tiene sobre los españoles; ni se me oculta que á las veces, para darnos á conocer una verdad política, es preciso apoyarla con la autoridad de nuestros mayores» Ib., 101.

[80] Una versión de este punto fue publicada en italiano: Rafael Herrera. «Sempere y Guarinos: un decisionismo senza storia», in "Filosofia politica, Rivista fondata da Nicola Matteucci" 3/2010, pp. 489-510, doi: 10.1416/32966.

[81] Cf. Reinhart Koselleck. Crítica y crisis del mundo burgués. Madrid: Rialp, 1965, p. 23. El filósofo alemán explica cómo las guerras civiles de religión y el Estado absoluto llevaron a Europa a la Revolución Francesa. Aunque España no es objeto de los argumentos de Koselleck, sin embargo, aquellos mecanismos se produjeron más tarde en la península. La moralización de la sociedad como origen de la liquidación del Estado no sucederá en España de manera interna, como aconteció en el caso francés en que se centra Koselleck, sino por la acción de un invasor externo.

[82] Reinhart Koselleck, ib., p. 176. En la p. 180 leemos: "la crítica se separa inicialmente del Estado para, seguidamente, sobre la base de esta separación, extenderse al mismo Estado, de modo aparentemente neutral, y someterle a su veredicto. La crítica […] sucumbe a la falsa apariencia de su neutralidad y se convierte en hipocresía." Vid. idem. pp. 265 ss.

[83] Sobre la noción de Sattelzeit española, vid. Rafael Herrera Guillén. «Independence», en Sangeeta Ray et alt. (Editor). The Encyclopedia of Postcolonial Studies. Wiley-Blackwell; 1 edition, 2016. También, Rafael Herrera Guillén. «Independencia», en Alberto Moreiras y José Luis Villacañas (Eds.) Conceptos fundamentales del pensamiento latinoamericano actual. Madrid: Biblioteca Nueva, 2017.

[84] La distinción entre afrancesado y juramentado en el caso de Sempere, lo estudia Juan Rico en op. cit., en el capítulo titulado «El colaboracionismo condicionado».

[85] J. Sempere y Guarinos, Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España, p. 59, en Cádiz, 1812, op. cit, p. 59. En adelante: Observaciones…

[86] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 59.

[87] Ib., p. 59.

[88] Sempere anticipa muy perspicazmente todas las dificultades que tendrán los liberales para legitimar la Constitución de 1812. Sobre este asunto, histórico-conceptualmente tan relevante para la historia española, cf. J. L. Villacañas, "Ortodoxia católica y derecho histórico en el origen del pensamiento reaccionario español", cit., pp. 41-54. En el punto 4. "Ortodoxia católica y derecho histórico", p. 52, escribe el autor: "el pensamiento reaccionario […] fue la penetración conceptual victoriosa de la sociedad estamental en la obra de la misma revolución por medio del derecho histórico y la ortodoxia católica. Allí se introdujeron las armas para el propio desmontaje de la obra de Cádiz."

[89] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 59.

[90] Algunas referencias contra Rousseau, y en particular contra la idea del buen salvaje, pueden encontrarse en Juan Sempere y Guarinos, Policía de España acerca de los pobres, vagos y malentretenidos. En Biblioteca española económico-política. Madrid: Imprenta de Sancha, 1801, t. I, p. 1-2.

[91] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 78.

[92] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 94.

[93] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 96.

[94] Cf. J. Rico Giménez, op. cit., p. 219.

[95] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 96.

[96] C. Schmitt, Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza, 2001, p. 100.

[97] «Otros de los derechos más constitucionales de nuestra monarquía fue la integridad e indivisibilidad de la corona. […] A pesar de aquel fuero y ley constitucional, tan antigua como la monarquía española, ésta fue partida y dividida varias veces.» J. Sempere y Guarinos. Observaciones…, p. 97

[98] «También fue ley fundamental de la monarquía española la inalienabilidad perpetua de las ciudades, villas y fortalezas. […] Después no solamente se perpetuaron y vincularon…» Ib., p. 98

[99] «La nobleza ha tenido también grandes alteraciones y vicisitudes en sus fueros y franquezas» Ib.

[100] «El gobierno municipal en la monarquía gótica fue puramente militar. Después se convirtió en poco menos que republicano. Tales eran los fueros concedidos a los grandes pueblos.» Ib.

[101] «No han sido menores las variaciones ocurridas en la magistratura civil.» Ib., p. 99.

[102] «Aun el estado eclesiástico […] no ha dejado tampoco de tener muy notables vicisitudes» Ib.

[103] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 99

[104] Ib., p. 101

[105] Puede verse una de las primeras críticas de Sempere a la política imperial española (que él denomina irónicamente «política sublime»), en J. Sempere y Guarinos, Prospecto de una obra intitulada «Colección de las leyes de España pertenecientes a la política económica con la historia de todos sus ramos, publicado en Res publica. Revista de filosofía política, introducción y edición de Rafael Herrera Guillén, 15 (2005) 221-230.

[106] J. Sempere y Guarinos, Observaciones…, p. 104.

[107] Observaciones, pp. 141-142.

[108] Carl Schmitt, Teología política I, «IV. La filosofía de Estado de la Contrarrevolución. De Maistre, Bonald, Donoso Cortés», p. 54, en Carl Schmitt. Teólogo de la política. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 2001.

[109] Carl Schmitt, Teología política, cit., p. 54.

[110] En consonancia con su visión pesimista de la historia, Sempere reconoce que el presente está siempre amenazado por el caos, el desorden y la corrupción. En tal sentido, al no reconocer un tiempo pasado ideal, tampoco consideró que la Revolución Francesa constituyera la ruptura de un orden superior anterior vinculado con el catolicismo, y que, además, dicha ruptura revolucionaria hubiera sido provocada por los excesos de ilustrados como Rousseau. Al mismo tiempo, el tiempo de la revolución tampoco podía interpretarse como un tiempo de regeneración histórica traumática. De hecho, tardíamente, en su Historia del Derecho español (1823) al hacer un balance de la influencia de Francia en la revolución española, Juan Sempere afirmó que la irrupción del desorden en ambos países no fue originada por los excesos ilustrados en sí mismos, sino por la ausencia de una élite fuerte que hubiera sabido tomarle el pulso a las necesidades del tiempo. Cuando el poder no encuentra el kairos para su decisión, entra en colapso. El tiempo de la ilustración terminó en revolución porque las expectativas que abrió no encontraron la fuerza política adecuada a su imposición paulatina. En el fondo, lo que exigía el tiempo era la revolución del rey, desde arriba, que obviamente no se produjo ni en Francia ni en España. En tal sentido, la revolución desde abajo se hizo inevitable y lo esencial en adelante fue hallar un poder que sintetizara en sí las fuerzas desatadas por las expectativas incumplidas por el presente. Por eso, paradójicamente, señala Sempere que fue la censura española a las luces francesas lo que originó su entrada desordenada en la península. Las reformas ilustradas habrían constituido el genuino katechon contra la revolución española, pero su aplazamiento dejó en manos de los exaltados su aplicación violenta. Sempere lo sintetiza así: "La revolución de Francia había sido efecto, no tanto de la filosofía a que se atribuye comúnmente, como de los errores y caprichos de su corte. La nuestra estaba llena de vicios muy semejantes a los que habían producido allí tan memorable crisis. Los aduladores, ignorantes y fanáticos, interesados en el desorden, temieron su propagación en esta península, y pensaron atajarla impidiendo los progresos de las luces." En Juan Sempere y Guarinos, Historia del Derecho español. Madrid: Imprenta Nacional, 2 tomos, t. II, 1823, p. 388.

[111] «Se cuentan en la Europa cristiana cuatro formas diferentes de gobierno, a cada una de las cuales responde una religión absolutamente parecida en sus principios constitutivos y en sus formas exteriores.» L-A. de Bonald, Teoría del poder político y religioso. Madrid: Tecnos, 1988, p. 127. Cf. ss.

[112] «Un carácter particular de esta monarquía es que posee un cierto elemento teocrático que le es particular, y que le ha dado mil cuatrocientos años de duración: no hay nada tan nacional como este elemento. Los obispos, sucesores de los druidas a este respecto, no han hecho más que perfeccionarlo» J. de Maistre, Consideraciones sobre Francia. Madrid: Tecnos, 1990, p. 80.

[113] C. Schmitt, Teología política, op. cit., p. 55.

[114] «La justicia se administra, en nombre del rey, por magistrados que examinan las leyes, y ven si no son contrarias a las leyes fundamentales. … Se ve a Luis XIV reconocer solemnemente este derecho de libre verificación y ordenar a sus magistrados desobedecerle, bajo pena de desobediencia si él les dirigiese mandatos contrarios a la ley. Esta orden no es un juego de palabras: el rey prohíbe obedecer al hombre; no tiene mayor enemigo.» J. de Maistre, op. cit., p. 83.

[115] «Se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de arriba; yo escojo la que viene de arriba, porque viene de regiones más limpias y serenas; se trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable: yo escojo la dictadura del sable, porque es más noble.» J. Donoso Cortés, «Discurso sobre la dictadura», en Discursos políticos. Madrid: Tecnos, 2002, p. 29.

[116]Juan Donoso Cortés, «Discurso sobre la situación general de la Europa», en op. cit., p. 67.

[117] Sobre las crítica de Sempere contra la Iglesia, vid. Rafael Herrera, «Corrupción eclesiástica y reformismo económico en Sempere y Guarinos», art. cit.

[118] Cf. C. Galli, Geneallogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno. Bolonia: Il Mulino, 1996, p. 339.

[119] C. Schmitt, Teoría de la Constitución, op. cit., p. 104.

[120] A. Rivera. El dios de los tiranos. Córdoba: Almuzara, 2007, p. 261.