Bienestar Solidario

© Del texto: el autor

© De la edición digital: Fundación Ignacio Larramendi

Fecha de la edición digital: 2019

Lugar: Madrid (España)

Conversión a formato electrónico realizada por DIGIBÍS.

Índice de contenido

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Texto de la solapa

Créditos

Bienestar Solidario. (Cementerio de buenas intenciones)

Índice

[Dedicatoria]

A modo de prólogo: reflexiones intemperantes sobre el trabajo

Introducción

1. Comunidad política e instituciones solidarias.

2. Bienestar solidario y estructura societaria

3. Amor caritativo universal.

4. Mi pesimismo.

5. Transparencia sobre todo.

Nota preliminar

1. Costes solidarios

2. Prestaciones solidarias

3. Estructuras

4. Proporción

5. Normalidad contable operativa

6. Interrelación de pueblos

7. Derechos adquiridos

8. Tecnología para el futuro

9. Austeridad, despilfarro y corrupción

10. Información complementaria

Parte primera. Educación: Reflexiones, sugerencias e informaciones

Nota introductoria

1. Educación general

2. Evolución

3. ¿Qué es educación?

4. ¿Qué es cultura?

5. Orientaciones personales

6. Consenso

7. Estructura y gestión

8. Economía

9. Información complementaria y bibliografía

Capítulo I. Enseñanza primaria

1. Significación y origen religioso

2. Tendencias

3. Contenido

4. Modo de impartirla

5. Emplazamiento de centros

6. Maestros y «normales»

7. Inspección

8. Economía

Capítulo II. Enseñanza media

1. Objetivos y evolución

2. Situación actual

3. Nueva enseñanza media

4. Coordinación y alternativas

5. Catedráticos de instituto

6. Enseñanza profesional y aprendizaje

7. Informática y tecnología

8. Gestión y administración

9. Economía

Capítulo III. Enseñanza universitaria y superior

1. Aspectos generales

2. Evolución

3. Estructura de las universidades

4. Preocupaciones universitarias

5. Universidad e investigación

6. Orientaciones de reforma

7. Enseñanza superior no universitaria

8. Gestión y economía

Capítulo IV. Consideraciones finales

Parte segunda. Servicios sociales solidarios: reflexiones, sugerencias e información

Nota introductoria

Capítulo I. Salud

1. Salud, larga vida y dolor

2. Costes mayores de asistencia sanitaria

3. Críticas actuales

4. Protección pública sanitaria

5. Atención primaria

6. Hospitales

7. Sistema hospitalario

8. Gerencia hospitalaria

9. Monopolio y competencia

10. Educación

11. Estructura institucional

12. Economía

13. Información complementaria

14. Consideraciones finales

Capítulo II. Pensiones y vejez

1. Vejez

2. Subsistencia digna

3. Ahorro

4. Protección de la vejez

5. Cómo afrontar la vejez

6. Seguro de vida

7. Sistema español de pensiones

8. Pensiones en el futuro

9. Hipótesis de reforma

10. Gestión y economía

11. Información complementaria

12. Consideraciones finales

Capítulo III. Empleo y desempleo

1. Trabajo y ocio

2. Empleo

3. Sociedad y trabajo en el siglo XXI

4. Evolución previsible

5. Desempleo

6. Despido

7. Formación

8. Combatir el desempleo

9. Estímulos de empleo

10. Gestión, estructura y economía

11. Información complementaria

12. Consideraciones finales

Epílogo

Índice de cuadros informativos

Índice de modelos teóricos

Dedico este libro a mi familia: mi mujer, mis hijos y mis nietos, a quienes he sacrificado en mi tiempo y mi atención; espero al menos que haya servido para ofrecer algunas ideas que de algún modo y en algún momento acaben abriéndose camino.

Este libro procede de muchas contribuciones de amigos y personas directamente relacionadas conmigo, sometidos a implacables interrogatorios, de que he deducido opiniones e informaciones, que he incorporado o sobre las que he reflexionado. No será posible mencionarlos a todos; sólo quiero citar a Benedicto Poza, que me ha ayudado en el capítulo de «Empleo»; a Rafael Gambra, que me ha ayudado, no siempre coincidiendo conmigo, en el de «Educación»; a mis hijos Carmen y Carlos, que me han ayudado en el de «Salud»; y a José María Cobos y José Luis Rodríguez Zaera, que me han ayudado en el de «Pensiones».

En lo operativo sí necesito citar muy especialmente a mi secretaria, Dori Sanz, que ha hecho posible «traducir» y «revisar, revisar y revisar» mis manuscritos, en lo que ha recibido ayuda de Ana I. Martínez; y también muy especialmente a Gonzalo Fernández de Castro, que ha hecho numerosas investigaciones y búsquedas de datos para los cuadros que se incluyen.

A modo de prólogo: reflexiones intemperantes sobre el trabajo

Quiero comenzar este prólogo agradeciendo a Ignacio Hernando de Larramendi el que me haya invitado a escribirlo. Por dos motivos. Primero, porque es una expresión de amistad que aprecio. Y segundo, porque es una invitación a formar parte del grupo de reflexión intemperante que Ignacio Hernando de Larramendi lidera por méritos propios, desde la independencia y desde la experiencia.

Yo que soy sólo un intelectual o un académico, pero que no tengo ni he tenido nunca complejo alguno ante los hombres de acción que este mundo admira, sí he admirado siempre, desde mi particular mundo, el modo de entender la acción propio de Ignacio Hernando de Larramendi a juzgar por cómo la practica. Para Ignacio Hernando de Larramendi, no hay acción digna de ese nombre si no es una acción reflexiva. Lo que quiere decir dos cosas. Una, que toda acción debe nacer de la reflexión. Y dos, que toda acción debe provocar, al llevarse a cabo, reflexiones nuevas y más fecundas por ello.

A mi juicio, Ignacio Hernando de Larramendi, a lo largo de su vida, ha interiorizado de tal manera este particular modo suyo de entender y practicar la acción reflexiva, que, una vez terminada la etapa que la actual cultura del trabajo reserva a la acción, ha salido en tromba, no ya a reflexionar, que eso siempre lo había hecho, sino a escribir de todo lo divino y humano que lleva metido en su cabeza y en su corazón como patrimonio personal creado en años de acción reflexiva, y a decir, de aquello que le importa, todo (o casi todo) lo que piensa, con escasa autocensura y con un algo o un mucho de impertinencia.

Esto de la impertinencia de la reflexión y para la reflexión tiene su importancia en Ignacio Hernando de Larramendi, como debería tenerlo para cualquiera. Porque si es verdad que la acción no es acción, como dije antes, si no es acción reflexiva, también es verdad que la reflexión no es reflexión si no es impertinente, de algún modo, una pizca. Ignacio Hernando de Larramendi lo es en este nuevo libro suyo. Yo pienso que siempre lo ha sido. En realidad, y esto es aún más importante, ha podido serlo siempre, ha podido siempre darse ese lujo, porque este mundo nuestro que adora la acción, como los primitivos israelitas adoraron en el desierto el becerro de oro, sólo permite la impertinencia a los que viven de la acción, es decir, del éxito en la acción, que la acción no exitosa no es adorada en este mundo nuestro.

A mí, personalmente, la impertinencia me gusta cuando es sincera (lo que no suele ser corriente), es decir, cuando no es fruto del narcisismo (lo que sí es corriente y mucho). Me gustó siempre, por ejemplo, la impertinencia de; Unamuno. De aquel joven Unamuno, discípulo de los jesuitas en el preparatorio de Letras que éstos crearon en Bilbao cuando la botadura de su buque insignia, la Universidad Comercial de Deusto. Cuentan las viejas crónicas que, en este contexto, Unamuno fue un día invitado en clase por su profesor jesuita a salir al estrado para defender una tesis concreta que éste le fijó con un enunciado concreto en ese preciso momento. Unamuno aceptó, como había que hacer, obedientemente, subió al estrado del profesor, y defendió la tesis que le fue asignada convincente y brillantemente. Por lo que, de vuelta ya a su sitio, y sentado, recibió un alud de alabanzas de su profesor, como también había que hacer, según imponían los ritos, coherentemente con el juego escénico. Sólo que, entonces, Unamuno interrumpió a su profesor para decirle con fresca y positiva impertinencia: «Y ahora, si usted me lo permite, quisiera defender también la tesis contraria».

Le he contado esta anécdota a Ignacio Hernando de Larramendi (vasco como Unamuno aunque no jesuítico), cuando me llamó para pedirme este prólogo, porque, para animarme, me decía que podía escribir lo que quisiera con absoluta libertad, que todo cabía en su libro, me decía para convencerme. Tanto que me añadió que él mismo diría otras cosas distintas a las que ahora decía, si volviera a escribir el mismo libro. ¿Otras cosas, o más cosas de lo mismo? Porque yo creo que la impertinencia del joven Unamuno estudiante de Deusto estaba asentada sobre la intuición de que lo mismo era siempre más de lo que le dejaban decir en cada momento.

Yo creo que, con este libro, Ignacio Hernando de Larramendi anda metido en un proceso de este tipo. Dice lo que quiere, pero no dice todo lo que quiere. Y, por lo que le conozco, tengo la impresión de que aún no dice todo lo que piensa, y de que ya debe de andar dando vueltas en su cabeza a otro libro en el que dirá todo lo que piensa, sin quedarse con nada dentro. Un ejercicio éste que considero de lo más sano para el sujeto pensante (que se libera internamente) y de lo más positivo para la sociedad pensada, sobre todo si la sociedad pensada, como aquí es el caso, es la nuestra, con la historia inmediata que tiene (y que todos callamos, por si acaso, púdicamente) y con la demografía intelectual que la habita (sin otra crítica aceptable que la de los bienpensantes que la refuerzan).

Recuerdo ahora que, un día, otro de los amigos que yo más he apreciado por su pasión de libertad, éste no vasco sino catalán, Trías Fargas, desplegó ante mis ojos, en una pausada conversación, con tono entre interrogativo y afirmativo, los posibles escenarios de futuro de nuestra sociedad para el caso, no probable pero sí posible, de que la gente que cuenta se decidiera un día simplemente a decir en voz alta lo que pensaba por dentro. Y concluyó con un juicio, no sé si verdadero o falso, porque se trataba siempre de algo incontrastable, de lo que no tendremos nunca experiencia, que, ese día, si se daba eso, nuestra sociedad o cambiaría o explotaría.

Entre tanto llega o no llega eso, sí pienso ahora y sí pensé antes, con Trías Fargas entonces, y ahora, para este prólogo, con Ignacio Hernando de Larramendi, en aquello de ¿Siempre se ha de pensar lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se piensa? Porque esto último es lo que este país que somos nosotros necesita, y lo que, en el reparto escénico que hemos hecho de las palabras, siempre obviamos, entre todos, cómplice y alegremente, con el resultado práctico de que lo que domine sea la crítica de tribu o el silencio.

Por mi parte, tengo que reconocer que ha sido este algo de fresca y libre impertinencia para hablar que tiene Ignacio Hernando de Larramendi, lo que me ha decidido, junto a la amistad, a decirle que aceptaba escribir un prólogo para su libro, atraído además por el papel que me ofrecía de un Unamuno incitado por él a defender una tesis y su contraria, como quisiera, con la única condición de que una y otra ayudasen a provocar la reflexión y a pensar, que es lo que me parece que Ignacio Hernando de Larramendi busca en esta etapa suya de reflexión desbordante, sorprendentemente concatenada, sin solución de continuidad, con la otra etapa suya de acción desbordante que ocupó su vida oficial de activo en ejercicio, y de la que este libro es sólo su revés diacrónico. Por eso le he dicho que sí a su propuesta de prólogo, y, utilizando la libertad que me daba, le he propuesto hablar del trabajo, al que él dedica en su libro un amplio y largo capítulo.

***

En realidad, lo que Ignacio Hernando de Larramendi hace en su capítulo dedicado al trabajo, es repasar todos los problemas que el trabajo y el ocio plantean y van a plantear en el siglo XXI a una sociedad que, con la revolución industrial, se había creído capaz de crear un paraíso para el hombre por el trabajo y con el trabajo, es decir, gracias a la creatividad humana del trabajo. Ricardianos sin saberlo, los hombres de la sociedad contemporánea creímos entonces, y creemos ahora, que podíamos tener todo lo que quisiéramos sólo «a condición de poner el trabajo necesario para ello». Una creencia nuestra que no dejaba ni deja de ser paradójica, por firmemente anclada que esté en nosotros, y por fuertemente interiorizada que la tengamos. La esencia de esa paradoja radica, a mi juicio, en el hecho de que al principio eso sólo era verdad si aceptábamos que el que pusiese el trabajo (el proletario) no tuviese nada él mismo (sólo lo tendría el burgués) o sólo lo necesario para poder seguir trabajando, es decir, para la supervivencia, que en realidad no era otra cosa que una apenas disimulada sobremoriencia. Y radica también ahora en el hecho de que, cuando el ghetto de la condición obrera parecía hacerse condición humana en la ciudad, y los efectos positivos de la civilización del trabajo creativo llegaban también al que ponía éste, no sólo al que se lo encargaba, ocurre ahora que no hay trabajo. O que no hay trabajo para todos, y que no lo habrá en un futuro inmediato y pensable. O que lo habrá, pero de otro modo. De otro modo, lo que es no una paradoja, sino una tragedia para la que no estamos preparados.

Ignacio Hernando de Larramendi piensa el trabajo, a mi juicio, en este libro, desde esta nueva perspectiva paradójica y algo trágica, no por el trabajo en sí, sino por la condición subjetiva de los «dramatis personae» que se ocupan del trabajo, lo tienen, lo pierden, lo buscan. Sus disquisiciones sobre el clima de violencia social que se generará en torno al no-trabajo; o sobre las escasas perspectivas de que eso que Ignacio Hernando de Larramendi llama «el ocio coactivo» se convierta en un trabajo y en un ocio libres y humanos; o sobre la disolución de unos valores sociales que son los que permitirían replantear el tema sobre bases posibilistas frente a la tensión bipolar «ocio coactivo» (paro) y «ocio escapista» (consumo); o sobre la tensión social entre la retórica práctica política que promete lo que no puede y la real práctica empresarial que «aspira a reducir mano de obra» para «tener éxito».... no son más que variaciones musicales sobre el mismo tema -a veces trágicas, a veces burlonas o sólo burlescas, a veces pragmáticas, a veces serias, a veces sólo morales- o nada menos que morales de un autor que cree en el mundo y en la posibilidad de cambiarlo (la fuerza de la fe) y que se atreve a decir que sólo es posible cambiarlo desde valores morales (aún más fuerza de la fe). Lo que sucede es que esas variaciones musicales sobre el mismo tema son, también, de un autor que las hace desde su propia experiencia (lo que es normal), desde una experiencia de éxito en las empresas que han dependido de él (lo que es menos normal), y desde una experiencia de creación de empleo para otros (lo que es, todavía, menos normal en estos tiempos). Según nos cuenta él, ésta pasó de los cien trabajadores que tenía al principio a los más de catorce mil que tiene cuando él deja la presidencia de MAPFRE. Y encima, nos añade como en un juego, como en un scherzo musical, sin haber hecho nunca una reducción de plantilla.

***

Pero si quiere Ud., amigo lector, seguir reflexionando sobre el trabajo de Ignacio Hernando de Larramendi, deje este prólogo (o termínelo, gracias), y lea su libro, y el capítulo dedicado al trabajo. Yo, por mi parte, me concentraré ahora (tal como he anunciado al principio, y tal como había prometido a Ignacio Hernando de Larramendi) en unos análisis francos, quizás impertinentes, si puedo, en unas reflexiones mías personales, en todo caso, sobre el trabajo y sobre los cambios en los valores (o disvalores) que hoy atribuimos (viviendo o padeciendo) al trabajo.

Lo que se podría resumir diciendo (y con ello comienzo mis propias reflexiones) que hoy el trabajo ya no es lo que era. O, dicho de otro modo y más paradójicamente, que hoy el trabajo es seguramente otra cosa distinta del trabajo. Quiero decir que hoy hemos pasado del trabajo como vocación que era antes, con Weber, al trabajo como elemento de estructura que es ahora y lo seguirá siendo mientras vivamos en la era de los yuppies. En esto creo que Ignacio Hernando de Larramendi y yo pensamos lo mismo. El no lo dice así en su libro, de esta manera abstracta que es ahora la mía. Pero probablemente sólo desde una afirmación similar a la mía se comprende el conjunto de cosas complejas, a veces contradictorias, más de una vez pesimistas, siempre provocadoras, que dice sobre el trabajo Ignacio Hernando de Larramendi en su libro.

En todo caso, lo que quiero decir en este prólogo, y así lo he formulado más de una vez en otros escritos míos con intención diferente, es que la civilización del trabajo que hoy vivimos ha pasado de pensar y vivir el trabajo como vocación (como Beruf weberiana, como realización y expresión de sí mismo, como autolegitimación incluso, es decir, como expresión de la propia dignidad y autoestima) a concebir -y utilizar- el trabajo como elemento (instrumental, por tanto) de estructura (social y económica) al servicio de ésta, es decir, como elemento de estructura que subordina aquél a ésta, que lo instrumentaliza desnaturalizándolo, que lo vacía de subjetividad cosificándolo en la estructura que lo acoge y utiliza.

También se podría formular lo mismo diciendo que, en nuestra civilización del trabajo moderno, hemos pasado del trabajo como ethos (como realidad personal, como valor, como tensión humanizadora entre la persona y las cosas, como sitio simbólico de otra cosa) al trabajo, o a los trabajos, como mores (es decir, como costumbre coactiva, como algo que simplemente se hace, como lo externo a nosotros que se nos impone, a pesar nuestro, porque no hay más remedio, porque nos es necesario para aquello otro que buscamos).

En todo caso, y se formule como se formule, lo que sí es verdad es que el trabajo ha cambiado de naturaleza. Y que la esencia de ese decisivo cambio es la del paso de la internalización del trabajo weberiano salido de la ética protestante (y al margen ahora de si Weber analizó todo trabajo o sólo el trabajo creativo de la burguesía) a la externalización amoral del trabajo en la actual sociedad de masas (y al margen también de cómo se entienda ésta: a la manera más obvia y elemental de la ley de los grandes números de Escarpit, que cambia la calidad por cantidad, que hace que las cosas sean otras por el cambio de cantidad en nuestra sociedad de masas; o a la manera de la sociedad unidimensional de Marcuse o de «la masa solitaria» «outer directed» de Riesman, la del se impersonal -se dice, se hace, se lleva....- en la que ha venido a concluir la falsa idea de la aldea global de McLuham en nuestra real sociedad de masas).

Porque lo que sí es verdad es que el hecho real de la masa, de lo que hemos dado en llamar la sociedad de masas, es el que ha producido este cambio real en el valor del trabajo de que hablo. Es la calidad confundida, disuelta en la cantidad (Escarpit diría que una playa masiva, que una universidad masiva ya no son la playa o la universidad que fueron), y el resultado de esa confusión y disolución, la masa impersonal por despersonalizada, es lo que ha traído quizá ineludiblemente, casi automáticamente, ese cambio decisivo que reduce el trabajo a cosa útil para otro o, mejor, para otra cosa, vaciándolo de su primera vocación antropológica y humanizante.

Digo que éste es el cambio que se ha dado. No digo que este cambio sea un cambio necesario. Hubiera podido ser de otra manera. En su libro «El fin de la modernidad», Guardini, un vigía atento de nuestra civilización y de sus cambios, definió la sociedad contemporánea como una sociedad de masas, en la que el hombre podría encontrarse al fin con la oportunidad, con la gracia (diría Guardini) de ser persona, y, por ello, hombre (frente al humanismo burgués de la sociedad moderna, que sólo fue capaz de encontrar y construir su propia identidad, no en la persona, sino en la personalidad, en el genio, en aquello que hace al individuo ser alguien por no ser como los otros, por ser distinto de ellos). Pero tampoco es verdad que nuestra sociedad sea, o vaya a ser, necesariamente esto que predice o desea Guardini. Podría serlo. En esto estoy yo con Guardini. Pero no lo es, ni lo será necesariamente. Desde luego, no podríamos afirmar que lo es apoyándonos en la experiencia real de nuestro mundo.

Porque, entre tanto se cumplen las esperanzas que escribió Guardini al final de los años cuarenta, casi al mismo tiempo del libro «The Lonely Crowd» que escribiera Riesman unos años antes, la verdad es que lo que hoy ocurre, y lo que hoy vemos, se parece más a la «externalidad» descrita por Riesman, que al desvelamiento de la persona en la masa que profetizara Guardini. Hoy por hoy, nuestra sociedad de masas, la sociedad de consumo, la sociedad unidimensional en la acertada expresión de Marcuse, lo que hace es instrumentar todo, también el trabajo, cosificar todo en favor de sí misma, también el trabajo. De modo que lo que realmente sucede en esta sociedad del consumo de masas, es que, en vez de consumir nosotros las cosas para la vida y el trabajo, somos nosotros lo que somos consumidos por las cosas, perdiendo nosotros la subjetividad y extrañándose el trabajo de ella. Con ello, el trabajo deja de ser la expresión de la actividad humana que fue, para ser sólo elemento de estructura, instrumento del consumo organizado desde fuera que, por ello, externaliza a la persona vaciándola de sí misma.

No es esto una especulación mía para este prólogo. Ni es tampoco sólo un convencimiento personal. Los estudios empíricos de que disponemos sobre el trabajo concluyen todos en esto. Esto que yo ahora digo, lo aprendí, en parte, del estudio de otro buen amigo mío, Vicente Sastre, a quien la Conferencia Episcopal Española, preocupada por la cultura cristiana del domingo y la fiesta, encomendó un estudio sobre el ocio, y quien, para estudiar el ocio, decidió estudiar también su revés, el trabajo.

Pues bien, de ese estudio (publicado por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, en 1984, con el título de «La cultura del ocio: implicaciones sociales y eclesiales del fin de semana») se deduce claramente que el foco de visión del trabajo ya no es la humanización. Para los encuestados del estudio citado, el trabajo ya no se presenta como humanizador. La eventual y adjetiva humanización con que éste pudiera aún presentarse en la experiencia, no se esconde ya en su núcleo, sino en las constelaciones que giran en torno a ese núcleo, y que son, todas, constelaciones utilitarias de las consecuencias del trabajo. Fuera de éstas, el trabajo no es trabajo. Peor, es nada. O si es algo lo es sólo no por lo que es sino por lo que nos trae, dinero, poder, status... fuera del trabajo.

Sin duda alguna, esta conclusión que destaco ahora con tanto relieve es una cosa que todos sabíamos. El análisis de Ignacio Hernando de Larramendi que prologo lo destaca más de una vez en su libro. Y no hace falta ser un hombre como él, de vasta, larga y amplia experiencia empresarial, para saber con certeza que la gente cuando no tiene trabajo («ocio coactivo» llama Ignacio Hernando de Larramendi a eso) y busca trabajo, en realidad lo que busca no es «trabajo», sino un «puesto de trabajo» (lo que no es lo mismo, o sí es lo mismo si se vacía previamente el trabajo de sentido). Es decir, lo que en experiencias de este tipo se hace visible es que no interesa el trabajo sino las externalidades utilitarias del trabajo, que antes reduje significativamente a dinero, poder, status..., fuera del trabajo.

Pero lo que sucede es que esta común intuición salida de la experiencia cotidiana, se hace afirmación matizada y analíticamente enriquecida -además de moralmente preocupante, a mi juicio- en el estudio de Vicente Sastre. La aplicación de una serie de variables subjetivas discriminantes al trabajo, para deducir el carácter predominantemente positivo o predominantemente negativo de éste en una serie de circunstancias dadas, da unos resultados que, a mi juicio, deberían preocuparnos moral y humanamente.

Según el estudio que cito, el trabajo es tanto más vivido y pensado como positivo por la persona, cuanto más se mueve ésta por una de estas cuatro situaciones subjetivas: la de la condición femenina (frente a la masculina), la de la edad (de las personas mayores frente a los jóvenes), la de las creencias religiosas (del creyente frente al increyente o agnóstico), y la de la educación recibida (de los que no tienen formación universitaria frente a los que sí la tienen). Y coherentemente con este envés del estudio, su revés se revela con idénticos resultados. El trabajo es predominantemente vivido y pensado como negativo por el hombre (frente a la mujer), el joven (frente al de edad avanzada), el agnóstico (frente al religioso), y el universitario (frente al que nunca accedió a la Universidad). Lo que, de tomarse en serio, debería desanimarnos a exhibir con excesiva facilidad orgullosa, como si fueran un éxito, algunos de los procesos de cambio de nuestro mundo, sin sentirnos obligados a pensárnoslo todo dos veces.

Antes dije que esos resultados me parecían gravemente preocupantes. Y ahora añado que, a mi juicio, suponen un proceso grave de deterioro de los valores sobre los que había que construir socialmente la realidad del hombre. Algunas de las muchas realistas observaciones de Ignacio Hernando de Larramendi a lo largo de su libro (provocativas, como he dicho, o sólo impertinentes, o simplemente burlonas para no llorar) sobre el trabajo, analíticamente descansan (aunque en él sean intuiciones, mejor aún, el decantarse de una larga experiencia) en este negativo cuadro que yo resumo del estudio de Vicente Sastre. Y algunas de las propuestas de su libro, dirigidas (no sé si provocativa e impertinentemente, o sólo convencidamente) a la capacidad moral de sacrificio de la gente y a su creatividad imaginativa para hallar nuevas formas de trabajo, o nuevas formas simultáneas de trabajo y ocio humanos, seguramente no se podrán poner en práctica mientras domine el cuadro de valores (disvalores) que se desprende del estudio de Vicente Sastre en nuestra cultura del trabajo. Dicho más claramente, lo que Ignacio Hernando de Larramendi propone para mejorar nuestro modo de vivir el empleo/ocio por parte de la persona ociosa o empleada, va directamente contra corriente. Es decir contra la corriente que discurre por entre los datos del estudio de Vicente Sastre, si es que éstos son ciertos, y si es que yo los interpreto correctamente.

Lógicamente, yo tengo que pensar que los interpreto bien. Y en cuanto a su certeza, me viene ahora a la cabeza el recuerdo de otro importante estudio sobre este mismo tema, curiosamente publicado en castellano por una de las iniciativas empresariales de Ignacio Hernando de Larramendi («Qué pensamos los europeos», MAPFRE, Madrid, 1983), que confirma este mismo cuadro pesimista, si es que no lo hace aún más negro. Desde luego el optimismo de la Ilustración, que en nuestra civilización tomó el relevo de las creencias, choca frontalmente con el pesimismo que se deriva de los resultados de este otro estudio cuestionador, entre otras cosas, de las bases ilustradas de nuestra cultura del trabajo, las del optimismo y la de su conciencia de estar instalada en un Progreso (escrito con mayúscula) automático. Para el 33% de los europeos encuestados (de nueve países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia e Irlanda) el desarrollo científico es algo que es ambiguo (bueno para unas cosas, malo para otras), y para el 35%, algo que es decididamente negativo y malo (nefasto para el 20%, y malo para el 15%).

Pero volviendo a nuestro tema del trabajo, los resultados de esa encuesta europea (hecha por el European Value System Group dirigido por Stötzel, y repetida en los años noventa, con un estudio adicional encargado aquí para Cataluña sobre el mismo diseño, y en ambos casos, el de la repetición y el de la adición, con similares resultados) nos dan un cuadro igual de valores (de disvalores) que el que da el estudio citado de Vicente Sastre.

En primer lugar, y desde la perspectiva de un enfoque genérico sobre el trabajo, los resultados de este otro estudio muestran muy claramente que lo importante del trabajo ya no es su carácter humano o humanizador. «El salario es lo que siempre se considera (en todas las respuestas) como lo más importante del trabajo».

Y en segundo lugar, y si lo que queremos es desdoblar esa genérica afirmación del trabajo/salario (que vacía a éste de todo valor en sí) y descendemos para ello a las actitudes en las que podría revelarse el trabajo como fenómeno humano (satisfacción, orgullo, realización de sí mismo, libertad...) o como fenómeno inhumano, subhumano, diría Marx (frustración, des-subjetivación, manipulación, explotación ...), los resultados no pueden ser más preocupantes. Sometidas las actitudes de la gente frente al trabajo a las dos variables discriminantes más clásicas en los análisis al uso del trabajo (lo religioso y lo no-religioso, por un lado, y la derecha y la izquierda, por otro), lo que nos da ese método como resultado es que la «satisfacción personal», «el sentimiento de libertad» (incluida «la vuelta al trabajo los lunes»), «el orgullo del oficio»... se dan tanto más cuanto más se afirma el encuestado como hombre religioso y de derechas, mientras que lo que predomina en el encuestado que se autodefine como no-religioso y de izquierdas es «el sentimiento de ser explotado» y «el disgusto en el trabajo».

En una ocasión hace un par de años, en un Seminario celebrado en una ciudad española sobre trabajo y deficiencia mental al que fui invitado, yo aduje los datos de esos estudios para defender una tesis que lógicamente tenía que ver con el tema que se me había asignado en el Seminario. Pero para mi gran sorpresa, vi que, en el coloquio, no se discutía mi tesis, sino mi afirmación de esos resultados (que expuse entonces allí y que he expuesto aquí ahora) porque relacionaban el lado positivo del trabajo con lo religioso y la derecha, y el lado negativo del trabajo con la izquierda y la increencia. Más aún, descubrí con sorpresa que esta afirmación mía, que estaba copiada de otros, es decir, que se apoyaba en estudios que no eran míos sino de otros, molestaba a más de uno de los presentes, como individuo o como tribu, que así es como tenemos organizado este mundo nuestro político y académico.

A mí, la verdad, lo confieso ahora, me gustó que aquello molestara, y que se discutiera porque molestaba, y no por no estar de acuerdo con uno u otro aspecto del método. Desde el punto de vista de la certeza de los datos aportados, yo me había limitado allí (como he hecho ahora aquí) a transcribir los resultados de estudios de otros, que, personalmente, me merecen respeto, y que gozan de prestigio en la comunidad científica y académica. Lo que equivale a decir que los resultados que yo aduje allí (y ahora aduzco aquí) sólo eran discutibles con otros datos contrarios o diferentes. Pero no se aportaron allí otros datos en aquella discusión. Simplemente se expresó un disgusto por algo, por unas consecuencias lógicas de aquellos resultados, que, miradas de cerca, se merecían más suscitar la vergüenza que el orgullo. Y fue entonces, cuando entendí más claramente, por esa reacción espontánea y emocional ante aquellos fríos datos objetivos, que la situación moral del trabajo en nuestro mundo es mala. Y que eso es lo preocupante, disgustos y discusiones aparte por el momento.

Desde luego, yo, por mi parte, pienso que desgraciadamente el trabajo no goza entre nosotros de buena salud en términos morales. Y pienso que sin salud moral esta sociedad nuestra del trabajo no tiene delante de sí un futuro radiante. En realidad, tengo que confesar que soy aún más pesimista. Yo soy de los que piensan que con los parámetros morales que nos quedan para humanizar o deshumanizar el trabajo; con los parámetros económicos que voluntariamente padecemos para tener o no tener trabajo; y con los parámetros sociales que hemos construido para ser capaces o incapaces de vivir en la sociedad sin trabajo, o con otro modo de «hacer el trabajo», existe alguna probabilidad de que se realice la afirmación que hoy profetiza que se instalará en nuestra sociedad a gran escala la violencia. Claro que no se instalará la guerra, como en otras épocas no muy lejanas. En eso sí que hemos ganado, vaya eso por delante. Pero se instalarán formas insoportables de violencia.

En todo caso, yo pienso que el que mejor ha configurado, ya en los años cuarenta, el escenario más probable de futuro, es Riesman con su ya citada obra «The Lonely Crowd», y me parece que en ella nos ha dibujado un escenario escasamente atractivo. Nuestra sociedad, dice Riesman, está estructurada en base a dos principios, un principio de conformación y un principio de creatividad. El principio de conformación de nuestra sociedad es, para Riesman, no el de la tradición, dominante en la sociedad del clan; tampoco el de la interiorización de los valores de la sociedad «inner directed» descrita por Weber; sino el de la «externalidad» de la sociedad «outer directed» conformada por un se impersonal, que se transmite por los pares, los iguales, y que se extiende sin fronteras, clónicamente, de Vancouver a Almendralejo. Se dice, se lleva, se hace... son los principios que nos rigen, es «el principio de conformación» riesmaniano de la sociedad nuestra. Y junto a este principio de conformación, está también el principio de creatividad, que en nuestra sociedad, y siempre según Riesman, no se expresa en la riqueza espiritual, moral, dominada por el sentido, sino en la riqueza material dominada por lo que Merleau-Ponty llamó el lenguaje del cómo de los ingenieros. En esta sociedad nuestra, despersonalizada por externalizada y rica por eficaz, al mismo tiempo, la figura dominante es el yuppy, ese nuevo tipo joven, urbano y profesional, que hemos construido entre todos (como los israelitas construyeron el becerro de oro, en ausencia de Moisés, en el desierto) para ponernos en sus manos, siempre que nos asegure el éxito de la riqueza. Y parece que nos ponemos. En economía y en política, lo que hoy domina es una dimisión moral y personal generalizada, siempre que se nos asegure que esto funcionará con éxito. Es el reino de la externalidad vacía. Un modo refinado de reeditar el «panem et circenses». Por el momento, los analistas «sensatos » en nuestra sociedad están satisfechos. Los impertinentes, menos. Porque es posible plantearse impertinentemente una pregunta. ¿Qué pasará el día en que nuestra estructura, desprovista de valores morales, ya decididamente reducida a cosa, falle, y no nos proporcione el grado de riqueza material sin la cual ya no sabemos vivir en nuestra sociedad externalizada? No sería muy aventurado decir que se instalará la violencia. Épocas muy próximas a la nuestra lo han visto. Y han amenazado no sólo la cohesión social, que ya es importante, sino también, y sobre todo, la posibilidad de ser hombres en un mundo como el nuestro. Sería mejor analizar lo que pasa para intentar ponerle remedio.

El libro de Ignacio Hernando de Larramendi, no sólo su capítulo dedicado al trabajo, quiere contribuir a esta operación de higiene social que nuestra sociedad necesita para hacerse humana y moral. Por eso hay que agradecerle que, al haber terminado su tiempo de activo en ejercicio, en lugar de retirarse a descansar, que ya se lo merecía, se dedique, no sé si aún más activamente que antes, a provocar interrogaciones impertinentes, a despertar inquietudes profundas sobre el trabajo, y sobre todo lo divino y lo humano en este mundo nuestro amenazado por todos los costados, y que sólo sigue siendo consistente a la hora de adorar a los que, como Ignacio Hernando de Larramendi, han tenido éxito. ¿Sería demasiado terminar este prólogo pidiéndole que aproveche esa imagen que tiene de hombre de éxito para plantear nuevas preguntas impertinentes?

Antonio Marzal

Introducción

1. Comunidad política e instituciones solidarias.

En mi anterior libro Panorama para una reforma del Estado, contemplaba el conjunto de una comunidad soberana; sus diferentes instituciones, públicas o privadas, sus estructuras y los problemas que en ellas pueden aparecer con el ejercicio de su poder. He buscado libros, ensayos y artículos con objetivo parecido y sólo en algún caso he encontrado aspectos específicos, a los que me voy a referir, para comprender su «todo» dentro de la vida social.

Esta visión conjunta era fácil en las comunidades primitivas, con estructura de poder y coordinación sencilla y unitaria. En la gran empresa multinacional moderna la unidad procede de su cuenta final de pérdidas y ganancias, que no existe en las comunidades políticas inconexas internamente, con diferentes actividades; las coordinadas, las que debían coordinarse y las puramente libres. Esa visión pudo existir en la práctica, no en la teoría, en algunas monarquías de la Edad Media, con concepto claro integral, porque había una sola autoridad, a veces compartida con la Iglesia. En la sociedad española actual ni siquiera existe conciencia de que es necesaria esta visión global que me preocupa.

Los regímenes soviéticos, han tratado de crear una «unidad integrada»; «la sociedad era el Estado y viceversa», sin libertad y con dependencia de una sola persona a través de una nomenclatura piramidal, sin justificaciones teóricas, ni análisis especiales, como no los hay en un enjambre de abejas ni en una colonia de seres vivientes. El resultado elude comentarios, pero cabe decir que este objetivo ha sido la aspiración de científicos e intelectuales con mentes privilegiadas y hasta algunos, no en España, «para ayudar al progreso», han traicionado a su patria y protegido con su ejemplo y colaboración crímenes vergonzosos en la historia del mundo.

La sociedad libre actual es diferente, comenzó hace dos mil años, pues los griegos eran elitistas en su estructura y en sus principios. Ahora un «hombre o mujer», con soberanía de albedrío, puede mantener diversas posturas, llevar a cabo muy diferentes iniciativas y producir fórmulas contradictorias de organización social o personal. Mis ideas no ofrecen un «nuevo Mediterráneo», pero abren una línea en que surgirán opiniones y versiones de carácter muy distinto; lo que estoy haciendo y me queda por hacer profundiza «algo» en la realidad sociopolítica, aunque no soy capaz ni me atrevo a entrar en lo sociológico, que creo será lo más importante. En el país de los ciegos el tuerto es rey y me conformaría con ser un tuerto que trata de abrir camino a los ciegos en esta conciencia social.

Este libro trata del bienestar solidario, «lo solidario público», compuesto por instituciones que conducen a la solidaridad o actúan en ella, dentro de un conjunto soberano. Tampoco en esto existe un tratamiento integral; se habla de la educación, del desempleo, del retiro o pensiones; de la sanidad y salud; pero sin considerarlos como «unidad de servicios de instituciones de solidaridad social». No me satisface el término general de «Seguridad Social», que tiene distintas interpretaciones y prefiero el de «servicios solidarios» con autonomía conceptual en cada área y el denominador de referirse a la participación de los ciudadanos menos favorecidos en la riqueza colectiva. Lo que en realidad se quiere decir con Seguridad Social no lo saben bien ni siquiera los que lo utilizan en sus exposiciones y discursos; por eso la mayor parte de políticos y parlamentarios cometen errores cuando se refieren a ella. Yo los he agrupado en la segunda parte del libro dentro del término «servicios sociales», en que incluyo salud, pensiones y desempleo, reservando la primera parte para educación, que no se trata como «seguridad social» pero sí es un servicio social.

Mi fórmula es arbitraria pero sirve para comenzar a comprender la vida social, aunque no sea definitiva ni satisfactoria para todos. Ha fracasado en Rusia una utopía científica, y creo fracasará cualquier variedad que pretenda dar fórmulas dogmáticas de «sociedad perfecta», que desgraciadamente no puede existir, porque es libre y porque lo son los seres que la componen.

2. Bienestar solidario y estructura societaria

En este libro, sobre todo de reflexión, ofrezco también ideas, sugerencias y datos para cada área de estructura solidaria, con flexibilidad e informalidad, con objetivos para lograr situaciones, que requerirán cambios pero que siempre afectarán a derechos adquiridos. La historia del mundo es la historia del enfrentamiento de las innovaciones con los «status quo», legítimos o usurpados, o poco precisos. No hay que olvidar que existen aspectos y soluciones diferentes para un mismo problema, en cualquiera de las instituciones solidarias o de otra clase; es precisamente la justificación del «autonomismo operativo y autonomismo político» y de las ventajas de lo «societario» frente a lo «oficial». En su caso mis sugerencias deberán adaptarse a situaciones y áreas geográficas específicas, con los objetivos políticos de los que gobiernan, pero evitando al máximo «partidizar» su gestión.

Lo que yo digo, aunque fuese muy acertado, sólo sería el comienzo de una larga marcha hasta una configuración consolidada, también flexible, con gobernantes, que sepan y quieran, hacer posible lo deseable, y no antepongan al interés general objetivos personales, sectarios o partidistas.

Se aspirará en el futuro a garantizar más prestaciones y mayor nivel de remuneración promedia; pero habrá que pensar en límites; no siempre es mejor lo «máximo» si se logra a costa del futuro. Tampoco lo es que cualquier fórmula y cuantía sea absolutamente inmóvil, ya que los españoles, o los italianos, o los franceses, somos parte de una humanidad globalizada en la que «a todos repercute todo» (no ocurría así hasta hace muy pocas décadas), con transformaciones sociológicas de individuos y familias, que la universalidad agudiza.

Una oferta de bienestar absoluto puede ser contraria a la equidad, en cuanto repercute en intereses, derechos o situaciones de otras estructuras colectivas o de otras naciones; por eso, el «bienestar solidario» es sólo relativo, no derecho absoluto, como lo son, en cambio, los Diez Mandamientos, que muchos quieren modificar.

Actualmente las estructuras solidarias son de carácter público y yo desearía que cada una tuviese autonomía de lo «oficial», como «nueva fórmula de estructura social», para proteger del autoritarismo y abuso de gobernantes, aun legítimamente designados. Se asemeja a lo que existe en Gran Bretaña, que parece el mejor ejemplo de estructura pública institucional. Reconozco que lo que a mí me parece conveniente siempre será «enemigo a abatir» de los «gobernantes absolutos», a veces despóticos, que amparándose o no en una elección por sufragio exigen derecho a intervenir sin barreras en toda la sociedad. Ha ocurrido en España con el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y los ha llevado a su descrédito, que hace difícil su independencia. Los partidos en su triunfo electoral buscan «total poder», adquirir «comodidad individual o para amigos», problema del momento actual, con los que han cesado de mandar y con los que empiezan a hacerlo y que además se extiende a las autonomías. Los socialistas tenían como «propósito básico» extender la influencia de su partido a toda la estructura social, y que los no elegidos por sufragio careciesen de derecho a participar en objetivos sociales, y los que lo tuviesen adquirido fuesen eliminados para ampliar la influencia de los amigos del gobierno. Así ocuparon áreas en las Cajas de Ahorro, en la Judicatura e incluso se trató de lograr en los Registros de la Propiedad y el Notariado.

Con esto se creó un precedente difícil de hacer desaparecer, que es precisamente el objetivo de mis libros. Un caso típico de esta actuación es la Cruz Roja, que había sido en toda su historia y en todo el mundo una institución autónoma de voluntarios no retribuidos y algo vanidosos; se transformó en área de actuación del Gobierno, dirigida por personas sin experiencia ni autoridad, hasta que perdió su prestigio histórico que afortunadamente parece empieza a recuperar.

Se ha aspirado a un «dictapartido», con poder absoluto, obtenido en elecciones en que sólo se decide un nombre, con promesas cumplidas o no. Dicen, yo no lo sé, que fue la orientación propugnada por Alfonso Guerra, que aspiraba a perpetuar lo que consideraba «única ideología defendible para los españoles». No parece que los actuales gobernantes se opongan del todo pues buscan que sus amigos ocupen igualmente puestos dirigentes en empresas y organismos públicos, aun si los titulares anteriores habían dado ejemplo de buen hacer. El camino que se abrió deja un surco difícil de modificar y que perjudicará durante largo tiempo la evolución de España. Dios quiera que se supere.

Se ha pretendido una forma de gobierno, no exactamente la de Montesquieu, apoyada en la corrupción y opacidad del poder, con amigos caciques perpetuos, sin darse cuenta de que esto se termina y que hay que dar gracias cuando no ocurre violentamente. Además no se admiten «juicios de residencia» como los que ayudaban al equilibrio social en una amplia época de la historia de España, y supongo que de otras partes del mundo. Evitar esto no es suficiente para solucionar los problemas de un país que dependen de muchos factores; pero dificulta la dictadura con apariencia de libertad.

¿Llegarán al convencimiento de este objetivo personas con influencia en la vida política? Realmente no lo veo fácil, aunque sería deseable que se autonomizasen desde arriba algunas estructuras, carentes de previa evolución paulatina histórica, como las de Gran Bretaña. La «autonomización social» es camino para una estructura societaria fluida y ágil, con menor centralismo, más participación directa de ciudadanos y mayor libertad real, no teórica ni dogmática sino práctica y efectiva. Esta es la doctrina que a principio de siglo promovió con sus discursos el famoso tribuno tradicionalista Juan Vázquez de Mella. Fue un precursor y no un «carca retrógrado», yo modestamente sigo su senda como la siguió mi padre.

El siglo XXI verá el conflicto de las dos tendencias sociales que luchan por abrirse camino; el centralista pro dictatorial, tipo PRI, y el autogobierno societario, con unidades con capacidad decisoria limitada pero efectiva. Espero que llegué a consolidarse esta última tendencia y con ella nuevas «estructuras sociales».

La principal dificultad para cualquier implantación de un sistema diferente es la tentación del cómodo «status quo». No debe ignorarse el peligro de que las instituciones de autonomía social abusen o se corrompan o actúen por rutina y egoísmo en contra del interés general. Es desviación inevitable que por otra parte siempre se invoca para justificar los centralismos autoritarios.

La estructura «societaria» no se compone solamente de instituciones de Sociedad Civil o similares, sino también de «estructuras públicas autónomas», o sea «áreas oficiales protegidas de la partidización». Es la situación del Banco de España o de las Fuerzas Armadas que necesitan que sus cargos no dependan de cada cambio de «poder electoral». Era la intención inicial para la justicia en la constitución del 1977, hasta que en 1983 se partidizó absolutamente, herencia que debemos soportar los españoles.

Las estructuras de solidaridad coordinadas forman parte de una «filosofía de estructuras públicas autónomas e independientes» relacionadas con las oficiales y políticas, y con autonomía sometida a reglas aprobadas oficialmente. Esta fórmula debería formar parte de una «Constitución» consensuada que facilitase una estructura social orgánica con influencia de los ciudadanos en el poder.

3. Amor caritativo universal.

Cuando se analiza la vida social y su calidad colectiva se olvida que conviene tener en cuenta tres áreas diferenciadas:

- La dominada por la Ley e instituciones de carácter sociopolítico y por las actividades de individuos y ciudadanos de carácter comercial, administrativo o civil que se desarrollan dentro del marco legal de una nación.

- La dominada por la «coacción» para imponer normas de derecho o simplemente para regular y evitar la tendencia humana a utilizar la fuerza, lícita o ilícitamente, y obtener ventajas personales o sectarias en contra del interés general y del de otros ciudadanos.

- La dominada por el «amor al prójimo», que significa «dar sin recibir», sin esperar compensación, para ayudar a terceros, dentro de la fraternidad.

Este libro se refiere a instituciones y prestaciones públicas de solidaridad, «caridad forzosa» de los ciudadanos al bienestar del conjunto. Pero en él no se trata del «amor caritativo», a que ahora me refiero, que contribuye al equilibrio social; es voluntario y generoso, «no exige sino da», «no reivindica sino renuncia», lo que a veces consideran los hedonistas, «debilidad de que hay que avergonzarse».

Cuando se supone lo que podría ocurrir en los próximos años, sólo se tiene en cuenta lo relacionado con el «área de derecho y orden sociopolítico». Se parte de que es ilimitado el desarrollo de la sociedad y siempre se puede «llegar a más»; se extrapola el pasado para prever el futuro: «si en los últimos treinta años hemos crecido un tres por ciento anual, en los próximos treinta creceremos por lo menos un dos y medio por ciento». Con mayor o menor acierto se ofrece una visión futura de la «vida pública»; pero no se tiene en cuenta su grado de «caridad», ni si la vida social está invadida y dominada por factores negativos para el futuro. Ahora se está comenzando a admitir que además del «nivel de vida» existe el «nivel de vida con calidad», pero siguen sin reconocerse las actuaciones voluntarias, de sacrificio por el prójimo, de la propia o de otras comunidades. Es un mundo al que están completamente ajenos tanto los políticos como los empresarios, preocupados exclusivamente por continuidad en el poder o por beneficio inmediato. En algunos casos se admite la acción positiva de la Iglesia como «vehículo de actividades de amor caritativo», pero no su impacto real en la protección de oprimidos, estímulo de ayuda a ciudadanos, ni tampoco que el mensaje de caridad es dar mucho de lo que cada uno tiene y no sólo de lo que sobra o apenas se utiliza.

El análisis de cualquier proyección de futuro exige incorporar a la realidad social el conjunto de actividades, individuales o colectivas, con generosidad y entrega desinteresada. Del mismo modo que ahora se ha «descubierto» que el coeficiente de «inteligencia» debe completarse con el coeficiente «emocional», también en las situaciones de la vida social hay que incorporar las acciones de «amor caritativo».

¿Qué es más importante, el número de los generosos o el de las personas hábiles para exigir derechos y proteger sus propios intereses?

La palabra amor se «legalizó» en los Mandamientos: «ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo»; aunque ahora se ha llegado a creer que su única manifestación es la atracción física entre seres humanos, con olvido del amor en otras manifestaciones, con la familia, con el prójimo, con los nacionales y con la humanidad.

El amor a Dios no puede explicarse ni describirse socialmente, es producto de la fe. Pero el amor caritativo sí cabe describirlo, siempre en contradicción con el «amor hedonista», que cumple las leyes, pero sólo se preocupa de los propios deseos, de lo que considera suyo; es el problema de la sociedad actual, como también lo fue de la sociedad «romano-pagana», y que facilitó la irrupción del cristianismo.

La «calidad de un conjunto social» debería depender en parte del número de personas capaces de sacrificarse con acciones generosas, prescindiendo de sus derechos. Los sacerdotes y religiosos y el número de vocaciones misioneras o similares parecen factor, aunque no único, para determinar el grado de «fraternidad nacional».

En la sociedad que conocemos, materialista, consumista y egoísta, es clara la pérdida de influencia de la Iglesia Católica. Contrasta con el tiempo de España como problema, de Laín Entralgo, y de España sin problema, de Calvo Serer, y de hace cien años, cuando mi padre, en su primera juventud, trataba de detener en Valencia los caballos el día de Jueves Santo, o hace más de sesenta, cuando el pueblo navarro se levantó generosamente a luchar por Dios y por la Patria. La época actual considera provocador todo lo que se refiere de algún modo a Dios, y la Iglesia Católica se acobarda al defender sus principios y se avergüenza de su historia; no sólo de las desviaciones que haya tenido en algún momento y por las que sí hay que pedir perdón.

Pero paradójicamente, ahora, sin que nadie se haya dado casi cuenta, de modo para mí difícil de comprender, la Iglesia Católica se ha convertido en la institución colectiva más reconocida en todo el mundo, la más aceptada y la más universal; une a pueblos de todas creencias a través de actividades modestas para defender a débiles y oprimidos, a costa de graves peligros y situaciones que suelen acabar con martirio. Sólo nuestra Iglesia, admitida y admirada por todos los no «radicales sectarios», tiene una imagen mayor que la de algunas marcas comerciales o grandes países líderes. No la iguala ninguna de las diferentes iglesias protestantes, ni las ortodoxas, ni por su propia manera de ser, la musulmana. Este reconocimiento aparece sobre todo en los «pueblos que sufren». Los occidentales en general la repudian y olvidan, en especial Europa, que fue la creación más importante del Cristianismo. La única esperanza y optimismo futuro la veo yo en la Iglesia de humillados y explotados; no es objeto de este libro, pero necesito decirlo para que se advierta junto a mi «visión social», mi «otro modo de sentir».

4. Mi pesimismo.

Se me acusa o atribuye excesivo pesimismo; tengo que reconocer que lo soy profundamente si contemplo el futuro pues no veo salida ni evolución lógica, con acciones pacíficas o violentas, y además considero muy difícil afrontar tantos cambios a la velocidad que exige la globalización provocada por la evolución científica.

Afirmo en ocasiones que sólo puedo ser optimista porque creo en Dios y al hacerlo creo en los milagros. Todo lo que nos parece lógico lo puede cambiar la aparición de una circunstancia fuera de nuestra acción o influencia que por su dimensión o características repercuta sustancialmente en el equilibrio de la humanidad o en una parte de ella. Así se pudo considerar en Europa la aparición de Napoleón, que nadie había previsto, y la aparición de Hitler, cuyos efectos han sido muy profundos y aún lo seguirán siendo. Estos acontecimientos pueden ser positivos o negativos, para el bien o para el mal, basta que tengan un efecto que exceda ampliamente de la previsión humana, y no sólo por aparición de líderes carismáticos, profetas o antiprofetas, sino también por fenómenos naturales, acontecimientos sísmicos, cósmicos, climáticos, etc.

Sobre todo me parece imposible continuar indefinidamente la necesidad absoluta de crecimiento, a paso rápido, siempre a más, sin que exista freno; creo que esto llevará a una crisis de la capacidad de la sociedad para gestionar las necesidades colectivas e incluso para vivir con libertad.

En el siglo próximo también se conocerá si es viable la libertad sin ética, sin principios ni «valores», como parece desea nuestra sociedad que, en España al menos, ridiculiza cualquiera de los principios éticos que desde hace cuatro mil años se han admitido en todas las estructuras humanas. ¿Cuál será el futuro de esta sociedad a que hemos llegado pero cuyas consecuencias aún no han aparecido en su totalidad? Las actuaciones de nuestros Gobiernos están muy de acuerdo con lo que hoy quiere la sociedad, a lo que sólo muy tenuemente se opone la propia Iglesia, para que no la acusen de falta de «aggiornamento»; mi parecer es que lo que falta es energía moral y lo que sobra es cobardía.

En todo caso debo decir que lo tratado en este libro es sólo parte muy pequeña de la sociedad humana, de los misterios de lo que acontece y va a seguir aconteciendo, del futuro que se avecina, que sólo comento en la parte en que tengo alguna, muy reducida, experiencia. El todo es muy grande, y no me refiero al misterio religioso sino al de «vivir». No se sabe cómo repercute el ocio excesivo por falta de trabajo, ni cómo se puede superar el hedonismo, ni el impacto de la droga como liberación, ni los vacíos espirituales y culto al egoísmo material, ni las dificultades de la violencia para una gestión pública; ni los límites o falta de límites de la corrupción, ni la destrucción de tabúes sociales, ni la posibilidad de igualdad en una sociedad que exige éxitos y permanentes resultados, ni la dinámica que obliga a no detenerse aunque esto sea perjudicial al conjunto de los seres humanos, ni por qué todas las mañanas salen millones de personas a ocupar un puesto en la actividad social, ni simplemente por qué hombres y mujeres acaban encontrando una pareja estable.

Si se quiere una visión completa de nuestro futuro habrá que profundizar en lo anterior, para lo que no me siento capacitado, pero que no olvido; sé que existe y lo declaro especialmente, pero no llego a más. No oculto que ésta es una circunstancia que influye en mi pesimismo; asombra ver que muy pocas personas tienen conocimiento de ello.

5. Transparencia sobre todo.

Añado a esta introducción una nueva llamada a la transparencia, que desde hace unos años llevo haciendo ininterrumpidamente (sin que nadie la tenga en cuenta), con mis ideas de «presupuestismo público transparente», al que me he referido en libros anteriores; lo hago en esta introducción y en varios capítulos y lo haré aún más en mi próximo libro; considero esta transparencia como el principal instrumento de mejora sociopolítica durante el siglo XX.

Una sociedad compleja, como es la nuestra que aún lo será más en el próximo futuro, no puede alcanzar eficiencia mínimamente aceptable ni actuación equitativa para sus ciudadanos sin conseguir que su realidad y evolución se conozcan de modo permanente y completo, que se adopten decisiones en razón de los datos macro y micro existentes; y que todo el mundo acepte eliminar o al menos disminuir la opacidad de los que gobiernan en cualquier nivel. Debería ser el principal objetivo público, para hacer posible un «enorme salto adelante» en nuestro equilibrio nacional y en la equidad individual.

Cuando se conoce la realidad se actúa mejor; con opacidad sólo cabe «compadreo». Esta transparencia, siempre deseable, ahora resulta posible con las tecnologías informáticas, ya muy utilizadas, y que yo introduje hace más de treinta años en la empresa que dirigía y que la permitió conseguir un éxito bien conocido. Quisiera que esta «cruzada» que me he impuesto vaya ganando adeptos, aunque sea muy poco a poco.

P.D.— Como referencia personal al final de esta introducción, quiero añadir que se me acusa, con razón, de complejidad y «mal estilo de mi redacción». Hace meses me encontré casualmente con un español importante, con residencia en el exterior, muy relacionado con nuestro mundo socioeconómico, a quien había conocido superficialmente. Me dijo que había leído mi libro anterior, que lo había considerado interesante, pero muy mal escrito, y que me recomendaba que para libros futuros buscase un colaborador o corrector, que los hiciese más comprensibles; lo decía con buena intención y creo que con cariño; reconozco que tiene razón, pero no sigo su consejo. Siempre he sido así, y me desvirtuaría aparentar otra cosa. Lo señalo, no por soberbia, sino porque todos debemos presentarnos como somos y así proteger nuestra credibilidad si la tenemos. Nadie puede ser más consciente que yo de mi limitación, pero soporto esta carga, que sólo en parte me corrige mi esposa. En todo caso debo reconocer que aunque sea medio bilbaíno no pienso eso de «los que me lean que se fastidien».

Nota preliminar

Antes de entrar en cada una de las áreas o unidades que denomino «servicios de solidaridad» comento aspectos comunes, con influencia futura y antecedente de una línea de estructura política para el siglo XXI. Son mis reflexiones personales para este amplio campo de la vida social que representa más del 50% del gasto público de nuestra nación.

1. Costes solidarios

El conjunto del bienestar solidario de sus instituciones representa aproximadamente el 53% del gasto público y si se incluyen algunas partidas suplementarias puede llegar hasta el 55%; de ahí su importancia para que, aun con más servicios y prestaciones, se aspire a reducir su coste relativo y sobre todo para que su cuantía se conozca con precisión, llegue a todos los ciudadanos y se convierta en lo que los americanos consideran un «household name». Lo merece y lo merecen cada uno de sus sectores. Es probable además, habría que estudiarlo, que represente una proporción semejante de empleos, servicios y derechos ciudadanos. Su situación y evolución debe preocupar a todos los gobernantes honestos y ser campo de ejercicio corrupto de poder para los deshonestos. La información que ofrezco necesita perfeccionarse con estudios de especialistas en informes económicos públicos, pues he tenido que hacer alguna elaboración que puede no ser correcta, aunque con diferencias poco sustanciales. En todo caso, basta para los objetivos de este libro.

El criterio empleado para la elaboración del presente cuadro ha exigido integrar diversas fuentes, ante la falta de homogeneización de la información y las enormes diferencias encontradas en la presentación de las estudiadas.

Esta información es indispensable para la economía solidaria y la vida ciudadana. Debería distribuirse ampliamente, como «Tableau de Bord» de la solidaridad. Creo indispensable que se preparen estudios profundos, no a mi alcance, a cargo de instituciones especializadas (Fundación de las Cajas de Ahorros, Servicio de Estudios de La Caixa, Servicio de Estudios del BBV e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), algunas de cuyas informaciones he utilizado. Para esta nota preliminar el cuadro es suficiente y representativo.

También ofrezco datos paralelos en las Comunidades Autónomas en 1995. No sé si son muy exactos y en todo caso sería conveniente rehacerlos con más precisión, aunque los creo aceptables; en todo caso, es una información conveniente, útil y ha resultado difícil de obtener.

La anterior información ofrece una visión para todos los españoles, creo que como ninguna otra, de referencia, junto al gasto público y el número de habitantes. Tendrá gran interés conocer lo que estos servicios sociales representan en cada comunidad en puestos de trabajo de derechos ciudadanos e incluso de implantación logística.

He conseguido el PIB de las comunidades autónomas, que es prácticamente análogo al denominado VAT, o Valor Añadido Territorial, y que se utiliza como punto de referencia frente al número de habitantes.

Siento estas limitaciones y agradezco especialmente a la Fundación FIES y a la Cátedra de Hacienda Pública de Alcalá de Henares la ayuda que me han prestado y sobre todo su gran labor dentro de las dificultades, que me parecen incomprensibles y hasta escandalosas, para profundizar en la economía territorial sobre la que lógicamente se debería basar la política nacional y autonómica en el siglo XXI.

El objetivo de este libro es inmenso; se propone extraer del «área oficial partidizada» más de un 50% del gasto público, para integrarlo a una adscripción «societaria», con gestión más próxima a los ciudadanos. Parece «anticuado», y quizás lo sea, y puede parecer imposible y también serlo, pero lo creo indispensable para el futuro de nuestra nación.

Las propuestas y línea de actuación de esta clase reducirían parte del poder de los gobiernos y frenarían su tendencia al poder absoluto, que es lo que los partidos políticos creen recibir de los electores. Me gustaría que sirviese de advertencia de algo que había que hacer a lo largo del siglo XXI para preservar nuestra libertad.

La publicación de estos datos es «pionera» en nuestro país y cuando se perfeccione debería integrarse en Internet a disposición de personas o instituciones que quieran conocer la evolución permanente de los principales servicios educativos y sociales. Por supuesto cada área de estos datos debería ampliarse con informaciones internas mucho más detalladas a disposición de gobernantes y ciudadanos.

2. Prestaciones solidarias

El conjunto de instituciones que agrupo en el «bienestar solidario» constituyen algo nuevo en la estructura pública, que debería sustituir al utópico «estado de bienestar», que parece el «derecho a todo sin obligación ni responsabilidad»; en tanto el «bienestar solidario» se considera «deber social y colectivo irrenunciable», al que una comunidad nacional debe dedicar recursos a fin de que todos los ciudadanos reciban prestaciones o servicios, gratuitos en algunos casos, que permitan dignidad «máxima mínima posible», aunque parezca paradójico.

La visión marxista promueve igualdad absoluta, con pérdida de libertad y destrucción de la eficiencia operativa nacional como ha ocurrido con la Unión Soviética y es causa de su derrumbamiento cósmico. La visión socialdemócrata promueve protección integral «de la cuna a la tumba», sin obsesión igualitaria pero garantizando bienestar y sin admitir la responsabilidad individual de los ciudadanos, en su aspiración a «bienestar material ilimitado». La visión «liberal absoluta o capitalista salvaje» promueve que todo se resuelva por fricción en que venza el más fuerte, y en que los débiles soporten su inferioridad, cualesquiera que sean sus consecuencias. Nunca se aplica de modo completo, pero sí suficiente para impedir el equilibrio estable a que debe aspirar una estructura colectiva, sin la cual siempre está amenazada su continuidad.

Mi reflexión o utopía es que debe abrirse camino la «sociedad de bienestar solidario», con algunas prestaciones gratuitas a los ciudadanos a cargo de los recursos colectivos, pero estimulando su propia participación para reducir la carga pública y que ésta se soporte con estabilidad.

Siempre han existido acciones solidarias, entre otras la obligación comunitaria de defensa ante invasiones, o bandidaje, que fue prestación colectiva en favor de los integrantes de un conjunto social. Varían tiempos, costumbres y necesidades, y se imponen nuevas áreas de solidaridad, con independencia de la «clásica» del propio aparato del Estado.

Este libro estudia lo que podría denominarse «servicios solidarios públicos», centrándolos en cuatro sectores: por una parte educación, y por otra, salud, desempleo y pensiones, todos con algunas características comunes; debería añadirse la «vivienda digna», pero al ser muy complejas sus características no me he atrevido a incorporarlas.

Esta fórmula no será panacea salvadora, que no existe para los seres humanos, pero sí instrumento de mejor convivencia armónica equitativa.

Mi propósito es que los servicios y prestaciones de solidaridad se separen de la estricta «Administración Pública oficial» y con ello sea posible más participación efectiva de opiniones, necesidades y deseos de los ciudadanos, y no sólo la muy genérica de elegir gobernantes «para que hagan lo que quieran».

Las instituciones de esta clase no deben limitarse a servir y ofrecer «prestaciones de solidaridad», sino también a coordinar y ordenar su entorno y profundizar en sus contenidos y objetivos para hacerlos más eficientes y más responsables, con esfuerzo colectivo para financiar con recursos públicos, prestaciones directas y también infraestructura logística que facilite sus servicios. Las prestaciones de solidaridad no son una dádiva, ni un derecho ilimitado, y siempre son difíciles de mantener, incluso en cuantías que a los «maximalistas» les parezcan insuficientes y hasta despreciables, como ocurre a los que financian teóricamente sus utopías con «pólvora de Rey».

Las «prestaciones solidarias» se imparten gratuitamente, o casi, por conducto de las instituciones solidarias de una nación y coexisten con áreas de «solidaridad no pública», entre otras la caridad y la limosna, en general ignoradas y hasta despreciadas a pesar de su decisiva contribución a los desfavorecidos y al equilibrio social.

Las instituciones del Estado tienen todas de algún modo carácter de prestación solidaria.

El Ejército, para la defensa de colectividades grandes o pequeñas, era una prestación solidaria a los ciudadanos, que naturalmente implicaba obligaciones; la defensa del orden público también lo es para que la vida social pueda desenvolverse sin excesivas amenazas interiores, y lo mismo la justicia, la defensa del patrimonio histórico y otras.

Las que considero en este libro «prestaciones públicas solidarias» son representativas del mundo actual, y reconocidas generalmente, aunque no sean únicas.

El «bienestar solidario» implica que una sociedad puede dar lo que tiene, pero nada más, pues depende de factores exteriores o de voluntad y capacidad interna, y debe evitar que se «tire tanto de la cuerda», que se destruya el equilibrio colectivo. Un ciudadano tendrá un derecho concreto frente a su comunidad, pero el conjunto de los ciudadanos sólo tiene derecho a aquello que ésta sea capaz de proporcionar, además de lo que procede de su esfuerzo y sacrificio. Esta situación lógica se destruye por demagogos que irresponsablemente ofrecen lo que no saben si se puede cumplir (a veces lo saben), o si su cumplimiento acarrea problemas al conjunto nacional. Los gobernantes responsables tienen la obligación de adoptar medidas para hacer posible que los recursos generales permitan ofrecer a los menos favorecidos una situación digna en cada una de las áreas de solidaridad.

Los cuatro sectores y prestaciones de solidaridad son necesarios para los ciudadanos; deben estar educados, deben estar atendidos en su salud, deben ser atendidos en su desempleo y deben estar protegidos contra la indigencia, en especial en su vejez. Lo difícil es la estructura óptima de cada una de esas áreas y, sobre todo, los límites de sus prestaciones, que dependerán no sólo de los recursos naturales de cada nación sino de la austeridad, habilidad, prudencia y efectividad de gobernantes y ciudadanos, pero nunca de «manás» del cielo, como se ha llegado a creer.

El conjunto de las cuatro áreas permite desarrollar una «teoría de la sociedad de bienestar solidario», que en el fondo deriva de la utopía irrealizable del bienestar absoluto, que ha perjudicado pero también ofrecido una meta a la que una humanidad sin Dios necesita acercarse o tenerla como referencia. Busco con este libro una aportación objetiva, con ideas sobre el «deber ser de las prestaciones públicas solidarias en los conjuntos nacionales», que necesariamente exigen obligación de sacrificio ciudadano, con aportaciones tributarias colectivas, pero que también necesitan aportaciones individuales, con la voluntad y esfuerzo de cada ciudadano para ampliarlo, o también para rechazarlo dentro de su «libre albedrío» personal.

3. Estructuras

Considero a cada área de solidaridad para los ciudadanos como un conjunto global con estructura flexible y variada, que incluye prestaciones solidarias, con garantía total o porcentual, pública o privada. Para ello es necesaria eficiencia organizativa y administrativa, con la máxima autonomía institucional posible, que dependa de una «cúpula», autónoma, muy autónoma o bastante autónoma, en cada unidad de bienestar solidario, para supervisar actividades y evitar la intromisión circunstancial de gobernantes y políticos que con ello quieran «divertirse» o divertir la atención general o abusar de su preeminencia sociopolítica.

Las áreas de bienestar solidario tratadas en este libro ofrecen las siguientes características:

- Homogeneidad, con posible autonomía de lo oficial, y participación ciudadana directa con voz precisa para supervisar gestores y operadores.

- Delimitación de cada área, dónde llegan, cuáles son sus fronteras respecto a otras y cómo evitar conflictos o fricciones.

- Estructura pragmática, sin geometría dogmática sino con facilidad permanente de adaptación a la realidad.

- Doble vertiente, vertical y horizontal; la vertical, para el conjunto central de la nación; y la horizontal para las estructuras autonómicas y municipales. El acierto de combinarlas llevará a una actuación positiva o negativa, característica del arte de gobernar.

Lo anterior conviene se construya de modo paulatino, con flexibilidad para adaptación permanente, sin decisiones prepotentes de gobernantes políticos, por legítimos que sean, y, en cambio, con participación efectiva de beneficiarios y gestores directos, a los que se pida responsabilidad en su actuación.

La estructura futura ideal de cada área de solidaridad abre camino a un nuevo principio de organización política, con menos área de poder de gobernantes, democráticos o no, evitando ampliar la «partidización» de la sociedad. Así pienso yo convendría se conformase la «estructura política española del siglo próximo», muy diferente a la impulsada por los ideólogos que en los últimos años han influido excesivamente a los que gobernaron y a sus oponentes, y cuyo impacto será necesario eliminar paulatinamente, como así está ocurriendo en muchos casos por la propia decisión de sus protagonistas.

Mis sugerencias son flexibles en cada área de bienestar solidario.

- Apuntan a objetivos fáciles de modificar en cada situación, que se enfrentarán siempre con derechos adquiridos, como en toda la historia de la humanidad, con fricciones, a veces violentas y crecientes, defendiendo situaciones legítimas o no.

- Son pragmáticas, no dogmáticas ni excluyentes, reconociendo que caben soluciones satisfactorias alternativas a un mismo problema, con carácter general o específico territorial. No es lo mismo la educación en Cataluña con problemas de bilingüismo, que en Extremadura, y así ocurre en cualquiera de las áreas y subáreas.

- Tratan de ser adaptables a situaciones y áreas geográficas específicas, con posibilidad de modificaciones en cada situación, y no solamente a nivel central y de comunidades autónomas, sino incluso dentro de ellas, en grandes municipios o espacios geográficos rurales con una cierta identidad.

- Pueden ser comienzo de una metodología política operacional, con carácter pragmático, que deberá extenderse lo más posible.

La ejecución concreta de lo que se recomienda en cada área depende de aspectos exteriores a lo interno, como los recursos efectivos que pueda ofrecer la nación, la voluntad de los ciudadanos para admitir sacrificios colectivos e individuales, evolución general de la humanidad y la incrustación de nuestra comunidad nacional en el conjunto de estructuras internacionales superiores. Será más alto el listón de garantía mínima cuanto mayor sea la riqueza colectiva, con más justificación para las peticiones de los menos favorecidos. Pero nada puede ofrecerse permanente e ilimitadamente, no es admisible una fórmula inmóvil, en especial ahora, cuando cada nación es parte de una humanidad globalizada que constantemente varía.

Este libro contempla Educación, Salud, Pensiones y Desempleo, como áreas básicas de solidaridad, con aspectos que permiten tratarlas de modo aceptablemente unitario; considera sus prestaciones como algo poco modificable cualitativamente pero cuya cuantía depende de la dimensión de los recursos comunes, del esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos y del esfuerzo individual o familiar de cada uno de ellos. El «estado de bienestar» propone un derecho rígido para los ciudadanos y una obligación paralela para la colectividad, en cambio el «bienestar solidario» exige que el importe de las prestaciones se relacione con la riqueza natural y con aportaciones impositivas que no dificulten la mejora económica colectiva. Por eso, colabora en la vida digna de los ciudadanos, de acuerdo con lo que la comunidad pueda destinar a ellos de sus recursos y necesita «presupuestismo público transparente» que ofrezca datos inmediatos y comprensibles.

Parece ideal que toda la humanidad, en especial en países muy pobres, tenga derechos mínimos bastante semejantes, pero la realidad actual no lo permite, y cualquier propuesta será motivo de crítica, mucha o poca, porque la generosidad con los «no nacionales» es poco compartida, de ahí las dificultades del 0,7% y semejantes. Las prestaciones a estos se deben mantener, con especial objetividad y, por supuesto, generosidad aunque prudencia.

Es incómodo mantener lo que propongo, y será difícil de aceptar para cualquier Gobierno, pues de modo inevitable perjudica intereses que se consideran legítimos e ignora posturas populistas y demagógicas.

Pero un Gobierno para legitimarse tiene obligación de defender el interés colectivo y no dejarse influir ni por intereses particulares ni por la comodidad de ofrecer «todo» irresponsablemente.

4. Proporción

Las prestaciones solidarias posibles o deseables no constituyen un derecho «natural» al que hay que subordinar recursos y estructuras, sino una «posibilidad relacionada con unas circunstancias». Los españoles o los franceses, pensamos, o no, que en nuestro país, en sus condiciones actuales, sería conveniente una cierta línea de prestaciones solidarias. Esto exige análisis para ver si son factibles, pero sin convertirse en «derechos», a los que todo hay que subordinar, porque dependerán del impacto de la globalización, de la evolución científica, de impactos físicos no previsibles, de modificaciones biológicas, de repercusiones psíquicas y de la presión de otros pueblos con mayor capacidad de sacrificio.

La afirmación de los sindicalistas españoles, de que «los derechos adquiridos por los trabajadores nunca pueden ser disminuidos, siempre tienen que aspirar a más, y nunca pueden admitir menos»; es una gran falacia y un engaño. En realidad, una prudente política sindical (y así está apareciendo ya en bastantes naciones) debería proponer la reducción de derechos de los trabajadores para que mayor número de personas puedan lograr un empleo, pero ¿tendrá algún dirigente sindical visión suficiente de futuro o siempre se dejarán dominar por las presiones de popularidad inmediata o del interés endogámico de su burocracia?

El bienestar, las condiciones de trabajo y los derechos que «en algún momento se lograron», pueden variar, en especial si se desea libertad. Cabe determinar lo que en un momento parece conveniente, pero sin dogmatismos rígidos, sino ofreciendo tendencias para la distribución de recursos colectivos, con énfasis en uno u otro aspecto, y teniendo en cuenta que toda mejora será a costa de otros intereses colectivos, de la misma o diferente naturaleza o de la misma o diferente nación.

La sociedad libre, la libertad del hombre, ha conducido a la modificación de lo que parecía estable; y hay que decírselo claramente a los ciudadanos, aunque protesten de las situaciones negativas, con o sin culpa de los gobernantes. Las instituciones de solidaridad son un instrumento operativo para ofrecer servicios y ventajas a los ciudadanos, que dependen de los recursos colectivos, que se pueden medir de modo aceptable con el famoso PIB, homogeneizado y logistizado o simplemente por su proporción con el gasto público en el área que proceda o por su importe promedio por habitante.

Los políticos no parecen comprender que el bienestar solidario necesita completarse con una política de reducción de gastos, con austeridad y sin despilfarro público ni individual. Una solidaridad efectiva necesita eliminar los gastos intermediarios no indispensables, incluyendo los de burocracia pública. Sus desviaciones podrían detectarse rápidamente, con contabilización clara y orgánica de cada gasto de una nación, comunidad, departamento central o servicio municipal. Esto a su vez sólo se consigue con «la normalización integral de toda anotación de gasto público», utilizando «programas inteligentes» que faciliten el análisis automático de la relación de gastos e ingresos colectivos. Era un sueño hasta hace una década; ahora es «fácil posibilidad» y por supuesto será objetivo irrenunciable para España en las próximas décadas, conocer regularmente su coste público en los siguientes aspectos.

- Servicios políticos, coste de la estructura política superior, Jefatura del Estado, Parlamentos y Gobiernos, nacionales, autonómicos y municipales y los con ello relacionados, incluyendo lo coactivo.

- Servicios de justicia, y sus estructuras a cargo del erario público.

- Servicios de dignidad, como la defensa del patrimonio histórico, acervo cultural y otros.

- Servicios de orden público, que crecerán agudamente en el próximo siglo, al tiempo que los de seguridad privada.

- Servicios Operativos del Estado, los que normalmente se han tenido como tales y clásicos de la Administración Pública, aunque haya que adaptarlos a las circunstancias del futuro y a la estructura autonómica.

- Servicios de deuda, pública, nacional o de áreas territoriales, primera obligación y gasto, teniendo en cuenta que el despilfarro acumula ilimitadamente su importe.

- Servicio de pensiones públicas o asimiladas, o sea, deuda con una clase de ciudadanos que en el futuro deberán integrarse con las pensiones laborales y ser transferidas a sectores de «solidaridad» y a sectores territoriales.

- Servicios recaudatorios, para la obtención de ingresos, cuyo coste importa conocer con precisión y que son consustanciales a un estudio económico.

- Servicios de solidaridad, a que se refiere este libro, de Educación, Salud, Desempleo y Pensiones, incluso prestaciones indirectas, como las que proceden del INSERSO.

- Transferencias a ciudadanos (no a comunidades autónomas si se diseña una estructura piramidal de gasto nacional), con asignaciones por deporte, cultura, promoción de investigación, aunque ésta deberá integrarse con educación.

Como consecuencia de lo anterior será muy útil crear y mantener en vigor un cuadro con los porcentajes de cada una de las anteriores partidas sectoriales, o de otras que sea conveniente establecer, respecto al PIB, monto total de gastos públicos y número de habitantes de cada sector nacional, autonómico o municipal, cuando esto último sea posible, y que además pueda compararse con el análogo del ejercicio o ejercicios anteriores y con la previsión del siguiente. El cuadro siguiente no sé si ofrece precisión futura, pero en todo caso es una posible perspectiva a tener en cuenta. Yo, personalmente, creo que subirá más el gasto de sanidad y el de desempleo, aunque dependerá de las políticas que se adopten.

Informaciones como las de este epígrafe, aun siempre discutibles, serían mucho más útiles a políticos gubernamentales y de la oposición que la acumulación de datos inorgánicos, no coordinados y difíciles de comprender. Lograr esto es un objetivo público transcendente para el equilibrio real de una nación que reduzca las decisiones erróneas o caprichosas de los gobernantes.

5. Normalidad contable operativa

Para la precedente agrupación de gastos es indispensable poner énfasis en la transparencia de la gestión central y territorial autónoma. No cabe verdadera reforma y mejora de estructuras solidarias, ni de otras, sin la completa transparencia de sus recursos e ingresos y de los gastos colectivos conjuntos e individuales, de los servicios ofrecidos. La transparencia es la gran reforma pública que personalmente trato de promover. No cabe administración pública eficiente sin una transparencia semejante a la de empresas de gran dimensión, para conocer rápidamente abusos, desviaciones y errores y exigir responsabilidades. Pienso que esto es igualmente importante en las asociaciones, mutuas o cooperativas de carácter institucional, aún más que en una sociedad anónima, pues en ésta, aunque no siempre ocurra, los accionistas están directamente interesados en la evolución de los resultados, difícil en una institución pública o asociativa, sin responsabilidad precisa. A las unidades de solidaridad les ocurre lo mismo.

Pienso que el objetivo preciso de la transparencia es que permita conocer, por lo menos mensualmente, la evolución de todo gasto, de modo colectivo y en cada una de sus áreas de coste o de desembolso, comparándola con otras históricas o pasadas, y que esta información esté permanentemente a disposición de «autoridades» públicas e instituciones ciudadanas para su supervisión efectiva.

También en el área pública debe exigirse transparencia a las inversiones operativas, que podrían clasificarse en: inversión inmediata, inversión a largo plazo y gastos no productivos. La subvención a un club de fútbol es un gasto que puede estar justificado, pero es «consuntivo», y puede considerarse como «inversión a fondo perdido» o gasto no productivo. Convendría integrar estos aspectos en un plan lógico que constituyese un gran objetivo nacional.

La distribución de gastos, que antes reseñé, o la que se determine, se debe contemplar a nivel nacional, con separación entre servicios centrales, autonómicos y municipales. Si esto se coordina, será fácil precisar las repercusiones de cada decisión presupuestaria; en realidad único método de manejar una economía pública en la Edad Universal y en el siglo XXI, ya que cada decisión de gobierno tiene repercusión de gasto público, que si se incluye en una base de datos, con programas inteligentes ofrece información muy útil socialmente. Desgraciadamente, los gobiernos de todos los niveles (como también ocurre con bastantes dirigentes empresariales), en lugar de ofrecer cuentas reales (su obligación), buscan eliminar la transparencia, prefieren la opacidad, el misterio, y perjudican a los ciudadanos, débiles y necesitados.

Los gobiernos europeos del siglo XXI legitimarán su actuación solamente si ofrecen una amplia base de transparencia para afrontar con relativo optimismo el futuro. Estos objetivos de transparencia operativa, de transparencia contable, de presupuestismo de cualquier clase, son especialmente indispensables para que las prestaciones de solidaridad sean suficientes y también para justificar medidas insatisfactorias, que se admiten con «conteo» pero no con «compadreo».

Una reforma operativa del Estado será necesaria para mostrar que el aparato de gestión pública, con sus diferentes áreas y modalidades, utiliza un «óptimo de gasto» que haga posible la creación de riqueza, tanto para la «dignidad nacional» como para la «solidaridad».

6. Interrelación de pueblos

Las prestaciones solidarias han de verse afectadas, interna o externamente por problemas de relación entre pueblos y naciones. El proceso de globalización de quienes habitamos la tierra conduce a una interconexión frecuente y flexible, en todos los espacios geográficos, y también a considerarlos solidarios y, por lo tanto, con «derecho a bienestar con cierta línea de igualdad». A ello conducen las «agrupaciones políticas», tipo Unión Europea, que aspiran a integrar piramidalmente un área geográfica amplia, en general homogénea y próxima, con libre traslado y presencia permanente u ocasional de ciudadanos. Esta solidaridad entre naciones ofrece problemas que será necesario afrontar de modo renovador, pues las soluciones de hoy pueden no ser adecuadas o suficientes dentro de algunos años.

¿Cuáles son los derechos de solidaridad de los ciudadanos de otras naciones en cuanto a su educación, su salud, su desempleo y su protección contra indigencia y pobreza? Son preguntas claves para cualquier política de gobierno. Integrarlos absolutamente ofrece peligros y crearía injusticias; hay que hacer equitativo lo necesario sin ofrecer lo imposible, en especial con prudencia para los no nacionales, pero afirmando la igualdad básica de todos los hombres y el ideal de catolicidad en la humanidad.

En España el problema se agudiza con dos frentes a que nos obligan situaciones morales e históricas. ¿Cuáles son las obligaciones y límites con nuestros hermanos iberoamericanos, con los que tenemos lazos de identidad cultural, religiosa, etc.? ¿Cuáles son con el Magreb, vinculado a nosotros con ese concepto amplio, histórico y sentimental de lo «andalusí», la España de íberos y bereberes, comunidad que, aun separada por creencias religiosas, tiene en común pasado y futuro? Pero también estamos obligados a Europa; somos paso preferente para la entrada de emigrantes en la Unión Europea. ¿Vamos a ser duros y rígidos con nuestros hermanos en la historia? ¿Será uno de nuestros problemas en el próximo siglo? ¿Con quién debemos ser más solidarios y hasta dónde lo somos? ¿Basta alguna solidaridad «light»? ¿Debemos prescindir de viejas raíces y compromisos? Estas son las grandes dudas de la globalización y el misterio en la lógica evolución futura de la humanidad.

Una sorpresa reciente es conocer que la presencia en España de emigrantes marroquíes sólo es de unos 90.000 legales (quizás 20.000 más no legales), cifra que yo creía mayor y que aumentará en el futuro, pues resulta congruente una mayor integración andalusí, (Ver Atlas de la inmigración magrebí en España. Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, 1996).

Aparte de estas situaciones especiales, la sociedad universal conduce a interrelación creciente de pueblos. Lo que hasta hace pocos años no era posible, ahora lo es, aunque con menos rapidez y efectividad de lo que se esperaba, pero en todo caso no parece reversible y ha de continuar, salvo conflagración de algún tipo, económica, sociológica o física.

Así lo facilita la rapidez y flexibilidad de las comunicaciones, y su abaratamiento, la televisión, radio y nuevas «autopistas de información»; la facilidad de las comunicaciones telefónicas, con teléfonos móviles y rápidos, y la presión comercial para extender los descubrimientos científicos y aumentar los rendimientos de la inversión dedicada a ello.

También afectan los movimientos de población a corto plazo, por turismo y trabajo «puntual», del exterior al interior o viceversa. El trabajo puede ejecutarse a distancia, con o sin desplazamiento físico, con ósmosis que repercute en las tensiones de solidaridad, y por ello debe tener en cuenta como factores extranacionales las personas del exterior que desean participar en el festín de solidaridad de los más ricos, fenómeno inevitable y conveniente, pero que aconseja alguna clase de límites a la entrada de ciudadanos exteriores; procede la generosidad, pero si es absoluta llevaría a desequilibrio e incluso a revoluciones.

¿Cabe inmigración sin derechos de solidaridad, como se ha pretendido en Estados Unidos? En España llegará este problema, que se debería resolver con caridad y prudencia. Están apareciendo emigraciones sistemáticas, como las del Este europeo; también los españoles emigran, y hay que considerar la transmisión de sus derechos en sus desplazamientos, estableciendo con claridad los derechos de solidaridad de los inmigrantes, y también de los emigrantes, tema delicado y que no cabe afrontar de modo aislado, al estar integrados en la Unión Europea. Estados Unidos ha sido hasta ahora muy abierto ante este problema, pero ya algunos ciudadanos exigen restringir derechos de los emigrantes. Personalmente, creo que nosotros debemos ser muy generosos; y que todos los años deberíamos facilitar la incorporación de unos doscientos cincuenta mil «magrebíes, iberoamericanos y filipinos», ofreciéndola derechos de solidaridad. Eso sería lo «cristiano», pero no fácilmente admisible en una sociedad egoísta y consumista. Me atrevo en este libro a lanzar esta idea porque nada tengo que perder y afortunadamente mis hijos no parecen amenazados por presiones ni perjudicados con mis criterios. Sobre este tema he pronunciado recientemente una conferencia en la Casa de América bajo el título «Reflexiones heterodoxas sobre dos finales de siglo».

Pero esto no es todo, también existen problemas de solidaridad interna. El sistema político español, de «comunidades autónomas», plantea fricciones de solidaridad, incluso en aspectos distintos, como en la distribución del agua pública y el emplazamiento de patrimonio histórico, para lo que hay que buscar soluciones que no estimulen histerias colectivas para cada derecho individual o territorial.

En Estados Unidos las prestaciones de solidaridad tienen carácter municipal, o «estadual», que no siempre se puede mantener, por antiselección, o sea «desplazamientos con objeto de obtener prestaciones». España debe resolver si impone solidaridad nacional, sin fronteras internas, o si desintegra en ese aspecto la comunidad nacional. Se plantean, además, problemas de gestión. ¿Se administra mejor la solidaridad o alguna clase de ella a nivel municipal, a nivel comunitario o a nivel nacional? ¿Sería posible una solidaridad nacional, con gestión municipal o autonómica, evitando abusos?, o en el caso de que se limite la solidaridad a diferentes niveles ¿se podría dificultar el movimiento de personas dentro de la geografía nacional?

Mi idea de la solidaridad es que debería ser nacional, con fórmulas para gestión territorial y repercusión económica en los que gestionan, evitando generosidad con recursos ajenos. Pero los problemas no son iguales en pequeños y grandes ayuntamientos; Nueva York, Madrid, Barcelona, son grandes ciudades con problemas complejos. Los municipios de mil, o cinco, o diez mil habitantes, los tienen muy distintos. Ha encontrado en España tendencia a distribución irresponsable territorial de los recursos nacionales; un ejemplo anecdótico es el del PER, que se ha relacionado con abusos políticos, y que mejoraría con una red eficiente de comunicación informática para juzgar y calificar inmediatamente la actuación de cada unidad que ofrezca prestaciones. En todo caso se debe conocer lo que se da, y esto no es posible sin cifras reflejadas automáticamente, observables y analizables cómodamente, incluso a distancia.

Los problemas de solidaridad, externa e interna, se presentarán en el próximo siglo y habría que solucionarlos legal y pragmáticamente. ¿Seremos capaces de enfrentarnos con ellos? ¿Seremos capaces de superar los anteriores problemas o serán obstáculo insalvable para la convivencia o para la ética de una política correcta?

7. Derechos adquiridos

Cualquier modernización o reforma de lo existente en cualquier clase de estructuras, lucha de modo frontal y permanente con lo que se denominan «derechos adquiridos», algunos con base legal o reglamentaria, otros con implantación aceptada como costumbre y otros arbitrariamente supuestos. Con modificaciones sociales lentas no aparece este problema. La actual rapidez y velocidad de cambio crea una línea de «derechos adquiridos inmediatos», que se agudiza y es principal obstáculo para cualquier proceso de modernización que afecte a estructuras y prestaciones solidarias.

No es posible cambiar el todo si no se cambian sus partes concretas y sin alterar la comodidad de mucha gente, que sobre todo desean no cambiar. Sugiero en este libro modificaciones en el área del «bienestar solidario», para reducir costes y adaptarse a nuevas situaciones y necesidades, lo que, a pesar de sus ventajas, incide en aspectos que se consideran inamovibles. Por buenas que sean las ideas, y aun con convicción general de que deben implantarse, habrá dificultad para enfrentar lo necesario y lo posible; eliminarlas será obligación especial de políticos y gobernantes. Sugerencias como las que hago, y otras que otros hagan o surjan de ellas, han de ser ejecutadas con especial precaución por los gobernantes, cuya función es precisamente hacer posible lo necesario, aunque será preciso ponerse de acuerdo en lo que es necesario, sea conflictivo o no. En el mundo de la empresa se dice que la que en un año aumente un cuarenta por ciento su dimensión, en cifras reales, no simplemente monetarias, necesita una nueva estructura. Lo conveniente para mil millones de ventas será obsoleto para vender tres mil, y lo de ésta para vender nueve mil. Algo semejante ocurre en las naciones. No son lo mismo las necesidades estructurales del Portugal del siglo XV a las de hoy, y no es lo mismo la situación española de hace sesenta años con la del próximo siglo.

En todas las instituciones el tiempo va creando derechos adquiridos, en especial dentro de sus burocracias que tratan de subordinarlas a sus egoísmos, ventajas y comodidades. Se dice que la «izquierda» es la que propone las modificaciones, con cambios; y la «derecha» propone la continuidad sin cambios, la rutina. Paradójicamente, la situación de hoy en España es que la izquierda promueve la estabilidad, la ausencia de modificaciones y la defensa de privilegios, aunque quizás llegue a hacer lo mismo la derecha en el poder. Yo propongo, en contra de una y de otra, que no se frene la modernización, porque sólo los países que sepan adaptarse a lo conveniente tendrán presencia digna en el concierto mundial, y si no lo hacen iniciarán un período de declive. La continuidad es en muchos casos consecuencia de la comodidad y endogamia de algunos grupos que hacen olvidar la defensa de fines institucionales, para concentrarse en los suyos propios en perjuicio de los ciudadanos.

La «propiedad» es ejemplo clásico en la creación de derechos adquiridos. No basta acumular riqueza en una vida de fricción económica, o de otra clase, sino conservarla y transmitirla. Esto no indica que haya que impugnar la propiedad; una estructura prudente de derechos adquiridos permite estabilidad y evita fricción total y permanente, y es obstáculo para revoluciones que conducen a rigidez brutal y a esclavitud social. El arte de la prudencia política es como la de las siete y media «mas ¡ay de ti si te pasas! Si te pasas es peor».

La globalización en este momento exige modificaciones y reformas. No es posible detener su proceso más que con medidas ultratiránicas. Estamos ante hechos que tenemos que aceptar, consecuencia del deseo del hombre a la «mejora permanente».

Un caso son las huelgas, fórmula de presionar a los poderosos para defender a los oprimidos, que surgieron como consecuencia de la sociedad individualista. Ahora las huelgas en España han pasado a ser instrumento para la «protección de los derechos adquiridos por los trabajadores privilegiados». Esto es lo que han buscado todas las de los últimos quince años, generalmente frente a la Administración Pública o a las empresas de propiedad pública o similares. Casi no hay huelgas contra el capital, sino contra lo público en sus diferentes manifestaciones; las de París de 1996 fueron eso: defensa de intereses de los funcionarios, claramente privilegiados, frente a la necesidad de reducir costes para modernizar la gestión.

Los derechos adquiridos pueden ser diferentes: los legítimos, consecuencia de contratos libres que incluían derechos para el futuro; los introducidos de un modo arbitrario, pero admitidos como tales por la sociedad; y los inventados, que se crean sin base estable real con abuso de alguna clase.

Esta clasificación es discutible, pero interesa tenerla en cuenta. Las empresas con actividad, libertad de decisión y competitividad, pueden triunfar o fracasar, esto se admite, al no ser instituciones con garantía de subsistencia. Cualquier derecho laboral está en ellas sometido a incertidumbre. Este principio, que parece obvio, que no se ignora en lo jurídico, se olvida socialmente y constituye el eje de la confrontación laboral. Se quiere modernizar las estructuras de cualquier clase para competir y aparecen los derechos adquiridos, por concesiones en momentos en que se consideraba «derecho divino» la estabilidad de los que prestaban en ellas sus servicios. Cuando un viaje de ida y vuelta a Londres puede costar, en las mismas condiciones, desde 120.000 a 25.000 pesetas, y los servicios del más barato son satisfactorios y la empresa que lo ofrece obtiene beneficios, se comprende que esto es en su mayor parte consecuencia de burocracias con costes excesivos que impiden a las compañías aéreas clásicas reducir sus precios para adaptarse a la nueva situación. Esto, bueno para los ciudadanos, es malo para los que han logrado penetrar a codazos en el mundo de los privilegiados.

El enfrentamiento con los derechos adquiridos se puede hacer de modo dramático y trauma profundo, generalmente violento, que acaba rompiendo el status quo y el equilibrio estable. También se puede hacer de modo paulatino, con modificaciones lentas, aunque firmes (sería ideal en nuestro país), que suavicen la implantación del bienestar solidario y eviten lo trágico. ¿Será posible?

8. Tecnología para el futuro

Un objetivo concreto de España, es modernizar y adaptar sus estructuras sociales y políticas con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Ocurre en toda la operativa de gestión pública, y por supuesto la de «bienestar solidario» de que trata este libro.

Las nuevas tecnologías conducen a nuevos desafíos. La imprenta tuvo un impacto que afectó lentamente a muchas generaciones; ahora todo es rápido, con exigencias de adaptación inmediata. En la historia, aun moderna, una nueva tecnología modificaba la vida social en siglos; ahora ocurre en décadas, y a veces en años, como estamos viendo con el INTERNET y su entorno. Las instituciones de solidaridad son campo abonado para introducir modificaciones tecnológicas, con ahorro sustancial de gastos. La reforma será difícil de ejecutar, tropezará con obstáculos burocráticos, y los interesados, dirigentes o dirigidos, rechazarán por principio y «por si acaso» cualquier innovación.

Recientemente, al visitar un centro administrativo en Madrid, advertí que no tenían ni un solo PC, ni un solo fax; que con menos de cincuenta mil pesetas podía haber reducido por lo menos un empleado, bedel, ordenanza o similar, y probablemente dos, con coste cada uno de cuatro millones de pesetas. Lo mismo pasaba con los PC, que en poco tiempo hubiesen multiplicado la eficacia y eficiencia del conjunto secretarial y administrativo. La reacción del responsable económico del área fue que las quinientas mil pesetas de los tres PC’s y del fax, necesitaba «consultores» y podrían exigir una inversión quizás muy elevada. Es triste esta actitud.

Esto es aún de más valor en la gestión de solidaridad, que exige un equilibrio de recursos. Hay que optimizar «costes intermediarios», hasta los estrictamente indispensables. Para esto hace falta saber, y en muchos casos los responsables políticos y administrativos simplemente «no saben». Un adecuado aprovechamiento de las nuevas tecnologías y métodos que las hacen posibles dificulta el despilfarro y el abuso; si se conoce lo que se hace es más difícil equivocarse y desaprovechar recursos, y más fácil la atribución de responsabilidad por errores. En un libro anterior, Crisis de Sociedad, Editorial ACTAS, Madrid 1995, he dicho que «no creo posible la gestión adecuada equilibrada de la sociedad moderna sin un sistema de información inmediata y transparente»; ahora lo repito.

Entre las nuevas tecnologías destaco:

- Microinformática contable, para gestión inmediata y automática de presupuestos, gastos, liquidaciones, etc. Ya es standard en muchas empresas y su adaptación a lo público es muy sencilla.

- Bases de datos para acumular informaciones y permitir comparaciones entre diferentes unidades, verticales, horizontales y tangenciales, con programas «inteligentes» para interpretarlo automática e inmediatamente.

- Transmisión informática de imágenes para conocer «in time» procesos de contratación, y acumular su información, y así hacer imposible o difícil su desviación. Sería un método eficaz de supervisión el envío inmediato de imágenes de documentos de los centros de contratación a un «centro de supervisión», para que allí sean analizados y comprobadas sus desviaciones, sin posibilidad de rectificación a posteriori; en todo caso, sería más eficaz y útil que los actuales sistemas de «intervención» de pagos con dilación consecuente.

- Equipos múltiples de fax, instrumento más barato que el teléfono, en cuanto evita conversación innecesaria y deja reflejo escrito de muchos procesos y Correo electrónico (E-Mail), con funciones distintas al fax; tratando de homogeneizar lo heterogéneo, ambos son complementarios, cada uno con su especialidad.

- INTERNET, que permite buscar información muy diversa a un coste mínimo, será un instrumento de valor inestimable para difusión de carácter científico, técnico y administrativo. Lo he comprendido en la preparación de este libro.

- CD-Roms, diskettes y otros métodos de difusión y distribución de información que facilita crear, con bajo coste, bibliotecas que permiten reproducir in situ libros y publicaciones periódicas, históricos o actuales.

Estas tecnologías tienen también impacto en la «operativa técnica» de cada área; actividades quirúrgicas, métodos de enseñanza a distancia, etc., que comentaré en los capítulos correspondientes. Permiten además combatir fraudes y abusos de los usuarios. Se utilizan ampliamente para evitar que se dupliquen pensiones y se abuse de la utilización de servicios médico-quirúrgicos, pero no se ha adelantado absolutamente nada, ni parece existe intento de utilización para supervisar abusos y mejorar la eficiencia de burócratas y gestores operativos, aunque no dudo que en uno o dos decenios esto ha de corregirse.

No existen datos comparables realmente homogéneos entre los hospitales de la estructura hospitalaria pública, central o autonómica, o independiente, ni tampoco del funcionamiento de escuelas privadas o de instituciones de enseñanza media. Se envían informes con retraso, con posibilidad de manipulación caprichosa, o con irregularidades, que se ponen a disposición de equipos burocráticos que no los analizan en tiempo útil. En realidad esa información es inservible. Debe hacerse posible que todos conozcan todo, que todo el mundo pueda juzgar cómo actúa el sistema hospitalario en Alcalá de Henares, respecto al de Cádiz, y la actuación y eficiencia de las escuelas primarias de Almería y las de Castelldefells.

Si todos los ciudadanos conocen fácilmente la situación de todos los demás, se creará un sistema de autocorrección, más efectivo que cualquier fórmula burocrática a posteriori. Es un objetivo para el siglo XXI, y además lo creo instrumento de unidad nacional, pues ningún gobierno territorial puede negarse a que se conozcan exteriormente sus datos internos, siempre que al mismo tiempo esté en condiciones de conocer los de los demás.

9. Austeridad, despilfarro y corrupción

Aparte de actuaciones demagógicas o populistas para achacar a un adversario sus problemas, opino que los verdaderos enemigos de una «sociedad de bienestar solidario» son los que voy a enumerar.

Falta de austeridad. Sin ella en la gestión política no es posible ahorrar para ofrecer prestaciones suficientes de solidaridad. Estas no surgen de palabras, ni de promesas, solamente de una actuación que elimine todo gasto innecesario o irregular. La austeridad afecta a los gobernantes centrales, pero también a los autonómicos y a los municipales. Sin austeridad dominará la «obtención de todo lo posible, a costa de lo que sea», en especial de la solidaridad. La llegada al poder de un partido con tradición de austeridad pareció que haría de ésta un signo de gobierno, pero ocurrió lo contrario; sus titulares quisieron compensarse de lo que decían que los anteriores habían disfrutado, despreocupándose de la austeridad, salvo alguna nota inicial cosmética, como los topes de sueldos para los gobernantes, que si cualquiera hubiese respetado ninguno hubiese aumentado su patrimonio y nivel de vida, como parece todos han hecho, aun sin actuación corrupta.

Despilfarro. No afecta a lo personal sino a gastos públicos sin interés colectivo, o simples caprichos personales o de amigos. Han sido numerosos en los últimos tiempos, y lo preocupante es que lo sigan siendo; cito unos cuantos fácilmente reconocibles

- La segunda universidad en la provincia de Alicante, en Elche, que se crea a consecuencia de una disputa en las elecciones para rector; y tendría campus tan lejos como en Denia. Es una propuesta que implica costoso despilfarro para la nación española y para la Comunidad Valenciana.

- Aeropuerto en La Gomera, cerca de Playa Santiago, en la isla de la Gomera, isla extraordinariamente montañosa y de difícil acceso de un municipio a otro. Tiene 16.000 habitantes y de cada uno de sus principales núcleos urbanos se tarda cerca de una hora al próximo. El aeropuerto se empezó a construir en una zona con menos de cuatro mil habitantes y un gran hotel, por cierto excelente. No creo que nunca se haya intentado un aeropuerto internacional sobre bases tan débiles. Cuesta imaginar de dónde vendrán los aviones, porque es claro que no de la isla de Tenerife; San Sebastián, capital de La Gomera, está excelentemente comunicada con su sur, con seis barcos diarios, con capacidad para 5.000 viajeros (un tercio de la población total de la isla). Se dice que el proyecto, cuya situación actual no conozco, fue consecuencia de la presión de un partido por motivos electorales, y todavía muchos lo consideran objetivo conveniente.

- Televisiones autonómicas. Existe una televisión pública nacional, con defectos pero con justificación, pero no tiene sentido el despilfarro de que cada Comunidad Autónoma se sienta en la obligación de invertir sumas importantes anuales de sus contribuyentes para una televisión propia, cuando existen privadas y posibilidad de estimularlas para completar aspectos locales.

- Comunidad Autónoma de Madrid. En la provincia viven unos cinco millones de habitantes, y cuatro en el Ayuntamiento de la capital. Otro despilfarro público con claras duplicidades y con dedicación de cada una de sus dos unidades a defenderse o a atacar a la otra, prácticamente en el mismo espacio geográfico. Si los partidos de sus gobernantes son contrarios la guerra es más cruenta, pero también cuando son del mismo partido. Parece que su única justificación fue aumentar el número de gobernantes con fasto y poder. Creo que éste ha sido el mayor error de la transición y del equilibrio autonómico, coordinado además con la fragmentación de la antigua Castilla ahora en cinco comunidades: Rioja, Cantabria, Castilla-León, Madrid y Castilla-La Mancha.

Nadie se ha preocupado por evitar estos casos y menos por la detracción que representan para la financiación de «gastos solidarios». Sin duda habrá decenas semejantes de menor impacto, sin otra justificación que presiones de interés egoísta de algunos gobernantes, familias, partidos, etc.

Corrupción. En los casos anteriores se trata de «corrupción social», pero existe además la corrupción clásica, o sea, «desviación de bienes públicos para beneficios personales, familiares o ideológicos». Se han conocido muchos casos, que no es momento de repetir. El nivel de corrupción en los últimos años ha tenido una dimensión probable de más de diez veces superior a la que hubo con el gobierno del General Franco. Esta corrupción no solamente implica pérdida de las cantidades que se pagan en comisiones o compensaciones innecesarias, etc., sino que cada caso repercute en otras actuaciones y despilfarros que no pueden evitar quienes han admitido las primeras.

Radicalismo. Con exageración de defectos, que existen en toda sociedad y en los seres humanos, a que se da un valor «desorbitado» y que desvían la atención de gobernantes, medios de comunicación y ciudadanos hacia temas secundarios magnificados que hacen adoptar decisiones contrarias al interés general solamente por miedo al escándalo, por miedo a la presión o buscando desviar la atención del público. Nuestra sociedad está en gran parte en manos de radicales y sensacionalistas (en los «medios» ambos se combinan), que llegan a crear histerias colectivas, en especial ante políticas de austeridad y medidas de contención del gasto.

Maximalismo. Es un radicalismo que exige todo, hasta el último grado, no conformándose con lo posible, queriendo máximos absolutos, por si alguien en algún momento ha conseguido más. Ocurre en la educación, y lo mismo en la sanidad, cuando se pide que todo el mundo tenga derecho al último descubrimiento, aun todavía no consolidado. Sus exigencias exacerbadas por especialistas en estas acciones, perjudican a los más para beneficiar poco o nada a algunos. Con presión maximalista no se puede llegar a ningún sistema satisfactorio, equitativo y que no desequilibre lo colectivo.

En conjunto puede decirse que el éxito, o sea el mantenimiento de prestaciones suficientes de solidaridad, no depende de las promesas populistas de políticos y gobernantes para atraer sufragios, sino precisamente de lo siguiente:

- Actuación prudente, evitando extremismos, por aspectos fáciles de exaltar pero nimios en relación al conjunto institucional.

- Austeridad en las personas y las actuaciones en la gestión nacional y en la propia de las unidades de solidaridad.

- Eliminación de corrupciones, el mayor enemigo de las prestaciones públicas de solidaridad, que magnifica su impacto piramidalmente.

- Conocimiento preciso y transparente en la evolución económica y operativa de las unidades de solidaridad, para evitar sorpresas por una parte y abusos por otra.

- Reparto equitativo de los recursos públicos, de modo no sectario ni ideológico, ni con propósito de obtener sufragios.

10. Información complementaria

En mi vida no he podido ser erudito por un problema de memoria, por una meningitis a los nueve años, del que nunca me he repuesto, y que siempre me ha faltado para datos concretos, problema ahora agudizado. Me afectó en mis estudios de bachillerato y a lo largo de mis trabajos casi nunca he aprovechado lo escrito por mí anteriormente. Quizás con ello he adquirido capacidad de reflexión y anticipación a problemas, útil en mi vida empresarial, en los constantes asuntos que planteaba. Este libro es de reflexiones sobre hechos y situaciones, con poca influencia de opiniones ajenas; creo que lo único que puedo hacer bien es profundizar en «la realidad desnuda», que me llevó en el campo jurídico cuando lo practicaba a apoyarme en las leyes y apenas en comentarios a ellas, ni en la jurisprudencia que preveía iba a encontrar y que siempre encontré. De ese modo he actuado en mi vida profesional y ahora en la institucional. Por ello éste no es un libro erudito, aunque trate de dar datos, algunos poco conocidos, pero sin especializarse en referencias a publicaciones y autores.

Pero creo conveniente, aun en esas circunstancias, recomendar algunas publicaciones relacionadas con la educación y lo que hoy se llama Seguridad Social. Apenas hay, o yo no conozco, tratados, libros o monografías con interés completo para todos mis puntos de vista, en general heterodoxos, pero sí publicaciones que abarcan algunos temas de que me ocupo. En educación la situación es diferente; lo comentaré más adelante.

- «Libro Blanco» sobre el papel del Estado en la economía española, por un elenco de prestigiosas figuras y dirigido por Rafael Termes, viejo amigo, con opiniones que no siempre comparto. Es un trabajo muy valioso, que contiene temas que trato en este libro, pero que se extiende mucho más y me será útil para mi próximo libro, que comento en el Epílogo del actual.

- Anuarios de la Fundación Encuentro, promovida por José M.a Martín Patino, publicación que anualmente presenta esta Fundación relacionada con aspectos importantes para nuestra sociedad. Aun diferente, tiene similitud con el Libro Blanco citado y ofrece interesante información y una visión propia de los problemas de la sociedad española, con datos y trabajos de especial valor.

- Las Estructuras del Bienestar, estudio sobre la realidad y las tendencias de cambio del Estado de Bienestar en España, dirigido por Santiago Muñoz Machado, José Luis García Delgado y Luis González Seara; publicado dentro de los Estudios de la Fundación ONCE sobre el Estado de Bienestar.

- El «Estado del Bienestar», publicación de la Revista de la Escuela de Formación Sindical de Comisiones Obreras. Trata temas concretos, dentro de sus objetivos. Que yo conozca, es la única publicación de la «izquierda» que se ha preocupado globalmente de este tema, aun con anacronismo de estrategias contrarias a lo que creo conveniente.

- ARBOR. Revista general de investigación y cultura, Mayo, 1951, «Notas para una teoría de la seguridad social», por Ignacio Hernando de Larramendi.

- Publicaciones de Víctor Pérez Díaz sobre diversos aspectos de la sociedad civil, su futuro y el desempleo. Son muchas y difundidas. Es el especialista más preparado sobre el tema del futuro bienestar de la sociedad.

- La sociedad necesaria, de Antonio Sáenz de Miera. Refleja una visión global sobre aspectos relacionados con el bienestar de la sociedad española; realza la importancia de una acción solidaria de la sociedad para promover su propia reforma a través de la educación y el desarrollo del individuo como ser humano. Esta obra hace un especial hincapié en la sociedad civil y en sus diversas organizaciones como medio de transformación social.

- Jornadas sobre la vertebración de la sociedad, promovidas por la Fundación Independiente. Tiene en algunos aspectos vocación paralela a la de este libro, aunque con perspectivas muy diferentes.

- Retrato social de Europa. Publicación del Centro Estadístico de las Comunidades Autónomas, con informaciones muy útiles para los temas de este libro; describe situaciones sin comentarios.

- Estudios económicos de la CEOE en España, 1995-1996. Vehículo de informaciones socioeconómicas, con comentarios sobre la estrategia del empleo y sistema de Seguridad Social.

- El Estado de bienestar en los países de la OCDE, de Antonio González Temprano y Eugenio Torres Villanueva. Publicación del Ministerio de Trabajo con informaciones relacionadas con el «estado de bienestar» en España y su comparación con otros países.

- Políticas públicas en España, coordinado por Ricard Gomá y Joan Subirats, similar al Libro Blanco de Rafael Termes y al Anuario de la Fundación Encuentro. Quiero citarlo por muchas razones aunque me ha llegado tarde.

- Revistas «Temas», «Claves», Leviathán y alguna otra, en que la izquierda, con diferentes matices, reflexiona sobre la sociedad española, pero apenas con algo relacionado con lo tratado en este libro, sólo opiniones con vocación ideológica y no realista.

Parte primera.
Educación: Reflexiones, sugerencias e informaciones

Nota introductoria

La educación en sus diferentes manifestaciones históricas y actuales es irrenunciable en todas las sociedades, incluso las más primitivas; su nivel se acepta como símbolo de madurez y mejora social. Necesita impartirse en un período cada vez más amplio y a lo largo de toda la vida representa aproximadamente un 18,9% del total del gasto solidario, un 10,1% del gasto público, un 4,1% del PIB y un promedio de 74.000 pesetas por habitante.

Comenzó en los países occidentales con actividades eclesiásticas, en la enseñanza primaria y en la Universitaria; y ha pasado a ser signo o símbolo de avance de civilización, en que sólo se consideran «ciudadanos» los que alcanzan cotas elevadas de educación; hombres y mujeres. En este momento, en España reciben enseñanza primaria el 13,7% de la población, enseñanza media el 6,2%, y universitaria el 3,5%, aunque a veces se sacrifica la calidad por la cantidad. Es línea de que no se podría retroceder; se ha llegado a pensar que «educarse es salvarse», aunque existen otros factores que se olvidan.

Para comprender la dimensión extraordinaria de la educación en una sociedad moderna señalo que en un reciente artículo en l’Expansion de Francia se citan los siguientes datos globales de la «máquina de la educación nacional francesa»; alumnos y estudiantes: 14.500.000, conjunto de personal: 1.426.000, enseñantes y docentes: 900.800, y establecimientos: 71.800. Se considera esa «máquina educativa» como uno de los más grandes «patronos» del mundo, comparable con el Ejército Rojo y la Sociedad de Ferrocarriles Indios.

1. Educación general

Siempre ha sido la educación el objetivo principal de una gran nación, durante largo tiempo reservada a un sector de ciudadanos o simplemente a los varones. En nuestro siglo se extiende a la totalidad de los integrantes de un pueblo; todos buscan y promueven la educación, aunque a veces sólo con intención cosmética. Sus objetivos no son iguales entre diferentes núcleos culturales, pero han pasado a ser obligación básica de gobernantes. En algunos casos se han convertido en verdadero frente de batalla, como en Cuba y en Jordania, que así afirman su identidad nacional.

Existe diferencia entre educación, instrucción (que se utilizó mucho en el siglo XIX) y enseñanza. La educación es más amplia, se refiere a formar al hombre para ser ciudadano. La enseñanza es más concreta; se refiere a conocimientos de cosas, mecánicas de actuación o de operación. La educación afecta al ser humano en su comportamiento social y en su personalidad. Durante casi un siglo se ha utilizado el nombre de «Ministerio de Instrucción Pública»; su objetivo era aumentar los conocimientos del conjunto de una nación; en cambio, a la educación se asignaban objetivos más relacionados con el individuo en un entorno social.

Para educar hay que enseñar y quizás también para enseñar hay que educar, conceptos interrelacionados, aunque ahora no tratemos de separarlos. Normalmente se dice enseñanza primaria y educación superior, por razones que no conozco bien. La educación es un concepto más genérico, exige enseñanza, no puede decirse que la enseñanza exija educación.

El área educativa es compleja, con diferentes niveles territoriales e institucionales, incluso el familiar. Las soluciones que se proponen o exigen están a veces influidas por objetivos ideológicos o de poder político para «modificar lo natural» en la mente humana o como instrumento inmediato de captación electoral directa o indirecta.

Siempre ha habido alguna clase de escuela primaria. En la época romana asistían niños y niñas acompañados de un pedagogo. Se trataba de aprender lectura, abecedario y nominario. Posteriormente venía la enseñanza de la oratoria, la filosofía y la historia. La oratoria era el fin supremo del hombre, más allá del simple ejercicio político o forense. Las humanidades tenían un contenido retórico, como en Cicerón, Quintiliano y Séneca, y equivalían a la introducción en las artes liberales.

Educar es «desarrollar y cultivar cuantos elementos de perfección, física o espiritual, individual o social, ha puesto Dios en el hombre», definición para mí la más completa.

La educación prehistórica preparaba para «supervivir» en actividades para ello necesarias. En Grecia y Roma se fue creando un concepto de educación pública con instituciones propias, como parece existían en el Imperio Sumerio muchos siglos antes de Jesucristo. Con la imprenta se extendió el ámbito de la lectura, escritura y otros conocimientos, lo que ha ido paulatinamente ampliando su ámbito, que se ha convertido en «derecho de los ciudadanos», que no debería depender de factores económicos, aunque sea inevitable para equilibrar ingresos y recursos con servicios y prestaciones. Es además un campo de solidaridad ciudadana, a costa del esfuerzo y sacrificio de las personas que más tienen y de todas en general. La enseñanza primaria, la alfabetización, no son el fin sino el principio de la educación, que abren camino y aparecen como anticipo de lo que después será realidad.

En Europa la educación amplia es desde hace tiempo reconocida y exigida, y también en Angloamérica; el camino hacia ella es imparable, aun en áreas geográficas retrasadas. En Oriente Medio y Mediterráneo musulmán el cambio se acelera, y será foco inevitable de fricción mundial en las próximas décadas y siglos. Los musulmanes, a veces con estructuras teocráticas, combinan la alfabetización y la enseñanza primaria con la lectura y aprendizaje del Corán, consiguiendo fuerza y cohesión cultural, envidiable a pesar de sus limitaciones y las protestas occidentales de que son contrarias a modernización y progreso.

La actitud en relación a otras culturas es probable que se agudice en el siglo XXI, con alternativa entre:

- Promover los principios del «área blanca» propia de los occidentales y para ello tratar de reducir la influencia de pueblos que desean mantener modos de vida que blancos y demócratas, y especialmente judíos, consideran inaceptables.

- Aplicar el principio del sufragio, para que decida el futuro de la humanidad por voluntad universal de todos sus habitantes, acepten o no los criterios occidentales. Sería un nuevo salto institucional, como el que partió de la Francia del siglo XVIII, cuando sólo tenía derechos completos el diez por ciento de los habitantes, dimensión de su elite clasista. No es muy diferente la actitud de numerosos occidentales respecto al conjunto de la humanidad, cuya acumulación de sufragios barrería su predominio. Se defiende este método en cada nación, pero no se quiere traspasar a lo universal.

En esta «fricción mundial» la educación juega un papel destacado, será una de las incógnitas o misterios de la sociedad universal de los próximos siglos.

La historia en el siglo XIX de la educación o instrucción en España, con sus antecedentes de la Ilustración y la Revolución Francesa, señala una permanente lucha de la educación en manos del Estado, con el casi monopolio de la Iglesia. En el siglo XIX importaba más el objetivo político anticlerical que el de instruir, aparte del deseo que siempre aparece de cambiar lo defendido por el gobernante predecesor.

La alfabetización integral, aun con sus límites relativos, es la culminación de la etapa que abrió Gutenberg con la imprenta a mediados del siglo XV, cuyo impacto, que ahora culmina, redujo o eliminó la tradición oral. Las nuevas comunicaciones y técnicas de visualización están «dinamitando» la tradición escrita, para volver a la oral, pero no la de los ciudadanos y familias sino la orientada desde el exterior por técnicos en comunicación, política o comercial que inducen a que se prescinda de la propia reflexión para seguir la de otros. Es éste uno de los problemas del mundo y un gran desafío para la Edad Universal. Mi generación es casi la última que no se vio absoluta aunque sí parcialmente influida por la visualización y oralización de los «medios». Por lo menos mi familia no lo ha sido, al no haberse utilizado nunca en nuestro domicilio un aparato de televisión, ni otros equipos que normalmente los complementan (videos, etc.), a pesar de haber llevado todos nosotros una activa vida intelectual y social, pero sin el peso anticultural de ese medio obsesivo. Sólo he sabido de casos semejantes el del líder socialista andaluz Sánchez Gordillo y antes el del Ministro de Educación Lora Tamayo, cuando estaba en esta función.

Este cambio en que estamos inmersos conduce sin excepción a pérdida de personalidad individual, sustituida por culturización inducida, con ciudadanos aparentemente libres para exigir derechos, pero que en realidad los delegan en partidos que gobiernan con objeto de llegar a mantenerse en el poder y con influencia de activistas radicales y de «medios de comunicación» que aspiran a aumentar su circulación, sus ventas, sus ratios, sin limitaciones éticas. Son los nuevos poderes, como antes fueron los de carácter bélico y coercitivo, o los eclesiásticos.

2. Evolución

El modelo de educación en España durante la primera mitad del siglo XIX estuvo fuertemente influido por la Revolución Francesa, con algunos aspectos provenientes de la reforma de Carlos III y la presencia de «nuevos aires» revolucionarios y postrevolucionarios. Fue decisivo el pensamiento pedagógico liberal que inspiró prácticamente todo el sistema educativo español a lo largo del siglo XIX. Destaca en esta influencia el Informe de Quintana del 9 de septiembre de 1813 y el Reglamento General de Instrucción Pública del 29 de junio de 1821. El informe Quintana cita que la educación ha de ser Universal, «tan igual y completa como las circunstancias lo permitan, uniforme, pública y gratuita y que goce de libertad». En todo ello hay que mencionar la fuerte influencia del pensamiento ilustrado en esta materia y en general la de las doctrinas pedagógicas de Jovellanos, Montegón, Amar y Borbón, Hervás y Panduro y Vargas Ponce que participaron en la transmisión de ideas francesas.

Ya entrado el siglo XIX se suceden varios planes de estudios durante los gobiernos liberales. Como el «Plan literario de estudios y arreglo general de universidades del Reino» (1824 de Calomarde), el «Plan General de Instrucción Pública» (1836 del Duque de Rivas), el «Proyecto de Ley sobre instrucción secundaria y superior» (1838 del Marqués de Someruelos), el «Proyecto de Ley sobre organización de la enseñanza intermedia y superior» y el «Plan Pidal» de 1845. Las bases de este último eran: secularización de la enseñanza, libertad de enseñanza, gratuidad y centralización administrativa de la instrucción.

Los vientos de la revolución de 1848 y el bienio progresista subrayaban la importancia de los estudios técnicos y científicos en la educación. Fruto de ello es el proyecto de ley de instrucción pública de 1855 que recogía la tradición liberal moderada y reclamaba la gratuidad de la enseñanza primaria, el carácter científico cultural y a la vez «preparatorio» de la segunda enseñanza con vistas a la universidad, y un mayor y más extenso abanico de salidas profesionales para los jóvenes mediante carreras especiales, artísticas, técnicas e industriales.

En 1857 la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano materializó todas las reformas y planteamientos propuestos desde 1821 y en un sentido amplio regularizó de alguna manera la instrucción pública española hasta la primera mitad del siglo XX. En líneas generales propugnaba una centralización de la educación como servicio público dependiente del gobierno, aunque se caracterizaba por su eclecticismo que le hizo viable muchos años. Se daba validez a la enseñanza privada y en general planteaba los lineamientos básicos de oposiciones, profesorado, etc., pero reconociendo la importancia de la pública para hacerla llegar a personas carentes de recursos económicos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se acentuó en España y en otros países el debate sobre la libertad de enseñanza con diversas influencias filosóficas como el hegelianismo, el krausismo, el neocatolicismo, el neokantismo y el positivismo. En general se planteaba un debate entre las nuevas líneas de pensamiento materialistas y pragmáticas y las propias del tradicionalismo católico. Destaca el comienzo de la influencia de la Institución Libre de Enseñanza.

Ya en el siglo XX la educación se funda de los planes de los sucesivos gobiernos y sus orientaciones generales dependen en gran parte de cada momento. Una de las características de la historia de la educación en España durante el siglo XX es la creciente importancia atribuida a la educación para el desarrollo de la sociedad y el mantenimiento de un sistema político e ideológico. Las leyes que han configurado el sistema educativo español en los últimos cuarenta años han sido la Ley General (LGE) de 1970 o Ley Villar, la Ley Orgánica de la participación, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990.

3. ¿Qué es educación?

El hombre moderno se educa, nos estamos educando, nos están tratando de educar, nos tenemos que defender de la educación que no nos gusta y concentrarnos en la que sí nos gusta. La educación es y ha sido una pieza de la vida familiar, incluso en algunos animales vertebrados. Pero entre nosotros la educación se ha alejado de ella y se quiere que se aleje más todavía, para entrar en el área de lo que puede ser influido y orientado por los que manden. La guerra de la educación es la de la libertad, frente a los oficialismos de cualquier clase; en especial ha tratado de disminuir el entramado familiar, único que protege contra los tiranos de la vida social. ¿Sirve la educación para la libertad o para la esclavitud intelectual? Todo cabe dentro de su realidad y del libre albedrío de que estamos dotados; para mí una educación correcta protege la libertad.

Un aspecto decisivo de la educación es si va a estar subordinada, e incluso monopolizada, por el Estado, o va a ser campo de acción de la sociedad, aunque «los contribuyentes contribuyan», con «prestación gratuita de solidaridad» o con «ayuda logística» a disposición de alumnos, familias o instituciones. Desde el siglo XIX, y más últimamente, el Estado español asume una actitud de intervención en la educación, con deseo no disimulado de combatir la influencia de la Iglesia Católica, aunque aumente su coste, ya que éste no se reduce cuando por dogmatismo se deja de utilizar la logística religiosa o se influye para que desaparezca.

Los pobres, los humildes, los miserables sin futuro, necesitan esperanza y por ello acuden a la religión, sólo en ella se les admite y trata como a iguales, y sólo en ella se estimulan sus buenos instintos y se suavizan los malos. La desaparición del sentido cristiano, que la mayor parte de los gobiernos buscan, sólo deja abierta para pobres y humildes la envidia del consumismo ajeno y los nuevos paraísos de la sociedad actual: deporte, alcohol, droga, música violenta, consumo desenfrenado y otros, neutros, o claramente negativos, pero ninguno positivo y siempre ajenos a cualquier clase de fraternidad y generosidad, aunque ésta aparezca en lugares y momentos, al estar impresa de modo natural en la mente humana.

La educación busca sobre todo enseñar a pensar, que debía equivaler a distinguir el bien y el mal, diferencia que se juzga transitoria, para situaciones específicas, ya que puede modificarse con el sufragio de los ciudadanos, pues no se admite que bien y mal son superiores a nuestra capacidad de decisión en cualquiera de sus manifestaciones.

Distinguir entre uno y otro es formar la mente, que contiene «inmersos» principios, que se trata de oscurecer. Todas las religiones (excepto los «inventos» con propósitos específicos y temporales) han tratado de esto. La pérdida de la influencia religiosa es tragedia de la humanidad actual y de la próxima; pero claramente es objetivo de los «occidentales» que se consideran progresistas.

Por considerarlo importante, transcribo el Artículo 27 de la Constitución Española de 1978.

1. Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y de los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante un programa general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establece.

Personalmente tengo bastantes objeciones a nuestra Constitución, que creo indispensable modificar, pero este Artículo 27 me parece aceptable. El problema de los últimos años ha estado en su aplicación, sectaria contraria a las enseñanzas religiosas, al considerarlas reliquia de un pasado a extinguir. Ahora esto parece superado, no sólo por un gobierno concreto, y será más fácil adoptar actitudes objetivas, cumpliendo los preceptos constitucionales de este artículo. Pero hay que reconocer que desde 1978 se han sucedido actuaciones de educación manipuladas por intereses políticos, que han intentado imponer un modelo de escuela laicista pública —sin respetar los acuerdos suscritos por el Gobierno español, de entre los que hay que destacar el firmado en 1979 entre la Santa Sede y el Estado— con actuaciones en las que la escuela católica ha quedado desprotegida. Por eso debe interesarnos la referencia de las Naciones Unidas cuando acabó la Segunda Guerra Mundial sobre las causas que habían llevado a tan terrible hecatombe; entre ellas, se reconoció que gran parte de los problemas habían venido de la ideologización de la escuela, la «totalización» y manipulación de los saberes, el adiestramiento utilitarista de la juventud, no para su promoción personal o familiar, sino del Estado «por» el Estado «para» el Estado.

4. ¿Qué es cultura?

No es fácil determinarlo; comienza con la preparación intuitiva para la supervivencia en el peligro. Se completa con el proceso de aprender y el proceso de enseñar; en algunas regiones españolas se dice «me aprendió» en vez de «me enseñó», mezclando dos sentidos, en sí bastante relacionados.

Reseño alguna utilización de este término, que a su vez pueden servir para facilitar su comprensión, teniendo en cuenta que sus límites se mezclan y confunden.

- Cultura familiar, la que se imparte en el ámbito directo de padres, hijos y hermanos, inspirada en el cariño, aun con excepciones y abusos. Es básica en la historia de la humanidad, pero hoy se ve amenazada por la desaparición de la familia, como consecuencia de la evolución social, ayudada por presión de gobernantes.

- Cultura religiosa, principal en el mundo civilizado hasta nuestros días, y que continúa en naciones musulmanas. Además del respeto y temor de Dios, enseña valores espirituales y principios y deberes individuales y sociales. Es cultura de valores; hoy se trata de destruir, causa probable de desequilibrios en el próximo siglo.

- Cultura social, muy relacionada con la cultura familiar, es la que marca la pauta de vida y de comportamiento de una sociedad e incluso de países. Es básica para el desarrollo y en gran parte marca la diferencia entre países ricos y pobres.

- Cultura inducida en las mentes de niños y adultos para darles a conocer, no tanto lo que ellos necesitan como lo que los dirigentes o el Estado creen conveniente para sus intereses. Se orienta a principios no íntimos (los que llevaban a rezar), sino exteriores para ayudar a un poder legítimo o ilegítimo. La cultura inducida es antifamiliar y no exclusiva de las naciones totalitarias, pues también aparece con gobiernos que desean perpetuarse y tienden a destruir valores inmutables que perjudican su continuidad.

- Cultura elemental, de las cuatro reglas, lectura aceptable, aspiración a escribir con pocas faltas de ortografía, a fin de desenvolverse en actividades básicas de relación. Es lo que significa la alfabetización, punto básico de partida para el gran concierto educativo.

- Cultura media, ampliación lógica de la elemental, posible con el desarrollo de la imprenta y nuevos medios de comunicación y para facilitar conocimientos. Domina la vida de los occidentales.

- Cultura superior, objetivo que también se hizo posible con la imprenta. Antes era proceso selectivo y limitado que se impartía a núcleos pequeños, en centros aislados, en general monasterios e instituciones religiosas, pues prácticamente sólo ellos utilizaban documentación escrita. Hoy día se busca en áreas especiales del conocimiento, para estimular progreso científico o cultural.

- Cultura técnica y profesional, generalmente de áreas muy específicas, con objetivos pragmáticos laborales o de especialización, con fines precisos y actuación con frecuencia no académica. La dejo casi fuera de este libro, pues penetrar en ella hubiese sido difícil para mí y de escaso interés para los lectores.

5. Orientaciones personales

Mi opinión, muy meditada, es que no deben, e incluso no pueden, estar separados los conceptos de educación y Dios, ni de religión y ética. La educación debe tener objetivos que dependen de Dios, como tratan de estimular las distintas religiones, con unas consideraciones bastante semejantes, sin necesidad de códigos deontológicos, al ser estos simple expresión de lo que en realidad los seres humanos tienen incrustado en su mente. Es valor reconocido que un dirigente de empresa no utilice los fondos de ésta para su propio beneficio, y lo mismo un dirigente de un país. No necesita ser reglamentado, todo el mundo lo conoce y acepta. En las últimas décadas, quizás antes, se ha admitido actuar de modo antiético, sin responsabilidad ni inquietud de conciencia, puesto que no se trata de lo bueno y lo malo sino de lo que desee la comunidad, parlamentariamente, o en los tribunales. Si yo obro mal «que me lo prueben»; reconocida tragedia en nuestro país de muchos gobernantes.

Se pueden «enseñar» materias sin referirse a Dios, pero no sin un concepto claro de lo que es el bien y el mal, que sólo procede de una autoridad superior a la voluntad del hombre. Es clara la relación entre educación y valores, pero ahora parecen los valores una especie de «marías» que se obliga a estudiar pero que nada importan. La educación neutra y laica es en realidad una educación que aspira a «ignorar valores», salvo en el aspecto muy concreto de «lo mío y lo tuyo», «patrimonio material mío frente a patrimonio material tuyo», o en conflictos de interés concreto. La educación hacia el bien, hacia Dios, la ha buscado la humanidad en toda su prehistoria e historia, pero no ahora.

Educar debe ser ayudar a pensar, y a pensar bien, ayudar a actuar, y actuar bien, y ayudar a decidir, y decidir bien. No creo posible una estructura social permanente carente de valores. A veces de modo inesperado, y por supuesto ajeno a los «políticos», surge una reacción general, como ocurrió con el asesinato de Miguel Angel Blanco de Ermua.

Con independencia del consenso en lo «dogmático» es necesario considerar a la enseñanza como una actuación pragmática adaptable a las situaciones locales, a la evolución sociológica y a las nuevas tecnologías y avances científicos con influencia sustancial en las estructuras y ofertas de enseñanza y educación, pública o privada.

No «visualizo» una reforma constructiva de la enseñanza en el siglo XXI si no se apoya en normas de actuación muy transparentes, que permita la comunicación de unos centros con otros y de unas unidades territoriales con otras, de modo que todo el mundo tenga acceso a lo que hacen cada uno de los demás, para destacar los que actúan con acierto y prudencia, y reconocer los centros que mejor administran sus recursos públicos o privados.

Ninguna institución está aislada; la salud no es solamente la estructura de sus prestaciones sino un objetivo con derivaciones y repercusiones sociales. La educación se ha convertido en una «institución principal» con objetivos distintos en sus diferentes áreas, primaria, media y universitaria, que aun coordinables, deben tratarse separadamente, como voy a hacer en esta parte del libro.

La acción educativa se manifiesta, entre otras, de dos formas principales, en general antagónicas:

- La participativa de familias y organizaciones sociales y privadas, que surge en gran parte espontáneamente.

- La «indoctrinada», en especial a través de medios de comunicación que transmiten principios y orientaciones, que en realidad se reciben coactivamente mezcladas con fórmulas de «entretenimiento».

La diferencia entre lo «participado socialmente» y lo «indoctrinado oficial o comercialmente» es decisiva para la humanidad actual y su antagonismo va a dominar en el próximo siglo.

La gran modificación de estas décadas es que desaparece lo creado durante generaciones con experiencia y voluntad, a veces con extensión geográfica muy limitada, o dentro de ghettos aislados, casi en jaulas, como ocurrió con el pueblo judío y a lo que debe su supervivencia. A veces se intenta que algunas culturas ancestrales no se extingan y para ello se crean verdaderos zoos para disfrute de antropólogos. En la vida animal se están continuamente extinguiendo especies, animales o vegetales, con lo que en pocos siglos desaparecerán casi todas las que ahora se trata de mantener artificialmente. Esto ocurre con algunas culturas; la esquimal, las amazónicas y las de áreas de Nueva Guinea, que están quedando como museos, reminiscencia de áreas que han existido aisladas del resto de la humanidad.

Sin entrar en batallas de pasado, errores o éxitos, el protagonismo de la educación debe devolverse a la sociedad para que ésta actúe en ella. La acción pública se debería limitar a imponer, exigir o mantener ese objetivo y no a hostigarlo, para así ayudar al poder o con pretextos ideológicos. El problema del siglo próximo será mantener la libertad, que se reduce, efecto perverso, con el desarrollo científico y tecnológico y sus repercusiones sociológicas. Los nuevos nacionalismos, radicales o no, son reacciones de diversa clase para evitar que lo propio, producto de su propia libertad histórica, se diluya en lo general o universal.

6. Consenso

La educación es derecho natural del hombre desde su nacimiento, la estructura política lo debe favorecer, como acción solidaria de «primera necesidad». A las instituciones vinculadas a individuos y familias les corresponde una estructura propia no burocratizada, sin gobernantes que varían con cada modificación del sufragio. La educación es pieza clave de la sociedad y hay que mantenerla así, muy próxima a ciudadanos, prescindiendo de intermediarios forzosos o «managers» que hacen perder a las familias su capacidad de decisión directa.

Durante muchos siglos, en España y en casi todo el mundo, existía una idea común sobre la educación; se discutían sus métodos o su eficiencia, pero no sus objetivos básicos, históricamente vinculados a lo religioso. La situación de fricción de los últimos doscientos años está bastante superada o debe superarse, y hacer posible en este área un consenso real nacional, incluso integrado en la Constitución con más claridad que ahora, con objetivos no radicales sino de sentido común. Lo creo posible, se hace necesario un sistema de educación basado en métodos que permitan la convivencia y la objetividad, que no estén permanentemente discutiéndose. Si no podemos alcanzarlo, nuestra nación se debilitará y se amenazará la supervivencia de su forma histórica y el equilibrio futuro para preservar la libertad de los ciudadanos.

Este consenso conceptual se debería conseguir sin vencedores ni vencidos, con olvido de las discusiones de la escuela laica contra la escuela católica. La situación actual de separación de Iglesia y Estado favorece esta solución, y aún más cuando se está dejando de creer que todo lo que había en España era miserable, discutible y necesitaba mayor «cientifismo histórico»; el de Carlos Marx.

Pero lo anterior no sería posible si no se consigue transparencia, pues donde haya opacidad hay caciquismo, hay deseo de triunfar frente al adversario, sin saber bien ni quién es el adversario ni para qué se quiere triunfar. La transparencia, en ésta como en otras instituciones, es la única posibilidad para obviar y mejorar sus defectos, en algún caso congénitos. Recientemente vi un «comic» en un periódico en que José Barea pedía permiso al Gobierno para decir que dos y dos eran cuatro; si la realidad objetiva de la verdad no se admite, se favorece el sectarismo político; y algo va mal en la nación en que eso ocurre.

La educación es un derecho natural, que incluso precede a la aparición del hombre. Los animales vertebrados educan, de algún modo capacitan a sus hijos para «volar», para protegerse de peligros, y así ha ocurrido en la humanidad, cuya evolución procede de enseñanzas de padres a hijos.

La educación puede ser un instrumento de disgregación, de anarquía, de contraposición de unos contra otros, que puede servir para acelerar un proceso de desunión. En cambio, la educación sensata, coordinada y aceptablemente consensuada, puede y debe servir para crear una cultura nacional o una cultura territorial. Si no se consigue un consenso en la estructura y orientación de la educación, y se acentúan las luchas de unos contra otros, será difícil que cualquier nación, salvo en circunstancias especiales o grado alto de tiranía, se enfrente de modo efectivo con los problemas y la competencia internacional del siglo XXI.

Necesitamos un consenso que evite la «guerra» entre los que querrían hacer de España una nación alejada completamente de sus orígenes cristianos y los que tratan de mantener sus principios y acciones en la vida nacional. Es indispensable eliminar la discriminación y sectarismos de los gobernantes contra las instituciones católicas, en especial educativas, motivados no sé si por «cientifismo marxista» o por «cientifismo liberal», ambos de acuerdo en que una sociedad nacional debe destruir toda influencia de la Iglesia Católica por considerarla representante y continuadora del oscurantismo anticientífico.

La sociedad por sí misma debe orientar los deseos de sus ciudadanos, aun contrarios a la Iglesia Católica, y desgraciadamente parece claro que ahora la sociedad quiere algo muy distinto de los principios emanados del Cristianismo, llenos de limitaciones y restricciones éticas y espirituales.

7. Estructura y gestión

Las áreas de actuación solidaria tienen aspectos en común de interés no sólo para quienes reciben prestaciones o servicios sino para los que de algún modo los gestionan. Ha sido siempre objetivo de políticos y gobernantes, para convertirla en instrumento de sus estructuras de poder y no simplemente para bienestar de ciudadanos.

La estructura actual de educación es eminentemente oficial; un gobierno decide, autoriza y da directrices a diversas estructuras educativas, cada una con grado limitado de independencia.

La estructura autónoma, que me parece conveniente, exige aprovechar lo válido de lo existente, con estabilidad para los que orienten la gestión de educación, aun con dependencia económica en lo oficial, para «aprobar» servicios con este destino, pues la función de los parlamentos y gobernantes es precisamente ésta y siempre lo ha sido en la historia conocida de la humanidad. En todo caso, con una u otra orientación, la «oficial» y la «societaria», no se debe perder la riqueza de asociaciones e instituciones que dependen de diferentes puntos de vista e intereses. Su fuerza contradictoria es la que hará posible la libertad y la verdadera protección de los intereses generales.

El Gobierno sólo necesita un órgano directo adecuado para coordinar las estructuras institucionales de la educación, proponer recursos presupuestarios, corrección de abusos y relación con otras naciones, pero la gestión de enseñanza y educación aconseja una estructura institucional operativa, con poder real no «partidizable».

Esta estructura institucional debe tener doble vertiente: horizontal, de la enseñanza primaria, media y universitaria principalmente; y vertical, paralela a la organización territorial del Estado y de sus estructuras, incluso provinciales. Una cúpula central general debería coordinar estas dos fuerzas que coexisten, para componer la estructura social educativa nacional. De ésta dependerían las estructuras y cúpulas sectoriales nacionales y las paralelas autonómicas, e incluso las de algunos «grandes municipios» con voz en la educación de sus ciudadanos, en especial en la primera y segunda enseñanza.

Esta fórmula piramidal, con expresión concreta flexible y variada, plantea tres problemas:

- ¿Existe una organización ideal en cada una de las áreas educativas?

- ¿Es posible designar sus respectivas cúpulas, en especial las iniciales para que tengan carácter realmente independiente?

- ¿Cómo debe ser la relación de todas entre sí para lograr unidad participativa, que se coordine con los organismos «oficiales», para asignación de recursos y liquidación de presupuestos, y las orientaciones que de ello procedieran?

Yo no me atrevo a contestar estas preguntas, pero creo que constituyen la base de cualquier decisión objetiva en interés general.

La cúpula nacional de la educación conviene sea reducida, con pocos vocales, con clara influencia de la universidad, algunos procedentes de lo territorial y sectorial y del organismo oficial del Estado o de las Comunidades Autónomas para la educación, que tenga poder para asignar recursos y con especial participación de rectores y docentes de universidades. Cada cúpula debe supervisar una «estructura operativa», con un gerente o secretario general.

Estas cúpulas necesitan estar dotadas de personas de prestigio y reconocimiento general, que no procedan de «cuotas» de partidos políticos ni profesionales. Esto representaría una «devolución de responsabilidad a la sociedad», evitando que la educación sea influida por sectores «activistas», sectarios o ideológicos.

La enseñanza es un todo orgánico, cuyo vértice es la universitaria. Sus actividades no son homogéneas y se debe admitir la superioridad de ésta para orientar el conjunto, aunque cada una con seguimientos y orientaciones especiales para sus docentes y responsables.

El éxito de un complejo institucional como la educación exige clara responsabilidad ejecutiva, aunque ésta no sea omnímoda ni inamovible.

Para este planteamiento sería decisiva la designación del «Presidente de la cúpula nacional», que podría ser rotativo, y sobre todo la del Secretario General, que en cierto modo equivaldría a primer ejecutivo. Estas designaciones deben hacerse de modo «institucional», aunque en su iniciación procedan de un acto de los gobernantes, con intervención de la Corona, subrayando su independencia de partidos de cualquier clase. No cabría esperanza nacional si no existiese objetividad suficiente para elegir a los mejores y no a los que más convienen a cada partido o núcleo influyente de poder. Deberá establecerse un límite mínimo de edad y un límite de tiempo en el mandato, no demasiado reducido.

El Secretario General debería tener garantía de continuidad no ilimitada, con funciones concretas de supervisión e inspección de las estructuras sectoriales y territoriales y con intervención del Gobierno en su designación, pero no en su sustitución caprichosa.

Esta estructura «central» debe orientar los objetivos institucionales y sobre todo inicialmente «normalizar» la gestión y contabilidad de las «operaciones educativas» y también supervisar la «inspección de inspecciones» para garantizar su objetividad. Tendría igualmente funciones de coordinación educativa y coordinación de investigación científica y de la relación con otras naciones, especialmente de la Unión Europea, coordinadas en lo necesario con el organismo del Gobierno para la educación.

Las cúpulas centrales de cada clase de enseñanza deberían ser semejantes, con funciones para asesoramiento y recepción de propuestas y opiniones de sus estructuras territoriales, que a su vez tendrían en ellas representación. Necesitarían además cuerpos de inspección, relacionados con la inspección central.

Esta estructura sería ajena a diferentes núcleos de opinión, a los estamentos y tendencias de los partidos en cada una de las enseñanzas, del mismo modo que hoy ocurre.

Aunque inicialmente convendría designar una cúpula nacional completa, después convienen renovaciones parciales, sólo en un 25% o un 35%, buscando continuidad, sin hacer posible cambios que permitan volver la educación «del revés».

Es un conjunto complejo pero necesario para lograr una educación en interés general, a que no puedan oponerse los gobiernos transitorios, ni tener éxito los abusos oficiales ni de ideólogos maximalistas. ¿No es esto, en realidad, lo democrático?

8. Economía

Esta parte del libro, con independencia de reflexiones sobre la educación y su futura estructura, va a referirse especialmente a «prestaciones solidarias de educación», o sea, a los recursos que aportan los gobiernos, central y autonómicos, para financiar la educación, mantener una oferta asequible a los ciudadanos con servicios sin coste así como un conjunto logístico e institucional que permita que toda la educación, —gratuita, pagada o compensada— tenga un nivel aceptable.

Debe destacarse que lo oficial, el gobierno, los representantes elegidos de una nación, conservan con esto un extraordinario poder, el de aprobar los recursos que se hayan de asignar a las instituciones de educación o de otra clase, a recursos solidarios, y con ello orientarlos, pero no el de ejecutar su gestión. Este poder es más efectivo que el de involucrarse en la gestión y se presta menos a la corrupción, que aparece más cuando gestiona uno mismo e inevitablemente se tolera la propia corrupción. Con conocimiento preciso logístico y de gastos se puede llegar a determinar lo que cada Comunidad Autónoma debe dedicar a cada área educativa, en varias clases de desembolsos públicos:

- Para profesorado y gestión interna de los servicios de enseñanza que se ofrezcan libremente.

- Para becas o compensaciones económicas individuales a los alumnos a que se reconozca ese derecho.

- Para compensar a instituciones educativas no públicas los costes de su operación en cuanto reducen costes de las oficiales.

- Para actuaciones de investigación de diversa clase.

Es indispensable el conocimiento profundo permanente de la «economía» pública de la educación, global y sectorial, sus gastos y su evolución, nacional y autonómica, para que se comparen en el conjunto de los gastos públicos y con el PIB y con el promedio por habitante.

Sería necesario y urgente conocer, con las informaciones que existen actualmente, los gastos aproximados de educación, nacional, autonómica y en algunos casos municipal. Los que he obtenido son los siguientes.

Creemos que las informaciones anteriores, principalmente obtenidas del estudio preparado por el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, merecen ser incluidas en este libro, que posiblemente llegue a un público más amplio que el de ese excelente trabajo. Aprovecho para felicitar a quien ha hecho ese esfuerzo y a la Fundación Argentaría que lo ha financiado.

9. Información complementaria y bibliografía

En mis reflexiones he tratado de eliminar lo que representase análisis de aspectos concretos en discusión actual; con ello hubiese perdido objetividad, adentrándome en detalles para los que no tengo preparación.

No siendo especialista en los temas de educación, por una parte he pedido asesoramientos personales y por otra he utilizado fuentes publicadas para aproximarme de la mejor manera posible a la historia y realidad del panorama educativo en España. Menciono las que a mi juicio son básicas:

- La extensa y erudita obra de Alfonso Capitán Díaz, titulada Historia de la educación en España, dos volúmenes, Editado por Dykinson (Madrid, 1991), que recoge una amplia historia de la educación desde la época romana hasta nuestros días. Se trata de una obra de obligada consulta para todo aquel que quiera una visión general sobre el tema.

- Historia de la educación en España, publicada en varios tomos por el Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid, 1989), que recoge un amplio apéndice documental útil para aproximarse a las fuentes directas.

- La Historia de la Educación Contemporánea, de Ángela del Valle López, editado por Ediciones Nieva (Madrid 1990).

- La evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España de 1815 a 1930. Un conflicto político y pedagógico, de Emilio Díaz de La Guardia, editado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid 1988).

También recomiendo:

- Capítulos de los Anuarios de la Fundación Encuentro, editados desde 1993, que interpretan y analizan varios aspectos de la realidad social en España.

- El Capítulo 9, titulado «Reforma del Sistema Educativo», del Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española, dirigido por Rafael Termes (Madrid, 1996), donde se analiza la reforma de la educación desde un punto de vista económico y administrativo.

- «El sistema institucional de investigación científica y la Universidad. Una aproximación al modelo español», artículo de J.L. Piñar Mañas, publicado en el n.° 118 de la Revista de Administración Pública, enero-abril 1989.

- Scientific Research in Spain, dirigido por Andrea Orsi Battaglini junto con J.L Piñar Mañas.

En relación a la problemática de la enseñanza universitaria, son imprescindibles los trabajos y publicaciones de Julio Rodríguez Villanueva, muchos de los cuales se han recogido en la obra Perspectivas Universitarias y Científicas - Puntos de vista de un universitario (Salamanca, 1985).

Para un conocimiento preciso de la realidad educativa en España en sus distintos niveles son necesarias informaciones estadísticas; en primer lugar las publicaciones anuales del Ministerio de Educación: Estadística de la enseñanza en España (Madrid, 1994 y 1995). Son de gran importancia e interés Las cuentas de la educación en España y sus comunidades autónomas 1980-1992, publicado por la Fundación Argentaría. He de destacar que para el acceso a fuentes estadísticas nos ha sido muy útil la utilización de Internet.

Dada la importancia que desde mi punto de vista tienen los informes expertos sobre educación en países de diversos ámbitos, resumo las conclusiones del Informe Dearing referido a la enseñanza en el Reino Unido.

«El Comité (Dearing), teniendo en cuenta las orientaciones del Gobierno, defiende lo siguiente:

- Debe haber máxima participación en la educación superior de estudiantes, jóvenes o no, y en mejorar los conocimientos permanentes de los adultos, en razón de las necesidades de los individuos en el futuro mercado laboral.

- Los estudiantes deben poder elegir entre un diverso campo de cursos e instituciones, modalidades y localización de estudios.

- El “standard” de grados y otras calificaciones debe ser por lo menos mantenido y asegurado.

- La efectividad de la enseñanza y del aprendizaje deben ser ampliados. Los conocimientos deben responder de modo creciente a las necesidades de empleo, con desarrollo de las conveniencias individuales más valoradas para el empleo.

- La contribución de la educación superior a la investigación estratégica y aplicada debe ser mantenida y aumentada, particularmente en aspectos en que la investigación del Reino Unido ha alcanzado un mayor nivel internacional y en la previsión de prioridades en la tecnología futura.

- Los apoyos directos a los estudiantes deben ser claros y transparentes, y estar de acuerdo con los principios anteriores.

- La educación universitaria debe estar en condiciones de reclutar, retener y motivar docentes de calibre apropiado, y obtener máximo aprovechamiento del coste en el uso de sus recursos y teniendo en cuenta lo siguiente:

- Aumento de demanda de educación superior, ya que más personas buscan calificaciones de ese nivel, e incluso quieren aumentarlas o actualizarlas.

- Creciente diversidad de estudiantes, especialmente de adultos a tiempo parcial, y mujeres estudiantes.

- Educación superior continua con papel clave en el desarrollo de la capacidad mental y conocimientos avanzados, por medio de becas de investigación.

- El Reino Unido debe competir en mercados internacionales, donde la proliferación de conocimientos, avances tecnológicos y revolución informática significa que el mercado laboral demanda más alto nivel de educación.

- Muchos de los competidores internacionales del Reino Unido tratan de aumentar la contribución de sus sistemas de educación superior, en razón de su influencia en la actuación económica.

- La educación superior ofrece un papel clave en la preparación política nacional y en dar soluciones a las necesidades industriales de ciencia, ingeniería y tecnología, así como de investigación y entrenamiento de post-graduado.

- Un sistema excelente de educación es necesario para todos los sectores de la economía y para los servicios de salud y educación, y debe ofrecer trabajo cualificado, investigación e innovación y continuo desarrollo profesional, a través de becas de investigación superior, en beneficio de la competitividad internacional y calidad de vida, debe además ser base para un cambio social y económico con innovación y aprendizaje permanente.

- La educación superior continúa teniendo influencia en aspectos sociales, morales y espirituales, en transmitir sentido de ciudadanía y cultura, y en permitir el desarrollo personal en beneficio de individuos y de la sociedad general y contribuye de modo principal a la economía local, regional y nacional, y a su regeneración.

- Hay diferentes clases de educación en diferentes partes del Reino Unido.

- Las relaciones entre educación superior y resto del mundo son importantes por la movilidad internacional de estudiantes y docentes.

- La educación puede calificarse como exportación educacional por su propia naturaleza. Las nuevas tecnologías abren posibilidades de nuevas fórmulas de enseñanza y aprendizaje y aspectos de la educación superior, que pueden proyectarse en el lugar de trabajo o en el hogar familiar, con enseñanza a distancia.

- El gobierno ha legislado para permitir a las instituciones financieras privadas ofrecer préstamos a los estudiantes, de modo semejante a la ofrecida por la “Student Loan Company”».

Capítulo I. Enseñanza primaria

Primera de las enseñanzas, indispensable; antes escasa, hoy se extiende a toda la población, de su calidad depende la vida futura de hombres y mujeres, su situación como ciudadanos y su desarrollo profesional. Su coste aproximado representa un 6,5% del gasto solidario, un 3,5% del gasto público, un 1,4% del PIB, y un 35,6% del gasto total en educación, con un promedio de 26.000 pesetas por habitante.

1. Significación y origen religioso

Es la avanzada de la enseñanza formal, primaria (incluyendo la infantil), media y universitaria. Siempre ha existido preocupación por ella, como en cualquier lugar y momento conocido de la historia e incluso de la prehistoria. Me refiero a la «clásica», la que yo conozco, para la que se utilizaba «escuelas», antes de la EGB y la ESO, mezcla entre lo que un «maestro», un «maestro nacional», debe enseñar bien, aunque sea sencillo y concreto y lo que se sofistica para aumentar un «status», sacrificando la calidad de los «conocimientos para siempre» a lo que parece más moderno.

La enseñanza primaria en ocasiones se coordina con la educación familiar; adquiere mayor importancia en áreas de reducido nivel cultural en que los padres sólo están en condiciones de ofrecerla en niveles elementales. Está teniendo importancia la enseñanza preescolar de kinder, guarderías o similares, hasta tres años que permite abdicar de las obligaciones de madre o padre; aunque serían preferibles compensaciones generosas para que las madres estén con sus hijos, y se debería instruir a las madres en principios para impartirla el mayor tiempo posible. Algunos creen que esto se opone al derecho de la mujer al trabajo, sin interés en que los hijos tengan un ambiente familiar. Se ha creado una sociedad de derechos cuando lo cristiano era una sociedad de deberes, es la clave de la diferencia. En este momento en Estados Unidos e Inglaterra este concepto comienza a criticarse, con el impacto del caso Louise Woodward, de condenar a cadena perpetua a una «canguro» a quien se le murió un niño de ocho meses y se determinó que fue un asesinato, aunque después la decisión fue revisada. Para un creciente número de personas han sido también responsables los padres, que por egoísmo dejaron a su hijo en manos de una joven que casi desconocían.

Un aspecto de reciente aparición, que cito pero no conozco bien, es el de la «enseñanza infantil», de tres a seis años, que prácticamente se ha incorporado a la enseñanza primaria como exigencia social, y en que existe presión para que se ayude a financiar dentro de la enseñanza privada de modo semejante a como se hace con la pública. Esta enseñanza infantil no se debe confundir con la preescolar antes comentada.

La relación del conjunto de la enseñanza primaria con los padres debería ser estrecha. Las facilidades de transporte lo hacen posible y permiten más integración de familias en la vida escolar y de niños en la vida familiar. Es de utilidad social, pues cada vez son menos los padres que por falta de conocimientos propios no pueden participar de modo activo en esta acción. En el futuro será deseable mayor actividad laboral a domicilio y que las madres desarrollen por sí mismas, con ayuda de métodos apropiados, labor efectiva en la educación.

La enseñanza primaria tenía un objetivo por sí misma, pero luego pasó a ser requisito previo para la enseñanza media, como hoy lo es ésta para entrar en la universitaria. Con la ESO se quiere dar un mayor salto y casi transformar la primaria en preuniversitaria; creo sinceramente que esto carece de interés para los ciudadanos. El panorama de la enseñanza infantil y primaria se puede apreciar en los dos siguientes cuadros.

Durante muchos años la enseñanza primaria fue asumida en España por instituciones religiosas de clero regular o secular o por las escuelas de gramática municipales, donde se impartían estudios previos a los de latinidad, a cargo de maestros titulados. En algunos casos, las primeras letras las enseñaban maestros particulares, de modo especial en familias acomodadas.

Entrando el siglo XVIII, durante la época de la Ilustración, el alto índice de analfabetismo y la falta de instrucción del pueblo se dejó notar como claro obstáculo y rémora para el progreso y desarrollo del país, por lo que el Estado asumió responsabilidades «públicas» en cuanto a la primera enseñanza, que no llegaron a constituir un sistema educativo nacional. Con esto se orientó, principalmente, bajo el reinado de Carlos III, hacia la formación de maestros, con uso de nuevos métodos, y creación de nuevas escuelas. Este hecho se vio especialmente marcado por la expulsión de los Jesuitas en 1767, que dejó un vacío que hubo de subsanarse mediante diferentes medidas gubernativas.

Durante el siglo XIX se afianza la idea de la instrucción pública sustentada por el Estado como requisito indispensable para el progreso. En el reglamento general de instrucción pública de 1829 ya se especificaba una primera enseñanza en escuelas públicas donde aprendían los niños a leer y escribir correctamente y, asimismo, las reglas elementales de aritmética y los dogmas de la religión.

Esta enseñanza en el mundo cristiano se ha mezclado durante muchos siglos con la religiosa; todavía continúa en el musulmán, donde la memorización del Corán se simultanea con enseñar a leer y con conocimientos básicos para desenvolverse en la vida.

La religión y las enseñanzas deben estar integradas, con alternativas cuando así lo deciden los padres, pero sin estimular artificialmente su eliminación. El conocimiento de la religión no representa iniciación en prácticas supersticiosas, como se afirma, sino dedicación y atención a objetivos de generosidad y solidaridad; en la historia de la humanidad lo han practicado todos los hombres y mujeres que en ella han existido. No es neutro eliminarlo, sino contrario a hábitos y costumbres de decenas de siglos; es conveniente coordinar esta propuesta con los principios de un estado no confesional.

El Catecismo ha sido un instrumento importante de educación de la mente humana, que ahora se elimina como contrario al progreso científico, con lo que se hace desaparecer todo conocimiento de los valores y principios éticos, que parecen indispensables en la vida social. Sin ellos quedan las mentes de los niños desprotegidas contra el egoísmo, hedonismo y consumismo; así lo estamos contemplando como nueva realidad de España. Ahora es el «gran enemigo», se admite que se enseñe la historia de la religión y de la Iglesia Católica, pero no de un catecismo que enseña «principios» y valores, se niega así la enseñanza de conocimientos éticos, ya que un objetivo sectario es hacer desaparecer a través de los «medios» todo lo que pueda recordar la existencia de Dios en la sociedad, y eliminar o reducir la influencia familiar en la educación, ya que la tendencia natural de los seres humanos es reconocer la existencia del más allá.

Este sectarismo aspira además a promover con fondos públicos lo contrario de lo que piensa y desea la mayoría del pueblo, creando oficialmente una ideología artificial. En una reciente información pública se manifiesta que, aún en las escuelas no religiosas, más del 80% de las familias deciden educación católica para sus hijos en los primeros tramos de enseñanza.

Es una realidad que domina y no es fácil se modifique porque se ha logrado casi convencer de que la práctica de la religión es algo puramente íntimo en lo que nadie puede entrar y que debe evitarse toda difusión de su contenido. Una revista con amplia difusión entre menores ofrecía premios por explicar primeras experiencias sexuales; éste es un ejemplo, admitido, de lo que se permite, al tiempo que se considera «inmoral» la enseñanza del catecismo.

Con este objetivo se aspira a destruir o desprestigiar todo vestigio del mundo cristiano, del que deberíamos enorgullecemos. Las bestias negras de quienes esto desean son el Papa Woytyla, la Madre Teresa de Calcuta y los misioneros, o sea, los que dan y se entregan generosamente; es símbolo de la alteración de valores que padecemos y de la que no sabemos defendernos, pues hasta la Iglesia vacila a veces en lo que debe hacer y acepta renunciar a lo que la corresponde.

2. Tendencias

En estas reflexiones trato de la primera enseñanza, como se conocía hasta hace pocas décadas, sin entrar en las últimas experiencias para dejar «huellas» de una innovación y no de lo que esto representa para los niños y el equilibrio social futuro. Al sofisticarse esta enseñanza pierde en parte su efectividad, que necesita precisión sencilla pero comprensible. La enseñanza primaria es radicalmente diferente a la media y es un error confundirlas.

En la enseñanza primaria, hay que señalar tres tendencias:

- Enseñanza dirigida, estatal y monopolística, al servicio exclusivo de ideales totalitarios, en sus variantes de comunismo y fascismo.

- Enseñanza centralizada, con escuela única o casi y diferentes orientaciones: democrática, patriótica o religiosa.

- Enseñanza libre sujeta a algunas directrices del Gobierno, adaptada a los grupos sociales o religiosos que la sostienen.

Un congreso de primera enseñanza celebrado en Barcelona en 1911, tuvo una amplia repercusión nacional, decía que compete al Estado determinar el grado mínimo de cultura esencial al ciudadano, siendo conveniente que dicho grado refleje la aspiración del mayor número de tendencias sociales, procurando evitar aspectos sobre los que aparecen profundas diferencias, y utilizando una escuela pública adaptada a los derechos y voluntad de los padres, compatible con las aspiraciones legítimas de municipios, provincias o regiones. En este fin de siglo parece esto lógico y defendible.

El primer objetivo de la enseñanza primaria es la alfabetización, o sea la preparación de una persona para interpretar el lenguaje escrito, comprenderlo y utilizarlo. No es sencillo determinar si es únicamente una lectura cosmética o el conjunto de conocimientos más amplios que permitan a cada uno exponer oralmente o por escrito su pensamiento.

Las técnicas de memorización, caligrafía, ortografía y cuatro reglas debían ser objetivo preciso para maestros o para padres. Lo que no se adquiera en este momento será difícil que después permita la mejora del ciudadano.

Hay que añadir la importancia de la lectura, leer perfectamente y no simplemente componer palabras con dificultad, para lo que es técnica recomendable la lectura en voz alta que ayuda a mejorar la comprensión. Es preferible concentrarse en conocimientos concretos y muy útiles y exigirlos de modo intensísimo, que en conocimientos profusos que se olvidan y no preparan para la vida posterior.

3. Contenido

Conviene comentar el contenido deseable de esta enseñanza porque de él depende su efectividad. En principio podría ser:

- Explicar enseñanzas de la Iglesia Católica, salvo excepciones solicitadas individual o colectivamente, con principios sustitutivos de ética y valores cívicos o de otra religión.

- Desarrollar la memoria.

- Lograr lectura completa y fluida.

- Mejorar la caligrafía con bases duraderas de futuro.

- Ortografía completa.

- Conocimiento sencillo de matemáticas o cuatro reglas.

- Conocimiento de gramática elemental.

- Aspectos básicos de geografía e historia, local, nacional, europea a Iberoamericana.

- Comentar principios de:

- Protección de salud.

- Solidaridad y fraternidad.

- Respeto a la naturaleza.

Lo anterior parece poco pero es mucho, y si se consigue se habrá dado un paso adelante en la verdadera culturización de los ciudadanos, hoy tan amenazada por la presión televisiva y consumista.

4. Modo de impartirla

La enseñanza primaria se puede impartir de diferentes formas:

- Por la propia familia, o con personas poco profesionales (ha sido mi caso hasta los once años), que resulta hoy casi imposible, salvo con medios para organizar una verdadera escuela interna.

- Por instituciones de la Iglesia, en que durante muchos siglos se impartían conocimientos primarios, combinados con los religiosos.

- Por escuelas públicas creadas por Ayuntamientos o instituciones semejantes, necesarias para garantizar esta enseñanza, que se complete con la oferta de instituciones religiosas. En las zonas urbanas hay alternativas, imposibles en las rurales, salvo muy ocasionalmente, de donde procede su importancia.

5. Emplazamiento de centros

Es importante para esta enseñanza la localización de sus centros, que deben estar próximos a alumnos y familias, ahora en general es posible. Cabría en algunos casos movilidad de los docentes, que a diferentes horarios, de mañana y tarde, impartiesen enseñanza en locales próximos a los domicilios, del mismo modo que algunos sacerdotes dicen misa dominical en más de un pueblo. Teniendo en cuenta las condiciones actuales de transporte parece fácil ofrecer una efectiva «operación cómoda» de enseñanza primaria.

Su necesidad de implantación geográfica aconseja conocer su logística y preparar para cada provincia, incluso comarca, un mapa modificable informáticamente, que permita visión permanente de lo que ocurre, con comentarios sobre cada centro. También interesa una fácil comunicación entre todos, en especial por INTERNET, y que el conocimiento real de cada actuación no solamente llegue a las autoridades sino también a padres e instituciones de sociedad civil preocupadas por esta situación.

El número de plazas en escuelas públicas y privadas ha disminuido en los últimos años por la menor natalidad, lo que hace necesario revisar la situación logística y relación con las familias; esto afecta especialmente a la pública, pero también a la privada, aunque ésta se adapta con más facilidad.

En las reformas deberán tenerse en cuenta la repercusión de avances tecnológicos de diferente naturaleza y la posibilidad de comunicación informática, que permita centralizar en algún grado la supervisión colectiva de enseñanza primaria y garantizar un mejor nivel promedio, aunque con inconvenientes de despersonalización, pues la acción del maestro puede mejorar lo malo y la preocupación por uniformidad puede eliminar la libertad de docencia y facilitar la indoctrinación por los que gobiernen.

La enseñanza primaria necesita imaginación para revalorizarse y enfrentarse con la invasión inducida en la mente de los niños, sus víctimas, con un factor de aculturación para su vida futura. Para compensarlo conviene intensificar sus conocimientos básicos, cuya falta limitaría su capacidad ciudadana futura; es la función de los maestros en nuestra sociedad. Sería conveniente que la Iglesia ofreciese una alternativa satisfactoria, pero no es probable y serán casi sólo los maestros públicos los que den esta batalla, semejante en los objetivos finales pero diferente a la de hace cien años. Para ello cuentan con medios entonces inexistentes y que aún mejorarán en el siglo próximo. La reforma, no ya de la docencia, sino de la actividad de los docentes, deberá ser la finalidad de la política de educación de las próximas décadas; de ahí tanto mejorar su remuneración como que conserven su especial «vocación».

Sólo se conseguirá la mejora de esta enseñanza a través de los docentes, no de leyes rigurosas preparadas por políticos con fines subjetivos más que educacionales.

La existencia de alternativas, la desaparición de situaciones de monopolio, son indispensables para evitar abusos. Por ello, conviene, en las áreas en que sea posible, generar alternativas para que los ciudadanos puedan elegir sin discriminación ni protección de lo oficial.

Han sido muy negativos algunos casos de mal ejemplo que al principio de la transición fueron admitidos como «muestra de espíritu democrático», con comportamientos inadecuados delante de alumnos. Si desaparece la ética de actuación y la ética personal no existirá educación satisfactoria, aspecto en que los padres deben ejercer especial presión. La conducta y la formación de docentes debe ser pieza clave para la enseñanza primaria futura.

6. Maestros y «normales»

Un aspecto especial en esta enseñanza son los docentes, perfil especial de personas formadas en escuelas normales o semejantes, con algún peculiar modo de ser. Ahora no se habla de «maestro», sino de «profesor» que se cree más digno que el título clásico, que ha sido pieza insustituible de nuestra sociedad. La enseñanza primaria exige una estructura de docentes; esto abre posibilidad de influencia ideológica, aunque esta etapa parece bastante superada, en todo caso sin la virulencia de hace sesenta años.

No se puede ser docente sin vocación generosa, los que carecen de ella acaban olvidando su función y perjudican a la comunidad. Por eso, los de inspiración religiosa han tenido destacado valor, pues hay actividades en que no se actúa sólo por compensación económica sino por «algo más». En todo caso, el problema de las remuneraciones de maestros es básico para la enseñanza y su calidad, y no deben considerarse como «profesores de segunda clase», sino de primera en su propia función.

Los maestros son eje básico, casi único de la enseñanza primaria, comenzando por los de pueblo, históricamente mal pagados, se debe considerar como objetivo primordial su preparación y elevación de «status» y de ingresos. Parece inevitable que los docentes de primera enseñanza sufran de algún modo, pues esto acompaña a la «vocación», que necesita generosidad, sin la que difícilmente serían adecuados. Una vieja opinión es que con «buenos maestros de escuela se arreglaría el mundo»; no es suficiente, pero sí conveniente, pues se necesitaría no sólo educar sino amar a los niños.

Esto lleva a la necesidad de «escuelas normales», con ese u otro nombre, que consideren la enseñanza primaria como necesaria «per sé», en tanto la enseñanza media sería un «paso» para la universidad. Desde mediados de este siglo se ignora la «escuela normal», base de los maestros, con su necesidad de metodología especial.

La preocupación por la formación específica de docentes nació en parte en el seno de ciertas órdenes religiosas; en el movimiento social católico siempre hubo un sector activo dedicado a la renovación pedagógica. En 1970 la Ley General de Educación unificó el sistema educativo, extendiéndose a toda la población, y trasladó las «escuelas normales» al seno de la universidad, lo que probablemente devaluó su acción. De hecho esa Ley General trató de introducir objetivos sobre lo meramente instructivo, lo que pudo ser un error. En la práctica no se ha conseguido en España una formación adecuada del profesorado, no sólo porque las Escuelas Universitarias de Formación han carecido de medios modernos de trabajo sino porque estaban mal concebidas.

Integrarlas en la universidad fue un salto adelante aparentemente, pero comenzaron a faltar estudios especializados para la enseñanza de primaria. Parecía que el nivel anterior era modesto y en cambio el de «Escuela Universitaria» más elevado, pero ya no eran «maestros», nombre mítico histórico.

En 1979 se crearon las Escuelas Universitarias de Magisterio, medida que profesionalizaba el nivel científico y pedagógico, con una denominación que se creía más apropiada a sus fines; yo no estoy muy de acuerdo.

En España la Hermandad de San Carciano de maestros de Madrid se fundo en 1642, y redactó sus ordenanzas en 1646; fueron modificadas por Carlos II y posteriormente por Felipe V dando «derechos de hermandad» a los aspirantes; fue suprimida por Carlos III en 1787, para reemplazarla diez años más tarde por un «Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras». La impulsora de la enseñanza primaria a finales del siglo XVIII fue la Junta General de Caridad. El primer informe sobre Escuelas Normales apareció en España en 1834, recomendando su creación, y la primera Escuela Normal se creó en 1838, cuando ya en Francia había setenta y cinco escuelas y treinta en Alemania. Hay que destacar a Juan Bautista de la Salle en la formación de «hermanos profesores», y la creación de seminarios pedagógicos. En Alemania la primera Escuela Normal, de la que nacen luego todas las restantes, se fundó en Estrasburgo en 1810. En España la primera Escuela Normal se fundó con una renta eclesiástica. Fue importante para la enseñanza en España la Ley Moyano, que estableció una Escuela Normal central en Madrid y una en cada capital de provincia, con prácticas para que los maestros pudieran prepararse. Las escuelas normales femeninas fueron introducidas por el Duque del Infantado y ya en 1864 existían en toda España.

El objeto de Claudio Moyano era preparar maestros capaces de enseñar disciplinas varias en una sola escuela. Pienso que hay que volver a ese propósito para enseñar muy bien áreas sencillas pero básicas, evitando abusar de enseñanzas complicadas. Ocurre como en la historia de la contabilidad; en las «escuelas de comercio» se enseñaba realmente contabilidad; yo la aprendí (y me ha sido muy útil), con un librito de «Bruño» para niños de nueve años (yo tenía veinticinco). Al integrarse la contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas se perdió su conocimiento preciso, lo que durante muchos años ha pesado en España por carencia de buenos contables, hasta que por otras razones esto ha cambiado, como la propia contabilidad, antes manual y hoy informatizada. Esa lucha de enseñanzas, debe transformarla en tensión de creación, como signo de integración nacional y territorial.

7. Inspección

Un aspecto importante en esta enseñanza, en especial en la pública, es su relación regular con los funcionarios dedicados a su supervisión, generalmente dependientes de una provincia y en algunos casos de ayuntamientos. Son piezas en su estructura sociopolítica, aunque lógicamente siempre existirá tensión entre «supervisores» y «supervisados», como lo ha sido en el pasado, y más aún si es variable y disperso el emplazamiento de sus centros. Las estructuras provinciales se deberán respetar, dando medios para nuevas tecnologías y la nueva y flexible movilidad.

Para conocer la situación en cada provincia se deben mantener permanentemente cuadros informativos de ámbito territorial, tanto para la enseñanza pública como para la religiosa o particular. Un ejemplo podría ser el siguiente modelo de catálogo integrable en INTERNET, con el que sería fácil gerenciar una provincia, área o comarca determinada.

Cualquier reforma que parezca conveniente debe ser paulatina, sin traumas, adaptando permanentemente lo anterior, sin cambiar radicalmente situaciones salvo en casos dramáticos.

Los informes regulares oficiales y la estructura de primera enseñanza a partir de la de sus centros permitirán detectar y corregir desviaciones. Serían útiles reuniones frecuentes de reciclamiento e intercomunicación de docentes de un área con participación de padres.

Esta interrelación de centros próximos u homogéneos va a contribuir a mantener tensiones de mejora y emulación recíproca.

La estructura supervisora de la enseñanza primaria debe ser sencilla, normalmente provincial, integrada en el conjunto de la estructura de educación, representativa de los diversos intereses en la actividad docente y con vocales integrados en la vida académica y universitaria, ajenos a ideologías sectarias y a los intereses endogámicos de sus participantes y no dominada por interés económico. Sobre todo deben participar sus propios docentes, estimulando la aspiración de mejora, más fácil cuando existe información permanente objetiva y transparente, que facilita la resolución de diferencias frente a las inevitables discusiones cuando existe opacidad.

8. Economía

Sería interesante conocer la evolución de sus gastos, de acuerdo con el siguiente «cuadro», que sería aconsejable mantuviese cada Comunidad Autónoma; yo no he podido conseguirlo.

Con estos antecedentes y los nuevos que se incorporen, se podrán establecer normas para el futuro. Se deberían distribuir las informaciones que se obtengan entre Comunidades Autónomas y provincias, para comparar costes y reducir los que parezcan excesivos.

En conjunto el gasto nacional de enseñanza primaria pública en 1992 era de dos billones setecientos cuarenta y cinco mil millones de pesetas, que representa el 3,9% del PIB y el 9,7% del gasto público nacional. Es orientación útil para el futuro si se completa con el producto de cada Comunidad por alumno y por habitante.

Con los antecedentes y datos que se puedan obtener y hasta que sea posible conocer con exactitud los datos anteriores, convendría establecer estudios de coste relativo, difundirlos entre Comunidades Autónomas y provincias para reducir los que parezcan excesivos.

Capítulo II. Enseñanza media

Se recibe al dejar la enseñanza primaria y prepara para ser adulto y para la enseñanza universitaria. En el siglo XIX se extendió a gran parte de los hombres y a pocas mujeres; en nuestro siglo llega a casi todos los ciudadanos y es clave para la vida universitaria. Su coste aproximado representa un 25,1% del gasto total en educación, un 4,6% del gasto solidario, un 2,4% del gasto público y un 1,1% del PIB, con un promedio de 19.000 pesetas por habitante.

1. Objetivos y evolución

¿Para qué sirve la enseñanza media? ¿Es sólo obligación cívica de los ciudadanos o conveniencia cultural, o simplemente paso indispensable para la universidad? Ha sido una conquista del siglo XIX, en que con el antecedente de otros siglos se desarrolló este nivel de enseñanza con distintos nombres. Se impartía en colegios privados y en centros públicos denominados Liceos, Institutos, High Schools, etc. En España su impulso fundamental es del siglo XX y en los últimos treinta años se ha generalizado. Se imparte desde aproximadamente los diez hasta los dieciséis o diecisiete años, con fórmulas diferentes entre países y regiones, y se está convirtiendo en prácticamente obligatoria; sus alumnos representan en España el 68% de la totalidad de hombres y mujeres en las edades señaladas; estudian aproximadamente un 74% de esa totalidad en centros públicos.

El objetivo educativo del próximo siglo se centrará en esta enseñanza, ya que la primaria ha alcanzado una madurez que será fácil de conservar. No existió como tal hasta el siglo XIX. Antes de este siglo, entre las primeras letras y las llamadas facultades mayores, sólo se impartían unos conocimientos de latín, filosofía y humanidades. En España se habló por primera vez de la segunda enseñanza en el período constitucional de 1820 a 1823, aunque no se concretó ningún plan específico. Posteriormente esta «indefinición» se manifestó en una cierta inestabilidad en relación a los planes de estudios. Entre 1836 y 1931 se aprobaron veinticinco planes diferentes, sin contar con los innumerables proyectos que no llegaron a publicarse.

El primer plan de enseñanza media fue el del Duque de Rivas, del 4 de agosto de 1836, que reguló el funcionamiento de los centros docentes y remodeló los programas de estudios. En 1846, se publica el conocido Plan Pidal, que constituyó una mejora respecto a los anteriores y que destinaba esta enseñanza a las clases medias y altas, manteniendo la instrucción primaria como grado de conocimiento que debe adquirir el conjunto de la población.

En este siglo el primer plan es el de 1903, cuyo último curso fue el de 1937, en el que yo acabé mi bachillerato; todavía duraba seis años, sin examen de Estado, ni reválida para ingresar en la universidad. La Ley Reguladora de los Estudios del Bachillerato, que comenzó a aplicarse en 1938 abría la reforma de lo que se llamó «enseñanza media». Los principios que la inspiraron eran de orden antropológico, jurídico, académico y pedagógico: primacía de lo espiritual, tradición y modernidad, y formación de la personalidad «sobre un firme fundamento religioso, patriótico y humanístico». Otras disposiciones en relación a la enseñanza media son la «Ley de Ordenación de Enseñanza Media», de 26 de febrero de 1953, la Ley de abril de 1967 y las disposiciones referidas al bachillerato en la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970. En la actualidad con la extensión de la ESO está cambiando sustancialmente su estructura, en lo que no entro, pues me limito a comentar objetivos generales, sin tratar situaciones concretas e inmediatas.

El conjunto de este gasto aparece en el siguiente cuadro:

La distribución por Comunidades Autónomas y Áreas es la siguiente:

Hay que prever en el próximo siglo mayor competitividad y aplicación de normas y criterios objetivos para juzgar su calidad y facilitar su adaptación a los cambios de nuestra sociedad. Los cuadros informativos siguientes son sólo modelos teóricos que convendría completar para preparar la actividad del próximo siglo.

Los datos de los dos cuadros anteriores serán importantes para las decisiones en la España del próximo siglo. Espero que sean posibles.

2. Situación actual

Los planes de enseñanza desde 1903 han respondido en general a ideólogos teóricos, con intenciones políticas o buscando principios pedagógicos novedosos, a veces sólo cosméticos, respecto al plan anterior. Personalmente estoy satisfecho del plan de 1903 que cursé aceptablemente; era concreto y suficiente, pocas asignaturas por curso y permitía desenvolverse en la vida social de aquella época (y en la actual). Lo cursé en el Colegio del Pilar, de Madrid, de los Marianistas, que creo ejemplo de buen hacer, no solamente de mi época, pues fueron cinco los hermanos que en él estudiamos, sino en una más reciente, que conocí a través de cinco hijos que también han cursado sus estudios en él. Destaco la gran variedad de sus alumnos, entonces y ahora, sin discriminación entre ellos, aun con distintos intereses y puntos de vista; exigía una objetividad que creo se ha mantenido, en épocas tan diferentes como la preguerra y la transición.

Para reflejar las diferencias de ese plan con el vigente, transcribo las asignaturas que estudié y las actuales.

En 1903 se exigía:

Primer año: Lengua castellana, alterna; Geografía general y de Europa, alterna; Nociones y ejercicios de aritmética y geografía, alterna; Religión, dos clases semanales; Gimnasia, alterna. Segundo año: Lengua latina, primer curso, alterna; Geografía especial de España, alterna; Aritmética, alterna; Religión, dos semanales; Gimnasia alterna. Tercer año: Lengua latina, segundo curso, alterna; Lengua francesa, primer curso, alterna; Historia de España, alterna; Geometría, diaria; Religión, una semanal; Gimnasia, alterna. Cuarto año: Preceptiva literaria y composición, alterna; Lengua francesa, segundo curso, alterna; Historia universal, alterna; Álgebra y trigonometría, diaria; Dibujo, alterna. Quinto año: Psicología y lógica, alterna; Elementos de historia general de literatura, alterna; Física, diaria; Fisiología e higiene, alterna; Dibujo, alterna. Y Sexto año: Ética y rudimentos de derecho, alterna; Historia natural, diaria; Agricultura y técnica agrico-industrial, alterna; Química general, alterna.

El plan vigente exige:

Enseñanza Media

Primer curso, de materias comunes: área de lenguaje, con lengua española y literatura, y lengua extranjera (cuatro horas cada una); formación estética: con dibujo (3 horas); música (2 horas); área social y antropológica: con historia de las civilizaciones del arte (4 horas); educación física y deportiva (2 horas semanales); como optativo, un segundo idioma moderno. Segundo curso, Área del lenguaje: con lengua y literatura española, latín y lengua extranjera (4 horas semanales cada una); área social antropológica, con geografía humana económica (3 horas); área de ciencias matemáticas y de la naturaleza (8 horas semanales; área de ciencias matemáticas y de la naturaleza: con matemáticas, física y química (4 horas cada una); área de educación física (2 horas semanales); optativos, enseñanza y actividades técnico profesionales y segundo idioma moderno. Tercer curso. Materias comunes: área del lenguaje, con lengua extranjera (3 horas); área social y antropológica: con historia de España y de países hispánicos y ordenación constitucional (4 horas) y filosofía (4 horas); área de educación física y deportiva (2 horas). Materias optativas: literatura, latín, griego y matemáticas (4 horas semanales).

Hay cuatro opciones, con los siguientes contenidos. Opción A: materias obligatorias en matemáticas y física (4 horas cada una); materias optativas: química, biología, geología y dibujo técnico (4 horas cada una). Opción B: materias obligatorias: química y biología; materias optativas: matemáticas, física, geología y dibujo técnico (4 horas cada uno). Opción C: Ciencias Sociales; materias obligatorias: matemáticas, historia del mundo contemporáneo (4 horas); optativas: literatura, latín, griego e historia del arte (4 horas). Opción D: Humanístico-lingüística; obligatorias: literatura, historia del mundo contemporáneo (4 horas); optativas: latín, griego, historia del arte y matemáticas (4 horas).

Los grupos de enseñanza son los siguientes. Primer curso: en un grupo: lengua española, literatura (5 horas), lengua extranjera (4 horas), historia de las civilizaciones (4 horas); en otro, matemáticas (5 clases semanales), ciencias naturales (4) y dibujo (3). Segundo curso. En un grupo: lengua española, literatura (4) latín (4), lengua extranjera (4), y en otro geografía (3), matemáticas (4), física y química (5), información religiosa (1). Tercer curso. En un grupo: lengua extranjera (3), geografía e historia (4), filosofía (4), música y actividades artísticas (1), formación religiosa (1). Y en el otro lengua española y literatura (4), latín (4), griego (4), matemáticas (4). Además están: Lengua y literatura española (4), ciencias naturales (4), física y química (4) y matemáticas (4).

COU

Opción A: Obligatorias: Matemáticas y física, y como optativas: química, biología y geología (todas con 4 clases). Opción B: química y biología; y optativas matemáticas, física, geología y dibujo técnico. (Todas con 4 clases). Opción C: matemáticas, historia del mundo. Optativas: literatura, latín, griego, historia del arte (todas con 4 clases). Opción D: Humanístico-Lingüística, con literatura, historia del mundo contemporáneo (4 clases); y optativas: latín, griego, historia del arte y matemáticas (4 clases).

No conozco la ejecución concreta de este plan, ni si ha sido diferente de unos centros a otros. Temo que en algunos haya resultado difícil de ejecutar. Mis propuestas, que luego señalo, son distintas en el fondo y naturalmente en la forma y no sé cómo habría que adaptarlas si se quisieran ejecutar. No me he detenido a dar opiniones concretas que exigen un preciso conocimiento pedagógico y docente, de que carezco. Mi única recomendación sería que los cambios no sean bruscos.

La calidad es el termómetro de la eficacia de un centro de enseñanza y resumen de su actuación, orientada a un objetivo básico, mejorar el nivel de conocimientos que reciba un alumno, que como los pacientes en los hospitales son el eje básico sobre el que debe girar su gestión. Por eso convienen normas generales de calidad para todos los centros (aunque algunos puedan ampliarlas), y que sean objeto de comentarios en las inspecciones e incluso objeto de difusión, comparación y hasta de estímulo para que otros mejoren.

La calidad se refleja en las calificaciones regulares de los alumnos, en su éxito en los pasos siguientes de su educación y por supuesto en los éxitos profesionales posteriores. Todo esto importa, pero también debe considerarse la satisfacción de los padres, autoridades y ciudadanos.

Será conveniente que se preparen con objetividad «rankings» de los centros. Así se analizaría su calidad, sus defectos o aspectos positivos, como se está imponiendo en varios sectores de la vida moderna; es lo que realmente ha de ayudar a las familias en su elección de centro.

Un aspecto criticable es el práctico abandono, culpable y negativo en mi opinión, de estudios clásicos y de humanidades, en general estimulado por «frívolos pequeños burgueses» con «poder» propio, que ejercen para cambiar la realidad de las cosas y la historia, de que abusan con exceso. Para ellos sólo la «ciencia» es importante (complejo que cabría calificar de «hortera»), y en consecuencia la enseñanza media debe concentrarse en estudios «científicos» a costa de los de «humanidades». Pienso lo contrario. La enseñanza media debe orientarse a temas que luego se olvidan en el trabajo directo o en la enseñanza superior y que ofrezcan una formación cultural histórica y de «principios» éticos, filosóficos, religiosos, cívicos y científicos, con menos dedicación en los «pragmáticos científicos», que principalmente deberán ayudar a elegir a los alumnos su especialización universitaria. Ningún conocimiento de éstos ha sido útil para mi trayecto de vida profesional y empresarial, y sí en cambio los otros. Esta realidad parece una «revolución» respecto a lo que se creía óptimo en los últimos cincuenta años.

El desarrollo actual de la ciencia y de la tecnología convierte en sencillas las acciones que antes necesitaban preparación especial. En el centro de África, personas con cultura limitadísima desempeñan con eficacia actividades tecnológicas, que añaden posibilidades a la globalización laboral. Es fácil manejar un micro-ordenador con programas y normas precisas; cualquiera lo aprende sin dificultad. Pero es irrecuperable la ausencia de conocimientos de latín, de historia, de lingüística, de literatura, como lo es no redactar correctamente y sobre todo sin ortografía.

Hay que recordar que en los años cuarenta y cincuenta de este siglo se produjo en España una expansión del latín y griego, con penurias y casi sin profesionales, pero después desapareció por influencia de pedagogos y estímulos de organizaciones internacionales, y lo que eran centros de enseñanza media y donde cada cual se entregaba a la enseñanza de su materia, es ahora una jungla legal, con un profesorado dependiente de mil autoridades y teniendo que adaptarse cada día a mil situaciones ajenas a su vocación.

La sociedad del siglo XXI necesita que los ciudadanos tengan conocimientos sociales y no se conviertan en simples viciosos de la pequeña pantalla o de música que conduce a droga, o a concentrarse como espectadores de algún deporte convertido en espectáculo. Hay que luchar contra lo que sin reflexionar «quiere la sociedad»; debería ser un objetivo de la enseñanza media.

En la sociedad actual no es necesaria una formación específica en informática, como no lo es en las técnicas de comunicación telefónica, aunque todos utilicen tanto una como otra. El uso de equipos informáticos se integra en la formación inevitable de todos los ciudadanos y no justifica el coste de un equipo en cada centro para cada alumno; sería cosmético y en parte despilfarro.

La mayor actividad «pragmática» de los ciudadanos les obliga a adquirir en el momento crucial de la enseñanza media, conocimientos en áreas que después abandonarán. La incultura que se advierte en las nuevas capas de universitarios tiene este origen. Parece necesario reforzar los conocimientos de humanidades y ciencias sociales para cuando ya no puedan dedicar tiempo a aspectos sin interés «inmediato». También debería volverse a la memorización de los Reyes Godos y otros semejantes, pues se debe dedicar atención a lo que después no ha de tener utilidad. El álgebra y la trigonometría sirven ahora para muy poco, y se olvidan. En cambio, es útil el latín, cuna de nuestra cultura, y del que deben preocuparse los centros que aspiran a calidad; y en especial el mayor conocimiento de geografía, de historia, de literatura y lingüística básica, no de teorías sofisticadas.

Sería un vuelco extraordinario, pero útil y no sólo intento de modificar cosméticamente lo que existía anteriormente. El bachillerato que yo estudié, con pocas asignaturas, dejaba, conmigo lo ha hecho, un sedimento cultural. Al examinar los complejos de asignaturas, los conjuntos matemáticos y las teorías que aprendieron mis hijos y tienen que aprender mis nietos, pienso que se ha avanzado poco o se ha retrocedido, precisamente cuando debía ocurrir lo contrario.

3. Nueva enseñanza media

Las necesidades reales del bachillerato de hace sesenta años son diferentes a las del bachillerato próximo; yo voy a ofrecer, con osadía, algunas líneas «de profano» para tener en cuenta en un programa integral futuro de esta enseñanza. El «trivium» y el «quatrivium» se destinaban a personas que se suponía iban a tener un alto nivel científico en la vida social. Pero ahora el bachillerato es un paso cada vez más general antes de la especialización en la universidad y superespecialización en las diversas clases de maestrías y doctorados.

Un plan ideal de enseñanza media debería ser sencillo y fácilmente comprensible, con énfasis en asignaturas obligatorias, sin favorecer alternativas prescindibles a costa del conocimiento de lo indispensable en la vida laboral.

Los aspectos concretos en mi opinión, de acuerdo con historia personal, útiles para los ciudadanos son los que luego comento, aunque no sabría integrarlos en un plan orgánico; es sólo un «ejercicio» de quien no va a ser responsable de su ejecución.

Conocimientos religiosos, éticos y cívicos; en especial:

- Realidad transcendente de la vida humana y necesidad de su análisis; conocimiento e historia de la Iglesia Católica como institución social, así como de otras iglesias. Para una gran mayoría de alumnos ésta será la última ocasión de recibir criterios y puntos de vista que protejan del hedonismo y el consumismo.

- Valor socioeconómico de la familia para la libertad individual como base de cooperación, solidaridad y generosidad, y conveniencia de protección que impida su desaparición o debilitamiento.

- Conocimiento de la vida civil y lo que representa, con sus ventajas, límites y problemas y principios éticos de actuación, privada y pública.

- Valores para la convivencia social.

- Corrupción en la vida privada y pública.

- El ocio en lo individual y en lo colectivo.

Conocimientos de lingüística, letras y humanidades

Conocimientos de historia y antropología

- Historia general y «autonómica» de España y de América.

- Realidad de Europa y su evolución en la historia.

- Universalización, integración internacional y xenofobia, su protección y efectos.

- Antropología de occidente y otras culturas.

- Fines e importancia de los medios de comunicación en la vida individual y social, problemas y aportaciones.

Conocimientos sobre la justificación, función e historia de la ciencia y tecnología, y en especial de la investigación, del modo que sean útiles para elegir estudios superiores. Esta sí sería una aportación para los futuros alumnos en la decisión de su carrera y su contenido puede incluir actuaciones concretas para ayudar a los alumnos a descubrir su vocación profesional. El acierto en este sector, aunque personalmente yo no sabría proponer las líneas y contenidos adecuados, será un objetivo básico de cualquier reforma, con la profundidad que corresponda.

Conocimientos concretos para la actuación individual:

- Ortografía, evitando que sea posible pasar de curso o adquirir un grado de esta enseñanza sin su dominio pleno; requerirá atención permanente y hasta concursos regulares, como hacen los anglosajones.

- Redacción complementaria a la ortografía, obligando a preparar ensayos o artículos de alguna clase.

- Oratoria y expresión en público, con concursos como las «reuniones de debate», tan importantes en los anglosajones.

- Memorización de conocimientos, como sistema básico cultural no sofisticado. Recuerdo que a veces resulta difícil reconocer que la memorización no es negativa, aunque para muchos alumnos no sea suficiente.

Conocimientos para una sociedad universalizada, dando especial interés al estudio de idiomas. Se debe conocer bien el propio, pero también los ajenos, que pueden variar por propias circunstancias, pero que en general serían:

- Idioma alternativo de un área geográfica, con fórmulas para no obstruir el conocimiento del idioma básico, precisamente para preservar el bilingüismo. Esto depende naturalmente de cada comunidad y decisión territorial, suficiente, pero no bastante en una u otra dimensión.

- Principales idiomas de la nación, conveniente para la armonía social, con un mayor número de personas que conozcan en algún grado lo que utilizan sus conciudadanos. Esto debe extenderse al idioma portugués, país con el que necesitamos comunicarnos permanentemente en nuestra Península y en América.

- Idioma inglés (y otro en algún caso), que se ha convertido en indispensable en la comunicación mundial, buscando fórmulas para que se estudie de modo «positivo», no con generalizaciones sin huella, para lo que convendría preparar métodos específicos que faciliten la acción de los docentes y sus efectos productivos.

- Lenguas clásicas, especialmente el latín, al menos en ciertos centros con aspiración de nivel elevado, con ventajas culturales subjetivas y objetivas.

Para que los anteriores conocimientos puedan impartirse con utilidad deberán prepararse en cada caso niveles precisos o aportaciones básicas que ayuden a completar estas ideas y que deben conocer con precisión los docentes en general sin preparación conveniente para ello. Se deberán completar con conocimientos indispensables en la vida ciudadana:

- Impacto de la educación y la enseñanza, con obligaciones, alternativas, etc.

- Protección pública de salud, impactos ecológicos y conocimiento de su estructura logística y obligaciones de asistencia sanitaria.

- Relaciones de trabajo y empleo, derecho de trabajo y derivados, como son las pensiones, aun las que no estén vinculadas a la vida laboral.

- Desempleo, con derechos y obligaciones relacionadas. ¿Parecería lógico que esto no se ofreciese en esta enseñanza, con más del veinte por ciento de posibilidades de que un alumno se enfrente con él?

- Transporte en la vida ciudadana y utilización del automóvil.

- Consideraciones económicas, empresariales y de creación de riqueza, pública y privada.

- Justificación y metodología de tributos y fiscalidad y obligaciones ciudadanas.

- Principios de derecho y justicia en la actuación individual y colectiva.

Mi propósito en este libro no es entrar en temas circunstanciales, pero tengo que referirme a un problema creado dentro de lo que se llama «plan de humanidades», aunque sólo es parte pequeña de ellas y se refiere a nociones básicas para el estudio de la historia, extendible también a la antropología y a otras ciencias humanísticas relacionadas con el pasado.

Según un interesante artículo del catedrático Javier Varela, único que me ha hecho ver con cierta claridad lo que subyacía en una discusión con términos mal expresados por los medios de comunicación, he advertido que se trataba de ampliar normas de enseñanza mínima histórica, de muy generales a un poco más precisas, que interferían en aspectos discutibles de la nueva historia que se quiere imponer en muchas comunidades autónomas para proteger puntos de vista propios, e incluso estrategias con fines electorales. Es consecuencia del método marxista de «interpretación materialista de la historia», que consiste en reinventar o interpretar de modo muy subjetivo hechos reconocidos.

Cualesquiera que sean las causas e interpretaciones más precisas, creo que una fórmula aceptable para la enseñanza de la historia sería que un conjunto homogéneo de historiadores de diferentes áreas geográficas resumiera la historia de España, evitando agudizar diferencias, en la línea que se estudiaba en mis años de bachillerato, sin pasar probablemente de la Primera Guerra Mundial, para evitar inevitables fricciones e interpretaciones de lo muy próximo en que sería difícil ponerse de acuerdo con radicales de uno u otro signo, y que es difícil que no se convierta en una interpretación de «los principios del movimiento de cada tendencia». Pero ese objetivo no debería impedir que los españoles conozcan la mayor parte de los hechos, aceptados generalmente desde hace siglos, porque a algunos ideólogos radicales les perjudiquen en sus puntos de vista.

A mí me parecen poco correctas bastantes interpretaciones de la historia de España en el siglo XIX, en especial las referentes a lo que significaron las Guerras Carlistas, pero admito que ya hay un reconocimiento objetivo y tratar de alterarlo sería muy negativo. Las «historias» que estudiábamos en mi época constituyen una base precisa utilizable, aunque algunos aspectos históricos, en especial en relación a la guerra en que triunfó Felipe V, podrían requerir dos interpretaciones simultáneas, pero ambas objetivas. Lo que no es admisible son los intentos de reinventar la historia, lo que Javier Varela cree está ocurriendo; si está en lo cierto habrá que reconocer que España no merece existir y que el régimen de las autonomías se ha acabado transformando en vehículo para imponer caprichos históricos. Espero que así no sea.

Aparte del «programa ideal» mencionado, quiero también referirme a asuntos de otra clase para esta enseñanza:

- Nuevas tecnologías, con recursos multimedias y clases simultáneas o sucesivas a alumnos de diferentes centros que escuchen «conferencias maestras» de grandes especialistas sobre temas específicos. Deben ayudar a los docentes, pero nunca servir para eliminar o reducir la responsabilidad de su función. Esta actuación exigirá una permanente acción de reciclaje con atención a modificaciones y cambios. La transmisión automática de preguntas será útil en los diferentes centros y debe ser reservada en caso de exámenes. Estas acciones tendrán especial repercusión en los próximos años, con la generalización de los avances informáticos y de comunicaciones a que estamos asistiendo.

- Impresión «in situ» con poco coste de libros de texto, para reducir el gasto familiar por este concepto. Esta evolución perjudicará amplios intereses creados, como todos los cambios y transformaciones, al hacer posible la reproducción de textos escolares con impresoras rápidas y discreta encuadernación, quizás con precio inferior a mil pesetas por unidad. Parece utopía pero no lo es.

- Distribución colectiva de información útil para entregar fotocopiada a sus alumnos. En Colombia, muy adelantada en estas tecnologías, en la Biblioteca «Luis Angel Arango», propiedad del Banco de la República, están preparando una gran antología informática de literatura nacional, coordinada y clasificada para ofrecer a cada centro de enseñanza, a través de INTERNET o de fax, poesías apropiadas para el aniversario de Bolívar, el de la independencia nacional y para otros acontecimientos semejantes. Este método, con amplia y diversa utilidad, en varios sectores facilitaría esta enseñanza. Recogí esta idea en una conversación casual con el Director de esa Biblioteca.

4. Coordinación y alternativas

No puedo juzgar «responsablemente», ni quiero hacerlo de otro modo, las recientes modificaciones de la enseñanza media. Se imparte en institutos, colegios religiosos, academias privadas, algunas muy modestas, y centros para personas con exceso de medios económicos. Salvo excepciones, está reconocida la calidad promedia de los centros religiosos, que por lo menos desde hace veinte años han sido examinados minuciosamente por el Ministerio, con menor preocupación por el nivel de los centros públicos, en algunos casos muy deteriorado.

La diferencia de la calidad de los centros actuales de cualquier clase puede dar lugar a injusticias en cuanto sus «notas» son decisivas para el ingreso en la universidad. Por eso, habría que compensar la «generosidad» de algunas calificaciones con impacto ulterior, en especial en los centros excesivamente rigurosos que pongan en inferioridad respecto a los otros. Posiblemente esto podría conseguirse mejor si la «selectividad» la hiciese cada universidad.

Siempre ha sido conveniente que centros educativos con actividades o por lo menos finalidades semejantes estuviesen coordinados entre sí, pero era muy difícil. Ahora esto ha cambiado y la utilización informática ofrece posibilidades para intercambiar informaciones y sobre todo mejorar la homogeneidad en cuanto ésta sea recomendable.

Se debe promover la flexibilidad didáctica, aunque en algunos aspectos la rigidez garantiza la difusión de los conocimientos indispensables, que caprichosamente podrían eliminarse.

Las «prestaciones solidarias» en la enseñanza media tienen menos impacto que en la primaria, pues en ella existe más libertad y se exige mayor esfuerzo y sacrificio a los padres, pero son necesarias prestaciones solidarias para que todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a esta enseñanza.

Es importante socialmente favorecer la libertad y las alternativas a lo oficial, buscando efectividad sin discriminación y que se estimule la acción de las instituciones religiosas, que en general tienen menor coste y en muchos casos mejor calidad de enseñanza.

En el panorama de la enseñanza media española existen en general alternativas y la libertad de selección de las familias puede ser aprovechada en bastantes casos. Basta con no prohibirla, no dificultarla con impedimentos artificiales y hacer con equidad los repartos de asignaciones a centros alternativos. No siempre es terreno fácil; detrás de algunos centros de enseñanza media existen intereses económicos que pueden hacer desviar, y hasta corromper, la validez de su enseñanza. Por eso, será indispensable exigencia regular informativa desde cada centro y que expresen con precisión sus principios de actuación y compromisos con alumnos y familias, así como la relación de sus docentes útiles y sus calificaciones y cualquier otro aspecto de interés para los que necesitan seleccionar un centro.

La enseñanza oficial requiere aportaciones públicas especiales, por dos razones, porque tiene obligación de aceptar alumnos rechazados en otros centros y porque necesita garantizar un puesto escolar a todos los alumnos. Su calidad es en algunos casos inferior a la religiosa y en ciertos centros a la promedia. Un director adecuado puede mejorar el nivel de su centro y ésa debe ser su obligación.

Esta enseñanza media necesita compensaciones para alumnos con dificultades, que exigen un tratamiento específico con coste suplementario que la colectividad debe compensar, tanto en la oficial como en la privada. Entre otros cabe citar:

- Subvenciones y asignaciones objetivas a centros no públicos que impartan enseñanza efectiva y responsable, que sean proporcionales al coste de los alumnos que educan, que reducen los costes de la enseñanza oficial.

- Becas a alumnos, por razones subjetivas, o por capacidad excepcional.

- Financiación para alumnos con dificultades para los cursos que por edad les correspondan.

Estas compensaciones deben evitar la discriminación, por considerar, como hacen hasta ahora algunos ideólogos, que lo privado es negativo socialmente y causa de despilfarro de recursos.

En todo caso, los centros de una u otra clase deben estar sometidos a una inspección común y con normas concretas para exigir información, analizar desviaciones y corregir abusos y errores. La utilización de nuevas aplicaciones tecnológicas ha de agilizar esta acción y facilitar estudios objetivos que mejoren la calidad de cada centro.

5. Catedráticos de instituto

El protagonista básico de la enseñanza media ha sido el catedrático de instituto, figura semejante al del «instituteur» de Francia, muy acreditada en nuestra vida socio-administrativa. Su figura ha de ser base de cualquier reforma, mejora o cambio que se proponga. Existe un cuerpo orgánico, ahora con otro nombre, producto de oposiciones duras con los defectos que éstas tienen, pero que reduce el favoritismo y amiguismo. Conviene robustecerlo y así reestructuración en razón de los cambios en esta enseñanza, aunque no fuesen tan extremos como los que yo comento en este capítulo.

El catedrático de instituto, que en algún momento parecía alguien que no había podido convertirse en catedrático de universidad, ofrece ejemplos extraordinarios de calidad e imagen, del que un caso muy destacado es el profesor Antonio Domínguez Ortiz, prestigiadísimo historiador español que «no ha llegado a ser catedrático de universidad», aunque sí sea «Académico de la Historia», o los casos de Gerardo Diego, Antonio Machado y otros análogos. Algunos piensan que constituye una actividad con más obligaciones y responsabilidades de trabajo concreto que la de catedrático de universidad, especialmente en una etapa en que bastantes de éstos han sido designados en parte por razones no educacionales.

Será un problema la introducción en esta enseñanza de asignaturas «no clásicas» que se han de integrar con las clásicas, en que están especializados los catedráticos de instituto, pero si se hace con sentido común puede mejorarse la inestable situación actual. Como en varias de estas nuevas áreas no se requiere tiempo completo, se podrán impartir por un solo docente para varios centros, e incluso podrían llegar a establecerse dos clases, los docentes que al dedicar tiempo completo a un centro tengan labor permanente de tutoría y los que al dedicarse a varios centros no pueden ejercer esta función.

Se plantea también el caso de la «tenure» del funcionariado público, genérico de toda la administración española y que no debe tratarse aisladamente; pero que destaca en esta actividad pública, religiosa o privada, pues hay que elevar lo más posible su nivel medio de profesionalidad. Es un caso como el de la carrera militar, socialmente necesaria, que requiere normas especiales para compensar sus esfuerzos.

También habría que estudiar lo que podría llamarse «escuela de docentes», pues conviene que los catedráticos de distinta especialidad, aun en diferentes áreas, tengan conocimientos profundos pedagógicos y conocimientos de la gestión de «centros de enseñanza media», adaptados a cada situación de su estructura. No sé si lo actual es suficiente.

6. Enseñanza profesional y aprendizaje

La enseñanza media, como ya está ocurriendo, no debe enfrentarse sino coordinarse con la profesional. Conviene estimular ésta, pues pervive la idea de que a ella acuden los que no pueden alcanzar el nivel general, casi como fracaso; fue un intento para mejorarla de José Antonio Girón, que pudo tener un error de concepción y otro de ejecución, pero con intención de dignificar un sector de enseñanza, básico para nuestra sociedad en las próximas décadas.

La enseñanza media ofrece hacia los quince años un título útil para dar «status» a un ciudadano, para que no se sienta disminuido cuando acude después a un centro de formación profesional. ¿Es esto suficiente?

El aprendizaje individualizado ha sido método normal de adquirir conocimientos para preparar a jóvenes, incluso de menos de dieciséis años, a un «oficio» manual, posible fuente creciente de trabajo y de remuneración satisfactorio, en que no basta una formación teórica colectiva, sino que requiere «enseñanza» a cargo de un verdadero «tutor manual» que corrija deficiencias y errores.

Los que «educan» para el aprendizaje son maestros y no se los debe considerar de modo despectivo. El aprendizaje no es una institución de esclavitud sino una vía lógica para entrar en el mundo laboral, en especial en el independiente y autónomo que debería ser más buscado que el del «curre» administrativo.

Marxistas y marxistoides han manifestado en las últimas décadas prevención especial contra el aprendizaje, que requiere actuación tipo «padre de familia», con las restricciones de esta situación; con ello se ha llegado a una carencia de personas útiles para ciertos oficios que se sustituyen por actuaciones burocratizadas, insuficientes y costosas. Convendría corregirlo.

El aprendizaje hace conveniente en bastantes ocasiones «terminación prematura de la enseñanza general». Al elevarse la edad de obligatoriedad se acentúa el problema, aunque en los países mejor escolarizados, como Alemania, existe estímulo y acción de aprendizaje. En España necesitamos promoverlo, incluso admitiendo excepciones en contratos de aprendizaje con remuneración baja, como objetivo socialmente útil no como «concesión» por presión exterior. Pienso también que cabría ofrecer alguna clase de compensación a quienes actúen como «maestros», y que así encuentren interés para esta acción. Puede haber abusos, pero existirán muchos efectos positivos.

El empleo juvenil se debería incrementar con fórmulas de esta naturaleza. Es ilusorio pensar que se puede aspirar a adquirir conocimientos efectivos de trabajo sin un período duro y con sacrificio. Se ha acabado el tiempo de hace veinticinco años en que los jóvenes, inducidos por «técnicas agiprop», aspiraban a salarios semejantes a los de los adultos; fue uno de los efectos más negativos del período «pre-transición» o «tardo-franquismo» que ha ido desapareciendo, pero dejando perjuicios y prejuicios en la vida social.

7. Informática y tecnología

Los modernos avances informáticos y tecnológicos repercutirán en la enseñanza media de diferentes formas:

- Haciendo posible y exigiendo «transparentismo público contable», o sea, normalización de la anotación de todos los gastos e informaciones regulares de cada centro de enseñanza, que pueden ser comunicados inmediata y automáticamente a las autoridades que correspondan, y que siempre sean fáciles de conocer por interesados y ciudadanos.

- Con reproducción y transmisión a distancia de experiencias cualificadas de especialistas en temas concretos para facilitar su utilización en centros de otro modo con limitaciones, incluso aceptando que determinados cursos, al menos como alternativa, sean explicados a distancia.

- Con métodos de teleenseñanza para intercambiar actividades de unos centros con otros, de modo obligatorio o voluntario, oficiales, privados, o religiosos. Esta enseñanza compartida deberá ser aplicable en la futura estructura de la educación con redes especiales con este objeto.

La utilización directa de informática se está generalizando y en casi todas las áreas de enseñanza conviene utilizar equipos informáticos de alguna clase. Precisamente por esto, será más necesario y obligado conocer bien «las cuatro reglas» para no depender exclusivamente del exterior.

8. Gestión y administración

Corresponde a esta enseñanza una estructura propia enmarcada dentro de la educativa general y coordinada con toda ella, pero con posibilidad de actuación autónoma, con acción de sus docentes para este objetivo, aunque debería estar en parte supervisada por la enseñanza universitaria, su vértice piramidal.

Su dependencia geográfica debe estar en las «Comunidades Autónomas», que necesitan capacidad propia y sobre todo equipos humanos para hacerla efectiva.

En las líneas señaladas en la introducción a este capítulo, serán posibles y útiles estructuras de supervisión. Es posible que los cambios que se están introduciendo con la ESO y otros que pueden introducirse en el futuro puedan aconsejar modificar la logística de centros y profesorado. Pero creo que aun partiendo de lo actual será siempre necesaria una inspección efectiva y objetiva que vigile y corrija la actuación de centros y sobre todo de los públicos. Para que esto sea efectivo deben existir cuerpos especiales de inspección territorial de centros educativos y en lo nacional supervisión de inspección territorial. Se necesita información regular de centros, sólo posible con transparentismo, como ya he dicho, que ofrezca información inmediata y regular.

En este futuro que se prevé, se oriente o no del modo que yo he señalado, la «inspección colectiva de esta enseñanza» debe tener como funciones principales:

- Coordinar actuaciones entre centros públicos y privados.

- Conocer con precisión la evolución en los públicos y privados, sus presupuestos y el cumplimiento de su ideario.

- Normalizar la gestión contable y administrativa y la utilización en cada centro de PCs para introducir datos.

- Ayudar a resolver problemas y corregir desviaciones.

- Organizar el trabajo de los docentes en los centros públicos, con sustitución de los que falten ocasionalmente y necesiten ser sustituidos.

- Facilitar la selección de docentes y estructurar su personal de reciclamiento.

Los servicios territoriales de inspección deberán ser supervisados por los servicios centrales, que con la experiencia de toda España y con intercambio de asesoramientos pueden conseguir un alto nivel general de eficacia y permanente tensión de mejora, objetividad y eficiencia. Se podrían difundir «Rankings» objetivos de su actuación.

9. Economía

Resulta prioritario el conocimiento preciso del coste de la enseñanza media en los presupuestos públicos a fin de determinar las necesidades de estas «prestaciones solidarias», para:

- Financiación logística de inversión o arrendamiento de edificios e instituciones, especialmente en las zonas en que no sea posible alternativa privada suficiente.

- Financiación operativa de centros públicos.

- Aportación a centros privados, cuando ésta proceda.

- Becas individuales para alumnos, en especial con dificultades subjetivas.

Lo anterior repercutirá en los presupuestos públicos de cada Comunidad Autónoma y en el nacional. Cuando los costes sean claramente conocidos se podrá analizar su evolución y prever costes futuros. Será importante que exista un «standard» de costes, apoyándose en la experiencia histórica cuya evolución servirá para orientación de los gobernantes y parlamentarios territoriales.

Con los datos que he podido obtener, no siempre precisos, que señalo al comienzo de este capítulo, me parece que el coste público de la enseñanza media podrá ser: el 1,1% del PIB y lo paralelo en cada comunidad autónoma, a que habría que añadir el coste de enseñanza no pública, difícil de conocer. Los datos precisos de cada comunidad autónoma serían el standard que inicialmente debe utilizarse, haciendo de él la guía principal para el futuro hasta que sea posible un análisis detallado de su evolución y de modificaciones consecuencia de cambios sociológicos o tecnológicos.

Conviene que exista una información regular de cada centro, que sirva para juzgar su evolución y objetivos, y haga fácil la comparación con otros semejantes.

Capítulo III. Enseñanza universitaria y superior

Culminación de la educación para la vida adulta y para la actividad de trabajo. Es variada y diversa; exige alto nivel en sus responsables y completa transparencia para su actuación. Su coste aproximado representa un 17% del gasto en educación, un 3,1% del gasto solidario, un 1,7% del gasto público, un 0,81% del PIB, con un promedio de 13.000 pesetas por habitante.

La Universidad impulsa el conocimiento de los ciudadanos y ha de ser el motor de nuestra nación en el siglo XXI. No hay que regatear esfuerzos y sacrificios por reformarla. Debe ser instrumento para inspirar toda la educación, contribuir al salto cultural de gran número de españoles y ser eje de la investigación nacional. Su mejora exige la acción entusiasta de sus docentes, dirigidos por rectores por ellos elegidos.

La Ley de Reforma Universitaria de 1985 (LRU), de que procede la situación actual de la universidad, establece en su preámbulo algunos principios que luego no se desarrollaron e incluso se olvidaron. Son los siguientes:

- La Universidad no es patrimonio de los miembros de la comunidad universitaria, sino que ha de constituir un auténtico servicio público.

- El control de su actuación es necesario como contrapartida de la autonomía y del privilegio de acceder a ella y adquirir un título académico.

- La Universidad debe recibir recursos para utilizarlos con autonomía pero también debe asumir el riesgo y las responsabilidades inherentes a su libertad de actuación.

Es necesario que el profesorado, clave de su éxito, y ejemplo de dedicación intelectual y entrega profesional, no se considere con casi igualdad a los estudiantes, que pasan circunstancialmente, ni con los que colaboran sin docencia.

1. Aspectos generales

La enseñanza universitaria, con sus actividades y modalidades, es diferente de las restantes. La primaria y media son regulables y, aun con autonomía y libertad, sus actuaciones son colectivas, públicas o privadas. La Universidad debe tener su propia alma, manera de ser y estructura para favorecer un entorno de alternativas que atraiga a alumnos y familias, y que contribuya al interés general de la nación. Por eso, son variados sus planes de trabajo y sus métodos de organización y esto se debe estimular. Su objetivo es la calidad final de alumnos y que éstos acudan a ella con ilusión; su obligación la de investigar. Cada universidad debe crear no sólo su propia estructura sino su propia «manera de ser». Sin conciencia de esto no podrá orientar su futuro.

La universidad es una institución de libertad vinculada al desarrollo de hombres y mujeres. Un gran docente preguntó en España a responsables de universidades públicas «qué era la autonomía y qué esperaban de ella»; no sabían contestar. Yo pienso que autonomía es la capacidad de realización de objetivos, con riesgo de que no salgan adelante y lleven a alguna clase de fracaso. Libertad y riesgo son indisolubles y solamente del riesgo de la libertad surge el progreso. El objetivo de la universidad es la vida científica, que ha liberado, a veces lo contrario, a los seres humanos, y de que procede la gran explosión de bienestar de que todos nos beneficiamos, aun a veces negando a quienes la han hecho posible.

La Universidad, incluyendo las anteriores «escuelas especiales», es muy variada y sólo cabe orientarla dentro de un «marco», para que cada centro adapte con transparencia lo mejor para sus circunstancias y prioridades. Es parte de la autonomía, a veces también de su debilidad.

Para una situación panorámica de la Universidad española conviene conocer la evolución de su alumnado, ilustrativo del extraordinario cambio sociológico de las últimas décadas. En 1940 había 37.000 alumnos, el 0,14% del total de nuestros habitantes; en 1970: 213.000; en 1980: 678.000; en 1995: unos 1.500.000, cerca de un 4% de los habitantes. Es una revolución sociológica, sin paralelo en los países occidentales; para bien o para mal.

La situación en las áreas autonómicas permite conocer la magnitud de esta institución. Debería servir para que cada comunidad reflexionase sobre su propia actuación, si ha cambiado últimamente y si se debe considerar suficiente. El cuadro siguiente permite contemplar esto en su conjunto y deberá difundirse regularmente y cuanto antes para el curso 1996-1997.

En la Universidad lo religioso tiene poca importancia al estar impuesta tácita o abiertamente a colectivos de jóvenes que llegan a ella cuando han adquirido madurez, y sus decisiones, buenas o malas, son difíciles de modificar.

La existencia de límites económicos es indispensable para el equilibrio de la gestión universitaria. El «presupuestismo» que ponía barreras a los Reyes en la Edad Media debe llegar a la Universidad y a todas las instituciones que se financian a costa de tributos colectivos, o aunque así no ocurra.

La Universidad necesita limitaciones éticas, que también afectan a la dirección de una empresa, de un servicio público, o de una familia. La ética de la Universidad es enseñar e investigar lo conveniente de modo objetivo y útil y con un coste prudente; debería ser la de los docentes, que igualmente pueden ejercer su profesión sin ética, con amiguismo o clientelismo. En España la Universidad ha limitado su progreso por estar partidizada, clientelizada, «familiarizada» y sufrir presiones internas extradocentes; no siempre abre camino a los mejores sino a los hábiles para la «maniobra». Nuestra Universidad en el siglo próximo, si quiere contribuir al beneficio colectivo, necesita evitar o disminuir esos defectos.

La historia de la Universidad española tiene un nuevo capítulo que se abre con la Constitución de 1977, que transforma la antigua Universidad, centralizada en Universidad con poca dependencia oficial y encuadrada dentro de las comunidades autónomas. Desde los años cincuenta existía la idea de descentralizar la Universidad, que llegó a la Ley de Reforma Educativa de 1970 del Ministro Villar Palasí. Ha sido un paso transcendente; en 1977 había treinta universidades y en el momento actual sesenta y cinco. A la Declaración Constitucional siguió su ejecución. El primer intento, de lo que quiso llamarse «Ley orgánica de Autonomía Universitaria» (LAU), lo preparó el Ministro de Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza, y lo terminó el Ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, con larga tramitación en el Congreso de los Diputados. El 1 de diciembre de 1980 la ponencia, con comentarios sobre incidencias en su preparación, difícil de seguir sin las propias enmiendas (1025), terminó el proyecto y lo elevó a las Cortes, aunque no llegó a aprobarse. En la LAU había menos preocupación por la «participación de las diversas fuerzas de la Universidad». En cambio la Ley de Reforma Universitaria, de 1983, casi iguala la influencia y derechos de estudiantes que hacen carrera política no educativa a la de los grandes profesores con magisterio básico para la vida ciudadana y social, lo que no sólo sirve para politizar la universidad sino a desviarla de sus objetivos básicos.

La distribución de la estructura interna de las universidades no es muy diferente en la nonata LAU y la LRU, partiendo del supuesto que admiten modificación por las propias universidades. Las funciones del rector son bastante similares, y también las del gerente, aunque en la LAU se limitase su elección a funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado. En ambas se habla de universidades privadas, pero sin referencia a universidades de la Iglesia, que ya existían anteriormente y con derecho concordatorio a crearlas. En la LAU apareció el Consejo General de Universidades, antecedente del posterior Consejo de Universidades, que ha sido y debe ser el principal centro de coordinación en las universidades españolas entre lo oficial y lo societario. La LAU ofrecía, no puedo juzgar si mejorable o no, una carrera docente, lo que ha faltado, no sé por qué motivo, en la LRU. Lo que ahora hay que reformar es la LRU preparada por el Ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, asesorado por Alfredo Pérez Rubalcaba; a ella voy a referirme en este capítulo. Destaco ahora algunos aspectos.

- Preocupación «participativa», considerándola signo de modernidad, inspirada en los principios emanados de mayo del 68, impulsados con sectarismo.

- Creación del cargo de Secretario General para aspectos jurídicos.

- Mantenimiento de las funciones de la «Junta de Universidades», órgano importante que no ha tenido el desarrollo que merece.

- Despreocupación por una carrera docente lógica. Es el área que ha creado más problemas, error que sólo puede justificarse por la preocupación en ese momento por la regularización funcionarial de los antiguos profesores ayudantes o no numerarios.

Reitero que mis comentarios en este capítulo se refieren casi exclusivamente a las «facultades», sin hacer referencia a las «escuelas», que en algún caso podrían tener un planteamiento diferente pero pienso que no puede haber una reforma universitaria sin tenerlas muy en cuenta.

La reforma de la Universidad en España debe proceder de los propios universitarios. Fue el objetivo de la LRU, que inició la autonomía universitaria para sustituir una «estructura centralista» cuyo espíritu todavía perdura en algunos casos. El objetivo de este capítulo es ayudar a que aumente la realidad de la autonomía universitaria, que es más que la autonomía de los rectores, y se elimine la influencia de quienes desde la política buscan el monopolio de toda clase de poder.

Últimamente, y en especial en este año, se ha expresado, individual y colectivamente la urgencia de reforma por problemas planteados, agudos y muy precisos, por defectos de la propia LRU, por desviaciones «toleradas» que han desvirtuado sus preceptos y también por la presión de «nuevos profesores» sin carrera docente regularizada. El número de sus universidades ha pasado desde treinta y cinco en 1960, a sesenta y cinco en la actualidad. En el mundo empresarial se dice que cuando una empresa aumenta en un 40% su dimensión real debe proceder a un cambio de estructura; esto sólo bastaría para una revisión profunda del conjunto y en concreto de muchas universidades.

Reseño a continuación, como muestra de lo que piensan los miembros de la Asociación de Catedráticos de Universidad, párrafos textuales aparecidos recientemente en su Hoja Informativa.

1. «Un síntoma elocuente del desbarajuste actual es el hecho, padecido por los alumnos, de que en muchas facultades se han de cursar dieciséis y más asignaturas en un mismo año. Se olvida que la dispersión a que ello obliga es justamente el polo opuesto de la concentración de la atención y de la sedimentación y sistematización de conocimientos que exige la verdadera formación. Unas pocas ideas claras valen más que ciento confusas. Los horarios de clases para los alumnos son interminables y agotadores. No hay aulas suficientes para impartir tantas clases; las dieciséis de cada alumno multiplicadas por el número de opciones posibles. Hasta ahora los «créditos» —que son un cuerpo extraño anglosajón, introducido ingenuamente por el Ministro Maravall en nuestro sistema, como panacea de todos sus males— tenían una equivalencia: un crédito por cada diez horas de clase. Ahora se pretende abaratar su obtención: un crédito por siete horas («kilos de 700 gramos»), lo cual alivia los horarios pero no resuelve el problema estructural de la dispersión.

2. A este caos se ha llegado saturando la Universidad de profesorado. Primero por la vía fácil de la idoneidad, que llenó las Universidades de profesores titulares (de la que el ex-ministro Señor Pérez Rubalcaba fue uno de los primeros beneficiarios) y, luego, por la vía igualmente fácil pero aún más impresentable, de los concursos de acceso, en que dos de los cinco miembros de la Comisión son nombrados por el propio departamento (fase A de la endogamia), el candidato sólo responde de un único tema que él mismo lleva elegido de un programa igualmente propuesto por él mismo sobre un «perfil» acomodado por su departamento a lo que el candidato puede saber mejor (fase B de la endogamia). No hay prácticas, de modo que el tribunal se queda sin poder comprobar si, por ejemplo, el candidato a una plaza de Inglés sabe hablar y redactar correctamente en esa lengua o si el que aspira a una de Patología es capaz de emitir un diagnóstico razonado de un enfermo y de proponer el tratamiento adecuado. Afortunadamente la regla siempre tiene excepciones y lo dicho se aplica a un 75% del profesorado. El 25% restante, perfectamente merecedor del puesto que se les ha dado, es consciente de todo ello y preferiría haber tenido acceso a la docencia por un procedimiento más serio y menos vergonzante.

3. Luego, cuando al profesorado así «seleccionado» se le ha pedido que haga los planes de estudio, cada cual ha ido a justificar su propia existencia mediante una presencia lo mayor posible de su propia asignatura y de las fracciones de ella que han sido segregadas como materias independientes, bien opcionales bien obligatorias. De ahí el elevado número de asignaturas. En las distintas Universidades, por este procedimiento, se ha llegado además a planes de estudios no superponibles, que hacen imposible, incluso en caso de fuerza mayor, la movilidad de los estudiantes (que es un bien consustancial con el de la Universidad: un buen estudiante coopta a un buen profesor). Si por traslado de la residencia de sus padres un alumno se ve en la necesidad de cambiar de Universidad, encontrará mil dificultades para adaptarse a la selva de asignaturas de otro plan de estudios distinto, de las cuales muchas no se le convalidarán obligándole a renunciar a lo ya cursado y aprobado en la Universidad de procedencia.

4. Otra consecuencia funesta de la endogamia es la anulación de la movilidad del profesorado. En los Estados Unidos, Alemania o Gran Bretaña, cada Universidad, buscando a los mejores, hace venir a sus profesores del país donde los haya. En España este intercambio, siempre enriquecedor, ni siquiera es posible entre Universidades españolas. Cada departamento, al disponer de una plaza vacante, decide sacarla no a concurso de méritos (al que, a falta de los de traslado que hay para otros funcionarios, podrían concurrir profesores de la misma categoría) sino a concurso de acceso, para que sólo acudan personas del mismo departamento, a las que se facilita una posición de ventaja mediante un «perfil» ideado «ad personam», que reduce el programa a una fracción, y una Comisión juzgadora con dos de sus cinco miembros ya predispuestos a favor del candidato de casa.
El descenso general del nivel científico (siempre con las debidas excepciones) ha sido la consecuencia natural de este sistema de selección, mal llamado así porque justamente la ha evitado, instalando en su lugar prácticamente un sistema de no competencia, por designación a dedo en virtud de un amiguismo o de un mal entendido corporativismo aplicado a la dotación de plazas y al amañamiento de tribunales.

5. El artículo 33.2 de la todavía vigente LRU, al establecer que catedráticos y profesores titulares están todos en la plenitud de la función docente e investigadora, atenta contra el principio básico de cualquier carrera: la existencia de escalones que sirvan de estímulo para la promoción mediante el esfuerzo. Pero es que el mencionado principio de «plenitud» es incongruente con la existencia misma de dos categorías de profesores funcionarios, pues lo congruente sería el absurdo cuerpo docente, único, que el legislador de 1983 no se atrevió a establecer expresamente. Como tampoco esa igualitaria «plenitud» se compadece con el hecho, regulado por la Ley, de que las pruebas de acceso a uno y otro sean distintas. La incongruencia es manifiesta. Pero el uso, fomentado por la Ley, es que al día siguiente de acceder a una plaza de Profesor Titular —y ya sabemos con qué facilidades lo hacen muchos— el afortunado beneficiario, sin para ello tener que hacer valer méritos especiales, tiene las mismas atribuciones que el viejo Profesor Titular (antes Profesor Adjunto) por mucha que sea la antigüedad y los méritos científicos que éste exhiba. Y no digamos que el viejo Catedrático. La praxis aplica la lógica generalizadora hasta sus últimas consecuencias. Aunque la Ley diga otra cosa en su artículo 8.5, el principio igualitario lleva a posponer a los Catedráticos para la dirección de un departamento, como en realidad está ocurriendo, ya que para su votación en los departamentos los Profesores Titulares son más numerosos, no existe el voto ponderado y el voto de una persona vale siempre igual, sea del personal de limpieza, sea de un profesor de una u otra categoría.

6. La vida de los departamentos se convierte así, las más de las veces, en un campo de intrigas y continuas conspiraciones, bien distinto del clima de paz y tranquilidad que necesita el estudio. Todo «democráticamente» se vota. Por este procedimiento se ha llegado en alguna Universidad a impedir que un Catedrático explique la materia a la que ha opositado.

7. Es necesario agilizar la toma de decisiones mediante la conversión de los órganos colectivos en órganos unipersonales para que no se pierda por los correspondientes colectivos tanto tiempo precioso que debería dedicarse mejor a la docencia y a la investigación. Es preciso que el voto, cuando proceda, sea un voto ponderado. El principio de democracia en el gobierno y jerarquía en la función debe aplicarse estrictamente, empezando por la discutible representatividad de decanos y rectores, cuya elección dista mucho de ser democrática ya que es de segundo o tercer grado y se realiza por un claustro muy reducido, expuesto a toda clase de manipulaciones, lo que recuerda usos de la democracia orgánica de otros tiempos.

8. En una institución cuyo fin es el desarrollo y la transmisión de los saberes es ineludible que, fuera de toda utopía igualitaria, el ocupar un escalón más alto en la carrera académica sea un requisito para desempeñar determinadas funciones. Por eso entendemos que atenta contra ese principio estructural básico el que el Ministerio no haya apoyado suficientemente las sugerencias de la FACU para incluir en el proyecto de Estatuto Básico de la Función Pública, hoy en fase de borrador, la exigencia del grado de doctor (que se da en el ingreso de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad), para incluirlo en un nivel más alto que el de los cuerpos en que no se exige. Así, despreciando el grado académico superior, no se puede decir que se estimula a los docentes y se promueva la calidad de la enseñanza.
Se ha preferido en este trabajo mantenernos en el terreno de los principios generales evidentes. Las recomendaciones o más bien exigencias se desprenden de ellos con claridad.
El remedio de la Universidad requiere en más de un punto una nueva Ley, que tendrá que ser negociada y votada en el Parlamento. Pero, puesto que el enfermo es demasiado importante para esperar ese largo lapso de tiempo de redacción y de tramitación, la FACU tiene interés en dejar constancia de que puede innovarse en algunos puntos claves mediante simples decretos que no entrarían de momento en colisión frontal con la Ley de Maravall-Rubalcaba de 1983».

Existen críticas y descontento sobre la universidad, pero también algunos grandes docentes creen que en los últimos sesenta años se ha dado un avance extraordinario y se ha puesto en varias áreas la investigación a nivel muy alto, aunque esto corresponda principalmente a centros concretos y al área de ciencias. En todo caso, los defectos existen y deben corregirse, y no bastan acciones desinteresadas y hasta heroicas para elevar la calidad promedia.

2. Evolución

La enseñanza universitaria procede en Europa de los antiguos «colegios», promovidos o creados por la Iglesia, que tenían la exclusiva del saber y donde doctos y estudiosos se concentraban para aprender algunas materias. Eran centros de investigación, en general de humanidades y ciencias sociales, «elitistas» por naturaleza, producto de la selección de los que «más sabían», a que se reconocía influencia sobre la sociedad. Ahora esto ha cambiado y se va convirtiendo en etapa final de la enseñanza media, que imparte nuevos conocimientos y que en algunos casos sólo desea «ser eso». Los dos objetivos de una Universidad, aparte del «cosmético» de aparentar, deben ser:

- Mejorar el nivel de conocimientos de los alumnos, en cierto modo el «college» de Estados Unidos», sin duda con aspectos muy positivos.

- Investigar y profundizar en el conocimiento científico, no sólo de los propios alumnos, y estimular la capacidad de inventiva y desarrollo del saber.

Sería necesario lo segundo para los que buscan lo mejor, como España en el Siglo de Oro y algunas naciones en épocas determinadas, caso de hoy en los Estados Unidos de América, aunque nos será difícil incorporarnos al elenco de los más cualificados investigadores a ello deberíamos aspirar. Encuentro de especial interés los comentarios que aparecen en el libro de Julio Rodríguez Villanueva, antiguo Rector de la Universidad de Salamanca: Universidad, Investigación y Sociedad, puntos de vista de un universitario, publicado por la Fundación Ramón Areces en 1985, con opiniones muy sugerentes sobre la época clave de 1979-1984, que sirven para la de hoy.

España no logró la continuidad de su antigua Universidad, que tantos timbres de gloria le proporcionó en el siglo XVI; se perdió en los dos siglos siguientes. La Universidad de Salamanca se está ahora «revalorizando», pero sin continuidad con la que fue, lo mismo la de Alcalá de Henares, que se ha «refundado». ¿Quién piensa ahora en la Universidad de Oñate, la de Cervera y en otros estudios y centros de saber desaparecidos completamente? ¿Fue la Iglesia Católica la responsable de esto? La Universidad que los españoles ahora conocemos procede del siglo XIX, se ha transformado en el siglo XX y debería tener su cénit en el siglo XXI.

Resalta la política de los reyes españoles de creación de universidades en la América que poblaron; esfuerzo único y ejemplo de lo que significa aportar lo mejor de lo propio a un territorio que se quiere civilizar. La acción de esas universidades históricas se ha desvirtuado y «politizado» en parte en este siglo XX, pero bastantes están recuperando sus objetivos originales.

En los últimos años como consecuencia de la Constitución se han autorizado en España universidades privadas, que habían estado prohibidas, salvo algunas de la Iglesia. Las nuevas universidades no son panacea; tendrán un camino difícil, muchas fracasarán o sólo serán «centros comerciales» con perjuicio de sus alumnos. Pero algunas serán «motor» de la mejora universitaria española, como lo han sido la de Deusto, el «ICAI-ICADE», la de San Pablo, la de Navarra y el actual conjunto de la Ramón Llull, en general en áreas concretas de conocimiento.

En el cuadro siguiente para 1992, que convendría actualizar por lo menos para 1996, se puede observar la situación de la Universidad en España respecto a otras naciones europeas; parece satisfactoria, aunque necesita mejora interna profunda, como también España dentro del conjunto europeo. Algunos datos sorprenden y si son correctos significarían una excelente situación española en esta materia, con consecuencias de progreso en el siglo próximo.

La globalización de nuestro planeta exige alternativas con libertad y destruir la rémora de privilegios y monopolios sin compensación paralela de servicio. Para este objetivo o ideal será difícil soportar la libertad integral, que ha abierto una «caja de Pandora» de consecuencias imprevisibles. La resistencia al cambio y conservadurismo, que ahora comparten izquierdas y derechas, es un hecho real en la vida pública y privada de España, y lo es en la Universidad , que podría ser uno de los ejes de esta confrontación.

Cuando se habla de posibles tensiones entre Universidades públicas y privadas hay que señalar que esto es diferente en algunos países. En Inglaterra, Alemania y Francia la mayor parte de sus universidades son públicas, existen muy pocas privadas y el nivel general es alto. En Estados Unidos, en cambio, la competencia entre unas y otras (con un 30% de alumnos privados) ha contribuido a su muy alto nivel científico e investigador y puede considerarse gran impulsor de su vida nacional. En el caso de España, el futuro de las universidades privadas procede en parte de que algunas públicas se han deteriorado y necesitan el estímulo de la rivalidad.

Un caso muy reciente de reforma en un país con tanta tradición universitaria como Gran Bretaña, que enlaza con la de la Edad Media, es el Informe de Sir Ron Dearing sobre la reforma de su Universidad, que apareció el 25 de julio de 1997, casualmente el único día que en todo este año he visitado Londres, por eso llegué a conocerlo. Tiene más de doscientas cincuenta recomendaciones relacionadas con Inglaterra, Escocia y Gales, soportadas con diecisiete volúmenes de comentarios e informaciones. Fue encargado por los conservadores pero con participación de los laboristas, entonces en la oposición, que han recogido varias de sus propuestas. Recomiendo su lectura y transcribo en la nota introductoria de esta primera parte del libro un resumen preparado por la propia «Comisión Dearing». Responde al mismo sentido institucional que a mí me inspira y será muy útil para los que tengan la responsabilidad de la gran reforma de nuestra Universidad y de cada reforma de universidades concretas.

Pero frente a los cambios de cualquier clase, cabe temer las reacciones viscerales que pueden aparecer, de que son ejemplo las que en estos días se producen dentro de las universidades alemanas que en este momento no se sabe hasta dónde pueden llegar. ¿Sería posible algo semejante en España?

Ha sido interesante, por lo que he conocido, la reunión de los cincuenta rectores y vicerrectores universitarios en Salamanca. Aparte de otros aspectos a que no me refiero en este capítulo, destaca la propuesta de estructura lógica del profesorado; yo no puedo juzgar su acierto, que parece exige decisiones del Parlamento. Sus propuestas concretas son: creación de la figura de «doctores contratados» a tiempo completo y larga duración renovable, y con una evolución previa; la de «colaboradores» a tiempo completo, parcial o para servicios docentes específicos, manteniendo la figura de «profesor asociado» de la LRU. Por otra parte, se endurecerían las oposiciones, en que la Universidad convocante sólo designará a un vocal, frente a los dos actuales.

Los sindicatos quieren que también se negocie con ellos y aspiran a crear profesores contratados y doctores con período largo estable, a tiempo completo o no, además de los profesores asociados en la línea que proponía la LRU.

Los «profesores no funcionarios» proponen por su parte la creación de «profesores con contrato indefinido» y un fondo presupuestario anual con este objeto, y además la de «profesores ayudantes» por tres años; y la de «profesores laborales» con plena capacidad docente y en algunos casos de investigación. Peces Barba, como antes Tejerina, ha propuesto la creación de una tercera línea de profesores permanentes, como promoción normal del doctor. Ésta es la situación en el momento de enviar a la imprenta este capítulo, y hasta que aparezca el libro supongo será un tema muy debatido.

3. Estructura de las universidades

El acierto y éxito de toda institución o empresa depende del impulso, sentido social y calidad de sus órganos directivos y de contar con una estructura adecuada. En todo caso, la Universidad será buena o mala si tiene un buen profesorado, si está bien gobernada, con sentido institucional no personalista; para ello es necesario que sus rectores sean competentes, que de modo regular se elijan y sustituyan, que no puedan desviarse de los cauces y objetivos universitarios y de sus límites económicos; así será probable el acierto, que no siempre existirá.

No es función de la Universidad dar ejemplo de lo que erróneamente se denomina «actuación democrática», que significa promover la influencia de los que nada constructivo pueden aportar junto a los que tienen posibilidad de hacerlo; es una gran rémora del pasado que debería superarse, aunque supongo que a ello se oponen acciones «reaccionarias» externas, como fue la destrucción de maquinaria textil en la Inglaterra del siglo XVIII. La participación en las altas decisiones de la universidad de alumnos y no docentes sólo podría ser conveniente en algún aspecto sectorial y en especial en los «departamentos» a que se incorporen alumnos muy dedicados, que así comienzan una carrera docente. En la mayor parte de los casos fomenta la ausencia de los mejores docentes y conduce a «concesiones» negativas para el objetivo educativo en muchos casos quedan las decisiones en manos de los que no lo son. En la antigua Universidad de Salamanca participaban los estudiantes en la designación de profesores y se produjeron situaciones muy negativas. Los estudiantes de mayo de 1968 pedían «participación» y llevaron a varias universidades europeas a cambios irresponsables, de donde proceden también algunos problemas actuales de las españolas.

Con independencia del Consejo de Universidades, institución oficial colectiva, los órganos operativos de la Universidad española establecidos por la LRU son: Consejo Social, Claustro, Rector, Equipo de Gobierno, Junta de Gobierno, Decanos y Juntas de Facultad; Departamentos, con Consejo Departamental; y Profesorado, con catedráticos y profesores titulares, complementados con profesores ayudantes sin doctorado, profesores asociados y visitantes. Aparte están el Secretario General y el Gerente. En los estatutos de cada universidad hay variaciones no sustanciales cuya experiencia sería útil para el futuro. En la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, se habla de «Rector y Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos, Directores, Representantes de Profesores, Representantes de Profesores Ayudantes, Representantes del Personal de Administración y Servicios, Representantes de Alumnos y Secretaría del Consejo Social»; he visto otras variaciones que no merece la pena recoger en este capítulo y en el futuro aún aparecerán muchas más de las que ahora existen, si, como es de esperar, la autonomía de las universidades arraiga entre nosotros. Recomiendo el libro Legislación Universitaria, de Antonio Embid, para conocer la situación en centros de las diferentes comunidades autónomas.

Comento ahora lo que me parece más ilustrativo.

– Consejo de Universidades.

Está regulado en los artículos 25 a 32 de la LRU, anteriormente se denominaba «Consejo General de Universidades» y tiene funciones de ordenación, coordinación, planificación y asesoramiento y se compone de consejeros responsables de la enseñanza universitaria en los gobiernos de las comunidades autónomas, rectores de universidades públicas y quince miembros designados a partes iguales por el Congreso, el Senado y el Gobierno. Se estructura en dos comisiones, la de Coordinación y Planificación y la Comisión Académica. En realidad sus funciones se refieren fundamentalmente a la selección para acceso a la Universidad, a normas de permanencia o período que podrían continuar estudiando los alumnos (no en todas las universidades desarrollado), a las titulaciones oficiales, planes y convalidaciones de estudios, y a la contratación de profesores titulados, catedráticos y ayudantes. Aunque tenga defectos y los haya tenido de ejecución, parece que deberá adquirir más importancia futura y ocupar lugar destacado en la estructura que a mí me parece conveniente.

Este Consejo desempeña una función destacada como coordinador entre la Universidad y lo oficial, que como compensación a sus aportaciones de fondos se reserva derechos en las actuaciones de los centros que financia. En la práctica funciona como «departamento nacional» más que para la función independiente que se le asigna. En cualquier caso, parece necesario reformarlo con la experiencia de su actuación y que sirva para coordinar los centros universitarios de diferentes comunidades autónomas.

– Consejo Social.

Es una aportación de la LRU, aunque con el antecedente del Consejo de Universidades en el proyecto de la LAU. Esta figura había fracasado o sido inoperante en algunas universidades europeas, en especial francesas, donde había surgido después del 68. Su objeto, no conseguido en España es integrar la Universidad en la vida socioeconómica y supervisar su autonomía. Se reúne dos veces al año, con participación minoritaria de sus altos directivos y mayoritaria de diversos intereses sociales. Cada comunidad autónoma designa al presidente y determina el número de miembros y la participación de sindicatos y organizaciones empresariales. Aspiraba a ser pieza clave de la Universidad, lo que no ha ocurrido. Sus funciones principales son aprobación y liquidación de presupuestos, planificación plurianual, análisis de actuaciones curriculares y promoción de relaciones con las fuerzas sociales de su área geográfica. Ha sido un órgano teórico, intento de «institución civil» para supervisar la acción autónoma de los rectores; por eso, necesita reformarse para hacer efectiva su actuación. No debe ser «florero», fácil de manipular desde dentro o desde fuera, con el peligro de las instituciones «inoperantes», sobre todo cuando no se cree que lo son. Sería útil para completar efectivamente la autonomía de cada centro, siempre que se designen con objetividad sus componentes. Son interesantes algunas actuaciones de Consejos Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid, en la de Alcalá de Henares y en la Pública y la Autónoma de Barcelona, parece que únicas con actividades destacadas.

Su función principal en teoría, y debería ser en realidad, es la de nexo de unión entre la sociedad y la Universidad; evitar criterios corporativistas y patrimonialistas; supervisar la actividad económica y rendimiento de los servicios; y promover la colaboración del entorno social en la financiación de actividades universitarias.

Existe falta de información sobre su actuación y su funcionamiento, como demuestra que transcurridos catorce años desde la puesta en marcha de la LRU, no se ha hecho ni por el Consejo de Universidades, ni por el Gobierno Central, ni por el de ninguna comunidad autónoma, una evaluación de sus actuaciones; me atrevo a considerarlo gran escándalo.

Cuando ya había escrito estos párrafos tuve noticias de un proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid para coordinar las diversas universidades de la Comunidad. Lo creo importante, sobre todo por participar en esta actuación no sólo rectores sino presidentes de consejos sociales. Esta gestión de Gustavo Villapalos probablemente repercutirá en otras comunidades y quizás de algún modo se generalice, lo que será útil.

– Claustro.

En este momento es un órgano asambleario con centenares de partícipes a los que es posible manipular con habilidad «política». Se compone del profesorado, de personal administrativo y de estudiantes, con un cincuenta por ciento de docentes; se reúne dos veces al año para decidir sobre la vida educativa y científica, en especial la designación de cargos directivos. En muchos casos su única función real es la designación del rector. Sus varios centenares de miembros lo convierten en «órgano» que interesa más a los que pueden obtener algún beneficio particular y en el que apenas participan docentes destacados porque lo consideran pérdida de su tiempo.

Para que su labor sea efectiva debería ser solamente «claustro de doctores» que permita participación efectiva de «los mejores», sin influencia ideológica partidista y sin exceso de intereses endogámicos. La Universidad española debe terminar con esta ficción, que obliga al rector a la captación de adhesiones y a veces a medidas cosméticas para «contentar» a algunos, siempre a costa de la calidad de la educación, para los no docentes objetivo secundario. Alguna participación existe en muchas universidades europeas, pero de modo concreto y limitado, sin constituir una verdadera fuerza «antiinstitucional», como a veces parece la de España, aunque entre nosotros existen casos en que por circunstancias concretas los claustros han sido utilizados positivamente aun en aspectos en principio negativos.

– Rector.

La ley y la realidad lo consideran máximo responsable de cada universidad; han sido poco operantes las fórmulas para diluir su acción personal. Los rectores participan en la «Conferencia de Rectores de Universidad» (CRUE), con influencia en la «Junta de Universidades», que es el órgano nacional del área oficial. En el momento actual parece a veces que más que autonomía universitaria se ha llegado a la «de rectores», situación que convendría orientar positivamente. En la elección de rector sólo deberían participar doctores docentes con interés especial educativo, y además que la elección fuese «sectorial», por facultades o departamentos, y no indiscriminada general. La clave del futuro universitario es que los rectores se elijan bien y por supuesto así actúen, aunque ninguna fórmula evitará que se designen rectores buenos o malos y que tengan o no espíritu abnegado de servicio colectivo.

En cualquier caso, se debe «limitar» la autonomía del rector, por una parte por el Consejo Social u organismo equivalente, y por otra por el gerente y en su caso el administrador, que hagan imposible contabilidad creativa o utilización caprichosa de recursos; eso es lo que yo considero «autonomía responsable». Los rectores deben mantener una relación constructiva con las autoridades oficiales de cada comunidad, que a su vez necesitan prepararse especialmente para esta clase de actuación, pues desafortunadamente en bastantes casos no lo están con atentado para el equilibrio universitario.

Hay que reconocer que la función del rector es difícil y delicada y que requiere comprensión y «amparo», fuera y dentro de las universidades. El acierto en su elección es un reto para el siglo XXI y obligación del profesorado responsable.

– Junta de Gobierno.

Presidida por el rector, forman parte de ella de vicerrectores y decanos, con participación docente, no docente y de estudiantes, se reúne mensualmente. Además existe alguna clase permanente de equipo de gobierno que prepara temas para sus reuniones y donde realmente reside el poder efectivo de la Universidad, a veces con dominio absoluto del rector y otras con actuación muy participativa de todos sus componentes. Esta diversidad de orientaciones y actuación es inevitable y también deseable.

– Facultades.

Agrupan un conjunto de enseñanzas homogéneas; ha sido tradicional en nuestra Universidad y su poder debe restablecerse. El decano y los vicedecanos los elige la Junta de Facultad. El decano preside la «Junta de Facultad» que se reúne una vez al mes y en que participan vicedecanos y directores de departamentos y también no docentes y estudiantes; normalmente es un órgano operativo para mantener la tensión de los departamentos y es importante que así ocurra. Como con los rectores, la mecánica operativa varía de una facultad a otra y de un decano a otro. En las actuales macrouniversidades, aunque éstas deberían evitarse, el crecimiento y equilibrio de cada universidad dependerá de las facultades. Estas deben tener a su servicio «no docentes» integrados dentro de su jerarquía, y en algunos casos contar con un subgerente propio.

– Departamentos

Deberían ser el motor de cada centro universitario, en especial desde la LRU que les permite una relación directa con el rectorado, parece que en general poco utilizada. Constituye una «unidad conceptual de estudios», con un «consejo departamental» que elige su director y de la que forman parte no sólo catedráticos y profesores sino también no docentes, becarios y estudiantes. Es un órgano que debería ser muy operativo, instrumento efectivo para la autonomía universitaria. Conviene la presencia de estudiantes distinguidos, con vocación universitaria de futuro, pero no la de los «no docentes». El éxito de cada universidad y sobre todo de cada Facultad, dependerá de estos departamentos, con acción operativa colectiva y en ese aspecto participativa, como la de toda unidad, en especial si de algún modo se preocupa por la investigación. En algunos casos su actuación ha sido muy efectiva, pero creo que en la mayoría ha habido exceso de tensiones y política endogámica.

– Profesorado.

Es la clave de toda universidad, con diferentes estructuras y agrupaciones en facultades y departamentos; de él depende la calidad en cada facultad, en la que catedráticos y profesores deben actuar con iniciativa y responsabilidad; su imaginación y habilidad pueden hacer o no una buena universidad; de ahí la importancia de su correcta selección. Los departamentos son la vía operacional de los profesores, con independencia del carácter «magistral» de algunos, que deben estar en condiciones de seguir con una actuación poco sujeta a labores administrativas o semejantes. Existen tres tendencias en las cátedras: la francesa, que domina en España, de carácter «magistral», con apenas participación de los alumnos; la anglosajona, con seminarios y tutores e intensa relación entre alumnos y docentes; y la alemana, intermedia de las otras dos. La Universidad futura debería inspirarse con prudencia en la anglosajona y los comentarios del Informe Dearing ser útiles para este efecto; pero su implantación será difícil teniendo en cuenta que en bastantes casos se considera avance «ideal» que un aula de Derecho incluya «sólo» doscientos alumnos. La «tendencia alemana», con excelentes resultados, podría ser fórmula definitiva, pero sin cortar bruscamente cualquier situación que conserve vitalidad y reconocimiento general y sólo avanzar lentamente a la que se considere definitiva.

En España se utilizó un sistema de «oposiciones» para la designación de catedráticos; ofrecía defectos y problemas pero constituía un método con historia y «aceptablemente» objetivo y sobre todo mucho mejor que el actual. Los grandes catedráticos del XIX y del XX entraron por este procedimiento. No han sido positivas fórmulas diversas de «idoneidad», con el grave ejemplo de considerar en bloque a un amplio conjunto de «profesores no numerarios», que fue un golpe a la «calidad universitaria» y que no se debe repetir. En la Universidad la «solución» de 1985 ha quitado oportunidades a excelentes y dedicados docentes y ha hecho más difícil nuevas incorporaciones, a pesar de multiplicarse el número de alumnos. El sistema actual de concurso, menos objetivo, contribuye manifiestamente al endogamismo, como señalaba Juan Velarde en una reciente tercera página de ABC. ¿Habrá que volver a alguna clase de oposiciones? ¿Cómo evitar «carreras docentes» en un sólo departamento? Para llegar a una fórmula estable satisfactoria sería indispensable un coloquio de «docentes de prestigio y reconocidamente independientes», que proponga para el próximo siglo el sistema más objetivo posible de «carrera docente».

La LRU pone un límite del 20% a la relación de asociados con profesores, que nunca se cumple. En la Universidad Autónoma de Madrid existían en un momento 284 catedráticos, 745 profesores titulares y unos 800 profesores asociados; supongo que semejante a otras.

La «nueva carrera docente» a que se aspira, no debería consistir en una incorporación masiva, aunque en realidad lo que interesa a la mayoría es la máxima funcionarización y la «tenure», a ser posible de modo inmediato. Tampoco debería permitirse una estructura de docencia de «amigos que se autoayudan». Sería deseable que para adquirir «tenure», aparte de otros requisitos, se exija algún cambio de universidad, especialmente por ser esto confirmación objetiva de una calidad docente. Precisamente la movilidad es algo muy positivo en Estados Unidos, como lo debería ser en España y ahora es muy difícil.

Al resolver la situación irregular de los actuales «asociados» no habría que olvidar el objetivo previsto para ellos en la LRU de incorporación a tiempo parcial de especialistas reconocidos. También se debería prever la incorporación con carácter permanente de docentes de gran calidad y experiencia, como ocurre en la Universidad alemana con los Privatdozent, y en la americana en que puedo citar el caso de un hermano mío, ya jubilado, licenciado en medicina por la Universidad Complutense, sin doctorado ni Ph D, que llegó a jefe de un departamento de la Medical School de la Universidad de Chicago, tipo de incorporación ya no posible, pero que bastantes españoles han aprovechado.

– Secretario General.

Elegido por el rector entre los docentes, está dedicado especialmente a aspectos administrativos de la actividad universitaria, en especial actas de reuniones, acuerdos y mantenimiento de la «estabilidad jurídica institucional». Creo que ha sido útil y parece conveniente su vinculación al rectorado como pieza de su equipo; su actuación será cada vez más necesaria.

– Gerente.

En la LRU el gerente supervisa la gestión de personal, la administrativa y la financiera, designado por el rector y a él adscrito, sin limitación en cuanto a sus calificaciones profesionales, a diferencia de otros nombramientos rectorales, entre profesores y doctores. Al gerente corresponde exigir orden y encauzar las decisiones, con criterios oficiales, reglamentarios y de sentido común.

Es una posición aparentemente correcta pero que debe ser muy meditada, y quizás modificada. No parece lógico que no se exija al gerente una preparación, a ser posible en una «escuela para directivos de gestión universitaria», en línea semejante a la de secretarios municipales, a lo que sería deseable en gerentes hospitalarios, o a la que podía existir de delegados territoriales o gobernadores civiles, en Francia «prefectos». La institución universitaria, que debería ser, y en parte es, la de más alta influencia colectiva de la vida pública de un país, parece debe exigir especialización a sus «gerentes» y no considerarlos exclusivamente como «peones» en la actuación del rector.

El gerente tiene, de acuerdo con la LRU, una doble función, que en mi opinión debería llevar al menos en las grandes universidades a actuaciones especializadas independientes: la de administrar los recursos de la Universidad, y la de gestionar la administración, contabilidad y actividades del personal docente y no docente.

Estas funciones tienen muy diferente naturaleza y posiblemente convendría que fuesen independientes. Es una de las áreas de la actual LRU en que más habría que profundizar, creando quizás un inventario o catálogo de la situación real de los gerentes en las diferentes universidades, a fin de preparar conclusiones para cualquier reforma.

4. Preocupaciones universitarias

Conviene detenerse en algunas situaciones y problemas de la Universidad española, reconociendo que hay muchas otras que sólo pueden conocer bien los inmersos en su vida diaria.

- Proliferación universitaria. Es un fenómeno característico de estas décadas y en este momento, con tendencia creciente; el cuadro adjunto (cuadro 1) muestra esta situación.
Se ha considerado la Universidad como «status symbol» en algunas áreas geográficas, y hay presiones para otras nuevas. Su aumento, y por supuesto el de universitarios, ha contribuido a mejorar el nivel intelectual de bastantes áreas sociales y geográficas. Es un aspecto positivo, pero si hiciesen falta más centros no deberían ser soportados por el conjunto de los ciudadanos, salvo razones muy especialmente justificadas en casos en que se hubiese llegado a una dimensión desorbitada. Debería, en cambio, estimularse la creación de universidades privadas y de la Iglesia que no reciban aportaciones oficiales hasta que no lograsen un equilibrio que las permita demostrar que no son «ensayos» con riesgo para la dignidad de la docencia universitaria y que realmente «descargan» a los centros oficiales.

- Impacto exterior. No es un problema sino una «oportunidad». La Universidad está cada día más vinculada a la de otros pueblos y naciones, por la globalización a que se camina con paso rápido, nos guste o no. Esto implica disciplina económica y presupuestaria. Maastricht significa sobre todo aceptación de normas que impiden actuaciones populistas despilfarradoras. La Unión Europea es positiva en cuanto reduce el ámbito de la irresponsabilidad de los gobernantes, aunque también tenga «efectos perversos». La relación con el exterior facilita la difusión de los conocimientos científicos y que los posgraduados dedicados a la investigación tengan amigos en naciones de todo el mundo. Por ello, el aprendizaje «inteligente» de idiomas debe ser parte destacada de la vida universitaria. Los departamentos de idiomas de las universidades alemanas son ejemplo que debería seguirse.

- Futuro de los alumnos. Es y será casi imposible un trabajo digno para todos los titulados universitarios, y se acumularán personas con conocimientos pero sin posibilidad de utilizarlos; no es deseable, aunque con libertad será difícil de evitar. En alguna promoción de humanidades, ni uno solo de sus graduados ha conseguido al cabo de diez años un trabajo relacionado con su título. No sé si conviene afrontar esta situación, limitando el número de universitarios, con aumento de exigencias en los estudios o acentuando el valor de doctorados y cursos de posgraduado. Hace años se quiso implantar en la Universidad de Valladolid alguna clase de «numerus clausus» y se originaron «huelgas salvajes» que produjeron modificaciones incluso ministeriales, aunque ahora, sin ese nombre, exista selectividad en la mayor parte de los centros. De todos modos, aun sin trabajo posterior congruente, el paso por la Universidad es positivo, especialmente en áreas rurales o deprimidas, pues lleva a más alto nivel de conocimiento, que acabará siendo útil; lo negativo son las excesivas expectativas que despierta.

- Regularización de la carrera docente. Es el más llamativo de los problemas actuales, y se debe resolver con urgencia, como parece está comenzando una «comisión paritaria del Ministerio de Educación y de los rectores».

- La LRU, al regularizar en 1985 la situación de los profesores existentes con declaración de su idoneidad, estableció que los que por carecer de doctorado no podían convertirse en catedráticos y titulares continuasen con la categoría de «profesores ayudantes». Además ofreció la ley el título de «profesores asociados» a personas de especial capacidad profesional, con dedicación limitada. Esta fórmula, en principio de sentido común, ha sido incumplida en la práctica, utilizándose «contra natura» como fórmula para incorporar a profesores jóvenes a la actividad universitaria, en la que de otro modo no tendrían cabida y ha creado un «bolsa» irregular de más de veinte mil «asociados».

- Estabilidad permanente, o sea conceder a los profesores «derecho a empleo garantizado hasta su jubilación», que en Estados Unidos se denomina «tenure». Allí se tarda en conseguirla, como reconocimiento de una labor y dedicación. En España se quiere llegar a ella con facilidad, de forma casi inmediata. Reglamentar esto en interés coordinado general será la clave de la futura estructura universitaria, que no necesita coincidir con la perspectiva de una «carrera docente»; no tengo capacidad para ofrecer una fórmula precisa, pero sí para decir que con exceso de tenure y comodidad resultante no mejorará nuestra Universidad ni nuestra investigación.

- Personal no docente, funcionario o con contrato laboral en actividades administrativas o auxiliares, que no tienen claramente establecida su dependencia jerárquica de los docentes, a cuyo servicio directo deberían estar en facultades o departamentos. Es en su mayor parte consecuencia de una «protección sindical», cuyo objetivo «es evitar abusos», pero que promueve los de algunos trabajadores. Esta deificación negativa dificulta en la Universidad la educación que los españoles necesitan, y se agudiza con la presencia de no docentes en claustros y en elecciones de rector, con clara posición negociadora (siempre a costa de la calidad de la educación que se imparte).

- Endogamia. Es el más grave defecto de la Universidad española, como también de nuestra vida pública; se puede definir como «protección de amigos, familia y correligionarios, con razones no objetivas y en general corruptas». Un ejemplo contrario fue el de la España gobernada por los Reyes Católicos, designando durante veinte años cargos públicos, únicamente en razón de méritos y posibilidades de acierto, y no por intereses personales o recomendaciones. Napoleón consiguió éxitos excepcionales porque designó en todo momento a personas realmente capaces para dirigir, tanto el Ejército como la vida pública. En la Universidad esta endogamia se agudiza. Algunos «clanes» dominan en diferentes disciplinas, quizás más en las humanísticas, donde es subjetiva la determinación de calidad y más acusada la preocupación ideológica. Por buenas y transparentes que sean sus estructuras no progresará una nación en que gran parte de su área superior de conocimiento sólo busca a los que interesan subjetivamente. En el «Siglo de Oro» los «cerebros» sabían que, en España, como ahora en Estados Unidos, eran reconocidos sus conocimientos y calidad, supongo que también con excepciones. La autonomía y libertad universitaria son rémoras si favorecen fines personales. La Institución Libre de Enseñanza consiguió acumular «sabios» porque tuvo ese espíritu que antes y ahora falta; muchos de sus miembros, mostraron su gran capacidad en áreas donde era factible no elegir a los mejores sino a los más amigos.

- Selectividad. Es otro problema delicado que nunca se llega a solucionar definitivamente, con dos factores a tener en cuenta: la conveniencia de que los alumnos que llegan a la Universidad tengan un nivel aceptable y la de limitación geográfica para entrar en ella. Se necesitan actuaciones prudentes, aunque ninguna sea perfecta. Quizás cada universidad se debería hacer responsable de su propia selectividad, en cuanto lo es de la calidad de su enseñanza; este método, si además se hace menos automático y despersonalizado, evitaría errores y en algún caso injusticias. Últimamente se ha intensificado el estudio de este problema con una ponencia en el Senado elevada al Gobierno, con diez recomendaciones que resumo a continuación.

1. Completar el desarrollo del Bachillerato LOGSE.

2. Reforzar la orientación sobre los distintos tipos de titulaciones a lo largo de la enseñanza secundaria, generalizando los departamentos de orientación en todos los centros.

3. Establecer mecanismos formales de coordinación entre las universidades y los centros de enseñanza secundaria.

4. Utilizar un nuevo sistema de calificación, valorando más aquellas asignaturas, niveles o etapas que se hayan de considerar a los efectos de nota global.

5. Realizar una prueba única con dos partes: una primera parte de carácter general y una segunda de carácter específico.

6. Ponderar en la segunda parte materias relacionadas con la opción posterior del alumno.

7. Establecer una sola sesión de examen para cada día de la prueba.

8. Ponderar la fiabilidad de las calificaciones de las pruebas de acceso a la Universidad.

9. Introducir mayores garantías en las reclamaciones.

10. Dar posibilidad al alumno de presentarse a las convocatorias que desee.

- Tasas. Es un tema constante de la vida universitaria, como lo ha sido siempre la «subida del precio del pan», lo que pagan familias o alumnos por su formación no sólo tiene carácter económico sino simbólico. Habrá que adoptar una política lógica; no basta decir que «los alumnos de la enseñanza pública la tendrán completamente gratuita y sólo pagarán los de la enseñanza privada». Ambas clases de universidad deben aspirar a ingresos regulares por los cursos, clases y educación que imparten; debe ser lo normal, aunque existan becas y ayudas para determinados casos, incluso colectivos, como parte de la política de cada universidad o de cada gobierno autónomo. Las tasas son obligación y símbolo de que se actúa con calidad y se busca reducir el importe a cargo público de este gasto. Es importante que los alumnos tengan conciencia de que han de pagar por lo que reciben. Quizás las tasas generales, no las individuales, deberían estar relacionadas con el salario mínimo u otro factor objetivo de referencia que evite tensiones en los cambios o modificaciones. Cada «comunidad autónoma», que soporta el gasto universitario, debe preocuparse de este ingreso. Parece una preocupación «mínima», pero no lo es; lo que algunos llaman «fuerza del mal» está siempre preparada para aprovechar circunstancias de «lo que sea» en las universidades; son las tasas lo más fácil, se está notando en Alemania con una «ola» de huelgas estudiantiles en que «todos quieren más», sin límites ni responsabilidad. Así somos los hombres y mujeres de este y otros siglos.

5. Universidad e investigación

La Universidad siempre ha estado relacionada con la investigación y así debe ocurrir, para contribución a lo que se llama «el progreso de la humanidad».

La investigación es un mundo, un estado de ánimo, que contribuye a mejorar y alterar la vida de las universidades, como la levadura determinadas materias. Por eso, fue probablemente un error en España el énfasis en el CSIC (por razones en parte políticas); y también en Francia, en el CNRS, al separar bastante la actividad investigadora de la actividad docente, en cambio no lo fue crear en algún momento el Ministerio de Universidades e Investigación. Sin investigación, la Universidad se limita a comunicar conocimientos de doctos profesores a jóvenes alumnos, o sea, actividad de divulgación y difusión, muy necesaria pero limitada. Mi opinión (muy compartida) es que la Universidad sin investigación está incompleta y no tiene sentido.

Investigar es mejorar; los hombres siempre han investigado el futuro, pasando conocimientos de unos a otros. Se produjo inicialmente con lentitud, con centenas de generaciones que acumularon paulatinamente mejoras; la diferencia desde el siglo XIX es la gran velocidad de esta acción y de los procesos de cambio, siempre consecuencia de alguna clase de investigación; no se ha modificado su naturaleza sino su ritmo. El gran problema de estas últimas décadas es la velocidad extraordinaria de aumento de conocimientos que pueden transformar la vida humana, sociológica y socialmente. Si la velocidad promedia de cambio en el siglo XX ha sido de diez, en el siglo XXI será posiblemente de veinte, con una pirámide de traumas, complicaciones, quizás muy superior a la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a las innovaciones. Interesa a este efecto el número de tesis doctorales aprobadas en la Universidad, signo de su capacidad investigadora, que debería conocerse regularmente, dando máxima difusión a este hecho para contribuir a que de él dependa la imagen de una universidad; al tiempo se deberían divulgar comentarios o evaluaciones de la calidad de cada tesis o de un conjunto de ellas.

Sería también conveniente conocer su distribución en comunidades autónomas, como medida de su acción investigadora en cada curso, estimulando esta acción y con alguna graduación o ranking de su calidad que aconsejen crear una acción nacional de evaluar.

Lo «científico» no puede limitarse a actuaciones cosméticas para aparentarlo, como a veces ocurre. Critiqué hace algunos años, con experiencia propia, que algunas aportaciones económicas públicas a la investigación en España (fuera de la Universidad y del CSIC), se dedicaban a núcleos de amigos que «traspasaban» la acción real investigadora a los que estaban en condiciones para hacerla, que sólo percibían una proporción reducida de lo que su acción costaba al Estado; fue una experiencia triste. La investigación, aunque haya aumentado de modo cuantitativo, parece poco atendida; lo expresan científicos con manifiestos, o individualmente, pensando además que se dedican excesivos recursos a difusión genérica de actividades o a diversa clase de cursos superficiales.

Para conocer el origen de lo actual me remonto al Real Decreto de 11 de Enero de 1907, creando la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que incluía el siguiente párrafo, de aplicación al momento actual:

«El pueblo que se aísla, se estaciona y se descompone, por eso todos los países civilizados toman parte en este movimiento de relación científica internacional, no sólo los pequeños estados europeos sino las naciones que parecen apartadas de la vida moderna, como Chile y la misma Turquía, cuya colonia y estudiantes en Alemania es cuatro veces mayor que la española, antepenúltima entre todas las europeas, ya que son sólo inferiores a ella en número los de Portugal y Montenegro. Sin embargo, no falta entre nosotros gloriosa tradición en esta materia; la comunicación con musulmanes y judíos, la mantenida en plena Edad Media, con Francia, Italia y Oriente, la venida de los monjes de Cluny, la visita a las Universidades de Bolonia, París, Montpellier y Tolosa, los premios y estímulos ofrecidos por los cabildos para ir a estudiar al extranjero, sobre todo la fundación del Colegio San Clemente, en Bolonia, todos son testimonios de la relación que en tiempos remotos manteníamos con la cultura universal».

Esa Junta se orientó a la ampliación de estudios dentro y fuera de España, a la participación en congresos científicos, al servicio de información y relaciones internacionales, al fomento de los trabajos de investigación científica, y a la protección de las instituciones educativas en la enseñanza media y superior. Uno de sus objetivos era fomentar el intercambio con las naciones hispanoamericanas, ofreciendo a sus estudiantes y profesores la «Residencia de Estudiantes»; uno de sus principales protagonistas fue Rafael Altamira, a quien tanto debe el americanismo de nuestro siglo XX.

En España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas («Consejo» o CSIC) ha sido instrumento de investigación no monopolístico pero muy preferente. El «Consejo» se creó por el General Franco y el Ministro José Ibáñez Martín, y fue José María Albareda su principal impulsor. Su objetivo era continuar la labor de la Junta de Ampliación de Estudios, dentro de un sentido cristiano o más favorable al nuevo régimen. Esta acción en 1939 fue el primer paso firme de preocupación por la ciencia y la cultura de la España de la posguerra. Su finalidad era fomentar, orientar y coordinar la investigación nacional, formando profesorado y vinculando la producción científica al servicio de interés general. El «Consejo» tiene dos áreas muy diferentes, la principal es la científica, donde su actuación puede ser considerada excelente; la de humanidades, reducida en comparación, creo que debería reorganizarse y estudiarse al máximo su integración con la Universidad en general.

Mi recomendación sería afirmar al CSIC como organismo autónomo interministerial, dedicado a promover «la investigación científica, su evaluación y perspectivas, en coordinación con las universidades y al tiempo transferir a éstas, en los casos donde proceda y no se perjudique su actuación, actividades, recursos y acción operativa directa». Conviene conseguir que se recupere en Humanidades su protagonismo inicial, pero también cediendo o coordinando con universidades alguno de sus centros e institutos directos, en la forma conveniente en cada caso, con facultades o departamentos de reconocida calidad en su misma área, o en algún caso en alguna universidad joven, dinamizando así antiguos núcleos de saber mezclados con docencia para una actuación activa y autónoma, de que carecen hoy; esto debería ser «la Universidad del siglo XXI».

Dentro de este panorama conviene referirse a la situación de los Estados Unidos, como ejemplo de máximo impulso a la investigación, y en que existen: el «National Science Foundation», para las ciencias; el «National Institute of Health», para la medicina; el «National Endowment for Humanities» y el «National Endowment for the Arts»; y otras organizaciones relacionadas con las anteriores, como el «American Council of Learned Societies» y el «Social Science Research Council», este último para programas en el exterior. Tienen cada uno un campo preciso de actuación y no duplican sus actividades; sus experiencias podrán ser ejemplo interesante para nosotros.

6. Orientaciones de reforma

No basta con decir que es necesario reformar la Universidad, sino establecer unas líneas posibles de reforma. Mis comentarios pueden considerarse un «divertimento» de quien no tiene conocimientos ni autoridad en esta materia, pero quizás sirva para destacar algunas ideas que de un modo u otro se tendrán en cuenta, en cualquier reforma futura, ya que existe la convicción de que es necesaria cualquiera que sean las circunstancias de la Universidad y las responsabilidades, culpas o aciertos de personas o gobiernos en sus etapas recientes. Ha sido mi intención en este capítulo y en este libro dejar fuera aspectos concretos inmediatos y temas destacados o novedades, pero en el momento final de su redacción se ha «excitado» esta preocupación y aunque he tratado de evitarlo no creo haber quedado completamente inmune a lo que ocurría. En estas condiciones unas «orientaciones de reforma», propias de quien está completamente fuera y, por lo tanto, actúa con cierta «irresponsabilidad», pero que en algún aspecto permite una aproximación más «ingenua» a los problemas, difícil para quienes están integrados con diversa clase de intereses, aun completamente legítimos, dentro de la vida universitaria. Así justifico mi «intromisión», pues con acierto o sin él, me atrevo a decir lo que pienso sin condicionamientos personales ni profesionales.

La LRU, en 1985, se vio influida por el espíritu de mayo del 68, que se creía la «modernidad que un país necesita incorporar a sus instituciones». Su mérito fue establecer la «autonomía de la Universidad», previsto en la Constitución, para con ella hacer posible una función más dinámica y efectiva que la de un sistema universitario centralizado. También lo fue incorporarla a las comunidades autónomas que serían sus fuentes de financiación y de supervisión oficial, aunque en este aspecto con el gran defecto de no establecer normas para la autonomía, con lo que llegó ésta a considerarse como «salvoconducto» para recibir aportaciones sin necesidad de justificar la utilización de los fondos recibidos», que llevó en algunos casos a una «autonomía rectoral» más que universitaria, en especial en centros y zonas de mayor interés político para el Gobierno.

La próxima reforma universitaria, que no debe ser precipitada, se ha de referir principal, si no exclusivamente, a las «estructuras de las universidades», pero no a la actuación concreta docente, muy variada, multiforme y flexible, del mismo modo que se puede estudiar y modificar la evolución de los centros hospitalarios sin entrar en actuaciones clínicas. En el área docente es necesario respetar la libertad de actuación y de cátedra, pero también debe crearse alguna mecánica para dificultar la libertad de enseñar mal y perjudicar con ello a los alumnos y a la sociedad.

La anarquía que se ha producido en la «nueva vida universitaria», ha tenido también efectos satisfactorios al permitir en momentos de «transición» la creación de algunas universidades nuevas, con efecto dinamizador, que hubiera sido difícil, con controles superiores o inferiores. Ha sido semejante al «oeste» en Estados Unidos, en que no se hubiese avanzado con criterios de los burócratas de Boston o Washington. Algunas nuevas universidades han tenido mayores recursos, nacionales y europeos, no siempre utilizados de modo «cartesiano», aunque hayan tenido efectos positivos. Por ello, sería interesante estudiar la metodología utilizada en cada nueva universidad en los últimos veinticinco años, a fin de ofrecer ideas diversas para su actuación en el siglo XXI con «estabilización e institucionalización». Éste es mi espíritu en las siguientes orientaciones:

Relaciones con gobiernos autónomos.

La Universidad española está sometida a la supervisión de los gobernantes y parlamentarios autonómicos. Esta dependencia puede contribuir al dinamismo de los centros universitarios, que se consideren orgullo de un área territorial; pero existe grave peligro por acciones «caprichosas» personales o ideológicas de gobernantes, que la utilicen como instrumento de «su» poder, perjudicando el interés educacional. La reciente segregación de la Universidad de Alicante para crear la de Elche, con incremento sustancial del coste público por razones personales de un grupo de docentes con influencia en el gobierno de la Comunidad Autónoma, es símbolo de lo que no hay que hacer. Supongo que habrá otros casos, pero considero que este abuso merece especial atención.

La acción de las autoridades autonómicas deberá centrarse en la «aprobación pública y transparente de cuentas, en la adjudicación objetiva de recursos y la exigencia de transformación de la actuación administrativa y docente, que sea difícil de manipular y que evite lo opaco y oculto». Su ejecución será un problema para el que hay que prepararse inmediatamente, evitando que lo único que preocupe sea el aumento de recursos a las universidades y el aumento de funcionarización.

Es una situación que se debe «madurar», evitando actuaciones abusivas, partidistas o sectarias de los gobiernos. Algunas «comunidades» tienen personas capaces de desempeñar efectivamente esa función, pero otras no, y esto crea un gran vacío. Me parece útil una reunión de rectores y de responsables universitarios de gobiernos autónomos para intercambiar experiencias, problemas y fracasos. La reciente propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid es un ejemplo que debe seguirse, en especial en lo referente al Consejo Social. Hay que recuperar el tiempo perdido y hacer efectiva y operativa la relación «universidad-comunidad autónoma», posiblemente una de las áreas de que más dependerá el éxito de la vida universitaria española.

Efectividad del Consejo Social

Es necesario, con ese u otro nombre, que sea operativo, con una estructura no asamblearia y con recursos adecuados dentro de los presupuestos de la Universidad que la ponga en condiciones de analizar cuentas, aprobar, juzgar y comentar presupuestos, y canalizar aportaciones sociales; así se preveía en la Ley de Reforma Universitaria, pero parece no se ha conseguido, salvo y poco, en algunas universidades, cuya experiencia podría ser útil. Este Consejo Social es casi «Asamblea General de accionistas o mutualistas», representa a los Gobiernos y Parlamentos como proveedores de recursos. Su actuación debería ser similar a los «Boards of Trustees» de algunas universidades americanas, que representan muy directamente sus patrimonios y los recursos que continúan aportando instituciones exteriores y antiguos alumnos. El equipo operativo de este Consejo debe ser reducido, pero altamente profesionalizado, con capacidad para analizar planes docentes, operaciones contables e informaciones regulares; debería exigir en esta enseñanza «presupuestismo público transparente» y también servir de nexo para promover aportaciones privadas de personas o instituciones y para mantener tensión en las actuaciones de investigación. Este «Consejo Social» se podría convertir en institución intermedia de sociedad civil en lo universitario para ofrecer garantía a los gobiernos de que sus recursos se aplican en interés general. Parece conveniente para la reforma que personas de Consejos Sociales con experiencia en su actuación preparasen ponencias y comunicaciones con sus puntos de vista. No se debe improvisar en el futuro, debe dominar el sentido pragmático de la vida social y conciencia clara de lo que una universidad representa en cada área geográfica. En todo caso debería evitarse que estos consejos se transformasen en burocracia irrelevante y perturbadora.

Eliminar democratización no operativa.

Significa dar fin a la participación excesiva y manipulable en decisiones institucionales de núcleos sin experiencia educativa y evitar que se ausenten los mejores docentes para no perder tiempo en actuaciones ajenas a su vocación. Son siempre inconvenientes las estructuras que compliquen las decisiones; por eso fue una aportación negativa de la Ley de Reforma Universitaria, no tan interesada en la efectividad como en una «teoría» sectaria, que además enseguida quedó obsoleta. ¿Es que alguna vez en la designación del alto responsable de una gran empresa se han celebrado votaciones con participación de auxiliares administrativos o de usuarios sin experiencia? Todavía no existe conciencia del daño hecho, ni a España ni a otros países. Convendría determinar en qué áreas y aspectos es conveniente la participación de quienes de algún modo necesitan hacer oír su voz y proteger sus derechos y actuación, pero evitando que las decisiones principales docentes se adopten con influencia desproporcionada no educativa y que aparezcan especialistas en «participación no responsable», caso de alumnos que hacen carrera política en la Universidad deformando los objetivos teóricos que justifican su participación. Es un tema delicado que exige prudencia pero también máxima energía.

Elección de Rector.

Si éste ha de ser el eje principal de la vida universitaria, la elección será su acto más importante, que no debe depender de reuniones asamblearias, sino que participen en ella solamente docentes doctores y que incluso se establezcan procesos previos de participación por categorías docentes o por áreas de facultades y departamentos. Sin duda hay docentes con experiencia para sugerir fórmulas satisfactorias, que incluso varíen de una a otra universidad y que garanticen objetividad y hagan más fácil el éxito en esta decisión. Además, pienso que el período rectoral debe ser de cinco años, con una sola prórroga. Tres años exige a la vida universitaria excesivas elecciones. También convendría regular otras áreas de actuación rectoral con la experiencia de estos años. Siempre puede ser diferente esta actuación en una gran universidad con historia propia y más de cien mil alumnos que en una joven que hay que «inventar». No sé si esto es posible, pero debería serlo.

Presencia de alumnos.

Se debe poner límites meditados a la continuidad casi indefinida de alumnos en las universidades, eliminando el despilfarro que esto representa. Esto, que parece obvio y lógico, y que en general existe en España, puede ser objeto de tensión, como está ocurriendo en las universidades alemanas en que los estudiantes pueden ahora estar muchos años sin acudir a clase y con derechos de muy diversa clase y casi sin pagar tasas, grave injusticia, como nueva fórmula de parasitismo social.

Carrera docente.

Es necesario una carrera docente que sustituya las normas o ausencia de ellas de la LRU y las soluciones «ilegales» que han impedido en doce años una estructura regular de docencia. No puedo hacer sugerencias concretas y sólo hago cinco observaciones:

- La reforma no puede justificar una nueva incorporación masiva indiscriminada con supuesta idoneidad; sería una catástrofe para el siglo XXI, como lo está aún siendo la incorporación masiva de 1985.

- Hay que separar el concepto de «carrera docente» y el de «estabilidad de empleo», que pueden no ser siempre paralelos. La tenure se debe conseguir con criterios de tiempo, publicaciones, etc., aun no vinculada a etapas docentes.

- La carrera docente debe tener carácter nacional para todas las universidades, que facilite el cambio de unas universidades a otras como «cuerpo nacional» para las diferentes comunidades autónomas españolas.

- Convendría establecer en cada universidad «comisiones de carrera docente», para observar la evolución de las propias decisiones y compararlas con las de otras universidades, que garanticen la independencia y la creación de una profesión brillante y a ser posible dinámica.

- Sería necesario modificar el sistema de selección de catedráticos y profesores titulares y posiblemente volver a un sistema de oposición que garantice la objetividad y la capacidad de los designados. Parece que es la orientación actual.

Estructura administrativa y financiera.

El gran número de universidades nuevas en pocas décadas, con alumnos que han llegado a un millón y medio, exige una ordenación interna profesionalizada, administrativa y financiera, que afronte su complejidad y que imponga normalización contable que permita información inmediata y fidedigna. Una estructura de esta clase sirve para equilibrar las desviaciones de un sistema no centralizado. Una universidad es una empresa a que se asignan recursos, en que se integran miles de personas docentes y no docentes, a que los ciudadanos deben exigir cuentas y resultados e información regular de su situación. Necesita estructura operativa y objetiva, que prepare presupuestos, liquidables mensualmente y un sistema de control interno de gastos y actividades. Así se llega a la culminación de la autonomía universitaria, que aconseja la mayor profesionalización de sus gerentes y administradores de bienes. Parece conveniente que un gerente no sea simplemente un apéndice rectoral como hoy esta concebido. Se conseguirá, al menos en gran parte, con la especialización en una «escuela», con ingreso por oposición. Y que se reduzca la dependencia excesiva del rector.

La gerencia y administración de bienes se podría relacionar con un órgano independiente al rector, como podría ser el Consejo Social o la CRUE. Esta sugerencia, de lógica institucional, presentará dificultades como todo aquello que conduce a una auténtica mejora pública.

Si se ofreciese a los más importantes ejecutivos y empresarios de Estados Unidos, Europa y España que dejaran de tener consejos de administración, auditorías y «controllers», darían saltos de júbilo. No es extraño que lo contrario hagan los rectores de universidad, con la amenaza de que los van a tener. Como anécdota personal puedo decir que cuando tenía absoluto poder en MAPFRE, hace casi treinta años, y cuando ni era obligación ni ninguna empresa lo utilizaba en España, introduje voluntariamente la «auditoría independiente e internacional», que se encomendó a Arthur Young, aun sabiendo que iba a ser incómoda. Ello me da autoridad moral para proponer ahora la conveniencia no sólo de la autonomía de la gerencia sino también la de la administración de recursos y que sus acciones se completen con una auditoría independiente.

Parece conveniente, al menos en las grandes universidades, distinguir la acción gerencial en dos áreas, con independencia o relación que se considere conveniente; la administración del patrimonio y recursos financieros, propios de un «administrador» o de un «tesorero» y la gestión administrativa del personal y del conjunto creciente de actividades no estrictamente docentes.

No conozco suficientemente la estructura universitaria para una recomendación precisa de funciones de la gerencia pero pienso que podría ser la siguiente, separando en las más importantes la gestión de recursos patrimoniales y la gestión operativa no docente.

En la gestión de bienes y recursos

- Administración de propiedades inmobiliarias de cualquier clase y de fondos mobiliarios y de tesorería.

- Gestión de adquisiciones de bienes no operativos y obtención de fondos exteriores para fines universitarios.

- Determinación permanente de las obligaciones de pago existentes en cada momento y probables en el futuro.

- Exigencia de presupuestos y evolución de recursos y obligaciones.

- Supervisión de cualquier clase de fundación o entidad promovida por la Universidad por la razón que sea.

En la gestión operativa

- Administración del personal docente y no docente, exigiendo cumplimiento de normas de esta naturaleza para descargar de esta actividad no docente a facultades y departamentos.

- Gestión y aceptación de obligaciones promovidas por los docentes, exigiendo su autorización especial.

- Normalización operativa contable y administrativa para preparar y liquidar automáticamente los presupuestos de obligaciones y gastos y conocer permanentemente la economía de cada centro.

- Organización de servicios de control interno, en especial en centros universitarios de gran dimensión.

- Información periódica, frecuente e inmediata de gastos e ingresos, para poner a disposición de autoridades y ciudadanos, por INTERNET, la situación y evolución de cada centro.

- Atención de quejas y reclamaciones de docentes, alumnos, proveedores, etc., y posible creación de un servicio no politizado de «defensa de alumnos».

Parece indispensable determinar claramente funciones, obligaciones y derechos del «gerente» y en su caso del «administrador del patrimonio» y de sus colaboradores y su entorno. Los equipos gerenciales de las diferentes universidades, autonómicas o nacionales, deben intercambiar experiencias entre sí y celebrar reuniones con ponencias y comunicaciones, incluso creando un órgano colectivo como sistema permanente de investigación operativa.

Actuación autónoma de facultades y departamentos.

No se deben reducir las responsabilidades de unos y otros y en lo posible se deben aumentar. Los departamentos deben estar integrados en facultades para su próxima supervisión y coordinación. La vida departamental será instrumento esencial de la Universidad futura y conviene que las facultades analicen y califiquen regularmente su actuación para evitar diferencias y aprovechar las experiencias de todos.

Instituciones de evaluación de universidades.

Deben establecerse como instrumento efectivo para su mejora, con publicación al menos semestral de informes de actuaciones, con baremos objetivos en cuanto a la calidad de cada centro. Podría aprovecharse para esto la experiencia de la ANEP, en lo ajeno a la estricta investigación.

7. Enseñanza superior no universitaria

El campo de la educación superior excede de lo puramente universitario con variedades diferentes, que son conquista, o avance, o necesidad propia de nuestro siglo y el precedente, con probable expansión en el próximo. En el término «superior no universitario» deben incluirse las siguientes actuaciones, que reseño sin profundizar, en las que no caben principios de autonomía, pues su propósito es específico y no general, aunque su interés sea público.

Escuelas públicas de la Administración, necesarias para incorporarse a algunas de sus áreas, con tendencia a ampliarse, en especial si se promueven nuevos «cuerpos de funcionarios» como ejes de la Administración. Las principales son:

- Escuela judicial o de justicia, que sirve para integrar en la Administración de Justicia Magistrados o Fiscales. La justicia es uno de los tres poderes decisivos (al menos en apariencia) de una comunidad política moderna. La Escuela existente debe ampliarse en el próximo siglo, en dimensión y en actuación. Cabría pensar también en una «Escuela de Abogados» para ejercer esa profesión, para la que no preparan las facultades de derecho, aunque sean necesarias como antecedente; podrían inspirarse en las «Law Schools» de Estados Unidos.

- Escuela de «Administración Pública», para incorporarse a la estructura general de la Administración Pública, con exigencias muy diferentes a la enseñanza universitaria. Debe ser más especializada y precisa, orientada a funcionarios, como los TAC, o similares, que sería conveniente estuviesen coordinados en todo el territorio nacional.

- Escuela diplomática, para capacitación de los funcionarios que representen o actúen en nombre de la nación en el exterior, con posibilidad de ampliarse a otras actividades regulares de representación fuera de las propias fronteras, en aspectos diferentes a lo clásico actual.

- Escuela de funcionarios especializados en gestión territorial, como los «prefectos» en Francia, que equivale a nuestros gobernadores civiles o subdelegados del gobierno, y a sus colaboradores, actividad que es probable se amplíe en el próximo siglo a áreas muy diferentes de las actuales.

- Escuela tributaria y fiscal, para preparar a quienes se integren en la Administración Tributaria, cada día con mayor dimensión, absoluta y relativa.

- Escuela de especialistas económicos y comerciales, para incorporarse a servicios públicos de esta naturaleza, como «técnicos comerciales» y «economistas del Estado».

- Escuela de registradores y notarios, conjunta o separadamente, para su incorporación a estas funciones.

- Escuela de «relaciones de trabajo», para los inspectores de este área, de modo paralelo a la Tributaria y Diplomática.

- Escuela de «gestión universitaria», para facilitar la administración autónoma de las universidades.

- Escuela de gerencia e «inspección de salud», para los que supervisan o gerencien actividades y centros sanitarios.

- Prácticas retribuidas, en áreas de salud, clínicas o no, como el MIR actual, con ampliación de su ámbito a la gestión de hospitales. El MIR, que ha tenido gran éxito, necesita coordinarse con las facultades universitarias de medicina y de gestión hospitalaria.

Todas éstas, y quizás otras, deberían estar precedidas de una «oposición», para mantener una selección rigurosa y objetiva que contribuya a gestionar con efectividad la vida pública, con estabilidad respecto a los gobiernos elegidos.

Por su interés en este aspecto señalo que existen en Francia «Grandes Escuelas» que han creado una elite de funcionarios, que ofrecen alta eficiencia en el servicio público, con gran influencia en las «empresas nacionales». Cuando lo comentaba con un docto amigo francés y «enarca» me replicó que los grandes problemas actuales de Francia, que consideraba superiores a los de España, procedían precisamente de esa elite de «mandarines», responsables del fracaso de la empresa pública francesa, en especial la bancaria y de seguros, que Mitterrand había querido hacer base de la «grandeur» y de la «expansión mundial francesa en el siglo XXI» y ha acabado en escándalo e incluso ridículo; el caso del Credit Lyonnais es el más representativo. A pesar de lo anterior, creo en España negativa la destrucción de los «grandes cuerpos». Nunca he pertenecido a ninguno de ellos, y en el más destacado, el de Abogados del Estado, pensé opositar, pero mi padre se opuso porque consideraba inmoral su actuación. Con reflexión y sin interés personal ni indirecto, mi opinión es que convienen estructuras públicas elitistas con ingreso y preparación difícil, cuyo ejemplo fue la administración china, que permitió una civilización muy avanzada en que introdujo un «orden» indispensable para su continuidad.

También pueden considerarse como de Enseñanza Superior, otras instituciones, como por ejemplo:

- Escuelas de Negocios, o «Business Schools», a que acuden después de graduarse, a veces antes, los que desean formación empresarial, financiera o comercial para una práctica profesional competitiva. Deberían dedicar especial atención a la ética de actuación empresarial y financiera, y a la función social de la empresa en una sociedad equilibrada.

- Escuelas públicas o privadas, especializadas en diversas áreas de la vida social, como bellas artes; conservatorios de música; arquitectura de interiores; medios de comunicación; transporte; deportes; turismo; hostelería y otras de diferente naturaleza para las diversas necesidades de la vida social.

- «Maestrías» o «masters» de posgraduados para estudios con algún objetivo concreto. Se refieren normalmente a áreas de saber, profundo o superficial, cuyo conocimiento es conveniente para «participar» en la actividad social. Su carácter es variado y a veces efímero, fuera y dentro de las carreras universitarias.

8. Gestión y economía

Cada centro universitario, generalmente complejo y hasta multicomplejo, necesita una propia «estructura de gestión» con administración adecuada a su dimensión y con un servicio de control interno vinculado a su gerencia, y con relación directa con el Consejo Social u órgano equivalente. Esta institución debería además tener voz en la enseñanza primaria y secundaria, como órgano «societario», en que se debería apoyar cada gobierno autónomo para adjudicación de recursos y estudio de proyectos en un área tan «viva» como la educación universitaria y la investigación.

Por ser reducido el número de universidades públicas y no públicas de una Comunidad, sólo en algunas serán necesarias estructuras de coordinación; que en su caso podrían ser un órgano sin burocracia, que estimule el aprovechamiento de experiencias y análisis de informaciones. El ejemplo de lo que se propone la Comunidad de Madrid puede ser útil en el futuro.

Parece conveniente utilizar de modo coordinado la CRUE, «Conferencia de Rectores», o el «Consejo de Universidades», como órganos conjuntos de la educación española, de los que dependa un servicio de inspección de centros universitarios para exigir datos correctos, descubrir desviaciones y ofrecer asesoramiento. Los inspectores deberían tener la misma formación que los gerentes y en su momento capacitarse en la escuela de gestión universitaria.

En España el gasto público educativo universitario y de investigación es aproximadamente el 0,81% del PIB, que podría considerarse base de partida para el futuro. Teniendo en cuenta la incorporación de algunos gastos no incluidos (quizás dé gestión oficial» y de investigación) podría estimarse deseable que llegase por lo menos al uno por ciento del PIB, aparte de eliminar todo despilfarro o gasto superfluo. Esta sería la «prestación pública» de esta clase de enseñanza, cuyo importe podría variar en cada comunidad autónoma, que necesita conocer con exactitud sus costes reales «universitarios y de investigación» y los especiales de cada centro para adoptar decisiones en razón de sus circunstancias y objetivos. Convendría conocer el coste de alumnos de otras Comunidades Autónomas y si se justifica alguna compensación para aquellas que reciban un número sustancial de alumnos. Este tema está relacionado con la «movilidad» universitaria de alumnos y profesores.

Las aportaciones a las universidades tendrán las siguientes finalidades:

- Logísticas para adquisición y construcción de centros y su mantenimiento regular.

- Operativas de docencia y colaboración a centros sin tasas suficientes para absorberlos.

- Complementarias de ayudas y becas a alumnos, en especial en el doctorado o estudios posgraduados.

- A universidades privadas cuando esté justificado por el servicio que presten a sus alumnos que disminuya el coste de las universidades públicas, pero sin considerar que estas aportaciones son una detracción de la enseñanza pública, como si ésta tuviese una vida por sí misma.

- Proyectos e investigación científica dentro de la Universidad o con ella relacionados.

Estos gastos y datos deberían compararse entre Comunidades Autónomas y con otras naciones. Para conseguirlo se propone un modelo que permita dar a conocer regularmente, incluso por INTERNET, la situación real y evolución de cada área autonómica, y que sirva de base para decisiones de gobiernos y parlamentos.

También sería conveniente exigir información mensual de cada centro universitario público y privado que llegara además a cada uno de los rectores en toda la nación, para conocimiento regular de las autoridades y ciudadanos; sería un instrumento con efecto muy práctico, en especial si se audita. Para conseguirlo convendría que cada centro universitario preparase mensualmente un modelo en la línea del que se propone a continuación (cuadro 2).

Para los centros privados habría que añadir: «ayudas oficiales», «otras ayudas» y «ayudas externas a alumnos, posgraduados y doctorandos».

Estas informaciones serían fáciles con una gestión contable normalizada.

La situación universitaria, variada en tantos aspectos, sólo se puede mejorar con conocimiento preciso homogéneo e inmediato de sus gastos, o sea con «presupuestismo público transparente», y programas inteligentes de comparación dentro y fuera de cada comunidad autónoma. Con los gastos «micro» de centros públicos y privados se puede llegar a determinar los «estándares» ideales para que gobiernos y parlamentos puedan juzgar la efectividad de sus aportaciones y las demandas de solicitud de fondos complementarios.

También sería necesaria una información «macroeconómica» de los costes, que sirva como referencia de este sector solidario público.

Completando lo anterior, interesaría exigir información como la del siguiente «modelo teórico», que serviría para determinar la política conveniente en cada área autonómica y hacer en público comparación de errores y desviaciones, en lo posible justificándolas.

Todos los cuadros que he incluido en este epígrafe forman parte de un principio de gestión pública que en este libro se extiende a todas las instituciones solidarias (y lo mismo debe ocurrir a las públicas, oficiales o no). Sólo así creo yo que es posible gestionarlas, en lo general y en lo geográfico, con el criterio que en cada caso se considere conveniente, con lo que se permita llegar a actuar con «conteo», sin necesidad de utilizar el «compadreo» en cualquier decisión presupuestaria y de sus liquidaciones. Por muy acertadas que hayan sido otras sugerencias y consideraciones de este capítulo y este libro, ésta es la más importante, la que permitiría afrontar el siglo XXI con estabilidad y equidad.

Capítulo IV. Consideraciones finales

Al terminar esta primera parte del libro ofrezco comentarios y observaciones sobre la educación y la enseñanza en la sociedad occidental, que podrían ser útiles para gobernantes y ciudadanos en el próximo siglo.

Educación

- Con diferentes formas y nombres, ha acompañado al hombre en su larga historia y ha sido motor de su progreso, lento o rápido, como es de esperar lo siga siendo.

- Es necesaria para optimizar la capacidad de discernimiento y libre albedrío de los seres humanos, y ha permitido que superen a otros seres vivientes próximos.

- La educación se inicia en la familia y en ella es principal protagonista, con derecho a impartirla y a influir en la que se imparta por terceros, públicos o privados.

- La protección legal de la familia, de su consistencia y autonomía, a pesar de sus abusos y desviaciones, se justifica en parte por su función en la educación, y además con muy pocas excepciones los padres sirven mejor a sus hijos que cualquier tercero.

- Está en íntima relación con la libertad, la necesita y conduce a ella. Libertad y educación son términos complementarios; sólo accidentalmente se separan por breve tiempo. Es objetivo indeclinable la libertad de los padres, de la familia y de los alumnos cuando tengan suficiente madurez.

- Debe servir para distinguir el bien y el mal, y estimular que se actúe bien y se piense bien; se desvía cuando no lo intenta ni lo cree importante.

- No debe ser neutral si aspira a formar ciudadanos para un comportamiento social positivo y ayudar al hombre a superar sus instintos y objetivos hedonistas.

- Puede utilizarse negativamente para proteger los intereses de quienes tengan poder y deseen captar intenciones para defenderlo; el gran riesgo y grandeza de la libertad es que permite inducir al mal.

- Es permanente objetivo de gobernantes que siempre quieren dominarla, poco o mucho, en contra de los derechos y natural respecto a la familia.

- El interés «oficial» o de los poderosos, se consigue con coacción directa en la enseñanza y por inducción en medios de comunicación.

- Ha sido en la humanidad un vehículo, un medio, un instrumento para que los ciudadanos participen en una comunidad política, para que ésta sea más convivible y que a su vez contribuya al equilibrio de la sociedad.

- En la Iglesia, al educar, cabe una tendencia o tentación coactiva, pero limitada por su propio objetivo, espiritual y no material, aunque aparezcan abusos y desviaciones.

- Es importante la educación religiosa en la primera edad; para muchos hombres y mujeres será la única ocasión a lo largo de su vida de conocer el deber ser, el bien, la generosidad y el amor al prójimo, que ayude a superar el hedonismo absorbente característico de la sociedad occidental.

Enseñanza

- La enseñanza, en sus diferentes ámbitos, debería ser independiente de la burocracia oficial y de la influencia de partidos y gobiernos y limitarse a proporcionar recursos operativos y a crear centros cuando no existan y se consideren necesarios para la vida ciudadana.

- La estructura de la enseñanza conviene sea autónoma y es obligación pública promover que no dependa de los gobernantes y sus alternancias, sino de instituciones con influencia directa de educadores objetivos y de las propias familias.

- Los recursos que una nación dedique para la enseñanza de los ciudadanos, como «obligación de solidaridad», no serán posibles y suficientes si los gobernantes carecen de austeridad, generan despilfarro y buscan su comodidad. Son ellos, con máximo poder, los que con su sacrificio más deben contribuir a las prestaciones solidarias de enseñanza.

- La enseñanza en todas sus manifestaciones debe ofrecer una actuación altamente transparente para que la evolución de sus costes y actuaciones facilite las decisiones sobre aportaciones públicas, y para que familias y alumnos puedan juzgar su realidad.

- La estructura educativa universitaria, su más alto nivel, debe influir y vigilar la evolución de las otras áreas de enseñanza, y todas deben servir coordinadamente al conjunto social con una actuación equilibrada.

Enseñanza familiar y primaria

- La enseñanza primaria es preparación de la vida social y debe servir para integración en la vida ciudadana.

- La existencia de guarderías y similares, como la mercenaria lactancia en épocas anteriores, se debe tolerar pero no estimular ni financiar, siendo deseable en cambio ayuda a las madres para que ofrezcan cariño directo a sus hijos y comiencen el camino de su enseñanza.

- Aunque se debe favorecer la enseñanza familiar, ésta es en general insuficiente y todo gobierno debe aportar recursos públicos para facilitar a todos los ciudadanos la enseñanza primaria, incluso infantil, como carga colectiva solidaria.

- Es importante que esta enseñanza ayude a memorizar a edad temprana, base de la cultura oral, hoy casi desaparecida; sólo con memorización se consigue gran parte de conocimientos culturales.

- La calidad de la lectura y la ortografía son aspectos claves en la enseñanza, conviene concentrarse en ellas, más que en explicaciones complejas que no dejan huella; la carencia de ellas es ausencia de verdadera alfabetización.

Enseñanza media

- Hasta el siglo pasado sólo era asequible a una élite de ciudadanos, pero ha pasado a ser pieza indispensable para hombres y mujeres, como método casi obligatorio de educación y para elevar el nivel cultural y cívico de la humanidad.

- Debe continuar el conocimiento de la vida religiosa y la espiritual no hedonista, para ayudar a vencer los impulsos egoístas con que se van a encontrar hombres y mujeres en su actuación ciudadana adulta.

- Las artes de redactar y de expresarse en público son complemento de la memorización y ortografía y deben estimularse a lo largo de ella.

- Aparte de los conocimientos clásicos, en ella se deben incluir otros para integrar individuos en su acción sociopolítica, con informaciones objetivas de sus antecedentes e historia y de la de otros con que se conviva en una humanidad universal, en especial con los más próximos.

- Deben impartirse en esta enseñanza los conocimientos cívicos útiles para la vida normal de relación y para favorecer normas de convivencia.

- Debe proporcionar conocimientos en las instituciones de la vida social que afectan a los ciudadanos, como salud, carencia de trabajo y ayuda a la vejez y la propia educación.

- La enseñanza media normal no debe ensombrecer la enseñanza artesanal o industrial alternativa, que con diferentes variedades y matices es indispensable socialmente.

Enseñanza universitaria y superior

- Es la última etapa de la educación formal de los ciudadanos o de algunos de ellos, antes de su integración en la vida independiente, en especial laboral, a reserva de la «formación continua» dentro de ésta.

- Por su naturaleza es muy diversa, adaptada a diferentes vocaciones, necesidades y elecciones personales. No se la puede considerar como unidad conceptual homogénea, sino como exigencia o necesidad no siempre posible en la actuación humana.

- Su área principal es la «universitaria», con un núcleo muy amplio de disciplinas científicas, humanísticas y sociales, útiles para la vida individual e institucional, impartiendo conocimientos concretos para el trabajo individual y para necesidades colectivas.

- Desarrolla función importante como complemento de la enseñanza media, ampliando su campo en áreas especializadas que alcancen al mayor número de ciudadanos y les ayuden a participar en el conjunto social.

- La Universidad, cada una de ellas, debe contar con gran autonomía para orientarse con arreglo a sus propios criterios e intereses.

- Se relaciona institucionalmente con la «investigación», para contribuir activamente al desarrollo del conocimiento y mejoras científicas y tecnológicas, sin depender exclusivamente de otros pueblos y sociedades.

- La dignidad de los pueblos y naciones se vincula en gran parte a la investigación, ésta debe impulsarse al máximo, con cauce universitario. Un pueblo sin investigación es siempre de segunda clase, aunque crea lo contrario

- Dentro de su amplia diversidad, merece la pena destacar la función de la enseñanza superior para preparar directivos que formen parte de la gestión pública en sus diferentes áreas, pieza básica en la vida social a que los gobiernos deben dedicar atención para hacer eficaces sus acciones colectivas.

En resumen, reitero que la enseñanza debe ser pieza integrante de la vida de relación en todas las naciones. Es una obligación solidaria cuya carga deberán soportar todos los ciudadanos a través de sus tributos. Debe servir para elevar el nivel de conocimientos de los ciudadanos y para contribuir al aumento de los conocimientos de la humanidad. Debe ser gestionada con equidad y prudencia, evitando influjo de maximalistas radicales y de desviaciones endogámicas, para ser instrumento de equilibrio y equidad nacional.

Parte segunda.
Servicios sociales solidarios: reflexiones, sugerencias e información

Nota introductoria

Se van a tratar los tres sectores o áreas básicas de lo que se conoce como Seguridad Social. Uno de sus objetivos es establecer la separación clara entre sus tres principales áreas, tratando cada una como institución completamente separada de las otras e incorporando otra nueva, no «social» pero sí solidaria, la de educación. Las áreas elegidas son tres, pero podría haber sido conveniente incorporar la de vivienda, como anteriormente he comentado. Entre sí las áreas tienen límites difusos; el INSERSO, o IMSERSO, presta servicios por una parte a los jubilados retirados y ancianos para su mejor calidad de vida y por otra a los desempleados.

Los Servicios Sociales Solidarios representan en su conjunto un 17,8% del PIB, un 43,6% del conjunto de los gastos públicos de la nación, y un 81,8% del gasto que en este libro se considera solidario, con un importe aproximado de 318.000 ptas. por habitante.

Esta separación no solamente tiene un carácter semántico sino que debe llegar a sus fuentes de financiación. Hasta ahora la Seguridad Social se ha financiado con «recargos en contratos laborales» que el Gobierno distribuía a cada una de las áreas. La necesidad de competir mundialmente hace que las empresas y los propios ciudadanos deseen que se reduzca el nivel tributario de «ingresos por trabajo», y se aumenten, en cambio, para el mismo objeto otros ingresos. Es ésta una decisión trascendente a la que los gobiernos se resisten pero que acabarán adoptando. El concepto de «caja única» parece único reducto de la unidad nacional, cuando si hay algo que debe financiarse con recursos autónomos son los servicios sociales solidarios a sus ciudadanos.

Quizás planteamientos erróneos, que nadie se ha atrevido a modificar, o que no se ha creído que era necesario, van a dar lugar a una reestructuración de las actuaciones comunitarias, con alcance difícil de medir, que podría llevar a un cambio profundo de nuestra estructura sociopolítica. Es posible que la resistencia a que la caja única sea una última línea de retirada, pero no creo que de ella se pueda hacer depender la unidad nacional.

En este libro afronto los hechos con sentido lógico; con ello aparecen errores de la transición y de la organización autonómica planteada para no reconocer que dos áreas geográficas españolas tenían claros derechos históricos que habían defendido durante siglos y que merecían un tratamiento especial.

En cualquier caso, aunque sea paulatinamente, los recargos laborales se reducirán y cada uno de los servicios sociales solidarios se tenderán a financiar con tributos generales no subordinados o relacionados con la actividad de trabajo; y en gran parte se desplazará esta carga a los propios interesados. Cómo ha de ocurrir no es objeto de este libro, entre otros aspectos porque nadie tiene sobre ello ideas claras; simplemente apunto el problema, sin ofrecer soluciones, pero señalando una tendencia que considero inevitable.

Capítulo I. Salud

La salud, históricamente de menor valor que otras realidades sociales, ha pasado a protagonizar la vida humana, con actuaciones para mejorar la esperanza de vida, la calidad y sobre todo el dolor, que preocupaba menos a nuestros antepasados; ha de tener consecuencias que den lugar a profundos cambios en nuestra evolución colectiva. La protección de la salud en España representa aproximadamente el 22,7% del gasto solidario, un 12,2% del gasto público, un 4,8% del PIB, con un promedio de 91.000 pesetas por habitante.

En estos dos siglos la salud ha pasado a ocupar la mente humana, y se infiltra en la vida social en hombres y mujeres de modo paralelo y homogéneo. En parte tiene su origen en el hedonismo y cultivo del yo, lo mío, mi cuerpo, mi vida, al ir desapareciendo la preocupación por lo transcendente y los valores, pero también por mayor conocimiento de lo que es «mi calidad y mi esperanza de vida». Este camino se ha abierto con el «aprendizaje para cambiar» que desde la Edad Moderna y la Contemporánea, ha adquirido el hombre, con técnicas para aprender y técnicas para investigar, y sobre todo técnicas para difundir en toda la humanidad lo que se aprende y lo que se investiga.

1. Salud, larga vida y dolor

¿Qué es salud? La contestación parece fácil, ausencia de enfermedad, lo decimos cuando nos preguntan; también es la situación personal óptima para una acción vital. La salud, la normalidad corporal, sin trastornos, aun indirectos, conduce a vida personal satisfactoria, al menos en ese aspecto.

La salud tenía distinta consideración en tiempos históricos, y más aun prehistóricos; se reconocía la vida corta, como realidad observada y por aceptación de un Dios superior; nuestra existencia era un tránsito. Es la historia de los musulmanes y ha sido la de los cristianos, «¿quién como Dios, nadie como Dios?» El dolor tenía protagonismo limitado, molestia inevitable, como invierno extremo o calor tórrido.

La salud ha pasado a ser obsesión, histerismo absoluto que domina a las personas y a la sociedad; se radicaliza y lo radical dificulta y desequilibra, promueve salud real, pero olvida efectos perversos. La mejoría de la salud individual debe alcanzarse con «prudencia», sin exageraciones caprichosas o subjetivas individuales. ¿Qué es prudencia en este caso? no puedo contestarlo, ni siquiera equivocándome.

Frente a la asistencia sanitaria, que es el «conjunto de servicios para atender a enfermos y pacientes», la sanidad pública o salud pública es el «conjunto de medidas oficiales o voluntarias para evitar la aparición de enfermedades, epidemias, etc.» No asiste a enfermos sino evita o intenta que no lleguen a estarlo muchos ciudadanos, en algunos casos por contagio claro y en otros por circunstancias que lo favorecen, como la calidad de las aguas públicas, limpieza de servicios, etc. Esta «sanidad» lucha contra epidemias y endemias específicas y por extensión contra modificaciones de medio ambiente, con repercusión individual o colectiva en la salud.

La «salud pública» ha antecedido en bastantes casos a la asistencia sanitaria y se relaciona con ella permanentemente. De ahí proceden los departamentos de Sanidad e Higiene y los «Servicios Públicos de Sanidad», que son independientes de la Asistencia Sanitaria; también está ahora la «ecología» incrustada en esta salud pública, o en parte de ella, que se orienta a protección indirecta de salud, no siempre a largo plazo y que estimula la preocupación por la salud con métodos, sistemas de trabajo y de conducta que contribuyan a mejorarla.

La «matemática» de la vida colectiva mide de modo preciso la edad promedia en el momento de la muerte, o sea la esperanza de vida, aunque no siempre lo hace de su calidad. La mayoría de los partícipes de la humanidad aumentan esa esperanza sin esfuerzo ni sacrificio, por ósmosis de acciones ajenas, en especial de investigación científica. Se considera termómetro del nivel colectivo de salud, si se eliminan las muertes por accidente, guerra y origen violento. Ofrece situaciones análogas en muy diferentes comunidades. Es difícil conocer la que fue esperanza real de vida de hace doscientos años en una determinada población o área geográfica; pero desde hace cien años existen datos y se puede medir en diferentes pueblos, sexos, situaciones y edades. Es frecuente criticar la situación de salud de una nación, con altísima esperanza de vida; parece que siempre hay que «ir a más» (yo no estoy de acuerdo). Es interesante destacar que los tres países europeos con más alta esperanza de vida son Grecia, Italia, España, los tres del sur, que no parece se caracterizan por tener el mejor sistema de asistencia sanitaria, pero sí al parecer una buena dieta alimentaria.

La situación real objetiva de España parece muy satisfactoria e incorrectas las críticas, aunque todavía hay que distinguir y estudiar las causas de muerte, en la infancia, en la juventud, y sobre todo la calidad de vida que en cada caso se consigue. Al reflexionar sobre un sistema de salud, como hago en este capítulo, puede ser incorrecto exagerar mejoras si estas repercuten negativamente en otros aspectos de la vida social; por ejemplo, cuando para pasar de una esperanza de vida de ochenta y dos años a otra de ochenta y tres se perjudican algunos objetivos colectivos o los de ciudadanos de otras naciones. Pero siempre son positivas las mejoras prudentes, sin repercusión negativa en otros servicios y situaciones, y sin que afecten al equilibrio de los recursos públicos.

No es la esperanza de vida el único objetivo en la protección de la salud, también la calidad y, en concreto, aun no único, el dolor, exteriorización física de algún desarreglo en la normalidad de una persona; no enfermedad sino síntoma de alguna, aunque no de todas; también el dolor artificial, causado voluntariamente desde el exterior para venganza o para torcer voluntades. Los libros de la Edad Media y Moderna presentan el dolor como fenómeno limitado dentro de la vida social. Había esclavos y se admitía que eran una situación a que el hombre podía advenir por diversas circunstancias; también el dolor se suponía situación que aparecía en ocasiones, quizás con frecuencia. La muerte se consideraba hecho normal, el único inevitable para los seres vivientes. Ahora el dolor no se soporta ni en grado mínimo y se reacciona con horror ante cualquier fórmula que lo utilice para reducir la resistencia humana, o sea la tortura, de algún modo aceptada anteriormente.

Es notable el aumento de esperanza de vida en este siglo; en 1900 era en España de 35 años, y en 1990 ha llegado a 73,3 para varones y 81,7 para mujeres, no siendo probables cambios significativos en las próximas décadas, aunque sí un lento aumento.

El dolor se asimila a la esperanza de vida como termómetro de situación; es satisfactorio que la esperanza aumente y que el dolor no aparezca en la vida de hombres y mujeres. Pero no hay que olvidar la extracción de muelas o las amputaciones y operaciones de cráneo sin anestesia, actos «salvajes» de nuestros antepasados. Ahora no lo concebimos, pero fueron realidad durante miles de años.

La eliminación del dolor forma parte de una concepción de la vida, como «lecho de rosas», que hace inmoral cualquier sacrificio voluntario, incluso muy generoso, y pretende eliminar colectivamente los riesgos individuales. Esto a veces no es posible ni prácticamente defendible para los que tenemos convicción de la transcendencia del hombre al servicio del más allá y de sus prójimos. La vida cómoda, sin riesgo, lo que hoy «quiere la sociedad», se había llegado a conseguir en algunos pueblos o naciones, o en algunas clases dentro de ellas, alto bienestar frente al promedio, aunque siempre acabó con rebelión o revancha, muy sangrienta, como la Revolución Francesa.

El «bienestar» es deseo significativo occidental, incluso objetivo esencial que se quiere imponer a la humanidad a costa de lo que sea o implique, aunque parece preferible una décima menos de esperanza de vida, o una centésima más de sufrimiento por dolor a desequilibrar la riqueza colectiva o desatender otras áreas solidarias que también necesitan recursos públicos, pues no puede prescindirse de lo económico en ningún aspecto de la vida social (o política).

Para tener una visión completa de la situación de la salud en España es ilustrativo el siguiente cuadro:

También son ilustrativas las siguientes informaciones de otros países:

2. Costes mayores de asistencia sanitaria

En estos últimos cincuenta años son mayores, absoluta y relativamente, las aportaciones para ofrecer asistencia sanitaria aceptable; por eso, conviene estudiar sus causas para analizar un sistema nacional de protección y probable evolución futura. La prolongación del período de vida se ha producido por avances y sofisticación en tratamientos médicos; medidas de prevención de enfermedades y mejora de calidad ambiental; en gran parte con origen científico fuera de nuestras fronteras, que se completan por mejoras de servicios y estructuras dentro de ellas. Esto afecta a la ordenación económica pública, producto de siglos de situación estable en éste y otros aspectos. Un objetivo del próximo siglo debería ser mantener un nivel satisfactorio general de salud y de asistencia sanitaria, con equilibrio en los recursos públicos.

Las principales razones de los aumentos de coste son y serán:

- Financiación de la salud en la vejez. Hasta hace pocas décadas tenía reducida importancia, pero ésta se ha acelerado en las últimas décadas, lo que exige mayor tiempo de atención médica y asistencia a personas físicamente limitadas por su edad y con probable necesidad de internamientos hospitalarios o residencias muy asistidas. En los casos recientes de responsabilidad civil por uso del tabaco en Estados Unidos se reclama a la industria tabaquera responsabilidad por el coste público en tratamientos por abuso del tabaco, pero se olvida la disminución del coste de la asistencia en la vejez, también a cargo público. En general cuesta más la prolongación de la vida que un tratamiento terminal. ¿Se podrá financiar indefinidamente el coste de la vejez con salud? La alternativa puede ser promover una eutanasia masificada, como la adoptada en la historia por algunos pueblos (el ensayo de Hitler fue un antecedente próximo); deberían buscarse fórmulas de «ingeniería social» para paliar este efecto que amenaza desde hace varias décadas y se agudizará en las futuras, con peligro de que se afronte con «ingeniería genética» como proponían también algunos científicos de la Alemania nazi y que hoy parece próximo también.

- Reducción del entorno familiar. Aumenta el coste social y el de la asistencia. La familia ofrecía protección a miembros ancianos, con menos uso de residencias y asalariados para atenderlos. La familia desaparece y hasta se considera objetivo público deseable, aun con medidas aparentes para disimularlo. Con ello la responsabilidad de la vejez recae en instituciones financiadas públicamente, cuando antes se soportaba con amor y sentido de obligación familiar. Este mayor gasto se hubiese podido reducir con más amplio entorno de la vida de familia y reconociendo obligaciones morales y espirituales, pues cariño y afecto son tan importantes como la eficiencia material. También la más limitada vida familiar aumenta gastos oficiales; la falta de contacto entre padres e hijos elimina la actuación paramédica de muchas madres que resolvían por sí solas incidencias que ahora trasladan a urgencias hospitalarias.
¿Va a ser posible sustituir a la familia? Es la incógnita de nuestro futuro. ¿Se podrá soportar el coste social del individuo solo, sin protección en su propio entorno? ¿El derecho a la absoluta independencia será a veces imposible por una situación pragmática de costes? Esto, que se considera «positivo», puede ser causa de la decadencia occidental, acelerada por «radicales» dedicados a eliminar las ataduras de la familia y con ellas su misma subsistencia.

- Sofisticación de equipamientos. Exigen costosas adquisiciones, que con frecuencia aumentan la comodidad de equipos y facultativos, pero no repercuten en la reestructuración organizativa de los hospitales. Si están bien utilizados reducen la duración media de internamiento, pero ahora existe una rígida estructura de trabajo mantenido por presión indirecta que no permite que esto incida en la organización interna y que los trabajadores afectados por impacto tecnológico pasen a otra función. Esto se «ha hecho imposible» por razones socio-psicológicas internas y supuestos derechos a la estabilidad aunque se perjudique el interés general. Los nuevos equipamientos estarán mal utilizados si no reducen la duración media del internamiento y con ello el gasto final. Sería interesante comparar los equipos hospitalarios de un buen hospital de 1970 y los de uno actual de análoga calidad y dimensión. En todo caso, parece que se evitarán los hospitales dinosáuricos y que aumentará la atención primaria próxima a los enfermos, con acción personal y dinámica menos costosa y con más rápida adaptación a necesidades reales e incluso que aumentará la posibilidad de diagnóstico y hasta tratamiento teledirigido, con estructuras de asistencia que antes no eran posibles.

- Creciente utilización de medicamentos. Aumentan los gastos de tratamiento y se convierten en obligación colectiva. Los avances científicos biogenéticos exigen grandes esfuerzos de investigación, con altos costes para los que los utilizan. Son campo de fricción con los proveedores, cada vez más potentes e internacionales, que obstaculizan su disminución, aunque en teoría mantengan lo contrario. Será próximo campo de batalla en que un gobierno enérgico e independiente con una estructura eficiente de salud puede conseguir mejoras o en que la repercusión de la competencia entre centros puede estimular imaginación creativa, para obtener «más por menos», con el impacto de «doña necesidad».
Aun evitando entrar en temas y polémicas concretas, quiero referirme al llamado «medicamentazo», surgido por el deseo del Gobierno de revisar el catálogo existente. Se ha convertido en un problema político, arma de la oposición, de cualquier oposición, lo que debería ser una decisión de normal sentido común que se impugna incluso por aquéllos con ideologías que más debían llevar a evitar los abusos «capitalistas» al conjunto de los ciudadanos. El «medicamentazo», de que ahora se habla, que producirá unos efectos económicos creo inferiores a los que señala el Gobierno, es simplemente la necesidad de revisar periódicamente o permanentemente los medicamentos autorizados, advirtiendo ineficacias, posibilidad de sustitución por menor precio o alguna otra razón. Los «medicamentos» tienen en España un cliente prácticamente único: la asistencia sanitaria, con tendencia inevitable a «meterla un gol». No es postura fácilmente modificable y requiere tensión constante para defender los intereses ciudadanos, que no se considere medida política discutible sino medida profiláctica regular. Para este objeto conviene un órgano independiente, con personas que realmente lo sean, no influibles ideológica o geográficamente, ni corrompibles económicamente, para análisis sistemático de los medicamentos autorizados, con las posibilidades de «informática inteligente» y preparación regular de una «purga» o revisión; es lo que haría una gran empresa privada.
El «medicamentazo» pretende reducir el gasto de medicamentos y es obvio que esto exige además «copago», ya utilizado en numerosos países y medida de sentido común, que sirve más que para aumentar ingresos para reducir abusos y despilfarro, pudiendo también con informática compensarse en enfermedades crónicas y otros casos en que socialmente se justifique.
Las «vestiduras rasgadas» desde un punto de vista social son actitudes farisaicas detrás de las cuales están a veces intereses de los laboratorios. Los que a esto se oponen, con pretensiones éticas o ideológicas, contribuyen a perjudicar a los ciudadanos; en un régimen monopolístico es fácil infiltrar justificaciones demagógicas para defender «propios dineros».
Para reducir el consumo farmacéutico, que parece en España superior a otros países europeos, puede y debe haber varias fórmulas, y todas ser útiles, sobre todo si se desdramatizan, se considera método normal de protección del interés colectivo y no se «politizan» como objetivo de ataque al gobierno que las proponga.

- Mayor utilización de medicina defensiva. Es efecto perverso del principio de responsabilidad civil de los que prestan un servicio profesional, que ha creado una estrategia de actuación «comercial profesional», con efecto social peligrosamente costoso. Los facultativos, sobre todo quirúrgicos, necesitan protegerse de amenazas a su patrimonio, con o sin justificación, y utilizan una «medicina defensiva» poco necesaria para la salud, pero que evita reclamaciones judiciales. Este «principio teórico» no debería repercutir en los costes colectivos. En España, afortunadamente, no tiene el efecto «excesivo» de los Estados Unidos, pero conviene adoptar medidas contra este «despilfarro». Caben fórmulas distintas, pero la principal puede ser regular moderadamente las indemnizaciones; no parece fácil en Estados Unidos, pero en España hay antecedentes de esta clase. En todo caso, es necesario reducir el «miedo» a los factores de responsabilidad civil, tema poco analizado que afecta a todas las naciones occidentales y cuya importancia podría aumentar.

- Radicalización de las necesidades de salud. Lleva a considerar que la no utilización máxima de cada avance científico, real o supuesto, afecta a derechos humanos, por lo que se exige acceso inmediato y total a cualquier posible mejora que aparezca en cualquier parte del mundo. Núcleos humanos cuyo antecedente de esperanza de vida era de cuarenta años, cuando han llegado a ochenta, querrían grandes inversiones de recursos y tiempo para una décima de aumento de longevidad promedia. Curiosamente, al mismo tiempo se acepta socialmente la terminación voluntaria de la vida, con aborto y eutanasia en sus diferentes grados y modalidades. No es difícil adivinar los efectos, perversos o no, de estas actitudes maximalistas, con exageraciones que en algunos casos aumentan caprichosamente los gastos, nueva modalidad de despilfarro social.

- Estimulo de envidia, en parte por actuación mediática para difundir cualquier terapia avanzada, como dama millonaria acomplejada porque su abrigo de martas cibelinas es ligeramente inferior de precio al de una competidora de la vida social. Este factor se agudiza con la difusión de futuros medicamentos que a veces confunden lo posible con lo óptimo ilusorio, fenómeno social occidental de que es base la publicidad y hasta la propaganda.

Por unas y otras causas, en mayor o menor grado, aumenta y aumentará el coste de protección de la salud. Serían convenientes medidas para que se detenga, pero éstas repercuten siempre en aumento de sacrificios o reducción de ingresos para algunas, aunque sean positivos sus efectos para la salud individual y general. Es ésta una consecuencia de la globalización, que a unos resulta negativa y a otros positiva; también explicación, si no justificación, de la xenofobia, de los que temen el «efecto perverso» de igualación de los hombres y la reducción de sus propias comodidades.

En todo caso, por las razones anteriores o por otras, existe mayor demanda social de medidas de protección de salud que aumenta sus gastos.

3. Críticas actuales

Desde los años cuarenta se ha producido un avance extraordinario en la asistencia sanitaria en España, casi simultáneamente con un período de grandes avances, de mejoras científicas aplicadas a la protección de la salud. Ambos llevaban a cambios y ofrecían posibilidades de mejora en la asistencia sanitaria y al mismo tiempo mayores gastos.

La protección que hoy tiene la salud del ciudadano respecto a la que tenía hace sesenta años, muestra ese avance, aunque no siempre se comparan con el pasado, sino simplemente con personas o naciones que han logrado mayor satisfacción, e incluso frecuentemente con lo que uno mismo desearía. Ninguna mejora parece suficiente, porque hay una realidad inevitable, la muerte al final, en que el hombre siempre es vencido a pesar de todos los adelantos científicos.

Esto se puede aplicar a la asistencia sanitaria actual y también a la del futuro, siempre con quejas, en especial a la hospitalaria, en que se agudizan las críticas y se pone énfasis en las listas de espera, o sea tiempo que tardan algunos servicios desde que se necesita una intervención, o una consulta, hasta el momento en que éstas se realizan. Cualquier reforma aspira a su reducción o eliminación. Al analizar sus causas aparecerán casi todos los defectos en el sistema, explicados por algún fallo preciso cuya observación facilita una reforma o un cambio. Con esta advertencia señalo algunos que se consideran importantes y que justifican el malestar.

- Falta de profesionalidad de los «gestores en actuaciones no clínicas». Se considera que el área de gestión es en gran parte «política», ajena a los intereses de los pacientes y a los propios facultativos, y que puede estar influida por la amistad, o por la ideología, o por el amateurismo. Se piensa que esta gestión la puede hacer cualquiera y hasta ha sido a veces vehículo de «comisariado político» o «vigilancia de actividades de los clínicos» enemigos o poco afectos. Una organización tan compleja como la hospitalaria necesita gestión profesional efectiva en todas sus áreas y cuando ésta falta los resultados se perjudican.

- Deficiente organización hospitalaria. Los organismos públicos no saben bien lo que un gerente debe hacer, ni lo que puede hacer y su actividad se agota en pequeños intereses, sin visión orgánica del hospital como empresa que tiene como objetivo la mejor asistencia de la salud sin desviación de gastos y con respeto a la autonomía de actuación de los facultativos, en cuyo misterio o enigma no se puede entrar. Esto se une a falta de autoridad suficiente para la relación con los clínicos, a los que se aísla, incluso en la preparación y discusión de sus propios presupuestos.

- Incapacidad para defender intereses hospitalarios (y de pacientes y ciudadanos) de peligros exteriores. La asistencia de salud hospitalaria depende de actuaciones exteriores que se mueven con propio objetivo de beneficio o comodidad. En esto se incluyen los proveedores externos, farmacias y laboratorios, fabricantes y distribuidores de equipos cada vez más importantes en un hospital y en algunos casos los sindicatos, en especial para defender intereses de los trabajadores no facultativos cuya acción impide la efectiva y flexible organización del trabajo. Nada se puede modificar sin negociaciones lentas, en que se aceptan situaciones contrarias a la calidad de un hospital.

- Defensa del monopolio de las estructuras oficiales hospitalarias para eliminar la competencia efectiva. El paciente toma o deja el hospital, pero no puede cambiarlo, no tiene donde acudir y prácticamente no tiene donde quejarse. Con ello la gestión no siempre se orienta al paciente, sino a la comodidad e interés de los propios gestores, clínicos o no, en sus diferentes modalidades y en el de sus amigos o quienes en ellos influyen.

- Deshumanización por razones justificadas o menos justificadas. Se olvida el sentido de atención personal al enfermo ante los «derechos» de los gestores o simplemente por manera de ser. El trato frío e impersonal, aunque sea correcto, es causa en algunos hospitales de pérdida de imagen y descontento de los pacientes. Esto se acentúa cuando nuevas tecnologías reducen o eliminan la comunicación directa con los pacientes.

- Falta de coordinación interna. Un hospital es un «centro de comunicación» de diversos servicios, indispensable para aumentar su eficacia, pero tiene tendencia a convertirse en un conjunto de núcleos aislados, como algunos grandes almacenes que son tiendas diferentes sin relación con las restantes del mismo edificio.

- Dogmatismo teórico y en general sectario. Ha predominado en las últimas décadas, con estructura no pragmática de servicios, no en razón de realidades inmediatas, sino de concepciones ideológicas que podrían resumirse en que «todo lo privado es malo y lo público es bueno», que ha impedido reconocer necesidades de mejora.

- Deficiente aprovechamiento de recursos. Ocurre tanto en equipamiento como en trabajo humano, con convocatoria incorrecta de plazas en especialidades, influida por necesidades reales anteriores, que ya no lo eran y que llevaban en algunas áreas a insuficiente personal y en otras a excedente, y lo mismo en la utilización de espacio y de equipos médicos, quirúrgicos o informáticos. Hay inversiones en espacio y equipamiento que sólo se aprovechan unas horas al día y actividades básicas con limitación temporal. Ha sido justificación de bastantes listas de espera y a veces, cuando se sabía que había que prever cien intervenciones quirúrgicas al mes y la logística sólo permitía hacer cincuenta, no se hacía una nueva inversión ni se reconocía las cargas reales de trabajo, ni tampoco se consideraba «políticamente correcto» utilizar servicios ajenos; la rigidez en la organización no permitía adaptar la estructura con la actividad para las cien intervenciones probables. Otro caso menos dramático es cuando sólo se pueden atender veinte pacientes de alergia al día, y se sabe que llegarán treinta y se acumulará la lista de espera en diez pacientes, lo que no se resuelve por preocupación por el gasto o por dejadez. Del mismo modo, cuando existen mejoras tecnológicas en laboratorios, al automatizarlos, se mantiene el número de técnicos, solamente ocupados un treinta por ciento de su tiempo. La rigidez, voluntaria o inevitable por incompetencia, produce áreas de exceso y áreas de defecto, en ambos casos debilidad de organización general y concreta en un área o en un emplazamiento geográfico.

- Falta de transparencia sobre cualquier deficiencia que conocida por la colectividad sería más fácil corregir, pero que se oculta por comodidad o miedo a críticas. Un buen profesional de la «gestión» no debería permitir que ciertas desviaciones se desconozcan y encontrará medios para divulgarlas y corregirlas.

- Ausencia de coordinación e información hospitalaria que mantenga tensión de mejora y adopción de medidas convenientes. Es problema grave cuando existe una red amplia de hospitales, como la oficial española, con diferentes necesidades y problemas que aconseja aprovechar experiencias de unos y otros. Es incomprensible que en un sistema hospitalario de centenares de hospitales, éstos no reciban en casi ningún caso (quizás sólo en Cataluña y País Vasco) orientaciones superiores para su coordinación y para intercambiar información y experiencia en su conjunto. Esta ausencia reduce la calidad del sistema. La despreocupación por la gestión de los centros ha llevado a ignorar la necesidad de calidad en la gestión no clínica. En realidad, en ésta y en la gestión interna de un hospital se tolera manipulación de gobernantes para aumentar su poder, con caciquismo, colocación de amigos e influencia en aspectos «que se creen superfluos». Un jefe de red hospitalaria necesita conocer las orientaciones y actuaciones de otras «redes» y cuáles conviene recomendar, encauzar y organizar adecuadamente, y además comparar regularmente datos homogéneos y objetivos de diferentes comunidades autónomas, provincias e incluso de comarcas, que servirá para que cada una se preocupe de mejorar frente a las otras.

4. Protección pública sanitaria

En la salud se requiere una concepción unitaria y organización coordinada. Las alternativas a lo oficial, o simplemente los antecedentes históricos, llevan a un sistema de «asistencia» más amplio que el oficial, que en España se denomina «Sistema Nacional de Salud», o de forma distinta en cada «comunidad autónoma».

Existen instituciones hospitalarias procedentes del pasado, complementarias, o actuales no oficiales, y unidades privadas de diversa clase de médicos y servicios. En algún momento se pensó que esto era obsoleto y había que ir eliminándolo e integrándolo en el «sistema nacional»; la realidad ha demostrado que hay que estimular la diversidad hospitalaria y atención primaria, y que lo oficial y lo no oficial deberían integrarse con una denominación unitaria, «Sistema Integral de Salud», o sea, «conjunto de las instituciones de salud, oficiales y no oficiales que existen en una comunidad que necesita algún modo de coordinación para mejorar y para proteger de abusos a los ciudadanos y pacientes». Hasta ahora no se admitía la realidad de lo no oficial, ni se reconocía esta pluralidad y por lo tanto sólo se creía necesario el «sistema nacional», pero no el «integral» a que me estoy refiriendo.

A este sistema debería incorporarse no sólo la atención primaria, a que luego me referiré, sino la «salud pública», institución de origen del siglo XIX, que ha tenido una evolución diferenciada pero que debe formar parte del Sistema Integral de Salud. Con nuevos avances y cambios se hace más precisa una estructura nacional o territorial, flexible y que admita y facilite alternativas, objetivo no sólo del sistema de salud sino de otras estructuras sociopolíticas.

La protección de salud en todas sus manifestaciones debe estar altamente profesionalizada y no burocratizada ni partidizada, y debe diferenciar la «estructura institucional» de la «organización operacional», lo que a veces no es fácil. Lo «operacional» es principalmente actuación facultativa, quirúrgica o clínica hospitalaria o primaria; lo «institucional» se relaciona con la organización colectiva y gestión interna, que requiere también una especialización y en gran parte una formación tipo MIR.

La estructura integral se divide en sectores oficial y no oficial.

El sector oficial es principalmente la «red coordinada del Sistema Nacional de Salud», financiado por el Estado o las Comunidades Autónomas y que en algún caso absorbe hospitales o centros anteriormente independientes. Es probable que se acelere el proceso de integración de los hospitales públicos independientes, como los de Fuerzas Armadas y otros, aunque en algún caso se transformarán en hospitales privados. Los hospitales públicos del siglo XIX y principios del XX relacionados con Diputaciones y Ayuntamientos tienen ya poca razón de ser; lo mismo que algunos hospitales de órdenes religiosas que cubrían un vacío que en este momento ya no existe.

El sector «no oficial» incluye las instituciones de «medicina empresarial o asociacional», y los centros públicos que deseen continuar de modo autónomo. Es posible, no seguro, que los hospitales no oficiales crezcan y lleguen a ser alternativa real a los oficiales, lo que sería muy útil, no por pensar que la medicina privada llegue a sustituir a la oficial, imposible por diversos factores, sino porque rompe el monopolio y favorece al ciudadano. Esta asistencia no oficial necesita estar coordinada con la oficial, como ocurre en la privatización de redes y servicios eléctricos o telefónicos, donde ninguna entidad puede ofrecer absoluta autonomía sino que es necesario coordinarla con otros servicios públicos.

El «sistema integral» que sugiero representa la suma coordinada de los sistemas oficial y no oficial, partiendo de que los dos necesitan relacionarse en la atención primaria, con diferentes modalidades y variaciones, en que se enfrentan más directamente servicios oficiales y no oficiales.

En esta alternativa destaca el ejemplo paradójico de la elección libre por los funcionarios y «trabajadores públicos» de sistemas de asistencia privada, cuando a los trabajadores privados se les obliga a integrarse en el sistema público. Los sistemas no públicos existentes, que parece han alcanzado éxito con los funcionarios, podrían ser base de una «estructura de alternativas» y si fuese suficientemente transparente haría notar lo que el sistema público tiene de deficiente y conviene corregir.

La protección de salud se divide en tres sectores principales: la sanidad o salud pública, la atención primaria, y la asistencia hospitalaria, a que principalmente se dedica este capítulo.

La «salud pública» o sanidad ha protagonizado el siglo XIX, con actuaciones que han conseguido eliminar enfermedades que se producían por aguas contaminadas, aumentar el número de vacunaciones y erradicar algunas enfermedades, con énfasis en la creación de departamentos de sanidad en sus servicios centrales, territoriales y municipales. No se trataba de curar sino de prevenir con coordinación internacional, ya que la mayor parte de las enfermedades, epidemias y acciones no se limitan ni a una ciudad ni a una nación sino alcanzan a la mayor parte de la humanidad y requieren colaboración y participación de todas las naciones.

La «salud pública» y su conjunto de acciones son el principal antecedente de la preocupación colectiva por la salud; sus acciones en el futuro deben integrarse con las también colectivas de asistencia sanitaria.

Han desaparecido los antiguos servicios de «sanidad», cuando lo han hecho las enfermedades y epidemias a que correspondían, como ha ocurrido con el paludismo en zonas como las marismas del Guadalquivir, donde existían ambulatorios especiales para enfrentarse a él, hoy sin justificación por no existir ningún caso. No siempre la erradicación ha sido tan completa, ni en áreas geográficas tan puntuales, y ahora destaca la nueva aparición de la tuberculosis que parecía erradicada y también de las estructuras especiales relacionadas con el Sida.

Esta actividad se confunde en algún caso con la ecológica y puede hablarse de «ecología de salud» para prever alguna clase de enfermedades distintas y otros problemas de salud no relacionados directamente con las del siglo XIX. Por ejemplo, han sido importantes las campañas contra el alcohol, que culminaron con la Ley Seca en Estados Unidos y recientemente las campañas contra el tabaco que están modificando la conducta social colectiva e incluso individual. Se plantea lo mismo en relación a la droga, que afecta muy gravemente a la salud y a la conducta social, que no se sabe bien cómo combatir para prevenirla o tratar colectivamente a los que por ella han dañado su salud.

Los efectos de los rayos ultravioletas y la desaparición de protección de la naturaleza contra ciertas deficiencias provocadas por el hombre pueden incluirse en éste área, como ocurre con el ruido. Son diferentes la ecología de la enfermedad, la del «placer de los sentidos», la de los derechos humanos y la que se preocupa de la desaparición de ciertas especies. También un área de la ecología es la que se extiende a consecuencias puramente estéticas, sin consecuencia de enfermedad ni problemas de salud, sino como derecho ciudadano a un cierto «bien» que se ve perjudicado.

Hay aspectos de la salud pública más estadísticos que operativos para el conocimiento de ciertas situaciones no individualizadas que permiten detectarlas y evitar sus consecuencias.

Los cambios de la salud pública indican que su implantación institucional se modifica con facilidad. Hay que destacar que algunas áreas de «salud pública» necesitan actuación muy diferente a la «asistencia sanitaria», creo que sus gastos conviene incluirlos dentro de los «gastos públicos de la prestación solidaria de salud» para así conocer su dimensión integral para los ciudadanos.

5. Atención primaria

Constituye un amplio campo de asistencia sanitaria que no utiliza internamiento, con muy diversas clases de servicios. Es tradicional en la historia del hombre y de la humanidad; en un principio se integraba en la vida familiar, después se fue sofisticando con aparición de «especialistas» próximos a ella, con una preparación limitada que en algún caso se confundía con curaciones o tratamientos puramente psicológicos relacionados con la brujería, pero también con la preocupación por el «más allá».

De un modo u otro fueron apareciendo «físicos», generalmente al servicio de la realeza y nobles, los potentados de la época.

En los siglos XVIII y XIX se desarrolló la atención primaria, con los médicos rurales y médicos urbanos, de familia, especialistas en partos, dentistas, etc., que practicaban alguna clase de cirugía, hasta que adquirieron mayor importancia en la estructura social los hospitales, en parte coordinados con cátedras de medicina, antecedentes de la situación actual. Fue muy representativo el Hospital de San Carlos, de la Universidad Central.

En España el «Seguro Obligatorio de Enfermedad» y su preocupación hospitalaria afectó a la estructura de atención primaria, pues casi se creyó conveniente que desapareciese. Recientemente ha recuperado su importancia, no ya como complemento sino como antecedente de la asistencia hospitalaria. En estos años se ha producido una reacción «antihospital», reconociéndose la importancia de la atención primaria, formal o informal, privada o pública y la necesidad de estimular y proliferar sus actividades, con una coordinación que faltaba en el siglo XIX.

El próximo siglo XXI mostrará el valor social de sus diferentes manifestaciones, sobre todo para reducir la actividad y burocracia de los hospitales y eliminar algunas actuaciones, con carácter monopolístico, desplazadas al área de atención primaria, lo que alterará la actual y próxima estructura social de la Salud. Esto se favorece por las posibilidades enormes de comunicación y transporte y la «movilidad» de la sociedad, sobre todo para la relación permanente con los facultativos dedicados a ella, aun con menor grado de especialización que en los hospitales. En algún modo se vuelve a siglos anteriores, pero con función precisa hospitalaria en colaborar y mantener comunicación fluida con la estructura de atención primaria; con necesidad de completa coordinación con los hospitales.

Esta transformación ha acercado la protección de la enfermedad a los propios pacientes, a su domicilio, a sus medios y a sus ocupaciones, con preocupación por reducir los gastos hospitalarios, cuya burocracia resulta excesiva.

Dentro de esta atención primaria se deben incluir los «centros de trabajo», con «médicos de empresa» que en algunos casos prestan servicios asistenciales dentro de las de mayor dimensión. También las diversas clases de dispensarios o consultorios de accidentes de trabajo, para tratamientos con él relacionados que no requieren internamiento hospitalario. Esto muestra la importancia y variedad de este campo y su clase de relación con la estructura y asistencia hospitalaria, que tenderá, y aún más en el próximo siglo, a reducirse al mínimo, desplazándose a centros de salud, ambulatorios, consultorios y dispensarios, casas de socorro, etc., o sea unidades menos formales, más próximas a los enfermos y no sometidas a la rigidez del hospital, que tendrá su área exclusiva en:

- Intervenciones quirúrgicas que requieren internamiento, que por mejores técnicas clínicas o quirúrgicas se irán reduciendo, quizás dramáticamente, al reducirse la medicina agresiva.

- Consultas clínicas de especialistas a que acudan los facultativos de atención primaria.

- Urgencias de pacientes adscritos al propio hospital o que a él lleguen con la obligación de atender a todo ciudadano.

- Atención de internados crónicos, aunque se acabe orientando a hospitales especializados en tratamientos largos pero no agudos, con fórmulas de «residencia asistida». A esto se ha prestado mayor interés en Cataluña.

Una función de la atención primaria es descargar urgencias de los hospitales, en especial cuando ha sido la vía utilizada para el acceso de sus pacientes. Alguna de las modalidades de atención primaria son precisamente de urgencias, como las antiguas Casas de Socorro que todavía existen. Las comunicaciones informatizadas permiten atención con alta calidad a pacientes distantes.

También se pueden llevar fuera de los hospitales rehabilitación, fisioterapia, seguimiento de operaciones, algunas intervenciones de pequeña cirugía y una gama amplia de análisis clínicos, y se irán creando servicios específicos para análisis automáticos más ágiles que reduzcan la necesidad de laboratorios formales, hospitalarios o no.

La atención primaria será en unos casos oficial, desgajada de los hospitales, y en gran parte no oficial, mezclada con actividades de medicina libre; con ello se creará la estructura de la «medicina del siglo XXI», que producirá tensiones o aparentes tensiones y que contribuirá a la posibilidad de desmonopolización de la protección de salud, puesto que los pacientes irán más fácilmente donde se encuentren mejor atendidos, con mayor rapidez y con aceptable calidad.

Comenzó la «logística asistencial primaria» en la época moderna europea con los famosos sacamuelas como los «tiradentes» de Portugal y de Brasil, que ejercían una de las funciones sociales más elementales, la de dentista, con alguna actuación quirúrgica, hasta que estos no profesionales fueron sustituidos por médicos, especialmente en los siglos XVIII y XIX, que ejercían con conocimientos formales aceptables en áreas urbanas y rurales. Los médicos generales de familia han formado durante casi dos siglos la principal logística sanitaria, hasta que los hospitales fueron absorbiendo su función, ahora con tendencia contraria.

No es mi propósito profundizar en este análisis, pero sí apuntar la necesidad permanente de ensayos y estudios de lo que va a ocurrir en el Siglo XXI, que tendrá repercusión de una u otra forma en lo costes sanitarios.

Durante este siglo XX ha existido la idea de que un hospital cuanto mayor y con más camas podría ofrecer un servicio más eficiente, concepción que se ha visto desvirtuada en la realidad por defectos, limitaciones y necesidad de burocracia, que hace más difícil su subordinación al paciente y que con facilidad deriva a crear intereses endogámicos.

Ahora se comprende que es importante estimular la «atención primaria», para disminuir la atención hospitalaria, como manifiestan las listas de espera y las «urgencias», factores para analizar la calidad de un hospital o un sistema. La proliferación de ambas son siempre consecuencia de deficiencias hospitalarias. Las urgencias «reales» se producen por circunstancias coyunturales, pero también tienen por origen dificultades por actuaciones hospitalarias burocráticas rígidas o deficiencia de ofertas primarias.

La atención primaria incluye especialmente médicos sin o con muy limitada vinculación hospitalaria, dentro o fuera de la estructura oficial sanitaria. Es menos monopolística que la de grandes hospitales, que utilizan costosos equipamientos, pues pesa más la actuación facultativa directa, personal y humana. Paulatinamente aumentará la «atención primaria», por naturaleza flexible y variable, frente a la «hospitalaria», por naturaleza rígida y burocrática. Esto se favorecerá con las nuevas tecnologías de comunicación, pues un médico de familia no tiene que residir en una localidad aislada en que sólo cabe el traslado a caballo, como hace cien años. Las comunicaciones en sus diversas modalidades permiten relación inmediata, poco costosa y fluida, entre el cliente y lo primario y entre éste y lo hospitalario. Es un cambio que hasta ahora sólo ha repercutido limitadamente, pero que se incrustará plenamente durante todo el siglo XXI en lo que yo denomino «Sistema Integral de Salud».

Cualquier unidad primaria, incluso en una localidad aislada o en centros de salud en grandes ciudades, se podrá conectar permanentemente y casi sin coste con los más sofisticados servicios hospitalarios y también con otros servicios primarios. El teléfono, fax, correo electrónico, internet, etc., lo harán posible, con aumento de actuación eficaz primaria y reducción de obligaciones hospitalarias, lo que confirma la conveniencia de estructuras muy flexibles. Es un gran reto y para acertar hay que poner énfasis tanto en conocer los defectos como en agilizar los cambios y adaptarlos a las situaciones reales, presentes y futuras.

6. Hospitales

La protección de salud gira en gran parte sobre la estructura hospitalaria, aunque está advirtiéndose la importancia creciente de la atención primaria, oficial o privada.

El hospital es el eje y principal protagonista de la asistencia sanitaria, su centro logístico, que conviene sea adaptable a cualquier tecnología y estructura social. Es un centro de asistencia sanitaria formal, frente a la casi informal asistencia primaria.

Desde que recuerda la historia ha habido hospitales, a veces mezclados con centros para indigentes, en especial ancianos. La vida se acababa pronto y su importancia relativa era inferior a la actual. Algunos han llegado a nuestros días, como el Hospital del Cardenal TAVERA, en Toledo, que fue creado en el siglo XVI y mantuvo más de cuatrocientos años de funcionamiento constante, hasta prácticamente nuestra Guerra Civil. Las Casas de Misericordia han constituido desde el siglo XV el eje hospitalario de Portugal, y enseguida en Brasil, y aún hoy desempeñan un papel importante, ejemplo único en el mundo occidental. Convendría que sobre todos estos casos se preparasen estudios históricos o tesis doctorales pues su análisis puede ofrecer enseñanzas muy útiles, aunque se observe esta afirmación con sonrisas.

La red hospitalaria que conocemos procede en su mayor parte del propio siglo XX, cuando se construyeron en gran parte nuevos centros hospitalarios, en especial los servicios del seguro obligatorio de enfermedad.

Lo que es un hospital» y «para qué existe» podría considerarse con diferentes orientaciones, siendo las principales:

- Centro de atención a pacientes, que a ello debe adecuar su estructura y organización, para servirlos con coste reducido y preocupación específica por la calidad de su asistencia, no sólo en lo clínico sino en lo humanitario. El hospital es para el paciente y no el paciente para el hospital y esto mismo deben tener en cuenta todos los «gestores de asistencia sanitaria».

- Centro coordinador de profesionales clínicos, que en él prestan servicios y se relacionan, para que el paciente reciba en buenas condiciones atención sanitaria. Esta coordinación, flexible y ágil, se opone a encuadramientos rígidos, en que cada responsable o su servicio está aislado de los demás y cumple separadamente una tarea concreta, que hace más difíciles las modificaciones que exigen las nuevas tecnologías.

- Centro de relación de «gestores», clínicos y no clínicos, con diferentes especialidades, jerarquías y objetivos de trabajo, que deben aspirar a una cultura propia que lleve al convencimiento de la necesidad de ayuda recíproca entre todos los que actúan.

- Centro de capacitación de Médicos Internos Residentes y también de quienes sin esa calificación comienzan su carrera profesional. En su origen la capacitación se recibía en su mayor parte en universidades y hospitales clínicos con ellas vinculados, como debe volver a ocurrir. La estrecha relación universidad-hospital, se debe reforzar con el sistema MIR.

- Centro de reciclamiento permanente de facultativos propios, que deben hacerlo regularmente con nuevos conocimientos y métodos de trabajo y con obligación de educar, formar y actualizar a quienes les están subordinados, y en especial a los que prestan atención primaria en su área territorial, para lo que convienen reuniones regulares, difusión de informaciones y facilidad de resolución de dudas.

- Centro jerárquico superior de otros hospitales bajo su supervisión y dependencia o de centros de salud o de atención primaria en su órbita geográfica.

- Centro de gestión de gastos cuya situación debe conocerse, compararse con lo presupuestado, con los de otros hospitales y con los ingresos previstos, con transparencia operativa e informativa, que permita conocer en todo momento la evolución económica del conjunto de su actividad.

- Centro de responsabilidad social frente a los ciudadanos para prestar servicios con el menor coste posible y con alto nivel de calidad para contribuir a la mejora general de la salud colectiva.

- Centro de investigación con capacidad para sugerir cambios de mejora, interna y externa, y con posibilidad de coordinarse con áreas paralelas de otros centros. Un hospital sin alguna clase de investigación será de inferior categoría.

- Centro de servicios urgentes para toda persona que los necesite, aun sin derecho contractual o institucional.

- Centro coordinador de derechos tanto de pacientes, como de gestores, administrativos y clínicos; y de los proveedores, laboratorios farmacéuticos, farmacias, vendedores de equipos de toda clase y otros.

Las anteriores funciones deben orientar su actividad y su estructura interna y externa, de forma flexible, sin dogmatismo burocrático y con facilidad de adaptación a nuevas situaciones sociológicas y circunstancias o normas legales.

El conjunto orgánico de los hospitales debe ofrecer coordinación entre las áreas clínicas de cada unidad con otras instituciones hospitalarias, con centros subordinados y con facultativos externos de su área geográfica. De ello dependerá el mantenimiento y mejora de la calidad, estimulada por la comparación de información recíproca de conocimientos, que facilite una constante mejora.

Conviene señalar los servicios concretos que cada hospital puede tener aunque no los tenga:

Servicios quirúrgicos de diferente naturaleza, que abarcan todo lo que puede servir para la atención de sus pacientes, internados o exteriores. En general son los siguientes:

- Cirugía, con un gran número de especialidades, unas más básicas y extendidas y otras más complejas y sofisticadas y que requieren medios complicados no al alcance de todos los centros. Las principales áreas son: cirugía general y digestivo, urología, cirugía cardíaca, cirugía torácica, cirugía vascular, neurocirugía, cirugía plástica y reconstructora, cirugía máxilofacial.

- Obstetricia y Ginecología, para problemas específicos de salud de la mujer y embarazo, etc., con especialización en ginecología y tocología. Es el único servicio hospitalario que no atiende a personas enfermas sino a personas sanas. La incorporación de diversas técnicas de diagnóstico está modificando este servicio.

- Traumatología y cirugía ortopédica, con características muy especiales y distintas de la propia cirugía y que alcanza un ámbito creciente, pues aunque se reduzca la procedente del trabajo aumenta la del deporte y vida particular activa.

- Especialidades médico-quirúrgicas, como otorrinolaringología y oftalmología.

Servicios clínicos, fundamentalmente los siguientes:

- Medicina interna, con áreas de: digestivo, oncología, neumología, cardiología, alergología, neurología, nefrología, reumatología, endocrinología, infectología, hematología, a caballo entre clínica y laboratorio. Cuidados intensivos es una especialidad difícil de encasillar. Algunos servicios centrales, como la radiología intervencionista, se diferencia poco teóricamente de los servicios clínicos, puesto que no sólo diagnostican sino que tratan determinados problemas. Las divisiones no pueden ser rígidas y varían de una circunstancia a otra, en especial con nuevos avances técnicos y operativos.

- Pediatría, que se ocupa de la atención de los pacientes desde el nacimiento hasta los siete o catorce años, con tendencia última no uniforme a atender hasta esta última edad. No están reconocidas subespecialidades, pero el funcionamiento de áreas, sobre todo en grandes centros hospitalarios, hace que éstas sean un hecho y cabe destacar neonatología, cuidados intensivos y especialidades semejantes a las de medicina interna.

- Unidades de enfermería, de relación directa con los pacientes, de especial importancia para los clínicos y quirúrgicos, facilitando la relación médico-paciente. Son pieza clave en los hospitales, también con participación en la atención primaria.

- Servicios centrales, complementarios de los anteriores, no realmente clínicos ni quirúrgicos pero que sirven a todos ellos. Su estructura es variable con integración o aproximación a otros por diversas razones y con algún servicio de diagnóstico clínico; los principales son los siguientes:

- Farmacia, que distribuye los productos farmacéuticos necesarios para las actividades internas hospitalarias, en cantidad suficiente para que en ningún momento aparezca una carencia por ese motivo. Sobre él gira la adquisición de medicamentos, mantenimiento adecuado de su stock y las acciones para reducir sus costes. No incluye los medicamentos adquiridos por los pacientes a cargo público, sino los que directamente suministra un hospital, en general con ahorro como cliente privilegiado.

- Servicio de diagnóstico por imagen o radiología, que ha tenido creciente importancia durante todo este siglo, aumentada extraordinariamente en los últimos años con la incorporación de scanners, resonancias magnéticas, ecografías y similares y que sirve para la detección de enfermedades y su mejor y más rápido diagnóstico. En los últimos años esto ha originado sustancial aumento de gastos, pero claramente mejora la asistencia. Se tiende a su mayor utilización aunque en muchos casos sus equipos se comparten con otro hospital, público o privado. El coste radiológico debe ser considerado separadamente en las estadísticas hospitalarias, con permanente análisis de lo que representan y de su calidad.

- Rehabilitación, que no siempre es traumatológica, aunque constituye un indispensable apoyo para ésta pero que también se utiliza para áreas cardiológicas, quirúrgicas, tratamientos vasculares, neurología y reumatología.

- Anatomía patológica, de especial interés para biopsias y citologías, así como para estudios de investigación interna o coordinada con otros hospitales, y también para las autopsias.

• Anestesia.
• Radioterapia.
• Medicina nuclear.

- Labo ratorios de diversas especialidades, con fines propios cada uno, que conviene estén coordinados. Son indispensables desde el de urgencia hasta cualquier sofisticado servicio clínico. Ofrecen áreas de reducción de costes, pues se está modificando su estructura con nuevos equipos que absorben actuaciones que implican mayor necesidad de equipamiento pero que reducen el trabajo manual. Anteriormente era necesaria una actuación artesanal y ahora existen fórmulas y resultados preparados informáticamente, incluso fuera de hospitales y centros de salud, que han alterado sustancialmente el modo de actuar hospitalario. Destaca la posibilidad de descentralización de algunos de estos servicios, en especial los de tomas de muestras, en centros de salud y ambulatorios. Es aconsejable una visión única de los laboratorios, que hasta hace poco no existía. En sus diferentes variedades son de gran ayuda a los facultativos, especialmente si emiten sus informes con rapidez. Los laboratorios no han sido en general objeto de orientaciones centrales, dejándolas al arbitrio de cada hospital que con facilidad prefiere las rutinas y no hacer cambios.

- Urgencias, que también pueden considerarse servicios centrales, en cuanto atienden, dependen y se relacionan con los servicios quirúrgicos y clínicos. Se han convertido en elemento emblemático de la vida hospitalaria española. Surgen de la obligación que tienen los hospitales de atender inmediatamente a todo el que acuda a ellos, y también de la lentitud y deficiente organización de algunos hospitales, que lleva a retrasos para ingresar, cuyo único modo de superar son las urgencias. También proceden de la menor cultura de primeros auxilios debido a la falta de vida familiar donde existían conocimientos básicos que han desaparecido. Se ha creado una «cultura médica de urgencias», excelente para los facultativos que comienzan su vida profesional pero que trastorna y dificulta la estructura hospitalaria. En muchos casos son factor de injusticia, que no hay que considerar pasivamente sino tratar de eliminar.

En todos estos «servicios centrales» la rapidez es factor importante, no importa tanto un máximo de perfección con retraso como la rapidez inmediata con bastante aproximación. Habría que estudiar en cada hospital la «transmisión de informaciones» para reducir al mínimo los circuitos actuales, con un terminal en los facultativos, para recepción inmediata de informaciones y notas médicas e integrar automáticamente, en especial tareas informatizadas.

Supervisión exterior.

Es necesario y conveniente y tiene un coste que el hospital debe conocer regularmente aunque no figure en sus cuentas internas, en acción de «transparentismo» integral recomendable.

Servicios de gestión no clínica.

Son los que permiten la actividad de un hospital como unidad operativa independiente. Tienen diversas especialidades administrativas, contables, financieras, de análisis de calidad y, sobre todo, de control interno. Hacen posible la transformación de un hospital en una unidad patrimonial integrada con ordenación de gastos e ingresos y presupuestos de pagos y obligaciones con el exterior. Casi no existe conciencia de lo que esta actuación gerencial significa y se tiende a considerarla como algo accesorio, que no requiere preparación ni profesionalización. Cabe destacar los servicios de hostelería, cafetería, cocina, lavandería, mortuorio y seguridad.

Proveedores.

Un hospital de cualquier clase los necesita, aunque cabe teóricamente que sea autosufíciente que fabrique prótesis, mantenga un gran depósito de medicamentos a coste bajo, construya algunos equipos y hasta sus edificios dentro de la libertad de gestión y competencia operativa; pero lo normal es que utilice servicios farmacéuticos, empresas de equipamientos, programas informáticos y servicios de restauración, transporte, limpieza, seguridad, etc., pero en todo caso con dominio permanente de cada gasto, de cómo repercuten en otros, cómo varía el número de sus camas ocupadas, qué gastos conviene adjudicar a proveedores externos, cómo se puede reducir su importe, etc.

Una mecánica hospitalaria no sólo tiene «proveedores privados», sino también «proveedores públicos», en especial otros centros hospitalarios o médicos, cuyos servicios se utilizan con compensación económica. Es importante determinar los servicios compensables que se reciben gratuitamente dentro de la estructura colectiva.

Los proveedores cuyos gastos afectan a la cuenta de resultados de un hospital son normalmente los siguientes:

- Otros hospitales.

• Hospitales oficiales del INSALUD, transferidos o no, que facturen sus servicios con normas precisas estables.

• Hospitales no oficiales, para servicios concretos, circunstanciales o no, en que se solicitan sus servicios o los pacientes vayan a ellos por cama aceptada.

• Centros de asistencia primaria, públicos o privados, incluyendo los facultativos independientes a que se necesite acudir.

- Servicios complementarios contratados. Como «seguridad», restauración a pacientes y empleados, transporte de pacientes, etc., con lo que se obtiene agilidad competitiva pero que a veces se integra en el hospital.

- Productos farmacéuticos. Área en que caben sustanciales reducciones de costes, sobre la que existe permanentemente una triple presión:

• De los laboratorios que buscan mayor beneficio, con tendencia a elevar precios modificando «fórmulas» y a influir en los médicos para recetarlas;.

• De los «detallistas» que aspiran al monopolio de sus servicios y protegen sus comisiones de intermediación..

• De los propios hospitales, individual y colectivamente, que aspiran a libertad de selección de proveedores y no siempre para obtener los mejores precios..

- Equipamiento. No solamente los médico-quirúrgicos sino el mobiliario y programas informáticos. Son partidas importantes en que se puede conseguir reducción de costes, y en que son aconsejables «líneas marco» para orientación de adquisición por las unidades hospitalarias, así como información regular de precios en el mercado. Hay equipamientos subjetivos, adaptados a una situación local, pero la mayor parte tienen «características generales». Esto se facilita con un servicio de informática en internet al alcance de todos los hospitales.

- Propios trabajadores, clínicos o no. Son en conjunto el más importante proveedor de un hospital, a que se debe dedicar especial atención.

He querido detallar estas diferentes clases de servicios y gastos, recordando que la obligación de las gerencias hospitalarias es su reducción máxima, evitando que intereses exteriores (incluyendo el del personal) se antepongan a los de calidad para los pacientes y al interés de los contribuyentes.

Para preparar esta descripción de los servicios hospitalarios he contado con la colaboración de mi hija Carmen, bioquímica del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, y de mi hijo Carlos, alergólogo del Hospital de la Marina Baja, en Villajoyosa, Alicante.

7. Sistema hospitalario

El «sistema hospitalario» de un área geográfica se compone del conjunto de instituciones, oficiales o no, hospitalarias o de atención primaria que se relacionan entre sí, ya que es difícil que un solo hospital tenga capacidad para toda clase de servicios, algunos de ellos muy sofisticados y muy ocasionales, que sería costoso mantener. Para esto es necesaria una coordinación, vertical y horizontal.

- La vertical es la de cada centro hospitalario con las instituciones públicas y los centros que en todo o en parte se consideren sus superiores, y también con los subordinados al hospital, o sobre los que exista obligación o derecho de orientación no hospitalaria, como los médicos de atención primaria, independientes o integrados en centros de salud.

- La horizontal, con otros hospitales, integrados o no integrados en la red oficial, de España y de otros países, con los que cabe aprovechamiento de recursos, buscando la defensa de la calidad en la atención individual.

La realidad de la estructura hospitalaria española podría clasificarse en:

- Hospitales sin todos los servicios.

- Hospitales provinciales o comarcales, con servicios médicos de atención completa o casi completa.

- Megahospitales.

- Hospitales especializados, como los de traumatología y accidentes laborales, oncología y algún otro.

- Hospitales de larga estancia para enfermos crónicos con servicios geriátricos.

- Residencias no hospitalarias, con asistencia a pacientes con dificultades postoperatorias o de otra clase.

El siguiente «modelo teórico», si fuera posible obtenerlo, resumiría la evolución de los hospitales en España en los últimos cincuenta años y tendría utilidad, no sólo histórica sino de previsión de futuro; recomiendo que se prepare y difunda en el ámbito de la asistencia sanitaria.

Considero útiles las informaciones de los dos siguientes cuadros, que sí he podido obtener:

Hasta 1930 existían instituciones hospitalarias de diversa naturaleza de carácter provincial o municipal y vinculadas a la docencia universitaria, de órdenes religiosas, de la Cruz Roja y Fuerzas Armadas, que se han ido traspasando, fusionando y mejorando para ir creando un conjunto con los hospitales oficiales del INSALUD. Posiblemente Cataluña, con su red histórica hospitalaria era la única preparada para ofrecer servicios bastante completos. Destacados hospitales clínicos, como el de San Carlos, en Madrid, merecen recordarse por su actuación histórica y como ejemplo para las necesidades actuales de formación clínica universitaria.

Desde 1946 la estructura se amplió con el Seguro Obligatorio de Enfermedad, casi durante la Guerra Mundial y sus traumas sociológicos, aun en países no beligerantes. Los años «50» y «60» se distinguen por la creación de la «Red de Residencias», verdadero esfuerzo de mejora de atención de salud y de ello procede la situación actual.

En las últimas décadas se ha llegado sectorialmente a considerar los hospitales «no oficiales» como reliquia a desaparecer y no como herencia que se debía reconocer y mejorar para construir el conjunto logístico hospitalario y sanitario de nuestra nación. No sólo afectan estas críticas a un partido gobernante; ha existido igualmente prejuicio puramente profesional, como si los hospitales no debieran tener objetivos claros a cumplir con cualquier clase de ideología. También se dificultó la creación de hospitales privados, aunque han reaparecido últimamente, acción que debe continuar, sin dogmatismos, sin sectarismos, sin privilegios, solamente con supervisión efectiva de su calidad para evitar abusos a los pacientes.

Para el sistema hospitalario (y primario) es necesario determinar las personas sujetas a protección de salud, que parece lógico se extienda a todos los ciudadanos, al desaparecer su característica de «seguro laboral». La «cobertura», así se llama normalmente, es ahora del 99% aproximadamente; fue aumentada en la etapa socialista desde el 89%. Falta sólo un 1% para la totalidad; y parece inevitable un paso adelante para lograr protección integral. Los últimos gobiernos han actuado como si la totalidad de la cobertura fuese obra suya y ocultaron al gran impulsor de esta situación, José Antonio Girón, con la participación de Buenaventura Castro Rial, ambos recientemente fallecidos, sin un solo recuerdo por esta acción que marca un hito en la acción sanitaria española.

La cobertura total necesita matizarse, no basta derecho ilimitado teórico; para ejercitar sus derechos parecería necesario establecer una «cartilla de asistencia de salud», en papel o plástico preferentemente, para exhibirla al solicitar una prestación, en especial fuera del área normal de actuación. Esta cartilla podría ser «inteligente», no sólo con antecedentes personales sino también clínicos o de otra clase, y hasta serviría cuando se solicitase una deducción tributaria. La cartilla indicaría el hospital principal y áreas geográficas de adscripción y debe relacionarse con el Documento Nacional de Identidad y por supuesto con la de otras prestaciones de «Seguridad Social». Esta cartilla serviría para utilizar en servicios hospitalarios o primarios y entre diferentes unidades hopitalarias para la deducción de gastos. Afectará a la intimidad, pero no se pueden pretender derechos y servicios públicos de alta calidad sin que ésta se reduzca, pues solamente la preservan quienes eligen una vida absolutamente aislada de «facto», y de «iure», y renuncian a los beneficios de la civilización.

Un aspecto a resolver es el de quién soporta el coste de los servicios a extranjeros que transiten o residan en España, de modo legal o incluso ilegal. A estos usuarios habría que exigirles su propia «cartilla» o documento adecuado para cargar sus gastos automáticamente a su nación de origen, lo que es viable y asequible con la Unión Europea, pero no con las naciones del Norte de África e Iberoamérica ni con las personas que carecen de «cobertura» en su país. Creo que se deberían proteger automáticamente en nuestro «sistema de salud», pero se debe conocer su coste, aun sólo a efectos estadísticos y de información sociológica. Pienso que conviene ayuda generosa y humanitaria, para emigrantes, evitando en lo posible a quienes viniesen a España únicamente para utilizar servicios de salud, aunque a veces esto se consideraría «prestación de solidaridad exterior» y su experiencia servir de orientación para otras actuaciones semejantes, y también para estudio del «fenómeno migratorio entre comunidades autónomas» y con ello determinar si merece la pena algún fondo nacional o europeo con este efecto que permitan compensaciones globales.

Por evolución de circunstancias, pero con lógica, convendría una reestructuración amplia hospitalaria, en general con reducción «de camas» regulares y quizás incremento de las de larga duración que a veces confunden su actuación con las residencias de ancianos; por ello no es de esperar aumente el número nacional de camas, pues las que se incorporen, al crearse hospitales en áreas geográficas no bien atendidas, se compensará con las que se reducen por las menores estancias promedias para intervenciones quirúrgicas, tendencia que se acentuará en el próximo siglo con cirugía ambulatoria y con hospitalización domiciliaria.

Deseo ofrecer un ejemplo de marco real de estructura provincial de asistencia sanitaria, para lo que incorporo la situación de Alicante que podría servir de orientación en este aspecto; la he seleccionado porque me ha resultado fácil obtenerlo gracias a mi hijo Carlos. Esa información podría servir para facilitar la creación de un «marco provincial orientativo» base de una estructura ideal nacional en el siglo XXI. Considero muy conveniente que se cuente con una estructura lo más homogénea posible de todas las provincias españolas; no lo creo difícil.

La provincia de Alicante se divide en ocho áreas y cada una, salvo una excepción, tiene asignados recursos sanitarios que incluyen un Hospital, un Centro de Especialidades, Centros de Salud, Consultorios, Centros de Salud Pública, Unidades Básicas de Rehabilitación y Unidades de Salud Mental, como se refleja en el siguiente cuadro:

Además existen diversos centros hospitalarios privados, tanto generales, como quirúrgicos, oftalmológicos y uno traumatológico.

El número total de camas hospitalarias en 1994 ascendía a 4.409.

A lo anterior hay que añadir los Centros asistenciales sin internamiento, que son los siguientes:

La asistencia primaria de sanidad está distribuida en Alicante en áreas de salud, cada una de ellas «dependiente» de un Hospital, y con al menos un Centro de Especialidades extrahospitalario. El número de Centros de Salud y Consultorios está en continua transformación, aumentando los Centros de Salud y disminuyendo los Consultorios. Los médicos rurales se encuentran en general integrados en el Centro de Salud de su zona, del que dependen, participando en reuniones y guardias. Hay un centro de salud público por cada área de Salud. Las Unidades Básicas de Rehabilitación dependen del Servicio de Rehabilitación del Hospital de área, pero están integradas en Centros de Salud para acercar la Rehabilitación a los pacientes. Las Unidades de Salud Mental están coordinadas o integradas en las Unidades de Psiquiatría hospitalaria y situadas en Centros de Salud y de Especialidades, acercando la atención al usuario.

8. Gerencia hospitalaria

Un hospital es un centro vivo, lleno de movimiento, con resultados, con dificultades y problemas, con necesidad de presupuesto, aunque sea flexible y modificable, con cuenta de resultados, que determina si se ha actuado eficaz o no eficazmente, y que si hay alguna desviación se pueda explicar, como circunstancia no previsible inicialmente.

El análisis de cómo actúa un hospital, sus principios y métodos de actuación como unidad autónoma e independiente, permitirá juzgar a su gerencia, con obligación de mantener una gestión hospitalaria ordenada que reconozca que todos los protagonistas hospitalarios, facultativos o de otra clase, pueden desviarse en sus actuaciones. Sólo las decisiones clínicas no se pueden modificar por criterio exterior, pero sí obtener experiencia para el futuro.

La gestión hospitalaria exige organizar y analizar unidades distintas de muy diferente clase. La desviación de un hospital no aparece repentinamente si no se puede dominar; ésta es la obligación del gerente. Sobre esto hago algunos comentarios a continuación.

Un hospital debe mantener unos principios básicos sobre los que gire su gestión y la preocupación de su gerencia y direcciones médicas y la supervisión e inspección operativa. Podrían ser los siguientes:

- Que los derechos de los gestores de cualquier nivel no se sobrepongan a sus deberes profesionales ni dificulten la adaptación a nuevas necesidades operacionales, que varían rápidamente.

- Que la flexibilidad de su estructura evite la rigidez de unas actividades en que lo aceptable hace pocos años es inconveniente para el futuro.

- Que una información efectiva facilite la armonía y cultura interna; que todos sepan todo, no solamente de cifras sino de actuación clínica y técnica, y que esta información llegue al exterior.

- Que se conozcan inmediatamente las desviaciones y anormalidades, en especial listas de espera y urgencias, pues se debe saber a qué obedecen y qué medidas las evitarán, y si son coyunturales o estructurales.

- Que se evite la presión de los proveedores, especialmente farmacéuticos, para así defender los intereses hospitalarios y evitar su influencia colectiva o individual en los gastos de la asistencia sanitaria.

- Que se evite la «estanquización», o sea, al aislamiento de áreas internas y de sus facultativos y empleados, que a veces ignoran que el hospital se debe a los pacientes y no a la comodidad de quienes en él actúan.

Los problemas de un hospital, que dificultan su actuación eficiente, pero forman parte de su realidad, son los siguientes:

- Politización o partidización de sus gerencias operativas, designadas por razones ajenas a la capacidad profesional. Es razón de algunas dificultades en estas últimas décadas.

- Presión de estructuras internas sindicales de diferente clase, que aspiran a absoluta rigidez en la organización de servicios y dificultan la adaptación interna a la evolución científica, tecnológica y sociológica, ya que lo consideran su instrumento de poder, en perjuicio de pacientes y con aumento innecesario de costes.

- Repercusión de normas e instrucciones oficiales, que no se adaptan a necesidades de los centros y que tratan de anteponer lo formal a lo útil.

Estas influencias y otras semejantes aparecen en los hospitales públicos, y con frecuencia llevan o a desatender a los pacientes, en el caso de las listas de espera, o a gastos excesivos.

Dentro de los anteriores principios y problemas, los hospitales necesitan una eficiente organización interna y esto sólo puede conseguirse con una informatización integral e integrada, que haga posible su transparencia, no sólo de gestión empresarial, sino de lo clínico, quirúrgico y servicios centrales, con utilización masiva de informática en tratamientos, de teleasistencia, de conocimiento inmediato de situaciones clínicas, de comunicación automática de informaciones, de nuevas técnicas quirúrgicas, y de aplicación de métodos o equipos de alta tecnología.

Sólo con esta línea de informatización, generalmente digital, será posible transparencia en el conocimiento y evolución de resultados, para todos los que de algún modo están interesados en la actividad hospitalaria, autoridades nacionales y territoriales, pacientes y ciudadanos. La transparencia por sí sola lleva a mejoras importantes y dinamiza actuaciones; su impacto será más útil que cualquier norma interna o externa; es básica para su evolución estructural y para reducción de gastos manteniendo la calidad del servicio.

Un hospital, aun poco complejo, requiere una acción coordinada de gestión, ajena a la clínica, aunque en alguna ocasión pueda ser clínico el gerente; pero siempre conviene que sea especialista en gestión de hospitales, preparado para análisis permanente de su actividad y calidad, con conocimiento de sus bienes, derechos y obligaciones y de su coordinación con otros centros.

Esta gestión se simboliza en el término «gerencia» que incluye el «conjunto de personas y servicios para la operación de un hospital», aparte de lo clínico en lo que cada facultativo tiene responsabilidad concreta. Con algunas excepciones ha sido deficiente en los hospitales españoles, en los grandes y en los pequeños.

Un hospital de tamaño medio exige diversos responsables concretos, clínicos y administrativos, cada uno con facilidad para abusos y desviaciones, lo que hace indispensable una figura coordinadora para defender al paciente, dirimir fricciones no clínicas y equilibrar los gastos. Es lógico algún enfrentamiento profesional entre la «gerencia» y la «clínica», pues ésta aspira a completa autonomía y trata de evitar intromisiones externas. Pero un hospital no tiene como objetivo la comodidad de los clínicos ni de otros responsables o trabajadores, sino el servicio a los pacientes, y la función del gerente es analizar situaciones, observar abusos, eliminar deficiencias y mantener tensión efectiva de mejora.

No hay razón para que sea diferente la gerencia en hospitales públicos y en los no públicos; todos, de un modo u otro, tienen el mismo propósito, aunque en un caso el excedente se transforme en «beneficio» y en el otro en reducción de gastos públicos, dentro en ambos de un servicio homogéneo. En su mayor parte el beneficio de lo privado surge de no estar sujetos a limitaciones artificiales, ni a la creciente burocracia endogámica, difícilmente evitable en lo público.

Hay que distinguir entre:

- La «dirección médica», que se refiere a aspectos clínicos, supervisión de los diferentes facultativos o grupos de ellos, análisis de reclamaciones de este carácter, impulso de reuniones, reciclamiento y coordinación de áreas entre sí y relación clínica con otros hospitales y con autoridades.

- La «gerencia hospitalaria», que se refiere a la actuación administrativa, contabilidad eficiente ultramecanizada, relación con proveedores y adquisiciones de diverso tipo, administración de finanzas, etc. Sus áreas de responsabilidad, configurables flexiblemente, podrían ser las siguientes:

• Acción operativa hospitalaria, en modificación de servicios, coordinación y relación con otros centros de la misma clase, vertical u horizontalmente.

• Administración económica, contable y presupuestaria de gastos e ingresos, así como gestión de adquisiciones y relación con proveedores exteriores, con previsiones de pago y su liquidación correspondiente.

• Gestión de servicios no clínicos, y supervisión en lo económico de servicios clínicos.

• Impulso de actividades de educación, formación y exigencia de reciclamiento constante de las áreas clínicas, no para interferir sino para exigir que se cumplan los objetivos establecidos.

• Organización de servicios de control interno, pues además de la inspección externa de los hospitales, tiene que existir otra interna preocupada prácticamente de lo mismo (cuya operación debe interesar especialmente a la inspección exterior) y que dependa de la gerencia de cada hospital.

• Vigilancia de la calidad de los servicios hospitalarios, para que se oriente al interés de los pacientes.

• Difusión de información periódica al exterior, a disposición de inspectores y auditores, y de diversas autoridades que en gran parte juzguen la gerencia, pues la actuación clínica es en general subjetiva y no discutible.

• Atención de quejas y reclamaciones de pacientes, proveedores u otras personas, incluso con creación de un servicio muy autónomo de Defensa del Paciente, preparado para un conjunto de hospitales de una provincia o una comunidad autónoma.

La gerencia requiere formación especializada, como la cirugía o la medicina interna, con un sistema de internos residentes (MIR), que se ha mostrado muy efectiva para la preparación práctica de los clínicos. Convendría una fórmula parecida, un MIR gerencial o de gestión, y de supervisión, para los que hayan de desempeñar funciones de esta clase, en que no basta una buena preparación teórica, que podría impartirse en la Universidad o en una escuela superior, sino un período de adaptación práctica para desempeñar funciones de diverso rango, camino obligado para la profesionalización. Pienso que impulsar esta innovación podría ser consecuencia positiva de este capítulo.

Puede pensarse que algunos de mis comentarios sobre gerencias están fuera de la realidad o son exagerados. Pero pienso lo contrario, y aun sin citarlos, por motivos obvios, conozco bastantes casos que las justifican. Para saberlo se podría hacer en cada comunidad autónoma una relación de los gerentes designados en los últimos cinco años con titulación de médico u otra, con estudio de su designación y preparación para el cargo, experiencia previa, cursos seguidos y calificaciones. Así se juzgaría la orientación que se ha seguido y sobre todo se prepararía la del futuro. De este cuadro creo se deduciría la existencia de gerentes designados únicamente por razones ideológicas o de amistad, o relación de parentesco o influencia de algún gobernante.

Quiero en este aspecto destacar la importancia de la gestión por objetivos. No puede gestionarse ninguna institución con la complejidad y minuciosidad que exigen los hospitales, sin la dedicación de su gerencia al conjunto. Esto aconseja una preparación precisa de los objetivos de cada una de las áreas, clínicas o no, con alguna periodificación e informes regulares. Es un sistema nemotécnico para conocer lo que se quiere hacer; los objetivos pueden ser diferentes en el tiempo y es necesario atención coordinada para su cumplimiento. En algunos hospitales oficiales se ha iniciado este sistema con notorio éxito. Parece necesario impulsarlo y exigir a todos informes regulares sobre cada materia. No debe repetirse una situación como la reciente en la prensa de que el gerente de un hospital de Alicante se negaba a dar información (bastante superfícial), de lo que en él ocurría, a su propia sección sindical y al conjunto del público y usuarios, cuando dar esa información era precisamente su obligación. Parecía defender un concepto patrimonial de la gerencia.

9. Monopolio y competencia

Parece inevitable la existencia de estructuras oficiales de protección de salud (nacionales y autonómicas o territoriales), sin prácticamente posibilidad de elegir servicios no oficiales en algunas modalidades. También parece lógico proteger la continuidad de algunas instituciones hospitalarias no integradas en lo «oficial», (aunque se ha considerado poco deseable en las últimas décadas), por eso creo conveniente una «red integral de salud», oficial y no oficial, no monolítica ni monopolística, en que sean viables alternativas y que instituciones religiosas presten servicio, en algunos casos con gastos más reducidos y atención más humana, y que instituciones comerciales introduzcan innovaciones para ofrecer servicios más convenientes por su organización efectiva y agilidad frente a rigidez oficial. Debe reconocerse en lo oficial en algunos casos altos gastos por débiles gerencias y presiones internas para no admitir mejoras que perjudican algún «derecho» y alguna comodidad de los diversos estamentos que «viven de la salud» y quieren hacerlo mejor a costa del erario público.

La asistencia sanitaria tiende al monopolio, como hasta ahora ocurría con las comunicaciones telefónicas. Pero a pesar de ello, es socialmente necesario abrir áreas de alternativa para evitar que se abuse de pacientes o de contribuyentes con gasto público excesivo. Es perjudicial a los ciudadanos todo monopolio, en especial el burocrático, como el que cabe en los servicios públicos de salud. Todo monopolio (de cualquier clase y en cualquier momento de la historia) trata de abusar de los usuarios, aun con medidas para evitarlo; en realidad no hay mejor protección que la posibilidad de elegir otros centros, cuya calidad se vigile, pero cuya existencia se estimule y no se trate de evitar.

Conviene facilitar ofertas alternativas de médicos sin o con muy limitada vinculación hospitalaria, dentro o fuera de la estructura oficial. Fundamentalmente son: médicos rurales, médicos urbanos independientes, altos especialistas consultores de salud oficial y privada, pequeños centros auxiliares de asistencia, casas de socorro o similares, centros públicos pero no del Sistema Nacional de Salud. Esto contribuye a ampliar el área primaria.

Sería deseable para los ciudadanos, que dentro de un área geográfica fuese posible elección de médico, elección de hospital y elección de seguro con precio competitivo. Con este propósito habría que hacerse tres preguntas:

¿Es posible una alternativa efectiva a la que ofrece la asistencia oficial?

¿Es conveniente un gran monopolio de burocracia única como el que en algunas naciones se ha tratado de crear, que lenta o rápidamente conduce a un colapso?

¿Los profetas de lo público defienden a los ciudadanos, o a la comodidad y la irresponsabilidad de los que colaboran en un sistema sanitario y que desean que su «ciudadela» no sea asaltada?

En general la gran unidad, aun no monopolística, ofrece peor servicio que la pequeña unidad. Allá por los años 1950 y 1960 los grandes ordenadores pensados para la gestión empresarial hicieron creer que únicamente las grandes empresas triunfarían en la vida económica. Últimamente con la «micro informática distribuida» se sabe que las pequeñas unidades ágiles y efectivas, compitiendo entre sí, son las que protegen los intereses de los ciudadanos, evitan la excesiva opresión individual y acaban venciendo, salvo en algunos sectores, a las multinacionales potentes.

El monopolio, que impide la competencia, no solamente ayuda a la comodidad y privilegios de facto de los que gestionan la salud, clínicos o administrativos, sino que introduce la corrupción y abusos de los propios «gestores», así como de políticos y gobernantes que al llegar al poder encuentran fértil campo a su disposición para amigos y correligionarios.

La reestructuración logística de la «asistencia sanitaria oficial» en todas sus modalidades territoriales, planteada en profundidad, debe contribuir de modo efectivo, discreto y no traumatizante a la desmonopolización, objetivo para el siglo próximo, aunque ahora predominen los intereses endogámicos.

No me es posible preparar una visión panorámica de la asistencia sanitaria privada en España, pero creo que hacerlo es una necesidad objetiva para los españoles, y que los más obligados a ella son los propios responsables, individuales o colectivos de esa clase de estructura, para defender adecuadamente sus objetivos, para lo que se necesita conocer bien la realidad. A este efecto ofrezco la siguiente información, que aun limitada creo orientativa:

En 1996 había una facturación de clínicas privadas de 345.000 millones de pesetas, de los cuales 38.000 millones en Andalucía, 112.000 en Cataluña, 54.000 millones en Madrid y 23.000 millones en Valencia. Las principales empresas con clínica propia son: ADESLAS, con 290 camas, ASISA con más de mil camas, QUIRON con 450 camas, NISA con 525, PASCUAL con más de 1.400, RUBER con 280, LA ALIANZA con más de 1.100, y SANITAS con casi 200.

Una cosa es lo deseable, otra lo posible y otra lo indispensable, ¿Para quién? ¿A quién interesa o conviene? Para los defensores del trabajo privilegiado es deseable el monopolio público, por eso se oponen a toda clase de privatizaciones, aun muy justificadas, que saben reducen las posibilidades de los no eficientes.

La elección y competitividad en el área de asistencia sanitaria parece posible en lo siguiente:

- Selección de proveedores de medicamentos y equipos hospitalarios sin discriminación, al coste más bajo posible, evitando corruptelas para indirectamente aumentar el importe final. La autonomía de centros hospitalarios no es incompatible con una precisa regulación de esta actividad. Para esto conviene transparencia efectiva e inmediata de las adquisiciones que permita se juzguen o por las autoridades oficiales o por los ciudadanos.

- Estímulo de servicios que se pueden «contratar» con el exterior, como los de alimentación, transporte, mantenimiento, seguridad, etc., con fórmulas para evitar abusos o hacer fácil advertirlos.

- Elección de médico por el paciente, dentro de su propia área geográfica, hacia lo que parece se quiere ir. Es imposible que cada paciente tenga derecho a elegir el mejor médico del área, pues éste siempre debe percibir por sus servicios la tarifa oficial y algunos no la aceptarían, con esto la libertad de elección será más teórica que real, aunque sea el camino para desmonopolizar el sistema de salud.

- Libertad para acceder a sistemas completos o casi completos de salud, como alternativa a la asistencia oficial sanitaria, difícil porque exige servicios a que un sistema privado no puede llegar. Se facilita si el sistema oficial ofrece un «reaseguro de servicios» para aquéllos en que los privados no estén en condiciones de proveer. Del mismo modo que los hospitales oficiales utilizan servicios de otros, también deben ofrecer algunos de sus servicios a terceros, oficiales o privados, e incluso a conjuntos de empresas que quieran organizar la protección de salud a sus trabajadores, como se hace en Estados Unidos. Se argumenta que esto desequilibra el sistema oficial, pero es la misma defensa de todos los monopolios públicos, como ha sido de las líneas aéreas de carácter nacional, para mantener altas las tarifas. Con un «sistema informático transparente e independiente» se puede medir la realidad y si es preciso compensar y en todo caso modificar la estructura logística.

Los sistemas privados alternativos, comerciales o institucionales, deben ser posibles, sin eliminar el riesgo de sus propietarios, pero facilitándoles coberturas complementarias. De ahí la conveniencia de su participación en el «Sistema Integral de Salud».

Por muy acertadas y aceptadas que sean las «normas de actuación» e instrucciones y orientaciones de operación, la reducción de gastos sólo será posible con elección competitiva que permita a pacientes y familias acudir, aun equivocándose, a los servicios que crean apropiados para sus necesidades. Sólo reconociendo los problemas, dificultades y riesgo de la libertad, se puede aspirar a ella, sabiendo que después no será posible pedir protección. La libertad efectiva en el campo de la salud tendrá alto riesgo, pero merece la pena lograrla. Las estructuras «oficiales y monopolísticas» no reaccionan ante cambios, pues no necesitan esforzarse, aunque siempre quieran hacer creer que prestan un servicio superior.

Deberían existir «defensores del paciente» para el sistema oficial y no oficial de salud en áreas geográficas apropiadas. En todo caso es imprescindible socialmente exigir a todos los hospitales extraordinario grado de transparencia, cuya evolución y resultados se puedan conocer casi inmediatamente, no sólo por ciudadanos, autoridades, sino en especial por los servicios de inspección que confirmen las informaciones y preparen medidas para corregirlas y proteger a los usuarios.

Parece que será posible crear a lo largo del próximo siglo una nueva logística sanitaria que evolucione hacia la libertad, para lo que serían convenientes normas de relación y compensación objetiva por servicios recíprocos y por participación de todos en el coste de la investigación coordinada y que financien la «asistencia sanitaria obligatoria» cuando sin contribución del paciente o por indigencia o por trashumancia, o por tratarse de personas de otros países, éste recaiga exclusivamente sobre el sistema oficial.

La fórmula ideal es que al tiempo de mantener posibilidad de alternativa se mejore la estructura oficial, con gerencias realmente profesionalizadas y con transparencia que evite abusos y desviaciones. Sobre esto tengo experiencia personal, pues en mi actuación en MAPFRE como alto ejecutivo hice posible que una institución sin ánimo de lucro crease una red territorial excelente, con beneficios que permitieron crear una gran estructura internacional. Entonces se creía que sólo con métodos «capitalistas» se podía gestionar una empresa de seguros; prácticamente todas las que así pensaban hace cuarenta años han desaparecido del mercado y MAPFRE mantiene un liderazgo incontestado.

10. Educación

Es importante que se prepare a ciudadanos, gestores y pacientes en lo que significa la protección de la salud, no sólo dentro de universidades y centros académicos para facultativos clínicos. La salud ha pasado a ser un tema básico en la vida social y sobre ello deben recibir educación los ciudadanos en general y como parte de su formación cívica, para convivir y participar en actividades que afectan a sus intereses personales y familiares.

También la deben recibir:

- Los políticos que influyen en decisiones de salud, en el gobierno y en la oposición, aunque no gestionen directamente instituciones hospitalarias.

- Los facultativos clínicos y de enfermería con diferentes especialidades, dentro y fuera de los hospitales oficiales.

- Los gestores no clínicos de instituciones de salud.

- Los directivos de empresas industriales o comerciales que prestan servicios de salud.

Todos deben recibir alguna educación, adaptada a su responsabilidad, o a lo que representa globalmente la salud en nuestra sociedad.

Esta educación puede estar impartida desde tres áreas diferentes:

Educación ciudadana de salud, que apenas ha existido hasta ahora, salvo en información divulgativa en medios de comunicación referidas a problemas específicos; es una gran ausencia. Ciudadanos y gobernantes deben estar impregnados de los problemas de salud, en qué consiste, lo que representa, lo que cuesta, lo que exige, etc.

Deben incluirse nociones en la propia enseñanza primaria, aun sólo de modo superficial, pero sobre todo es muy importante en la enseñanza media, en cuyos programas convienen cursos obligatorios sobre el conjunto de la salud, lo que representa para los ciudadanos, cuáles pueden ser sus derechos y cuáles son sus obligaciones, lo que significa la protección pública de salud y sus aspectos asistenciales y formas de organizarse y de compartirse. Sería fácil preparar un texto básico sucinto que describa lo que son y cómo están organizadas las instituciones de salud, qué derechos ofrecen, cómo se deben utilizar, sus repercusiones en el gasto público nacional, etc.

Como complemento de lo anterior, en la enseñanza universitaria general deben incluirse aspectos más sofisticados, con asignaturas optativas de protección de salud, dentro de los conocimientos ya recibidos en la Enseñanza Media. En especial a los gobernantes y parlamentarios se debería exigir capacitación de esta clase para cuando tengan que decidir o participar con su voto en decisiones de salud.

Educación técnica en áreas de salud, que corresponde principalmente a las facultades de Medicina y de Enfermería y con ellas relacionadas, que es donde más se ha conseguido y por supuesto donde son menos necesarias estas recomendaciones. Esta enseñanza debe adaptarse a lo que ocurre en la actividad sanitaria actual, debe extenderse no solamente a medicina clásica sino a sus nuevas áreas. Convendría además que se estudiase la mejora de las enseñanzas médicas e incluso crear una «escuela especial de docentes clínicos», para adaptarse a actuaciones muy diferentes de las de hace sesenta años, lo que requerirá un análisis de esta enseñanza, en diferentes universidades españolas y algunas de otros países, si fuese posible impulsando tesis doctorales con este objeto.

Educación en la gestión hospitalaria e incluso en la gestión clínica. Como se comenta en varias partes de este capítulo es urgente para los servicios de salud. Los facultativos tienen necesidad de sofisticar su propia gestión clínica, con PC’s y técnicas para introducir sus datos operativos y para difusión coordinada y rápida con otros colegas en el ámbito hospitalario y en la atención primaria.

Educación financiera del área de salud para conocer costes de actuaciones, de inversión de equipamiento en su área y otros aspectos similares que permita a los servicios clínicos prever sus necesidades y hacer posible que puedan participar de modo activo en la gestión de su hospital. Esta podría ocupar algún tiempo del MIR.

Educación práctica, partiendo de la formación teórica sirva para quienes hayan de ocupar un «puesto de trabajo». Existen con alto nivel de eficacia, los planes MIR (Médico Interno Residente), limitados a lo clínico, cirugía, algunos servicios centrales y de un modo diferente las de enfermería. Han sido la razón de la excelente situación «clínica» hospitalaria. Por estas consideraciones parece indispensable extender la «residencia interna» a la función gerencial hospitalaria. Los gerentes, subgerentes y administradores de hospitales deben recibir formación práctica adecuada, además de «formación teórica previa», que también tienen los clínicos. Esto serviría para formación de los cuerpos de inspección. La mejora hospitalaria nacional depende de que esto se impulse con acierto, aprovechando la experiencia del MIR clásico actual, pues no basta asistir a un curso o conjunto de cursos, algunos deficientes o comercializados, para estar capacitado para dirigir o para inspeccionar un hospital.

Pienso también, y es otra propuesta para el MIR, que se dedique algún tiempo a preparación en áreas de gestión, ante la creciente necesidad de actuaciones de esa clase en los propios facultativos. Es una clase de actividad que exige conocimientos, no sólo prácticos sino en la formación teórica universitaria.

En varias ocasiones he escuchado que en el INSALUD, transferido o no, se está extendiendo la utilización de consultores externos «reconociendo» la incapacidad o inadecuación de los gestores normales. Es un gran error, consecuencia en parte de la ausencia de preparación teórica y práctica en la cada vez más amplia área de «gestión hospitalaria. Una nueva etapa profesionalizada deberá hacer esto innecesario, y aun ahora se evitaría utilizando a los mejores especialistas existentes dentro del Sistema Nacional de Salud, que en general no son los que ocupan cargos de esta naturaleza en los hospitales o en los organismos que los supervisan.

11. Estructura institucional

En el área de salud y asistencia sanitaria existen solamente dos alternativas, aun con alguna solución intermedia en que no me voy a detener.

- Asistencia sanitaria burocratizada, gestionada, supervisada y orientada por gobernantes políticos, que sólo admiten autonomía en lo puramente clínico, pero que exigen dependencia «oficial», o sea, politización en la supervisión e inspección y en la gerencia hospitalaria. Los ejemplos son innumerables y significativos; puede considerarse así el sistema actual. Algo relativamente parecido se ha visto en Francia, donde «Fuerza Obrera», por razones que desconozco, tenía «confiada» la gestión y el dominio de ciertas áreas de la Seguridad Social (en la Edad Media se «confiaba» a un señor la protección militar de un área geográfica, con derecho a sucesión). Hay que evitarlo en el futuro, la salud y otras áreas solidarias sólo se pueden gestionar y dirigir técnica y profesionalmente. Lo contrario equivale a «invasión partidizada en la estructura social», para ponerla a su propio servicio.

- Asistencia sanitaria o protección de salud autonomizada profesionalmente (como yo propongo), por su importancia para la vida social actual y transcendencia para los ciudadanos, que esté aislada de la manipulación de gobernantes oficiales, nacionales, autonómicos y municipales. Sería algo semejante a la autonomía educativa que se ha comentado anteriormente. Esto exige «estructuras y cúpulas institucionales» que no puedan cambiarse caprichosamente. Su instauración tiene inconvenientes y dificultades, al no ser continuadora de algo ya implantado. En la Justicia, Fuerzas Armadas e Instituciones Financieras, existen antecedentes que permiten que la autonomía institucional sea aceptablemente viable. En la salud son necesarios cambios de estructuras y para ello una acción política difícil que interese a un gobierno.

El conjunto de la salud constituye lo que denomino «Sistema Integral de Salud», del que forman parte los que de algún modo actúan en el área, desde un ATS independiente a un gran especialista internacional, desde un modesto ambulatorio o casa de socorro hasta un gran hospital, desde una farmacia a una empresa de equipamientos médicos, desde un auxiliar de hospital a un gran catedrático de medicina. Todos con obligaciones y derechos individuales o colectivos, con diversas actividades, algunas muy diferentes entre sí, e incluso contradictorias, informales o formales, pero en general con conciencia de esta unidad conceptual que se ha ido formulando paulatinamente a lo largo del siglo en que vivimos. Este «Sistema» a que me refiero debería ofrecer posibilidad total o parcial de libertad con los derechos de elección de pacientes y familias, que se adapten a cada circunstancia.

Las actividades ajenas al actual «sistema oficial», con logística poco orgánica, deben servir para crear vías alternativas de servicios, en que los ciudadanos, o algunos de ellos, ejerzan su capacidad de elección.

La instauración y la operación de esta clase de estructura tendrá muchas dificultades, pero si se consigue «la salud» dejaría de estar afectada por actuaciones partidistas. Su éxito dependerá entre otros aspectos del grado de transparencia operativa para actuar con información y conocimiento de la realidad, pues de otro modo fracasaría y exigiría nueva burocracia inoperante y contraria a los intereses de los ciudadanos y de los pacientes.

Para hacer posible la despolitización y desburocratización de la salud, es preciso modificar el sistema de dependencia oficial partidizada, por una dependencia institucional. Esto conduce a una «estructura autónoma de Salud», supervisada desde una «cúpula institucional no politizada». La influencia de los gobernantes se limitaría a orientar y a designar algún dirigente (como en el Banco de España); sin interferir actuaciones y actividades operacionales, pero sí aprobando presupuestos, función «clásica» de gobiernos y parlamentos, ahora de poco valor porque no se apoya en información correcta y fiable y acaba siendo objeto de decisión «politizada» en interés del partido del Gobierno.

Por supuesto esta fórmula parte de una premisa discutible, y es que las personas que tengan la responsabilidad de crear o participar en «cúpulas autónomas» actúen con objetividad y desinterés; algunos piensan que eso es muy difícil en España y que sólo se conseguirá crear núcleos fuertes endogámicos de alguna clase y que es preferible el «endogamismo» de los que han sido votados en unas elecciones generales; por supuesto no es mi opinión.

Mi sugerencia sería llegar a un sistema piramidal cuya cumbre sea la cúpula y estructura nacional y que se complete a través de unidades territoriales, con importantes vínculos entre ellas, no con el abandono total de lo transferido que hoy se aprecia.

La autonomía territorial debe afectar positivamente a la asistencia sanitaria, que así dependerá de fuerzas centrífugas y centrípetas, de modo paralelo a la estructura estrictamente política, cuya cúpula de servicios centrales se coordina con las cúpulas territoriales.

Lo importante de esta orientación para la salud y los sectores solidarios, a que se dedica este libro, es que su gestión no varía, por ejemplo, con un cambio político profundo; en el de los «socialistas» en 1982 y el reciente de los «populares» no ha habido cambios en el Banco de España, pues su autonomía lo impide. Una nueva estructura autónoma de la salud con criterios profesionales y técnicos será difícil de implantar, pero lo exigen los intereses generales y mi propósito es que conozcan este punto de vista los que con sentido responsable se ocupan de la salud, aun reconociendo que interesará muy poco a aquellos que buscan en ella una base para sus ambiciones personales, familiares, económicas, ideológicas, etc.

La «estructura o cúpula central institucional» que a efectos dialécticos denomino «Banco de Salud», sería la pieza clave del sistema, con las siguientes funciones principales:

- Proponer una política de salud en beneficio de los ciudadanos y relacionarse con los órganos del gobierno para coordinar su política oficial en este campo.

- Estimular la investigación, buscando interacción y conocimiento de lo que se haga externamente y coordinarlo con lo que se haga internamente.

- Promover la educación de la salud en todas sus manifestaciones, en especial en los centros de enseñanza.

- Exigir calidad efectiva en la gestión sanitaria y detección de las desviaciones en este objetivo.

- «Normalizar» las actuaciones de los centros hospitalarios para que puedan poner inmediata y periódicamente a disposición general datos y evolución de su actuación y resultados.

- Obligar a transparencia en información y resultados, para que se conozca lo que ocurre y no lo que convenga a los gobernantes, políticos o gestores de instituciones hospitalarias y así evitar «compadreísmo».

Esta «estructura central» necesita una cúpula con vocales representando las cúpulas territoriales, así como del gobierno y de las instituciones profesionales, pero con independencia política, con rotación y mandatos de unos seis años y garantía de continuidad independiente, y que como en el Tribunal Supremo de Estados Unidos no pueda ser dominada por el gobierno en una sola etapa y su correspondiente respaldo partidista. Su Secretario General, o Director, sería de facto el alto ejecutivo del «Sistema Integral de Salud», inicialmente encargado de su «creación» desde un vacío anterior, ya que instituciones teóricamente semejantes son consultivas, carecen de fuerza coactiva y de influencia real.

Las estructuras territoriales en cada una de las «comunidades autónomas», quizás en algún caso agrupación de varias, deben incluir «salud pública» y «asistencia sanitaria», y estar dirigida por una cúpula semejante a la «central», inspirada también en criterios de objetividad y estabilidad y con un servicio ejecutivo que supervise los sectores y centros antes mencionados.

Como complemento principal para las diversas estructuras centrales y territoriales, y como servicio dependiente de sus cúpulas, hay que destacar la importancia de la «inspección de salud», orientada a la asistencia sanitaria en sus vertientes hospitalaria y primaria. Esto exige un plan completo de reciclamiento de los servicios existentes de inspección y su transformación en un cuerpo eficiente de «inspección de centros hospitalarios» que se relacione y reciba instrucciones y orientaciones de la inspección central y que mantenga tensión de calidad y actuación eficiente hospitalaria. Este cuerpo de inspección no debe tener funciones operativas, solamente supervisoras, sin actuaciones administrativas secundarias, como autorización de recetas y semejantes. Sería conveniente que este cuerpo fuese nacional para dar mayor unidad al Sistema Integral de Salud, aunque con particularidades territoriales. La «inspección» debe ser un elemento aglutinante para la uniformidad y coordinación de los diferentes centros y de las diferentes estructuras territoriales y operacionales que existen. Requiere máxima profesionalización en sus componentes y en su actuación, evitando su politización. Deberá aprovechar el amplio conjunto de inspectores existentes, a los que en general no se ha utilizado para puestos directivos de gestión, para lo que muchos de ellos están especialmente preparados, y que deben estar sometidos a un riguroso proceso de reciclamiento y en el futuro de selección y preparación adecuada, también con un período práctico, tipo MIR, tanto para esta función como para la de gestión hospitalaria. Una inspección eficiente de salud, paralela de algún modo a la inspección del Banco de España, debe servir también para la formación de especialistas en la macroeconomía y microeconomía de la salud y uniformidad objetiva de sus actuaciones.

Esta visión de la estructura institucional de la salud, puede parecer utopía y representa una diferente concepción de lo público que aspira a «protagonismo de lo social» y no de lo «oficial». Lo considero de interés de los ciudadanos y en este caso de los pacientes, pero no sería viable sin una actuación transparente en la operación y actuación de todos los centros relacionados con actividades de salud a disposición de todas las autoridades y de todos los ciudadanos.

12. Economía

Toda actividad o servicios de una dimensión, como la de salud, exige un conocimiento profundo y correcto, absoluto y relativo de su «economía».

En España existen, con mayor o menor importancia, según casos y áreas, dos tendencias:

- La de los ideólogos políticos, que piensan que preocuparse de los gastos públicos es una «deformación empresarial», y que creen preferible «compadrear», ocultar y mentir, y considerar «pecado reaccionario» la verdad, o sea aceptar que dos más dos sólo son cuatro, y no cinco ni tres.

- La mía (y de muchos más), que mantiene que para administrar lo oficial en beneficio de los ciudadanos es indispensable conocimiento preciso y permanente de gastos e ingresos, con posibilidad de analizarlos y compararlos, para así llegar a la realidad de la economía de la salud en una nación, comunidad, municipio, ya que sólo de ese modo se puede apreciar si su coste corresponde al «producto» que ofrece, sin dejarse influir por razones caprichosas, si no algo peor.

Un proceso normal de protección integral de salud necesita un «presupuestismo público transparente» inmediato, con métodos homologables y con objetividad aceptada.

La prestación de servicios de salud debe acompañarse con idea clara de lo que en lo económico representan a nivel «micro» y a nivel «macro» para que gobernantes y políticos decidan con acierto. Sin ello carecerán de base para decidir, surgirán problemas en perjuicio de los ciudadanos. Conociendo los gastos se buscarán alternativas para reducirlos, o sin aumento ampliar servicios o su calidad.

El gasto público de la salud debe mantenerse dentro de un «standard» satisfactorio, hoy aparentemente el 5% del PIB, aunque en Estados Unidos sea superior por razones que no estoy en condiciones de analizar.

Esta necesidad de precisión es aún más importante al descentralizarse geográficamente los servicios de salud; cada estructura autónoma necesita conocer su «economía de salud» y compararla con otras semejantes. El mayor o menor gasto puede estar justificado, pero deben juzgarse las razones de la diferencia. Cualquier transferencia autonómica será negativa para los ciudadanos si no se acompaña de una efectiva información de gastos. Las diferencias con la Comunidad Autónoma de Cataluña, y supongo que otras, se resolverían sin fricciones con un conocimiento preciso de la macroeconomía de cada unidad autonómica, que además tiene que apoyarse en información objetiva de carácter «micro». Sus costes parciales y globales son indispensables para cualquier reforma. Cuando esto sea realidad, creo que antes de diez años (si hay voluntad política), se aceptará que cualquier ampliación, oferta populista, actuación corrupta o de despilfarro, perjudica a la colectividad y que cualquier fórmula de gestión o ampliación de servicios que se pretenda y aumente costes no debe imponerse o negarse por motivos ideológicos, de captación de sufragios, etc., sino únicamente por razones de mejor servicio a los ciudadanos. Las reformas sanitarias de cualquier clase que no lo tengan en cuenta acabarán en fracaso.

Los cuadros siguientes son representativos del gasto sanitario en algunos países europeos y la evolución del gasto sanitario en España.

La economía de salud se compone de dos areas:

Microeconomía

Se refiere al conocimiento preciso de gastos operacionales, asistenciales o no asistenciales, tanto de sanidad pública como de asistencia sanitaria y atención primaria, con su correspondiente «piramidalización», que comienza con el coste del servicio primario o el de un departamento pequeño de un hospital, hasta el integral de salud en una comunidad autónoma o en una nación. Forma parte del entorno del «presupuestismo público transparente», a que antes me he referido, que con normalización contable daría a conocer permanentemente sus resultados, comparándolos con años anteriores o con unidades semejantes, en hospitales de análoga característica, en otra clase de hospitales o en otra clase de comunidades, e incluso en el exterior. Para este «micropresupuestismo» es indispensable «normalizar» la contabilidad de gastos (y por supuesto de ingresos), de los establecimientos hospitalarios y servicios de atención primaria, aplicando en todos los centros de servicios de salud, oficial y no oficial, «normas» contables y presupuestarias uniformes, integradas en una base de datos y programas internos para su difusión y análisis, con liquidación mensual de lo previsto y lo realizado. Esto facilitará información a los trabajadores de un centro, a los ciudadanos y a las autoridades oficiales y parlamentarias.

Para hacer esto posible, cada hospital debería preparar mensualmente, y dentro de los diez primeros días del fin de cada mes, un «modelo teórico» como el siguiente, que con un sistema normalizado, administrativo contable, y con los últimos medios informáticos, será posible con gran rapidez.

Parece lo anterior objetivo complicado, pero existe amplia experiencia, pública y privada, con equipos informáticos normales y programas prácticamente «standard». Con esto será posible el «conteo» frente al «compadreo» y se evitarán desviaciones, salvo que se manipulen los programas informáticos para ocultar la realidad.

Sin una cuenta de resultados mensual en cada hospital, en línea semejante a lo anterior, no habrá gestión satisfactoria en un centro hospitalario o de salud. Es un objetivo que podría considerarse vital.

Macroeconomía

Se refiere al conjunto nacional o autonómico de los gastos sanitarios, a la que se puede llegar si los gastos e ingresos de un hospital están ordenados para integrarse piramidalmente en todos los presupuestos de salud de comunidades autónomas y del conjunto nacional. Es necesario conocerla para que la acumulación de sus costes sea comparable, homologable, conocida regularmente y relacionada con datos referentes adecuados, sin lo que resulta difícil enjuiciar su situación. Comento cómo puede estructurarse esta información regular:

- Gastos globales nacionales, sumando los de «salud pública» con los de «asistencia sanitaria» y «atención primaria» en cualquiera de sus formas y todos los de su gestión, en cualquier Comunidad Autónoma.

- Gastos en comunidades autónomas o en agrupaciones territoriales intracomunitarias. Serían los de su propia estructura común, los de asistencia hospitalaria y primaria oficial del espacio geográfico afectado, los paralelos de «salud pública» y los que corresponden a la asistencia no oficial con cargo al erario público y los de su unidad autonómica. Esta información probablemente necesitará planteamientos específicos para ser completamente homogénea.

Deberían relacionarse los costes completos de salud con el PIB, Gasto Público y con el promedio por habitante, como referencias para medirlos.

En el área integral de la nación, con paralelismo en las comunidades autónomas, estos gastos se pueden distribuir del siguiente modo:

- De gestión logística para adquisición o arrendamiento de edificios utilizados para la salud hospitalaria y primaria

- De gestión clínica, sueldos y gastos de facultativos y sus colaboradores en hospitales y en servicios de atención primaria oficial.

- De farmacia y similares.

- De investigación para permanente mejora de actuaciones.

- De amortización y mantenimiento de equipamiento administrativo y clínico.

- De gestión no clínica, incluyendo el control interno.

- De servicio de transportes, manutención y otros auxiliares para la gestión hospitalaria y en general continuada.

- De ayudas a centros de asistencia primaria.

- De supervisión nacional y territorial de los centros hospitalarios públicos.

- De supervisión y ayuda económica a los centros hospitalarios privados.

- De atención a pacientes no incluidos en el sistema de salud o procedentes de otros países.

El conocimiento correcto de esto será útil para la adopción de decisiones políticas en esta protección. Por eso debe ir unido a la transparencia y completa responsabilidad autónoma de estas informaciones. En sus líneas de financiación y en sus gastos dependerán de lo que cada gobierno y parlamento autónomo puedan basar sus decisiones y responder de sus resultados.

Los ingresos procedentes de pacientes por servicios especiales de alguna clase podrán deducirse del coste final de los centros hospitalarios, pero conviene conocerlos como dato aislado y no deducirlos internamente.

Sería conveniente añadir a lo anterior los ingresos y gastos de los hospitales no públicos.

Hasta que llegue la completa autonomía que requiere lo anterior, conviene conocer el origen actual de la financiación de los gastos de protección de salud, que puede proceder de:

- Impuestos nacionales.

- Impuestos autonómicos.

- Impuestos municipales.

- Impuestos especiales de sanidad o adjudicados a ella.

- Recargos laborales.

- Costes soportados por instituciones que gestionen hospitales o por fundaciones con ese objeto.

En las actuales circunstancias parece poco necesaria la anterior información, en cuanto que casi en su totalidad la financiación procede de recargos laborales, pero esto ha de variar y parece previsible un impuesto para la salud o una dedicación a esta finalidad del «impuesto sobre el consumo», que formaría parte de sus ingresos.

Los datos macroeconómicos de la salud, a nivel nacional o a nivel comunitario, deberían difundirse y para ello sería útil un «modelo teórico» regular de información macroeconómica que se publicase cada mes con el siguiente contenido:

Una correcta estructura de gastos de salud hará posible esta información, con un retraso inferior a veinte días desde el fin de cada mes. Debería convertirse en objetivo nacional para lograr un conocimiento efectivo de nuestra realidad. En el momento en que se consiga se habrá alcanzado madurez institucional en el área de salud.

13. Información complementaria

Comento de forma breve algunas de las obras y de los estudios en los que me he basado para el desarrollo de este capítulo. Menciono solamente los que a mi juicio han sido básicos para mis propias reflexiones.

- En primer lugar el denominado «Informe Abril», titulado oficialmente Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, publicado en julio de 1991. Es una pieza clave para realizar cualquier análisis del futuro de la sanidad española. Este informe ha sido de gran importancia y no se le ha prestado la suficiente atención.

- Informes publicados en Anuarios de la Fundación Encuentro (Madrid, 1992-1995) sobre diversos aspectos de la realidad social en España. En el tomo de 1995 se dedica un capítulo específico a la reforma sanitaria.

- La publicación de Ángel Martín Sánchez titulada Prestaciones de Salud: la necesaria reforma del Sistema Sanitario Español (Editorial Actas, Madrid 1996), que ofrece un elaborado análisis del modelo sanitario vigente en España, estableciendo una síntesis comparativa con otros sistemas sanitarios. De este trabajo se han extraído para este capítulo varios cuadros, elaborados al efecto por el autor, y por otra parte contiene un excelente apéndice bibliográfico

- El Manual de Gestión Hospitalaria, de J.L. Temes Montes, V. Pastor Aldeguer y J.L. Fernández (1997), de gran utilidad para conocer con proximidad la gestión de los hospitales, con ideas muy útiles para una optimización de métodos de trabajo.

- Los Hospitales en España, la reforma pendiente, editado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Madrid, 1996), que hace propuestas interesantes para ser aplicadas en España.

- El sistema sanitario en España: evolución situación actual, problemas y perspectivas de Marciano Sánchez Bayle, publicado por la Editorial Los libros de la Catarata (Madrid, 1996).

- Sanidad, la reforma posible, dirigido por Rafael Bengoa, patrocinado por Merck Sharp & Dohme España.

- Los trabajos de Julio Segura y Carmen Abreu, muy útiles para conocer la realidad económica del sistema sanitario español.

14. Consideraciones finales

Al terminar este capítulo ofrezco puntos de vista y observaciones que pueden ser útiles a gobernantes y ciudadanos en el próximo siglo.

Aspectos generales.

- La esperanza de vida con calidad ha pasado a ser un factor de bienestar y un objetivo de mejora social.

- El dolor, su ausencia, es factor principal de calidad de vida y su eliminación está siendo objetivo básico de la humanidad.

- Los avances en la salud en el siglo XX han sido fenómenos muy positivos, pero han producido como «efecto perverso» un desequilibrio en la humanidad que no parece fácil corregir.

- La salud siempre ha sido objetivo de los seres humanos, pero su valor e importancia ha aumentado dramáticamente desde el siglo XIX y en especial en las últimas décadas, pasando a ser objetivo absoluto al perder importancia la preocupación por lo transcendente y reconocimiento de Dios en la vida de los hombres.

- La salud en todos sus aspectos, colectivos e individuales, es destacada área de solidaridad en la sociedad humana a que los gobiernos deben dedicar recursos públicos para que pueda llegar equitativamente a todos los ciudadanos.

- La protección colectiva de la salud, continuando las antiguas instituciones de «sanidad» resulta indispensable para evitar situaciones que afecten al futuro de la salud, lo que en general exige coordinación entre diferentes comunidades y naciones.

- La asistencia sanitaria hospitalaria o primaria debe llegar a todos los ciudadanos, objetivo para el que las naciones deben dedicar recursos e ingresos regulares, tributarios o de origen específico.

- La atención primaria, durante algún tiempo predominante en la sociedad occidental, ha perdido importancia en las últimas décadas, aunque de nuevo adquiere amplio protagonismo, que aumentará en todo el siglo próximo.

- Los costes de la asistencia sanitaria son crecientes, por razones tanto relativas como absolutas y sería preciso que se contuviesen y no desequilibren los recursos públicos y perjudiquen a otras prestaciones de solidaridad o a otros objetivos de acción colectiva.

Sugerencias para el futuro.

- Autorizar y estimular ofertas competitivas que eviten monopolios, que incrementa los gastos y reduce la calidad y eficacia de servicios, admitiendo que todo monopolio se burocratiza, y que la existencia de alternativas conviene a los ciudadanos y reduce costes finales reales.

- Evitar presiones que impiden soluciones óptimas, para la nación y los pacientes, por interés de laboratorios farmacéuticos, sindicatos de trabajadores, colegios de facultativos y otros semejantes, que utilizan argumentos de aparente interés general para defender su propia comodidad y beneficio económico.

- Eliminar decisiones populistas o sectarias que incrementan gastos, sin repercusión en la calidad y sin cuantificar cada ampliación de servicios ni justificar su necesidad.

- Evitar abusos, fraudes, despilfarros, buscando costes óptimos en relación al servicio y calidad, que permita máxima cobertura nacional sin desequilibrio público.

- Adjudicar con objetividad los recursos disponibles, siempre limitados, eliminando posiciones sectarias e ideológicas.

- Establecer normas punitivas a centros hospitalarios, públicos o privados, equipos directivos y clínicos, cuando incumplan normas o abusen de los pacientes.

- Evitar el exceso de medicina defensiva que encarece el servicio y dificulta una actuación ágil en beneficio del paciente.

- Crear una «cartilla de salud», en lo posible inteligente y «normalizada» para utilizar servicios de salud y anotar prestaciones y servicios sin complejidad burocrática.

- Promover que los usuarios participen en el coste de algunos servicios, no tanto para reducir gastos como para protección de abusos de pacientes o gestores en perjuicio de la colectividad.

- Determinar con precisión y justificación las áreas excluidas de la cobertura de salud para que sean conocidos claramente por los ciudadanos.

- Regular los derechos de las personas sin cobertura oficial de salud, en general emigrantes o transeúntes, con posibilidad de cauce para prestaciones gratuitas.

- Regular los derechos de los españoles en otros países en relación con su salud.

- Admitir la realidad de los permanentes cambios tecnológicos científicos y hasta sociológicos, teniendo en cuenta que las estructuras rígidas pueden obstaculizar la medicina futura; a este efecto parecen convenientes las siguientes actuaciones:

• Eliminación paulatina de dinosaurios hospitalarios, con burocracias complejas sin fácil adaptación a nuevas circunstancias.

• Análisis de la dimensión óptima de unidades hospitalarias y su relación con los servicios primarios, públicos o privados.

- Reciclar regular y frecuentemente facultativos con intercambio de experiencias con otros colegas y centros de salud.

- Informatizar actuaciones clínicas, aprovechando las mejoras de la comunicación automática a distancia y la transferencia de imágenes para organizar servicios flexibles con coste inferior al regular hospitalario.

- Profesionalizar las gerencias hospitalarias, con utilización de «prácticas residenciales» tipo MIR y evitar designaciones no inspiradas en el mejor servicio.

- Crear servicios de control interno en cada centro hospitalario que permita vigilancia permanente de actuaciones y desviaciones y facilite la actuación de la inspección exterior.

- Crear servicios eficaces y despolitizados para la inspección territorial operativa de centros hospitalarios, que analicen su estructura, desviaciones y abusos y faciliten su rápida corrección.

- Promover la actuación de ciudadanos y de instituciones de sociedad civil, para observar y analizar la actuación y resultados de unidades hospitalarias y acceso por INTERNET a información con este objeto.

- Crear servicios objetivos de «defensor del paciente», que resuelvan rápidamente los abusos operativos que se cometan.

- Normalizar toda clase de anotaciones de gastos, pagos y movimientos administrativos para integrarlos en una base de datos consultable, interna y externamente, que permita conocer por internet la evolución de previsiones y resultados reales.

- Comparar con homogeneidad los costes de diferentes centros y áreas territoriales, como método para analizar su gestión.

- Mantener equilibrio a nivel nacional, geográfico u operacional, con presupuestos integrados en bases de datos que permitan el conocimiento permanente de su realidad.

- Exigir transparencia normalizada de gastos, situación financiera y evolución presupuestaria, no solamente en cada centro hospitalario o área de asistencia médica, sino en el conjunto nacional, autonómico o provincial.

En resumen, la protección de la salud es actividad de todos, gobernantes, gestores y ciudadanos, como tal debe tratarse, con poca dependencia burocrática oficial, y que ésta sea traspasada a instituciones ajenas a la alternancia de gobiernos y no relacionados con ideologías e intereses partidistas. La Constitución Española tiene necesidad de modificaciones, pero no en el campo de la protección de salud en que sus normas admiten las ideas de este capítulo u otras semejantes.

Lo anterior es la visión de un empresario, quizás deformada en su larga vida en esa actividad, en que «manda» la realidad cuando no se desvirtúa con privilegios o monopolios ni con «compadreos» y que exige «conteo», apoyado con informaciones objetivas, comprensibles y frecuentes.

Capítulo II. Pensiones y vejez

El objetivo de este siglo y el próximo, después de un período en que con pleno empleo y estado de bienestar se creía vencida la pobreza, es la lucha contra la indigencia en dos períodos importantes de la vida humana, el laboral con medidas frente al desempleo, y la vejez, con pensiones, prestaciones y otras medidas de protección. El importe dedicado a este objeto es aproximadamente el 48,2% del gasto solidario, el 25,8% del gasto público, el 10,2% del PIB, y un promedio por habitante de 193.000 pesetas.

El área de pensiones es la más importante de los servicios solidarios, incluyendo educación. Como se advierte, excede del 25% de los gastos públicos nacionales y requiere medidas para que no llegue al 30 ó 35% y se convierta en carga insoportable de la economía pública. Para ello se hará indispensable transformar una parte de esa «carga colectiva» en «carga individual», soportada por los propios interesados con su esfuerzo, capacidad de sacrificio y tensión de trabajo.

La ciencia y el desarrollo tecnológico crearon riqueza suficiente en algunos países para permitir el estado de bienestar, pero la prolongación de la vida y la globalización han originado desequilibrio con pobres de una u otra forma, sin bienestar mínimo, con situaciones desconocidas últimamente en el llamado mundo civilizado. La muerte se ha alejado, pero la pobreza se ha integrado, aunque los más míseros actuales cuentan con ventajas que no tenían los ricos de hace doscientos años. La pobreza surge en parte de la envidia horizontal, ignorando la mejora vertical. Este capítulo reflexiona sobre la vejez, final de la vida de hombres y mujeres, agotada la capacidad de trabajar, sin haber acumulado patrimonio o derechos para supervivir dignamente y destaca la importancia de un área solidaria que siempre tendrá un peso específico decisivo en el equilibrio de una nación.

1. Vejez

Es el período final de una vida, cuando la persona no es útil, no produce, molesta, incomoda; es declive a que inevitablemente se avanza desde el momento de nacer. Ni es siempre la misma ni se sabe cuándo realmente comienza. Se suele definir como época de jubilación, al terminar la etapa laboral de una persona. Algunos tienen vejez temprana y en cambio en otros dura su actividad útil largos años. Vejez es un término de moda, del que se habla siempre, se prepara uno para ella, se comentan sus problemas, se actúa para paliarlos.

Ya hay más viejos que jóvenes. La vejez colectiva avanza implacablemente. Hace dos siglos sólo existía en casos infrecuentes, absorbibles en la sociedad; la muerte llegaba con rapidez y pocos alcanzaban la vejez, se llamaba ancianos a los de sesenta años; se pasó después a los de setenta y ahora casi a los de ochenta, edad media que naturalmente muchos superan.

La vida social necesita enfrentarse con la vejez, analizar sus situaciones y problemas y de un modo u otro resolverlos; tiene que convivir con ella, soportarla, comprenderla; profundísimo cambio social, del que todavía apenas nos hemos dado cuenta. Pienso que en condiciones normales, sin alguna clase de cataclismo, el problema más importante del próximo siglo será la dignidad para los viejos aunque lleguen fácilmente a noventa años.

Las dificultades de la vejez, consecuencia perversa de avances satisfactorios, son principalmente: el económico y el de salud; cómo ofrecer medios para subsistir con aceptable grado de satisfacción y cómo prolongar la vida con calidad digna. Parece que los esquimales, por su propio vivir aislado, llegaron a solucionar la vejez con la salida de las parejas viejas hacia una muerte dulce por frío; método que ahora no se admite, aunque avanza con rapidez la defensa de la eutanasia, en principio de modo voluntario pero que podría ser presionado colectivamente, con lo que nuestros descendientes tendrán que enfrentarse.

Un hecho natural en la historia de todos los pueblos es la protección a los ancianos que necesitasen ayuda, no difícil cuando eran pocos los viejos y muchos los jóvenes. Aun subsiste la adulación a los viejos, considerados en algunas civilizaciones como dioses, enlace entre hombres y el más allá. Los viejos eran orgullo, a quienes se pedía consejo, y su protección estaba en la familia. Los viejos mandaban y la familia se solidarizaba con ellos; y además se mantenían asilos y «morideros» en que los más enfermos acababan sus días; la vejez era una incidencia individual pero no un problema social.

Ha aparecido la «nueva vejez», los viejos invaden, desbordan la familia y las posibilidades públicas; destaca la influencia de su voto, muy numeroso, que obliga a los políticos a preocuparse por medidas que los protejan, moderno poder más cosmético que real. Se ha creado así una nueva área de manipulación social, casi igual ha sido la de los jóvenes, la del odio, la de la envidia, y sobre todo la del temor a la muerte.

La vejez comienza simbólicamente en el momento de la jubilación. Se ha creído objetivo social reducirla al máximo, a menos de sesenta años, y en algunas circunstancias a menos de cincuenta y cinco, o sea que no solamente se ha ampliado la vejez al retrasarse la muerte sino también su comienzo real. De unos ocho años en que se vivía de promedio después de la jubilación se ha pasado en algunos casos a veinticinco (desde cincuenta y cinco a ochenta); no se conoce todavía la repercusión sociológica de esta situación.

Con la vejez acaban una serie de derechos, sobre todo al trabajo, y se produce pérdida de lo que significa actuación social. Afecta de diferente forma a vagos y a diligentes; para los que no tienen deseo de trabajar el retiro es bendición, pero para otros la ociosidad es sufrimiento, y en especial la forzosa no buscada.

La vejez se relaciona con la pobreza en general, el viejo es pobre, a veces indigente; en cambio, los viejos ni con la edad llegan a hacerse ricos. Los pobres viejos no son nada, no deciden nada; como niños balbucientes. El desafío de la sociedad es la vejez pobre, pero con derecho a vivir dignamente.

En la historia se conocía la «propiedad» de una u otra clase, y su acumulación servía para preparar la vejez. Existían también los hijos que ayudaban a los padres, pero ahora, con exacerbación del consumismo, pueden dedicarles muy poca atención.

La Iglesia, las iglesias, han sido eficaz instrumento de ayuda a viejos desamparados que a ellas acudían, recibiendo trato y cariño humano. Se ha hablado del parasitismo de los eclesiásticos, pero la verdad es que ahora su mayor actividad se dedica a atender a los indigentes, a los olvidados sin servicios sociales; evitan que algunos necesiten asistencia «oficial», con alto coste público. Una injusticia de estas últimas décadas es la falta de reconocimiento y hasta persecución del conjunto de la Iglesia, la católica en su mayor parte, que ofrece amplia ayuda a los que nada tienen y que salva mucho de lo que los políticos despilfarran. La diferente utilización de los fondos que en las declaraciones de renta individuales se asigna a la iglesia y alguna de la que los gobiernos socialistas asignaban a «otros fines sociales» muestra hasta con caricatura esta situación. Una tesis doctoral recomendable sería el estudio preciso de la actuación y situación presente de las entidades a las que se ayudaba con recursos que se suponía para asistencia social, y conocer la intención con que se concedieron y cuáles tenían objetivos realmente sociales o eran «simples comederos» para amigos o correligionarios, para preservar núcleos de votantes o mantener posibles «agitprops radicales».

2. Subsistencia digna

Hay que precisar qué es «subsistencia» y «miseria», factores en parte subjetivos; lo que para uno es miseria para otros es comodidad aceptable. Describo tres clases de subsistencia:

- Cómoda y consumista, que permite vivir con nivel alto, siempre relativo, de comodidad. Se hace posible:

• Con patrimonio «personal» suficiente, o sea cuando los individuos financian sus gustos y caprichos, situación que alcanzan pocos. Los gobiernos tienen obligación de buscar mayor igualdad y que las diferencias promedias se reduzcan, aunque aumente alguna individual, nunca tanto como en la España socializante, que ha tolerado y hasta promovido la mayor acumulación de riqueza ilícita (por la que no se ha tributado), conocida en nuestra historia, eximiendo (en la práctica) de tributos a una amplia gama de ingresos de ricos. Conde y De la Rosa son ejemplos, aunque sólo pequeña punta de iceberg.

• Con patrimonio laboral estable, o sea empleo continuado. En la historia se han comprado empleos como «activo» patrimonial. El empleo no estable mantiene preocupación individual y pública, pues depende de un contrato no vitalicio, salvo que se complemente con alguna acumulación de ahorro o con seguro de vida. Solamente alcanza valor sustantivo cuando se acompaña de tenacidad y austeridad de consumo, que permite garantizar la vejez y conseguir continuidad familiar.

- Con dignidad para la vida social, diferente en cada comunidad territorial y con variadas situaciones, que deben o no ser protegidas, con generosidad o sin ella. Los gobernantes deberán buscar una orientación dentro de su tendencia ideológica, que al mismo tiempo sea posible, pues es un engaño proponer lo que no lo es. Pero en la mayor parte de los casos ésta se alcanza normalmente por los propios individuos.

- Con necesidad de ayuda para la dignidad. Puede ser diferente según la residencia (Madrid o una pequeña población), para adaptarla a gastos y costes locales de vida. Su cuantía dependerá tanto de la generosidad colectiva de los ciudadanos, dispuestos a sacrificar sus ingresos con más impuestos, como de los gobernantes y funcionarios, que con incomodidad propia eviten despilfarros; decisión difícil para una sociedad sólo preocupada de la satisfacción de placeres, aunque debería ser generosa con los que no han encontrado un hueco en su vida personal. La decisión de su cuantía, siempre opinable, necesita sentido efectivo de solidaridad y no sólo planteamiento cosmético para captación de votantes.

La distribución de los recursos dedicados a solidaridad debe ser equitativa. Con este objeto deben coordinarse las diferentes prestaciones de esta clase. ¿Hasta qué punto la prestación en caso de vejez debe ser incompatible con otras públicas y en algunos casos privadas? ¿Corresponden por igual a todos los ciudadanos o dependen de otros ingresos, laborales o patrimoniales?

Una parte de la «subsistencia digna» depende de factores que generalmente no se tienen en cuenta y que proceden de:

- «Acciones públicas o privadas del tipo INSERSO» para reducir dificultades de aislamiento o semejantes.

- «Protección familiar», que siempre fue y creo será la más importante ayuda ante dificultades, valor social que ahora se olvida y que no es fácil medir.

- Caridad» o conjunto de prestaciones voluntarias personales, directas o indirectas, con frecuencia canalizadas o promovidas por instituciones eclesiásticas, para ayudas en casos de verdadera precariedad económica, individual o familiar y que comienza por la limosna. Sus actividades son importantes, en lo nacional y en lo internacional; exceden de lo económico, ya que incluyen manifestación de calor humano a personas indigentes, económica y psicológicamente, sin compensación, intermediación ni burocracia. Me atrevo a afirmar que no habrá en el siglo XXI «sociedad convivible» si cada ciudadano no siente obligación de sacrificio por sus prójimos, en exceso del tributario. Ninguna fórmula puede evitarlo. Aun en los regímenes más igualitarios y oficialistas: la ex Unión Soviética y Cuba, aparece un campo fecundísimo de ayuda generosa familiar y de vecindad, que permite superar dificultades.

Las prestaciones oficiales para «subsistencia digna» centrarán debates de futuro y mi opinión es que se deberá aspirar «al óptimo que se pueda financiar públicamente», aunque habrá que pensar en lo que ocurra cuando no se pueda financiar ni siquiera lo «semióptimo» y haya que aceptar la reducción del nivel de dignidad de los más necesitados, sólo soportable si también se reduce el de otros ciudadanos. Las naciones necesitan, o no pueden evitar, incrustarse en un mercado planetario competitivo, y por ello deben ofrecer un ingreso mínimo, ya que no pueden un puesto de trabajo, así como exigir esfuerzos a los afectados para afrontar sus propias necesidades, deseos y caprichos, y también para participar en ayudas a los que no sean capaces de conseguirlo por sí mismos.

3. Ahorro

El ahorro en la historia, en la actualidad y en el futuro es un instrumento de equilibrio y una fórmula para unir generaciones y dulcificar modificaciones negativas económicas. Ha tenido muy diversas formas. Por ejemplo:

- Ahorro de trigo o cereales para el invierno en las antiguas colectividades, ya no nómadas y convertidas en agricultoras.

- Ahorro de armas o instrumentos bélicos con utilidad definida y objetiva, defensiva u ofensiva.

- Ahorro en propiedad de tierras.

El ahorro puede tener objetivos especiales, pero en general es una previsión para la vejez o para soportar problemas circunstanciales.

El ahorro lleva a la libertad y permite decidir mejor, no depender de los demás, de sus engaños ni promesas; por eso, el ahorro es socialmente útil y tiene efecto, económico y psicológico. La tesis del «liberalismo salvaje» es que solamente tienen derecho a subsistir los mejores, los más fuertes, como en la naturaleza, y que es «positivo» que de un modo u otro desaparezca el resto es lo que diferencia la fe cristiana de actitudes puramente materialistas. El ahorro exige confiar en el hombre y es sinónimo de su autonomía de voluntad.

Es importante determinar qué es y debe ser el ahorro y su repercusión sobre familias y colectividades. A veces sólo es posible en una «casta superior». Cabe «ingeniería del ahorro», del mismo modo que las empresas utilizan «ingeniería financiera», ambas con objeto de retrasar el conocimiento de la realidad de sus resultados; el ahorro también cabe disimularlo, inventarlo, desvirtuarlo, según convenga en cada caso.

La humanidad planetaria es un hecho inevitable (salvo con medidas y coacciones de corta duración), que beneficia a unos y perjudica a otros, como todo cambio básico en la historia; se irá despacio o deprisa, habrá retrocesos y aceleraciones, pero se intensificará la relación de unos pueblos con otros. Algunos creen «negativo» todo aquello que sirva para «mestizar» y piensan que solamente deben subsistir algunas razas, culturas o civilizaciones privilegiadas. Es lógico que los «pueblos históricos» se defiendan, sin admitir impasibles su destrucción o cambio sustancial, así ocurre siempre en grandes colectividades y en comunidades aisladas y la futura «miscenegación», no sólo económica, producirá grandes fricciones colectivas en los siglos XXI y XXII. Pero la universalización se extenderá aunque subsistan núcleos individuales de riqueza y también núcleos que se resistan al cambio y que por razones o métodos distintos rechacen la civilización y la «universalización», que en todo caso, seguirá adelante y transformará nuestra sociedad occidental.

Dentro de cien o doscientos años se «acercarán» el nivel económico y de bienestar de los pueblos de España y los de parte de África; lo mismo en las naciones del Norte de América con las del Sur. Pero durante este proceso, sin duda largo y no lineal, los occidentales, y España en concreto, serán objeto de traumas y pérdidas de las que sólo con ahorro y austeridad pueden protegerse.

Es clara la identificación del ahorro con el trabajo. Salvo circunstancias excepcionales, sólo con trabajo se puede ahorrar y toda medida colectiva que reduzca el protagonismo del ahorro repercute en la del trabajo y disminuye recursos colectivos dedicados a obligaciones solidarias o crea desequilibrio, con repercusiones negativas en su evolución.

El ahorro procede del trabajo intenso; ahorran los que trabajan más, o los que por alguna circunstancia trabajan con más eficacia. En esta década estamos viendo el triunfo de Estados Unidos, contra la predicción de hace diez años, que yo compartía, de pérdida de influencia, no solamente frente a Japón sino frente a toda Asia; la realidad actual es consecuencia de su mayor capacidad o efectividad en el trabajo y de su voluntad para aceptar riesgos.

Es ilusorio pensar que se puede conseguir protección a la vejez cuando se prescinde por completo de la voluntad y reconocimiento del ahorro. No es posible cualquier protección generalizada sin la participación con ahorro del trabajo de los interesados. Las fórmulas que buscan igualdad absoluta son negativas socialmente, como ya se ha demostrado con la desintegración de Rusia y los países en que influía.

La vejez y el ahorro son fenómenos diferentes, pero los problemas relacionados con la vejez, la supervivencia digna y las pensiones se apoyan fundamentalmente en el ahorro y deben integrarse en la filosofía pública de una nación, objetivo básico al que hay que apoyar.

4. Protección de la vejez

Conviene analizar métodos para la protección de los «viejos» en una sociedad que quiere ser equitativa. En generaciones anteriores la protección existía, era colectiva en la familia o la tribu, situación natural, que en general no estaba amenazada. Podría haber casos individuales de egoísmo familiar o crueldad, pero eran excepciones; quizás ahora ocurre lo contrario. Siempre se ha protegido públicamente a la vejez, desde la prehistoria hasta hace unos doscientos años, con antecedente en la época romana; se crearon para ello innumerables y diversas instituciones colectivas.

La protección en la Edad Media y Moderna surgía principalmente de la herencia o creación de un patrimonio, rural o urbano, que permitía la subsistencia de la familia y la permanencia digna de los ancianos en su propio hogar, no sólo de personas vinculadas por sangre sino con dependencia limitada colectiva que normalmente estaba ayudada o supervisada por otra protección superior. Fueron surgiendo en ese tiempo organismos de diversa clase, para atender a menesterosos, enfermos y ancianos; los asilos y hospitales de la Edad Media y Moderna, de origen religioso, asociativo o municipal, con más amplitud e importancia de la que se ha creído. La Corona promovía estas actuaciones. Es un caso excepcional y digno de mención el de las Casas de Misericordia de Portugal, creadas por mandato real en 1498, que ofrecen una verdadera prestación social a cargo de los más poderosos, cuyo efecto perdura quinientos años después.

La incertidumbre económica es una constante en la vida humana, la conocemos en el siglo XX y se agudizará en el próximo. El hombre ha combatido esta incertidumbre de diferentes modos. Lo hizo en la familia y la tribu, que agrupaba varias familias, que se protegían con solidaridad sanguínea, más o menos directa, de lo propio frente a lo extraño, que ayudaba a todos sus miembros, que veían reducida su libertad al estar vinculados a normas y obligaciones de que no podían desligarse. Era un contrato social no escrito, constitución impresa en la mente humana. Se buscaba la protección, incluso económica, con dependencia de estructuras sociales que la ofrecían de modo natural, «continuista», con formas muy diferentes, que se simbolizan en el feudalismo y la monarquía, que en parte evitaba los abusos del feudalismo.

Paulatinamente fueron surgiendo estructuras locales, aldeas, municipios, pequeñas ciudades en muchos casos con patrimonio propio, que ofrecían también solidaridad, por supuesto con circunstancias que la alteraban, lo que siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá.

La revolución industrial modificó en Inglaterra esta situación al romper el equilibrio socio-estructural, que existía, aunque es posible que también hubiese ocurrido en otras circunstancias. Fue la primera gran ruptura social occidental no religiosa; supongo que en otras áreas geográficas habrá algunas no bien conocidas por nosotros; ésta surgió a consecuencia del «progreso», como habría de ocurrir en otros casos hasta nuestros días.

Con esta revolución industrial los trabajadores abandonaban sus fórmulas de protección, verdaderos «cocoon», como ahora se denominan, generalmente rurales, con incomodidad y deficiencias, y se lanzaron al trabajo industrial, en que pensaban mejorarían y tendrían más libertad, pero sujetos a riesgos y abusos, y donde se encontraban «sin red», sin protección. Esto llevó a la creación de vínculos asociativos, no tanto en lo económico como frente a intentos de opresión, de lo que llegó a ser modalidad moderna de esclavitud pues algunos patronos consideraban a los trabajadores materia prima obsolescente y desechable, como también consideraba Angloamérica a los esclavos en las «plantaciones».

Desde entonces, por conducto en general asociativo o de la Iglesia, que con su patrimonio protegía a los pobres, se crearon formas de protección, que hoy se consideran insuficientes pero con efectividad en su época. Frente a ello los gobiernos españoles iniciaron las desamortizaciones, que fueron «requisas» políticas, que no sólo afectaban a la Iglesia sino igualmente a instituciones colectivas al servicio de ciudadanos. El Ministro Mendizábal destruyó gran parte de esto en España, con el propósito no oculto de crear una nueva estructura económica corrompida para enfrentarse a las instituciones de la Iglesia y a otras que también servían para proteger a los necesitados. Esta fue la segunda ruptura social del siglo XIX, para ventaja de políticos nuevos, intelectuales y «capitalistas». En España el pueblo la combatió en las guerras civiles, quizás razón de que Carlos Marx se refirió con simpatía a los carlistas a pesar de otras diferencias. La protección quedó únicamente vinculada a lazos familiares rurales, e incluso urbanos, pero se redujo a medida que la vida rural disminuía, pues la familia urbana tenía menos solidaridad, y en las ciudades se exigían más derechos individuales.

En esta situación se llegó al fin del siglo XIX, cuando se admitían como normales las más aberrantes situaciones de desprotección social. Para protegerse se crearon fórmulas inorgánicas, principalmente de Seguro de Vida, privado o de carácter asociativo, así como Mutualidades y Montepíos para ofrecer a los ciudadanos alguna estabilidad económica.

Con esto fue creándose una «sociedad individualizada» frente a la «sociedad familiarizada», que antes dominaba, y se sintió la necesidad de creación de sistemas públicos de pensiones para afrontar la vejez.

A medida que evolucionaba la sociedad florecían instituciones colectivas voluntarias que acumulaban ahorro para ponerlo a disposición de los necesitados e incapacitados. Surgió además en la Administración Pública la protección especial a personas relevantes, a quienes se daban pensiones como antes dádivas los Reyes, «premios» que acabaron transformándose en un sistema oficial de pensiones para los que alcanzaban la calidad de funcionarios públicos, con la institución de las «clases pasivas», vinculadas con acierto a la Deuda Pública, que administraban las pensiones de los funcionarios.

En esas circunstancias apareció el Seguro asociativo o mercantil para acumular ahorro con sacrificio, a fin de cubrir el riesgo de muerte y consolidar la supervivencia con acumulación de ahorro para la edad avanzada. Los funcionarios para completar sus pensiones crearon diversas clases de asociaciones o montepíos, vinculados especialmente a sus diferentes actividades. Fue paso limitado, pero un avance. En España la primera prestación pública no contributiva fue creada al comienzo del siglo XX por el Instituto Nacional de Previsión, promovido por el Instituto de Reformas Sociales, continuador de la Comisión de Reformas para la mejora de la clase obrera, promovida en gran parte por un núcleo distinguido de aragoneses, bastantes carlistas con los que mi padre había estado en relación precisamente en estos temas. Salvador Minguijon y Severino Aznar fueron sus principales protagonistas. En 1919 se creó el retiro obrero (o régimen de la perra gorda) cuyos fondos después pasaron al «seguro de vejez e invalidez» (SOVI) creado en 1939. Las mutualidades laborales se crearon inicialmente por Ley de 1941 y Reglamento de 1943.

El salto decisivo en España en las pensiones surgió en momentos muy difíciles, tras una sangrienta Guerra Civil y una mucho más sangrienta Guerra Mundial, al crearse esas «mutualidades laborales», a las que patronos y trabajadores, agrupados por diferentes actividades aportaban regularmente parte de sus ingresos que se capitalizaban y permitían ofrecer pensiones de jubilación. Es un hecho que recuerdo con precisión y que no ha sido suficientemente reconocido; ni una línea ha dedicado un solo diario destacado, por sectarismo o por cobardía, en el momento del fallecimiento de su creador; fue teóricamente obra «franquista», pero en realidad una decisión, una intuición del entonces Ministro de Trabajo, un joven «echado para alante», José Antonio Girón. Este olvido es grave injusticia, comparada por ejemplo con los premios y homenajes, y nada menos que concesión de nacionalidad a los brigadistas internacionales que habían venido a España, organizados en gran parte por la Unión Soviética, para conseguir que nos convirtiésemos en territorio gobernado por el sanguinario dictador Stalin. Debo añadir que en toda mi limitada vida política siempre estuve frente a las posiciones de Girón y sus amigos; por eso ahora, con el transcurso del tiempo, tengo más autoridad para exigir una versión realmente histórica.

Tuve en este comienzo alguna muy limitada participación, pues como las mutualidades estaban estructuradas por profesiones y en algunos casos por territorios, se producía el traspaso de trabajadores de unas a otras, y fue necesario una «comisión de coordinación» para estudiar y resolver estas circunstancias. Recuerdo que la presidía mi colega en la Dirección General de Seguros, Alfredo Pérez de Armiñán, que «reclutó» un grupo de amigos. Fue transcendente en mi vida, pues estaban allí Jorge Ocón, que contribuyó de un modo decisivo a hacer posible la salvación de MAPFRE cuando yo me incorporé a ella y Miguel Virgós, que luego desempeñó para mí un papel decisivo como asesor personal, durante una gran crisis que tuvo MAPFRE en 1977, sin él no hubiese podido superarla; recuerdo su muerte repentina, después de un viaje a Madrid únicamente para ayudarme desinteresadamente.

Su modificación sustancial, pasando del sistema de capitalización al de reparto se produjo en 1967, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, de donde surge el origen del Sistema Nacional de Pensiones.

Desde entonces estas pensiones prácticamente no han variado, aunque se han concentrado sus diferentes unidades de gestión integradas en la Tesorería de la Seguridad Social. El problema actual es su subsistencia futura. Los gobernantes socialistas las han considerado como creación propia, aunque sólo han sido continuadores de algo, creado por los que consideraban sus enemigos.

El error de estas «pensiones» en su período inicial es que su patrimonio, que capitalizaba aportaciones, se «gestionó» políticamente, no con objeto de proteger a los trabajadores sino para ayudar a algunas empresas, muchas de ellas, no todas, respetables y necesarias para el país, pero con diferentes objetivos propios. Esto obligó a transformarlas en un sistema de reparto, aceptable cuando el número de trabajadores era muy superior al de pensionistas, situación que ahora obliga a alguna clase de replanteamiento.

Otras pensiones, importantes en la vida económica española han sido las otorgadas por las empresas a sus dirigentes, a fin de darlas un status especial para atraerlos o retenerlos. Son las «pensiones privadas», generalmente de origen mercantil, que en general se canalizan a través de entidades aseguradoras. En bastantes casos las empresas han concedido pensiones directas al conjunto de sus empleados como reconocimiento a su labor o como consecuencia de convenios sindicales, que a veces han sido perjudiciales porque adquirieron excesivas obligaciones para el futuro, no compatibles con la necesidad de un mercado competitivo nacional e internacional y que en algún caso llevó a crisis y desaparición de empresas.

Últimamente han aparecido, y se pueden considerar creación socialista, las pensiones «no contributivas», otorgadas a personas sin ninguna clase de renta ni pensión, a las que no se podía dejar desatendidas, tanto en la ciudad como en el campo, y que tendrá importancia creciente futura. Con este objeto, comunidades e incluso ayuntamientos también han concedido pensiones especiales a sus residentes sin recursos que no he estudiado con detenimiento, pero de que también hay que partir para el futuro.

Aún hay que añadir las prestaciones no dineradas del INSERSO, para humanizar la vejez, con centros de ocio, viajes vacacionales y otros. Merecen estimularse principalmente a nivel local, pues contribuyen a la vida social y humana de los ancianos.

El cuadro siguiente es interesante para ver la dimensión del gasto en España de las pensiones públicas.

5. Cómo afrontar la vejez

Sería grave error pensar que la única protección de la vejez son las «pensiones públicas». Por eso comento otras fórmulas. Las principales son:

Herencia para la propia protección, que prolonga el ahorro en el tiempo y puede ser de varias clases:

- Rural, básicamente agrícola; regulada desde el Derecho Romano y con diversas orientaciones, la gran propiedad, procedente en gran parte de señoríos, concesiones reales y desamortizaciones, y la pequeña propiedad, de contenido a veces excesivamente reducido, pero que ha sido base de la vida económica, aunque no es fácil que lo siga siendo, con perjuicio social y sociológico.

- Urbana inmobiliaria, incluyendo la vivienda, principal patrimonio de muchas familias y con importancia por su revalorización en los últimos años.

- Títulos y valores mobiliarios, de renta variable y fija, directamente o a través de un fondo de inversión

- Propiedad mercantil, familiar o no, con establecimientos o empresas que requieren ocupación directa del interesado y su familia

- Pertenencias del hogar que se acumulan a lo largo de una vida, que pueden tener valor económico transmisible, pero en general con pérdida sustancial cuando esto ocurre.

- Ayuda y cooperación familiar, de diferente forma y naturaleza, que existe, aun sin carácter formal, muy conveniente para la continuidad y equilibrio de la sociedad, y con el inconveniente de que reduce la libertad de los afectados, al hacerlos depender de otras personas aun allegadas. Es importante la necesidad sociológica de favorecer la familia. Si ésta continuase desintegrándose se producirían situaciones muy negativas, pues es base de solidaridad, que a su vez debe ser base de bienestar equitativo; en realidad, no puede haber solidaridad colectiva sin familia solidaria. Los que en defensa de una «libertad» teórica se oponen a las limitaciones inevitables para la subsistencia de la familia perjudican el equilibrio de una nación.

- Trabajo individual o familiar, principal protección, si se administra con austeridad. Produce acumulación de bienes y utiliza fórmulas que permiten afrontar problemas directamente sin depender de terceros.

- Reducción de consumo suntuario, que facilita la acumulación de ahorro, indispensable para el incremento de patrimonio individual y colectivo. El consumo que acompaña al hedonismo y a la publicidad para estimularlo se ha convertido en una realidad social con graves efectos que perjudican el futuro. Además su reducción se considera negativa porque influye, a corto plazo creo yo, a desequilibrio económico.

- Adquisición de vivienda propia, vehículo de ahorro individual a través del compromiso de inversión que le suele acompañar; es uno de los vehículos más característicos de protección del futuro.

- Seguro de Vida, que facilita el ahorro que se denomina forzoso y representa un sacrificio para el futuro, también para muerte prematura.

El ahorro en cualquiera de sus formas es la principal protección en «la lucha por la subsistencia, la permanente y la temporal». Así ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, aunque sus manifestaciones concretas sean diferentes en el año cien de la era cristiana y en su tercer milenio. Se comentan las que ahora han de servir con este objeto y que deben ser estimuladas, ya que no solamente sirven a individuos y familias sino que aumentan la dimensión de la riqueza colectiva, y alimentan tributariamente los recursos públicos necesarios para atender las obligaciones solidarias y en concreto las prestaciones no contributivas de vejez. Los principales instrumentos de este ahorro voluntario son los siguientes:

- Acumulación de ahorro metálico, no invertido ni colocado, el «calcetín en el colchón» y similares, con menos importancia actual pero que a veces representa cifras superiores a las que se supone, en especial en períodos de «inflación reducida» y poca depreciación del metálico. No es posible medirlo con precisión, aunque supongo que se podrían utilizar métodos para acercarse a ello.

- Acumulación de ahorro familiar, en depósitos a plazo de bancos y cajas de ahorro, que permiten una retribución satisfactoria cuando hay estabilidad monetaria; permanentemente recogen el ahorro de los excedentes de los ciudadanos, en algunos casos simplemente son cuentas corrientes, aunque no siempre se pueden distinguir entre las de alta rentabilidad y las colocaciones formales en cuentas de ahorro. En el cuadro siguiente se puede ver la evolución que éste ha tenido.

- Evolución de Fondos de Inversión. Son instrumentos bastante recientes, que tienen una gran importancia para recoger ahorro de los ciudadanos por su aceptable liquidez. Su evolución queda reflejada en el anterior cuadro

- Acumulación de Fondos voluntarios de Pensiones. Es otro vehículo de ahorro semejante al Seguro de Vida. Es de creación reciente. Están controlados por la Dirección General de Seguros. Su evolución ha sido la siguiente:

- Adquisiciones bursátiles, deuda pública, letras del tesoro, pagarés y acciones de empresas.

Con las informaciones anteriores se tiene una idea global de la situación del ahorro no forzoso, que se supone orientado de algún modo a fines relacionados con la vejez o protección familiar, aunque en algunos casos no lo sea. Un cuadro teórico que convendría preparar y mantener sería el siguiente:

6. Seguro de vida

Por la importancia que ha tenido y aún tiene el seguro de vida en la protección de la vejez, creo conveniente comentarlo especialmente, dedicándolo un epígrafe de este capítulo.

Al producirse la desaparición de las fórmulas de protección de la familia, fue necesario que en la nueva sociedad inorgánica apareciesen instituciones mercantiles o asociativas para «protección» de necesidades, como la muerte o la conveniencia de acumulación de un capital para la vejez. Es el antecedente institucional y justificación social del Seguro de Vida.

Su origen está en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, con el antecedente en 1699 de una sociedad para protección de viudas y huérfanos, con características diferentes a las que siguieron. Destaca la «Amicable Society of a Perpetual Assurance Office», en el año 1730, integrada en el siglo XIX en la Norwich Union, que hoy opera activamente en España y que tuvo importancia para el Seguro de Vida. Esto es su «prehistoria» y en ella surgieron además dos clases de entidades, las «tontinas» y las «chatelusianas», pronto desaparecidas, con objetivo principal de proteger la vida, no la muerte.

El primer antecedente de lo actual fue «La sociedad para el Seguro de Vida y Supervivencia», que apoyándose en tablas de mortalidad tuvo ya carácter técnico. Este sistema se inició en Inglaterra, pero sobre todo se desarrolló en Estados Unidos, con grandes mutualidades que crearon a finales del siglo pasado una red de sucursales o filiales en todo el mundo, incluyendo España e Iberoamérica, que fueron los verdaderos creadores del Seguro de Vida que conocemos. Una Ley de Estados Unidos prohibió el Seguro de Vida en el exterior y las Mutualidades que la habían implantado (New York Life, The Equitable Life entre otras), cedieron cartera y operaciones a sus agentes generales en cada país. La New York Life, en Río de Janeiro, lo cedió a su representante general, precisamente un español, Sánchez de Larragoiti, que creó la Sudamérica, que sigue siendo la primera compañía de seguros brasileña, con tradicional presencia en nuestro país. Entre nosotros la Equitable Life lo cedió a Fernando Rosillo y sus tres hijos, que crearon La Equitativa, que últimamente ha perdido su independencia.

En España, desde principios de siglo, fueron protagonistas del Seguro de Vida dos empresas: El Banco Vitalicio, de procedencia italiana (Generali), que hoy ha recuperado su origen y su gran protagonismo en España; y La Equitativa, que he comentado. Parece que cuando se comenzó a aplicar la Ley de Seguro de 1908, el Seguro de Vida español estaba formado por siete sociedades anónimas nacionales (fundadas a finales del siglo XIX y principios del XX) y catorce extranjeras de origen muy anterior, con una recaudación entre todos de veinticuatro millones de pesetas, un treinta y cinco por ciento correspondiente a empresas españolas, con predominio muy amplio de las dos citadas.

La legislación de 1908 y 1912 originó una transformación profunda del Seguro español y del Seguro de Vida. En el siguiente cuadro se refleja su evolución hasta nuestros días, teniendo en cuenta que en los últimos años la estructura de su mercado se ha distorsionado con la entrada de productos financieros que también se ofrecen por instituciones de crédito.

Hasta la Guerra Civil española se desarrolló normalmente este mercado, aun sin la importancia de otros países, en especial los anglosajones y centroeuropeos; era un seguro de grandes pólizas, sin paralelo con el llamado «seguro industrial» de Inglaterra, que tiene cierta semejanza con el «seguro de decesos», con presencia actual destacada en nuestro país.

En los años veinte surgió una controversia entre el Banco Vitalicio y La Equitativa sobre las ofertas de «participación en beneficios», pues no se consideraba auténtica participación, ya que los beneficios a repartir dependían libremente de la voluntad de la compañía sin exigibilidad por los asegurados. Luis Benítez de Lugo, famoso tratadista en el Seguro español fue eje de esa controversia defendiendo la tesis del Banco Vitalicio frente a la de La Equitativa. Esta controversia tiene interés en cuanto en ella está el germen del problema que surgió cuando se produjo un período de inflación.

Así fue funcionando el Seguro de Vida español hasta la guerra de 1936-1939, que cambió nuestra sociedad y nuestra economía e inició una línea de inflación, con lo que los capitales contratados perdieron su valor real, en tanto la propiedad de inmuebles de los asegurados de Vida, que se revalorizaban, había quedado en poder de las compañías. Recuerdo mi discusión, siendo joven inspector del Ministerio de Hacienda, con un famoso actuario, Antonio de las Heras, primer protagonista actuarial en aquel momento. Yo decía que las reservas de Seguro de Vida eran propiedad de los asegurados y él defendía que eran propiedad de las compañías, tema aparentemente jurídico pero en realidad de equidad y de graves consecuencias posteriores, pues en los momentos de inflación fue motivo de expolio para los asegurados.

En 1940 se planteó el problema de las muertes originadas por causas de guerra; había reclamados cuatro millones de pesetas, cifra importante para aquella época, en tanto sólo existían dieciocho millones de reservas, porque todas las previsiones normales de mortalidad habían sido superadas por la realidad de la guerra. Precisamente mi primer libro, que publiqué en 1947, se denominaba Los Riesgos catastróficos de los seguros personales y trataba de este tema. Afortunadamente, se creó el Consorcio de Compensación de Vida y se resolvió satisfactoriamente esta situación, así como también, por otra parte, la de los seguros de ramos materiales.

El problema del Seguro de Vida en la posguerra fue que con la inflación perdían valor los capitales contratados. Esto llevó a una real pero no teórica desaparición del Seguro de Vida. Y quedó este seguro sólo con dos clases de actuaciones:

- Presión de bancos a clientes a que daban préstamos para que contrataran un Seguro de Vida, en general con comisión para un agente, a veces el director de la sucursal bancaria, sin apenas continuidad posterior.

- Utilización de personas para contratar seguros con amigos y familia, y de las que se prescindía cuando se acababa esa fuente «semicoactiva». Por eso se denominaba «sistema del limón», que «se exprimía y se tiraba».

Pedí en 1957 en la Mutualidad MAPFRE, a que me había incorporado en 1955, autorización para operar en seguro de Vida, pero cuando comencé a observar el «mercado» llegué a decir a alguno de mis colaboradores que si para trabajar el Seguro de Vida había que hacerlo en esas condiciones era preferible renunciar. Pero tuve la convicción de que en España se necesitaba el Seguro de Vida y ésa fue la razón de la creación de MAPFRE VIDA, en el año 1970. Me concedo la satisfacción de la iniciativa, no de la ejecución, que fue desarrollada por dos personas que han sido renovadores o refundadores de este seguro, Juan Fernández Layos y Sebastián Homet, sin intervención mía, pero sí con la ayuda de Nahum Martínez Lobato, gran «comercialista», serio y responsable. Recuerdo como anécdota que el capital desembolsado inicialmente en MAPFRE VIDA fue de doce millones quinientas mil pesetas (el 50% de los veinticinco millones suscritos que se exigían) y se gastó en su totalidad en una campaña de televisión, la primera hecha en el seguro español.

MAPFRE ofrecía la característica de sus nuevas «pólizas con participación en beneficios exigibles contablemente», que se calculaba sobre el beneficio financiero, no sobre un siempre discutible beneficio empresarial o la voluntad libre de la entidad. Esta razón, unida a la reducción de las comisiones que se pagaban a los agentes y otros factores operativos que no vienen al caso, la hizo ser desde el primer momento líder en esta actividad que en su sector clásico conserva hoy. También destaco que en Estados Unidos los operadores del Seguro de Vida se tenían que separar del resto de los ramos, pero esto no se exigía en España y fue MAPFRE VIDA la primera que utilizó la separación completa del Seguro de Vida respecto a los seguros generales, otra de las razones de su éxito. Desde entonces se fueron abriendo camino en el mercado fórmulas inspiradas en la de MAPFRE, a lo que se incorporaron muy lentamente las compañías principales que tenían contratadas pólizas antiguas por miedo a repercusiones en su cartera.

El Seguro de Vida ha sido inicialmente «seguro de riesgo», previsión de mortalidad, pero pronto se extendió a proteger un patrimonio o una renta, con fórmula de ahorro forzoso para crear un capital, con anticipo en caso de muerte. La introducción de las Mutualidades Laborales y sus pensiones cambió esta situación porque ofrecía a la mayor parte de los ciudadanos una pensión satisfactoria, aunque los muy pobres, a quienes no llegaba, carecían de posibilidad de acceder al Seguro de Vida y los muy ricos no tenían necesidad de él, salvo por motivos fiscales. Como anécdota, puedo decir que alguna aseguradora de Vida hizo campaña porque las «mutualidades laborales competían deslealmente con las aseguradoras al reducir su mercado». Vergüenza pero realidad.

En los últimos años las empresas industriales y comerciales ofrecen fórmulas de pensiones a ejecutivos de alta remuneración para los que no bastaban las oficiales con límites no muy altos. Al mismo tiempo se ha visto «invadido» el área del Seguro de Vida por los «activos financieros», con fórmulas de ahorro, contractual o forzoso, pero sin cobertura de riesgo. Esto ha hecho competir a bancos y cajas de ahorro con las aseguradoras de Vida, no sólo con productos sino adquiriendo o creando aseguradoras de Vida en un mercado no fácilmente diferenciado, salvo por el tratamiento fiscal de unos y otros, que debería favorecer a los que ofrezcan productos mejores para los clientes.

Esta entrada de bancos y cajas de ahorro no ha sido como la de hace cincuenta años, que eliminaba la libre decisión del cliente; ahora hay competencia muy efectiva, en especial con el área de pensiones, aunque los aseguradores de vida tienen necesidad de reducir sus costes para competir con los productos financieros. Si lo consiguen el Seguro de Vida será factor importante en el siglo XXI porque «sabe cómo vender» y forzará a ahorrar para el futuro, y esto es de interés no sólo para los propios asegurados sino para la economía general. Será el problema y la oportunidad de estas entidades, en que me detengo porque en cierto modo son «hijas mías» y me gustaría tuviesen protagonismo creciente en el área de Pensiones, compitiendo con entidades crediticias o con fondos públicos y abriendo una línea de acción agresiva en beneficio general, en especial cuando por ser más limitado el impacto de las pensiones oficiales se haga preciso acudir a fórmulas privadas para financiar la vejez y la continuidad de la estructura familiar.

Ofrezco un cuadro con datos de la evolución del seguro de vida en los últimos diez años, así como de la totalidad del seguro:

7. Sistema español de pensiones

Es conveniente un panorama o visión general resumida de las pensiones que hoy existen para afrontar la vejez, que a continuación se describen.

1. Pensiones de funcionarios públicos, son las más antiguas. El gobierno las concede a funcionarios o empleados públicos, con diferencia básica respecto a las de carácter laboral, aunque algunos trabajadores públicos, se incluyen en ese régimen.

Estas pensiones se presupuestan con cargo directo a los recursos del Estado, o de estructuras públicas territoriales, sin fuente directa de financiación, como ocurre con las laborales. No son homogéneas; existen diferencias entre las pensiones de empleados civiles, de Fuerzas Armadas, de enseñanza y de otras áreas públicas, y además existen pensiones por condecoraciones y actuaciones de diversas clases. Aun sin la integración que yo creo conveniente, se requerirá una reforma para algunas situaciones especiales a que más adelante me referiré.

Estas pensiones en los últimos diez años han tenido la siguiente evolución general, aunque no se conocen, o no conozco yo, su distribución, por comunidades autónomas, y menos aún las de funcionarios no transferidos que en ellas prestan sus servicios.

2. Pensiones públicas especiales. En la Administración Pública puede ocurrir como en las empresas, distinguir a los que más contribuyen a la gestión nacional, que conviene estimular con concesiones especiales, también coordinadas con obligaciones de esta clase. Son numerosas las pensiones públicas especiales, como las de ex-gobernantes y parlamentarios, o las que proceden de actuaciones concretas, riesgo, heroísmo y antigüedad, como en las Fuerzas Armadas o de Seguridad, o los de víctimas del terrorismo. Estas concesiones podrán ser utilizadas con equidad o sin equidad, pero son prerrogativa de la necesidad en una nación de retribuir especialmente a ciertas personas que a ella se dedican permanentemente. No tengo datos especiales de ellas, pero supongo se integrarán en las pensiones generales de funcionarios; sería útil obtenerlos.

En las empresas mercantiles actuales se dan «condiciones especiales» a los altos directivos, para retenerlos, para completar su remuneración y evitar que abandonen su trabajo. Se han convertido en instrumento de gestión empresarial, al reconocer que no todas las personas contribuyen del mismo modo a su resultado y a su futuro.

3. Pensiones laborales. Se financian con recursos obtenidos por recargos sobre sueldos y salarios. Se introdujeron en España, principalmente, con la creación de las Mutualidades Laborales, que han sido punto de partida del sistema actual. Posteriormente fueron integradas, dejando de tener la condición de Entidades Gestoras de la Seguridad Social y perdiendo su personalidad jurídica, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, creado por el Real Decreto-Ley 36/1978 de 16-11-1978, para la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social. En la Tesorería General de la Seguridad Social se unifican todos los recursos financieros y los servicios de recaudación de derechos y pago de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social.

Son de retiro o jubilación, con prestaciones proporcionales hasta un tope a los ingresos de los trabajadores. Incluyen pensiones de muerte y supervivencia y de invalidez a causa de enfermedad común, accidente no laboral o laboral o enfermedad profesional, en los grados de incapacidad parcial, total, absoluta o gran invalidez y subsidios por incapacidad temporal o maternidad que gestionan, por delegación, las mismas empresas.

Las pensiones de invalidez y de muerte y supervivencia originadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional se capitalizan en el INSS y -en su inmensa mayoría- en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (antes denominadas Mutuas Patronales) en que esté encuadrada la empresa, que depositan en la Seguridad Social un capital para crear la renta que corresponda a una persona. Tienen este carácter desde la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1967, que «nacionalizó» el seguro de Accidentes de Trabajo, con excepción de las Mutuas. Ahora este método contribuye a financiar el sistema oficial de pensiones, aspecto a tener en cuenta en una reforma.

Las pensiones de invalidez han originado abusos y se han utilizado para «financiar» reducciones de plantilla o afrontar problemas de reestructuración laboral. Esto ha mejorado en los últimos años, pero debe ser regulado en el futuro para que se dediquen únicamente para compensar las limitaciones o imposibilidad de trabajar.

Las pensiones laborales españolas no son solamente de vejez sino de supervivencia, o sea, viudedad y orfandad. Su evolución se refleja en el siguiente cuadro.

Se observa la importante desproporción de las pensiones de invalidez, que no siempre son reales, pues en parte se han utilizado para fines diferentes, en general de ayuda en jubilación.

Convendrían cuadros paralelos por comunidades autónomas, para una visión global de que partir para el futuro, pero en este momento no son públicos esos datos o no existen.

4. Prestaciones de familia. No son pensiones pero se incluyen en el sistema. Están relacionadas con situaciones familiares como matrimonio, nacimiento de hijos, número de hijos en cada familia y orfandad. Esto último deberá reforzarse, separando las «ayudas familiares» de lo que son realmente pensiones. Una gran parte de esa ayuda en el futuro puede hacerse con reducciones del Impuesto sobre la Renta. Es una gran reforma necesaria en España, que está en el último lugar europeo, consecuencia de la estrategia o la irreflexión frívola de la izquierda española en el poder.

5. Pensiones no contributivas, creadas en la Ley de 1990, para compensar situaciones de falta de recursos en personas que no habían contribuido con aportaciones laborales. Estas prestaciones también se han creado en algunos municipios, cuyos datos no he podido recoger.

Tienen un carácter reducido dentro de la economía nacional, pero son las que más se incrementarán, en especial si son base del sistema futuro público de pensiones como yo propongo.

6. Pensiones no públicas especiales en empresas, son complementarias a directivos de empresas por razones internas, para incorporar o retener cuadros directivos, o en algunos casos con carácter general a todos o algún sector de empleados, por acuerdo sindical o similar. Sus cifras globales parecen imposibles de obtener, se exigiría una acción de la CEOE y aun con ello no es fácil que los datos fuesen útiles.

Las pensiones constituyen un tema vivo y actual por razones políticas y estructurales, con peculiaridades que lo alejan de lo técnico. Se han convertido en un arma para acceder y retener el poder de un gobierno en cuanto afecta a parte importante y creciente de la población: los viejos, muy sensibles a cualquier modificación de sus ingresos económicos. Son objeto de especial controversia, con un protagonismo que excede de su naturaleza de derechos y deberes personales y se convierte en arma arrojadiza de políticos contra sus adversarios. Con esto se ha creado un «síndrome del pensionista», fácil de asustar y por lo tanto de engañar, aunque en realidad su interés esté coordinado con otros objetivos de la nación, que pueden conducir a un futuro correcto.

En mis comentarios prescindo de detalles, ni estoy en condiciones de hacerlo ni son importantes en este momento. Me limito, es bastante si acierto y también si me equivoco, a exponer orientaciones básicas en un tema que se trata sin casi conocer su realidad.

La politización de las pensiones ofrece el peligro de que se olvide su justificación y su necesidad para los ciudadanos. Es admisible que se proteja a los pensionistas, pero esto se consigue mejor a veces con pérdida inicial, estrategia eficaz de futuro. Los padres no perjudican a los hijos cuando les limitan algunos de sus deseos; los defienden y preparan para el resto de su vida.

En la historia y en la actualidad hay «pensiones especiales», a que ya me he referido, diferentes a las «generales», tanto públicas como estrictamente contractuales. Son las que se conceden por gobiernos, empresas o personas, como «donación», justificada o no. Los reyes concedían propiedades, señoríos, etc., o cantidades con carácter periódico regular (pensiones) a algunos de sus súbditos por diferentes razones.

En algunos casos se relacionan las pensiones de vejez y en especial de invalidez, y prestaciones de desempleo; considerando de vejez las de los de más de sesenta y cinco años, con algunas excepciones. El conjunto solidario antipobreza se relaciona entre sí, no siempre con límites concretos. Las pensiones anticipadas de jubilación sirven en algunos casos para suavizar situaciones de pérdida de empleo; en realidad todas las prestaciones públicas se financian con unos mismos recursos: «los excedentes de ingresos sobre los gastos públicos», aunque a veces por conducto de un recargo laboral.

8. Pensiones en el futuro

Un coste público tan importante como las pensiones no puede mantenerse con normas creadas para situaciones que han variado. Son protagonistas de la vida social, y esto además en una sociedad que cambia dramáticamente, que apenas puede reconocer la configuración de cuando se establecieron las normas actuales. La transformación rápida es una consecuencia de las modificaciones tecnológicas y sociales del siglo XX y no hay motivo para pensar que se detengan en el próximo, en que probablemente se acelerará este proceso.

Aunque haya distintos puntos de vista parece unánime la aceptación de que es necesaria una reforma, tanto de las pensiones como del conjunto de la «seguridad social», separando asistencia sanitaria, pensiones y prestaciones de desempleo. Es preciso la modificación de todo el sistema interrelacionado entre sí, paso delicado que exige meditación, pero sin conformidad con el «anquilosamiento inmovilista», con miedo al cambio o por razones doctrinarias, que perjudican al futuro para no afrontar el presente, cuando lo conveniente es lo contrario.

Algunos aspectos aconsejables para estudiar el futuro del sistema de pensiones son, en mi opinión, los siguientes:

- Abandonar la utopía del «estado de bienestar garantizado», que se ha alentado muchos años como objetivo que algunos países han llegado a conseguir. Lo propagan los populistas de izquierda o derecha, pero en la historia los ciudadanos siempre han aceptado que tenían riesgos. Esta utopía, al no ser alcanzable, lleva a la desesperación, cuando vivir libremente es vivir con riesgo que los gobiernos tienen obligación de suavizar en lo posible, pero nunca podrán eliminar absolutamente.

- Olvidar el principio de mantener el poder adquisitivo, que se justifica en un período de deterioro rápido monetario, pero en otros casos va en contra de la realidad social. Se ha convertido en un slogan, objetivo prioritario que siempre repiten las fuerzas sindicales para su propia estrategia, contraria a la general de los ciudadanos en un tiempo de universalización.

- Estimular el ahorro, o sea, el trabajo productivo con sacrificio y riesgo, evitando el efecto negativo de olvidar la necesidad de participación activa de los ciudadanos en la economía de la vida pública.

- Reconocer el impacto de la globalización, que hace competir a unas naciones con otras y a unas empresas con otras aunque estén en diferentes encuadramientos geográficos. Es el fenómeno más transcendente del próximo siglo; aunque lento es inevitable e implacable. En el siglo XXI han de aparecer fricciones e incidencias, tensiones y alteraciones que afectan a la empresa, a los derechos individuales de las personas y a intercambios entre personas de diferentes países, y todo ello afectará a las pensiones.

- Coordinar el coste e importe conjunto de las prestaciones con el volumen de recursos públicos. Debe existir relación «coste y producto» que sea posible y se reconozca fácilmente, sin estar sujeto a interpretaciones interesadas, o defensa de privilegios. Con información precisa presupuestaria y de gastos no es fácil imaginación creativa para ocultar la realidad, lo que ocurre si no están claras las cifras y resulta fácil interpretarlas para justificar cualquier decisión. Únicamente hay que evitar que el gasto público se desvíe por despilfarro y corrupción.

- Transferir los servicios de pensiones públicas y privadas al área autonómica, para mayor contacto con ciudadanos, con información permanente de su evolución y posible futuro que pueda analizarse por ellos. Es un objetivo fundamental y que exige la transferencia de financiación pública estatal a financiación autonómica, por supuesto no sólo de gastos sino de ingresos.

- Integrar en un mismo sistema general los de «pensiones de funcionarios públicos» y «pensiones laborales», cuya separación constituye un agravio a unos o a otros. Será complicada, pero resulta indispensable para lograr una solución completa de este problema. Afecta a las «pensiones normales», pues las situaciones especiales públicas, lo mismo que las de directivos empresariales, tienen carácter no igualitario, como instrumento de gestión pública o empresarial.

- Crear una «pensión mínima básica no contributiva» que se financie con cargo presupuestario, a que se tenga derecho con independencia de la actividad laboral. También será decisión compleja por diversos aspectos, pero es única fórmula para una acción equitativa coordinada y será la «clave» de cualquier reforma.

- Aceptar que una parte de las pensiones de jubilación se relacionen con los ingresos de los trabajadores, como complemento de la pensión básica mencionada, lo que permite el enlace con el sistema actual y con los derechos adquiridos por este concepto.

- Reestructurar tanto en el área pública como en la privada las pensiones de carácter especial para determinadas situaciones de los servidores públicos de que depende el equilibrio de la gestión pública, y para los directivos en las empresas privadas. La situación actual lleva, por falta de regulación homogénea, a que algún subalterno del Banco de España haya llegado a tener una pensión equivalente a la de un embajador con carrera brillante siempre en diversos países y con dificultades para aprovechar la estabilidad de residencia.

- Aclarar la naturaleza de las «contribuciones» de trabajadores y de empresas, términos utilizados en la época de creación del seguro oficial de enfermedad y de las pensiones laborales. La realidad señala que no existen aportaciones de empresas ni de trabajadores sino que son un «impuesto sobre la actividad laboral remunerada», siendo indiferente teóricamente qué parte corresponde a unos y a otros.

- Reducir los recargos salariales, pues en otro caso sería necesario proteger determinadas actividades de modo equivalente a lo que se hizo con los diferentes cambios de la peseta hace cincuenta años. El sistema actual «recarga excesivamente el coste de trabajo o descarga excesivamente los gastos generales del Estado», lo que se agrava con las Comunidades Autónomas.

- Reestructurar el conjunto de la Seguridad Social, que acumula diferentes servicios, con justificación en su momento, pero que hay que simplificar, y coordinar para conocer con precisión el coste de cada área concreta, a fin de determinar las repercusiones de las medidas que se adopten.

- Simplificar, reducir o eliminar regímenes especiales y sus estructuras económicas en la organización futura. Parece no tiene sentido, o no lo tendrá próximamente, continuar con alguno de los llamados «regímenes especiales» que en casi todos los casos se han aproximado al general. ¿Qué interés tiene ya el Instituto Social de la Marina, o el Sistema Agrario?

- Alterar el peso de distintas clases de pensiones y prestaciones. Hay que incrementar las de familia al mismo nivel que otros países, aunque esto también pueda hacerse fiscalmente, y deberían variar las prestaciones de viudedad. Esto por una parte sería adaptación a las modificaciones sociales y por otra, cambio en la política de protección familiar.

- Utilizar plenamente la nueva informática de gestión y comunicaciones, en especial internet, que permite simplificar su administración y ofrecer información automática y permanente de su evolución, que está a disposición homogénea e inmediata de autoridades y ciudadanos.

- Utilizar con informática coordinada la logística de redes de servicios financieros existentes, a fin de reducir costes y sobre todo burocracia.

- Intensificar la transparencia normalizada para toda la gestión de pensiones; constituye el mayor freno a desviaciones y permite «comparaciones» entre unidades diferentes, geográfica o sectorialmente. La transparencia por sí sola evita abusos y despilfarro.

- Reducir el importe de las «comisiones» en los servicios de ahorro utilizados para la protección en la vejez y reducir sus costes de gestión, con exigencia de mayor transparencia en actuaciones e informaciones para conseguir su optimización para los ciudadanos e intereses públicos.

- Estudiar fiscalmente los sistemas de ahorro a través del seguro de vida y de otras modalidades, para estimularlas en interés individual y colectivo, ofreciendo ventajas comparativas a las que reduzcan su coste de gestión.

Estas orientaciones pueden ser discutidas y en algunos aspectos son muy discutibles, pero tienen sentido lógico y no es fácil que se llegue a una solución equitativa con diferencias sustanciales sobre lo expresado, se prescinde del sectarismo y tiene en cuenta la evolución real de la sociedad. En todo caso, convendría conocer con precisión la situación actual reflejada en el cuadro siguiente, con la dificultad de imputar los costes de funcionarios y trabajadores a las comunidades autónomas.

Al cuadro anterior se debería añadir los costes de gestión en comunidades autónomas, por lo menos en algún caso.

No he podido conseguir los datos de funcionarios públicos por comunidades autónomas, pero hacerlo debería ser un objetivo principal, pues sólo así se podrá establecer el coste real de pensiones en cada Comunidad Autónoma. Convendría conocer, al menos teóricamente, sus costes totales de pensiones, pues sólo así se conoce la realidad comunitaria. Se advierten profundas diferencias que convendría estudiar de modo más completo, lo que sólo parece pueden hacer las instituciones que preparan estudios de esta clase, como Fundación de las Cajas de Ahorro, servicio de Estudios del BBV e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

9. Hipótesis de reforma

Las orientaciones a que me he referido en el epígrafe anterior son teóricas, relacionadas con los problemas del futuro, pero no sirven para preparar un plan específico de reforma como el que, en mi opinión, hace falta en España. No creo fácil que lo hagan los políticos, que sólo se preocuparán de cómo ha de repercutir en sus votantes cualquier modificación que propongan, por lo que será difícil que lleven a cabo ninguna acción efectiva de futuro, limitándose a adaptaciones parciales en la situación actual, tratando de cubrirse unos con otros para adoptar decisiones que no repercutan en los sufragios. Ninguno se atreve a posiciones de fondo y sólo adoptan medidas que reduzcan el coste real de los derechos actuales de pensiones, con diversos sistemas, «políticamente correctos», probablemente admisibles pero que no sirven para la España del siglo XXI. Muy recientemente se ha aprobado una disposición con la cual, de modo paulatino, se contribuye a reducir esta carga; esto no puede considerarse reforma sino simple mejora que no se quiere afrontar directamente.

Como nadie se atreve a enfrentarse con la situación de fondo, yo me atrevo a sugerir una «hipótesis de reforma», que ahora reseño, que con gran probabilidad se considerará «políticamente incorrecta» e imposible de adoptar por las dificultades que ofrece, como todo aquello de verdad útil a largo plazo para cualquier situación. Solamente ha tratado este tema el «libro Blanco», de Rafael Termes, que no difiere excesivamente de mi punto de vista.

En Estados Unidos el sistema de pensiones es amplio e importante y convendría conocer su peso específico referido al PIB; con esto se plantea un problema que en España tiene poca importancia, de «si es preferible para los intereses generales el sistema de capitalización que acumula grandes reservas o el sistema de reparto, con coste inferior inicial pero menos seguridad y estabilidad». Creo preferible para nosotros un sistema de capitalización que daría fuerza a las instituciones de pensiones, si se administran con permanente control, pues el interés de los usuarios en la calidad de la gestión forma parte del interés nacional.

Con las «orientaciones» del epígrafe anterior surgen por sí solas líneas de futuro, pero he querido exponer la que yo utilizaría si tuviese la obligación de proponer para España un nuevo sistema de pensiones. Con mis ideas y reflexiones será en todo caso necesario estudiar todas sus facetas, problemas y dificultades, para llegar a una propuesta completa, lo que requiere conocimiento preciso de situaciones, de que lógicamente carezco. Con ese motivo, he querido también incorporar al final de este capítulo información del sistema chileno, único que con un propósito semejante funciona con éxito en todo el mundo.

Las propuestas concretas, que creo útiles, serían:

- Unificar el régimen de las pensiones generales de funcionarios y las de carácter laboral en lo que proceda y sea posible.

- Transferir las pensiones a las comunidades autónomas, con la excepción de las que correspondan a los servicios centrales de Madrid.

- Establecer una pensión básica no contributiva a cargo de los presupuestos públicos territoriales, que debe ser la base del sistema. Esta pensión sustituye prestaciones especiales a nivel local, pero puede permitir que imputen su importe a gastos municipales para que éstos participen en la financiación, tema delicado cuya fórmula definitiva puede ser compleja.

- Evitar los traumas del cambio de la situación actual, considerando que las personas con derecho a pensión laboral o de funcionario mantengan la posibilidad de continuarlas en la proporción que se decida como complemento de las «no contributivas». Así se mantendrá relación con la situación previa.

- Establecer que se mantenga el derecho a completar la suma de la pensión «no contributiva» y la anterior proporcional si ésta fuese inferior al «derecho» adquirido, lo que será realizable con la actual informática.

- Exigir ahorro forzoso acumulado en «fondos» especiales, aproximadamente de un diez por ciento de los ingresos de una persona en nómina laboral o pública, a cuyo importe cada trabajador tenga derecho en su jubilación, como complemento de su pensión no contributiva.

- Aceptar tres clases de situaciones administrativas regulares:

• Trabajadores de nueva incorporación, que forzosamente se integrarán en el sistema de «ahorro forzoso acumulado», con aportación del porcentaje que se establezca de sus ingresos laborales, con independencia del derecho a pensiones básicas no contributivas.

• Trabajadores con menos de 45 años (o la edad que se determine), con posibilidad de elegir entre el sistema de «ahorro acumulado» y pensiones no contributivas o continuar con sus derechos actuales.

• Trabajadores de más de 50 años, que continúen forzosamente en el sistema actual manteniendo sus derechos adquiridos.

- Utilizar programas informáticos adecuados para la gestión contable de todas las pensiones de naturaleza pública que se satisfarán por conducto de establecimientos financieros regulares.

- Como resumen coordinado con lo anterior puede decirse que deberían existir, además de lo regular oficial y con carácter especial:

• Pensiones públicas complementarias de las «no contributivas», asignadas a algunas clases de funcionarios de la Administración Pública, como son las fuerzas armadas, fuerzas de orden público, docentes y funcionarios que hayan adquirido esta condición en oposiciones determinadas, homologables y muy restringidas. De este modo, en el servicio público se distinguiría entre «funcionarios especiales con dificultad de entrada, responsabilidad o riesgo» y «empleados públicos semejantes a los que trabajan en actuaciones privadas». Las pensiones complementarias serían diferentes en cada clase de cuerpo o situación de los funcionarios afectados, lo que requerirá un estatuto especial que también incluya las condiciones de «tenure», como ya ocurre hoy en alguno de los casos. El coste de estas pensiones recaerá directamente en los presupuestos públicos de cada área y sector, separando el coste de las pensiones no contributivas y el de sus «pensiones especiales».

• Pensiones o compensaciones especiales de las empresas, que las ofrezcan libremente a sus directivos o a otros trabajadores, con objeto de retenerlos, captarlos, etc., en razón de la calidad de su trabajo. Estaría en general a cargo exclusivo de las empresas en lo que exceda de las pensiones no contributivas.

Esta «pura hipótesis» para su ejecución requeriría conocimiento preciso de situaciones y derechos para delimitar su conjunto, pero ofrece un panorama orgánico de interés para cualquier decisión futura.

Como comentarios a la «hipótesis», añado lo siguiente:

- No representaría pérdida de derechos actuales, puesto que las personas afectadas podrían elegir mantenerse en la misma situación, lo que es importante cuando se pretende impugnar esta acción de gobierno.

- El estado actual de la informatización permite asegurar que cualquiera de las fórmulas alternativas y simultáneas podrían estar integradas en un plan informático de gestión de pensiones públicas, sin más dificultad que la entrada masiva individual de datos de decenas de millones de registros, que implica tiempo y coste, pero no dificultades insalvables.

- Este sistema, que necesita simultáneamente alternativas al mantener el sistema de reparto anterior con el nuevo de capitalización, implicará un aumento de coste público durante un período de años, pero para evitar su repercusión presupuestaria se podría financiar con una «deuda social» que lo desplazase presupuestariamente al futuro, hasta regularizarlo, como si se financia una innovación hasta que se consigan sus ventajas.

- La decisión en sus cuantías y límites requiere un conocimiento preciso de la realidad y de ello depende el éxito o el fracaso.

- La propia experiencia española, así como la de Chile, con sistema de esta clase, facilitará la implantación, evitará errores y reducirá costes futuros.

- Será decisivo para su éxito la calidad de los «gestores» del ahorro que se acumule; para ello, los existentes «fondos de inversión» y de «pensiones» serán un antecedente útil, al estar ya acostumbrados a la transparencia necesaria para que los ciudadanos puedan elegir.

- Será decisivo determinar el importe de la «pensión básica no contributiva», que se mantendrá como parte integral de todas las pensiones a nivel estatal y territorial.

- Los costes públicos de estas pensiones (no los que se integran al ahorro forzoso) deben recaer en los presupuestos de cada comunidad, que a estos efectos deberá contar con ingresos suficientes.

- La dificultad no será de implantación sino de decisión política; en mi opinión los gobiernos tienen información y capacidad para establecer fórmulas de esta clase y están obligados a implantar lo que más interesa al conjunto de los ciudadanos.

- Cualquier sistema que se adopte, como ocurre con el sistema actual, tendrá ventajas e inconvenientes y puede evolucionar de modo negativo o positivo; no ofrecerá panacea, pero puede contribuir a hacer la vida pública y la colectiva más estable, más «conteable» y menos «compadreable». Aunque no me parece posible en este momento medir el coste futuro público de las pensiones aplicando este plan, creo indudable que se reducirá sustancialmente, y se debería aspirar a que su repercusión total se redujese del 25% actual sobre el conjunto del gasto público a una cifra no superior al 15%.

10. Gestión y economía

Las características de éste área de solidaridad son distintas a las restantes. Se trata de pensiones concretas y delimitadas, a las que se tiene derecho y que deben ser definibles jurídicamente, con lo que la gestión únicamente requiere una supervisión de actuaciones operativas para evitar abusos o alguna desviación y proponer la más amplia informatización.

Todas las pensiones que se concedan y las vigentes deben estar normalizadas e inscritas en bases de datos. Un sistema orgánico de gestión de pensiones requerirá incorporar e integrar los últimos avances y posibilidades informáticas, de comunicación, y transmisión de imágenes, en realidad ya concebidas y en muchos casos utilizadas y su pago aconseja hacerlo a través de una red cercana a los ciudadanos, que ya existe y no ofrecerá ninguna dificultad.

Su informatización debe coordinarse con la de otras áreas de solidaridad, lo que lleva a una futura pérdida de intimidad, inevitable en el siglo XXI para compensar las grandes ventajas de que disfrutan la mayor parte de los ciudadanos de modo prácticamente gratuito. La única fórmula para ser libre es aislarse y renunciar a la civilización, como algunas personas han hecho con diferentes finalidades y métodos. Los que no deseen este aislamiento, prácticamente el 99% de la población, tienen que someterse a sus exigencias y la más importante es la «pérdida de intimidad», siendo obligación pública adoptar medidas para reducir sus abusos.

El coste de las pensiones, en especial de las básicas, conviene que, en general, salvo excepción justificada, recaiga en las «comunidades autónomas», incluso en algún caso provincias o municipios, como instituciones que se relacionan muy directamente con los propios ciudadanos y cuya «operación» debe estar próxima a ellos. Hay que tener en cuenta que la informática facilita la gestión por áreas geográficas y sobre todo la integración en sus presupuestos. Con la experiencia de la «tesorería de la Seguridad Social» esto podría ser fácil y desaparecerá paulatinamente la gestión de clases pasivas de funcionarios, salvo las de carácter especial antes mencionadas.

La transparencia de esta estructura facilitará a las autoridades y al público el análisis de irregularidades, y evitará abusos y utilización para fines indirectos, politizados y sectarizados.

A pesar de la informática y transparencia, será indispensable una supervisión pública y civil, y conviene existan estructuras independientes que analicen y estudien con medios sofisticados a su alcance (alguna forma de «inteligencia artificial»), y con sistemas de inspección complementaria, la gestión y evolución de las instituciones que ofrezcan servicios de pensiones y su proyección futura. Estas estructuras y sus cúpulas tendrán un carácter puramente analítico de lo que ocurre en cada clase de gestión y área geográfica, pero sin carácter ejecutivo. Deberían ser independientes de partidos, integrando personas de reconocida objetividad, equidad y sentido de justicia, coordinándose con instituciones independientes de sociedad civil y con las de otras áreas de solidaridad, pues es muy conveniente la interrelación entre todas ellas; la transparencia será su principal instrumento de supervisión y de evitación de abusos de gobernantes y usuarios.

No existen bases para determinar la economía futura del sistema de pensiones, ya que el cambio puede ser grande si una parte de su importe se considera ahorro forzoso, con lo que se reduciría el coste público, como se haría posible en mi «hipótesis de reforma».

En esta economía habría que incluir:

- Obligaciones procedentes de derechos adquiridos del pasado.

- Pensiones generales mínimas no contributivas.

- Pensiones regulares para las que los trabajadores hayan hecho «alguna contribución».

- Pensiones especiales de funcionarios públicos superiores a las generales (las pensiones especiales de empresa no se integrarían en el gasto público).

En todo caso, continuando el sistema actual, el coste a cargo público sería:

- Pensiones de funcionarios.

- Pensiones laborales.

- Pensiones no contributivas.

Como se ha dicho al comienzo de este capítulo, el coste de pensiones significa el 25% del gasto público, que se reducirá a medida que opere un sistema de ahorro acumulado forzoso. Si nada se hace es inevitable que el coste público de pensiones se incremente, en una cantidad que no me atrevo a predecir, pero que fácilmente puede alcanzar y exceder el 30% del gasto público.

Los recursos públicos para pensiones procederán de las comunidades autónomas, siendo conveniente determinar su cuantía y sobre todo lo que continuará dependiendo de recargos laborales. Por otra parte, se financiarán directamente en cada área, nacional o comunitaria, las pensiones especiales. ¿Serán en parte comunitarias las de las Fuerzas Armadas, e incluso las de las Fuerzas de Orden Público? ¿Y la Judicatura? Son temas a resolver pero no propios de este libro; corresponderá a los que implanten un nuevo sistema de Pensiones.

11. Información complementaria

- Los Pactos de Toledo, que reflejan la posición oficial y de agentes sociales del Sistema de Pensiones Español.

- Los informes publicados por la Fundación Encuentro sobre la realidad social de España (Madrid 1992-1995). Estos informes afrontan el problema de las pensiones como uno de los más importantes de la sociedad actual, que aumentará considerablemente en los próximos años con el envejecimiento de la población. Aun estando en desacuerdo con algunas conclusiones, son de gran utilidad como visión generalizada de la situación actual.

- El epígrafe correspondiente a pensiones del Libro Blanco sobre el papel del Estado en la Economía Española, dirigido por Rafael Termes, que aboga por un apoyo fiscal a los planes privados de pensiones, estableciendo además escalones que las regularicen. Igualmente propone descargar de su responsabilidad a la Seguridad Social, desviando una parte de las pensiones a sistemas privados y dejando libertad a las personas para elegir el sistema que más les convenga.

- El libro titulado Quince años después una mirada al sistema privado de pensiones (Santiago de Chile, 1995), que recopila varios artículos y estudios en los que se analizan los logros alcanzados en Chile en relación a la reforma del sistema de pensiones, que sirven para reflexionar sobre su aplicación en España. En este ámbito cito la obra Sin Miedo al Futuro ¿Es posible la reforma en España?, de José Piñera, que aboga por una privatización del sistema de pensiones.

- La seguridad social en el umbral del siglo XXI, publicada por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (Madrid 1996), que recoge un estudio económico actuarial sobre el sistema de pensiones, concluyendo con una serie de recomendaciones basadas en el Pacto de Toledo. Contiene un apéndice documental con amplia información estadística.

12. Consideraciones finales

Al terminar este capítulo ofrezco puntos de vista y observaciones que pueden ser útiles a gobernantes y ciudadanos en el próximo siglo.

Aspectos generales.

- La vejez es un hecho ineludible de la vida humana, que al final declina y desaparece. No puede evitarse aunque se retrase; en este siglo ocupa una mayor proporción en razón de la mayor duración promedia de la vida de hombres y mujeres.

- Paradoja actual, quizás con modificación futura, es que se acorta el período oficial del empleo activo, al tiempo que se amplía el período de vejez oficial, que no siempre coincide con el declive individual.

- La vejez se identifica en gran parte con la imposibilidad o gran dificultad de obtener ingresos de trabajo, que hace depender a los «viejos» de algo a veces propio, como una herencia o el propio ahorro, pero en general «ayuda externa», oficial o particular.

- Existe peligro de politizar los temas de pensiones negando al adversario político el propósito de ofrecerlas y aprovechando la sensibilidad de las personas ancianas a cualquier reducción de sus ingresos.

- La sociología de la vejez en sus diferentes áreas y circunstancias será uno de los temas más debatidos en el siglo XXI, probablemente con soluciones distintas en diferentes naciones y culturas, incluso con fuertes presiones para una eugenesia de facto o de iure.

- Las naciones occidentales están obligadas a proteger en el mayor grado posible la pobreza en la vejez. Es una obligación, como la defensa militar u otras semejantes en la historia y en la actualidad, constituye un deber público no discutible, que exige sacrificios y al que hay que subordinar comodidades.

- En todo momento de la humanidad han existido modalidades de protección de la vejez, aunque su menor dimensión relativa las hacía menos importantes.

Situación actual.

- Las pensiones de vejez, del mismo modo que el empleo, han pasado a ser patrimonio básico de los hombres y mujeres occidentales, indispensables para su subsistencia digna y vinculadas a su cualidad de ciudadanos.

- La vejez se protege o por herencia o por propios recursos adquiridos, y en la vida de trabajo, por pensiones oficiales de vejez relacionada con la actividad laboral, por concesiones especiales, individuales o colectivas, y por pensiones públicas que eviten la indigencia.

- Las prestaciones públicas son más necesarias cuando disminuye la protección paralela de la familia, como ocurre con su menor valor relativo actual.

- El cambio social en el siglo XIX, que cabe calificar de brutal, se ha acentuado en el siglo XX y probablemente aún más en el XXI, lo que exige adaptar las protecciones a las nuevas situaciones reales, ya que su carga se agravará por empleo escaso, salvo algún acontecimiento imprevisto.

- Las pensiones públicas de vejez constituyen una prestación básica de solidaridad que forma parte íntegra de la estructura social y que debe ser financiada con cargo a los presupuestos públicos, generales o especiales, nacionales o comunitarios, que tengan este propósito.

- El ahorro es la principal fórmula de protección individual para los ciudadanos y para el conjunto de la sociedad; debe dársele prioridad, por desgracia no es posible para gran parte de los ciudadanos, pero se debe promover para reducir su dependencia de los recursos colectivos.

- La carga de las pensiones a cargo oficial necesita estar en relación a los ingresos públicos para evitar que se convierta en factor de desequilibrio nacional. Por eso su cuantía y coste público debe ser decisión parlamentaria dentro del conjunto del presupuesto nacional o del de Comunidades Autónomas, y relacionada con equidad con el resto de las prestaciones públicas de solidaridad.

Evolución conveniente.

- Deben evitarse en lo posible las prestaciones públicas que conduzcan a reducir el interés por el trabajo y el ahorro; conseguirlo será reto del próximo siglo.

- Las fórmulas de protección deben protegerse contra el despilfarro y caprichos de políticos y gobernantes, que los utilizan para su propia política de poder y no en interés de los ciudadanos.

- El ideal de las pensiones es que procedan de ahorro capitalizado y que se completen con el sacrificio que implica el ahorro directo, que reduce la necesidad de las prestaciones públicas.

- El Estado debe ofrecer fórmulas no contributivas de protección mínima de indigencia, que financie con tributos, con independencia de las que proceden de aportaciones directas o indirectas de los afectados, paralelas de algún modo a sus ingresos.

- Cualquier clase de capitalización de fondos utilizada para las pensiones debe buscar una inversión, en interés estricto de los ahorradores y pensionistas, desligándolos de finalidad política o financiera, como las que se utilizaron inicialmente en las «mutualidades laborales», creadas, con un sistema de capitalización que tuvo que transformarse en un sistema de reparto. Se deben difundir regularmente los resultados de estas inversiones.

- El éxito de la acumulación de fondos para la vejez depende en su mayor parte del acierto en las inversiones, y por eso conviene utilizar sistemas transparentes que eviten abusos y tengan coste reducido de gestión.

- Un objetivo complementario de estas prestaciones es conseguir que el tiempo de ocio sea productivo socialmente, con acciones de voluntariado de ciudadanos poco o nada retribuido.

- La reducción de los costes complementarios salariales es una necesidad en los mercados competitivos mundiales y esto aconseja que las pensiones de vejez procedan más de recursos colectivos que de previas actividades laborales, salvo el que cada trabajador aporte.

Gestión

- La gestión de las pensiones públicas, contributivas o no, debe transferirse a las «comunidades autónomas», o incluso provincias o municipios, para que su importe afecte directamente a los ciudadanos del entorno y repercuta en presupuestos directamente relacionados con ellos.

- La evolución de las prestaciones públicas, su adecuación y efectividad debe ser analizada por instituciones de sociedad civil que se preocupen más de la defensa del interés general que de consideraciones conceptuales ni de intereses sectoriales.

EN RESUMEN, las pensiones forman parte, tanto de la estructura presupuestaria pública y de las de individuos y familias y requieren normas equitativas, administración austera, evitación de despilfarro público y dedicación a la mejora de situaciones individuales. Son un factor de equilibrio social y obligación solidaria de la colectividad; no deben ser utilizadas con objetivos políticos de poder sino con objetivos de equidad nacional. Su importe mínimo individual debe ser prudente, y el conjunto colectivo proporcional a los recursos generales. Su impacto en la economía colectiva se debe conocer en todo momento y por cada área geográfica.

Capítulo III. Empleo y desempleo

El empleo es un anhelo, un objetivo patrimonial, como fue poseer tierra; el desempleo es frustración. En una sociedad con seres nacidos para trabajar, un objetivo es promover empleo, combatir las consecuencias de su ausencia y hacer posible un grado digno de bienestar, que también exige esfuerzo propio y sacrificio. Su coste aproximado representa un 10,2% del gasto público solidario, un 5,5% del gasto público nacional, un 2,1% del PIB y un promedio de 42.000 pesetas por habitante.

El empleo generalizado hace difícil el desequilibrio social y hasta el psicológico de los marginados o disminuidos. El empleo será el gran tema de la humanidad del siglo XXI en las naciones occidentales que lo creían resuelto. Es un misterio que exige al hombre ser humilde cuando se creía rey todopoderoso. Con incógnitas y dificultades hay que enfrentarse con su problema y tratar de resolverlo o disminuir sus efectos; es la intención de estas reflexiones, que confío contribuyan, poco o mucho, a ayudar a un planteamiento útil para los ciudadanos.

1. Trabajo y ocio

El trabajo, en todas sus acepciones, es el gran protagonista actual, y lo será en el siglo XXI; pueblos que quieren trabajar, pueblos que aspiran a lo contrario; hombres y mujeres que lo necesitan para autorrealizarse; otros que lo consideran esclavitud social y odian a los que lo proporcionan y en general aspiración de que se garantice hasta la vejez. Sobre el trabajo gira el gran diálogo o la gran fricción entre naciones; en Europa y España se agudizarán en las próximas décadas.

El trabajo ofrece variedades distintas al empleo. Se «trabaja» en la unidad familiar y entorno de hogar; se «trabaja» para obtener ingresos, generalmente con dependencia de terceros que siempre limitan la libertad; se «trabaja» voluntariamente en actividades religiosas o políticas, para actuaciones técnicas o científicas; para difusión de acciones y pensamiento y para ayudar al prójimo. El trabajo puede ser intelectual, manual, directo o con equipamiento. Trabajo es la actuación de un individuo, con independencia de los fines que se propone, los resultados que obtiene y los métodos que utiliza.

Existe el simple esfuerzo físico o mental, con interés de conseguir algo, para uno mismo o para los demás, con compensación o sin ella. En la Biblia y libros «históricos» se hace referencia al trabajo del hombre, al esfuerzo con su familia y con su prójimo. La vida es trabajo, pero éste apenas se analiza.

El trabajo se ha tratado siempre como parte integrante de la vida: «ganarás el pan con el sudor de tu frente», que obliga a los humanos para subsistir. Ha habido épocas en que el trabajo se consideró propio de esclavos, indigno de caballeros, clases elevadas y sacerdotes, con excepción de las «órdenes mendicantes», que predicaron la humildad y la entrega desinteresada y contribuyeron a su posterior dignificación. La Encíclica Rerum Novarum recuperó hace más de cien años el trabajo como preocupación religiosa y principal factor de progreso social.

Se considera el trabajo que conduce a empleo, pero se olvida el familiar, el voluntario, el de «estudio», y sobre todo el trabajo como obligación, que se desprende de principios religiosos. El hombre ha nacido para trabajar, para ayudarse a subsistir a sí mismo y a su familia. Es necesidad, pero al mismo tiempo es sacrificio y castigo, al que por el «pecado original» están abocados los seres humanos. La necesidad de trabajar es rémora para la «libertad integral», hacerlo en un empleo es «religarse», obligarse, siempre ceder algo de voluntad y de libertad.

El trabajo contrasta con el ocio, con el no hacer nada, con la simple contemplación de sí mismo, el descanso, el tiempo libre, objetivo básico social que justifica ayuda pública, aunque sea indirecta, para darle algún contenido.

La sociedad del siglo XX con modificaciones imprevisibles, por lo menos para mí, y con traumas o «seísmos» de alguna clase que alteren lo que parece hoy lógico, ofrecerá mayor tiempo de ocio a los ciudadanos, voluntario o involuntario, por presión exterior o por simple decisión individual o colectiva.

Una sociedad en que el trabajo impere tiene también obligaciones para el ocio, pero además existe ocio no buscado. En muchos países del Magreb los jóvenes, con nivel de educación aceptable, no tienen nunca probabilidad de obtener un trabajo retribuido regular; están en situación de «ocio coactivo»; pasean, buscan algún ingreso ocasional, contemplan la vida, envidian a los que tienen más y en general desearían aspirar a un tipo de sociedad con empleo para la mayor parte de los ciudadanos. En España es muy alto el número de desempleados, pero todos los que lo deseen tienen «posibilidad» de trabajar en algún momento.

Podría estimarse en casi trescientas treinta mil horas el tiempo dedicado al ocio por un hombre o mujer de nuestros días en el mundo occidental, sin contar el del sueño, también ocio obligado por la fisiología. El estudio del ocio es indispensable para el futuro: ¿A qué se va a dedicar ese espacio de tiempo? Casi han desaparecido las actividades religiosas que ocupaban gran parte de él, que se sustituyen por actividades culturales, musicales, deportivas (sobre todo como espectadores) y algunas irregulares casi delictivas. La actividad del ocio busca distraer, «emborrachar», pero debería dedicarse a ayuda voluntaria a terceros; habría que volver al ocio generoso, caritativo, individual o colectivo, con voluntariado que ayude a afrontar los problemas gigantescos de la sociedad futura, inmediatos, lejanos e incluso muy lejanos, de que son ejemplo aislado los enfrentamientos de los muchos tutsis y hutus que existen en nuestra creciente humanidad.

¿Qué se va a hacer con este tiempo? ¿A qué se dedicará?

Posiblemente:

- A servicios no retribuidos en la familia, si ésta aumenta su presencia en la vida social.

- A especulación espiritual y de pensamiento que en parte se integra en la vida religiosa, en el reconocimiento de las obligaciones del hombre frente a Dios. Quizás ocupa más tiempo del que aparenta, en cuanto el pudor puede llevar a no manifestarlo.

- A nada, al consumo, en general hedonista, de todas las posibilidades de «entretenimiento» que sea posible disfrutar con los ingresos que se obtengan, incluso los de capital acumulado propio o heredado.

- A actividades no negativas, pero no generosas, como el arte, el pensamiento, el deporte.

- Al voluntariado, o servicio no retribuido a terceros, con formas muy diversas, muy abnegadas o meramente compensatorias de un esfuerzo.

- A actividades ocasionales y de «chapuza», que proliferarán.

- A actividades subterráneas no integradas en el mundo oficial laboral, pero toleradas socialmente.

- A actividades negativas relacionadas con el mundo criminal, la droga, la coacción delictiva y los tráficos irregulares de cualquier clase, en especial la prostitución, el juego y sus «consecuencias». En el momento actual parece lo que más crecerá.

Convendría hacer una proyección, difícil, al menos para mí, de la sociedad a que parece se va a enfrentar el próximo siglo, salvo aparición de algún grado de trauma de diversa índole e imprevisible, o sea, un «milagro», positivo o negativo pero de repercusión generalizada.

Este problema del ocio será en general más importante que el de la escasez de alimentos, pues este último se podrá resolver con aportación científica y tecnológica y con mejoras en los métodos de distribución universal, por alto que sea el aumento de los seres humanos. En cambio, no es probable que ocurra lo mismo con el mayor tiempo de ocio de los ciudadanos y las repercusiones sociológicas de la falta de trabajo regular.

El ocio, distracción que todos buscamos, será difícil financiarlo con ingresos más reducidos. Un estudio sociológico conveniente sería el del ocio, incluyendo posibilidad para los gobiernos de impulsar acciones de poco interés inmediato para las que hoy falta tiempo. Por ejemplo, con exceso de tiempo de ocio y reducida compensación económica sería posible una reconstrucción extraordinaria del pasado, para lo que baste una preparación sencilla en centros de readaptación profesional con supervisión «técnica» y análisis en momento posterior.

El área más deseable de las «actividades de ocio» debería ser la protección al prójimo, ante la dificultad de financiar regularmente las necesidades de ayuda mercenaria, privada u oficial. Habrá que estimular esta actuación, difícil cuando se desprecia lo generoso, aunque quizás aparezcan «efectos perversos positivos» que hagan reconocer su valor social.

Las repercusiones individuales del ocio pueden ser muy diferentes. A unos les llevan a estudiar ilimitadamente, a otros a la desesperación, a otros a promover anarquía con la que «esperan» resolver sus dificultades y problemas y a algunos a tensión extrema para supervivir con dignidad. Será el final de una época, que creía en un «hombre nuevo» no sujeto a dolor, sin riesgo, con tiempo ilimitado para el hedonismo, con derechos pero sin obligaciones, en fin lo que hoy «quiere la sociedad».

Del uso del ocio en una u otra forma puede depender el futuro de nuestros pueblos ¿Existe alguna posibilidad de que se incorpore a él la caridad?

Ahora aparece el «derecho» a una ocupación de interés propio o general, pero adecuadamente retribuido. Los hombres y mujeres sólo se realizan, salvo excepciones, con una «vida de trabajo», aunque hay diferencia entre su vinculación al empleo y la consideración de éste en algunos casos como «medio de relación fácil (y retribuida) con otras personas». Se considera que el Estado, la «organización política», está obligada a proporcionar empleo a todos sus ciudadanos, aunque el empleo siempre implica pérdida de libertad; no se puede «repicar y estar en la procesión». ¿Qué es más importante, la oferta asegurada de empleo para que los ciudadanos ocupen su tiempo y obtengan recursos o la libertad absoluta para que hagan lo que quieren, pero con riesgo? El trabajo retribuido implica una satisfacción social, infinitamente más interesante que la actividad de «madre de familia», de «maruja»; el ideal es un «semitrabajo cómodo», cuyo «desiderátum» suele ser el de funcionario.

La dignidad que se dé al trabajo influirá en nuestro futuro como han declarado diversas encíclicas, hasta la Centésimus Annus, principal foco de resistencia a la idolatría consumista, que es la aspiración occidental.

El hombre divide su tiempo entre trabajo, descanso de ese trabajo para recuperar fuerzas, y ocio o «recuperación del descanso», aunque parezca paradójico. En una trayectoria humana de setenta y cinco años habrá como promedio veinte de infancia y adolescencia, cuarenta de trabajo posible y quince de jubilación. El hombre podría trabajar con retribución hasta cien mil horas durante su existencia; cuando no lo consigue cree fracasar. Trescientas mil horas se calcula que dedican en su vida los seres humanos al ocio. Se ha exaltado el máximo ocio frente al trabajo con empleo, que ahora, en menos de una generación se reconoce como lo más deseable.

La mayor riqueza de los hombres de este siglo es su capacidad de trabajo. Pero una nación necesita participar en un mercado competitivo y debe trabajar con esfuerzo, sacrificio y eficacia para afrontar propias necesidades, deseos y caprichos. Pero no existe «derecho absoluto al trabajo», en realidad bien escaso no suficiente para todos; decir lo contrario es un engaño.

El trabajo no ha sido a veces remunerado y libre; no lo era en la esclavitud antigua y moderna, que no siempre tuvo carácter brutal; es la que existió en España y que «exportó» a América, donde, en cambio, la esclavitud de origen anglosajón consideraba al hombre como «cabeza de ganado».

2. Empleo

El empleo es un contrato, escrito o no, por el cual una persona se compromete en ciertas condiciones a trabajar de modo relativamente estable. El empleo puede ser privado o público, del que es ejemplo el funcionariado, con prerrogativas en algún grado justificadas por su servicio y especiales características, pero en muchos casos simple privilegio antisocial.

El empleo es el objetivo de casi todos los hombres y mujeres. La vida humana gira en su entorno, es la «nueva propiedad» o «bien básico». La seguridad que hace quinientos o mil años ofrecía la «propiedad de la tierra» ahora se obtiene con la «propiedad de un empleo», y pensión correspondiente. En general se considera algo inamovible, con sacrificios y esfuerzos iniciales, pero sin responsabilidad posterior, como en la Administración Pública.

Es preciso evitar la transformación del empleo en «privilegio irresponsable perjudicial para los intereses generales», aunque por supuesto no es fácil que esto sea aceptado por los que se benefician como funcionarios, cada día más numerosos, en lo nacional, territorial y local, enfrentados enérgicamente contra cualquier modificación de su comodidad.

Se ha llegado a considerar el empleo total garantizado, con la misma categoría que el derecho a respirar o al de pisar la tierra. Esa falacia, más que utopía, ha desaparecido, con la evidencia del trabajo escaso. Cabía pleno empleo en países que disfrutaban alguna clase de monopolio, o por razones circunstanciales, como algún «macroavance» científico o un nuevo «descubrimiento» de riquezas naturales. Esta situación colisiona en general con el resto de la humanidad y en todo caso se va a ir destruyendo con el proceso de universalización, aunque este avance, tampoco lecho de rosas, promueva enfrentamientos, sobre todo en pueblos antes privilegiados. ¿Europa?

La competitividad internacional exige la mejor utilización de la capacidad laboral en todo el mundo. Es contradicción que se promueva la conveniencia de trabajo para todos y que se considere objetivo principal reducir su utilización; pero para competir se necesita limitar el número de trabajadores, más aún que los ingresos de éstos, puesto que a un buen patrono privado no le conviene explotar a los que con él colaboran.

Al mismo tiempo, ¿con contradicción?, se considera que una nación occidental necesita ofrecer empleo para sus ciudadanos, o al menos un mínimo garantizado de subsistencia que permita una vida digna. Por razones éticas, o simplemente pragmáticas, se acepta la obligación colectiva de ayudar en situaciones de indigencia y de marginalidad. Así se transformaría una teórica «sociedad de bienestar» en una real «sociedad de bienestar solidario», como titulo este libro. Será un avance de prospectiva, aunque no permita detener la avalancha de lo inevitable. El grado actual de calidad de vida que disfrutan los españoles es mayor que nunca en nuestra historia y comparable, con ventaja, a la de cualquier país europeo, aunque esto contrasta con permanentes expresiones de «lo mal que estamos», pero hablando poco de lo mal que podríamos estar.

En nuestra sociedad el empleo no es sólo un medio para obtener recursos que permitan una subsistencia digna, personal y familiar, sino un modo de sentirse «pleno como ciudadano», de autojustificarse.

Contrasta esta realidad con el concepto despreciativo del empleo en la España de hace treinta años, en que se consideraba «carga insoportable para quienes dependiendo de él no podían ser realmente libres». Se presentaba el trabajo por cuenta ajena como modalidad de esclavitud, era en realidad una infiltración de los que se calificaban marxistas para destruir un adversario. Esta estrategia fue eficaz para ese objetivo «coyuntural» pero contradictoria con que al mismo tiempo se aspirase al «pleno empleo». ¿Qué piensan ahora los que esto mantenían?

Durante unas décadas, pocas, los socialdemócratas han creído en el pleno empleo sin riesgo, como derecho individual y evolución lógica del progreso; fue situación consolidada, en Suecia y países nórdicos, pero ha sido una utopía, como la de la igualdad que también se quiso implantar con protagonismo obsesivo de la envidia.

El empleo ha sido casi siempre escaso, salvo en áreas excepcionales, y cada vez lo va a ser más, consecuencia lógica de tres factores: la «globalización de la humanidad», las «nuevas aplicaciones tecnológicas», y la oferta de «empleo femenino».

Se tiende a la reducción de empleo efectivo y existe desequilibrio entre oferta y demanda, aunque algunos propongan empleo cosmético o innecesario, con posibilidades siempre limitadas. Es difícil determinar la diferencia entre empleo necesario o no; cuál para servir demandas de los ciudadanos, cuál para ampliar puestos artificiales de trabajo. Merece la pena analizar las propuestas de políticos y gobernantes para crear empleo, sólo nebulosas para esconder la «verdad» con una mentira social, por la que se paga un alto precio.

Frente al deseo teórico de crear empleo, la realidad es que cada decisión sensata, pública o privada, cada medida operativa, cada intención íntima de los titulares de poder, político o empresarial, aspiran a «reducir mano de obra», como única posibilidad de hacer posible una nación o una empresa competitiva; hago esta afirmación, aunque en más de treinta y cinco años de vida empresarial, desde 1956, las empresas que de mí han dependido han aumentado permanentemente el número de empleados, desde los cien iniciales hasta los más de catorce mil en 1996, sin ninguna reducción forzosa en todo este período.

La esencia de la «productividad» es ofrecer servicios comparables con menos trabajo incorporado, a veces también con más «capital», para sustituir el esfuerzo humano. Caben nuevas modalidades de trabajo regular estable, pero no muchas, y sólo aumenta el trabajo regular cuando se elimina el privilegio de alguien frente al conjunto social.

Estos factores acumulados, que nadie niega, deben conducir a menor volumen de trabajo real efectivo, mayor índice de desempleo en la población activa (salvo, ya difícil, con mucha menos natalidad) y reducción del promedio de ingresos reales respecto a los últimos años, y en definitiva a menor bienestar y más inestabilidad. Los que no están de acuerdo (se consideran izquierdistas, lo sean o no), proponen objetivos irrealizables que además privilegian a los que tienen buen empleo.

Un factor inevitable de futuro es la incorporación, directa o indirecta (a muy bajo precio) del trabajo procedente del exterior, en especial asiático o iberoamericano, con capacidad competitiva frente a cualquier occidental blanco, y con espíritu y voluntad de sacrificio para supervivir de modo digno en su propio entorno.

Una alternativa siempre latente, opinión defendible y en algún caso defendida, es la del «proteccionismo geográfico», aunque su duración acabe siendo efímera. Esto no es muy diferente de épocas anteriores; pero entonces los españoles tenían la posibilidad de la emigración a América o a Alemania últimamente.

He observado recientemente en Estados Unidos que con la disminución de la natalidad aparecen dificultades para ciertos trabajos y preocupación futura por este hecho. No es extraño sino lógico y eso lleva en los países occidentales a utilizar trabajo de otros pueblos.

Con una u otra fórmula no parece que podrá trabajar todo el que quiera y cuando quiera y aumentará la necesidad social y ética de establecer ayuda para los que no lo consigan. Con el pleno empleo, que se creyó posible, se pensaba que los mecanismos sociales permitirían que cada individuo subsistiese con bastante nivel de bienestar en cualquier circunstancia lógica.

Nadie sensato cree ya en esa posibilidad, concebida hace muy pocas décadas, ejemplo de la velocidad del cambio social.

Hay riesgo entre nosotros de «existencias indignas», que obligan moralmente a establecer «prestaciones públicas», aparte de las de salud y educación; su conjunto dependerá de la dimensión de la riqueza nacional, y si es insuficiente será necesario reducir las prestaciones de solidaridad, o al menos algunas de ellas, para reducir al máximo los abusos, despilfarros y corrupción de los gobernantes y sus protegidos; quizás sólo con ello se financiarán bastantes prestaciones solidarias.

La escasez de empleo puede paliarse con fórmulas para compartirlo y con estructuras que hagan posible más empleo poco remunerado, pues un «estado de solidaridad» (y toda estructura política debería tratar de serlo) está obligado a ofrecer equidad entre los ciudadanos, a lo que aspiran las reflexiones de este capítulo. La promoción del empleo a tiempo parcial puede ser un medio eficaz para aumentar el número de personas que participan en una situación de empleo, en especial si se coordina con empleo a distancia, creando un mercado de trabajo diferente al que hoy se considera ideal y único. En este momento ha alcanzado Estados Unidos el nivel más bajo de desempleo de muchas décadas, precisamente por un sistema de empleo muy ágil. En Europa la única política de empleo que parece tiene sentido común es la del ministro laborista Gordon Brown, en Gran Bretaña, entre otros aspectos por señalar que «el problema es estructural» y no se puede resolver, pero sí se puede aspirar a mejorarlo.

Resultan contradictorios los permanentes comentarios en España de que el empleo que se crea es precario. El empleo en el futuro será «precario» o «precario cualificado», y desaparecerán en general las garantías de estabilidad y continuidad. Hay que tener en cuenta que el «empleo temporal artificial» de hoy es en parte consecuencia de nuestra «mecánica legal del contrato de trabajo», que ofrece derechos incompatibles con una sociedad competitiva.

Los sindicalistas responsables y con sentido ético de su función social, como están ahora siendo los alemanes, no deberían poner énfasis en la defensa de privilegios sino en evitar las situaciones de abuso de patronos públicos o privados, que aumentarán en el futuro. Esa nueva orientación ética en este escenario será incómoda para los sindicalistas acostumbrados a ayudar a los «fuertes» y recibir por ello ventajas, que proporcionan aumento de poder. De ahí las disputas para gestionar «fondos de formación», transformados en instrumentos de caciquismo, con olvido de su objetivo social. Todos los quieren porque de ellos se obtienen ventajas alejadas del interés real de los trabajadores ¿Alguien se atreverá a estudiar estos abusos sociales en que todos están implicados?

Actitudes de discriminación y xenofobia y hasta nacionalismo sirven para proteger retribuciones de trabajadores privilegiados, al tiempo que se promueven escándalos farisaicos por la reducida retribución del trabajo en otros países, aunque para ellos sea una «bonanza». Con ello los occidentales se sentirán con derecho a interferir en naciones pobres con afán «evangelizador», en bastantes ocasiones hipócrita.

En este contexto, un problema de difícil solución, es que el mundo occidental exige crecer sin límite, cuando los recursos de la humanidad, por lo menos en lo ecológico, son limitados y aparecen dificultades por razón de sociología individual y colectiva. No sé si la «posibilidad de aumento de riqueza y empleo por avances científicos y tecnológicos» terminará en veinticinco, cincuenta o cien años, pero sin duda se llegará a ello y a una profunda transformación social.

En los últimos cien años, en los países occidentales, se han compensado crisis y dificultades económicas con «guerras salvadoras» como las dos mundiales de este siglo, o con descubrimientos científicos, en parte de origen bélico, que han aumentado la «productividad» y permitido mayor bienestar. A pesar de ello, se mantiene artificialmente la creencia de que las dificultades son momentáneas y atribuibles a un gobierno concreto, y que volverá lo que alguna vez pareció posible. El derecho al trabajo digno retribuido es la gran incógnita de las próximas décadas, o quizás siglos, hasta que algún día por razones o circunstancias hoy no predecibles, de muy diferente naturaleza, se vuelva a un mayor equilibrio; ningún otro tema es más real y menos aprehensible.

El «fenómeno» del empleo en el siglo XXI será el más delicado, importante y decisivo para la evolución de la humanidad y de él pueden derivarse consecuencias que alteren el curso de la historia, y en que encuentren caldo de cultivo movimientos hedonistas racistas o similares que impugnan el principio cristiano de igualdad de todos los seres humanos. Por otra parte, esto inducirá a preparar fórmulas antihumanas, que se vislumbran de modo discreto; no sólo la reducción coactiva de la natalidad, sino la destrucción de alguna forma de vida adulta.

El nazismo fue consecuencia de una situación aparentemente similar de Alemania, y se impuso por clara mayoría democrática, que llevó, con pocas excepciones, a un pueblo entero, a una de las situaciones más culpables de la historia moderna, consecuencia en parte de los traumas individuales de desesperanza, de los que no veían posibilidad de obtener un trabajo digno. Esto se puede repetir en una sociedad que abruma con la riqueza de algunos y con tentaciones permanentes de consumismo. Además hay que tener en cuenta la presión del ochenta o noventa por ciento de personas que los occidentales consideran instintivamente ajenos a la civilización, con el convencimiento de que sólo los principios laicos occidentales son dignos del hombre, y que toda cultura autóctona, pequeña o grande debe desaparecer, al tiempo que toda cultura religiosa, aunque en ésta convenga mantener algún «residuo» para la mera satisfacción individual. A ello conduce lo que se admite y nuestra «sociedad quiere», que yo no acepto.

La situación del empleo presente, y más la futura, agudiza la necesidad de solidaridad para los que no la tienen. Sobre esa situación han de girar tanto las necesidades como las posibilidades de financiar lo que en definitiva es una redistribución de ingresos nacionales, que debería acabar llevando a la redistribución de recursos mundiales, difícilmente sin efectos negativos para nosotros.

No es probable haya una advertencia peor acogida y sin duda más ignorada que ésta mía, la de un mensajero de lo incómodo, pero mis circunstancias, en que nada pido ni necesito, me permiten hacerlo, casi como «ofrenda personal» a mis prójimos.

3. Sociedad y trabajo en el siglo XXI

Conviene reflexionar sobre el siglo XXI y sus posibles transformaciones hacia una estructura social distinta a la de 1990 que los europeos estamos contemplando. Ahora se presenta un panorama «rosa», con objeto de mantener la influencia social de los políticos y su entorno, que se aprovechan pero desprestigian la institución del sufragio para llegar a la conquista democrática del poder político. La conciencia de verdadera fraternidad, generosidad y amor al prójimo, hoy, quizás siempre, sólo existe en los oprimidos, los pobres, los menos dotados, intelectual o físicamente; pienso que los únicos que abrirán camino a un futuro más optimista, aunque son y serán poco conocidos quienes en esto influyan, su mismo tipo de actuación lo impide.

Una lógica evolución sociológica, que puede variar por muy diferentes causas, entre otras por acciones acertadas de un Gobierno, podría ser la siguiente:

- Menor preocupación ética y de valores respecto a la actual; lo que la «sociedad quiere», que conduce a despreciar todo aquello que tenga carácter limitativo, subordinándolo a «lo que desea cada individuo», con frecuencia no lo que más conviene a la sociedad ni al propio individuo. Esta actitud ha sido protagonista en la España de estos años, donde los cambios son para mí no sólo dramáticos sino trágicos. Destaca la situación antes de 1936, con la generosidad, hoy incomprensible, de los requetés de la Navarra rural, que hace años señalé en uno de mis libros, cuando en la actualidad en ese mismo entorno se toleran calificaciones, actitudes y valores que antes hubiesen producido repercusiones enérgicas. Inesperadamente, hay reacciones como la que se ha producido ante el asesinato de Miguel Angel Blanco que abren un camino a la esperanza en que yo no creía.

- Posibilidad de que se desintegre la nación española, por agudización, a veces artificial y muy activa de objetivos sectarios y egoístas locales a corto plazo, alguno justificado; sin facilidad para detenerlos y en cambio mucha para acelerarlos. Es la consecuencia lógica de la Constitución de 1978, imprecisa, improvisada y contradictoria en muchos aspectos, que sacrificó el futuro español a objetivos inmediatos, respetables en su momento pero que ahora dificultan nuestro equilibrio estable.

- Nueva situación de las mujeres, conocida pero aún poco tratada. Se ha producido en España (en otros países de modo más suave), una revolución profunda: la irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo de alto y bajo nivel. En mi niñez y juventud había pocas mujeres con educación media (no hablo superior), y en la mayor parte de los colegios distinguidos de monjas no se estudiaba bachillerato sino simplemente «conocimientos generales». Buena o mala, era la situación que existía. En cambio, en las oposiciones de más importancia celebradas en España en los últimos años, judicatura, notariado, técnicos comerciales, tributos, etc., han entrado mayoría de mujeres. Lo mismo, con características menos llamativas, en todos los circuitos sociales e igualmente en muchas actividades de «negocios», en que con frecuencia son muy efectivas y responsables.

Hoy apenas hay alguna mujer que no desee trabajar o prepararse y acceder a la enseñanza superior, aunque algunas lo hagan buscando un «mercado matrimonial». No quiero detenerme en lo anecdótico, pero sí en su significación para la estructura futura de trabajo. Se ha producido un cambio sociológico que gira sobre el doble sueldo de las parejas, que permite propiedad de pisos, utilización de más de un vehículo, etc. Esto repercute en el número de hijos, y España que hace cincuenta años era uno de los países occidentales de más alta natalidad, ha pasado a ser «el de menos del mundo»; dos de sus áreas geográficas más características, Cataluña y el País Vasco, son las regiones orgánicas de más baja natalidad en toda la humanidad, cuando anteriormente el País Vasco tenía una de las más altas occidentales.

No entro en el amplio campo de los cambios sociológicos, por la irrupción del trabajo de la mujer, pero sí lo cito como una de las causas de desempleo. También señalo que en los casos que conozco directamente, en la Administración Pública o en áreas directas de mi vida empresarial, nunca he conocido discriminación de compensaciones por trabajo entre hombres y mujeres, aunque en muchos casos las mujeres valoran factores que los hombres ignoran y esto reduce sus posibilidades de mejora; decisión personal, respetable, que junto a efectos positivos puede tener otros negativos y transformarse en diferencias que parecen discriminatorias.

- Incremento de intercambio y comunicación con personas del propio y de otros países, que es útil para elevar la importancia social y para crear vínculos aun no formales que sirvan para el ideal de universalización de la humanidad. Tiene como inconveniente la incomodidad psicológica y la influencia de los medios de comunicación para información y formación, ajena a nuestra propia realidad.

- Incremento de manifestaciones de violencia, de diferente naturaleza y forma, admitidas, desde los colectivos de terrorismo político o social hasta las individuales «anarquistas», o simplemente delictivas. Se ha desacreditado el orden, el cumplimiento de obligaciones y las virtudes cívicas, y esto facilita el radicalismo, incluso de lo insignificante, con ayuda de medios de comunicación que influyen en quienes carecen de objetivos precisos y que se concentran en destruir y no en instruir.

- Menos posibilidad para los más acaudalados de eludir tributación, cuando a ellos se ha subordinado la legislación fiscal en los últimos años, razón en parte de la agudización de diferencias sociales que paradójicamente se han incrementado con gobiernos que por su ideología hacían esperar lo contrario. En este fin de siglo la «cultura sociopolítica» es ya consciente de esta situación y probablemente disminuirá esta irregularidad.

- Más penetración magrebí e Iberoamericana, a que será difícil poner barreras rígidas para mantener coactivamente el «monopolio de un territorio». Aun con reacciones diversas, se acabará imponiendo (no muy próximamente) una mestización española, entre otros aspectos para evitar trabajos sucios o duros que aconsejan tolerar la entrada de personas con voluntad de trabajar y sacrificarse, en general de países próximos o con alguna identidad cultural. Este fenómeno, que hace veinte años parecía agudo, se ha retardado, pero resulta inevitable, del mismo modo que la mayor penetración española en Europa. Con la indicada reducción de la natalidad, me parece conveniente y cristiana la apertura de las fronteras, a unas 250.000 personas al año, procedentes de Iberoamérica, Filipinas y Marruecos. Será una actuación que llene de orgullo a los españoles y en todo caso inevitable consecuencia del proceso de egoísmo nacional, como ocurre en los Estados Unidos con el imparable aumento de mexicanización.

En lo más directamente relacionado con el trabajo, veo lo siguiente:

- Menor remuneración promedia del trabajo y aumento de tributos para soportar los costes de despilfarro colectivo por los políticos que gobiernan y para financiar la solidaridad. Los ciudadanos conseguirán amplias, inmensas ventajas, sin esfuerzo, por la circunstancia de nacer, pero en general reducirán su bienestar individual o su nivel de ingresos, que hoy se considera «sagrado», factor de fricción que favorecerá la violencia, y que exigirá medidas de gobierno difíciles de admitir porque se oponen a las tendencias populistas.

- Mayor dedicación a la «actividad política» como «salida» y empleo personal, único para muchos, cuando se carece de voluntad o posibilidad de trabajo científico o constructivo. La política no se considerará como servicio sino como medio específico de subsistencia y acceso individual y familiar a riqueza y poder social, con lo que perderá su imagen generosa y respetable; nada nuevo en la historia del mundo. ¿Durará mucho esta situación?

- Mayor interés por ampliar estudios, con nuevas carreras, masters, doctorados, etc. Algunos padres podrán soportarlo, aun con dificultad, para proporcionar a sus hijos un trabajo digno; en muchos casos sólo servirá de justificación individual para retrasar responsabilidad personal.

- Aumento del trabajo de docencia, de alguna clase de enseñanza, que sirva, aun no bien retribuida, a los que han terminado su vida de estudio o como complemento de éste, tendencia que se debería estimular y convendría proteger en cuanto contribuye a aumentar el «conocimiento individual o colectivo». A este trabajo docente se incorporará el de actividades temporales en temas relacionados con la información histórica y sociológica y en general análisis de la realidad, presente o pasada.

- Amplia gama de trabajos informáticos de diferente naturaleza, aunque alguno sin necesidad de integración laboral permanente y posibilidad de ejecutarse a domicilio.

- Más aprendizaje artesanal, ausente durante estas décadas por circunstancias más jurídicas que sociológicas. Se reconocerá la necesidad y justificación de las manualidades, con fórmulas para considerarlas «protegibles», y se admitirán retribuciones mínimas a cambio de mejores oportunidades para ingresos estables futuros.

- Más trabajo irregular, subterráneo, no declarado oficialmente, con retribución reducida, pero que sirve para subsistir y que en bastantes casos sera necesario tolerar. No se conoce la dimensión actual de este factor, pero no es imposible que su dimensión en España se duplique por lo menos en el siglo próximo.

- Menor tiempo dedicado al ocio generoso. Sólo capas muy limitadas tendrán vocación suficiente para sacrificarse por los demás, como fue propio de la etapa cristiana, en que se valoraba la labor directa o indirecta de órdenes religiosas o semejantes, que ahora, salvo excepciones, se consideran propias de personas sin carácter suficiente para agotar sus posibilidades de satisfacción de deseos egoístas.

- Más ocio dedicado a música, arte, deporte y actividades hedonistas individuales, con lo que esto puede tener de positivo y negativo. Por ejemplo, es positiva la afición a la música, pero alguna aproxima a un comportamiento social negativo, y a utilizar drogas para disfrutarla. Esto además exacerba el individualismo egoísta.

- Más ocio dedicado al espectáculo, colectivo, retribuido o no, que conviene distinguir del deporte, también manifestación hedonista, aunque no sea por sí misma negativa, salvo en cuanto contribuye a sustituir al ocio generoso. Algunas manifestaciones del deporte se convierten en puro espectáculo colectivo demasiado retribuido y con peligro para el equilibrio social.

Al analizar el futuro lejano se tiende a extrapolar lo actual; permanente crecimiento económico, aumento del poder adquisitivo y utilización gratuita del desarrollo científico, que nunca puede ir hacia atrás; defendiendo una mayor capacidad de disfrute. Pero esta dinámica no puede continuar indefinidamente; lleva en sí misma el germen de su autodestrucción, que no debemos descartar en un horizonte lejano, sin dejarnos impresionar por el horizonte inmediato.

En estas perspectivas hay que pensar en lo que suceda en los siglos XXI o XXII, cuando la sociedad occidental tenga menos de un diez por ciento del total de los habitantes de la tierra, pero mantenga una permanente necesidad de ir a más, sin ser capaz de detenerse. Cuando lo haga por las razones que sean, se producirán repercusiones que alteren su naturaleza y posiblemente su hegemonía. ¿Dónde se detendrá su crecimiento? ¿Puede ir destruyéndose por corrupción interna o por fuerzas exteriores? ¿Cabe no sólo la autodestrucción económica sino la autodestrucción social? ¿por exacerbación de derechos de los ciudadanos con núcleos radicales que influyen en sus exigencias?

Los estudios de prospectiva a plazo medio no prevén estas posibilidades. Sólo conozco una excepción, la de Samuel Huntington, en su libro Choque de civilizaciones, traducido en España, que ofrece un supuesto de cambio en la evolución lógica actual. Tiene originalidad; va suponiendo acontecimientos que conducen a otros y alteran el equilibrio de fuerzas, con confrontaciones bélicas y guerras con armas nucleares en Estados Unidos, Europa y Rusia, contra China, Japón y el Islam, que de algún modo conduzcan a una conflagración mundial. Apenas se refiere a la fuerza no coordinada de los países del Islam, todos débiles frente a una potencia nuclear y tecnológica moderna, pero con capacidad para mantener principios religiosos no influibles por los de otras naciones. No se me ocurre ninguna hipótesis «más probable» que la de Huntington, pero creo que los cambios en el milenio podrían no ser de origen bélico sino físico o espiritual y que el orden occidental perderá influencia al depender de núcleos humanos reducidos; lo que ocurrió en Francia con el «Ancien Régime», podría ocurrir en Occidente en cincuenta, cien o doscientos años y que aparezca otra civilización, con nuevo orden y principios que es difícil no sea universal.

Sólo hay un hecho seguro en ese algo muy distinto, y es que unos hombres trabajarán para otros, de modo vertical u horizontal. El trabajo y el empleo no pueden desaparecer, porque con ello lo haría la humanidad. Todos los núcleos sociales tienen que admitirlo, aunque sus «versiones» puedan ser diferentes. Es probable que se llegue al empleo forzoso y que la crisis sea de libertad o del concepto de ésta a que nos hemos acostumbrado desde el cristianismo, e incluso que desaparezca el «prejuicio» de que todo trabajador tiene que ser absolutamente igual y libre y que domine el trabajo y el empleo coactivo en familias y núcleos orgánicos. No lo sé en realidad.

El empleo es una consecuencia de la libertad; si no hay libertad aparece el trabajo forzoso. El mundo actual del empleo, pleno o no, ha sido consecuencia de un largo tiempo de libertad y decisiones con riesgo. Cualquier modificación social que altere las posibilidades de libertad afectará gravemente al empleo. La libertad ha sido un privilegio que ha llevado a la sociedad al grado actual de satisfacción individual de necesidades y de placeres, pero sus abusos pueden conducir a su destrucción.

4. Evolución previsible

Para mejor prever el futuro hubiese convenido conocer la estructura de trabajadores en la España de 1930, quizás con la clasificación que luego indico. Esto exigiría un estudio de historia poblacional posible con la información acumulada, pero propio de una tesis doctoral, y no de estos comentarios subjetivos.

En todo caso, quiero ofrecer un cuadro de cómo sería interesante clasificar las situaciones de trabajo en lo que para mí sería una estructura lógica.

Por otra parte el cuadro siguiente refleja una información real de la distribución del trabajo a finales de 1996.

Esta clasificación es insuficiente para un planteamiento orgánico de la situación de trabajo, pero de ella hay que partir, con la voluntad de «sofisticarla», y así acercarse a la realmente interesante. Sería además conveniente distinguir entre trabajo estable y discontinuo, que no es lo mismo que precario.

Una opinión efectiva sobre tendencias futuras exigiría un estudio de investigación, con posibilidad de contrastar entre varios puntos de vista, pero, al faltar, me limito a ofrecer posibilidades no cuantificadas.

- Continuidad aproximada del número de trabajadores públicos, con esfuerzo para mejorar su calidad y profesionalidad.

- Menos trabajo en Fuerzas Armadas al desaparecer el Servicio Militar obligatorio, aunque aumenten los «profesionales», con estabilidad propia de una nueva concepción del Ejército.

- Más trabajo en fuerzas de seguridad, públicas y privadas, como ya está ocurriendo, con creación de una clase nueva de empleo consecuencia de la inestabilidad ciudadana general.

- Menos empleo en empresas, con «problemas» de duración ilimitada, aun previendo la desaparición de la precariedad artificial actual.

- Más trabajo a tiempo parcial que favorece la distribución y satisface conveniencias de los interesados, por lo que se debe favorecer.

- Menos trabajo agrícola, o incluso rural, aunque ya se ha llegado a un nivel reducido.

- Aumento de trabajo en áreas semiurbanas, como consecuencia de la creación de núcleos de población a distancia no excesiva de grandes ciudades.

- Más trabajo en empresas pequeñas y medias, autónomas o dependientes de grandes empresas y multinacionales, con riesgo de discontinuidad.

- Más ocupación interna familiar y doméstica, si se produce alguna recuperación en la consideración social de la familia.

- Más trabajo autónomo o semiautónomo, de poca o mucha categoría, de profesiones liberales y actividades artesanales y de pequeño comercio.

- Más trabajo a terceros, a domicilio, sin garantía de continuidad y normalmente para actuaciones limitadas, pero en algunos casos con integración a distancia en una empresa.

- Más trabajo ocasional en cualquiera de sus variedades, incluso deportivas, de espectáculo y artísticas; una parte con inmigrantes del exterior.

- Más ocupación religiosa y voluntaria, de caridad y ayuda desinteresada o muy limitadamente retribuida.

- Más trabajo subterráneo, en ocasiones continuo, aunque no oficial.

- Más ocupaciones irregulares, en bastantes casos delictivas: prostitución de niños, hombres y mujeres, tráficos ilícitos y de droga; protección coactiva individual y colectiva.

Por otra parte, parece inevitable que las futuras normas contractuales eliminen lo que hoy se considera estabilidad, dejando la garantía de continuidad, la tenure, para situaciones y casos muy concretos, como los siguientes:

- En lo político, en el «trabajo» de parlamentarios y gobernantes elegidos, que en gran parte se aplicarán normas semejantes a las laborales, que sean equitativas pero que no deben ser abusivas.

- En lo público, para cuerpos de funcionarios con oposiciones, muy exigentes y rígidas, y con exclusividad de ingresos económicos, sin facilidad de excedencia discontinua; así como para Fuerzas Armadas y Orden Público, de riesgo personal y necesidad social; y para docencia por su transcendencia sociológica.

- En lo privado, para algunas empresas que destacan por su situación monopolística o que ofrezcan garantías especiales, aunque sin continuidad ilimitada cuando la propia empresa no la tenga en un mercado realmente liberado.

A pesar de cualquier cambio, el trabajo con «tenure» de cualquier clase y el «trabajo fijo» será objetivo de hombres y mujeres, pero deberá considerarse privilegio que no se puede conceder irresponsablemente y que exige clara vigilancia social y civil para evitar que perjudique al resto de los ciudadanos.

5. Desempleo

Después de la evolución previsible de empleo en las próximas décadas, o a más largo plazo, reflexiono sobre el desempleo; el mayor problema de nuestra sociedad, con imposibilidad para muchas personas de un trabajo con compensación económica adecuada. El empleo se convierte en un paraíso perdido cuando se había creído realidad con matices, pero aceptablemente conquistable; desgraciadamente no es cierto, sólo se alcanza empleo generalizado en una nación con situación de monopolio de facto sobre algunas áreas de vida económica, unido a buena gestión de recursos públicos y privados. En Venezuela la bonanza del petróleo llevó a unos pocos a la riqueza pero desequilibró el conjunto nacional.

Han existido situaciones de pleno empleo en los países escandinavos, con condiciones de laboriosidad, sentido cívico y alguna situación monopolística. Todavía suecos y noruegos disfrutan de bienestar general, cuentan con trabajo bastante asegurado y amplia gama de protecciones para reducir el impacto de cualquier ausencia del mismo. Celebraría que pudiesen continuar así, pero también les alcanzará el impacto de la globalización, aunque quizás menos que en otros casos.

Al comparar niveles de vida, hay que considerar factores especiales. España, aun con menor renta per cápita ha alcanzado en algunos aspectos como ya he comentado uno de los más altos niveles occidentales de calidad real de vida, con actividades cómodas de ocio, que no aparecen ni en los escandinavos ni en otros países europeos, una situación que debe tenerse en cuenta. Hasta ahora sólo se ha tratado de considerar el «nivel de vida» en razón de factores económicos, pero olvidando otros que afectan a su «calidad», del mismo modo que ocurre en la esperanza de vida con calidad aceptable y no sólo por subsistencia física.

El trabajo asegurado ha llegado a considerarse como una consecuencia de la evolución del hombre, que abrirá máximo bienestar y aceptable hedonismo, sin necesitar a Dios, ya que todo lo puede conseguir por sí mismo. Este objetivo, que es el de la «socialdemocracia» ha olvidado que el desarrollo científico produce mejoras pero también graves efectos negativos.

El desempleo existe, todos lo advertimos, es estigma de la sociedad occidental. En otras culturas aparece la ausencia de trabajo, como «situación de vida inevitable». El desempleo es un fenómeno nuevo, sin apenas antecedentes históricos. Se tiene esta sensibilidad porque se ha creído, no sólo deseable sino posible, el empleo seguro para todos los miembros de la sociedad. No había en la historia fórmulas para combatir el desempleo; existía una sociedad estructurada, que «normalmente» aseguraba una vida soportable o digna dentro de la familia o en instituciones concretas, públicas o colectivas. Los excedentes normales de «mano de obra» se orientaban a la Iglesia, el Ejército y la emigración; en su mayor parte a ésta última. La Edad Moderna llevó savia española y europea a América, con agudización de la necesidad de expatriarse, de acudir a nuevos territorios con demanda de trabajo. La emigración ha sido un fenómeno masivo característico del siglo XIX, buscando no sólo trabajo sino integración permanente; la emigración a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y toda América es un fenómeno de búsqueda de trabajo, de especial impacto en Argentina y Venezuela.

El desempleo que conocemos es una consecuencia perversa del desarrollo científico y tecnológico, y también de la libertad. Las estructuras orgánicas que sirven para proteger, familia, tribu y aldea, restringen la libertad; una ilusión de los hombres ha sido vivir con libertad y que esa libertad les permitiera acceder sin riesgo a todos sus deseos. Pleno empleo con libertad parecía derecho inviolable que no podía ser negado, olvidando que la libertad siempre está acompañada de riesgo. La experiencia marxista de las últimas décadas ofrecía pleno empleo, aun modesto, sin riesgo pero también sin libertad. Libertad e independencia son factores que en muchos aspectos se contraponen, pero al mismo tiempo hay quienes nacen libres y lo siguen siendo aun dentro de las cárceles más duras o sometidos a la explotación más grande, y otros nacen «dependientes» y lo son aun dentro de la mayor libertad.

En los países primitivos y en alguno actual no existe concepto de desempleo. ¿Alguien puede preocuparse de esto en Ruanda o en Burundi? Se vive en unidades colectivas y autoprotegidas y se comparte lo necesario para subsistir, pero sin sensibilidad de desempleo porque en realidad apenas hay trabajo, salvo dentro de las estructuras familiares.

El símbolo de este desempleo que subrayó este problema fueron los parados que en el año 1929 y 1930 recorrían las calles de Estados Unidos, como nunca se había conocido, ni previsto, con innumerables familias hambrientas antes muy bien situadas. El desempleo es más preocupante donde se ha conocido el empleo generalizado y además se agudiza por el estímulo de consumo artificial que endeuda y que traumatiza la pérdida de un empleo, aun de modo circunstancial.

La Guerra Mundial suavizó los efectos del desempleo de los años treinta, pero las guerras generales se han acabado y en gran parte también las innovaciones industriales y tecnológicas que promovían empleo. El desempleo amenaza con toda su crudeza, o lo está comenzando a hacer. La Revista francesa Expansión comentaba recientemente la diferencia generacional en Francia de personas de unos sesenta años, que habían encontrado empleo fácilmente, y sus hijos, en torno a los treinta años, que tenían grandes dificultades y aun con mejor preparación que sus padres no consiguen empleo regular, y sólo «se defienden» con empleos no permanentes y con voluntad de crear algún «negocio» o profesión autónoma. El problema no depende de la educación, esto es sofisma, sino tiene y tendrá carácter estructural sociológico.

En España al acabar nuestra guerra, y yo mi carrera de Derecho (1941), no existía más posibilidad para un universitario de abrirse camino que una oposición, como yo hice (algunos, no yo, la tenían con amigos o influencias familiares). Cuando en 1955 empecé mi vida de trabajo empresarial, se mantenía esa misma situación, y al final de los años cincuenta con anuncios discretamente atractivos era fácil reclutar personas válidas para el futuro; con ello se nutrió la empresa que yo dirigía, probablemente la única que reclutaba en aquella época sin «recomendación». En los años setenta la situación evolucionó radicalmente y aun con anuncios muy llamativos no acudía ni una sola persona; se había llegado en algunas áreas a niveles de pleno empleo y era sencillo cambiar entre un trabajo y otro. En 1991 un anuncio que en los setenta no recibía ninguna atención lo contestan centenares de personas.

En la reciente cumbre europea del empleo se ha resaltado que por primera vez se ha tratado colectivamente en España el problema del empleo y se ha reconocido que será el más importante en los próximos años para la evolución equilibrada de la nueva Europa.

El empleo se ha hecho realmente escaso y el análisis del desempleo es quizás lo más importante para conocer su realidad y así mejor afrontarla. Los «agentes sociales», en especial los vinculados a los trabajadores, no admiten esta situación, tratan de culpar a un gobierno o a un partido político; además no se dedican a promover empleo sino a proteger a los que tienen puestos de trabajo privilegiados. Los dos países que han afrontado este desequilibrio con mayor energía y éxito, la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y los Estados Unidos de Ronald Reagan, han conseguido alterar esta tendencia creando empleo y riqueza nacional, como antes he comentado. Es destacada la potencia actual, desbordante como nunca, de los Estados Unidos, cuando se pensaba hace diez años, yo también, que estaba en declive y pronto sería superada por los japoneses. La tensión individual de trabajo, la voluntad de aceptar riesgo y la posibilidad de reducir costes han permitido triunfar cuando no parecía posible. Ahora, en cambio, se advierten dificultades en un país como Alemania, fuerte y bien organizado, en que el desempleo está adquiriendo dimensión inesperada.

La escasez de empleo actual en los países occidentales no es solamente consecuencia de la deficiente gestión concreta de un gobierno ni de un ciclo corto económico; obedece a causas sociológicas estructurales, en especial el mercado planetario de trabajo que unifica a hombres de diferentes geografías y que modifica y distribuye mejor el mercado. Ha dejado de existir ese famoso proteccionismo que en los años cuarenta y cincuenta se consideró objetivo de nuestro país. De un modo claro, o subrepticio, la mayor parte de los productos y servicios incorporan trabajo migratorio o a distancia de otras naciones. No hace falta venir a trabajar a España, sino desde lejanos países se ofrecen productos que antes exigían trabajo protegido nacionalmente.

En el próximo siglo se agudizará un cambio de este tipo, aunque no de modo homogéneo; ascenderán las retribuciones de los trabajadores de países de Asia e Iberoamérica; en cambio, descenderán poco o mucho los ingresos promedios de los trabajadores de países occidentales. Decía hace dos años la revista FORTUNE de Estados Unidos que el problema no era que no había empleos sino «que los nuevos se ofrecían con retribución inferior a los anteriores».

No creo que ninguna medida de gobierno o de fuerzas sociales, por inteligentes y audaces que sean, resolverá los problemas de empleo que se avecinan, pero al menos los podrán atenuar o reformar, y sobre todo no agudizarán las dificultades, desplazando la culpa a un tercero.

El mercado de trabajo español en 1995, en una población con más de 16 años, es de 32.270.000, con la mitad aproximadamente «activa», de la que 12.500.000 están trabajando y 3.400.000 parados. Es el panorama del empleo que tenemos que afrontar y que sirve para reflexionar sobre aspectos que pueden ser útiles para suavizar dificultades, aun sin resolverlas completamente.

Para una visión de la situación actual ofrezco el siguiente cuadro, que permite conocer la situación real en nuestro país.

Aunque no tengamos, o yo no conozca, una distribución semejante en España, creo útil citar la que en Francia se ha hecho recientemente, publicada por la Revista Expansión. De algún modo deberá servirnos de antecedente para preparar una información paralela entre nosotros.

Ya existen reacciones no ortodoxas a esta situación, al principio en Francia pero también en Alemania, e incluso en España.

Los nuevos sindicatos de parados ajenos y contrarios a los oficiales han de ser pieza importante de este problema en el siglo XXI.

Por su importancia especial, quiero referirme, en España, al plan de empleo rural, que se implantó en 1984, para Andalucía y Extremadura, en sustitución del anterior empleo comunitario. Se configuró como un subsidio de desempleo asistencial, sin cotizaciones previas. Ha cumplido una importante función, aun con críticas en su desarrollo, por crear situaciones de desequilibrio, desincentivar la búsqueda de trabajo, crear bolsas de trabajo sumergido y de fraude, y excesivo subjetivismo y politicismo. De 1986 a 1996 se ha distribuido de la siguiente manera:

Esto ha de variar en el futuro con la implantación del nuevo sistema, que reduce sustancialmente las posibilidades de abuso y que debe ser instrumento para que esta fórmula de subsidio de desempleo extienda más ampliamente su función social y complete su utilización con fines no electorales.

6. Despido

La política social de España, quizás también de otros países, gira sobre el despido, o terminación no prevista en la situación de empleo. Se admite que los trabajadores dependen de la actividad de la empresa y no que ésta se subordine a ellos, principio sobre el que gira la sociedad occidental, en especial desde la universalización o globalización competitiva, en que se ofrece a los ciudadanos posibilidad de elegir productos y servicios al menor precio y con mejor calidad. Hay momentos en que se ha creído, como en la Unión Soviética, y durante un tiempo en España, que la vida social debía girar exclusivamente sobre los derechos de los que trabajan y no que éstos lo hacían para servir al interés general de los ciudadanos; creo que esta actitud dominará el siglo XXI.

El criterio rígido de protección absoluta del empleo exige pérdida de libertad y dificulta el desarrollo económico. Por las razones que sean ha triunfado el sistema competitivo, nacional e internacional, eliminándose autarquías y también derechos privilegiados de personas que prestaban servicios en organismos públicos o en áreas protegidas de trabajo. Este sistema no se puede discutir, aunque algunos lo hagan, y debe aceptarse para no volver a situaciones «retrógradas» o que así se consideren; es consecuencia de la libertad, acompañada siempre de los riesgos que ésta implica.

Cuando el impacto de la ausencia de trabajo se agudiza, caso de España con más de un 20% de trabajadores activos desempleados; el término despido pasa a ser la «punta de lanza» de la actitud que podría llamarse conservadora, y ahora es izquierdista, que propone mantener privilegios de los que trabajan aunque su actividad no sea necesaria o no estén preparados para lo que se necesita.

La política laboral de los gobiernos gira siempre sobre el despido o el derecho de empresas o servicios públicos para dar fin por su voluntad a las relaciones de trabajo. Se ha dado al «despido» el carácter de «palabra dardo» para demonizar actitudes; se utiliza, como hace décadas, las palabras «rojo» o «fascista», que por sí solas calificaban negativamente, como ocurre en el momento actual con «privatización», que se considera mala intrínsecamente aunque favorezca a todos los ciudadanos, salvo a una parte de los que trabajen en actividades públicas.

Despido es el «cese por voluntad de la empresa de una relación laboral antes de su terminación estipulada por fin de un trabajo o por jubilación».

La justificación del despido se puede simplificar del siguiente modo:

- Terminación prevista, clara, aunque pueda ser flexible, tras un período fijo de tiempo u operación concreta, construcción de una carretera o pintura de un edificio, etc., o en el momento de la jubilación en un trabajo indefinido. No es despido sino situación jurídica anticipada; lo incluyo porque en una disposición judicial reciente se señalaba que un empleo de carácter temporal, limitado por su propia naturaleza, daba lugar a despido, decisión indudablemente equivocada.

- Actuación irregular del trabajador por diversas causas y justificaciones previstas en la Ley del Contrato de Trabajo, y que de no aceptarse por el trabajador resuelven los tribunales o las Magistraturas de Trabajo.

- Voluntad de la empresa sin incumplimiento del trabajador, por conveniencia operativa u otra circunstancia individual o colectiva, como la cancelación no prevista de un contrato con terceros o un cambio de mercado o un desequilibrio económico que afecte a su viabilidad. En esto aparecen diferencias de criterios e interpretaciones subjetivas. ¿Puede ofrecer la empresa una permanencia indefinida aunque ella misma no la tenga respecto a terceros? ¿Tiene capacidad la empresa para adaptar los empleos a su realidad económica? ¿Puede referirse ese despido a un trabajador concreto o a una colectividad?

- Desaparición de la empresa por crisis, quiebra, suspensión de pagos etc., por haber cometido errores, seguir una estrategia equivocada o verse sumida en un proceso general de declive de actividad.

Para reflexionar sobre el despido se debería analizar con precisión el contrato de trabajo, escrito o no, y su aplicación a trabajadores ocasionales y temporales, aceptada por la Administración y los jueces.

Un «problema profundo» es la conveniencia, incluso de orden público, de que los ciudadanos tengan perspectiva de continuidad en su empleo, y así adoptar decisiones de futuro. Es la aspiración de todos los seres humanos. La única posibilidad de continuidad garantizada hasta cierto punto, la ofrecen los sistemas maximalistas públicos que proponían los marxistas, incompatibles con un régimen de libertad universal, y con la probabilidad de continuidad política.

En las acciones de despido el caballo de batalla será la discriminación, que aunque lícita por razones objetivas, puede no serlo por razones subjetivas, comodidad de los patronos, interés sexual, diferencia ideológica u otra razón análoga. Es conveniente aceptar las causas de despido, pero también aceptar responsabilidad, individual o empresarial, por las actuaciones que perjudiquen a trabajadores discriminados en un despido, lo que creo que aumentará las reclamaciones y también la necesidad de instituciones para evitar abusos y agilizar la resolución de conflictos; para lo que han sido útiles las Delegaciones de Trabajo y creo conveniente su continuidad, aunque cada vez se llegará más a los tribunales.

La realidad es además que la Administración Pública sólo interviene efectivamente en despidos de «empresas de cierta dimensión», no en el conjunto de los trabajadores, lo que parece discriminatorio. La «filosofía laboral» de España fue concebida durante el gobierno del General Franco, dentro de una situación de falta de libertad, con necesidad de proteger a los trabajadores por imagen exterior y por convicción de que las retribuciones eran insuficientes. Esa situación se ha mantenido, en especial por presión sindical, sin tener en cuenta que hay que aceptar los riesgos de la sociedad libre y se debe buscar la eliminación de privilegios.

Los hombres y mujeres en una sociedad aspiran a tener continuidad en su empleo, si no garantizada, por lo menos aceptablemente previsible. Todo hombre para constituir una familia necesita «posibilidad de continuidad». Por otra parte, la sociedad libre exige que las empresas no la tengan garantizada sino sometidas a riesgos que aumentarán con la universalización y competencia permanente de que depende su viabilidad. Ambas son situaciones justificadas pero contradictorias y que requieren ser analizadas para coordinarlas en lo posible.

Cada nación debe equilibrar adecuadamente el interés colectivo y el individual, pero no creo que haya fórmulas para coordinar la duplicidad de «lo individual y familiar contra lo social y colectivo». La libertad es indispensable pero presenta efectos perversos; la universalización es también indispensable pero también los presenta. ¿Qué se va a hacer?

Una solución pragmática que yo propongo podría ser obligar a un ahorro forzoso de los que trabajen en una empresa, a disposición de los interesados al terminar la relación de trabajo y con garantía externa si la empresa tuviera dificultades. Este ahorro podría ser aproximadamente del diez por ciento por año de servicio. No sería indemnización sino «compensación empresarial diferida». Se tendría derecho a ella incluso con cese voluntario, aunque en este caso se perdería hacia un 30%, del ahorro acumulado, para facilitar a la empresa la estabilidad de sus empleados. Cabría un derecho basado en un compromiso con la empresa siempre que no desapareciese.

Los aspectos jurídicos de esta fórmula requerirían especialistas, pero la creo viable y merecería estudiarse por las autoridades, pues aunque recargase el coste laboral a medio plazo podría reducir el coste de las prestaciones de desempleo ¿Puede esto implantarse retrospectivamente o sólo cabe para el futuro? ¿Será fórmula efectiva que evite fraudes y conflictos? En todo caso puede ser útil para cuando un gobierno se enfrente con este problema y pretenda reducir la indemnización en caso de despido.

7. Formación

Con frecuencia se mezclan los conceptos de educación y formación, con las posibilidades para obtener un empleo. La educación no provoca empleo; ha habido países con un altísimo nivel de educación (a mediados de este siglo, Argentina y Uruguay), y sin embargo con alto nivel de desempleo de trabajadores «educados», no simplemente de los marginados. La educación es importante para la «formación de ciudadanos», también para aumentar la calidad del empleo a que se aspira, pero no hay que relacionar directamente educación y empleo, ambas instituciones de solidaridad, no dependen una de otra.

No ocurre lo mismo en la «formación», que tiene directa relación con el trabajo retribuido. Se «educa» para ser ciudadano; se «forma» para adquirir una especialidad laboral, retribuida o no. El objetivo de formación se ha desnaturalizado con los «fondos de formación» y con recargos de formación en la retribución de trabajadores. Desafortunadamente en España parece que la «formación» ha dejado de ser un instrumento para la mejora de los trabajadores y se ha convertido en un medio para que ciertos organismos públicos o agentes sociales obtengan ingresos no legítimos para financiar su propia estructura. Por ello, las comunidades autónomas quieren, con razón, recibir directamente estos fondos, incluso los de origen europeo. Se sienten con derecho a «reclamarlos» como hacen otros, en general con el propósito (disimulado) de financiar «objetivos de poder sectorial o sectario», pero despreocupándose del desempleo, salvo en cuantía muy limitada. Un ejemplo de abuso, verdadero escándalo porque es representativo de lo que en general ocurre, es el de una «promesa» de la Comunidad Autónoma de Madrid, gracias a Dios no cumplida, para la «Asociación Pro Cultura del olivo mediterráneo», de conceder 163 millones de pesetas para «cursos de catas de aceite y de periodismo». Parece una broma, si no fuera muestra del fraude generalizado de las «ayudas de formación», escándalo social y político que requería una comisión de investigación supervisada por el Parlamento, difícil de conseguir porque todos los partidos políticos están implicados, directa o indirectamente en esta clase de actuación. Sin entrar a juzgar este «caso Escanella»; pienso que debería servir para conocer otras situaciones semejantes, que tanto perjudican ante Europa nuestros intereses.

Sobre las reales necesidades de formación subvencionada hago algunas observaciones:

- Las empresas la utilizan por su propio interés, imputándola a gastos operativos, sin ser necesario que reciban cantidades con este objeto; es parte de su riesgo. Sólo en algún caso concreto estaría justificada su financiación pública.

- Puede ser parcialmente subvencionada en áreas geográficas con recursos insuficientes o para trabajadores trasvasados, en algunas empresas y en la Administración Pública.

- Es aceptable su financiación para trabajadores desempleados que adquieran otra profesión o especialización, pero debe tener efectividad práctica, no difusa genérica.

Para este objetivo concreto, para que sea realmente aprovechable en lo que tenga de justificado, parece un gran despilfarro los más de trescientos mil millones anuales que los gobernantes destinan para «formación», mejor estarían dedicados directamente a desempleados. La formación es muy importante, pero son muy graves las desviaciones en los fondos con este objeto, por lo que debe conocerse con precisión cómo se utilizan, si hay abusos y cómo se puede evitar, disminuir o reducir el despilfarro. Mejorará esta situación si se exige máxima transparencia inmediata en toda su utilización y que se analice lo que se haga por instituciones independientes de «sociedad civil». Si se conocen los costes de los cursos y se analiza retrospectivamente su necesidad y calidad objetiva se podrá mejorar el futuro, evitar cursos «cosméticos» cuyo principal objeto sea que una serie de personas o instituciones obtengan de ello beneficio.

Se habla de que realmente los «agentes sociales» perciben una comisión del 20%. Se ha agudizado este problema con las transferencias a Comunidades Autónomas y todo debe ser muy transparente dentro de ellas, cuál es su desempleo y de dónde proceden los tributos o las contribuciones de los trabajadores. En un reciente artículo en El País dos miembros de Comisiones Obreras tratan de justificar que no se haga la transferencia que pide el Gobierno Vasco; en el fondo porque pasan a la gestión territorial en que ellos tienen menor participación. Los autores del artículo se preocupan de la poca transparencia de la «Fundación Vasca para la Formación», pero no de la de ellos mismos. No sé si la transparencia beneficiaría a los sindicatos vascos, pero estoy seguro que la gestión vasca mejorará la acción contra el desempleo.

Para conocer el importe y programa en España de los fondos europeos de formación, ofrezco el siguiente cuadro.

También interesa conocer las cantidades de fondos europeos asignados en 1990 a las Comunidades Autónomas, y los que tienen carácter preferente:

El INEM se creó en la Ley Básica del Estado de 1980 como monopolio de la participación del gobierno en acciones de empleo y desempleo, impidiendo las acciones privadas de esta naturaleza. Ha tenido asignado en exclusiva las funciones de la administración para la gestión y control del empleo y desempleo, aunque no ha logrado éxito en esas competencias y en el futuro sus funciones parecen limitadas a la gestión del desempleo subsidiado; sirvió para crear una amplia burocracia inoperante. Un área concreta de abuso ha sido la «Formación Profesional Continua» sobre lo que en 1992 se firmó un primer acuerdo tripartito, buscando «planes de formación de empresas, planes agrupados para asociaciones empresariales, planes intersectoriales para actividades formativas, permisos individuales de formación con titulación y otra clase de iniciativas específicas relacionadas con el Fondo Social Europeo». Con este objeto se creó el FORCEM, que en parte absorbió funciones del INEM. Sus fondos, muy importantes, en 1995 llegaron a 96.000 millones de pesetas, con una procedencia de 46.000 millones del INEM y 32.000 del Fondo Social Europeo.

No tengo información posterior, pero parece que se está creando en el FORCEM un patrimonio de «desarrollo social», con edificios e instalaciones sin interés de esta clase, casi sólo para desviar fondos a actividades que en nada contribuyen a mejorar el desempleo pero que aumentan el poder de sindicatos y asociaciones empresariales; lo considero un gran escándalo.

En este momento, la mayor liberalización de la contratación laboral y nuevas fórmulas de empleo y de agencias de colocación directa, ha hecho que bastantes funcionarios del INEM hayan pasado al FORCEM.

8. Combatir el desempleo

El planteamiento de este problema es sustancialmente distinto a otras áreas de solidaridad, en las que sólo interesa la cuantía de las prestaciones, en tanto en el desempleo es importante la acción preventiva o creativa, no sólo la compensatoria.

Existen tres situaciones cronológicas relacionadas con el empleo y acciones solidarias correspondientes:

- Etapa familiar, que dura hasta los veinte años, o veinticinco en algunos casos. Sus componentes no están desempleados pero carecen de recursos directos y las familias atienden sus necesidades, en algunos casos con ayudas públicas de educación. Esto aconseja proteger a la «familia legal constituida» para ayudar dentro de ella a personas con insuficientes recursos económicos.

- Etapa laboral, desde la familiar hasta los cincuenta y cinco o sesenta y cinco, en que existe «posibilidad de empleo», aunque se reconozca que a veces no lo consiga cerca del 25% de los ciudadanos. En este caso aparece desempleo de tres clases: circunstancial, entre dos posibles empleos, estructural, como el de Andalucía, y crónico, cuando la demanda de trabajo es muy superior a la oferta y no se prevé conseguir un empleo. Para estos tres casos se necesitan prestaciones de desempleo, pero de diferente naturaleza.

- Etapa pasiva, desde el fin de la etapa laboral hasta el final de la vida, con recursos propios acumulados, pensiones de vejez de origen laboral, pensiones no contributivas, ayudas asistenciales públicas o privadas, incluso caridad y limosna.

En las tres etapas son importantes acciones individuales voluntarias, con «oficio generoso» y valor económico que deberían incorporarse a la «microeconomía social». Destacan especialmente las aportaciones de la Iglesia y personas influidas por ella para ayudar a necesitados de cualquier clase. Puede que hace varios siglos el monopolio de la Iglesia produjese abusos, inevitables en todos los monopolios, pero ahora la Iglesia ofrece servicio desinteresado, tanto de los misioneros que acuden a dedicar y exponer su vida en las zonas más atrasadas del mundo, como los que en su propio entorno prestan ayuda a los que carecen de cualquier protección. La Iglesia hoy no domina ni tiene privilegios, y es gravísimo error aprovechar su debilidad para reducir su influencia social cuando habría que impulsar y ayudar a financiar su dedicación a lo «solidario» en áreas a que nunca llegarán las instituciones oficiales. La utilización de los fondos tributarios destinados a la Iglesia y los dedicados a «otros fines sociales» es ejemplo a tener en cuenta. Casi la totalidad de los que recibe la Iglesia van a ayudas reales que llegan directa o indirectamente a personas necesitadas, en tanto en lo recaudado por el Gobierno parte sustancial ha servido para «fines electorales y sectarios», en nada relacionados con ayudas a necesitados y sí en algún momento a radicalismos; lo mismo puede ocurrir con gobiernos de distinto signo al socialista.

La acción caritativa de la Iglesia es de extraordinaria importancia en España, recogiendo una tradición de toda su historia que surge de obras concretas al servicio de los pobres, consecuencia de su vocación de amor, como podría denominarse. En 1942 se creó el Secretariado Nacional de la Caridad dentro de la Acción Católica, que en 1947 se convirtió en CARITAS. En la actualidad la Iglesia Española cuenta con unas 23.000 parroquias, de las cuales tiene implantación CARITAS en 9.000, más las 67 CARITAS Diocesanas correspondientes a sus respectivas diócesis en que colaboran más de 65.000 voluntarios. Su acción directa no puede solamente medirse por sus aportaciones económicas, que en el año 1996 han sido de 17.500 millones de pesetas, sino por las actuaciones personales directas de atención individual, sensibilización social y ayudas a las clases muy marginales. El «Fondo nacional de Caridad», las cantinas escolares, escuelas de asistentes sociales y el impulso de constructoras benéficas, etc., se financian fundamentalmente con campañas anuales y han pasado desde un carácter puramente asistencial hacia la protección de colectivos de riesgo e impulso para el cambio social. Sus cinco décadas de trabajo han permitido designar unos objetivos claros para el siglo XXI que se resumen en el deseo en aumentar el compromiso social con los colectivos más desfavorecidos y la conciencia plena de que en ese terreno queda mucho camino por andar. Pero esto es sólo la acción directa de «la Iglesia secular» y además está la de las órdenes e instituciones religiosas, que según se dice más que duplica la directa de la jerarquía. Es un gran conjunto, «la gran mafia social caritativa», que actúa sin ayuda individual ni colectiva, que apenas se comenta ni conoce, pero que sirve a millones de personas en lo que nunca podrá llegar la acción oficial.

En conjunto este gran movimiento, que habla poco pero actúa mucho, representa una «estructura» multiprovincial de generosidad, que existe pero que los gobiernos tratan de minimizar y ocultar, como se hace con las aportaciones a la Iglesia en las declaraciones de renta, que muchos partidos, si no todos, consideran «despilfarro social». Hay momentos en que me avergüenza formar parte de un país en que esto ocurre, con un «consenso social» con ese objetivo, pero me enorgullece saber que también existe la «gran multinacional de la generosidad», que constituye el conjunto de actividades de la Iglesia Católica en todo el mundo y en la cual tiene un protagonismo especial España, aunque apenas se conozcan sus actuaciones, pues su modestia forma parte de la generosidad, que no actúa para recibir reconocimiento y honores sino por amor al prójimo y amor a Dios.

No tiene fácil explicación al alto nivel de desempleo en España, muy superior al de la vecina Portugal, con estructura sociológica bastante semejante. Es difícil de comprender y no he visto explicación que aparentemente convenza de este desequilibrio. Además, en España apenas existe malestar, intranquilidad ni efervescencia social, ni incluso las tensiones que aparecen en países, como Alemania, de menos desempleo. Si nadie lo explica no aspiro a ser la excepción; sólo acepto los hechos como son y propongo concentrarse en su propia evolución cronológica y la evolución comparable de otros países.

Como ejemplo de lo que no se debe hacer, resumo propuestas de varias fuerzas sociales y políticas para fomentar el empleo, que quieren «mejorar todo», pero sólo como declaración teórica sin propósito de efectividad ni admisión de lo que realmente serviría para algo.

Resumo algunas de estas propuestas.

- UGT de Madrid, que supongo representa la UGT en general, propone: promoción de formación e investigación, atracción de inversores, desarrollo sectorial, desarrollo regional, reforzar el sector público oficial, rechazar privatizaciones, redistribuir el trabajo, eliminar horas extraordinarias y aspirar a jornada de treinta horas conservando el poder adquisitivo. Ninguna sirve para estimular el empleo, porque cualquiera que pudiera hacerlo se condiciona al «mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores con empleo», precisamente lo que impide crear los nuevos.

- CEOE, pone su atención y énfasis en la creación de empleo por mejora económica y agilidad del mercado de trabajo, lo que parece razonable, pero es muy vago; basa su esperanza en la política pública y mantiene que solamente se creará empleo si éste se puede modificar con facilidad y agilidad y se deja de proteger a privilegiados a costa de futuros trabajadores.

- PARTIDO POPULAR, destaca: «economía fuerte que genera empleo, mejorar la organización del trabajo, estimular contratos en prácticas, atención especial a los parados de larga duración, transformar el INEM para dedicarlo solamente a la promoción y formación del empleo y que la gestión de prestaciones se traspase a la Seguridad Social, vincular prestaciones de desempleo con prácticas de formación y reducir los costes no salariales del trabajo». Son medidas, buenas o malas, que no contribuyen a aumentar el empleo, salvo en lo genérico de «que mejore la economía».

- PSOE, propone: «promover iniciativas locales, estimular pactos de productividad para evitar el aumento de las retribuciones de asalariados actuales, reducir horas extraordinarias, repartir el trabajo, estimular trabajo flexible, reducir cotizaciones sociales, en especial en los trabajadores menos retribuidos y tratar preferentemente a desempleados de larga duración». No es muy diferente al Partido Popular.

Nada de lo anterior sirve para revertir la situación actual ni para aumentar el empleo porque se eluden las medidas incómodas, que siempre afectan a algún interés creado, legítimo o no, rémora que impide enfrentarse con la realidad.

Me satisface citar la posición de UNIAPAC (Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa), en España representada por ASE, (Asociación Social Empresarial) con las que he tenido estrecha vinculación en una parte de mi vida. UNIAPAC creó un comité de estudios sobre el empleo para «dulcificar» las relaciones de trabajo, que ha preparado a finales del 1996 un documento en que han participado cien empresas que proponen diez áreas de creación de empleo:

«Estimular la preocupación y la imaginación a favor del empleo de los jóvenes; reconocer la formación continua como inversión personal indispensable; ofrecer información transparente para asegurar la aceptación de las realidades y salvaguardar los empleos; utilización efectiva de los trabajadores para aumentar la productividad; acuerdos sobre la flexibilidad del tiempo de trabajo y de la remuneración; considerar el despido como una solución última; acelerar la información sobre los empleos disponibles para minimizar el desempleo de corta duración; crear contratos tripartitos con apoyo de autoridades para los desempleados de larga duración; proponer modificaciones de las leyes de trabajo para que éstas no dificulten la creación de empleo; y promover el espíritu empresarial en todos los niveles de la sociedad».

No son soluciones finales, que desgraciadamente no hay, pero sí orientaciones de cómo actuar. Me parecen más positivas que las anteriores, aunque ni unas ni otras eliminen este grave problema de nuestra sociedad.

Por mi parte señalo que será útil simplificar las condiciones de despido y agilizarlo, pues evita el temor de los patronos a adquirir compromisos permanentes, y esto incrementa la rotación y permite mayor posibilidad de empleo. Las dificultades para el despido favorecen el empleo privilegiado pero reducen la oferta de empleo, causa del llamado empleo precario español, que hay que diferenciar del auténtico empleo temporal u ocasional, no estable pero realidad de la vida económica. Para reducir la tensión de los desempleados sólo encuentro la fórmula del ahorro forzoso durante el empleo, ya comentada, que podría ser aceptable para el futuro, así como estimular en todo lo posible el trabajo regular a tiempo parcial, como ocurre en otros países.

Además, quiero señalar la necesidad de ofrecer trabajo, y en especial primeros trabajos, a jóvenes ciudadanos, los más afectados, que se encuentran en momento de entrar en la edad adulta, que les evite desviaciones posteriores en su actuación ciudadana.

Para combatir el desempleo se presentan fórmulas burocratizadas sin ningún efecto real, salvo el empleo de los que las gestionan. En cambio, nadie habla de un posible servicio social, inspirado en el Servicio Militar, que obligue a jóvenes, mujeres incluidas, a un servicio efectivo gratuito durante un período de su vida, como contribución especial a las ventajas generales que reciben y a los intereses generales de la nación. Se considera un éxito la eliminación del Servicio Militar obligatorio, que constituía una aportación bastante igualitaria, no siempre con repercusiones positivas pero que significaba reconocimiento de que algo se debe a la propia nación. Recuerdo que mi padre, que mucho influyó en mí, pero no en esto, era enemigo del Servicio Militar obligatorio; yo no lo soy tanto. De un modo u otro, creo que se acabará haciendo necesaria alguna fórmula de esta naturaleza, no fácil porque requerirá una extraordinaria preparación logística para que no se transforme en un período de holganza sino de aprendizaje de uno o varios oficios, de conocimiento de personas fuera de cada entorno personal y de conciencia, que nadie hoy tiene, del honor que representa aportar algo por lo que se recibe gratuitamente. Así ocurre en Israel, país con tensiones de supervivencia ¿Es que la sociedad occidental o algunos países como el nuestro no pueden tener en el futuro problemas de esta clase?

Aunque de modo insuficiente, se ha comenzado en España a buscar soluciones con el «Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del Empleo», de abril de 1997, pero harán falta fórmulas más efectivas, pues éstas apenas lo son; sirven más para tranquilizar conciencias y salvar la cara con alguna insuficiente modificación cosmética, que para afrontar con efectividad una mejora real.

9. Estímulos de empleo

En el «equilibrio con desempleo», tan peculiar de la sociedad española, parece que influyen algunos factores externos.

- Trabajo familiar, cuya utilización sirve para compensar el desempleo oficial. La familia es el gran factor compensador de los efectos negativos del desempleo, no solamente como «subsidio de padres» sino para orientar en trabajos concretos.

- Ahorro, gran colchón, quizás explicación parcial de lo actual y objetivo en el siglo XXI. Es preciso estimular el ahorro individual y que también contribuya a la mejora general y que es además muestra de que las familias se preocupan por la incertidumbre y acumulan fondos para subsistir en circunstancias desfavorables.

- Austeridad, para reducir el gasto superfluo, que abre camino a una «reducción general del poder adquisitivo», aunque los países occidentales estén acostumbrados a «siempre más», en contra de la experiencia histórica de la humanidad. La reducción de gastos personales, ayuda al ahorro para preparar una reducción paulatina de ingresos reales que próximamente podría ocurrir.

Hay que prever en las próximas décadas que continúe la situación de «desempleo equilibrado», hasta que por circunstancias de biología colectiva, hoy no predecibles, se llegue a nuevas fórmulas de equilibrio, aun poco satisfactorio, adaptables a la dimensión y estructura de la población, como ha ocurrido en la historia de la humanidad. Esta readaptación es probable que se produzca, tanto por áreas geográficas como por sectores funcionales de trabajo, pero estará afectada por la «redistribución internacional de actividades productivas», que parece inevitable y que creo positiva, con incorporación de trabajo exterior, en especial para las tareas más humildes, penosas e inseguras, que evitan los ciudadanos y que atraiga emigrantes de zonas con tasa de desempleo superior al cuarenta por ciento. Siempre ha ocurrido algo semejante.

Creo útil los datos del desempleo en 1995 y 1996 de países comparables a España.

En cuanto a la política de los gobiernos, hay que tener en cuenta que pueden afrontar la situación de desempleo de tres formas alternativas:

- La brutal, «el que no trabaje que no coma», dominante mucho tiempo aunque con mecanismos sociales que la suavizaban, como las de protección familiar y acciones voluntarias. Nadie la admite ahora en lo ético y no sería viable en lo sociopolítico, pero conviene citarla puesto que la proponen algunos para obligar al trabajo y a la creación de riqueza; personalmente no puedo tratar de justificarla.

- La total, de regímenes marxistas, con antecedente original en pequeñas comunidades históricas, «todo para todos». En la familia se tiene derecho a ser mantenido, pero a costa de libertad, con limitaciones y obligaciones; cuando se ha querido trasladar a la época moderna el derecho y obligación de «mantener a todos», se ha perdido la creación de un imperio potentísimo como el ruso.

- La posible, humana y pienso que cristiana, con utilización de prestaciones, subvenciones o «ayudas con limitaciones» para las situaciones de desempleo, con aceptación de desigualdades, cuya concreción será siempre tema discutible y por supuesto muy discutido y sobre lo que los gobernantes deben decidir. Significa un sistema de redistribución de recursos públicos, en mi opinión la única fórmula aceptable para afrontar este problema.

En cada Comunidad Autónoma en España debe conocerse no sólo el «qué» sino el «cómo» de la situación de empleo y desempleo, y con ello determinar el importe óptimo de estas prestaciones, de modo absoluto y también en relación a su presupuesto de gastos públicos y a su PIB. Así serán más acertadas y eficaces las soluciones que se apliquen y se hará más difícil la demagogia populista.

Mi propuesta sería dedicar a prestaciones directas de desempleo y algunas de formación, con la distribución que se considere más equitativa, aproximadamente un CINCO POR CIENTO del importe total del gasto público. Este importe variaría en cada comunidad autónoma y sólo sería modificable, en más o menos, por razones justificadas en cada situación o decisión política. La que se acuerde podría considerarse la «prestación pública conjunta de desempleo», obligación colectiva para los que están en esa situación. Es una propuesta muy general, que se debe apoyar en información concreta «coste conjunto de estas prestaciones» y que además incluya precisión específica de lo que se da y cómo se da, y lo que se gasta con este aspecto, que puede variar de una comunidad a otra y de un año a otro.

Esta acción obligará a explicar a gobiernos y parlamentos las razones de cada decisión, que deberá depender no sólo de las propias áreas de cada comunidad sino de otras, y del conjunto del gasto nacional.

Querría ofrecer información para el siglo XXI pero, como sugerencia, sólo me atrevo a destacar tendencias adaptables a circunstancias concretas, sin seguridad de que sean satisfactorias ni suficientes ni viables, aunque sí útiles en casos y momentos concretos.

- Reducir coste laboral (que se incluye en el coste del empleo) y aumentar tributos generales, en especial indirectos.

- Fijar límites globales en las prestaciones de desempleo, en proporción a los recursos nacionales o comunitarios, al PIB o a los gastos públicos de cada comunidad, que sirvan de guía y que obliguen a reflexionar responsablemente a quienes propongan cambios para solucionar estas situaciones.

- Limitar las prestaciones actuales que tengan mayor efecto «perverso» y que incentivan a «vivir de ellas».

- Estimular el ahorro para compensar situaciones negativas individuales.

- Utilizar para la distinta protección de los desempleados la reducción de costes de gastos superfluos y de burocracia excesiva, en especial la hoy dedicada precisamente a la gestión y promoción pública de empleo y que apenas sirve para nada.

- Repercutir la financiación de las prestaciones en las «comunidades autónomas» y en algunos casos en unidades inferiores a ellas, para que dediquen mayor atención a las desviaciones y despilfarro de sus gobernantes pues los que mejor conocen causas, fraudes o abusos son los más próximos. La territorialización ha de ser instrumento de mejora en una nación con «autonomías operativas» y es preciso que cada una acepte la responsabilidad de la carga de las prestaciones a sus ciudadanos.

- Estimular la protección a «desempleados crónicos» y establecer prestaciones mínimas absolutas para las personas que en ciertas edades carezcan de empleo y no sea probable que lo encuentren antes de recibir pensión de vejez.

- Adoptar medidas especiales transparentes para el desempleo estructural de áreas rurales, en que por circunstancias históricas no sea posible prever aumento de los puestos de trabajo, para evitar el fraude en su utilización y su politización, lo que parece posible con información regular transparente.

- Utilizar una «cartilla oficial de desempleo» para recibir cualquier clase de prestaciones de esta clase y coordinarlas con las de personas de una misma familia y con otras prestaciones solidarias.

- Conocer permanentemente de modo preciso e inmediato la evolución del importe de prestaciones de cada «comunidad autónoma», área provincial y en algún caso municipal, para lo que es necesario la completa «normalización» de las operaciones administrativas, que permita su inclusión en bases de datos homogéneas.

- Exigir información efectiva de la evolución micro y macro de las prestaciones, para detectar desviaciones, abusos y despilfarros, que sólo con transparencia se evitan.

- Dar a conocer por internet la relación de las personas que perciben cada mes prestación de desempleo, incluso en cada municipio.

- Evitar que el desempleo sea un juego y hasta una profesión utilizada con métodos imaginativos para bordear leyes impensables y decir que se «trabaja en el paro».

- Ampliar el empleo a tiempo parcial. Hay que estimularlo en personas que lo prefieren, aunque hasta ahora en España se ha desaconsejado y evitado. Es un objetivo sociológico, no solamente una medida para «compensar» el desempleo. Las medidas acertadas con este objeto, pueden ser un factor para reducir el desempleo, casi las únicas, con efecto concreto aunque limitado, que colabore en la estabilidad social.

- Facilitar la utilización de sistemas de empleo en el propio domicilio, que pueden ser a tiempo parcial y consecuencia de varios avances tecnológicos.

- Promover el autoempleo en sus diversas modalidades de trabajo autónomo y actividad profesional; será conveniente y necesario que aumente, es el camino para una sociedad equilibrada, con mayor iniciativa individual, movilidad y efectividad personal.

- Utilizar servicios del INSERSO, ahora INMERSO, para los desempleados crónicos; es una estructura de servicio general no dinerario y que ayuda al bienestar de los pensionistas, tanto por vejez como por desempleo.

Debo comentar la reciente propuesta del Gobierno francés de reducir la jornada semanal a treinta y cinco horas semanales, que sólo repercutiría en «mejora para los trabajadores privilegiados», que es precisamente lo que se debe evitar. Creo que no se implantará, salvo de modo aparente para «salvar la cara» de Jospin, pero enturbiará la larga y difícil situación en este área. Por otra parte, no lo acaban de aceptar ni los más beneficiados, porque intuyen que cualquiera que sea la oferta inicial repercutirá en la disminución del poder adquisitivo por jornada trabajada.

Cada gobierno autónomo debe adaptarse a sus propias situaciones, justificando su decisión a los ciudadanos, a instituciones de sociedad civil y en especial a los parlamentos.

En todo caso, quiero señalar:

- No se conseguirá en el empleo una situación satisfactoria si no reconocen los agentes sociales la necesidad de medidas que de algún modo afecten al poder adquisitivo de los trabajadores. Es un aparente sacrificio, que puede ser útil como anticipo de beneficio propio y sobre todo colectivo para los sectores más débiles y como expresión de solidaridad.

- Los cambios deben hacerse de modo suave, no con rupturas drásticas con lo anterior sino con adaptaciones paulatinas.

Para que esto no sea negativo socialmente, resulta indispensable información pública mensual de la situación y coste de desempleo en ciudades, municipios o comunidades autónomas, con comparación respecto a otras unidades semejantes y a años anteriores. Con esta «transparencia inteligente» serán más fáciles las medidas concretas, inmediatas y parcialmente útiles, que es a lo que se puede aspirar.

Además, y muy especialmente, quiero repetir, no será posible una sociedad digna y equilibrada salvo que además de las prestaciones generales exista participación efectiva de familias, voluntariado y caridad individual, y sobretodo sin el esfuerzo, dedicación, sacrificio y ahorro de los propios interesados, pues las prestaciones oficiales palian efectos, pero nunca eliminan totalmente las repercusiones de la ausencia de empleo.

10. Gestión, estructura y economía

Es necesario estudiar por separado la «gestión de prestaciones de desempleo» y la «gestión para crear empleo». Ambas se han integrado en el INEM, pero la tendencia actual es eliminar este monopolio. Lo creo conveniente, pero hay que ampliarlo a conocer mejor en el futuro, tanto la evolución global como la del INEM. Para eso ofrezco los siguientes cuadros.

Parece muy conveniente que cada unidad estuviese en condiciones de utilizar el modelo de información con el modelo teórico que a continuación propongo, referente a prestaciones de empleo y su relación histórica con el INEM. Será, si se utiliza, un antecedente muy útil en cualquier decisión futura.

Este cuadro, que se debería actualizar al menos cada trimestre, será instrumento indispensable de observación, que todos los ciudadanos deberían conocer, puesto que el empleo es un problema de los ciudadanos de un área, trabajen o no. La mayor proximidad reduce el fraude y es importante que las desviaciones de sus prestaciones recaigan en la propia área, no sólo de las comunidades autónomas sino también de las provincias o comarcas. Es uno de los aspectos de utilización efectiva de INTERNET.

La gestión de estas prestaciones es fácil con un buen sistema informático normalizado, utilizando en lo posible las estructuras solidarias públicas territoriales y los soportes de pago de las pensiones, sin duplicar operaciones administrativas, sobre todo si se crea la cartilla de despido para todos los que perciben pensiones de empleo, incluso las de empleo rural o estructural.

En otros sectores solidarios se proponen estructuras y cúpulas independientes de los gobernantes y de sus alternancias electorales, necesarias en lo político pero perjudiciales en lo social. Esto ha sido el objetivo práctico de todo el libro. En el desempleo deben tener mayor intervención las fuerzas políticas al ser un objetivo activo público y no sólo personal de cada ciudadano, pero siempre exigiendo transparencia que evite el abuso.

En mi opinión, convendría una «cúpula coordinadora nacional» apoyada en instituciones no oficiales ni politizadas con representación de fuerzas socio-institucionales y de agentes sociales, que se relaciona con las cúpulas autonómicas con el mismo carácter. Esta estructura puede ser distinta en comunidades con problemas de empleo rural o asistencial, pero siempre en condiciones de transparencia cuando se gestionan localmente.

Dentro de la «gestión territorial» hay que prever fórmulas para compensar el coste de desempleo de personas que trasladen su residencia de una comunidad a otra, del mismo modo que ocurre en la estructura de asistencia sanitaria será un problema no siempre fácil de resolver.

Un objetivo social para la economía del desempleo sería financiar las prestaciones solidarias sin desestabilizar el equilibrio económico de la nación, y para esto es indispensable un conocimiento detallado, permanente y fiable de la evolución real de sus gastos para adoptar decisiones prudentes pero suficientes.

Hasta ahora en España el desempleo se ha financiado con aportaciones de empresas y trabajadores como «recargo» laboral y sólo una parte pequeña a cargo de tributos incluidos en los presupuestos públicos, salvo en algunos casos del antiguo PER. Ahora, en que parece indispensable reducir el «coste laboral» para acercarse al de Europa será necesario que la mayor parte de la financiación esté a cargo de tributos generales o especiales, nacionales o comunitarios. Por eso, la última medida del Gobierno para utilizar más los recargos laborales me parece inconveniente y creo debe rectificarse.

Los tributos para financiar el desempleo se podrían canalizar de modo «nacional», de modo «autonómico», o incluso «municipal». En cada ejercicio habría que decidir parlamentariamente en cada comunidad autónoma cuánto se puede «dedicar» para compensar a los trabajadores activos que no puedan mantener una «supervivencia digna». Será decisión eminentemente política, que debe incluir no sólo la cuantía global sino las modalidades de prestaciones y a qué clases de desempleo y por qué importe se destinan, que varían de unas comunidades a otras.

En las prestaciones de desempleo es más importante el «cómo» que el «qué». No basta con determinar su importe, sino «a quién se da» y «cómo se da» para que sea útil, y equitativo y no tenga efecto perverso que perjudique al conjunto de los ciudadanos.

La economía del desempleo, cualesquiera sus causas o responsabilidades, exige aportación oficial, pero necesita «colaboración social», comentada en anterior epígrafe, para completar lo oficial, que forzosamente tiene límites.

Ya he indicado que los recursos nacionales o territoriales que tengan como destino el desempleo equivalen aproximadamente en España a un 6,8% de los gastos públicos y un 2,7% del PIB. Esta cifra puede sufrir cambios profundos, pero sirve de base de partida para el siglo que pronto se va a iniciar. En mi opinión se deberá prever su aumento, si es necesario, por lo menos al 5% del PIB, haciendo posible que eso sea soportable por el conjunto de los ciudadanos, sin «ingeniería contable cosmética».

Para orientar las decisiones que convenga adoptar, es importante información de algunas naciones europeas, como la siguiente.

Las anteriores orientaciones e informaciones pueden ser útiles para nuestra nación y comunidades autónomas en el próximo siglo. Por eso, en la nota introductoria de este libro he ofrecido un panorama del conjunto de las áreas de solidaridad y su relación con los ingresos y gastos públicos. Sólo con estas cifras, que deben conocerse permanentemente y con precisión en lo que corresponde a cada unidad territorial autónoma, será posible adoptar decisiones correctas, las mejores para los intereses de los ciudadanos, y que sean realistas y realizables.

11. Información complementaria

Cito las obras que a mi juicio resultan básicas para este capítulo.

- Los informes promovidos y publicados por la Fundación Encuentro sobre la situación actual de España. En todos ellos se hace referencia explícita al grave problema del desempleo y se hacen sugerencias interesantes.

- El Libro Blanco sobre el papel del Estado en la Economía Española, dirigido por Rafael Termes, que dedica una parte de sus conclusiones al problema del desempleo. Plantea medidas tendentes a la reforma del mercado laboral que implican la racionalización de las condiciones del despido, la reducción de los costes laborales y de incentivos al empleo y la reforma de negociación colectiva.

- El texto de la reciente reforma laboral, que permite aproximarnos a la realidad del fenómeno y a las soluciones que a esa realidad plantean tanto los sindicatos como las patronales.

Existen más publicaciones sobre empleo y desempleo, pero dedicadas a aspectos concretos o a una filosofía general de lo que son en España y en Europa, más en lo teórico que en lo práctico.

12. Consideraciones finales

Ofrezco a continuación algunas consideraciones, que podrán ayudar a ciudadanos y gobernantes en su objetivo de equilibrio social en las naciones occidentales.

Trabajo

- El trabajo es una necesidad en la vida humana; hay que aceptarlo. Es una causa. ¿Pecado original?

- El empleo (trabajo regular retribuido) ha pasado a tener un carácter patrimonial del que a veces se abusa y se considera derecho ausente de obligaciones; así ocurrió en la historia con la propiedad de bienes.

- En ocasiones se olvida la relación «empleo-trabajo», considerando el primero vehículo para el bienestar personal sin contraprestación de trabajo efectivo.

- Se considera el empleo no como obligación sino como derecho para una completa realización ciudadana. El ocio no siempre se cree satisfactorio, aunque lo sea normalmente en la práctica

- El empleo ha pasado a ser un objetivo de hombres y mujeres, factor vital de su dignidad y también derecho a exigir a los gobiernos.

- El empleo y su relación con el trabajo es un hecho característico de nuestra sociedad y por ello conviene estudiar su encuadramiento jurídico permanente, alejado de lo coyuntural por razones y objetivos en muchos casos sectoriales.

- Es error considerar empleo sólo el fijo, o sea vitalicio, casi jubilación anticipada desde edad reducida, ya que el empleo no se puede garantizar si la sociedad es competitiva y sus actividades no admiten garantías de continuidad, salvo en algunos empleos públicos privilegiados obtenidos con concursos y oposiciones objetivos y difíciles.

- Conviene eliminar el empleo privilegiado, sin riesgos ni responsabilidad, y en todo caso acompañarse de condiciones muy rígidas para obtenerlo.

- El interés colectivo exige empleo útil, público o privado, no ficticio aparente, con sentido ético y obligación de servicio, aunque algunos crean que su única consecuencia sea el derecho a la huelga y a la propia comodidad.

Empleo público

- En España se ha deformado la concepción del empleo público, transformándose en un derecho, que una vez adquirido no puede modificarse, fórmula de «propiedad patrimonial» a costa del interés general.

- Es necesaria la regulación adecuada del empleo público para que deje de ser rémora social; sin conseguirlo ninguna nación podrá afrontar los retos del próximo siglo.

- Cualquier clase de empleo público que implique «derecho indefinido de continuidad» deberá estar sujeto a requisitos especiales para su ingreso y a obligaciones precisas, eliminando en compensación algunos derechos normales de los empleados no públicos, como la no movilidad en su puesto de trabajo.

- Resulta difícil administrar y gestionar de modo conveniente el empleo público no especializado, pues sus «gestores» permanentes y circunstanciales, carecen casi siempre de capacidad para ello, y aun con buena voluntad actúan sin eficacia. Parece importante utilizar especialistas para organizar transferencias de un puesto a otro y preparar a los afectados para la integración en áreas útiles en la Administración Pública.

Desempleo

- Es desempleo la ausencia de trabajo permanente y con retribución digna, o la ausencia total de la posibilidad de un empleo.

- Hasta el siglo XX el desempleo no ha tenido trascendencia colectiva; empezó a tenerla desde la crisis de 1929, cuando se consideró problema socio-político, aparte de la estricta adversidad personal.

- El desempleo en cifras no puramente fracciónales es un trauma de la civilización occidental, consecuencia perversa de su desarrollo científico y técnico, que afectará a su evolución y creará tensiones graves, especialmente si ha estado precedido de trabajo regular estable.

- Las naciones occidentales deben ofrecer firme voluntad de reducir el desempleo y evitar que la protección de los empleos privilegiados aumente los problemas de los que no puedan obtenerlo.

- Cada nación occidental necesita arbitrar fórmulas para proteger y conservar el desempleo de sus ciudadanos, con conciencia de lo que esto representa y problemas que ofrece.

- Es obligación irrenunciable de los gobernantes luchar por la existencia del menor desempleo posible pero con trabajos útiles para la sociedad aunque no todos tengan el mismo aprovechamiento.

- Cualquier fórmula que desee aumentar el número de los que trabajan y reducir el de desempleados afecta al poder adquisitivo de los trabajadores en activo, y si esto se impide desaparece su efectividad.

- Conviene estimular la utilización de trabajo a tiempo parcial para que facilite la creación de empleo y las necesidades o conveniencias de algunos trabajadores.

- En circunstancias homogéneas el empleo sólo aumenta, o por acontecimiento nacional no esperado, o por redistribución de tiempo e ingresos. Otras fórmulas son cosméticas o coyunturales, o errores maliciosos.

Despido

- El despido es un determinante básico en la situación de desempleo, en especial el cese de una relación de trabajo ordenada por el empleador sin justificación subjetiva del trabajador.

- La facilidad de despido de nuevos trabajadores hace más flexible la vida laboral y contribuye a crear empleo, debiendo suavizarse su impacto en los «trabajadores históricos».

- Conviene considerar la indemnización por despido no justificado como una compensación que se ha adquirido en el tiempo de un empleo; se debería integrarlo en los contratos de trabajo para dejar clara esta obligación.

- Es negativa la protección del desempleo, que reduce el estímulo por el trabajo y formación de ahorro consecuente porque sólo éste y la austeridad pública son efectivos para la protección social del máximo número de personas.

Gestión del desempleo

- Los gobiernos deben promover una acción efectiva para la protección del desempleo no voluntario.

- En cualquier gestión de desempleo son probables abusos de los interesados y que los gobernantes la utilicen para fines distintos a compensar su carencia.

- El conjunto de prestaciones de desempleo debe guardar proporción con el conjunto de gastos públicos y la evolución de su Producto Interior Bruto, nacional o territorial. La determinación del importe relativo y absoluto en cada ejercicio es función y obligación principal de los gobernantes y parlamentarios de cada Comunidad Autónoma.

- El problema del desempleo es en gran parte local y próximo, y se agrava con traumas de dislocación de unas áreas a otras; con un mercado muy amplio como Estados Unidos podría mejorarse, lo que es difícil en Europa.

- La protección del desempleo exige movilidad en la búsqueda de trabajo, que puede afectar a la vida familiar cuando trabajen las dos personas de una pareja.

- Hay que admitir la existencia de desempleo estructural en algunas regiones que por razones históricas y alta densidad de población carecen de suficiente actividad económica, pero sus prestaciones deben evitar abusos y utilización desviada, para lo que se necesita permanente transparencia.

- En la sociedad no occidental el desempleo tiene características muy diversas en cada área y época, que no se pueden medir con criterios análogos, aunque la globalización disminuya las diferencias.

- Las prestaciones de desempleo conviene se gestionen en áreas cercanas al desempleado y con cargo a su misma unidad presupuestaria, para que los gobernantes tengan máximo interés en evitar despilfarro y abusos.

- Será difícil una gestión efectiva de las prestaciones de desempleo sin un conocimiento permanente y transparente de la situación en cada área geográfica.

- Se debe evitar toda burocracia inoperante tanto en la gestión de desempleo como en la promoción de empleo creadas con fin endogámico distinto a los de su objetivo social.

- La mejor supervisión en la gestión de empleo es la transparencia y su análisis regular por instituciones independientes que puedan exponer regularmente a los ciudadanos sus opiniones y análisis de situación.

Como resumen puedo decir que la existencia de desempleo es un hecho que no parece evitable en la sociedad occidental que es responsabilidad de todos, gobernantes y ciudadanos, y que su compensación debe considerarse como carga que afecta a quienes cuentan con recursos por patrimonio o por trabajo, cualquiera que sea la evolución de los gobiernos y sus alternancias. Hay que tratar el desempleo como una dolencia crónica con que hay que convivir y para la que son necesarias medidas personales y colectivas, del mismo modo que ante una endemia o epidemia, que también afecta al equilibrio social.

En este momento, cuando corrijo las pruebas, está surgiendo el fenómeno de los «nuevos parados» en Francia, que creo será antecedente de movimientos o fenómenos parecidos en todo el siglo XXI y en todas las naciones europeas. Había previsto la aparición de novedades pero no precisamente ésta, que ahora veo tan comprensible. Las prestaciones de desempleo «operativo» conviene reducirlas para evitar que algunos se dediquen a «trabajar en el paro», pero en cambio es indispensable aumentar las de parados crónicos, aunque afecte al equilibrio presupuestario que se exige en la Unión Europea, aspecto solidario que hay que incluir como objetivo básico, como el de la protección de la salud. El problema para financiar estas prestaciones de solidaridad complementaria no es tanto aumentar impuestos, que llegarían a ahogar la economía, como eliminar burocracia caprichosa, corrupción y gastos superfluos de los gobernantes, como comento en varios capítulos de este libro.

Epílogo

Preparo un próximo libro, que aparecerá en 1999, tercero y último de esta serie. Había querido hacer cinco pero al ver que no podría contar con los datos que necesitaba, como he comprobado en la preparación de éste, he variado mi propósito y dejado los tres en uno solo, con datos informativos, y con opiniones y reflexiones. En algo ha influido mi edad, y Dios quiera darme fuerza para acabar lo que me propongo, a los setenta y nueve años.

La posible estructura del libro futuro puede variar teniendo en cuenta mi método habitual de trabajo «error y corrección», que no sabría ni voy a modificar. Tampoco variará otro método personal, «comprometerme» a lo que no es seguro que pueda hacer y facilitar críticas por lo que no hago o porque he cambiado lo prometido; usándolos no me ha ido mal en la vida, aunque se me vaticinaban grandes problemas.

Deseo tratar aproximadamente de lo siguiente:

- Instituciones políticas y de alto gobierno en la vida pública española, perspectivas, problemas, obstáculos y mejoras para convertirlas en más útiles al conjunto de los ciudadanos.

- Instituciones judiciales, tratadas en un libro anterior, que últimamente han agudizado sus problemas y desprestigio, pero sin las que no cabe una nación digna y realmente libre. Será lo más difícil y también lo más urgente.

- Instituciones oficiales operativas integradas en la Administración Pública, su necesidad e impacto en la vida ciudadana; de su eficacia depende el equilibrio y calidad de cada comunidad soberana. Aun siendo por temperamento antiestatista, defiendo lo «oficial», dignificado y, sobre todo, protegido, tanto de las «agresiones de gobernantes temporales», como de intereses privados, con objetivos contrarios a lo público. Separo de estas instituciones las que afectan a la «dignidad nacional» en sus diferentes manifestaciones.

- Instituciones oficiales no partidizadas, que se aproximan a las instituciones sociales autónomas; que en parte comento en el presente libro, de servicios educativos y solidarios.

- Instituciones societarias (no oficiales) integradas en la vida pública, como estructuras intermedias, producto de la revelación divina en el caso de la Iglesia, o de esfuerzos individuales o colectivos independientes de lo «político-oficial».

- Instituciones económicas, tanto financieras como empresariales, con finalidad de lucro, privadas, integradas en la vida social con repercusión en la política y fundamentales para la creación de riqueza y para la comunicación entre diferentes personas y naciones.

- Instituciones mediáticas, con influjo absorbente en el conjunto social, con poder propio y peligro de que presionen hasta dominar el área oficial y sus órganos electivos, pero indispensables para la defensa de las libertades.

- Instituciones territoriales oficiales no centralizadas, «comunidades autónomas» y «municipios», con especial importancia en el conjunto de la vida nacional española, tanto para facilitar la pervivencia de la historia, tradiciones y cultura, como por eficiencia operativa y administrativa. Pueden aparecer otras: comarcas internas en lo autonómico y unidades orgánicas descentralizadas en los municipios. Constituyen al tiempo la gran amenaza y la gran esperanza para la España del siglo XXI; su ordenación homologada administrativa es indispensable para su máxima eficacia, y su ausencia hasta puede producir un colapso nacional.

- Instituciones políticas supra nacionales, en especial Europa, en que España está encuadrada, con dependencia al tiempo beneficiosa y perjudicial, con ella y con las restantes naciones que la componen. Europa será en el siglo XXI factor clave para el equilibrio social y para nuestra vida diaria; deberíamos prepararnos para ello.

También querría ofrecer una visión panorámica de toda nuestra estructura sociopolítica, que recoja la experiencia de toda mi vida, afortunadamente muy rica en estos últimos años.

Trataré los temas de modo no orgánico ni cartesiano, buscando aspectos a veces olvidados hasta llegar a la «metodología ideal de estructura» en una nación de nuestras características y dimensión; lo consideraré «hipótesis de trabajo» de mis puntos de vista sociopolíticos.

También trataré de iluminar toda la visión que ofrezco de preparación cristiana y de mi experiencia personal, en general la de mi familia, de lo que considero visión carlista en la vida pública, por la que he trabajado durante toda mi vida y en todas mis actividades, empresas e instituciones en que he influido, y sobre todo en mis libros.

***

Cuando estaba corrigiendo pruebas me ha entregado mi hijo Miguel copia de un artículo que en 1951 publiqué en la revista Arbor, del CSIC (páginas 74 a 84), y que había olvidado completamente. Su título es «Seguridad Social», y salvo educación se refiere a los mismos temas de este libro. He visto que a pesar de casi cincuenta años, de la experiencia por mí adquirida desde entonces y de los cambios de España y en el mundo, no existe contradicción con lo que entonces pensaba y decía, y muestra mi pensamiento constante, sin frivolidad circunstancial.

Aprovecho para recordar que aproximadamente en la misma época envié a la Colección «O crece o muere» un ensayo, que no publicaron, sobre instituciones sindicales verticales, en aquella época tan queridas y con tantas vicisitudes después. Es el único trabajo completo que he perdido en mi vida; me hubiese gustado contrastar lo que decía con la actual situación pues no sé si mis puntos de vista, que ahora no podría reproducir, se han visto o no confirmados. Después del951, mi larga dedicación a la actividad empresarial (1952-1990) me alejó de esta clase de trabajos, con la excepción del libro que publiqué en 1976 para, en ese momento de la transición, dejar claros mis puntos de vista.

Índice de cuadros informativos

Los siguientes cuadros informativos han sido elaborados integrando diversas fuentes ante la falta de homogeneización existente. Esta información es indispensable para la economía solidaria y la vida ciudadana, por lo que debería perfeccionarse con estudios de especialistas.

Gasto Público Nacional y Gasto Solidario

Gasto Público por Comunidades Autónomas

Previsión de crecimiento del gasto en protección solidaria

Evolución del Gasto Público de educación por áreas

Áreas de educación: Número de profesores, alumnos, y centros

Gastos nacionales de educación(1980-92)

Gasto de educación por alumno

Financiación de la educación por sectores institucionales

Gasto Público en educación infantil y EGB

Educación infantil y primaria en las Comunidades Autónomas

Gasto Público en educación media

Número de profesores, alumnos, y centros en educación media por Comunidades Autónomas

Número de profesores, alumnos, de educación universitaria por Comunidades Autónomas

Número de alumnos matriculados en el curso 91/92 en diversos países

Relación de Universidades

Gasto universitario en becas durante el curso 93/94

Tesis doctorales años (1989-94)

Gasto consolidado de salud en España (1982-91)

Gastos sanitarios en 1991

Hospitales y camas por dependencia funcional

Camas instaladas por 1000 habitantes

Hospitales, camas y dependencia en la provincia de Alicante

Camas públicas en Alicante

Centros asistenciales sin internamiento

Gastos sanitarios respecto al PIB

Presupuesto público sanitario

Gasto en España de las Pensiones públicas

Evolución del ahorro familiar

Fondos voluntarios de pensiones

Evolución del Seguro español y del Seguro de vida

Evolución del Seguro español y del Seguro de vida en los diez últimos años

Evolución del número de pensionistas en los diez últimos años

Evolución del número de pensiones según modalidad

Evolución de las prestaciones familiares

Evolución de las pensiones no contributivas (1991-96)

Evolución de las pensiones laborales (1985-95)

Coste de las pensiones laborales por Comunidades Autónomas (1994/95)

Población ocupada por ramas de actividad

Población ocupada y desempleada

Situación de empleo y desempleo en Francia

N.° de beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios

Destino de los Fondos Europeos (1994-96)

Fondos Europeos para la promoción del empleo

Tasas de desempleo en diversos países

Parados varones y mujeres

Número de beneficiarios de prestaciones económicas

Porcentaje de prestaciones de desempleo sobre el total de gasto en prestaciones

Índice de modelos teóricos

La confección de los siguientes modelos teóricos que se propone posibilitaría el conocimiento de los principales servicios educativos y sociales de una forma sencilla y comprensible.

Catálogo de centros

Estructura de centros

Gasto Nacional de enseñanza media

Datos autonómicos de enseñanza media

Aportaciones de Comunidades Autónomas a centros universitarios

Modelo de control de gasto para universidades

Datos comparativos por Comunidades Autónomas en enseñanza universitaria

N.° Centros Hospitalarios

Modelo de control de gastos para centros hospitalarios

Modelo macroeconómico de información hospitalaria

Idea global para el conjunto del ahorro

Clasificación deseable de los trabajadores

Prestaciones de empleo y su relación histórica con el INEM por Comunidades Autónomas