Crisis de Sociedad. Reflexiones para el siglo XXI

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© De la edición digital: Fundación Ignacio Larramendi

Fecha de la edición digital: 2019

Lugar: Madrid (España)

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Crisis de sociedad. reflexiones para el siglo XXI

Índice

[Dedicatoria]

Prólogo.

I. Poder y sociedad civil.

1. Evolución.

2. Poderes no civiles.

3. Fundaciones.

4. Asociaciones.

5. Poderes civiles varios.

II. Corrupción.

1. Análisis de la corrupción.

2. Casos de corrupción.

3. Áreas de corrupción.

4. Corrupción en selección de personal.

5. Caso MAPFRE.

III. Transparencia pública y privada.

1. Qué es transparencia.

2. Transparencia pública.

3. Transparencia de trabajadores públicos.

4. Transparencia mercantil.

5. Opacidad transnacional mercantil.

Anexo.

IV. Trabajo y empleo.

1. Trabajo.

2. Empleo.

3. Pleno empleo.

4. Derecho laboral.

5. Empleo siglo XXI.

V. Sociedad de solidaridad.

1. Bienestar.

2. Solidaridad.

3. Solidaridad estructurada.

4. Servicios públicos solidarios.

5. Prestaciones de subsistencia solidaria.

VI. Globalización.

1. Concepto.

2. Ósmosis globalizadoras.

3. Instrumentos de globalización.

4. Consecuencias principales.

5. Evolución futura.

Epílogo.

Notas a pie de página

Dedico este libro a mi mujer, Lourdes, y a mis hijos: Carmen, Luis, Coro, Ignacio, Lourdes, Carlos, Margarita, Miguel y Ramón; todos han sido víctimas de mi trabajo empresarial o actividad última intelectual, con comprensión para mis defectos y prioridades. Sin mi mujer no hubiese podido lograr casi ninguno de los objetivos que me han parecido importantes en los últimos treinta años.

También lo dedico a algunos amigos con los que a lo largo de mi ya larga vida he conversado y comentado ampliamente temas que aquí trato. En América: Santiago Brurón (†), Pedro Grases, Arturo Martí y Jorge Enrique Hardoy (†);y en España: Miguel Virgos (†), Rafael Gambra, Fernando Ortiz, José María de Prada y Antonio Marzal.

Y, por último, igualmente lo dedico a José García y García (†) y Gaspar Fernanz Yubero, que en 1955 eran empleados administrativos de la MUTUALIDAD MAPFRE y que fueron «piezas claves» y decisivos colaboradores, no sólo para su reorganización y posterior éxito, sino para convertirla en una institución con principios éticos, que siempre habían aplicado en su trabajo y yo traté de mantener e impulsar, base de algunas «reflexiones» recogidas en este libro.

——

Reconozco además el trabajo paciente e incansable de Dori Sanz, interpretando mi pseudo-taquigrafía, incomprensible para mí mismo, y también la colaboración que la han prestado Iris Pérez y Ana Isabel Martínez.

Prólogo.

En este prólogo, de un libro que recoge experiencias de mi vida, deseo referirme a varias actuaciones personales, de hace más de cincuenta años, al iniciar mi preocupación socio-política, después de una participación voluntaria en la Guerra Civil, en un Tercio de Requetés.

Se escribe una historia irreal de esa época, con opiniones sectarias o simplemente imaginación errónea. Según ella, en los años duros de nuestra post-guerra existía una «población oprimida que odiaba a sus invasores». La realidad fue distinta. En los años 1941 y 1942, la insatisfacción de los carlistas con el régimen del General Franco nos llevó a varios amigos a discretas actuaciones de oposición. Recuerdo reuniones en casa de mi padre, en Velázquez n.° 100, donde nací y viven todavía personas de mi familia. También recuerdo la modesta «Academia Mella», de la calle Barquillo n.° 47 (a cuya subsistencia contribuimos Fernando Polo, Rafael Gambra y yo dando clases gratuitas), y que nos servía para difundir el ideario tradicionalista sin ninguna clase de conspiración.

Iniciamos también una acción para exteriorizar de modo testimonial nuestro desacuerdo con la línea política del momento. En varias ocasiones intentamos «saltos» ante aglomeraciones circunstanciales de ocio, núcleos casuales de personas que se reunían la mañana de los domingos en el Parque del Retiro para escuchar música o paseaban por el Paseo de Recoletos. Siempre nos encontramos con vacío u hostilidad, porque las gentes estaban, casi sin excepción, a favor del régimen del General Franco y nos consideraban intrusos impertinentes. Alguna de nuestras actuaciones nos llevó en 1942 a los calabozos de la Puerta del Sol, e incluso más tarde, en 1944, a un hermano mío, ya fallecido, a una reclusión de dos meses en el famoso campo de concentración de Nanclares de Oca.

En mi familia mantuvimos un propósito que siempre cumplimos, de no «levantar el brazo». Recuerdo comentarios adversos, aun sin amenaza física, en partidos de fútbol en el Estadio de Chamartín, en que un hermano mío (otro) y yo éramos los únicos que no hacíamos ese gesto político, lo que exigía entereza para soportar el miedo a fin de no «transigir» a un «encantamiento o coacción colectiva». Se ha querido pasar aquella época como opresora, pero no se sentía así entonces, al menos en el ambiente general madrileño. Existe similitud con la de la última década, que empieza a modificarse, de la misma manera que en los años cincuenta comenzó a modificarse la adhesión al franquismo.

Me enorgullezco de haber mantenido una continuidad sin fisuras, a lo largo del período en que he vivido (el de más alteraciones hasta ahora de toda la historia de la humanidad). En contraste, he visto innumerables cambios radicales ideológicos en personas que por caridad no cito. He sido acusado de extremismo de un lado por los mismos que años después me acusaban de lo contrario: variaban sus creencias y puntos de vista en tanto yo continuaba con los míos, no por mi mérito sino por la calidad de los principios en que se apoyaban, inmutables ante modas y circunstancias.

Tampoco transigimos ninguno de los cuatro hermanos en edad militar en firmar simbólicamente algún «papel» que nos incorporaba al Sindicato Español Universitario (SEU), organización estudiantil del régimen, trámite exigido para ser admitido en la «Milicia universitaria» y alcanzar la categoría de oficial. Años más tarde, en 1946, desperté la irritación de los compañeros del Ministerio de Hacienda por negarme a asistir a la famosa manifestación de la Plaza de Oriente, aun compartiendo la indignación contra la intromisión de la ONU en España, pero no deseando ser manipulado para otros propósitos del Gobierno.

Hace más de cuarenta años, casi cincuenta, inicié mi vida «laboral» con oposiciones ganadas en la Administración Pública, donde tuve tiempo para especular sobre su razón de ser. Desde 1952 a 1990 mi actividad sufrió un «intervalo empresarial» pero, a pesar de ello, no dejé de reflexionar sobre mis ideas y el deseo de aplicar en mi obra empresarial principios éticos y sociales que creía indispensables.

En 1951, todavía funcionario, inicié mi primera acción «intelectual», en la pequeña Editorial Cálamo. Sus libros se preparaban en mi casa; su domicilio era el mío (el actual, alquilado desde mi matrimonio en 1950); mi mujer escribía a máquina los originales y llevaba la administración. El primer título de su única colección, «Esplandían», fue Picasso y el Toro, de Vicente Marrero, traducido a varios idiomas, sobre un tema tabú en aquel momento de la vida española. Después se publicó uno mío: Tres claves de la vida inglesa, con consideraciones que han inspirado mi actuación empresarial. Pronto terminaron la colección y la Editorial Cálamo, con pérdidas, por supuesto, pequeñas pero importantes para mis modestos recursos.

En 1955 me contrataron para «salvar» la Mutualidad MAPFRE, que estaba desapareciendo y en la que nadie creía. Con muchos riesgos (sin ellos no existe gestión gerencial) tuve ocasión y oportunidad inigualables para «construir» una institución basada en los principios y valores en los que creía. Para conseguirlo renuncié a ventajas personales, en especial a enriquecerme, ni siquiera modestamente; no me limité a crear una aceptable entidad mercantil, y conseguí una gran institución de sociedad civil, propiedad colectiva de sus mutualistas. Ha sido mi aportación a la nación española, que ahora, pasado el tiempo, reivindico como objetivo y principal obra de mi vida. Últimamente, ya jubilado, continúo, con acierto o sin él, con el mismo eje de pensamiento. Algunas personas tenemos en la vida una especial oportunidad, y el arte, o la suerte, o ambas a la vez, nos permiten triunfar, para enorgullecer a nuestros descendientes (me gustaría que fuese mi caso), o para adquirir un importante patrimonio.

Mi experiencia empresarial ha estado influida por la ideología tradicionalista en que me había educado. Lo observará quien estudie la operación de MAPFRE y los preceptos de sus estatutos sociales, con principios introducidos hace más de treinta años, que fueron y son instrumento para evitar que sus directivos pudiesen utilizar en beneficio propio el patrimonio e influencia de la institución. La cultura empresarial creada como consecuencia de esta actuación honra a nuestro país y es pieza de su contexto económico. Además, se ha conseguido con actuación ética y responsable socialmente, alejada del capitalismo duro y puro que se presenta como salvación de nuestra humanidad y que probablemente la haga tambalear, como el marxismo hizo con la Unión Soviética y sus satélites.

MAPFRE bajo mi gerencia, sin guardaespaldas, asesores de imagen, consultores exteriores, vehículos de respeto, ni viajes en primera, ha sido demostración de que el «pelotazo», la «gente guapa» y la ausencia de cualquier clase de valores espirituales, no sólo no son necesarios sino que son incompatibles con el desarrollo que necesita la humanidad en el siglo XXI. Mi libro trata de promover esa misma idea, pues nada hay más válido que el ejemplo de un caso en que esto se ha logrado. La España alegre y confiada, la España de «movidas» y enriquecimientos injustos y abusos -casi siempre ilícitos y delictivos- ha conducido a una nación a la cola de Europa, sin capacidad industrial ni decisión nacional y que ni siquiera se avergüenza porque vive sumida en la satisfacción de su cómodo egoísmo.

En mi actuación empresarial he defendido, con hechos, no con teorías, la necesidad del «mercado» y en consecuencia de la competencia libre, medio para la creación y distribución efectiva y equitativa de riqueza. Al tiempo he mantenido que el éxito empresarial es compatible con la aplicación de principios y valores que limitan abusos y defienden la dignidad de todos los hombres. Me enorgullezco de haber acertado, no sólo por vanidad personal sino para que lo conozcan los que honradamente piensan de modo diferente.

Cito varias veces en mis «reflexiones» actuaciones y ejemplos de MAPFRE. Tengo derecho, pues ha sido la «obra de mi vida», y, con aceptable continuación, ha representado una «anomalía», no única afortunadamente, en la vida socio-económica española, y sobre todo ha tenido éxito, un gran éxito, y perdón que lo diga inmodestamente. Algo excedido en mi vanidad, me tendréis que perdonar los que me leáis.

Mi actuación procede del ejemplo y enseñanza de mi padre, de una tradición familiar que se remonta a la Guerra de la Independencia, que se transmitió hasta mí, y yo espero que a través de mis hijos se transmita al futuro. ¿A qué mayor honor puede uno aspirar, y más aún si lo ha conseguido sin claudicar nunca ante ninguna injusticia?

Mi familia se ha comprometido a la defensa de la Iglesia Católica, de los principios institucionales de adaptación pública cristiana y de los intereses de débiles y oprimidos, no con acción radical empecinada sino con constancia prudente y sentido de solidaridad y lo que ahora se llama humanismo. Religión de ricos se titulaba uno de mis primeros artículos, aparecido en la revista del Ateneo de Madrid, en el año 1951, y comentaba problemas que se advertían en la Iglesia Católica; sin pretenderlo fui adelantado de un movimiento de que es símbolo final el Pontífice Juan Pablo II, al que me honro en admirar, como durante muchas centurias se admirarán sus actos, sacrificios y generosa conducta.

Me gustaría que se me considerase hombre independiente sobre cualquier otra cosa, como así se consideraba a mi padre. La independencia enorgullece, hasta excesivamente, pero exige muchas renuncias, la menos importante la económica. Resulta dura y suele ser poco comprendida incluso por los allegados, pero no deja de ser el mayor de todos los lujos, el único que realmente merece la pena, salvo la santidad.

Este libro Crisis de Sociedad. Reflexiones para el siglo XXI, comenta algunos aspectos de la sociedad española en el próximo siglo, en temas en que tengo experiencia, y aunque quizás no sean suficientes mis títulos para sus análisis, no veo otros intentos, semejantes o diferentes al mío; así me considero «tuerto en país de ciegos». Sus temas están inspirados en lo que pensaba en 1950 y 1951 cuando me propuse escribir un libro, que no llegué casi ni a empezar, sobre la burocracia pública en España y su despreocupación por la defensa de intereses generales. Creía necesario su reforma radical, y desafortunadamente, después de casi cincuenta años, con cambios políticos muy profundos, la situación ha variado muy poco.

He escrito el libro porque creo que debo hacerlo, en la idea de que aporto algo, aun muy limitado, que no aparece en otros estudios, en general influidos por deseo de poder personal político que impide objetividad. Ofrezco una larga experiencia vital en aspectos concretos que de algún modo y en algún momento se deberían tener en cuenta para la regeneración española, «harto necesaria».

La sociedad occidental está sometida a un cambio «dramático» que afecta especialmente a España, país del que casi únicamente me ocupo. En mi libro anterior Utopía de la nueva América (Madrid, Editorial MAPFRE, 1992), me refería al continente americano, pero también a la transformación de la humanidad en el próximo milenio; era difícil equivocarse, puesto que nadie me habría de reprochar los errores. Ahora hago «reflexiones» para un período de unos cincuenta años, con vaticinios que se podrán juzgar en poco tiempo, como opinión ridícula o anticipo responsable de futuro. Me refiero a una evolución próxima, consecuencia de decisiones acertadas, erróneas o sectarias de estos años, que en un espacio geográfico limitado como el nuestro podrían tener repercusiones clave en aspectos como la unidad española, su prestigio en la comunidad internacional, su posible especialización como nación de segunda o tercera clase dedicada a servicios a ciudadanos de otros países y su pérdida de las más nobles experiencias y actuaciones; en definitiva, su pérdida de la dignidad, que parece hubiese sido deseable conservar.

Medio siglo es un plazo aceptable, elude incidencias, irrelevantes con frecuencia, pero no tan amplio que evite avergonzarse de alguna afirmación, aunque esto no debe preocupar cuando se admiten estrepitosos fracasos de políticos como si nada hubiese ocurrido, sin vergüenza de los interesados ni críticas del pueblo.

Roosevelt encargó en 1936 a los mejores científicos de su país un estudio sobre la evolución tecnológica futura. Sus opiniones tuvieron gran éxito en aquellos momentos, pero en ninguna se hablaba de las principales innovaciones de los veinticinco años siguientes; es un ejemplo de la dificultad de predecir el futuro. Si esto ocurría con las destacadas mentes científicas de un gran país, ¿qué se puede esperar de la capacidad limitada de un español corriente que sólo posee experiencia empresarial? Pero en el momento actual hay que decir lo que se siente, aunque a pocos interese. Cualquier aportación será positiva y útil. Los mensajeros de malas noticias suelen ver su cabeza en dificultad; con este libro ofrezco la mía para la operación adecuada, pues mis predicciones no son optimistas.

Dios me ha dado la oportunidad de esta contribución en un momento que nada temo (pocas cosas he temido en mi vida) y, por lo tanto, con una libertad a la que pocas veces se llega. La intención de mi libro es hablar con franqueza de temas delicados; en un panorama como el actual serían inacabables otros que habría que estudiar, analizar y comentar. Una visión única general tendría poca utilidad y he elegido detenerme en algunas áreas para las que me creo más preparado y que me parece han sido poco tratadas monográficamente, por lo que mis comentarios pueden no ser inútiles.

Los temas están todos internamente relacionados y podrían haber contribuido a un estudio orgánico para una indispensable «reforma del Estado», del español y de otros, objetivo indispensable para la Edad Universal, como la creación política de los Reyes Católicos lo fue para la Moderna. Sobre esta reforma ya se está empezando a reflexionar en América por alguna de sus instituciones y fundaciones preocupadas por el futuro de esa nación y de toda Iberoamérica. Yo no me he atrevido a un estudio coordinado; pero «a lo mejor» acabo intentándolo. Debo añadir que tampoco tiene valor el orden que he dado a las «Reflexiones», más bien por motivos pragmáticos para la presentación del libro.

Aunque sean pequeñas sus repercusiones prácticas, sí creo que alguna puede ser útil a esa reforma del Estado moderno occidental si quiere subsistir ante la creciente competencia de pueblos de origen no blanco que nos «invadirán» en el próximo siglo. Hay que seguir el ejemplo y medidas de la CORPORACIÓN IBM, PHILLIPS y otros dinosaurios mercantiles que han estado en dificultades para subsistir ante sus ágiles y jóvenes competidores, cuando la excesiva burocracia les había hecho perder su liderazgo, pero que al final han salido adelante. ¿Por qué las naciones han de ser diferentes? ¿Por qué no han de pagar como las empresas sus despilfarros, su falta de visión de futuro o simplemente su absoluta desgana, comodidad y hedonismo? Quizás ésta sea la pregunta básica de mi libro.

En todo caso, mi conclusión final es que toda decisión o actuación, social o no, ofrece «efectos perversos» y es susceptible de actitudes radicales, con exacerbación de intereses o de derechos individuales, con consecuencias más negativas cuando no se admiten principios superiores a la decisión humana, con deificación absoluta del «yo», de «mi decisión», que abre camino a la desintegración social. Ése es el problema del próximo futuro de la humanidad, que en general contemplamos todos, desde la tranquilidad de una vida cómoda, como nunca había conocido el hombre, salvo en núcleos aislados muy concretos.

I. Poder y sociedad civil.

Aun vieja, es nueva palabra, casi moda, que aparece ante pueblos ahogados por el gran Leviatán del Estado, la sociedad oficial, que se ven además invadidos por la sociedad mercantil y su intensa tensión para crear riqueza y sobrevivir en la globalización de la humanidad. Falta algo, hombres y mujeres necesitan mayor capacidad de decisión y participación, la vía de acción más directa que ofrece la sociedad civil, como posibilidad confusa más que como realidad concreta.

Siempre ha habido sociedad civil y siempre la habrá; el «individuo persona» necesita acción, no se conforma con obedecer y ser dirigido; aspira a un horizonte propio fuera de las áreas en que actúa bajo presión.

En la edad primitiva la sociedad civil era la familia; el individuo, participando directamente en ella, pasaba su vida lentamente, dejando huellas de su experiencia que otros aprovechaban y mejoraban. En algún momento fue traspasando obligaciones y responsabilidades a la Iglesia, su defensa a especialistas, la gestión comunitaria a la sociedad oficial y la creación de riqueza a la sociedad mercantil. En estas dos el individuo, que pierde acción directa familiar, se limita periódicamente a elegir gobernantes o a seleccionar entre pocos productos, casi con actuación pasiva en ambos casos.

La sociedad civil pretende abrirse camino en la nueva edad universal globalizada, pero no sabe bien cómo, lo intuye como necesidad pero con titubeos, y facilita su utilización desnaturalizada, como «término huérfano», que puede desviarse a otros fines.

Esta «reflexión» penetra en su contenido con matices y situaciones, presenta un panorama amplio del fenómeno singular de la sociedad civil, que debería ser entramado positivo de las comunidades políticas, adquirir naturaleza reconocible y también constituir ideal utópico que influya en los gobiernos para enfrentarse con este período de transición. La sociedad civil es obra de los ciudadanos, y no a la inversa, y debe crear un potente y amplio poder civil que impida desviaciones del poder oficial y mercantil.

La descripción que ofrezco de la estructura social de cualquier nación, está influida por la española, pero constituye un esfuerzo hasta ahora único que aún con errores y correcciones, espero sea útil para el estudio de la vida occidental.

Lo que se conoce como «poder y sociedad civil» permite diferentes acepciones e interpretaciones. En esta «reflexión», no erudita, me limito a ofrecer ideas para despertar interés y así contribuir a crear hipótesis más «técnicas» para la configuración interna de la comunidad humana, que se pueda adaptar a cada situación.

Voy a utilizar terminología original como hipótesis personal de organización de comunidades políticas, que reseño para su mejor comprensión.

SOCIEDAD OFICIAL. Se compone del conjunto de instituciones políticas, gubernamentales, centrales, territoriales y hasta municipales, administrativas paralelas y empresas públicas dependientes de las anteriores. En esa sociedad oficial, aparte de las clásicas áreas legislativa, ejecutiva y judicial, destaca la sociedad coactiva, compuesta por instituciones militares y de orden público; la sociedad educativa, con instituciones de educación y enseñanza, y la diplomática de representación en el exterior. También la componen instituciones de gestión sanitaria y de gestión de desempleo y retiro, si bien no siempre en su totalidad. Esta sociedad oficial podría desglosarse en sociedad política, relacionada con las instituciones de poder y personas elegidas para ello o para legislar, y sociedad oficial propiamente dicha, que sólo abarca a centros administrativos u operativos y funcionarios que en ellos prestan servicios.

SOCIEDAD CIVIL. Se compone por el conjunto de instituciones o actuaciones colectivas y asociativas de ciudadanos y Fundaciones, que no dependen ni de la sociedad oficial ni de la eclesiástica ni de la mercantil. En ella coexisten no sólo instituciones deportivas, artísticas y culturales sino también «movimientos y corrientes de opinión» con autonomía en su influencia social, así como las asociaciones sindicales cuando no están oficializadas o adulteradas y las agrupaciones de individuos con «situación social especial» e incluso la sociedad criminal, realidad orgánica con poder que se acrecienta.

SOCIEDAD ECLESIÁSTICA. Se compone del conjunto de instituciones que dependen directa o indirectamente de una o varias jerarquías, con autonomía en general de la sociedad oficial, y que ofrecen importante, aunque decreciente, poder social propio. Influye en la sociedad religiosa de carácter claramente civil, en que participen los fieles con acción o preocupación solidaria y de ayuda a semejantes y prójimos.

SOCIEDAD MERCANTIL. Se compone del conjunto de empresas, instituciones y patrimonios que se gestionan con objetivo de lucro y acción competitiva en la creación de riqueza para atender necesidades de ciudadanos, reales o inducidas incluso psicológicamente. Esta sociedad promueve fricción entre sus componentes, sin participación directa de los ciudadanos. La sociedad mercantil tiene poder creciente, quizás en exceso, en cuanto el objetivo de riqueza aumenta en naciones preocupadas obsesivamente por su bienestar.

SOCIEDAD MEDIÁTICA. Se compone del conjunto de medios de comunicación que regularmente operan en una nación, de propiedad oficial o mercantil y total o parcialmente coordinados.

1. Evolución.

Algún comentario poco orgánico ayuda a fijar la interpretación de sociedad y poder civil que defiendo, sin ánimo dogmático, en un tema trascendente para la humanidad y nuestra nación en el próximo siglo XXI.

Aunque he querido distinguir entre «poder» y «sociedad civil», no es siempre fácil, ni me atrevo a hacerlo con precisión. El verdadero objetivo de toda institución es el poder; si no lo tiene su equilibrio será inestable y de corta duración. De cada área de sociedad siempre emana una clase de poder que sirve para construir su entramado.

El poder, la capacidad de influir y decidir en un conjunto social, es tema importante del futuro y de siempre. Cómo se adquiere, cómo se estructura, cómo se manipula, cómo se distribuye, cómo se abusa de él. El concepto de poder no nace de Occidente: existe desde que el hombre adquirió autonomía de decisión. En las sociedades complejas y sofisticadas, aparecen áreas de poder entremezcladas, con realidades de poder personal, privado, colectivo, público, coactivo, transnacional, intelectual, educativo, seductivo, etc. La sociedad se constituye para tener poder, y los poderes pueden nacer en núcleos sociales legítimos o tolerados y en núcleos sociales ilegítimos y perseguidos, como la «mafia» en Italia, el conjunto socio económico de la droga, en algún país de América y situaciones de hampa en que existen reglas, leyes, códigos de conducta y, sobre todo, poder, para defender sus objetivos y para protegerse.

El poder no debe ser omnipotente, sino de algún modo distribuido. Es peligroso y antisocial el poder gubernamental sin barreras suficientes, con ausencia de otros poderes que contradigan y dificulten sus desviaciones. No es necesario que se abuse del poder, sino que se pueda pensar que así ocurre. En los piquetes de las huelgas, es tanta su peligrosidad cuando actúan como cuando simplemente atemorizan.

La Sociedad Civil, con fórmulas muy diferentes, es consecuencia de la actividad libre de los ciudadanos. En ella no cabe constitución (como es aconsejable en la sociedad oficial) ni regla fija y estable, va haciendo su camino al andar, y así hay que considerarla, aunque se refleje en estructura formal para que historiadores y politólogos profundicen en su fenómeno.

Para los romanos «societas civilis», «sociedad de ciudadanos», era la comunidad política sometida a leyes, sin diferencia entre Estado y sociedad. A medida que se perfiló en la Edad Moderna la separación y distinción entre ambas, apareció la sociedad civil, que inicialmente incluía todo aquello que representase actividad de individuos fuera de la estructura oficial o estatal. A fines del siglo XVIII, con revoluciones de una y otra clase en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, aparece la necesidad de explicar esta sociedad civil; es lo que hizo Adams Fergusson, en su ensayo de Historia de la Sociedad Civil publicado en el año 1767, que sostenía que el movimiento asociativo era el mejor sistema de defensa contra el despotismo y la profesionalización del Estado, en que incluía el Ejército. Proponía como solución la multiplicación de asociaciones de ciudadanos.

En 1791 Thomas Payne publicó su libro sobre los derechos del hombre, que buscaba limitación a las prerrogativas del Estado en beneficio de la sociedad civil, que genera ella misma sus propios objetivos, reduciendo el ámbito del Gobierno oficial, que debería ser simple, sencillo y poco costoso. Posteriormente Hegel, como reacción a la debilidad de la burguesía y privilegios de la aristocracia prusiana, aconsejaba un Estado fuerte por encima de la sociedad civil y consideraba que la ética burguesa dependía de la economía, que exigía lucha de clases. Después de unos años de olvido, la sociedad civil reaparece con Gramsci en Italia, que creía que el desarrollo científico socialista en Europa exigía planteamientos distintos a los de Rusia, por sus estructuras socio-políticas diferentes. Para él la sociedad civil no surgía de la competencia económica sino de la ideológica, en tanto la sociedad política oficial procede de la dominación por la fuerza o amenaza de fuerza.

He sido criticado por no referirme a la lucha de clases al hablar de sociedad civil. Me ha hecho reflexionar, y he llegado a pensar que ese término ha sido poco más que un dardo arrojadizo dialéctico sin contenido conceptual. Claramente es un error centrar la historia de la humanidad en la lucha de clases trabajadoras y clases poderosas; sólo se considera a un sector humano limitado que está dejando de existir. Precisamente la sociedad civil surge de la influencia de muy diferentes sectores de ciudadanos con poder propio que se defienden del poder oficial, mercantil, eclesiástico y mediático. La sociedad civil representa la voz de todos los ciudadanos inorgánicamente agrupados, y no sólo la de trabajadores con esfuerzo físico. El instrumento teórico de la lucha de clases que justificaron las asociaciones sindicales ha perdido importancia o se ha desnaturalizado, en parte por manipulación de gobiernos y partidos políticos en favor de sus diferentes intereses. Quizás las «clases de la lucha» no existían como se refleja en la evolución de la acción sindical, al menos de España, que se ha especializado en defender discriminadamente a trabajadores públicos sin relación con la opresión capitalista de principios del siglo XIX. Parece recomendable tratar de reconducir una retórica lucha de clases, arma táctica de poder de núcleos de intelectuales hacia una promoción real de la sociedad civil en que se deberían integrar, con o sin equilibrio, los muy diversos intereses y puntos de vista contradictorios de los hombres libres.

No existe una definición universal y rigurosa del concepto de sociedad civil; es conveniente en todo caso describirla dentro de la nueva estructura social, en parte para evitar alguna desviación, como por ejemplo la recientemente aparecida, que la identifica, como en el siglo XVIII, con «lo que no es estructura oficial» o Estado, pero la sociedad civil tampoco es sociedad mercantil, ambas en el fondo desprecian al ciudadano, peón explotado o espectador pasivo de sus respectivos objetivos.

En España el principal conocedor de este tema es el profesor Víctor Pérez Díaz, con su último libro La primacía de la sociedad civil, que considera este concepto «lleno de ambigüedad», en que sólo cabe aproximación de interpretaciones diferentes y apunta las dos siguientes: «Instituciones políticas y sociales de una nación regidas por un sistema de derecho», o sea el conjunto de una nación; e «Instituciones económicas y sociales diferentes a las propias del Estado o sociedad política», o sea, todo lo que está fuera de la sociedad oficial. Yo añado una tercera, que incluye: instituciones, asociaciones, movimientos, fundaciones, etc., no sólo fuera de la sociedad oficial, sino también de la sociedad eclesiástica, la sociedad mercantil y la sociedad mediática, en ninguna de las cuales participa directamente el ciudadano.

La sociedad civil acabará siendo «lo que el conjunto social desee que sea», con el contenido que reciba aceptación general. A los españoles no nos gusta «Latinoamérica», que no refleja una realidad continental y excluye el Canadá francés que sí es «latino», y preferimos «Iberoamérica», referencia más adecuada. Pero la primera ha adquirido carta de naturaleza y será difícil sustituirla.

La historia muestra diferente posición relativa de la sociedad oficial respecto al resto. En la Edad Media y comienzo de la Moderna se oponían a la sociedad oficial la sociedad familiar, y sobre todo, la sociedad eclesiástica, muy potente, y la sociedad coactiva o militar, dentro de la cual se integraba la nobleza, especializada en la defensa de familias rurales y de la colectividad.

La Monarquía absoluta, sin representación ciudadana en sentido moderno, lo era más o menos en razón del grado de sociedad civil o de sociedad eclesiástica que tolerase; cuando creía que era demasiado potente trataba de reducirla o eliminarla. Así ocurrió en Portugal con el Marqués de Pombal que expulsó, e incluso trató de extinguir, la Compañía de Jesús, y que además eliminó parte sustancial de la nobleza que limitaba el poder absoluto del Monarca, con lo que esto podía tener de positivo o negativo.

El «despotismo ilustrado», que quiso suavizar el absolutismo, entendía que al pueblo había que protegerlo y gobernarlo sin su participación directa, con normas autoritarias que facilitasen su entrada en la época de la Ilustración y en las instituciones liberales que generalmente se oponían a la Iglesia Católica. En los regímenes parlamentarios también aparecieron manifestaciones de «despotismo democrático» con elección de gobernantes por representación popular en que los designados adquieren un poder que ignora o no tiene suficientemente en cuenta las opiniones de las minorías, e incluso las de los ciudadanos que habían «favorecido su elección».

Para todos estos casos, del más triste y brutal al más suave, tolerante y hasta beneficioso, la sociedad civil constituye un freno que, si no es completo, por lo menos dificulta el capricho de gobernantes y dirigentes políticos y administrativos.

En la Edad Media existían instituciones de sociedad civil mezcladas con interpretaciones de feudalismo, y otras situaciones patrimoniales de aquella época, que procedían de «pactos de protección no fácilmente modificables unilateralmente». La sociedad civil se perfila con más nitidez en el momento en que se construye el «Estado moderno» y se da por terminado el Medievo, con sus instituciones propias, en especial la feudal, aunque ésta apenas existió en España. El Estado moderno, con sus ventajas, crea como efecto perverso el «Leviatán», que todo lo administra y organiza, y del que es necesario defenderse de algún modo, del grande y de los «pequeños Leviatanes» que surgen, territorial y centralmente, alrededor de una gestión pública eficiente.

Desde comienzos de la Edad Moderna aparecen manifestaciones limitativas de la Monarquía, generalmente Iglesia y Nobleza, que en aquel momento ejercían funciones equivalentes a la actual sociedad civil. En la Edad Contemporánea, a fines de los siglos XVIII y XIX, la sociedad civil adquiere impacto y repercusión, como complementaria y limitativa de regímenes parlamentarios absolutos. En el parlamentarismo inglés de ese periodo sólo adquirían representación personas con medios de fortuna, pero ofrecían un equilibrio que se vio alterado con el capitalismo industrial, hasta ese momento inexistente, en que se produjeron grandes abusos que exigían reacción. De ahí procede el asociacionismo sindical de carácter claramente civil, para defender sectores desprotegidos ante la interpretación parcial y desviada que a finales del siglo XVIII se hacía de la libertad social.

La Revolución Francesa dio término al Ancien Régime, que conservaba estructuras propias de sociedad civil, pero estratificadas y sólo para una pequeña parte de individuos y familias. La sociedad oficial francesa posterior fue más rígida y centralizada que la inglesa y, sobre todo, que la española, pero promovió de algún modo élites a que atribuyó poder, independiente del jerárquico oficial.

En España la sociedad civil ofrecía un entramado denso hasta principios del siglo XIX a través principalmente de un conjunto de instituciones fundacionales independientes, en general vinculadas a la Iglesia Católica. El fondo de las Guerras Carlistas fue la lucha de la sociedad «civil» contra la «oficial». La primera apoyada en sus Fueros y Libertades, con reconocimiento de autonomía individual y de pequeñas colectividades enfrentadas con el poder absoluto estatal y centralista, aunque fuese parlamentario. Esa fricción de una sociedad contra otra, y la doctrina que con ello emergió, demostraba la existencia efectiva civil en el pasado y en aquel presente. Hubiese sido imposible el levantamiento popular general carlista sólo como lucha dinástica o simplemente ideológica. El primer concepto orgánico moderno de sociedad civil en España lo expuso el gran tribuno Juan Vázquez de Mella con su preocupación por las «sociedades intermedias» como instituciones de ciudadanos frente a la sociedad oficial. El ideario tradicionalista ha sobrevivido por esa razón como no lo han hecho decenas de idearios partidistas surgidos desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, de los que apenas queda recuerdo.

El siglo próximo, ya inmediato, exige preocupación prospectiva para analizar la posible evolución del conjunto de la humanidad durante su transcurso. La sociedad occidental ha alcanzado alto grado de sofisticación y complejidad interna, sobre la que se debería investigar para distinguir con claridad las diferentes sociedades y poderes que a cada una acompañan.

El área de sociedad civil, la vida misma, es tan compleja, confusa, entrelazada, que no resultan fáciles las propuestas orgánicas, ni siquiera la previsión de tendencias. Las que utilizo y describí anteriormente sirven de apoyo a este trabajo pero no sirven para el gran reto de conocer lo que es el hombre, como no se acaba de conocer el misterio y origen de la vida y la influencia de Dios en nuestra sociedad.

Se está comenzando a abusar -en especial lo intentó Mario Conde- del término «sociedad civil» fuera de las propias áreas de interpretación lógica de su contenido. Una vez más se utiliza una palabra como arma de ataque o defensa personal o de intereses de algún sector. Si la sociedad civil es sólo la «no sociedad oficial» será fácilmente utilizable para objetivos contrarios a su verdadero objetivo de «defensa directa y personal de los intereses de los ciudadanos por los ciudadanos».

En toda nación existe sociedad civil, que se distingue aceptablemente y que depende de los que gobiernan, con o sin legitimidad. La sociedad civil no está en ninguna legislación, su realidad es tenue, casi clandestina y en general imprecisa. El grado de poder civil es el termómetro que determina la libertad efectiva de una nación.

Mis comentarios se refieren a naciones occidentales de dimensión media, que aunque lleguen a perder algo de soberanía en el próximo siglo serán autónomas en su «operación» o en gran parte de ella, como lo son en este momento.

La sociedad civil comprende el conjunto de actividades y áreas de poder que no dependen del poder oficial o gubernamental, del que el ciudadano está ausente, aunque intervenga en seleccionar a los que gobiernan. La sociedad civil se diferencia de la oficial en que en ésta la decisión y acción de ciudadanos concede «poder absoluto de representación temporalmente irrevocable»; en cambio la civil procede de «poderes limitados y parciales revocables», con posibilidad de intervención personal y mayor dificultad de manipulación exterior a los propios ciudadanos.

El poder transparente de los ciudadanos no es real ni siquiera en la sociedad civil; siempre está sujeto a «fuerzas exteriores», religiosas, psicológicas, coactivas, publicitarias o propagandísticas. Esta imperfección parece dentro de la esencia del pecado original, como la violencia, el orgullo racista o clasista, el abuso del débil y otras desviaciones de conducta correcta, que acaban apareciendo o imponiéndose aun en momentos en que se dice debe promoverse la ética, porque se advierte la importancia de «distinguir entre el bien y el mal en la conducta humana e inclinarse por el bien».

La sociedad civil sirve como «vehículo de participación directa del individuo en actividades de naturaleza colectiva». También sirve como «instrumento de poder», ya que sus actividades, aisladas o conjuntas, proporcionan poder social. La sociedad civil absorbe áreas de poder que algunos desearían monopolizadas por el poder oficial. Los que ostentan este último manifiestan, con pocas excepciones, instintiva repugnancia a la sociedad civil y son suspicaces respecto a ella porque intuyen que reduce su facultad de decisión y hacen ver que esto perjudica a los intereses de la comunidad, aunque con frecuencia únicamente perjudica sus deseos de poder absoluto y abuso en su ejercicio. Se agudiza en todas las tiranías, dictaduras o despotismos, y se «sublima» con doctrinas como la «dictadura del proletariado», en que cualquier manifestación de poder civil es «ofensa institucional a principios básicos de cómo debe estar gobernada una comunidad humana».

Toda estructura social exige ejercicio de poder, y la sociedad civil busca ejercer un poder no regular, no constitucional sino fáctico y real que haga viable una sociedad equilibrada en que los ciudadanos se protejan de muy diversas clases de despotismos, ilustrados o no, dictatoriales o democráticos, oficiales o mercantiles. Sin poder civil no hay verdadera libertad. Por eso, quienes ostentan poder oficial lo impugnan y lo atacan: así pasó con Franco, así pasó en Rusia y Cuba y así está pasando en España.

La sociedad equilibrada de Estados Unidos, y antes de Inglaterra, fue posible por un potente poder civil, que es más eficaz que el de los gobiernos que exigen prepotencia y en que la corrupción es fácil, con el ejemplo representativo y simbólico en la España actual. Aun sin entrar en política, este comentario ha dejado de ser de acción «partidaria» para convertirse en clamor que ante nada se detiene.

La sociedad civil facilita procesos fácticos para desviar la autoridad política y conjunto de la sociedad oficial. Por eso conviene hacer referencia a ellos, ya que cualquiera de ellos está en condiciones de utilizar acciones fuera de la normalidad institucional. La influencia fáctica aparece en áreas donde existe «poder», así ocurre con el coactivo militar, el más analizado, indispensable en una estructura socio-política, pero con posibilidad de influencia abusiva. La Iglesia es también poder fáctico cuando tiene estructura amplia utilizable para influir socialmente por encima de sus propios objetivos. Otro poder fáctico es el mercantil o capitalista, y de grandes intereses industriales y comerciales; y de modo muy parecido lo está siendo el poder mediático, peligro actual de desviación antisocial o mercantil. Existían y existen núcleos de poder fáctico en las comunidades municipales, sobre todo de tipo medio y pequeño. La mayor parte de los poderes fácticos no proceden de la sociedad civil, sino de la propia sociedad oficial, por el carácter prepotente de sus titulares o de los privilegios que se conceden.

Hasta ahora, la sociedad civil discurría normalmente dentro de una nación, y era fenómeno o instrumento de política interior. Pero, hoy, con ilimitados intercambios de toda clase, la sociedad civil necesita internacionalizarse. Los ciudadanos de diferentes naciones, normalmente próximas, acaban teniendo intereses en común y actúan de modo coordinado; la sociedad oficial se internacionaliza y ya lo está la sociedad mercantil, y, del mismo modo, aún con más lentitud, la sociedad civil, a pesar de su tendencia al arraigo dentro de una nación o una región, e incluso dentro del terruño.

La voluntad abstracta y teórica de los ciudadanos cede parte de su autonomía a personas convertidas en gobernantes o dirigentes. A veces lo político es el arte de manipular diferentes núcleos humanos para tener éxito en una elección, o también el arte de seducir sin manipular con palabras y actitudes. La manipulación es un peligro en la sociedad oficial, que también aparece en instituciones de sociedad civil, aunque se supone que la mayor proximidad del ciudadano con sus intereses y necesidades lo hace más difícil, que en las grandes opciones que no acaba de comprender.

Aunque la sociedad civil se compone de personas, sería conveniente incorporar la ciudad como su centro neurálgico, donde durante muchos siglos se desenvolvía y actuaba y de donde procede su nombre. La casa, el hogar, eran elementos integrantes de la sociedad civil, donde residía y ejercía su poder e influencia el ciudadano, que se extendía al «espacio» privado y público en que actuaba como protagonista. Hoy el espacio físico habitado y utilizable no subsiste en la forma anterior, pero debería recobrarla, objetivo de un urbanismo humano.

Los medios rurales, compuestos principalmente de agricultores, también han sido expresión principal de sociedad civil. La humanidad ha estado muchos siglos dominada por ellos, con capacidad para decisiones que les interesaban o que creían les interesaban. Una consecuencia perversa del desarrollo científico y sociológico (hay muchas más) es la desaparición de los medios rurales, con velocidad impresionante que se relaciona con el declive y tendencia a la desaparición de la institución familiar.

La sociedad civil se compone de un amplio tejido difuso y a veces contradictorio en que los ciudadanos manifiestan sus deseos y defienden sus intereses e influyen en la vida pública, como manifestación de vida colectiva, sin la que una sociedad sólo es aparentemente libre, aunque tenga ocasión de organizar «movidas» como la madrileña, o explosiones sociales como «mayo del 68»; ambas constituyeron en realidad desviación de libertad para acentuar objetivos de bienestar inmediato, sin solidaridad, a costa del mañana. En el fondo fueron manifestaciones de «egoísmo hedonista» con olvido del sentido de responsabilidad que ennoblece la vida humana.

2. Poderes no civiles.

Sólo conociendo las estructuras que componen una sociedad política moderna es posible comprender el encuadramiento de la futura sociedad civil. Con este objeto limitado comento la sociedad oficial, eclesiástica, mercantil y mediática, limitando mis observaciones a facilitar una visión final de la sociedad civil.

La SOCIEDAD OFICIAL se integra con las estructuras de la sociedad política, que dependen de antecedentes históricos o de decisión de los ciudadanos, con fórmulas de diferente naturaleza y en diferentes ámbitos territoriales, en las que se eligen personas para que legislen, gobiernen, juzguen y para que designen a funcionarios de variada naturaleza. La sociedad oficial depende de los ciudadanos, aunque de modo instrumentable. Dentro de la sociedad oficial se distinguen varias áreas principales:

- Poder Legislativo, para legislar y seleccionar altos gobernantes, en especial el máximo ejecutivo, nacional o territorial.

- Poder Judicial, para dirimir diferencias de ciudadanos con la sociedad oficial y entre ellos mismos, con varios niveles de organización territorial y local.

- Poder Ejecutivo, para impulsar y supervisar la gestión administrativa, con estructuras superiores, centrales o territoriales.

Dentro de este último existen varias áreas diferenciadas.

- Administrativa,para gestionar lo que se conoce como Administración Pública.

- Coactiva,para la defensa nacional y el orden público, con especial autonomía y dinámica autónoma en que aparece alguna clase de poder civil.

- Educativa, para la gestión y promoción de la educación e investigación en todos sus niveles.

- Diplomática, para la gestión y representación de los intereses nacionales en otras naciones.

- El poder y la sociedad oficial, que podría denominarse pública, ofrece dimensión relativa diversa, en general creciente y en las dictaduras con aspiración monopolística. Es lo que se denomina «Estado moderno», que tiende a ampliarse extendiendo su acción y dominio sobre los ciudadanos, que opinan periódicamente para elegir gobernantes en los regímenes democráticos, o no lo hacen nunca, o lo hacen de modo simbólico o aparente en los dictatoriales.

Con independencia de las áreas antes mencionadas, la mayor diferencia en esta sociedad oficial aparece entre las estructuras centrales y las territoriales y municipales, a su vez con campos de autonomía decisoria y áreas propias legislativas.

Esta área oficial varía sustancialmente de una nación a otra, según la voluntad de sus ciudadanos. Es suficientemente conocida y estudiada, aunque quizás falta un análisis sociológico, no ideológico, sobre su mecánica, problemas e incógnitas de relaciones internas de poder. Sobre algún aspecto hago comentarios:

- La sociedad oficial se regula por «leyes fundamentales nacionales», en general la Constitución, que con la globalización tienden a ceder soberanía, creando «cooperativas de poder supranacional», de que acabarán dependiendo muchas naciones, quizás hasta su integración plena en una unidad integradora.

- Los partidos políticos se incluyen en la sociedad oficial y no en la civil. Puede no ser correcto en cuanto a lo que «deberían ser», pero sí en lo que es su realidad, en España y prácticamente en los países occidentales. Cabe considerarlos como «mecánicas operativas institucionalizadas para designar legisladores y gobernantes». Los partidos estimulan a los ciudadanos a participar en una selección limitada, como en las «multi-respuestas», aunque utilizan para ello procedimientos internos con influjo de la sociedad civil. Convendría analizar, con profundidad y sobre todo objetividad, la naturaleza y deber ser de los partidos políticos que tanto protagonismo alcanzan en la sociedad occidental, aun con estructura interna muy diferente.

- Los ciudadanos mantienen influencia directa y poder civil en alguna estructura oficial, especialmente municipios de reducida dimensión, tendencia que debería estimularse. En las megápolis están proliferando, parece lo harán más en el futuro, subunidades en que cabe acción directa del propio ciudadano, evitando se sienta ajeno a sus problemas.

- La sociedad coactiva, principalmente militar, aparece en todas las comunidades políticas históricas y en muchos momentos ha sido área principal de la sociedad oficial que la hacía posible. Su importancia absoluta o relativa es ahora menor, pero no hay que descartar que renazca, quizás en diferente forma y más internacionalizada o más preocupada del orden público.

- La sociedad educativa para la enseñanza y formación es variada y compleja, pero indispensable. El hombre, de un modo u otro, siempre ha enseñado, formado y preparado a sus hijos para ser adultos y sobrevivir en su período vital. Esa función, que en algún momento llegó a asumir la sociedad eclesiástica, ha pasado en su mayor parte a la sociedad oficial que quiere su exclusiva como instrumento de poder ideológico para mantener su prepotencia.

- Las prestaciones públicas de solidaridad, de salud y de subsistencia económica son área destacada de la sociedad oficial, aunque se intenta desplazar algunas hacia la sociedad mercantil. Es de prever que continúe la situación actual, aun con tendencia a transferirlas en algún caso al área de la sociedad civil o a la mercantil, suavizada de criterios de lucro ilimitado y absoluto.

La SOCIEDAD ECLESIÁSTICA es independiente de la sociedad oficial, que nunca debe ser subordinada ni manejada como su «longamanus», como ha llegado a ocurrir. En algunas civilizaciones ha sido superior a ella. Esta sociedad gira alrededor de la Iglesia o iglesias, siendo la Católica la principal en el conjunto occidental por su mayor extensión e implantación en los lugares más apartados. Podría calificarse como la mayor institución multinacional de la humanidad, alejada del objetivo de lucro de la sociedad mercantil y cercana a la «sociedad solidaria» comentada en este libro. La sociedad eclesiástica no depende del poder oficial, pero tiene otra dependencia, característica y especial, en que no es protagonista el individuo sino una estructura autónoma jerarquizada ajena a la sociedad civil.

El poder eclesiástico ha tenido influencia en toda la historia, desde los chamanes o brujos, que ahora se vuelven a prodigar. La historia describe de algún modo la relación del hombre con Dios en que el hombre que necesita trascender de lo material le busca a través de alguna forma de institución eclesiástica, que aparece en cada civilización. Los occidentales viven en una sociedad creada por influencia y presencia de la Iglesia Católica, aunque el objetivo ideológico de estos dos últimos siglos haya sido eliminarla, y también a Dios, en los socialistas pero más aún en los liberales. Es paradójico que cuando parecía posible conseguirlo, como casi ha ocurrido en nuestro país, resulta que la humanidad al globalizarse encuentra que la única institución mundial no discriminatoria para los individuos es la Iglesia Católica y a ella acude constantemente, y es su Pontífice la figura más reconocida universalmente por pueblos, razas e ideologías muy diferentes.

Objetivo de la «inteligencia» (o de la izquierda) es que el poder eclesiástico desaparezca totalmente considerándolo «reminiscencia supersticiosa, incompatible con el hombre moderno», por eso ven con satisfacción la situación actual en España. Los creyentes pensamos que esto es imposible, al estar incorporado a la propia naturaleza humana.

La SOCIEDAD MERCANTIL tiene su origen impreso en la naturaleza del hombre, en que siempre aparece como germen incipiente, consecuencia del derecho al «trabajo libre», «venta libre de productos y servicios» y «propiedad de bienes». Pero, al mismo tiempo, la sociedad mercantil exige estructuras basadas en la confrontación económica implacable y necesita instrumentos específicos para administrar, tanto sus operaciones concretas, comerciales e industriales, como el entramado financiero complementario. Las decisiones de la sociedad mercantil dependen de un poder distinto a los ciudadanos como tales, salvo en el área de las microempresas y por eso no debe incluirse en la sociedad civil. No es crítica, sino realidad que conviene tener en cuenta para no deificar un sector indispensable, pero con objetivos propios egoístas, aunque sean constructivos para el interés general.

La sociedad mercantil se compone de elementos diversos, de algún modo heterogéneos, que conviene comentar; empresa propiamente dicha, de muy diferentes dimensiones y características, nacional o transnacional, que produce bienes y presta servicios; instituciones financieras que engarzan diferentes actividades económicas de ciudadanos y empresas por la que fluye la tesorería de cada nación y ahora del conjunto de ellas, para regular y de algún modo defender intereses económicos sectoriales o generales; y las propias instituciones asociativas mercantiles para proteger y mejorar las actuaciones e intereses de las anteriores y que no son «civiles» en cuanto no dependen directamente y sin discriminación de los ciudadanos.

La sociedad mercantil se inspira, se justifica y se regula, por el lucro, objetivo egoísta y antisolidario. Por ello, debe incorporar fórmulas y exigencias de ética y responsabilidad social para suavizar el impacto egoísta y lograr que el «capitalismo salvaje», adquiera de alguna manera «rostro humano», respete al individuo y su transcendencia y sea factor de beneficio colectivo equitativo y no de egoísmo ilimitado. La sociedad mercantil por naturaleza tiende a la insolidaridad, en tanto la sociedad civil, si no está manipulada, se acerca precisamente a lo contrario.

La microempresa, en general empresa familiar, es una excepción. Sus diferentes variedades y dimensiones son derivación de la estructura familiar que lucha por su subsistencia. Una microempresa se asemeja a una «actividad liberal» de carácter claramente civil.

La sociedad mercantil no es sólo manifestación de libertad sino de creciente decisión autónoma de hombres independientes. Los proyectos para hacer desaparecer la actividad empresarial y comercial han sido inútiles; artificios, caprichosamente enfrentados a la realidad. Los criterios marxistas con este propósito han sido factor decisivo para su fracaso estrepitoso.

Hasta hace muy pocos años el mundo debatía el dilema de si era necesaria la sociedad mercantil o debía prescindirse de ella. Hoy se admite que es indispensable pero, yo añado, es preciso evitar que adquiera poder oficial o se considere representativa del poder civil. La Nobleza fue en su época necesaria, pero abusó de su justificación institucional para influir fácticamente en otros aspectos de la vida social; no debe ocurrir lo mismo con la sociedad mercantil.

Las estructuras mercantiles se han ido sofisticando, aumentando en dimensión y complejidad hasta llegar al moderno «leviatán capitalista» que resulta insustituible para crear la riqueza que el hombre exige en su ejercicio de libertad. La verdadera tragedia, reto y fuente de fricción del siglo XXI, será la imposibilidad de crear y distribuir equitativamente riqueza para atender necesidades reales o psicológicas de hombres y mujeres, especial efecto perverso del desarrollo científico y sociológico.

Existen manifestaciones públicas que consideran las mercantiles dentro de la sociedad civil, ya que en la sociedad mercantil influyen, directa o indirectamente, ciudadanos con capacidad de inversión y gestión que designan gobernantes mercantiles, con objetivos ajenos tanto a la sociedad oficial como a la sociedad civil. Del mismo modo que la sociedad oficial está regulada y estructurada, también lo tendrá que estar la mercantil, con normas (fundamentales o específicas) que en parte emanen de la sociedad anterior, pero de características muy diferentes a ella. La sociedad oficial aconseja estructuras de coalición y cohesión, aunque existe confrontación para la selección de gobernantes y legisladores y en la acción posterior de los «legiferantes». En la sociedad mercantil es inevitable la confrontación con el poder oficial (y con el poder religioso). En algunos momentos el conjunto social utiliza preferentemente la sociedad oficial para actividades económicas y en otros la sociedad mercantil se introduce en actividades oficiales. Hace cincuenta años se consideraba objetivo de «libertad y dignidad» la socialización máxima de la riqueza. Hoy en cambio domina la mercantilización máxima posible de actividades económicas. Si esto no se modera también aparecerán dificultades y fracasos.

La actual sofisticada y poderosa sociedad mercantil y el conjunto de sus instituciones es consecuencia del desarrollo científico y tecnológico, como también lo es la globalización de la humanidad, la elevación promedia del poder adquisitivo y la disminución de la mortalidad; todo un paquete que no permite discriminación de su contenido.

La vida económica se desenvuelve en gran parte dentro de la empresa, con influencia y participación de individuos, como inversores o directivos y como empleados. La empresa como hábitat de personas comunes de trabajo es también un centro de vida social entre sus diferentes miembros, casi una célula de convivencia como lo es la familia, que también forma parte de la sociedad civil.

El poder mercantil es vehículo principal de creación de riqueza, no sólo directamente para naciones ricas sino indirectamente para todas, aun aisladas y miserables. Su actuación añade valor a la humanidad. Además de esta justificación social, exige utilizar trabajo de pueblos diferentes al propio para estar en condiciones de competir. Con esto se «redistribuye» e iguala el trabajo e ingresos de los ciudadanos, con repercusión negativa en los países «afluentes» que querrían preservar para sus trabajadores elevados ingresos, aún a costa de los de otras naciones. El caso de México y Estados Unidos, con el «Tratado de Libre Comercio» es representativo, pues los trabajadores americanos competirán con trabajadores mexicanos de ingresos económicos muy inferiores y se deteriorará el status económico alcanzado, que se creía irrenunciable e intocable. Éste ha de ser, con una u otra fórmula, el futuro de la humanidad, con traumas, en algún caso injustos o inmerecidos, como en todo gran cambio sociopolítico y sociológico.

El Poder mediático, pues en realidad no existe una sociedad mediática, incluye el conjunto de los «medios de comunicación» que están adquiriendo influencia trascendente en la vida de la humanidad. El poder mediático puede influir en la sociedad civil y en la sociedad oficial. No debe permitirse que se le considere poder civil como si su único objeto fuese el interés de los ciudadanos, cuando no ocurre así. BANESTO trató de «arrinconar» casi todo este poder con objeto de promover la ambición personal de Mario Conde, económica y política. Y muy recientemente, en Italia, tiene en parte este carácter la irrupción de Berlusconi en la política, en una manifestación de lo que existe de misterio y contradicción en la mayor parte de los aspectos de la vida social.

Prensa, radio y televisión tienen capacidad para desviar mentes de ciudadanos con fórmulas de publicidad o propaganda, según casos y objetivos. Constituyen una fuerza creciente negativa si no se subordina al interés general. El proceso de globalización, imparable en nuestra humanidad, tendrá en los medios de comunicación (y las empresas transnacionales) un instrumento para su «universalización» y hay que ordenarlo constructivamente para que sirva al interés general.

Los medios privados de comunicación están hoy, al menos en España, integrados en la sociedad mercantil con empresas, casi siempre sociedades anónimas. Los domina su exigencia de lucro para sobrevivir, más que el servicio público. Los poderes mercantiles tienden a utilizarlos y dominarlos, legitima o irregularmente, como también aspira a hacerlo la sociedad oficial. Tanto una como otra luchan por favorecer sus respectivos intereses. No sé cómo resolver esto, pero es absolutamente necesario hacerlo; de otro modo, la sociedad «mediático-mercantil» abrumará al conjunto social y conducirá, directa o indirectamente, como reacción, a la integración de los medios de comunicación en la sociedad oficial, con pérdida resultante de libertad. Reglamentar esta situación de modo prudente será un gran reto si se aspira a una vida social equilibrada y justa, en que el hombre pueda ser algo más que víctima de intereses en que no participa y que se oponen a los suyos propios.

3. Fundaciones.

Las Fundaciones constituyen un elemento importante de la sociedad civil que complementa o sustituye actividades y necesidades de la comunidad y en especial de la «sociedad oficial», con acciones vinculadas a personas y decisiones individuales no politizadas. Son adaptación a la época moderna de lo que existía en la sociedad feudal o «nobiliario-patrimonial», que asumía funciones después integradas en el Estado. Las Fundaciones mantienen vinculación directa a individuos que las promueven, con origen mercantil u oficial, que pasan a promover el interés general, sin intermediarios burocráticos.

Las Fundaciones sirven para sustituir acciones de la sociedad oficial y eliminar dependencia de ciclos económicos que afectan a la financiación de servicios de que se puede prescindir, a pesar de su interés general. Las universidades son organismos de la sociedad oficial, pero su origen es fundacional, desde la Edad Media, creadas con aportaciones a que se reconocía un status especial. La mayor parte de las universidades privadas, con desarrollo actual creciente, son ejemplo de institución fundacional, lo que conviene intensificar.

No es posible una estructura social equilibrada sin fundaciones para canalizar el voluntariado económico, paralelo al voluntariado con sacrificio personal. Las Fundaciones Ford, Rockefeller, y otras muchas en Estados Unidos desempeñan una extraordinaria labor, no solamente nacional sino internacional, y a nadie familiarizado con ellas se oculta que sustituyen y complementan esfuerzos públicos con los que generalmente están coordinadas y que en cambio han perdido casi toda relación con las familias que donaron su patrimonio.

En los países «no latinos» las fundaciones constituyen base destacada de la sociedad civil, consecuencia de un reconocimiento generalizado de su eficacia y de una vocación al mecenazgo voluntario. Esto no ocurre en España, en parte porque las que existían hace sesenta años casi desaparecieron al estar obligadas a invertir su patrimonio en deuda pública al cuatro por ciento, ejemplo de deficiente regulación legal, con efectos absolutamente contrarios a los que parece se deseaban. Posteriormente, por obstáculos del régimen del General Franco y, sobre todo, en estos años de gobierno socialista, también se ha dificultado su desarrollo, en cuanto se estima que las fundaciones reducen el poder absoluto del Gobierno y, también por prejuicios ideológicos, al considerarlas instrumento ilícito de intereses capitalistas, exagerando algunos casos en que esto haya ocurrido.

Las instituciones fundacionales fueron importantes en la vida social española, aun cuando sufrieron un duro golpe en 1837, cuando se les exigía permisos muy especiales semejantes a los que limitaban la lectura de libros prohibidos. Por diferentes circunstancias esto ha continuado con influencia en la última etapa de doctrinas que consideraban pecado lo que no fuese «Estado o público», ya que aunque sea tolerado contemporizar con el pecado se conserva el estigma, como hizo Hitler con los judíos a quien permitía la vida, pero exigía señal exterior permanente.

En España hay antecedentes de Fundaciones hasta del siglo XV, en general de reducida dimensión que fueron separándose de la realidad, aunque algunas han llegado a estos días. Diversas universidades e instituciones hospitalarias tienen este origen.

En los países anglosajones se consideran las fundaciones como medio de promoción cultural e investigación, utilizando fondos procedentes en algún caso del abuso de grandes financieros o industriales, que de este modo manifiestan su deseo de devolver a la comunidad la riqueza que ésta les había permitido acumular. La trama de Fundaciones e instituciones de este carácter constituye un marco amplio de poder civil autónomo del oficial, pero con éste vinculado a través de objetivos convenientes para el conjunto social.

Han sido utilizadas en alguna ocasión fundaciones en lugar de asociaciones, hasta casi con carácter comercial. Últimamente han aparecido fundaciones para «aparcar» excedentes de autocartera en grandes empresas, dotándolas de fines realmente fundacionales, y también algunas se crean para actuaciones de naturaleza distinta a la de sus objetivos deseables, incluso simplemente publicitarias. Aun en estos casos, desarrollan función social y aportan a coste reducido servicios útiles a la comunidad. Cuando los prejuicios desaparezcan y se advierta la reducida utilización desviada, deberían ser elemento positivo en la vida social.

Las Fundaciones son variopintas, de diferentes orígenes, diferentes objetivos y diferentes mecánicas de actuación; de ahí su debilidad orgánica y también su fuerza. No tienen límites precisos; todo patrimonio dedicado a un fin en la historia ha sido o podría ser una Fundación.

En España se están desarrollando Fundaciones promovidas por empresas, a las que destinan una parte de sus beneficios, como fórmula de contenido fundacional, pero sin acumulación de patrimonio. Un caso especial son las Fundaciones MAPFRE, con diferentes especialidades; una de ellas la Fundación MAPFRE AMÉRICA, que yo presido. Entre las de esta misma clase destaca la Fundación RAMÓN ARECES, de reconocida generosidad institucional, que además es propietaria mayoritaria de EL CORTE INGLÉS. Situación semejante es la de la Fundación promovida por el importante Grupo BOSCH, de Alemania. En España están surgiendo destacadas Fundaciones bancarias entre las que destaca la BBV, la Argentaría y la Central Hispano, cuyo patrimonio principal son acciones del Banco promotor, que desarrollan labor objetiva institucional y fundamentalmente cultural. Carácter especial tienen la Fundación FUNDESCO, promovida por la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, para fines generales específicos relacionados con las comunicaciones; y la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), dedicada a áreas de discapacitación, con acción casi única en las naciones occidentales.

Se han creado en Alemania, después de la II Guerra Mundial, Fundaciones con objetivos políticos, como la Fundación ADENAUER y la Fundación EBBERT, que han inspirado en España la Fundación PABLO IGLESIAS y la Fundación CÁNOVAS DEL CASTILLO. Aunque su actuación sea objetiva y útil, en ellas se desvirtúa el sentido de objetividad que parece necesario a las fundaciones en cuanto se busca una finalidad «partidaria». Por eso, de modo indirecto podrían incluirse dentro de la «sociedad oficial», como ocurre con los partidos políticos. En otros casos, la fórmula jurídica «fundación» se utiliza por conveniencias pragmáticas para mejor captar fondos; parece difícil evitar que el término «fundación» se use sólo para su teórica función, aunque esto podría ser regulado en la legislación con denominación adecuada para las que tengan objetivos específicos limitados pero no generales o alguna otra característica diferente, como se hace en algunas denominaciones de origen de ciertos vinos de reconocida calidad.

La sociedad oficial ha sido siempre enemiga de las Fundaciones, de ahí las sucesivas y muy diferentes desamortizaciones de la historia, siendo representativa en España la de Mendizábal, en 1835, que «demonizó» hasta el término Fundación, y que mercantilizó tierra española, a la que desvinculó de fines institucionales, para asignarle fines especulativos y crear una nueva clase de propietarios sin preocupación responsable, antecedente del capitalismo salvaje y antisocial. Gran parte de la pauperización fundacional que nos ha caracterizado tiene este origen. Ahora, ciento sesenta años después, me enorgullece que mis antepasados, sin propiedad que perder, se opusieron a aquella medida, anticipando lo que hoy se admite de que no es posible equilibrio social arraigado sin aumentar la dimensión de la sociedad civil, asociacional y fundacional.

Las Fundaciones se podrían agrupar (no clasificar) del siguiente modo, por su situación patrimonial y objetivos:

- Con patrimonio amplio y permanente, que permite ofrecer prestaciones y donaciones con sus intereses y rendimientos.

- Con aportación regular de fondos de una empresa que se compromete a ello o por lo menos promete hacerlo. Tienen naturaleza diferente a las anteriores y en algún caso peligro de que se utilicen de modo abusivo publicitario y sobre todo el de discontinuidad por voluntad de la empresa.

- Con carácter promocional, constituidas como base para canalizar fondos o prestaciones de otras fundaciones o de organismos públicos o privados. Cabe que su capacidad económica inicial sea muy limitada puesto que en realidad son plataformas para actividades fundacionales y con ello con frecuencia fuente de abusos. Deberían ser objeto de regulación especial estatutaria.

- Con carácter de proselitismo político o específico religioso, como anteriormente se ha comentado.

- Con finalidad encubierta para que algunas personas con intereses particulares obtengan alguna clase de protección o cobertura social para evitar responsabilidades patrimoniales. Esta desviación también debería estar prevenida estatutariamente.

En Estados Unidos se diferencia fundamentalmente entre fundaciones operativas, con actividades propias de interés general, y fundaciones que conceden becas o aportaciones para proyectos específicos. Es distinción muy importante y me afecta directamente, pues todas las Fundaciones MAPFRE que yo he promovido son casi en su totalidad operativas.

4. Asociaciones.

Son otra gran base de la sociedad civil, con diferente naturaleza, siempre independientes del Gobierno y de la Administración Pública, aunque en general no defienden intereses generales como las fundaciones, sino de grupos o sectores concretos. La vida institucional civil, se compone principalmente de fundaciones o de asociaciones, a veces difíciles de diferenciar entre sí. La asociación de ganaderos de Castilla (La Mesta) es un ejemplo representativo de esta situación.

Una clase especial que ahora se está difundiendo, pero sin naturaleza jurídica específica son los «ONGS», organizaciones no gubernamentales, en algunos casos fundaciones, que no deben tener objetivo de lucro, lo que elimina a las operaciones mercantiles, y que toman por objetivo actividades de ayuda y protección al desarrollo equilibrado, y a la protección del núcleo ambiental, protección de salud y evitación de la miseria, generalmente financiadas por países «norte» para actividades en países «sur». Es necesario conocerlas mejor y si no regularlas, por lo menos definirlas, para aumentar su potencial benéfico y evitar su utilización desviada.

Voy a comentar las principales modalidades asociativas:

ASOCIACIONES LABORALES O SINDICALES. Sirven para los hombres y mujeres que necesitan ganar su sustento y ofrecen su trabajo por una remuneración, en algún caso simbólica, que crean para su defensa sindicatos, verdaderas asociaciones sindicales que también incluyen a los que desempeñan por su cuenta funciones productivas como trabajadores autónomos. En ocasiones, y es ejemplo nuestro país, los trabajadores de una u otra clase olvidan la acción sindical y subsisten con protección directa o indirecta de gobiernos, con privilegios oficiales u oficiosos, con dirigentes preocupados por sus propios intereses burocráticos, a los que se tolera violencia y promesas que no pueden cumplir. También en otro aspecto aparecen asociaciones limitadas al interior de algunas grandes empresas, con influencia dentro de ellas y que en ciertos casos llegan a ejercer alguna clase de control.

Tuvieron gran importancia en el siglo XIX en Inglaterra y Francia. En el actual están decayendo, en cuanto se han politizado y en algunos casos desviado de sus fines. Se crearon como reacción a abusos del capitalismo industrial del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, y se extendieron en Europa, en parte politizadas por movimientos marxistas, que promovieron el mito de la «lucha de clases» que en ocasiones, al menos en España, ha propugnado la «obligación moral de los trabajadores de odiar a su propia empresa», como yo directamente he podido observar. En Estados Unidos la actitud sindical ha sido pragmática, aspirando simplemente a un «mejor reparto del pastel empresarial», y en Japón, ha tenido menos importancia porque los trabajadores se sentían integrados en la empresa y defendían sus intereses dentro de ella.

En España la gran influencia de los sindicatos en los últimos treinta años fue consecuencia de una «herencia» y de una «reacción», ambas relacionadas con el Gobierno del General Franco. La herencia procede del sistema de sindicatos obligatorios, integrados en la sociedad oficial, que fueron marco de fácil utilización para estructuras posteriores, con objetivos similares. La «reacción» se produce al final de un régimen dictatorial en que surgieron con entusiasmo adhesiones y posibilidad de actuación superior a las de una época normal. La semejanza con los sindicatos oficiales, problema actual, subsiste también al estar el gobierno socialista vinculado a la preocupación sindical, con corriente de «amor-odio» negativa para los españoles.

La «ideología sindical» construida en el siglo XIX se derrumba con las transformaciones económicas y sus crisis, y más aún cuando el «espíritu sindical» no actúa contra la sociedad mercantil, sino contra la sociedad oficial (Administración y empresas públicas) aparentando objetivos de «lucha con el capital», cuando en realidad su lucha es contra el conjunto de los ciudadanos.

La transformación de estas asociaciones, uniones o sindicatos para una función autónoma efectiva en sus propios objetivos será gran reto del siglo XXI. Su crisis actual procede de:

- Transformaciones sociales, que han modificado las necesidades para que fueron creadas.

- Politización: activa, en cuanto se han vinculado a posturas u objetivos políticos, o sea, de ocupación de poder, y en todo caso tratan de ejercer un excesivo poder fáctico; o, pasiva, en cuanto se preocupan excesivamente de sus propios intereses burocráticos o de algunos sectores de trabajadores que resultan sus favoritos.

- Desviación en España al actuar preferiblemente en sus conflictos contra la «sociedad oficial» y no contra la mercantil, como ocurría en sus comienzos. En ocasiones parece que el objetivo sindical se centra en defender a trabajadores privilegiados en contra de los intereses generales.

- Globalización de la humanidad que abre las fronteras a la competencia laboral, lo que en este momento se quiere evitar con la llamada «cláusula social» poniendo límites y exigiendo mínimos de retribuciones y protección relacionada que exceden de lo que aconseja la prudencia política. Podría considerarse como farsa egoísta que busca evitar la osmosis económica laboral de la globalización. Se puede vaticinar que ese tema será muy relevante en el proceso inevitable de globalización.

ASOCIACIONES MUTUAS Y COOPERATIVAS. Se crearon en el siglo XIX para sustituir, completar o llenar las lagunas de la sociedad mercantil en actividades de servicios, en especial de seguros, y en actividades de producción industrial y explotación agrícola. A éstas pueden incorporarse las Cajas de Ahorro, alguna procedente del siglo XVIII, que desempeñaban una función semejante a las Mutuas de seguros, en el área hoy bancaria. Fueron y siguen siendo protagonistas destacadas de la sociedad y economía actual, en España, en Estados Unidos y centro de Europa.

En los últimos cien años las Asociaciones Mutuas y Cooperativas han tenido participación en la sociedad civil, de modo casi simultáneo en España y el mundo entero, con excepción de Iberoamérica, donde, por causas que desconozco, casi no existen entidades de esta clase, con un vacío que les convendría eliminar.

Las mutualidades de seguros y montepíos de protección social comenzaron a aparecer en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX y en el actual continuaron con excepcional vigor, en especial en Estados Unidos, donde en el momento actual la aseguradora de mayor volumen en cada una de las principales especialidades (Vida, Automóviles e Incendios), tiene carácter de mutualidad asociativa. Alguna de ellas ha promovido conjuntos empresariales mercantiles destacados, en los que la sociedad civil mantenía el control operativo. Estas entidades, de gran potencia económica, han contribuido al equilibrio de la sociedad americana. En Francia, AXA, la más destacada y dinámica aseguradora, mantiene poder asociativo, y también existe un importante conjunto de mutuas de Automóviles que representan más de la mitad de ese mercado. Menos destacadas, pero también importantes, son las mutuas de Alemania, Suecia, Austria y Gran Bretaña.

Hay que analizar hasta qué punto las mutualidades deben estar en la sociedad mercantil o en la sociedad civil. Habrá casos límites diferentes, pero entiendo que deben considerarse como civiles las que mantengan espíritu asociativo y su poder en manos de asociados que puedan modificarlo.

En España MAPFRE y su «Sistema», de propiedad asociativa, es el principal conjunto asegurador del mercado. La Mutua Madrileña Automovilista ocupa, fuera del seguro de vida, el segundo lugar, con servicio envidiable a sus asociados. Además, la protección de los accidentes de trabajo se ejerce casi en su totalidad por instituciones de carácter mutuo, integradas en la seguridad social, y en la sociedad civil, con un carácter asociativo autónomo.

Las cooperativas han tenido en Europa y en España presencia destacada en el sector rural y aun hoy la conservan a pesar de que se ha reducido dramáticamente el número de personas dedicadas a esta actividad. En Italia han sido importantes las cooperativas rurales vinculadas a núcleos católicos y las del Partido Comunista. Y en Bélgica, Alemania y Suiza las cooperativas rurales, Raiffesen y Boerembond especialmente, son instituciones destacadas en su conjunto nacional.

En España el movimiento cooperativo ha estado muy extendido en el área rural, pero hoy ha descendido. En el industrial hay que citar el «Sistema Mondragón», el más conocido de esta clase en el mundo, que ha creado el que quizás debe considerarse primer conjunto industrial del país, que ofrece carácter asociativo cuando los «mercantiles» se están derrumbando; con él se integró la Caja Laboral Popular, ejemplo de banco cooperativo, eficiente y dinámico.

Mutuas y Cooperativas forman parte de un movimiento civil semejante. A pesar de la corriente mercantilista, colaboran en el equilibrio social y económico de nuestro país. Me satisface señalar que personalmente he contribuido a ello manteniendo el carácter mutuo de MAPFRE en lugar de ceder a tentaciones «capitalistas», que con ese espíritu y mecánica operativa ha logrado un éxito que se puede calificar de espectacular en el área aseguradora.

También debo mencionar las Cajas de Ahorro, entidades de origen fundacional y actual carácter asociativo, que representan más del cincuenta por ciento del sistema financiero español y que como consecuencia de su obligación institucional de destinar beneficios a prestaciones de interés social, constituyen la acción benéfico-cultural más importante en España y en toda Europa. La Caja de Ahorros de Madrid, la Caixa de Cataluña y las Cajas o Kutxas Vascas, y ahora las gallegas, andaluzas y levantinas, son pilares de la economía nacional. En la actualidad están sometidas a tentaciones «oficiales» al depender casi exclusivamente de Administraciones Públicas, pero es de prever que su carácter autónomo se acentúe sin transformarse en mercantiles.

ASOCIACIONES PROFESIONALES. Se crearon para la defensa de intereses de profesionales liberales, en especial en el siglo XIX, y pueden considerarse descendientes de los gremios medievales. Están especializadas en actividades liberales, con características propias entre la pura actividad laboral y la acción mercantil. Por los intereses que defienden y personas que en ellos actúan y ocupan cargos directivos ejercen amplia influencia en la vida social, aunque recientemente la han reducido al defender intereses y privilegios excesivamente económicos. Si saben evitar posibles desviaciones y se adaptan a los cambios que se están produciendo, serán pieza efectiva de desarrollo futuro.

Su principal objeto es proteger intereses generales e individuales de cada profesión liberal. Los Colegios de Médicos y los de Abogados son los más representativos y antiguos, con antecedentes en la Edad Media y especial importancia desde el siglo XIX. En ellos participan muy directamente profesionales que los orientan y encaminan; constituyen verdaderos obstáculos, arrecifes podrían llamarse, para el despotismo de gobiernos de cualquier naturaleza, como en siglos anteriores la nobleza para el despotismo de monarquías «absolutas».

Estos colegios o asociaciones profesionales tienden al monopolio de actividades y exclusividad de sus miembros, como ocurre en Estados Unidos con la American Medical Association o American Bar Association, instituciones conservadoras con participación efectiva de individuos, y por ello enfrentadas al resto de la sociedad para proteger, aun con abusos, intereses de sus asociados, pero que también dificultan cambios caprichosos y frívolos y decisiones políticas irresponsables.

Han proliferado asociaciones de titulares de diversas actividades, doctores o licenciados de alguna clase, que crean un entramado de poder civil, aunque además de la preocupación por la calidad profesional derivan hacia la defensa de intereses concretos de sus asociados. Como ocurre en otro poderoso «colegio», el de los arquitectos. Estas instituciones se repiten con regularidad en los países occidentales, porque responden a auténticas necesidades que exigen respuestas semejantes, que no siempre son perfectas, como igualmente ocurre con casi todas las instituciones de sociedad civil.

ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y CULTURALES. Se establecen con fines de defensa y promoción de actuaciones de mejora o de utilidad general, sin protección directa o indirecta de intereses. Son altruistas pero ajenas a la protección concreta de individuos o grupos. Su peso social es inferior, pero ha sido y aun puede ser muy grande su influencia intelectual, tanto por la naturaleza del ámbito de cada institución como por el alto nivel de los que en ellas participan y por un proceso de selección interna que eleva a los más generosos con su tiempo y con sus objetivos. Son de muy diferentes clases y modalidades, y cabría agruparlas entre:

- Las Histórico-artísticas, literarias y científicas, principalmente las Academias de la Historia, Lengua, Bellas Artes, Medicina, Ciencias Exactas y Ciencias Morales y Políticas, con actividad propia creativa, especialmente en la de la Lengua y como vehículo para premiar trayectorias profesionales. Estas instituciones proceden generalmente del siglo XVIII, formando parte de corrientes de despotismo ilustrado.

- Las Culturales, de que son especialmente representativas los Ateneos, centros de debate informal abiertos al público y que han constituido en el siglo XIX y comienzos del XX foro destacado de contribución ideológica y cultural. Han tenido carácter preferentemente urbano; hoy pierden importancia por circunstancias de la vida social y por transformación de los hábitos de los ciudadanos.

ASOCIACIONES PARA EL OCIO. Han surgido en el siglo XIX y cambiado en gran parte su estructura en los últimos sesenta años con la movilidad en el transporte personal. Tienen poca influencia general, pero aun sin preocupación por ello son manifestación civil destacada de las naciones libres. Los principales son:

- Los Casinos, círculos de recreo y otros semejantes, cuyo objetivo es ocupar vacíos de ocio con relaciones informales, sin preocupación científica ni cultural, como centros de amistad o de distracción fuera del domicilio. Su emplazamiento es urbano, tienen su origen en el siglo pasado, pero están perdiendo el favor de los ciudadanos y tienden a transformarse.

- Los Clubes y asociaciones deportivas, que derivan de las anteriores, con objetivo principal de participación física y con emplazamiento en el exterior de las ciudades. Se promueven para práctica de deportes o simplemente distracción y convivencia. Tienen especial interés los denominados «clubes de campo» o country, de golf, tenis, etc. Carecen también de preocupación «civil».

- Las Asociaciones de acción deportiva, que constituyen importante fenómeno actual como instituciones dedicadas a la práctica y promoción de actividades de esta clase, principalmente del fútbol en España, con centenares de miles de asociados o adheridos. Ofrecen manifestación destacada de sociedad civil y se organizan y administran autónomamente. En este momento predomina, no sé si con acierto, la tendencia promovida por el Gobierno a transformarlos en sociedades anónimas, con lo que habría que incluirlos dentro de la sociedad mercantil. Producto en su mayor parte de la sociedad occidental de este siglo XX, pueden considerarse instrumento destacado de la vida social, que compiten no sólo con otras asociaciones sino incluso con la actividad religiosa, fenómeno aún poco estudiado. La admisión y participación libre ciudadana es característica de las asociaciones deportivas que, por otra parte, no son fácilmente politizables.

- Las Asociaciones profesionales de interés deportivo, que colaboran con las anteriores como federaciones deportivas, son entramado de importancia creciente en la vida social occidental y en la sociedad civil y con poder de esta naturaleza.

5. Poderes civiles varios.

La sociedad civil no se agota en fundaciones y asociaciones, existen en ella manifestaciones muy diversas que de una u otra forma, o incluso informalmente, ejercen un claro poder civil, con influencia en toda la comunidad nacional por su denominador común, que emana de los propios ciudadanos, en contradicción y oposición en la mayor parte de las ocasiones. La sociedad civil no es un ente creado artificialmente por normas superiores sino la conexión de contradicciones y fricción de intereses, verdadero magma en que no se conoce con precisión el principio y el fin de cada unidad ni su mejor teórica calificación, ni cómo se modifica casi día a día.

En la sociedad civil el hombre promueve, sin intermediarios políticos, actividades de muy diferente naturaleza, incluso irregulares, con muchas variaciones geográficas y temporales. Se utilizan para objetivos específicos o para la defensa de intereses de carácter general, con muy diversas modalidades. Sería difícil construir una teoría sobre ellas, ni siquiera agruparlas orgánicamente, pues proceden de la libre decisión individual, con diferentes orientaciones y estructuras. También aparecen en ellas deformaciones para fines ilegítimos o utilización desviada para realidades ajenas a lo que aparentan, ya que resulta cómodo ocultar detrás de un nombre asociativo o fundacional intereses personales o pseudo-políticos. En la transición española, los «medios» popularizaban nombres de partidos, detrás de los que sólo había muy pocas personas que por sí mismas no hubiesen obtenido ninguna clase de cobertura.

Destaco como representativas o de interés general las siguientes: familia, sociedad religiosa y voluntariado, manifestaciones de la sociedad civil en la sociedad «oficial» y «mercantil» y diversas manifestaciones de movimientos y corrientes intelectuales, críticas, irregulares y hasta criminales. Todo hecho social significativo influye en la vida comunitaria y hay que aceptarlo como parte de la misma.

LA FAMILIA ha sido siempre protagonista principal o destacada de la sociedad civil. El hombre primitivo se veía en ella integrado y protegido, frente a la naturaleza o cualquier clase de autoridad externa. El poder civil estaba en ella y no existía otro diferente. De él fueron surgiendo paulatinamente los restantes.

La familia se ve amenazada por el poder oficial, pero más aún dentro de sí misma por exacerbación de individualismo y egoísmo. El poder de la familia pierde fuerza social, que se traspasa en parte al individuo aislado que así se siente libre para ejercitar su egoísmo y placer ilimitado, con un discreto poder de voto periódico.

La desaparición de la familia se acentúa en estas últimas décadas; parece difícilmente evitable que se detenga, y hay posibilidad de que se acelere. En cualquier caso, la familia existirá en el próximo siglo y algunos creemos que va a existir siempre, a pesar de las previsiones de la sociología científica.

La anterior predicción es satisfactoria o insatisfactoria, según cada ideología; alguna considera que con la familia desaparecerá en el hombre todo lastre de superstición y logrará finalizar su proceso de liberación integral. Por supuesto yo pienso que con la familia desaparecerá la libertad del individuo, indefenso ante toda clase de manipulación exterior y que la familia es el refugio del hombre que no quiere ser absorbido por cualquier clase de «leviatán».

Todavía hoy, y no sólo en España, la familia se confirma como factor decisivo para la defensa del hombre aislado y para equilibrio real en momentos de dificultad. La desaparición parcial o total de la familia obliga a ofrecer medios para sustituir el trabajo interno familiar, con importante repercusión en la creación artificial de necesidades en busca de «bienestar egoísta», bien escaso futuro ya que no podrá aumentar el de algunos pueblos sin repercutir negativamente en otros.

La familia debería ser célula base de la sociedad civil; con ella los individuos influyen en su entorno, incluso en la sociedad oficial. Cuando la familia tiene consistencia efectiva, también la tiene la sociedad civil. Los «despotismos oficiales», democráticos o no, tratan de «reducir» el ámbito familiar para dejarla limitada a absolutos mínimos. Los judíos en su diáspora, los gitanos en su medio elegido seminómada, los emigrantes, en diferentes formas, crearon con sus familias su propia sociedad civil, para protegerse y conservar su propia identidad. Con una estructura familiar potente la sociedad civil surge inevitablemente, pero es difícil con la familia nuclear y menos aún con la desnaturalización de la institución familiar, objetivo discreto, pero firme, de la sociedad oficial española.

A pesar de su reducción sustancial en dimensión e influencia, todavía la familia es la más importante institución de sociedad civil donde el individuo decide y contribuye a su destino. Limita su acción al inmediato entorno, pero influye y participa con decisiones en la sociedad civil directa.

Declina la vida familiar con la dedicación generalizada de la mujer al trabajo, y son necesarias instituciones para protección de los hijos, como las guarderías, más difundidas en España que en otros países occidentales. Acentúa el mayor número de matrimonios deshechos y la consideración del matrimonio como institución prescindible.

El poder civil de la familia se manifiesta además de modo indirecto a través de la enseñanza, donde los padres son normalmente escuchados. El menor número de hijos reduce su influencia social, pero acentúa la preocupación por su educación y futuro. En contraste con lo anterior resurge en España el nepotismo en la sociedad oficial, a pesar de su declive en la sociedad mercantil competitiva, de esto son muestra, o símbolo, el amplio número de gobernantes con esposas en altos cargos oficiales y los innumerables «parientes» en colocaciones menos destacadas, en general innecesarias, que debilitan la eficacia de las instituciones públicas.

En relación con la familia debe destacarse la influencia de la «amistad» en la sociedad civil, de sus relaciones creadas por afecto y convivencia, o por interés, o preocupaciones y objetivos comunes.

Los vínculos de amistad se confunden a veces con los de la familia, de algún modo como extensión oficiosa, y en cualquier sociedad, sencilla o sofisticada, constituye un factor aglutinante en decisiones de diversa clase, en especial en el amplio campo civil del «ágora de la ciudad».

SOCIEDAD RELIGIOSA Y VOLUNTARIADO. La vida religiosa es decisiva en la sociedad civil de muchos países y en todo caso en España. La parroquial, muy inferior a la de otros momentos de la historia, ha sido para ello factor importante, como ahora lo son los miles de pequeñas unidades de diferente naturaleza promovidas, protegidas o estimuladas por acción de la Iglesia y órdenes religiosas. Ejercen permanente ayuda a necesitados y marginados, sin intermediarios, casi sin coste de gestión ni preocupación por triunfos o elecciones, sólo por «compromiso de solidaridad», que parece no tiene cabida en la actual sociedad española. Podría ser interesante un «inventario» de esas microunidades, aunque con ello perderían espontaneidad y se «engreirían» en perjuicio de su acción positiva social. Aun con excepciones, por abuso de alguna clase y utilización desviada, cabe asegurar que ese conjunto representa una fuerza poco conocida pero muy potente en Occidente y en la España actual, donde no resisto la tentación de compararla con la lista que podría hacerse de asociaciones protegidas en algún momento por el Ministerio de Asuntos Sociales, que promovía una aparente sociedad civil instrumentalizada, como incluso ha llegado a ser durante un período la Cruz Roja Española. Existen también núcleos importantes no religiosos o no católicos con acciones positivas de esta clase, que igualmente no buscan ayuda oficial y que no deben olvidarse.

En general con impulso y promoción eclesiástica, pero siempre con actuación independiente, existe un amplio conjunto de instituciones de caridad y ayuda a necesitados, aparte de las estrictas de proselitismo, en España y, sobre todo, fuera de España, en «misiones», de que emana un poder poco conocido, por propia naturaleza discreto y elusivo, que «sirve» y no «presume» ni «presiona» social o políticamente. Es el «poder de la caridad solidaria», cada vez más indispensable para suavizar desigualdades, en la sociedad oficial y en la sociedad mercantil. Sin caridad no es posible repartir con equidad riqueza.

Pensar que la sociedad oficial es suficiente es un error que tranquiliza conciencias sociales, y en realidad engaña por conveniencia y egoísmo.

PODER CIVIL EN SOCIEDADES NO CIVILES. Es otra manifestación especial de sociedad civil, y aunque pueden existir más comento las siguientes:

- La educativa. Dentro de las instituciones oficiales educativas aparece el poder civil de educadores e investigadores integradas en ellas, pero que en su acción personal e intelectual ejercen influencia social autónoma, independiente de la acción que siempre ejercen los padres de familia en comisiones y juntas de enseñanza primaria y secundaria. Este poder procede de influencia directa y efectiva en algunos casos e indirecta en otros, que deben incluirse especialmente en este inventario de manifestaciones especiales de poder civil.

- La coactiva militar. Resulta inevitable en la vida social y es útil para proteger de caprichos o sectores generales e individuales. La defensa, inicialmente utilización de «capacidad muscular», continuó con armas y organización colectiva hasta llegar a las «fuerzas armadas»; y ahora a «fuerzas de orden público». La coacción física como instrumento político está impresa en la naturaleza del hombre, y sociológicamente debe admitirse y, por supuesto, regularse. Si esto no ocurre aparecen actividades coactivas irregulares.

La sociedad militar, encuadrada lógicamente en la sociedad oficial, ofrece poder civil, aun indirectamente. Las Fuerzas Armadas, con su función de protección de la comunidad integran personas con características homogéneas, sentido de disciplina, dignidad y solidaridad corporativa. Individual y colectivamente ejercen influencia social (poder civil) que a veces conduce a intromisiones en la legalidad política, pero en general son ejemplo de servicio y desprendimiento personal, con generosidad para perder la vida por la comunidad. Por eso, ha sido negativo humillarlas con Luis Roldán, primer director civil (o comisario político) para garantizar la «pureza» de una institución caracterizada por su austeridad. Este hecho fue en su origen, confirmado por sus consecuencias, un acto representativo de un gobierno sectario.

Este poder «paracivil», con característica de poder fáctico, ha tenido influencia decisiva, y en general positiva, para el equilibrio social. ¿Puede pensarse viable el éxito de la transición política y económica de Chile sin la amenaza de un ejército vigilante que imposibilita el extremismo? Esto ha faltado en la antigua Unión Soviética y en cambio se ha mantenido en China, parece que con éxito, y cito ejemplos de ideologías adversarias. Esta influencia fáctica en la sociedad oficial ayuda a preservar su equilibrio.

- La actividad municipal. En los municipios es muy frecuente la influencia directa de sus ciudadanos, y en especial en los de reducida dimensión. Un ayuntamiento forma parte de la sociedad oficial, pero en los pequeños municipios existe relación y dependencia directa del ciudadano con actividades simultáneas de poder oficial y poder civil. En la Edad Media en Castilla tuvo especial protagonismo la vida municipal y, sobre todo, en la América hispana, donde se ejerció en los cabildos acción local efectiva y directa. Esto ha continuado en municipios reducidos que hoy están desapareciendo. En cambio, apenas cabe en los macromunicipios actuales, megápolis que se convertirán en «muni-leviatanes» salvo que se consiga influencia directa de ciudadanos en áreas especialmente concretas, tendencia que está surgiendo en algunas, como necesidad absoluta de aproximación al ciudadano en la gestión y participación directa de decisiones.

MOVIMIENTOS Y REALIDADES. Incluyo en este epígrafe diferentes conceptos que existen, influyen y no son fácilmente definibles. Puedo citar los siguientes:

- Movimientos y corrientes intelectuales, que son manifestación informal de acciones individuales con repercusión e influencia en la sociedad general. Incluyen el amplio, complejo y diverso entre sí, mundo intelectual, con influencia en las decisiones de la colectividad. Es una manifestación, aun sin encuadramiento formal, que ejerce indudable poder cultural, político y civil. Los diferentes movimientos o corrientes de opinión de pensadores, intelectuales, ensayistas, conferenciantes, etc., constituyen aportaciones individuales que de un modo u otro influyen en otras personas y en los componentes de la sociedad oficial.

- Movimientos culturales, en especial de carácter artístico, con importancia notoria a pesar de su informalidad. Podrían incluirse los «manifiestos» de ciertas tendencias literarias o artísticas.

- Centros o clubes de opinión,de carácter informal, con acción generalmente de influencia prepolítica, que han servido también para despertar atención en problemas, tendencias y nuevas necesidades insuficientemente atendidas o reconocidas. Algunos buscan poder y derivan en partidos, que aún con origen civil, se convierten de este modo en instrumentos de la sociedad oficial, conducto para selección de gobernantes y adquisición de poder.

- Movimientos críticos, fenómeno reciente del siglo XX, que comenzó con los sufragistas ingleses, que consiste en actuaciones que en algunas ocasiones se califican de radicales para defender temas no adecuadamente tratados en el conjunto social. Han creado corrientes de opinión y en varios casos partidos políticos. Un antecedente es el de Fray Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapas, que en el siglo XVI lanzó una campaña de extraordinaria repercusión en uno de los temas «críticos» de entonces y del momento actual. Hoy existen diversos movimientos o asociaciones para promover la igualdad de la mujer en la sociedad y de otra clase, que han logrado impacto político. También pueden considerarse movimientos «civiles» los de homosexuales, con especial éxito en California.

Los más característicos de estos movimientos son los relacionados con la ecología, y que simbolizan los «Verdes» preocupados por la naturaleza como consecuencia de avances científicos y proyectos industriales. Las asociaciones de este origen en unos casos se especializan en aspectos muy concretos, como fumador pasivo, polución en un río o una ciudad. En otros casos lo hacen en aspectos de carácter muy general, como erosión de la naturaleza o desaparición de bosques en zonas como la Amazonia, que pueden modificar el clima y afectar a pueblos muy alejados. Son fenómeno creciente de sociedad civil, incrementados en este último fin de siglo, y con probable repercusión en el próximo; se favorecen cuando existen abundancia, seguridad y comodidad, y por eso su influencia podría reducirse en un entorno de austeridad y sacrificio, que exigen concentrarse en objetivo inmediato propio o de ayuda al prójimo.

- Situaciones irregulares, con especial y quizás creciente existencia en el mundo occidental, en algunos casos con entramados criminales de influencia real en la sociedad civil, al organizarse con decisión libre de ciudadanos, aunque a veces por medios coactivos.
Puedo considerar los siguientes:

- De carácter marginal, que son conjuntos inorgánicos de personas aisladas de la sociedad que las rodea por razones de diversa naturaleza, en unos casos subjetivas, voluntarias o psicológicas, y en otros, por razones objetivas. Aparecen en todas las comunidades humanas, pero especialmente en sociedades agresivamente competitivas. Ofrecen interés sociológico y de conducta personal que no corresponde a este trabajo. Merece atención la marginación producida por circunstancias objetivas sociales, en amplios sectores de «pobreza urbana», con bolsas sociales que viven aisladas, también fenómeno creciente para la humanidad del próximo siglo. En estos años está aumentando la necesidad de protección de estos marginados, en especial de los involuntarios, en un ambiente poco solidario que necesita instituciones para afrontarlo. La marginación como manifestación de voluntad individual es un fenómeno que quizás afecta a un 1% de la población y aun que por sus características no genera «poder» sí tiene presencia en la sociedad civil, a la que corresponde «proteger consecuencias de decisiones individuales reflexivas o irreflexivas». En algunos casos esta marginación es explícita, como los «clochards» de París, o las «bag-ladies» de Nueva York, pero en otros sólo es conocida en el entorno muy próximo.

- De carácter etnomarginal, con grupos étnicos, como los gitanos, que por voluntad histórica de sus componentes se marginan colectivamente de la nación en que viven, con existencia generalmente nómada. Los gitanos en los países occidentales ofrecen características homogéneas, que poco varían de las descripciones de Cervantes en alguna de sus obras. En Estados Unidos, Rusia, España, actúan de modo bastante similar, a pesar de las diferencias de estas tres naciones. Los de la Unión Soviética supieron protegerse de la brutal presión socio-política, como excepción admitida, que hace años tuve ocasión de contemplar directamente en Siberia y en Moscú.

- De carácter irregular, que presentan creciente interés. Se relacionan con la sociedad civil en cuanto ostentan poder efectivo frente a la sociedad oficial. Son un fenómeno relativamente moderno, como lo fue en su momento el contrabando, incluso entre ciudades, cuando existían fielatos. También se relacionan con el exceso de fiscalidad, que induce a buscar formas para eludirla, y crean una estructura «negra», como ahora se denomina, en ocasiones de amplia complejidad, no sólo con economía sumergida, sino con estructuras sumergidas, como en la producción y comercio de la droga en algún país sudamericano, o la del alcohol durante la «prohibición» en Estados Unidos.
Esta actuación irregular crea poderes efectivos fácticos. Puede convertirse en gran «llaga» interna para la equidad entre ciudadanos. Es preciso combatirla no sólo con acciones de orden público, sino con instituciones de sociedad civil, a fin de que el poder directo de las personas honestas sobrepase ampliamente el de las deshonestas. El proceso de transformación política y el fin de la guerra fría han sido y son caldo de cultivo para estas creaciones irregulares. En los territorios de la antigua Unión Soviética tienen más importancia que las manifestaciones de la reducida sociedad civil, y casi también de la sociedad oficial, en proceso de transformación brutal. Este hecho, que debería ser sólo coyuntural, se agrava en países como los citados que hasta hace poco carecían prácticamente de sociedad civil, en especial con regímenes para los que destruirla constituía «objetivo socio-político».
Surgen instituciones irregulares en Argelia, con diferentes orígenes y características. Los gobernantes argelinos de la independencia, con ideología importada marxista, destruyeron la sociedad civil rural, laguna grave para su futuro nacional. El único intento de recuperarla es precisamente de los fundamentalistas, que introducen en sus postulados formas de ayuda personal y colectiva que favorece su proselitismo en un pueblo desarraigado e inerme. Este es un fenómeno que puede manifestarse en otras áreas del mundo durante las próximas décadas.

II. Corrupción.

La corrupción es inevitable, el hombre se corrompe a su muerte; los actos de hombres y mujeres tienen inspiración hacia el bien, pero también hacia el mal, por voluntad precisa o por «corrupción ambiental» que ridiculiza al que se escandaliza del mal. Los últimos meses hacen inevitable pensar en este tema para llegar al siglo XXI con mayor conocimiento de lo que es desidia, negligencia, cobardía, corrupción, pecado individual, crimen social o crimen a secas.

Admitir la corrupción no significa rendirse a ella como práctica normal, picaresca social que ayuda a vivir, o complemento lógico de las ventajas del poder que no satisface si no permite también abuso. Hay que convivir con la corrupción en la vida pública y privada, pero también analizar a quienes perjudica su tolerancia: conjunto oficial, grupos sociales específicos o a todos indiscriminadamente.

Existe corrupción en lo privado y en lo público, esto último más peligroso si no hay transparencia para combatirla. El éxito de una nación es su ascenso en el grado de calidad, inverso al de corrupción, que mide un servicio público eficiente. La corrupción o se detiene o se extiende hasta desintegrar una empresa, institución o conjunto nacional. Los escándalos por corrupción equivalen al dolor en las enfermedades, que obligan a preocuparse de ellas, avisan de que algo va mal o muy mal.

A veces se considera corrupto lo que hacen los enemigos, y no los actos en sí. Sin un mismo rasero la corrupción sólo será término arrojadizo para adquirir o retener poder, instrumento de acción partidista. Sólo dominando la corrupción conseguirá España presencia digna en el siglo XXI, de no hacerlo caminaría a su desintegración nacional.

La corrupción la tenemos dentro. Ha habido corrupción en cada hombre o mujer, en cada familia, en cada sociedad o agrupación de familias y en cada comunidad política en cualquiera de sus variedades. Es farisaico exagerar cualquier falta ajena; nadie tiene visión perfecta, en todos aparece algún grado de deficiencia, pero no puede llamarse a todos ciegos. Siempre participamos en algún corrupto «patio de Monipodio», y debemos ser humildes, pero no miopes sin distinguir bueno y malo.

En ese maremágnum contradictorio hay que pensar en la «esencia» de la corrupción. El análisis de su razón última, manifestaciones principales y situaciones admisibles, evita que la auténtica corrupción quede difuminada en una nebulosa que iguala, «por la noche todos los gatos son pardos».

Cuando se considera el pecado algo exclusivamente personal e íntimo se pierde la posibilidad de detectar lo qué es y no es corrupción. Los Mandamientos bastan para detectarla y combatirla, aunque alguien muy querido para mí, ejemplo de incorruptibilidad personal, decía: «No conozco la conciencia de un malvado, pero sí la de un hombre honrado, y resulta angustiosa». A pesar de ello, los principios para diferenciar el bien y el mal están inmersos en el alma de los hombres que, por sí mismos, aun con limitada educación, en condiciones normales, saben lo que deben hacer. Documentos de diferentes religiones en diferentes épocas señalan el camino para el hombre honrado, con normas de conducta aceptables para toda la humanidad; las comunidades cristianas, judías, musulmanas y budistas comparten prácticamente unos mismos principios.

1. Análisis de la corrupción.

Aun con muchas acepciones y concomitancias, se considera generalmente corrupción al desvío y abuso en la actuación de los que tienen poder con fines egoístas de beneficio propio directo o indirecto. La corrupción individual, sin transcendencia para terceros, afecta a la conducta íntima y el incumplimiento de mandamientos divinos, o de principios éticos «generalmente aceptados», o programados en el cerebro humano, como los principios del lenguaje que permiten a niños de ambientes muy poco cultos construir frases que nunca han oído en su entorno familiar. Esta conducta trasciende fuera del propio individuo, repercute en su familia, y puede adquirir dimensión social, pero es ajena a esta «reflexión».

Se atribuye en general corrupción a quienes disfrutan de «poder oficial» en sus muy variados niveles pero también existe en el poder eclesiástico, o mercantil, o de cualquier variedad de la sociedad civil, incluso en la familia, en que las decisiones pueden perjudicar a alguno de sus componentes, o al propio conjunto familiar.

La corrupción exige voluntad de beneficio ilícito, y así se distingue de la desidia y negligencia en el ejercicio del poder, que causa efecto negativo a terceros, incluso muy grave, pero sin beneficio propio, salvo el de la cómoda eliminación de esfuerzo.

Se asocia corrupción a tráfico de influencias y uso indebido de información confidencial, cauces frecuentes en la corrupción de dirigentes con poder oficial.

El tráfico de influencias consiste en el canje de poder recibido por ventajas, favores o dinero; los tres intercambiables, en beneficio de la propia familia, de amigos políticos o de otra clase. Es frecuente, en algún grado inevitable, y con excesiva rigidez hasta contraproducente. Recuerdo por los años cincuenta como un buen amigo y gran caballero, Cecilio de Roda y Casinello, ingeniero de caminos, con cargo muy destacado en la RENFE, que cuando alguien le pedía un billete, muy escasos entonces, bajaba de su oficina de principal directivo y se ponía a la cola de la ventanilla para, por turno, obtener el billete. Encomiable como actitud y rectitud, pero hasta parecía ridículo aunque merece ser recordado como conducta de numerosos funcionarios públicos, que con abnegación y espíritu de servicio compensan la laxitud y pereza de otros.

Otra «modalidad» de corrupción es el uso en beneficio propio, directo o indirecto, de información confidencial sobre situaciones o decisiones en el área del gobierno o financiera. Utiliza información conocida en su función dirigente para especular con sus consecuencias; conocimiento anticipado del trazado de una carretera, o de una disposición legal, o de una situación desconocida de fuertes pérdidas o insolvencia, o ampliación de capital, o hallazgo de una veta minera o bolsa petrolífera, entre otras muchas muy diferentes. Es fuente clásica que produce enriquecimiento injusto difícil de conocer y perseguir, en especial en lo político, porque en lo financiero repercute con facilidad en movimientos anormales de Bolsa que expertos y autoridades detectan en poco tiempo y también en la cuenta de resultados perjudicada por las desviaciones ilícitas del patrimonio.

Otra modalidad son los negocios propios en competencia o relación con los de la empresa o servicio afectado, sobre todo si se acompaña con uso de la comentada información confidencial; negocios propios, buenos, y deficientes los otros. Afecta más a actividades mercantiles que a actividades de Administración Pública, pero también en éstas aparece.

El cohecho o soborno consiste en ofrecer ventajas, económicas casi siempre, a quien ocupa una posición de poder, generalmente pública, para presionar una decisión incorrecta; actuación específica para captar la voluntad y obtener beneficio ilícito de un funcionario, público, mercantil o civil. El que acepta un soborno, además de vender su poder de decisión o sus informaciones por un precio determinado, pierde autoridad y está sujeto a coacciones que le impiden en otros casos actuar objetivamente. El corrupto está sujeto además a chantaje interno, pues, salvo casos excepcionales, necesita ayuda y está expuesto a presiones en su actuación normal.

En la prevaricación un gobernante o funcionario falta a su deber y adopta con conocimiento decisiones erróneas; por eso no lo es cualquier error o desacierto de actuación sin voluntad activa de perjuicio a terceros. En ocasiones se prevarica para vejar o humillar a alguien, típico «abuso de poder», por mera satisfacción y desviación de orgullo.

Actuación corrupta de reciente aparición es el «expolio» o utilización global de un patrimonio mercantil con interés personal, ambición política, despilfarro, etc. Recientemente ha ocurrido en la vida española con el caso BANESTO, que durante generaciones y en el mundo entero será emblemático de esta clase de actuación. Sobre él existen innumerables documentos y libros monográficos que permiten conocer cómo se ha llegado a pérdidas inimaginables para las que no bastaba deficiente gestión empresarial, ni simples desviaciones patrimoniales. Su propia originalidad hace difícil definir el término expolio, aunque podría considerarse como «utilización de poder directivo para desviación masiva de un patrimonio en beneficio propio, directo o indirecto». Afortunadamente por su propia naturaleza y circunstancias es difícil se repita en la misma dimensión, pero, de modo limitado, aparece en ocasiones en los directivos mercantiles respecto a sus empresas.

Como terminología personal destaco la diferencia entre «corrupción» y «corruptela», o pequeña corrupción habitual, pago de propinas, «astillas», o similares, para acelerar una actuación burocrática, sin desviación sustancial de fondos, costumbre admisible en determinadas actividades, aunque sea transformable en clara corrupción. Son conocidas las de algunos juzgados y otras menos tipificadas. En este trabajo denomino corruptelas a las «actuaciones criticables y no correctas, en parte consecuencia de deficiente organización y sin especial trascendencia, salvo para los muy escrupulosos». A veces para suavizar el impacto de «pecadazos», conviene exagerar los «pecadillos», como las drogas que degradan al hombre y se confunden con simples «hábitos perniciosos semejantes al tabaco o el alcohol».

Además de la corrupción aislada o individual, de especial impacto, hay que considerar la macrocorrupción o ambiente general de corrupción, en una institución o en una nación, inmersa en actuaciones corruptas generalizadas o que utiliza sistemáticamente la corrupción para sus objetivos. Se agrava cuando en un nivel nacional se fomenta la corrupción como instrumento de gobierno y arma política de actuación. La mafia es por naturaleza propia una organización corrupta, como lo es cualquier asociación de delincuentes, y alguna empresa como el famoso Banco BCCI.

La peor situación a que puede llegar un país es admitir la macrocorrupción para mantenimiento y defensa de los poderes central o territorial, con que se crea un ambiente general que degenera hasta su desintegración o da lugar a la irrupción, para eliminarla, de una fuerte corriente moralista, con frecuencia violenta.

La corrupción como método de gobierno se utilizó a fines del siglo pasado y principios del actual en la política colonial francesa del norte de África, inspirada, según dicen, por el Mariscal Lyautey, especialista en el manejo por ese procedimiento de los diferentes grupos étnicos y sociales de Marruecos. Este ejemplo fue al parecer utilizado por el General Franco como instrumento de equilibrio de poder, primero en Marruecos y después en España, como de un modo u otro lo hacen todos los autócratas. Podría describirse como política de actuación circunstancial antiética, instrumento de poder propio que se puede transformar en un régimen general de corrupción en que los no corruptos quedan siempre «fuera de línea». Así llegó a ocurrir en algún monasterio medieval que después de ser ejemplo de vida digna se convirtió en escuela de corrupción; fue acusación fundamental contra los Templarios, aunque al parecer malintencionada, para destruir su poder y apoderarse de sus riquezas.

Es obvia la relación entre corrupción y ética y añado ahora otro concepto básico pero olvidado, el de probidad. ¿A quién se le ocurre hablar de un hombre probo para distinguirlo de los que obran en contra de lo que debería ser su conciencia? ¿A quién se le ocurre hablar de probidad en las actuaciones colectivas, políticas o de cualquier persona con poder sobre otra? El instinto natural a la actuación ética y equitativa es la probidad más comúnmente conocida como honradez, que exige a quien tiene poder sobre área pública o privada conducirla en beneficio de sus fines. Seleccionar a una persona con probidad es hacerlo en interés de la institución o empresa afectada; falta cuando se hace por motivos de amistad, de ventajas familiares, de intercambio de favores o de provecho personal de alguna clase.

La probidad lleva a conducta correcta en adopción de decisiones dentro del área de poder y responsabilidad a cada uno encomendada. El funcionario probo cumple con su deber, hace justicia y no abusa de uno u otro modo para molestar o perjudicar a otras personas o intereses. Funcionario probo, empresario probo, juez probo, sacerdote probo, implica «corrección en cada actuación». La probidad es instintiva, no necesita normas específicas de deontología. La corrupción se resuelve con probidad más que con castigos o alguna clase de códigos de conducta, que a veces buscan retrasar decisiones obvias urgentes para dar tiempo a eludirlas.

Se ha perdido el contenido de la palabra probidad y sobre todo la sensibilidad de que existe. Cuando los políticos creen que su acceso al poder es para enriquecerse o enriquecer a sus amigos, no es extraño que algunos se excedan de las «áreas tolerables de corrupción» y piensen se les ha concedido una «patente de corso» para su uso personal y exclusivo. Un político probo sabe cómo hay que actuar para defender intereses generales y buscar el beneficio colectivo. Es triste la corrupción en nombre de honradez (o probidad) al utilizar el ejemplo de una conducta ejemplar para actuaciones contrarias a lo que esa conducta representaba. Es notorio el caso de Pablo Iglesias en la política actual.

Por muy grandes que sean las barreras legales y códigos éticos, son más efectivas las barreras que nacen de la conciencia, con sentido de bien y de mal. El problema básico de España en este momento ha sido -todavía no está variando- la política generalizada de desprestigio y hasta ridículo de las personas que consideran indispensable la existencia de «principios» en lo individual y en lo social. La corrupción no se está combatiendo en sus bases; en España se la facilita, con desprecio absoluto de principios de conducta y tolerancia general de desviaciones que en otros momentos se condenaban socialmente. Los últimos veinte años en España son ejemplo de radicalismo en la destrucción, no ya de valores religiosos aplicables a la estructura social, sino de cualquier clase, espirituales o éticos. ¿Cabe alguna duda del origen profundo de la avalancha de corrupción a que estamos asistiendo?

2. Casos de corrupción.

La historia está llena de corrupción. Bancos de importancia en diferentes países han tenido su origen o su crecimiento en influencia oportunista de uno o varios gobernantes respecto a uno o varios financieros. Figuras como el Marqués de Salamanca tuvieron actuación discutible y disfrutaron de ayuda política no absolutamente generosa. En todo momento núcleos de poder privado se han visto favorecidos por el poder político, relaciones personales, habilidad de unos y debilidad de otros, como sigue ocurriendo en Francia, Italia, sin hablar de Grecia, y, por supuesto, en España.

Cabe llegar a un estado general de corrupción, como en los núcleos marginales, «quinquis» o agrupaciones o semiasociaciones informales de voluntad criminal, con corrupción como medio de vida.

Existe corrupción con crecimiento y éxito, pero es más normal unirla al declive de un país o institución, por causas diversas, justificadas o injustificadas; en todo caso la corrupción acelera su decadencia, como ocurre en España en este momento.

La transparencia es instrumento efectivo para disminuir la corrupción. Bastantes casos se evitarían con transparencia inmediata y comprensible. A veces aparecen actos de corrupción por ignorancia de principios y normas, aunque la mayor parte están grabados en la mente desde el nacimiento, como derecho natural en que coinciden movimientos filosóficos, ideológicos y religiosos, salvo los enfermizamente desviados. Con ambiente de confusión no es fácil distinguir bien y mal y algunas situaciones de corrupción proceden únicamente de ignorancia. En todo caso, hay que evitar la utilización errónea o malintencionada del término corrupción y su comparación, «la tuya mayor que la mía».

Se identifica corrupción con delitos económicos, pero no toda tiene ese carácter, el «acoso sexual» por ejemplo, ahora de moda, pero siempre presente, puede tener contenido económico, con ventajas o desventajas, por aceptación o resistencia a costa de la empresa o servicio público que paga la tolerancia del acosado.

La amistad es una virtud social que debe enaltecerse, pero también aparece la relación «corrupción-amistad», de que procede el amiguismo o favores en contra del interés general. La amistad es algo sutil, inspirada en las relaciones de familia y obligaciones recíprocas en su círculo, que en algún momento chocan con derechos objetivos de terceras personas. La amistad es buena, pero de ella pueden derivarse efectos perversos, del mismo modo que la familia es buena, pero no el nepotismo, aunque algunas sociedades lo han admitido como método regular y conveniente de actuación.

El clientelismo y caciquismo son fenómenos en general rurales, sin el contenido de criminalidad del mafioso de Sicilia, que en modo alguno y en ningún momento ha arraigado en España. El caciquismo o gestión de favores del poder público procede de una coacción próxima territorial en que ciudadanos o conjunto de ellos reciben protección sometiéndose a obligaciones, en especial en el momento de votar. El caciquismo se asemeja al vasallaje en la Edad Media, en que existía relación lógica orgánica, el «señor» se comprometía oficialmente a favorecer y proteger a personas que con servicios y tributos pagaban por esa protección.

La corrupción existe «per se», con una actuación corrompida, pero sólo hay escándalo si esa actuación se exterioriza ante el conjunto social. La España de hoy parece más corrupta que hace doce meses o hace veinte años, porque está inmersa en el escándalo de exteriorizar y divulgar lo que ocurre, ya que una sociedad abierta percibe con rapidez actuaciones corruptas y de ese modo las puede eliminar. Cabe hipocresía al exagerar conductas de enemigos, pero aún así es importante conocer lo que ocurre.

Corrupción no es simple transgresión teórica de principios y conductas (eso sería pecado), sino la que produce resultados negativos para el patrimonio moral o económico de una institución o empresa o tercera persona. El corrupto público roba a la comunidad o al área de ella que tiene encomendada; el perjuicio de su actuación no es solamente la detracción ilícita de un patrimonio sino la repercusión de esa acción, que puede multiplicar su importe en varias o muchas veces por daños materiales indirectos o de imagen, prestigio u otra clase, a veces más importantes que los económicos.

Este libro y esta «reflexión» no desea entrar en temas inmediatamente politizables, aunque todo él sea político. No desea participar en la guerra de escándalos que en 1994 ahogan España. Su propósito es despertar atención para que la corrupción sea estudiada, se penetre en su esencia, se conozca su realidad objetiva y con ello se contribuya a una ética social más necesaria cuando no se quiere reconocer principios espirituales o religiosos.

Rara vez un país, salvo con derrota bélica o conmoción estructural como en los del Este, se ha encontrado tan invadido de corrupción en sus capas de poder, en casos espectaculares y en el ambiente general. Se admite corrupción y causas que conducen a ella, aunque a veces se rasguen las vestiduras por algún caso concreto. Ejemplo es la prensa diaria española, que recibe de la prostitución parte sustancial de su beneficio (único caso en la sociedad occidental), y en la que alguna vez se desliza como noticia la detección de una red concreta de esa naturaleza.

En estos años ha llegado la corrupción en España a un nivel muy superior al de otras naciones, al de cualquier momento de su historia y a lo máximo que soporta un país sin desprestigio de largo alcance. La corrupción de los que influyen o dirigen la gestión pública, de los ambientes económicos e incluso de los mediáticos perjudica la convivencia de los ciudadanos. Parece salvarse la corrupción eclesiástica, quizás por su menor poder actual.

Pero, sin describir y juzgar casos concretos, conviene estudiar por qué se ha acelerado en un plazo tan corto. A veces se escucha «que a pesar del esfuerzo de los gobernantes no se ha podido superar la herencia del régimen anterior». Es simple mentira. En mi época de funcionario público, de 1944 a 1952, recuerdo la meticulosidad con que se analizaban conductas y pequeñas desviaciones, ni siquiera pecadillos, que se pagaban con separación administrativa y claro ostracismo de compañeros. Había corrupción, y hasta quise escribir un libro a finales de los años cuarenta comentando defectos en la Administración Pública y cómo la mayor parte de leyes y disposiciones tenían en su origen un interés personal a favor o en contra de alguien. Pero era insignificante al lado de la que ahora conocemos.

A los favoritismos un funcionario podía oponerse sin considerarse héroe ni sufrir represalias. En la cúpula se favorecía especialmente a los que habían contribuido a la victoria de la Guerra Civil: los March, los Oriol, entre otros; posiblemente el Talgo no salió a subasta pública, pero nadie pudo decir que haya sido caso de corrupción. Se concedían loterías a ciudadanos de familia bien, se favorecía a un hermano del General Franco, pero se conocía y se criticaba, aunque no se corrigiese. Los casos eran concretos y limitados, no muy diferentes de los de cualquier régimen y cualquier país a lo largo de la historia.

En el período de clandestinidad blanda y discusiones con «grises» después exageradas, había poca acción y mucho comentario de los que intuían un cambio inminente y eran caldo de cultivo para el «agit-propismo», que exaltaba la lucha de clases, la dictadura del proletariado y similares. Se fue generalizando la idea de lo malos que eran los que gobernaban, de los muchos siglos de gobierno de la derecha (muy cierto pues todos los gobiernos son o acaban siendo de derechas), típicos comentarios de casino y de camarillas ocultas. Se llegó a creer equivocada pero sinceramente que la gestión pública española era muy corrupta, que en todas las adjudicaciones de obras y adquisiciones de material había comisiones para los amigos y que esa era la esencia de la vida económica y por supuesto de la política.

Cuando los que así pensaban alcanzaron el poder, los influidos por esa propaganda hábil, pensaron que el abuso era lo normal, y que después de tanta derecha, clérigos y ricos, estaba justificado que «los de izquierda» tuvieran alguna ventaja admitida socialmente para compensar anteriores sacrificios. Al tiempo, era necesario financiar elecciones, referéndums de la OTAN, una de las mayores estupideces de la transición, y actos de propaganda que se multiplicaban, sin otros límites ni mucho sentido jurídico, ¿qué más lógico que hacerlo con actuación poco ortodoxa y coacción a los que necesitaban autorización pública para su actuación normal? Y así ocurrió.

A esa justificación ambiental se unió una intención sistemática de «cambiar la sociedad», volverla del revés, creando una estructura de poder social que sustituyese a la anterior, y frente al poder franquista o derechista abrir camino a otro poder socialista. Se adelantaron en cinco años las edades de jubilación, entre otras acciones con el mismo objeto, y se favorecía de modo amplio y duradero a amigos con algún poder económico, personal o institucional, no sólo con comisiones innecesarias y adjudicaciones sin concurso, sino muy especialmente admitiendo la legitimidad de «pelotazos» y enriquecimientos rápidos, tráfico de influencias e información confidencial. Algunas disposiciones de Hacienda eran lo suficientemente oscuras para ofrecer alternativas admisibles, como ocurrió en las famosas «primas únicas» y pienso que en varios enriquecimientos que no tributaron.

Todo esto, además de la sistemática eliminación de «valores» y de los que en ellos creían, «creó ambiente», con dos efectos:

- Algunos se «pasaron» y no supieron frenar su «oportunidad», buscando sin límites más y más.

- Los favores con alguna justificación política o ideológica se fueron extendiendo con liberalidad, ofreciendo increíbles posibilidades a los que «eran de los nuestros», admitiendo actuación corrupta de amigos para crear un establishment financiero gubernamental y para financiar las actividades políticas de los que estaban en el gobierno y como compensación las de casi todos los demás.

Las «recomendaciones» de los religiosos son peligrosas, pues son muy susceptibles a la adulación y a creer lo que les dicen quienes buscan favores. Así ha ocurrido en la transición, con ambiente poco religioso, en que lo que venía de los «antifascistas» se admitía sin analizar; de ahí el fenómeno Roldán, increíble ejemplo de despreocupación para designar puestos de confianza.

Todo esto, y la tendencia de toda podredumbre a extenderse implacablemente, han creado la situación actual: la madre de todas las corrupciones, que se admiten sin reacción, como arma de guerra para derribar poder y sustituirlo. Hay excepciones, pero apenas se conocen, no son de triunfadores sino de personas oscuras capaces no sólo de sacrificio sino de solidaridad.

La corrupción, a que el Gobierno no quiso oponerse cuando comenzó a exteriorizarse, ha sido expuesta por la prensa y la radio, sobre todo Antena 3 y después la COPE, factor que se debe reconocer, aun sin olvidar actuaciones contrarias; en todo caso, es muestra de que la libertad es mejor que la «no libertad».

La lectura más meditada de los casos conocidos y emblemáticos, Conde, De la Concha, Rubio, De la Rosa, Roldán, Salanueva y otros, muestra que no son hechos aislados ni sólo consecuencia de un gobierno poco eficiente, sino de un ambiente social, de «ricos de poder», que avergüenza a los que querríamos hacer lo posible para el bien de nuestro país y nuestros ciudadanos, aunque con ello de nada nos beneficiemos.

El problema para España no es ya conocer, juzgar y castigar, a los corruptos, sino extinguir la corrupción y que los nuevos gobernantes no crean, como hicieron los socialistas, que ahora les toca a ellos el turno y de algún modo continúen, primero con timidez y prudencia y luego «a lo loco», recuperando tiempo perdido. Por lo divulgado de la corrupción pasada, algunos aspectos no se repetirán y habrá menos obras faraónicas, menos comisiones paralelas y menos despilfarros espectaculares, pero no hay que confiar excesivamente. Será además necesario prepararse, con defectuosa base de partida, para la sociedad de solidaridad, que obliga al máximo y total aprovechamiento de todos los recursos, que es incompatible con cualquier corrupción, aun limitada, y que exige un verdadero Estado de Derecho, cuya falta es causa en parte de la corrupción actual. ¿Hay esperanza de que así lo entiendan los que triunfen en las próximas elecciones?

3. Áreas de corrupción.

La corrupción es un fenómeno que no afecta a una institución o clase de actuación sino a todas, como desviación negativa, con beneficio personal directo o indirecto. Todo poder corrompe, no solamente el que emana del poder público, pues implica capacidad de decisión en alternativas y en problemas que exige acierto, pero también buena voluntad y sobre todo honradez o probidad. Voy a distinguir entre la «corrupción oficial» y la «corrupción mercantil o civil», principales tipos de corrupción que interesan en este momento.

Corrupción oficial.

Es la que se produce en la función pública o «para-pública». Se manifiesta con tráfico de influencias, abuso de información confidencial, exigencia económica o de otra clase del que decide, y abono de comisiones indebidas a terceros en la adquisición de bienes y servicios, cada una con el mismo resultado final: desviación ilícita negativa de un patrimonio colectivo. Es la de mayor trascendencia teniendo en cuenta la gran proporción actual de los gastos públicos y las dificultades de detección o eliminación de sus abusos. De no ser contenida, amenaza a la existencia digna de una comunidad nacional, como ocurrió en Rusia, donde la corrupción fue causa principal de su desintegración, la mayor conocida en la historia. Sólo pueden prosperar permanentemente países con grado reducido de corrupción, y no sólo por razones éticas.

La función pública es difícil de definir; yo así califico al «conjunto de actividades propias de la sociedad oficial». Incluye: políticos y partidos que desean gobernar; gobernantes de primera y de segunda línea; directivos y conjunto de funcionarios en la gestión pública, central y territorial; agencias con dependencia pública sin cuenta regular de resultados y hasta las empresas públicas, aunque éstas detectan más rápidamente desviaciones en sus balances y liquidación presupuestaria.

La función pública es caldo de cultivo para desviar fondos y decidir en contra del interés general, con áreas claves de poder, que encuentran facilidad para el tráfico de influencia y para obtener enriquecimiento ilícito.

Existe diferencia entre «corrupción pública» o sea, la que afecta a instituciones públicas y personas con poder dentro de ellas, y «corrupción pública» en cuanto es divulgada, conocida y aceptada por el público. Del mismo modo, existe diferencia entre lo privado que sólo corresponde al área íntima del hombre y lo privado porque sólo se conoce por muy pocas personas. También se considera corrupción pública la que afecta a las instituciones como tales y no sólo a las personas con ellas vinculadas.

Un servicio, institución o empresa corrompidos no sólo son aquéllos cuyos directivos estén corrompidos, sino los que se han acostumbrado a actuación corrupta en su actuación, que ha pasado a integrarse a su mecánica operativa. En España, por desgracia, tenemos no solamente corrupción de personas sino también algunas instituciones públicas que han llegado a completa desviación de sus objetivos institucionales en favor de otros contrarios al interés colectivo, en general por influencia interna que ha corrompido su esencia, o también por decisión sistemática política, o de algunos gobernantes con poder para ello. Un caso de corrupción institucional es la de partidos políticos, que pasan de ser mecanismos de representación de ciudadanos para ejercer su legítimo derecho a convertirse en mecanismos para que unos grupos oligárquicos accedan al poder, incluso por medios contrarios a la ley. La situación en España la puede juzgar cada lector.

Dentro de la corrupción oficial existen áreas en que es más fácil que el poder público la utilice para intereses no públicos.

Describo las principales áreas corruptibles para que el conjunto de los ciudadanos conozca las tentaciones a que pueden estar sometidos los que disfrutan de poder o influencia transformable en poder.

Los políticos, que aspiran a gobernar una nación o a participar en instituciones con capacidad legislativa. El político profesional es pieza importante, no siempre positiva, de una sociedad democrática y está sujeto a tentaciones, como podría considerarse el excesivo deseo de acceder o continuar en el poder, ejecutivo o parlamentario, o sea corrupción de conducta personal aun sin despilfarro directo de bienes. Esto ocurre no solamente por acción, sino por omisión, proponiendo o tolerando soluciones contrarias, o «algo contrarias» al interés nacional en propio interés o de conjuntos económicos sectoriales o comerciales a los que subordina sus decisiones. La «política» debería ser -pero en general es lo contrario- escuela para encauzar positivamente ambiciones de gobierno e impregnar a sus partícipes de contenido ético y normas anticorrupción, en especial a los políticos que ejercen influencia parlamentaria y en la opinión pública, igualmente sujeta a corrupción. En Estados Unidos algunos senadores y congresistas se dejan tentar por la fuerza, colaboración, presión y seducción de los «lobbies». En la estructura política española esto resulta más difícil, pero ahora está comenzando a ocurrir. Qué ingenua parece ahora la prensa de hace cien años atacando a los trusts y fenómenos semejantes que ahora resultan anecdóticos.

Esta corrupción de influencia es semejante al caciquismo, compadreo y consideración de lo público como fondo patrimonial que permite buscar beneficios para uno mismo.

El famoso «Tamanny Hall» de los demócratas en Nueva York desde mediados del siglo pasado era un centro de reparto de favores para conseguir adhesiones políticas, siempre en contra del interés público. Los escándalos en el Japón son también ejemplo de esta tendencia, quizás inherente a la función del político. También hay que reconocer que los que actúan de otro modo a veces se convierten en personajes excesivamente rígidos y con facilidad hipócritas.

Una modalidad de corrupción política es la financiación irregular de partidos y elecciones, área tolerada que fácilmente se mezcla con corrupción personal. Hay que diferenciar el simple abuso que desborda hábilmente límites para adquirir fondos con destino colectivo, de la clara corrupción por venta o subordinación a conjuntos específicos de la sociedad mercantil o civil. Es difícil eliminarlos, es preferible orientarlos y reducirlos, evitando que grupos de presión lleguen a dominar decisiones de políticos, lógicamente ayudándoles a ser elegidos.

Los gobernantes son políticos en el poder, del que emanan posibilidades de beneficio económico, directo o indirecto. La historia está llena de gobernantes, con amigos nuevos o viejos a los que beneficia su influencia. El desarrollo de bancos en España, Francia, y -supongo- Italia, ha estado vinculado a determinados gobiernos en buenas relaciones con sus dirigentes y largo período de continuidad; ocurre desde los Reyes Católicos y Carlos V. La actividad bancaria exige confianza de los gobernantes que se compensa recíprocamente con favores. ¿Es esto corrupción o hecho inevitable de la vida sociopolítica? Es comprensible que Franco concediese favores especiales a quienes le habían prestado ayuda especial en la Guerra Civil o que el Gobierno socialista tenga predilección por personas o instituciones que le resulten afines por razón histórica o inmediata. Hay que distinguir lo comprensible y casi admisible de la clara corrupción, que depende de la cuantía y clase de los favores.

Los gobernantes son elegidos y no integrados de modo regular en la Administración Pública; no sólo el Presidente o miembros del Gobierno sino también altos directivos en las diferentes áreas de la gestión pública. Ejercen poder, «tocan» poder, como ahora se dice, circunstancia muy amplia y diversa. Hay gobernantes centrales y gobernantes de Comunidades Autónomas, con creciente poder de diverso género, y gobernantes de Ayuntamientos. Quizás son excesivas capas de gobierno con duplicidad de coste y con desgaste por tensión entre delimitaciones imprecisas a que se dedican más tiempo que al servicio a los ciudadanos.

La corrupción se acentúa en la vida municipal, donde son necesarias muchas obras públicas de diferente naturaleza, en especial en municipios pequeños, a veces dominados por especialistas en métodos para influir en alcaldes y concejales no profesionales y sin garantía de continuidad. Ha sido terreno de corrupción en el mundo entero, aun en lugares con nivel elevado de ética municipal. No sería inútil un estudio o publicación con los peligros, y técnicas anticorruptivas correspondientes, para que los que accedan a este poder conociesen las tentaciones que les esperan.

La corrupción puede extenderse no solamente a las actuaciones ejecutivas sino también a la legislación corrupta que favorezca de modo subrepticio determinados intereses, y a la utilización de normas e instituciones legales, en especial administrativas, para -de algún modo- defraudar y corromper. Es un caso claro la famosa querella catalana promovida para evitar el pago de obligaciones mediante una agresión jurídica criminal a la persona que solicita justicia. Otro caso claro han sido en España algunas disposiciones fiscales oscuras que facilitaban conductas de evasión.

Los funcionarios son empleados de servicios públicos que desempeñan actividades de diferente naturaleza: las administrativas propiamente, las de fuerzas armadas y de seguridad, las de educación, salud y similares. Las posibilidades de corrupción son diferentes según la capacidad de decisión que posean frente a terceros o simplemente actividades administrativas o auxiliares. En muchos casos la corrupción está en la ausencia de capacidad o voluntad de trabajo. Los funcionarios con poder decisivo pueden orientarse a objetivos corruptos, los restantes sólo están sujetos a corruptelas.

Recuerdo mi experiencia en la Administración Pública entre 1944 y 1952 y el aislamiento o penalización a que era sometido quien cometía alguna pequeña irregularidad que hoy causaría risa por su insignificancia. El ambiente era de probidad y el favoritismo, aun mínimo, producía escándalo. Esto subsiste en el servicio público clásico, que está desbordado por «asesores» politizados que destruyen el sentido correcto de servicio, en que algunas personas ejemplares en su modestia y eficiencia hacen marchar «la operación del Estado». Con ellas cabe esperanza para el futuro.

Los funcionarios coactivos, militares o de orden público, que utilizan fuerza en su actuación, encuentran tentación o tendencia para abusar de ella en su propio beneficio o de sus ideologías o adscripciones personales. Su gran activo es la formación del carácter de sus miembros en la disciplina y defensa del interés común, pero con peligro de desviarse al considerarse sus integrantes «superiores o mejores». De ahí la corrupción del «golpe», por naturaleza colectivo, y las corruptelas del pequeño abuso permitidas en las estructuras militares en tiempo de paz para compensar sus limitados ingresos. La tentación es diferente en el área de orden público, menos de «golpe», pero más de abuso frente al ciudadano con utilización de violencia individual a personas indefensas por simple deseo de abuso o por actitud instintiva difícilmente evitable en esa «actividad laboral».

Los educadores de diferentes clases y modalidades ejercen poder con alguna posibilidad de desviación, en especial por lo que respecta a la pérdida de objetividad en su actuación y decisiones, además de las corruptelas en niveles inferiores. Su desviación o corrupción más destacada en sus tareas es la ideológica, donde reside principalmente su poder y también la actuación «partidaria académica» con grupos o «clientes» de amigos o vinculados a intereses particulares frente a los generales de la educación y mejora científica o tecnológica propia de cada área. Este fenómeno se ha incrementado últimamente con clanes académicos muy cerrados en su protección endogámica.

Corrupción mercantil.

Es consecuencia de la actividad mercantil, o financiera, o de poder capitalista, como en las comentadas anteriormente, aunque la revisión y análisis regular del patrimonio de cada empresa las hace más fácilmente detectables y corregibles. Dirigentes corruptos pueden traficar con sus influencias, pero principalmente con información reservada, aunque las normas de control interno y la transparencia exigida legalmente lo hace menos probable. Es más grave y frecuente el abuso de poder en perjuicio de clientes o con fórmulas de diverso tipo, en que es a veces difícil la diferencia entre una acción limite competitiva y una acción corrupta delictiva. Cabe citar la adulteración de productos o similares y las prácticas irregulares para debilitar competidores. En bastantes casos sería difícil delimitar lo que es corrupción de lo que es apropiación indebida, aunque pienso es la primera cualquier desviación abusiva, tenga o no específica adscripción penal.

Es más interesante la corrupción «externa» que a continuación indico:

- Frente a sus propios trabajadores, con métodos opresivos y fórmulas conducentes a reducir sus responsabilidades o a utilizar trabajo ajeno o a distancia innecesariamente.

- Frente a sus accionistas o asociados, con beneficios para sus dirigentes, contratos blindados (institución muy reciente), remuneración y beneficios excesivos, en especial cuando no existe adecuado control superior o de cúpula para detectarlos o exigirlos. También desviación por operaciones por cuenta propia o de familia y amigos.

- Frente a sus clientes, por productos sin adecuada calidad o con materias primas deficientes.

- Frente a los gobiernos, por irregularidades fiscales de una u otra clase.

Existen empresas que utilizan corrupción sistemáticamente para sus ventas, para sus operaciones, para su gestión; que consideran la corrupción su instrumento de acción, perjudicando a trabajadores, clientes y sociedad en general. No suelen tener larga duración las que así actúan, pero en algún caso la han conseguido, ejemplo de posibilidad de éxito con diferentes métodos, incluso criminales, y hablo de éxitos aceptablemente duraderos, no de un «pelotazo» circunstancial.

Comento su impacto en dos importantes sectores empresariales, al no poder hacerlo en todos.

- En la Banca la corrupción se plantea en el aumento de modo subrepticio del coste de sus servicios a usuarios, en el retraso en ingresos en cuenta o en el tiempo de un descubierto, en la inclusión de costes marginales no programados y otros semejantes. En los clientes bancarios la corrupción aparece con la obtención de créditos con informaciones no correctas y con levantamiento de patrimonios ante situaciones de insolvencia.

- En el Seguro la corrupción se plantea en el retraso del pago de indemnizaciones, en especial en períodos de altos intereses, con obstáculos artificiales para atender reclamaciones; alguna aseguradora ha basado su política empresarial en esta actuación y por supuesto no ha tenido éxito. También cabe la obtención de ingresos complementarios improcedentes. La corrupción de los asegurados está en las reclamaciones indebidas, provocando siniestros o fingiendo los que no se han producido o sustituyendo uno de accidentados sin cobertura por otro que la tiene. En ambos casos, como en la Banca, se trata de corrupción operativa en el ámbito de la propia actuación.

Corrupción civil.

Es la que afecta a la conducta de las diversas instituciones de sociedad civil y de sus directivos, en general análogas a las que se acaban de describir. En esta área podría incluirse el fraude fiscal individual con diversas formas y modalidades; es la corrupción civil más extendida y generalizada, pero en parte procede de la deficiencia e imprudencia de la legislación.

Aparece la corrupción, aparte de la fiscal, en las profesiones que se denominan liberales, abogacía, medicina, arquitectura, etc., cada una con características propias de corrupción; en los abogados desde la despreocupación en la defensa de los intereses de los clientes por desidia o connivencia con otros intereses, al abuso en honorarios aprovechando su ignorancia; en los médicos con exageración de enfermedades e intervenciones quirúrgicas discutibles y participación económica en los honorarios de colegas a que se recomiendan clientes (dicotomía), y en los arquitectos por falta de control o connivencias con los constructores.

Las asociaciones sindicales pueden aprovechar el poder para fines propios personales de sus dirigentes o tráfico de su influencia con otra ajena a interés de los trabajadores, o subordinación a partidos políticos con objetivos no laborales.

Corrupción mediática.

La sociedad mediática cada día adquiere más poder en la transformación de la humanidad. Lo que en algún período representaba la sociedad coactiva con su poder militar, ahora lo ocupa el poder mediático en sus diferentes manifestaciones, con posibilidad excesiva para orientar mentes y desviar realidades. Ofrece corruptelas, como abusos de profesionales de bajo nivel, de modo semejante a las astillas en los juzgados. Pero su corrupción principal es la ocultación, exageración o deformación de informaciones por razones subjetivas interesadas económicamente o por ambición de poder de sus propietarios o dirigentes, incluso por supervivencia de un determinado medio que necesita «vender» sus servicios y para ello altera la realidad, o las de quienes sistemáticamente trafican con esta clase de actividad. Hay casos de campañas para objetivos partidistas, o simplemente caprichosos, de quienes disfrutan con abuso de su poder y desvían la veracidad en la información y la probidad de opinión, con publicidad o propaganda no declarada y en muchos casos cobrada de diferentes formas. No podemos olvidar el caso de Mario Conde, quien en los dos últimos años anteriores a su destitución lograba que su retrato apareciese en la gran prensa por lo menos diez veces al día, con comentarios elogiosos, caso claro del peligro de la corrupción mediática. En MAPFRE, recuerdo una época en que fuimos objeto de una campaña de infundios dirigida por un conocido asesor de imagen, suponemos que financiado por algún conjunto no identificado de competidores. A esto tenemos que añadir la captación de publicidad de actividades condenables o delictivas a que ya he hecho referencia.

4. Corrupción en selección de personal.

Son muy variadas las modalidades de esta clase de corrupción, activas y pasivas, corrupción del personal empleado y corrupción de quienes lo contratan, en Administraciones públicas y privadas. Se relaciona con «subjetividad» en el reclutamiento; cada servicio necesita personal adecuado u óptimo para desempeñar la labor que se le encomiende. El éxito empresarial o de calidad en un servicio depende de su personal, especialmente directivo, pero también administrativo y técnico. Los directivos tienen que dedicar máxima atención a la gestión del personal y en el reclutamiento, eludiendo nepotismo, amiguismo, clientelismo y compensación de favores. Esta desviación corrupta, la más lesiva para la institución afectada, es difícilmente reconocible, pero no menos real ni criticable.

En la Administración Pública gran parte del personal directivo, al menos en España, se recluta objetivamente mediante oposiciones o concursos, en que no siempre tienen cabida los mejores en todos los aspectos, pero con menos posibilidad de favoritismo y desviación negativa. Pero esta actuación objetiva no llega, por diversas razones, a todos los casos, y es fácil que se dé una «subjetividad desviada» con repercusiones incalculables y causa de burocratismo. También ocurre en las empresas donde, en las grandes, se está extendiendo el favoritismo, en la mayor parte de los casos por intereses personales próximos de los directivos frente al general de la entidad o servicio.

La corrupción no sólo es posible en el reclutamiento sino, posteriormente, en la promoción, ascenso, evolución y compensación económica donde tienen especial efecto las decisiones objetivamente incorrectas, a veces por error, pero en general con beneficio directo o indirecto de quien decide, o de quien da instrucciones a quien decide.

De todas las áreas de corrupción, la relacionada con la gestión de personal es la de mayor repercusión indirecta final, pero no es reconocida normalmente como tal. Si el trabajo representa el ochenta por ciento de la creación y gestión de riqueza y, al mismo tiempo, es el mayor patrimonio público y privado, también las desviaciones en su área son las más importantes, en perjuicio de servicios o entidades, de los intereses nacionales y de las personas afectadas o discriminadas negativamente.

Son frecuentes los casos de esta corrupción en la Administración Pública española al incorporar arbitrariamente a empleados sin calificación o capacidad adecuadas, por motivos ajenos al interés institucional. El alcalde de un municipio medio, para que pasase inadvertida la presencia de su esposa, incorporó a más de cincuenta empleados; caso real, supongo repetido en otras ocasiones, y que constituye una de las causas de los ingentes déficits presupuestarios de nuestro país.

Es sintomático el caso de las numerosas esposas de políticos y gobernantes con cargos destacados, incorporados sin oposición, a servicios públicos o por ellos dominados, situación que debería ser tenida en cuenta en las medidas para combatir la corrupción.

Me he referido a la corrupción en perjuicio de las «instituciones», pero también de los ciudadanos, a los que una actuación contraria a la equidad y legalidad discrimina por razón no objetiva su «derecho» a acceder a un puesto de trabajo para el que tengan cualificación.

No se trata de campeonatos de calidad pura, pues otros aspectos influyen en una selección objetiva, sino de ignorar a personas que se adaptan para la tarea que han de realizar, entorno en que se han de desenvolver, etc.

Esta «clase de corrupción» tiene al menos tres consecuencias:

- Influye en el rendimiento y, en definitiva, en el patrimonio de la institución como cualquier clase de detracción económica, con coste final duradero y costoso que se extiende a los intereses legítimos de una nación.

- Perjudica indirectamente a personas con cualificación para ocupar legítimamente el puesto de trabajo afectado, discriminadas negativamente.

- Escandaliza al colectivo laboral afectado, en que reduce el rendimiento de personas con capacidad satisfactoria.

Me he referido a discriminaciones subjetivas, pero también las hay objetivas que afectan a lengua, color, raza, etc., y a selección entre mujeres y hombres. Es tema complejo y delicado; una conciencia demasiado escrupulosa por esta equidad puede paralizar acciones, al introducir siempre la duda de qué es «mejor», incluso con justificación, pues las decisiones no suelen ser absolutamente claras.

Ejemplo de esto es la España del siglo XV, que había llegado al mayor grado de corrupción en su historia, con desintegración social casi absoluta. Los Reyes Católicos cambiaron la situación al elegir para cargos públicos no a los que más sirviesen sus preferencias personales o intereses particulares sino a los que más servían a los intereses del Estado. Con esta actuación, bien conocida, España se transformó en dos décadas en la nación más moderna de Europa y del mundo occidental. Se instauró la justicia y sólo se elegía a los mejores. Este efecto se repite en cualquier institución o empresa cuando selecciona a los mejores para directivos y empleados; su éxito depende de que durante quince o veinte años mantenga esa actuación, que por sí sola puede hacer inigualables sus perspectivas de engrandecimiento o efectividad social.

No han cambiado las circunstancias del siglo XV ni la alternativa entre buscar «a los que sirven» y no «a los que sirven a los que reclutan». Con egoísmo corrupto de intereses concretos las instituciones públicas y privadas declinan e incluso desaparecen.

Esta clase de corrupción va a ahogar en España nuestro desarrollo equilibrado, con clara infracción de principios éticos y en muchos casos de normas legales. Contrasta este hecho con la afirmación de algún ministro de que las ayudas familiares discriminan e implican corrupción social, y que atentaban a los derechos básicos del hombre. ¡Que grave confusión de valores!

Existe una estrecha correlación entre burocracia y corrupción. La burocracia podría definirse como «gobierno público o privado, general o sectorial, dominado por funcionarios o empleados».

El término burocracia es despectivo, deformación de una función necesaria y lícita. En la burocracia no están sólo los que ejercen una función útil, sino los que por una u otra razón se incorporan o pertenecen a un servicio público o privado sin función real, por ineptitud, modificación de estructura u otras causas. La burocracia es lacra de las administraciones públicas y de las administraciones mercantiles. Constituye «grasa» negativa que envuelve y ahoga la «sustancia» que justifica un departamento, servicio o institución.

La burocracia más que la ideología ha llevado a la desintegración soviética, y ha eliminado la capacidad competitiva en muchas empresas con exceso de personal innecesario que desequilibra sus resultados y sobre todo ralentiza su actuación y posibilidad de reacción en coyunturas difíciles. Un caso emblemático es IBM, con una política generosa empresarial que parecía encomiable pero resultó al final equivocada. Su enorme burocracia se consideraba razón de su éxito, y ha amenazado gravemente su supervivencia, aunque no fuese burocracia corrupta sino justificada por una política errónea de futuro.

Un problema español es la desproporcionada y duplicada burocracia pública, central, autonómica y municipal, que ahoga la nación, dificulta medidas de mejora y cambio y, sobre todo, promueve un desequilibrio permanente.

La burocracia conduce a exceso de trabajadores (directivos, funcionarios, empleados) que por su poca utilidad no pueden estar bien retribuidos y poco tienen que hacer. En esas condiciones los burócratas con algún poder son presa fácil para la «seducción» exterior y para la venalidad. Además para justificar su ausencia de contenido se oponen o retrasan decisiones lógicas, único modo que encuentran para afirmar su poder personal.

5. Caso MAPFRE.

La corrupción no sólo necesita detectarse sino combatirse y, si es posible, eliminarse en su casi totalidad.

El objetivo es claro, pero ¿cómo se puede «poner el cascabel al gato»?, ¿cómo se puede transformar el ambiente para que rechace la corrupción y que ésta se limite a aspectos marginales?

Sin duda lo principal es que se reconozcan los «valores», principios intelectuales y religiosos, todos contrarios a la corrupción; si esto fuese posible la corrupción llamativa habría desaparecido, y con ella el endiosamiento de la comodidad y el hedonismo. Sin admitir esto, considerándolo como limitativo de nuestra realización personal, no será posible llegar a un estado aceptable de derecho, que hoy no existe en España, ni con ello a enfrentarse realmente con la corrupción.

Se podría tratar de aliviar la situación llenando el país de códigos deontológicos, normas de conducta, estudios éticos e instituciones para vigilar infracciones. Pero no creo que burocratizar la «anti corrupción» sea conveniente, salvo para abrir un nuevo campo a los abogados de los Derechos del Hombre, ya que también podría incorporarse el «derecho a ser corrupto». Pero no habrá éxito, como con la persecución fiscal, que ha creado el período de más dinero negro en España, que sólo excepcionalmente no procede de actuaciones delictivas.

Se ha eludido hablar de los escándalos que inundan nuestro país, con el propósito de «evitar tensiones», pero con transcendente repercusión futura, en especial cuando los españoles se avergonzasen de hechos impensables en el mundo occidental al que nos sentimos tan orgullosos de pertenecer, y del que hasta hemos creído que seríamos destacados protagonistas.

La vergüenza no será tanto por hechos acaecidos sino por el ambiente que los ha hecho posible, el vacío de «principios», sobre todo el desprecio con que se ha mirado a quienes tímidamente (no es ése mi caso) se atrevieron a reconocer que esos principios existían, que debían ser base de la vida colectiva y que sólo con ellos una empresa, una institución o una nación podía caminar con dignidad dentro del concierto mundial. En el campo de la empresa, en que ha transcurrido mi vida, se ha dudado y se duda si era compatible la ética con la eficacia, o si representaba un lastre para triunfar ante la dura concurrencia, para mejorar el nivel de vida de los pueblos desarrollados y para ofrecer posibilidad a los que viven en la extrema pobreza o en la miseria. Mi contestación siempre ha sido que ética y eficacia eran compatibles y además que sin preocupación ética y respeto espiritual no podía triunfar a largo plazo ninguna empresa, salvo las de algún modo protegidas, o por situación monopolística de hecho, como las de servicios públicos o por contar con red amplia de oficinas arraigadas, como bancos y cajas de ahorro.

También he defendido que la cultura del «pelotazo» que ha sustituido a la preocupación ética por el trabajo honrado, era delictiva en casi todos los casos y siempre perjudicial para la estabilidad y crecimiento de una nación, por supuesto que esa cultura sólo estaba en relación directa al beneficio personal de los pseudo-empresarios con mejor o peor intención, y mayor o menor número de «masters» en su currículum.

No he querido comentar escándalos o situaciones concretas, salvo en varias ocasiones BANESTO, emblemática como MAPFRE, pero en sentido contrario. Pero creo que puedo y debo explicar cómo una entidad ha triunfado en el campo empresarial y en el económico, por haber mantenido que las normas éticas son indispensables, y por haber estado alejada del ambiente «yupista» y ausente del engreimiento por superioridad directiva, aspectos que considero incompatibles con el enriquecimiento de la propia empresa y en consecuencia el enriquecimiento de la nación y del conjunto de sus habitantes. «No se puede repicar y estar en la procesión», como con frecuencia se aspira a conseguir. El directivo que se preocupa demasiado de sus intereses no puede dedicarse mucho a sus obligaciones empresariales.

Casualmente o no, esa circunstancia concurre en el «caso MAPFRE» y casualmente o no MAPFRE ha sido la obra a que he dedicado mi vida de trabajo, con la extraordinaria oportunidad, que agradezco especialmente a Dios, de aplicar para ello los mismos arcaicos y poco apreciados principios que había recibido de mis padres y que he tratado de transmitir a mis hijos.

No por haber sido protagonista de este casi insólito fenómeno debería eludirlo en este libro que recoge mis experiencias en el campo profesional y social. No lo concebí con propósito de hablar de la corrupción ni del caso MAPFRE, y sólo en el último momento y movido por acontecimientos externos trato de ello y de la contribución de una institución civil, más que empresa mercantil, de que he sido varias décadas responsable. No se puede estudiar a través suyo toda la corrupción en España, sólo una parte concreta, la del poder de los directivos para desviar sus atribuciones en favor de ellos mismos, de su enriquecimiento no justificado, o de su familia, sus amigos, o sus tendencias ideológicas.

MAPFRE es un «sistema empresarial» así quiere denominarse, creado en los últimos cuarenta años a partir de una mutualidad especializada en seguros agrícolas que desde 1953 y hasta 1955 atravesó una delicadísima crisis, en que parecía inevitable su desaparición, aunque en su mayor parte fue como consecuencia de participar generosamente y con éxito, aunque quizás con poco seso, en la implantación del seguro nacional de enfermedad en el área rural española.

Desde 1955 en que me reclutó para ella su entonces Presidente Dionisio Martín, cuyas ideas y vinculaciones políticas nunca he compartido, hasta el momento presente, y en mi caso hasta 1990, MAPFRE se ha ido transformando con aquellos difíciles orígenes, desde un ingreso por primas de siete millones de pesetas, a lo que es hoy en el área aseguradora, a la vista de todos, creo que con ingresos que se aproximarán a quinientos mil millones de pesetas en 1994. La realidad es que este «salto» ha sido posible por haber aplicado desde 1955 principios y métodos de actuación que después fueron incorporados a su «constitución social»; los Estatutos de la MUTUALIDAD MAPFRE, que hoy es cabecera y propietaria mayoritaria del conjunto de las empresas con su nombre.

Los Estatutos actuales, que con ligeras modificaciones proceden de los que se aprobaron en 1965, tratan de defender a MAPFRE de posibles abusos de quienes en ella tienen situación de poder, en realidad ilimitado, por dificultades de la estructura mutual para impugnar su actuación.

Los problemas que se habían encontrado en 1955 (de muy poca trascendencia e insignificantes frente a los que ahora se conocen en España) y otras circunstancias que surgieron posteriormente, han sido, de modo resumido, los siguientes:

- Excesivo número de personas de la misma familia, generalmente de empleados, no de directivos, que impedían actuación ágil y eficiente, pero sin ningún caso que pudiera calificarse de corrupción, sólo corruptelas inocentes.

- Participación personal de algunos altos directivos en una empresa promovida, en 1953, por razones justificadas, para la MUTUALIDAD, pero que podía considerarse incorrecta, en cuanto algunos de ellos se reservaban participaciones, que no dieron lugar a enriquecimiento personal, pero que lo podían haber hecho.

- Presión indirecta en los años cincuenta y sesenta para que MAPFRE participase de algún modo con sus recursos o influencia en acciones políticas o para-políticas. Como contraste, conviene recordar que la creación de MAPFRE en 1933 tuvo carácter eminentemente político para defender intereses de los agricultores contra el gobierno que los amenazaba.

- Preocupación por evitar la reserva de derechos a los directivos sobre el patrimonio de la MUTUALIDAD, como se ha conocido posteriormente en otras mutualidades, aunque no en las que MAPFRE ha tenido relación, en especial la Mutualidad MAPFRE - GUANARTEME, que cedió todos esos derechos a una Fundación en beneficio de los intereses de la Comunidad Canaria.

- Conveniencia de fórmulas para defender a los clientes, asegurados y mutualistas de abusos de la burocracia directiva, en especial en el tratamiento de siniestros.

- Conveniencia de límites para retiro o jubilación de directivos y empleados que no existían ni en la mutualidad ni en el ámbito empresarial español.

- Conveniencia de un procedimiento interno efectivo para protección de los principios y defensa de los intereses de la propia Mutualidad como institución.

- Dificultades objetivas para participación suficiente de los mutualistas en los órganos de poder de la Mutualidad.

Los diversos aspectos anteriores quedan recogidos en los Estatutos de MAPFRE MUTUALIDAD y se extienden a entidades filiales, que se entregan a todos los asegurados (unos dos millones y medio) formando un conjunto encuadernado con la póliza, que garantiza su recepción y, por lo tanto, su adecuado conocimiento.

1. El capítulo más importante de los Estatutos Sociales a este efecto es el II, que se titula Protección del interés general de la MUTUALIDAD, que a continuación se transcribe. Este capítulo sólo puede ser modificado por una Junta General Extraordinaria, dedicada especialmente a ese objeto, o sea dejándolo prácticamente fuera de la decisión de los equipos directivos.

«Artículo 4 º. Para mayor garantía de los intereses generales y superiores de la Mutualidad, se estipulan los preceptos de este capítulo, que sólo podrán modificarse en Junta General Extraordinaria dedicada especialmente a tal objeto.

Artículo 5 º. Los Consejeros y Directivos de los Servicios Centrales de la Mutualidad y sus filiales sólo pueden ser accionistas de las empresas o sociedades en que la Mutualidad tenga directa o indirectamente una participación económica significativa, con autorización expresa de la Comisión de Control Institucional y de acuerdo con los límites y normas que establezca al efecto el Consejo de Administración.

Cuando se trate de empresas cotizadas en Bolsa, no será precisa dicha autorización, pero se aplicarán las siguientes normas:

- Cada Consejero o Directivo no puede ser titular directa o indirectamente de acciones en cuantía superior al mayor de los siguientes límites: el uno por mil de las acciones en circulación o cincuenta millones de pesetas de valor nominal.

- Los Consejeros o Directivos titulares de acciones deben comunicar a la Comisión de Control Institucional las operaciones de compra y venta que lleven a cabo dentro de siete días siguientes a su realización.

- La Mutualidad publicará en su memoria anual un detalle de las acciones de que sean titulares al final de cada ejercicio los Consejeros y Directivos.

La Comisión de Control Institucional llevará un registro especial de las participaciones a que se refiere este artículo.

Artículo 6 º. El Consejo de Administración y la Comisión de Control Institucional velarán de forma especial para que en ningún caso los fondos y bienes que constituyen el patrimonio de la Mutualidad y sus filiales se apliquen directa o indirectamente a fines ideológicos, políticos o de otra clase ajenos a sus objetivos empresariales; con la única excepción de las aportaciones a las Fundaciones promovidas por MAPFRE y de las cantidades de cuantía limitada que, con aprobación de la Comisión de Control Institucional, se destinen a fines benéficos, caritativos o de conveniencia social acordes con su dimensión empresarial.

En caso de disolución o transformación social, los Consejeros, Director General, Directivos y Empleados no pueden reservarse ninguna participación o derecho especial sobre el patrimonio material o inmaterial de la Mutualidad, sin perjuicio de lo que les pueda corresponder con su condición de mutualistas.

Artículo 7 º. No pueden incorporarse a la Mutualidad en calidad de Consejero Delegado, Director General, Directivos, Jefes o Empleados, personas que tengan parentesco hasta de segundo grado, incluso por afinidad, con Consejeros, Director General, Directivos, Jefes o Empleados al servicio activo de la misma. La incorporación de personas con parentesco de tercer grado requiere la autorización del Consejo de Administración.

Artículo 8 º. El Consejero Delegado, el Director General, los Directivos y todo el personal de la Mutualidad y de sus filiales deben jubilarse, en las condiciones que figuren en su nombramiento, a la edad máxima de 65 años».

Estos artículos reflejan el sentido de independencia y apolitización de la entidad. La autorización que se exige al final del primer párrafo del artículo 6 º sólo se ha usado de modo muy reducido por importes unitarios inferiores a cincuenta mil pesetas, y siempre a conventos, monasterios o instituciones religiosas de especial pobreza. Desde 1993 esas cantidades, cuyo importe total en 1994 no ha excedido de 500.000 pesetas, han pasado a la Fundación HERNANDO DE LARRAMENDI, que no tiene limitaciones ideológicas y cuyo principal objeto social es precisamente la atención a necesidades de la Iglesia Católica y de los pobres.

Destaco la expresa prohibición de adjudicar fondos a fines políticos o ideológicos, que ha dejado libre al Sistema MAPFRE de la tentación de ayudar a todos o a alguno de ellos, frecuente en los últimos quince años en grandes empresas industriales o financieras y cuyas repercusiones están siendo bien notorias, y aún pueden llegar a serlo más en el futuro.

2. Para la garantía y cumplimiento de los supuestos del título anterior, se contempla en el Capítulo III, Artículo 28, lo que transcribo a continuación, que se refiere a la Comisión de Control Institucional.

«Artículo 28°. Es el órgano encargado, bajo la dependencia del Consejo de Administración, de la alta coordinación y supervisión de la actuación de la Mutualidad y de sus entidades filiales, así como de la autorización, con efectos meramente internos, de las operaciones que excedan de los límites que establezca el Consejo de Administración».

3. En el capítulo III también se regula la Comisión de Defensa del Asegurado, que funciona con efectividad desde 1985 y que en el momento actual está compuesta por Fernando Suárez González, ex-Vicepresidente del Gobierno y ex-Eurodiputado, como Presidente; y como vocales Federico Carlos Sáinz de Robles, ex-Presidente del Tribunal Supremo, y José Luis Merino García-Ciaño, Abogado y Letrado de la Seguridad Social.

Esta Comisión, a que acuden los asegurados no satisfechos del trato que han recibido de la organización territorial de la Mutualidad, ha intervenido desde su creación en unos 1.700 casos, y anualmente presenta un informe en la Junta General de la Mutualidad, proponiendo cambios y mejoras para la mayor objetividad y equilibrio en el tratamiento de las reclamaciones, que prácticamente todos los años ha llevado a mejoras y que en gran parte es responsable del buen nombre y prestigio de la entidad y creciente número de asegurados que a ella se incorporan.

«Artículo 35°. Tiene como función proteger los derechos de los Mutualistas asegurados y velar por la equidad de sus relaciones con la Mutualidad por razón de la ejecución de sus contratos de seguro. En desarrollo de esta función le corresponde.

a) Conocer y resolver las reclamaciones que formulen las personas físicas aseguradas en la Mutualidad, y en su caso sus derecho-habientes.

b) Formular recomendaciones al Consejo de Administración en temas relacionados con la competencia de la comisión.

Pueden recurrir con carácter gratuito a la comisión todas las personas físicas aseguradas en la Mutualidad que tengan alguna reclamación por cualquier circunstancia derivada de su contrato de seguro, siempre que hayan agotado previamente la vía de reclamación ordinaria en la forma que establezca el Consejo de Administración.

La Comisión resolverá las reclamaciones con criterios de equidad y sus resoluciones serán vinculantes para la Mutualidad, dentro de los límites que establezca cada año el Consejo de Administración, siempre que hayan sido aceptadas por el asegurado; éste podrá aceptar la resolución o ejercer las acciones que legalmente le correspondan para la defensa de sus derechos.

El Consejo de Administración promoverá que se extiendan a los asegurados personas físicas de sus entidades aseguradoras filiales los mismos derechos que se reconocen en este artículo a los asegurados de la Mutualidad.

Artículo 36°. Está formada por tres personas, cuya designación corresponde al Consejo de Administración y recaerá necesariamente en miembros excedentes o jubilados de las carreras judicial o fiscal, en Catedráticos de Facultad de Derecho o en juristas de reconocido prestigio o especial vinculación profesional con la actividad aseguradora. No pueden pertenecer a la Comisión quienes sean al mismo tiempo Consejeros, Directivos o Empleados de la Mutualidad, ni personas que tengan parentesco con ellos hasta el segundo grado, incluso por afinidad.

Preside la Comisión quien haya sido designado al efecto por el Consejo de Administración, y ostenta el título de “Defensor del Asegurado de MAPFRE”. Corresponde al Presidente dirigir las actividades de la Comisión, representarla ante el Consejo de Administración y los asegurados que reclamen a ella y las demás funciones que le asignan estos estatutos.

El Consejo de Administración tiene facultades para establecer las normas de funcionamiento de la Comisión que, dentro de ellas, puede organizar su trabajo de la forma más conveniente para la más ágil resolución de las reclamaciones».

Cabe añadir que la MUTUALIDAD y otras entidades MAPFRE a que se ha extendido la acción del Defensor del Asegurado han aceptado hasta ahora todas sus recomendaciones.

4. Igualmente se recoge en los Estatutos la obligación de aportar parte de los excedentes de cada año a las Fundaciones promovidas por la Mutualidad (de ochocientos a mil millones de pesetas anuales) y estableciendo que en caso de disolución su patrimonio, que está prohibido se reserve para ningún directivo, se transfiera íntegramente a la Fundación MAPFRE, la primera de las Fundaciones establecidas por MAPFRE en el año 1975.

«Artículo 45°. De acuerdo con el espíritu social y público que inspira la actuación de la Mutualidad, ésta destinará en cada ejercicio una parte de sus excedentes a la realización de donaciones o aportaciones a las Fundaciones promovidas por la Mutualidad.

En caso de disolución de la Mutualidad, el remanente del Fondo de Reservas Patrimoniales, una vez terminadas las operaciones de liquidación, se transmitirá íntegramente al patrimonio de la Fundación MAPFRE».

Estas normas han mostrado claramente su utilidad a lo largo de más de treinta años, pues aunque los últimos Estatutos fueron aprobados en 1986, procedían de otros anteriores que recogían desde 1960 la mayor parte de sus normas. Además, se aplican en lo que procede a todas las entidades con el nombre MAPFRE, en las que la Mutualidad es mayoritaria directa o indirectamente. Las normas internas de MAPFRE para evitar su corrupción tienen repercusión en la sociedad española y favorecen a más de cinco millones de mutualistas y asegurados. No han sido simples normas idealistas sin sentido práctico; han servido para que MAPFRE ocupe el primer puesto destacado en el seguro español y extienda fuera de España su actuación con filiales implantadas en más de veinte países.

III. Transparencia pública y privada.

Transparencia es algo más que un tul ilusión de la información y la política. Transparencia es verdad, es conocimiento completo y objetivo de situaciones para que los gobiernos adopten decisiones y para que los ciudadanos analicen la actuación de gobernantes y dirigentes y juzguen el uso hecho del mandato recibido.

Parece tema secundario en relación a los grandes problemas del futuro. No es así, sino el más eficaz instrumento de mejoramiento socioeconómico nacional (y quizás único medio para eliminación de despilfarro y ordenamiento lógico de la gestión pública). Pero exige vencer resistencias interesadas en la opacidad, en continuar adoptando decisiones sin información suficiente, quizás para evitar que se conozcan errores, desviaciones y corrupciones a tiempo para combatirlos.

Nadie se ocupa ni preocupa por la opacidad, ni siquiera la oposición, principal o secundaria. ¿Quién recuerda alguna enmienda, alguna proposición en este sentido? Soluciones obvias que debían ser aplicadas rutinariamente son completamente ignoradas. Este tema es decisivo para nuestro futuro, no es de derechas ni de izquierdas, del gobierno ni de los que aspiran a él, es de todos, a todos interesa, menos a los que aprovechan la opacidad para intereses contrarios a los ciudadanos.

La transparencia es objetivo indeclinable para una estructura social que atienda equitativamente intereses colectivos. El objetivo de transparencia pública y privada justificaría una campaña nacional interpartidaria como objetivo social del siglo XXI.

1. Qué es transparencia.

Se utiliza la palabra «transparencia» como sinónimo de claridad en la información de las instituciones públicas o privadas, para conocimiento general de ciudadanos, dirigentes, accionistas y asociados.

Transparencia se opone a opacidad o tendencia a ocultar situaciones internas de una institución o empresa, haciendo imposible conocer lo que en ella ocurre, retrasando escándalos que en un momento determinado sorprenden al público como si fuesen repentinos.

La opacidad es útil para los que la promueven -quienes se acaban creyendo sus mentiras y falsas informaciones-, dificulta la corrección oportuna de problemas y equivale a fraude de información.

El conocimiento objetivo de la realidad es necesario para las decisiones que a cada uno correspondan, y debe ser objetivo de la humanidad; sólo con transparencia es posible una actuación ética y la defensa de intereses generales.

La historia es transparente cuando refleja con aceptable exactitud lo que ha ocurrido, no lo es la que se escribe para justificar un dogma, que además, siendo falso, caso del marxismo, desvió los hechos de modo que no se pudieran reconocer.

Sin transparencia no es posible equidad social; la opacidad proporciona armas a quienes detentan poder, permitiendo e incrementando abusos. La información privilegiada tiene mayor valor discriminatorio cuando falta transparencia, que no se agota en ofrecer verdad, sino en hacerlo de modo comprensible, sin necesidad de interpretación que permita manipularla, deformarla y defraudar al público. Hace más de veinte años un Ministerio español presentó las cuentas de la Seguridad Social llevando a las Cortes dos camiones de documentos. Esa acción fue un acto de opacidad, no lo contrario.

De modo menos teatral es también opacidad lo que se ofrece en ciertos ámbitos, públicos y privados, con interpretaciones estadísticas, que al cambiar de referencia permiten acentuar en cada período lo que conviene, e impiden a los ciudadanos la apreciación efectiva de la verdad.

Con total transparencia el público, aun no siendo docto, sabe lo que hay que hacer, porque las decisiones que se basan en la verdad son acertadas normalmente. Este criterio lo utilicé en la política de descentralización durante mi vida empresarial, que partía del principio de que un tonto «in situ» conoce mejor y toma decisiones más acertadas que un listo a cuatrocientos kilómetros de distancia. Entre otros aspectos porque el listo sólo sabe lo que le ha dicho el tonto, y éste acierta por conocimiento directo, pero no lo explica correctamente, y el listo recibe información deformada, aun de modo involuntario.

El rating o ranking de calidad de la vida pública o mercantil depende de la transparencia alcanzada, con independencia de su consideración política, aunque por su propia dinámica y naturaleza es difícil sean transparentes las dictaduras.

La historia ha sido, en gran parte, historia de la ocultación de la realidad, y mantenimiento de secretos gracias a los cuales los brujos, «chamanes» y hechiceros dominaban sus pueblos. No sólo ocurre en períodos primitivos, sino en los actuales, por medios de comunicación eficaces para hacer creer lo contrario de lo que ocurre, o de lo que es bueno que ocurra. En gran número de casos, propaganda y publicidad tienen objetivos opacos.

La transparencia afecta a estructuras políticas centrales, territoriales o municipales, a instituciones paraestatales y a cualquier empresa mercantil, en especial las que ofrecen sus «acciones» al público. Las informaciones transparentes no pueden ser ni manipuladas ni distorsionadas.

En la sociedad universal que se iniciará en el siglo XXI, los ciudadanos se relacionan, directa o indirectamente, con los de otros países; las inversiones cruzan fronteras y las actuaciones de una nación repercuten en otras. Se hace así indispensable una «transparencia globalizada», que sobrepase límites nacionales y se integre en la soberanía conjunta de la humanidad.

Sin transparencia real informativa no cabe sociedad equilibrada y ética; con ella es posible apreciar rápidamente abusos e injusticias de los fuertes y de las empresas fuertes, generalmente multinacionales. Los daños por opacidad afectan a todos los humanos.

Aunque se ofrezca fácilmente transparencia, la opacidad es objetivo general y generalizado de dirigentes públicos y privados que imponen la mentira, llevada a su máxima utilización en algunos regímenes comunistas. Con consignas muy repetidas en cualquier tema penetran en las mentes de los ciudadanos. Recuerdo una visita a Uzbekistán, no lejos de la guerra afgana en aquel momento, con folletos en castellano e inglés que inundaban las dependencias públicas comentando la «defensa por el ejército ruso de la libertad del pueblo afgano invadido por fuerzas reaccionarias exteriores».

Propaganda y publicidad, con diferentes orientaciones en sus respectivas áreas, utilizan métodos para deformar la realidad, y que parezca lo contrario de lo que es, con técnicas hábiles para eludir responsabilidad de actuación, de modo claro o disimulado, más peligroso este último. Es la gran fuerza de los medios de comunicación, independientes o dependientes de autoridades oficiales.

La transparencia ofrece las siguientes características:

- Es vehículo de actuación honesta de gobiernos; debería ser su objetivo y el de altas cúpulas empresariales; pero se suele eludir por considerarlo un peligro para intereses sectoriales, y en casi todos los casos con beneficio subjetivo de los gobernantes o dirigentes que lo utilizan.

- Es molesta, presenta crudamente errores y abusos de los que «mandan», y descubre rápidamente sus desviaciones de actuación.

- Debería ser base ineludible e irrenunciable de la futura sociedad humana globalizada, al menos si quiere ser equitativa y defender el bien común de pueblos y naciones.

- Es más necesaria en lo público que en lo empresarial, ya que la cuenta de resultados descubre a corto o medio plazo desviaciones y mentiras, en tanto en lo público es fácil disimular errores, que sólo se conocen cuando los perjuicios han sido incalculables y los responsables olvidados.

- No sólo se obtiene con buena voluntad, sino con organización adecuada y especialidad técnica, ya que únicamente es efectiva cuando la mayor parte de ciudadanos, inversores, accionistas, etc., están en condiciones reales de interpretar las informaciones que reciben.

Las manifestaciones de transparencia son muy diferentes; comento algunas:

- Transparencia de intenciones, promesas electorales y proyectos de futuro, no determinables con precisión, y por ello es muy difícil de imponer o de admitir. Depende de puntos de vista subjetivos y su interpretación es función de políticos y comentaristas. Su influencia dependerá del valor que a cada uno de estos se reconozca en el ámbito en que actúen. Es deseable pero no es exigible.

- Transparencia operativa de instituciones, existen diversas fórmulas de eludirla y hasta hay una política para ello al modificar el factor de comparación, buscando el que más favorezca, presentándolo como importante y decisivo, eludiendo comentar los negativos y exagerando los positivos. Sería útil un «manual de transparencia informativa», como los de estilo de algunos periódicos, incluso con publicaciones especializadas para juzgarla.

Dentro de ella caben:

• Transparencia de estructuras, para mostrar con exactitud las de una organización o institución, sus esquemas operativos, su distribución de poder y su capacidad de decisión. Es difícil con modificaciones frecuentes en los órganos de decisión de un gobierno, en algunos casos para disimular la real línea de mando.

• Transparencia patrimonial estática, reflejo de su patrimonio en un momento determinado, con obligaciones pendientes, riesgos posibles, número de empleados, derechos, valor de activos físicos, etc.

• Transparencia patrimonial dinámica, reflejo de su evolución, resultados, cambios en las magnitudes operativas, movimiento de ventas, compras, número de empleados, ceses, incorporaciones y, por último, pérdidas o beneficios.

- Transparencias comparativas.

Comento algunas principales:

• Transparencia operativa pública, de diferentes servicios centrales, que cabría denominar «horizontal», y de unidades territoriales homogéneas, que sería «vertical», ésta es de especial interés en unidades múltiples con paralela capacidad de dirección y gestión, como las autonómicas y municipales, que deben juzgarse por sus resultados comparados. Cabe asimismo diferenciar la transparencia estática de situaciones determinadas y la dinámica de su evolución.

• Transparencia pública de magnitudes económicas generales y territoriales. Existe bastante información aunque no objetivamente comentada y tratada, pues a veces se prepara para desviar la atención de sus verdaderos efectos y consecuencias.

• Transparencia mercantil, estática y dinámica con datos e informaciones de empresas útiles para decisiones de terceros, de inversión o desinversión de su patrimonio, de crédito, o de relación institucional o comercial.

• Transparencia internacional mercantil, semejante a la anterior, pero referida a operaciones y vinculaciones exteriores, activas o pasivas, del origen y vínculos de su propiedad o del destino de su inversión.

• Transparencia civil de instituciones con patrimonio y actuación autónoma, que se consideran parte de la sociedad civil.

La transparencia es un concepto unitario que siempre existe, no sólo en lo público, mercantil y civil, sino en la vida personal y familiar; en cada área con características y peculiaridades propias. Voy a referirme casi exclusivamente a aspectos concretos de «transparencia pública» y de «transparencia mercantil», con especial interés colectivo y aspectos útiles para el equilibrio social de España en el siglo XXI o para otros países con características análogas. También servirá para despertar interés en la consideración de la transparencia como símbolo de verdad en la vida colectiva, no como «divertimiento diletante» sino fundamental, y a lo que nadie, parece, ha dedicado atención ni lo ha considerado de trascendencia social.

Si las posibilidades fáciles de transparencia pública estuviesen implantadas en España, se habría dado un paso gigantesco en la mejora de nuestra vida pública y de las posibilidades y bienestar de los ciudadanos, y en consecuencia del equilibrio social.

Más del cincuenta por ciento de los errores, abusos y corrupciones, que están siendo muchas, de los gobernantes de cualquier nivel en nuestra nación, proceden de ignorancia de la realidad, pues no tienen tiempo ni posibilidad de conseguir una visión objetiva de la situación en que se desenvuelven y a la que deben adaptar sus decisiones. Obviamente esto es campo fértil para interpretar a su favor las dudas en lo que conviene a su familia, a sus amigos y a su partido. Las mismas personas, con el mismo nivel ético, hubiesen actuado de modo diferente si tuviesen conocimiento de la realidad, y con ello de predecir las consecuencias de sus decisiones, que así estarían más en línea con el interés general.

La transparencia y la verdad son tan importantes en la actuación de los gobernantes y en la vida pública como lo es la Constitución, paradigma superior de marco jurídico y político. La Constitución es discutible y discutida, interpretable de diferentes formas y normalmente conduce a conflictos. Se ha llegado a decir que en la Constitución Española, todo puede ser inconstitucional hasta la propia Constitución. En la propia y alabada Constitución americana se ha llegado a que una oración en una escuela sea inconstitucional y, en cambio, admisible el «derecho a adquirir armas», como consiguen mantener grupos de presión con interés egoísta sectorial.

La mayor barrera para el despilfarro y abuso de los gobernantes es la falta de transparencia de situaciones de gasto público y Administración Pública, más aún que la de sus propios actos. Por eso, la despreocupación absoluta por este problema (no conozco iniciativa, aun teórica, para ello de cualquier partido o corriente de opinión) es síntoma grave que explica los problemas de nuestra nación en estas décadas. De ahí también la importancia de que sean realidad los deseos de corregirlo, ajenos a cualquier preocupación «partidista». También afecta la transparencia a la «sociedad mercantil», de que en gran parte procede la creación de riqueza, que, si se distribuye equitativamente, favorece a todos los ciudadanos, pero que se desvía con opacidad en alguna de sus áreas.

Los comentarios sobre transparencia los voy a dividir en la pública, la de trabajadores públicos, la mercantil y la mercantil internacional, en aspectos que pienso susceptibles a una acción efectiva, no política y con repercusión positiva en plazo próximo.

2. Transparencia pública.

Es siempre opinable lo que corresponde al término «público», sin definición precisa, con posibles interpretaciones subjetivas, que varían en cada caso a que se aplique.

En un aspecto se considera «público» a lo «colectivo», o sea a lo «oficial», que transciende de intereses concretos y privados, y con vocación de ser útil para una comunidad. Es el que utiliza este trabajo; pero también «público» puede considerarse lo que se muestra al exterior, lo que es conocido y se puede conocer, por no ser reservado. Ambos aspectos se relacionan con la transparencia y con mis diferentes observaciones.

En el terreno, amplio y difuso de lo público, existen áreas de diferente naturaleza que pueden y en general deben ser objeto de transparencia, aunque sólo comento alguna concreta que he considerado apropiada, subjetiva u objetivamente.

No cabe aplicar la transparencia a las intenciones de los políticos, gobernantes o no. Esas intenciones pueden considerarse arma táctica o estratégica y, por lo tanto, su difusión no se puede exigir ni moral ni coactivamente. La famosa frase de Baltasar Gracián, de que el político no se debe dejar «tentar el caudal» es representativa de lo que tienen de opacos sus pensamientos, intenciones e incluso acciones exteriores. En todo caso, sería objeto de adivinanza «calificar» el talante moral o político de una persona para predecir lo que puede suceder en razón de su actitud probable. Ciudadanos o colectividades se enfrentan con políticos o gobernantes que no ofrecen transparencia, lo que les obliga a decidir interpretando intenciones.

Son difusos los límites entre lo que debe ser transparente y lo que es lícito que no lo sea; son además diferentes para unos y para otros. ¿Qué haría si no el «Príncipe» en su acción? Entrar en ello sería tema ético, no propio de este momento.

Lo importante en el terreno práctico es determinar aspectos de conducta y actuación pública que exigen transparencia, y cómo podría lograrse con facilidad y regularidad. He elegido áreas precisas que considero ejemplo extensible a otras más complejas o simplemente más difíciles de explicar.

Ningún gobernante está autorizado a renunciar a la transparencia. No habrá licitud de gobierno, aun con legitimidad de origen, si se apoya en la opacidad e impide que los ciudadanos puedan conocer la verdad y en razón de ella adoptar decisiones. En la práctica no es fácil la descripción perfecta de hechos reales, ni, aún conseguida, que se comprenda por la generalidad de las personas, ni lo es evitar la aparición de intermediarios que alteren la interpretación óptima. Cuando exista información realmente objetiva se reconocerá y se podrá juzgar a los que la han alterado o tergiversado.

La «verdad» al fin resplandece, el pueblo tiene instinto más agudo de lo que piensan los que se sirven de él para despreciarle. La verdad ofrece poder terapéutico y se debe llegar a ella, tanto por convencimiento de su eficacia como por consideración ética o religiosa, objetivo no renunciable.

La situación real de la vida pública española, y me temo que de otros países, es que se ha creado un Leviatán político y administrativo, que aun con ondas expansivas y restrictivas siempre amplia su dimensión. Esta es medible a través del número de sus empleados, elemento de este «universo oficial» que parece alcanza en España el cincuenta por ciento de los puestos de trabajo. Los ciudadanos adoptan decisiones o aceptan las ajenas sin conocer la realidad; pero aún es peor que la desconozcan los gobernantes en sus diferentes escalas, y que en muchos casos ni siquiera sepan que la deberían conocer. Afecta a los gobernantes y a los que quieren serlo, sólo preocupados del poder, quién manda, en especial que ellos manden o sigan mandando; olvidando «para qué el mando» y en qué forma se está en condiciones de mandar en interés del bien común y con eficacia. Es un hecho con que se debe contar, guste o no guste, y como consecuencia hacer lo posible si es negativo para que se modifique.

En el área internacional al referirse a las naciones independientes se habla continuamente de las que son o no son transparentes, obligando a reflexionar en este concepto, aunque sea sobre aspectos generales de actuación y política, no propiamente administrativos.

Sería absurdo y osado describir todas las posibles actuaciones corregibles de transparencia social; basta seleccionar a alguna destacada como ejemplo, y para eso he elegido como principal la del número de empleados o trabajadores públicos, área muy precisa pero discretamente olvidada, que exige conocimiento estático y dinámico permanente de su situación. Se supone que hay «muchos», o «demasiados», y que al crecer pueden agotar los presupuestos, pero se carece de información precisa, lo que se trata de justificar por la rapidez de los cambios en estas décadas, que se acelerarán en las próximas. La estructura pública era hasta hace poco tiempo estable y apacible; hoy es dinámica, inmadura, cambiante y en ocasiones influida por caprichos y objetivos inmediatos. Se carece de tiempo para meditar y se actúa precipitadamente por instinto, a veces con intención subjetiva poco ética, o con ignorancia que embota la conciencia.

Las cuentas de «tesorería» públicas, en que repercuten los gastos excesivos, se pueden retener, detener o «arreglar» durante algún tiempo; y así retrasar el conocimiento de sus problemas reales, que aparecen cuando ya es imposible ocultar déficits finales, después de haber disimulado sus consecuencias con endeudamiento, cuyo coste de intereses agrava la situación. Pero como los gobernantes (altos, medios y bajos) cambian y los que entran o no quieren o no saben analizar la situación que encuentran, las decisiones erróneas continúan y los problemas crecen, con cambios de estructuras y de circunstancias. Esta situación se agrava con la convicción de que no se exige, ni puede exigirse, responsabilidad por actuaciones negativas, voluntarias o involuntarias. Pero las dificultades no justifican la inacción, ni que se abandone la solución de problemas y corrección de deficiencias.

La transparencia tiene especial interés en áreas cuantificables de hechos, situaciones o resultados, producidos o que van a producirse, aunque también puede ser conveniente informar de decisiones cuantificables de futuro. Con hechos transparentes puede haber predicciones y decisiones individuales, consecuencia de la realidad transparente más que parte de ella. En cualquier período histórico, pero más en el veloz e impredecible actual, hay que preparar proyecciones de futuro, que resultan erróneas sin conocimiento correcto de lo actual, y conducen a decisiones perjudiciales para una nación.

En áreas legales o administrativas debería exigirse publicidad precisa de normas, con el rango que sea, que impliquen obligaciones, o modos de actuación, que de no cumplirse originen perjuicio al interesado o a otras personas. Es un área que parece cubierta con la profusión de publicaciones legales, pero que cabe mejorar con utilización sofisticada de programas informáticos que faciliten la búsqueda inteligente de normas y temas específicos.

Después de esta visión general de lo que representa la transparencia en la gestión pública, señalo:

- Debería reconocerse oficialmente que la transparencia es indispensable para una acción correcta de gobierno. Los regímenes dictatoriales agudizan su declive al hacer de la opacidad objetivo prioritario, que modifica hechos de la historia pasada, no sólo interpretaciones. Es curioso que quienes así han actuado, o actúan, consideran simultáneamente objetivo básico eliminar la opacidad individual o familiar (único reducto de libertad), en definitiva intimidad, con «policía universal», y espías de vecinos, colegas y amigos.

- La transparencia debe ser ilimitada en toda actuación o situación que deba ser conocida por los ciudadanos.

- Una acción de transparencia pública, si no existe por razones históricas de cambio rápido o de otra clase, conviene iniciarla en un área asequible con relativa facilidad, y con resultados extrapolables.

- La transparencia objetiva no se relaciona con intereses ideológicos ni políticos, y sirve para todos, la comunidad nacional, las comunidades autónomas y las municipales, y los ciudadanos aislados o agrupados, ofreciendo excepcional herramienta de decisión, de control de desviaciones y de previsión de futuro.

En general la «transparencia pública» se dificulta con exigencias administrativas obsoletas propias del siglo XIX, preocupadas de controles aparentes, sin visión dinámica flexible operativa. Debería eliminarse este obstáculo, pues debería próximamente merecer desconfianza la nación o unidad politico-administrativa que no implante sistemas eficientes de esta naturaleza. El paradigma de la opacidad pública son los fondos reservados, ahora de moda, que pueden estar justificados, pero de los que es fácil abusar.

No es imposible que la acción de transparencia se obstaculice por funcionarios aferrados a sistemas caducos, o por simple desconfianza de nuevos métodos o por repercusión subjetiva negativa en comodidad o intereses personales. La mayor oposición, no siempre claramente expresada, será de los gobernantes, efectivos o potenciales, que no deseen que la realidad se conozca y menos que se difunda, por considerarlo «peligroso» para su «política de actuación». Cuando los gobernantes son los «únicos que conocen», tienen en sus manos un instrumento para manipular el interés general del que no se desprenden con facilidad. La transparencia defiende al ciudadano y sirve para medir el grado de eficacia de una gestión colectiva y en general de una nación, una comunidad autónoma o un ayuntamiento.

Es útil precisar alguna de las áreas en que convendría transparencia, con independencia de que sea o no satisfactoria su información actual, aparte de la del número de trabajadores públicos, a que dedico un capítulo especial en razón de su importancia y mayor facilidad de corrección.

PATRIMONIO PÚBLICO.

- ACTIVOS INMOBILIARIOS OPERATIVOS. Se deberían conocer, con cuantificación correcta los existentes en áreas centrales, territoriales y servicios operativos de cualquier clase. Conviene agruparlos en unidades funcionales y territoriales con propiedad directa o arrendada de inmuebles, especificando metros cuadrados de cada utilización operativa, separando los de las que correspondan a áreas artísticas o de otra clase sin utilización administrativa. A los datos estáticos se debería añadir la renta satisfecha o calculada, el coste de mantenimiento, así como el año de construcción, estado de conservación y características más notorias.

Este área ofrece menos importancia para decisiones de futuro, pero hay que conocerla para la determinación precisa de posibilidades de utilización alternativa. Es muy útil comparar en los servicios territoriales estos activos en departamentos homogéneos de diversas Comunidades Autónomas y Corporaciones Municipales.

Para confeccionar este inventario basta una simple ficha inicial sencilla que con informática operativa, hoy ya rutinaria, puede convertirse en instrumento dinámico, que ofrezca periódicamente modificaciones, permita comparar situaciones homogéneas, y sirva de «detonante» para decisiones abusivas, caprichosas, interesadas o excesivas. Este instrumento informativo no sólo serviría para conocer fácilmente la realidad, sino para evitar errores y abusos de los que tengan capacidad de decisión y para que los gobernantes juzguen acertadamente las actuaciones que de ellos dependan.

- ACTIVOS INMOBILIARIOS NO OPERATIVOS, como inversión cultural o de otra clase. Podría utilizarse información semejante a la de los operativos, para obtener una visión global del Patrimonio Público Inmobiliario.

- ACTIVOS DE MOBILIARIOS E INSTALACIÓN, en general considerados gastos en el ejercicio de adquisición, que interesa describir, por lo menos una vez al año, para deducir por diferencia su movimiento. No puede exigirse excesiva precisión; se debería reseñar mobiliarios con valor histórico y equipos informáticos de cierta dimensión. Esta área de transparencia carece de interés general, pero sí lo posee interno, y se deberá exigir, para claridad operativa y para dificultar abusos interesados.

- OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON TERCEROS, adscribibles a una unidad administrativa, con personalidad para ello, o con dependencia de un área general, nacional, autonómica o municipal. Tienen poca repercusión, pero debe conocerse su existencia.

- DERECHOS DE TERCEROS, desde los de «autor» hasta opciones mobiliarias o inmobiliarias.

- OBLIGACIONES DE TERCEROS, públicos o privados, a detraer de la valoración de los activos, para obtener el patrimonio neto de cada unidad o subunidad. Las principales serán:

– Por adquisición de inmuebles.
– Por deudas a proveedores
– Otras con terceros.

No siempre pueden adscribirse a un centro específico, pero procede tenerlas permanentemente descritas, con el objetivo final de establecer el movimiento anual y el patrimonio neto de una unidad con autonomía institucional, de modo análogo a como se presenta en las empresas.

- GASTOS E INGRESOS DE CADA UNIDAD OPERATIVA(en cadena descendente), comparados con ejercicios anteriores y con lo presupuestado para analizar desviaciones. En cualquier empresa aceptablemente madura se ofrece esta información. No ha sido fácil o posible en la Administración Pública hasta hace pocos años; hoy lo sería con el desarrollo de la informática, y debe calificarse de negligentes a los servicios que no lo implanten.

Los aspectos concretos anteriores y otros que se podrían añadir indican la preocupación por secreto y misterio de las administraciones públicas, a las que en muchos casos no interesa que la información esté al alcance de los ciudadanos. Personalmente tengo la experiencia de haber utilizado este método para los cientos de unidades con resultados dentro de la empresa MAPFRE AUTOMÓVILES, en que una de las razones de su éxito ha sido que todo se conocía por todos en todo momento. Lo que en otras entidades competidoras era alto secreto, casi desconocido por todos, incluso por los altos responsables hasta el momento mismo del cierre del ejercicio, en MAPFRE se conocía o podía conocerse clara y perfectamente por centenares de personas en todo el ámbito del país; gracias a esto MAPFRE ha sabido sortear los momentos más difíciles de su sector con el mayor crecimiento de beneficio y decreciente relación de costes. Esto ocurriría igualmente en una nación que tuviese voluntad de hacerlo, por eso no es objetivo accesorio sino principal. Tanto entre empresas como entre naciones, cada día se hará más indispensable esta política de transparencia inmediata y permanente de situaciones y resultados, que evitará fricciones internas y despolitizará decisiones.

Puede parecer complejo y ambicioso en exceso lo que señalo, pero un gobernante con decisión, como ha habido algunos en la historia, podría obtener toda esa información en menos de doce meses, y al tiempo establecer un plan de información comparada periódica para el futuro. Es fácil si hay voluntad y energía decisoria.

OTRAS ÁREAS DE TRANSPARENCIA PÚBLICA.

- Instituciones hospitalarias.

Sector importante de transparencia por sus características y ejemplo para otras instituciones en que también pudiera aplicarse. Existen centenares de Centros Hospitalarios de diferentes características y objetivos, de carácter bastante homogéneo, de que podría ofrecerse una información regular precisa y frecuente que permitiese comparaciones entre las nacionales, autonómicas, municipales y privadas. Con ésta se podría juzgar cada actuación, facilitar la corrección de desviaciones de costes y número de personas en sus diferentes especializaciones o categorías, y apreciar la calidad de cada servicio. Esta transparencia sería importante factor de mejora general y particular de este sector. Es fácil de implantar si se desea hacerlo, si se cuenta con personas adecuadas y si se sortea la defensa de la opacidad que ofrecerán políticos y burócratas para hacer más cómodo el ejercicio de su poder.

Una acción comparativa permanente, que manifestaría automáticamente desviaciones, se debería coordinar con el establecimiento de auditorías regulares completamente ajenas a la estructura oficial hospitalaria, que permitiese juzgar resultados. Esta acción exige conocimientos profundos, pero, sobre todo, sentido común. Con ello se conocería objetivamente la diferente actuación hospitalaria en sus diferentes modalidades, que compiten a veces con desigualdad de ayudas pero también de calidad. Se eliminarían desviaciones de criterio y quizás abusos en la transferencia hospitalaria a Comunidades Autónomas, permanentemente analizadas y juzgadas.

Comparación informatizada, auditorías operativas y actividades homogéneas podrían ser un instrumento de la sociedad civil, de los ciudadanos directamente, si fuese posible establecerlas tanto fuera del área oficial como de las presiones de intereses en el sector.

- Contratación pública.

Es obvia en ella la necesidad de transparencia, pero de muy diferente naturaleza. Existen y se conocen los supuestos de cada contratación a efectos de subasta pública, pero falta transparencia en sus revisiones y alteraciones posteriores donde generalmente se producen los abusos, y no existe información objetiva regular pública para comprobar el cumplimiento de lo previsto inicialmente, con una adecuada, pero sencilla, informatización de contratos sería posible introducir mecanismos de seguimiento transparente. Su implantación repercutirá en la defensa de los recursos públicos, en claridad operativa general y en eliminación de la corrupción, y facilitará la actuación ética de los diversos protagonistas de esta actuación. Sería además otra consecuencia positiva de los avances recientes en la informática.

3. Transparencia de trabajadores públicos.

La información sobre número de trabajadores públicos, principal elemento de favoritismo y abuso de dirigentes, es indispensable para una «sociedad de solidaridad», como «termómetro de calidad de gestión pública», nacional o territorial, en especial cuando se compara con el pasado y con otras unidades homogéneas. Considero primordial esta información como objetivo social, pensando que aparte de beneficios inmediatos facilitaría una «visión integral» transparente de la actuación pública de gobernantes de todos los niveles.

La Administración y las Empresas Públicas tienen como principal activo las personas a ellos adscritas, que no pueden considerarse piezas fungibles innominadas, sólo conocidas como conjunto, sino que requieren análisis subjetivos de su calidad humana y de conocimientos, grado de adhesión, dedicación regular, etc. La información sobre su conjunto es más importante que la de cualquier otro factor económico. Deberían quedar fuera de esta información de funcionarios o trabajadores públicos los que se designan colectivamente como «gobernantes, parlamentarios y concejales», ya que su adscripción al servicio público tiene origen político y no administrativo.

La información que convendría obtener sería del número de trabajadores en cada unidad y subunidad geográfica y funcional operativa, de sus costes, aun aproximadamente, y de su repercusión en su respectivo presupuesto global y en los correspondientes económicos.

Casi el ochenta por ciento del coste operativo de servicios públicos, instituciones o empresas es atribuible al personal, directa o indirectamente; cualquier medida para equilibrar su impacto económico y compararlo con la prestación que proporcionan obliga, o debería obligar, a un conocimiento completo y permanente de sus trabajadores. Las empresas mercantiles, para estar en condiciones de competir con cuentas de resultados, evitan personal «no productivo», pero a veces llenan sus nóminas de «cadáveres activos», acumulados como consecuencia de errores gerenciales o de innovaciones tecnológicas; en ellas el grado de burocracia no es tanto señal de alarma como factor a corregir.

En los servicios públicos no existen «resultados» como en las empresas, al menos en España, ni parece fácil implantarlos, y hay que utilizar «señales de alarma», en apariencia limitadas, que tengan valor de diagnóstico y, en ese aspecto, el número comparado de trabajadores es un signo representativo.

No es momento de analizar criterios de cómo deberían actuar los trabajadores públicos, ni cómo se les regula, se les retribuye, etc. Si parece en cambio necesario comentar la situación de funcionarios especiales, élites establecidas históricamente por necesidad objetiva, sujetos a control rígido, no politizables, con un status especial defendible. Son ejemplo, entre otros, los catedráticos universitarios, ciertos sectores del Ministerio de Hacienda y de la Judicatura. Hay funcionarios no tan selectos pero que ingresan con garantía de objetividad o especialidad. No es ocasión de analizar consecuencias y justificaciones de este hecho, pero sí esperar que su existencia se refleje en la transparencia de trabajadores públicos que se comenta.

Una gestión pública responsable, con origen en los sufragios de los ciudadanos, cuyas consecuencias soportan, debe ofrecer información transparente sobre el empleo público o el empleo en servicios públicos o asimilados, con información frecuente, fiable y comprensible. Su valoración final depende de tres aspectos:

- Calidad que ofrece. Es difícil determinarla en cada unidad de servicio, pues es en gran parte subjetiva y no susceptible de cuantificación.

- Número de los puestos de trabajo de cualquier clase. Su cuantificación regular objetiva puede ser valorada comparativamente.

- Coste directo o indirectamente adscrito a este factor en cada unidad. Es más difícil de conocer que el simple número, porque a los sueldos y complementos sociales habría que añadir otros gastos como viajes, representación individual y algún otro indirecto, cuya información puede ser más compleja de obtener.

La información anterior debe agruparse por unidades o centros de trabajo; sólo así es comprensible y útil. También conviene agruparla por áreas, en principio las siguientes:

- Servicios que dependen del Gobierno central, con separación precisa por centros o unidades, algunas deben tratarse aisladamente, entre otras Defensa, Orden Público, Educación y Salud.

- Servicios territoriales (autonómicos, municipales y especiales), en que cabe comparación con los paralelos de características homogéneas en otras comunidades autonómicas y municipales, también clasificados por su dimensión y aspectos homogéneos.

- Servicios irregulares, generalmente consecuencia de decisiones ocasionales, incluso caprichosas, aunque también de nuevas situaciones no previsibles anteriormente.

- Organismos o empresas autónomas o mezcla de ambas, de creciente utilización para distinguirlas de la clásica Administración Pública, que pueden a estos efectos incorporarse y ser objeto de comparación entre las que ofrezcan alguna similitud.

El conjunto completo de «trabajadores públicos» clasificados por unidades y centros de trabajo, podría presentarse coordinado en un conjunto descriptivo con diferentes niveles. Con informática especializada se podría actualizar mensualmente con poco coste y seleccionar los datos que interese. Sería herramienta principal de gestión para gobernantes pero además un instrumento efectivo de conocimiento y supervisión por los ciudadanos de lo que ocurre en el misterioso arcano de la gestión pública. Esta información dará lugar a sorpresas fácilmente reconocibles. Sólo con ella cabe hacer previsiones efectivas de futuro.

Para este objetivo informativo, toda incorporación a un puesto de trabajo, aun temporal u ocasional, debería integrarse en una base de datos, también necesaria para dar autorización, incluso automática, de pagos laborales, sin posibilidad absoluta fuera de ella (salvo de fondos reservados). Se evitaría, como ahora parece ocurre, que se desconozca el número de trabajadores por cuenta pública y su permanente evolución, ya que sólo podrían percibir emolumentos los incluidos en ese sistema.

Para conseguir este objetivo podría bastar:

- Que se exija un documento nacional «normalizado» para cada incorporación al trabajo en cualquiera de sus modalidades como ocurre en las empresas bien organizadas, con datos básicos identificativos útiles para derechos posteriores, como en lo privado para la seguridad social.

- Que toda compensación económica, aunque sea ocasional, se haga con modelos normalizados y codificados que se integren en una base de datos de personal que sólo admita a los oficialmente incluidos con la autorización correspondiente.

- Que se establezcan «centros de coordinación de personal» con carácter general o sectorial, autonómico o municipal, sin dependencia unos de otros, con simple coordinación informática integrable homogéneamente, y por lo tanto comparable.

- Que esta información se integre en cascada para formar una «base orgánica de información comparable de trabajadores públicos», a disposición de toda escala de legisladores, gobernantes y de los ciudadanos.

Esta gran riqueza informativa podría presentarse en mapas en la siguiente forma:

- Del conjunto nacional, con datos de trabajadores integrados en cualquier clase y naturaleza de centro de trabajo, en cada provincia y cada Comunidad Autónoma.

- Del Gobierno Central, con todos los servicios de su Administración, separando Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y conjuntos educativos y de gestión sanitaria o algún otro que convenga.

- De la Administración Provincial, para cada una de ellas: global, y de cada Gobierno; nacional, autonómico y municipal; así como de las Fuerzas Armadas, de Orden Público, Educación y Salud.

- De la Administración Autonómica, paralelo al anterior con las mismas informaciones para el conjunto de cada comunidad.

- De las Administraciones Municipales, de más de cien mil habitantes, con información paralela a las anteriores, que se agruparla para municipios de menor dimensión por provincias, partidos judiciales o similares.

- Otros combinados derivados de los «regulares», con clasificación especial, incluso diferente, en cada momento que proceda.

Como anejo a algunos mapas convendría incluir relación de sus centros de trabajo público, con número de trabajadores en cada uno.

Los datos reseñados y otros que interesen se pueden obtener con facilidad y agilidad para que lleguen automáticamente al mayor número de personas e instituciones, y a los propios interesados. En especial deberían ser difundidas regularmente a:

- Ministros y altos directivos del Gobierno Central y Gobiernos Autonómicos;

- Diputados y Senadores, nacionales y territoriales;

- Alcaldes y Concejales de Ayuntamientos importantes.

Para implantar este plan y facilitar su puesta en marcha convendría, en cada comunidad y en el gobierno central, un centro supervisor, a ser posible integrado en la sociedad civil, coordinador e informativo, para comparar y optimizar la implantación de instituciones públicas dependientes y que a su vez se pudieran integrar automáticamente para informaciones acumuladas globalmente. Habría que conseguir sobre todo que en muchas áreas no se considerasen «top secret» estos datos.

Con un instrumento de esta clase se daría en España un paso de gigante que ofrecería a gobernantes, oposición y ciudadanos o instituciones «civiles» dependiendo directamente de ellos, vigilancia permanente de desviación y abusos. Supongo existen programas de base de datos adaptables a este objetivo para proporcionar información regular mensual (en los tres primeros días de cada mes), del número de trabajadores públicos con las clasificaciones que se establezcan, comparados con situación «del mes anterior», «del mismo mes del año anterior» y «de lo presupuestado», para poder analizar la evolución, sobre todo de unidades homogéneas. En todo caso, señalo que el Sistema MAPFRE ha preparado durante bastantes años y con importante coste un programa que se denomina «Águila», en pleno funcionamiento, cuyas líneas generales se describen en un anejo. Este programa puede adaptarse automáticamente a cualquier clase de reglamentación de trabajo sin la rigidez de un modelo único. MAPFRE opera con unas treinta reglamentaciones diferentes, y posiblemente cabría también utilizarlo, sin necesidad de adaptación especial, para cualquier tipo de reglamentación o normas propias de funcionarios o de cualquier clase de ellos y en cualquier parte de España. Me atrevo a suponer que MAPFRE se sentiría honrada ofreciendo gratuitamente este programa a las autoridades españolas para una acción como la que estoy comentando. El coste de los equipos, para utilizarlo, sería realmente reducido y permitiría enorme ahorro en su gestión. Una estimación aproximada seria de un coste de equipos informáticos de unos quince millones de pesetas para cinco mil empleados, necesitándose cuatro empleados para ésta última gestión. A esto habría que añadir potentes equipos para una coordinación integral de esta información, que deberán ser susceptibles de obtención casi automática e inmediata. En una fórmula así no caben problemas de «intimidad», pues todos son datos públicos que ya están hoy en alguna clase de base de datos informática. Ningún Gobierno ni institución puede negarse a esta «transparencia», salvo por razones inconfesables, como en general son las que se defienden para cualquier opacidad.

Un instrumento de esta clase, indispensable para una gestión pública adecuada, sería un extraordinario mecanismo de control para una política de austeridad pública en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Sin él, hasta las acciones mejor intencionadas se quedarían en «compadreo» y compensaciones endogámicas. Esta es una acción muy conveniente y un gobernante con decisión la podría instaurar en plazo breve, como ocurre en las guerras con las nuevas industrias bélicas.

4. Transparencia mercantil.

En condiciones normales la «sociedad mercantil» o conjunto de mercado, empresa e instituciones financieras complementarias, aumentará su influencia para creación de riqueza y como instrumento de globalización de la humanidad. Sin transparencia su actuación o no será legítima o no será ética, o haría muy criticable su existencia.

La transparencia es normal y obligada en grandes empresas, que generalmente cotizan en Bolsa, en que es posible conocer regularmente sus resultados. Es una de las razones de su éxito frente a las empresas públicas que suelen ofrecer menor transparencia promedia con objetivos a veces adulterados o mezclados con intereses políticos de quienes los supervisan.

La transparencia de grandes empresas mejora por exigencias oficiales de supervisión, como el Securities Exchange Commission (SEC), en Estados Unidos, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en España, y también por utilización de auditorías externas, y exigencias de información regular a accionistas. En España se ha modificado «brutalmente» la situación de hace treinta años, creando información regulada objetiva bastante aceptable. Personalmente he participado en esta acción, pues desde 1970 el conjunto empresarial MAPFRE, por exigencia personal mía, fue el primero en España en cualquier actividad en introducir voluntariamente auditoría externa en sus empresas. En diversas conferencias e intervenciones públicas propuse en esa época lo que hoy ya está ampliamente admitido, del mismo modo que contribuí, pienso que decisivamente, en el Seguro, a extender la publicación de «rankings» comparados regularmente.

A pesar del gran avance comentado quedan áreas donde debería extenderse la transparencia mercantil:

- Empresas Medias, en que es y será difícil implantarla, y a las que sólo se extenderá paulatinamente, por ósmosis en parte, y con carácter limitado, pues hasta podría ser contraproducente reducir su agilidad operativa; pero es conveniente recordarlo y buscar fórmulas para conseguir transparencia sin dificultar la operatividad.

- Sociedades instrumentales, de proliferación ilimitada reciente, que permiten tergiversar la realidad nacional y, sobre todo internacional, y no sólo por razones fiscales, sino con objetivos de opacidad en propiedad irregular de acciones y otros aspectos insatisfactorios. Resulta urgente corregir esta situación para evitar abusos como los manifestados en varios recientes escándalos. Es la principal opacidad mercantil actual a corregir, ahora más fácil por la información difundida de varios casos en que se advierte que el uso de sociedades instrumentales ha originado graves perjuicios generales y particulares. Esta situación es corregible con una legislación adecuada, incluso sólo nacional. En cambio, no es tolerable, como aparece en los casos de Mario Conde y Javier de la Rosa, que sea posible eludir la procedencia real de fondos y de empresas. Esta situación ha sido posible por existencia de legislación cobarde para enfrentarse con los problemas y por presiones o «lobbies» de intereses específicos que han sabido influir con ese objeto. ¿Por qué sólo el pobre empleado tiene que contribuir por sus ingresos?

- Implantación internacional, en que se manifiestan aspectos opacos para una humanidad globalizada incompatible con objetivos de libertad de mercado y desarrollo ético socialmente responsable. Parece hipócrita exigir libertad de comercio y libertad de mercado sin exigir paralelamente su transparencia. En cada nación esto afecta a la expansión de sus empresas nacionales y a las de otros países en el propio, en ambos casos la opacidad es contraria al interés objetivo general.

5. Opacidad transnacional mercantil.

Por su mayor carencia e importancia futura voy a detenerme en algunas áreas, sobre las que hago observaciones:

- Contradicciones fiscales, puede ser factor distorsionante en la equidad y objetividad, reto para el siglo XXI, en que será necesaria en este terreno coordinación internacional informatizada. En lo nacional y en lo internacional no es posible transparencia sin claridad fiscal, y ésta requiere sentido de responsabilidad para que los gobernantes del área prefieran lo claro preciso aun limitado en cuantía a lo mucho aparente pero manipulable. Este paso no lo puede dar una nación aislada, requiere acuerdos de soberanías independientes, por desgracia en bastantes casos están representadas por burócratas recelosos que aspiran a objetivos miopes.

- Exceso de sociedades instrumentales con actuación en «cadena»: «sociedades instrumentales dependiendo de otras sociedades instrumentales, que a su vez dependen de otras sociedades instrumentales», hasta el infinito. Con esta situación el gobierno de una nación, mucho o poco soberano, se vería coaccionado a aceptar que su riqueza se manipule por empresas que no se sabe de quién son ni lo que buscan. Parece claro que la opacidad, como instrumento mercantil, impide globalización equitativa de la humanidad.

- Abusos en la transferencia libre de fondos relacionada e integrada con el mercado libre internacional, aspecto delicado que debe ser regulado para que conserve efectos positivos y elimine los negativos. Es también vehículo de especulación monetaria, en parte positivo, como factor de corrección de manipulaciones monetarias nacionales. Pero la libertad incontrolada no es derecho humano irrenunciable. La regulación efectiva reduciría el beneficio sectorial de los «departamentos de tesorería» de las sociedades transnacionales, pero aumentaría la estabilidad jurídica. En cualquier caso, el efecto negativo para una empresa tiene poca importancia si las mismas normas afectan a todos sus competidores

Parece lógica la libertad de transferencias de fondos entre países de la Unión Europea, como entre las provincias o comunidades autónomas españolas. Pero esta actuación es discutible para otras naciones o algunas de ellas. En todo caso, la transferencia de fondos debe ser transparente, pues su opacidad, combinada con la de sociedades instrumentales también opacas, afectaría gravemente al equilibrio y equidad social de las naciones menores o no integradas en una institución como la Unión Europea. El siglo XXI debe aspirar a «transferencia transparente» de fondos entre todos los países si quiere evitar desviaciones. No es imposible que se produzca próximamente algún escándalo «globalizado», que sería punto de partida para esa transformación, difícil sin un detonante espectacular.

- Reforma de sociedades instrumentales, será pieza clave de cualquier reforma futura, en paraísos fiscales o no. Su utilización permite actividades relacionadas directa o indirectamente con blanqueo de dinero de droga, lacra de la actual sociedad occidental. No parece fácil combatir este fenómeno con opacidad privada internacional, con sociedades «incluseras» y con transferencia incontrolada de fondos entre naciones. En tanto se llega a soluciones definitivas, hay que avanzar en la utilización regulada de sociedades instrumentales, lo que se podría conseguir con las siguientes medidas:

- Exigencia a los auditores exteriores de informar sobre el último propietario, el real, de cada accionista sustancial en la sociedad auditada, evitando situaciones como la de KIO, en que las autoridades españolas no consideraron kuwaití una obvia sociedad instrumental holandesa, en que ni siquiera estaba oculta la propiedad final. Es un hecho representativo de lo que significa este tema para las naciones pequeñas, en especial con gobernantes dispuestos a dejarse convencer por lo que conviene a sus intereses personales. Una acción normal de auditoría elimina esta desviación, pero es necesario imponerla oficialmente.

- Establecimiento de normas para creación de empresas instrumentales, incluso en «centros de tolerancia», impidiendo su utilización por empresas españolas cuando no se exigiesen principios semejantes a los nacionales o europeos.

- Regulación de las empresas «auxiliares operativas» para impedir opacidad «activa» por ese conducto, como se elimina la «pasiva» si se conoce la propiedad final de sus propias acciones.

- Exigencia de transparencia en las transferencias de fondos entre países, de modo que los auditores puedan conocer adonde se dirigen y de dónde proceden las utilizadas en operaciones de una empresa auditada. Esto representa responsabilidad especial para las instituciones financieras internacionales, que deben considerar como contribución de responsabilidad social.

- Establecimiento de normas para empresas no auditadas, a fin de conseguir el mismo efecto anterior, incluso prohibiendo la utilización de sociedades instrumentales a las que no estuviesen auditadas.

- Exigencia de transparencia para las instituciones bancarias y de crédito en los movimientos de fondos de sus clientes, que puedan conocerse con facilidad y no a consecuencia de complejas investigaciones o requerimientos judiciales

Es un mundo aparentemente complicado, pero en realidad sencillo:

Si existe valentía política.

Si no se aprovecha para otros objetivos, aun lícitos, no tan perentorios.

Si se vence la resistencia de los que consideran que la libertad de mercado y empresa exige «patentes de corso» para picaresca internacional, deformando la sociedad mercantil legítima y el principio de libertad de comercio que debería ser base de la globalización de la humanidad.

Para determinar lo que convendría hacer y cómo hacerlo, se podría utilizar la experiencia que ofrecen algunos escándalos recientes, casi ya aclarados, que han sido posibles por deficiencia o corrupción actual del sistema y que se hubieran evitado con regulación adecuada. Maxwell, BCCI, fuera de nuestras fronteras, y «De la Rosa - KIO» y «Conde - BANESTO» dentro de ellas, ofrecen suficiente experiencia para ser base de una regulación satisfactoria del futuro, pues en ellos aparecen con todas las mecánicas posibles de opacidad nacional e internacional. Parece incomprensible no hayan hecho ya este estudio alguna de las grandes «Escuelas de Negocios», pues les obligaría a dedicar atención a la «ética empresarial» y el análisis de las desviaciones que facilita la ingeniería financiera utilizada en todos esos casos y estudiada especialmente en los «masters» más distinguidos que se imparten en el mundo.

Mis temores y mis propuestas no son contrarios a la libertad de empresa o de comercio sino a sus abusos en nombre de la libertad y de la economía de mercado. Deseo favorecer la actuación legítima y constructiva de las auténticas e importantes empresas transnacionales, aunque esto sin duda «perjudica» a las que persiguen objetivos contrarios al interés general o, incluso, de carácter delictivo. Para eso es necesario un «estado de derecho mercantil internacional», dentro del objetivo de que la humanidad futura se integre en un «estado universal de derecho».

Anexo.

El conjunto Informático «Águila» es un programa de gestión de Personal con posibilidad de adaptarse de modo individualizado a cualquier reglamentación, ordenanza, convenio laboral o sistema de personal público, tanto de funcionarios centrales, de comunidades autónomas y municipales como de empleados de instituciones autónomas y empresas públicas.

Está preparado para incluir en una amplísima base de datos los siguientes procesos:

- Administración de retribuciones, fijas u ocasionales.

- Presupuestos de costes laborales.

- Estudios de prospección salarial para adopción de decisiones.

- Gestión de contratos temporales.

*  *  *  *

Sus principales procesos básicos son:

- Confección del PRESUPUESTO GENERAL DE RETRIBUCIONES de una plantilla, desglosado, individualmente, por conceptos retributivos y sus correspondientes costes, con previsiones para el coste del propio ejercicio y del «anualizado» en cuanto a empleados que ingresan o cesan durante un ejercicio.

- Confección individual del «PRESUPUESTO ANUAL DE HABERES», correspondiente a las diferentes pagas mensuales y extraordinarias de la retribución fija que componen la nómina, con datos desglosados de los diversos conceptos retributivos y coste a empresa, que puede entregarse a cada trabajador.

- Elaboración y emisión de NÓMINAS y recibos de salarios, contabilizado e imputando su importe a los conceptos y centros de trabajo que corresponda.

- Elaboración y emisión mensual de modelos de COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, con los datos obtenidos de las correspondientes nóminas o recibos salariales.

- Captación a nivel individual de los datos correspondientes a las retribuciones satisfechas, para proceder periódicamente al pago de las retenciones del IMPUESTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL y liquidación y emisión de certificaciones a final del ejercicio.

- Emisión para su pago e incorporarlo a la nómina de OTROS DEVENGOS:

– Horas extraordinarias.
– Subvenciones.
– Pluses de transporte, peligrosidad o similares.
– Premios de puntualidad o asistencia.

- Control automático de vencimientos de CONTRATOS TEMPORALES y periodos de prueba.

- Preparación automática de incremento de retribuciones sobre determinados conceptos salariales o sobre el montante global de la retribución anual.

- Preparación de simulaciones con diferentes porcentajes de incrementos salariales, con obtención de sus correspondientes costes totales.

- Información, a tiempo real, de las retribuciones percibidas por cada empleado en el propio ejercicio y en los últimos años.

- Preparación de estudios prospectivos sobre posibles pensiones de jubilación.

- Obtención de partes informativos sobre MOVIMIENTO MENSUAL de las plantillas de los diversos centros de trabajo o Unidades, con detalle de altas, bajas, traslados y plantilla actual.

- Obtención rápida, en cualquier momento, de INFORMES DE PLANTILLAS Y COSTES de personal, por centros de trabajo, oficinas, departamentos, empresas o instituciones.

- Posibilidad de estudios comparativos por:

– Categorías.
– Funciones.
– Retribuciones.

- Estos programas informáticos permiten establecer controles con el fin de limitar el acceso a determinadas informaciones.

- Para una utilización pública de este conjunto informático, sería conveniente utilización de equipos similares de gestión laboral, que requerirían aproximadamente dieciséis millones de pesetas para unos cinco mil empleados, si estos son bastante semejantes y tienen estabilidad. Esto no ocurre en MAPFRE que aplica treinta reglamentaciones laborales diferentes con alto grado de movilidad. Los equipos podrían ser de varios fabricantes. Para orientación, en MAPFRE el equipo más costoso es un procesador HP G 40, coordinado con un HP GBO y seguido de cuatro impresoras simples HP LASERJET, a que habría que añadir de veinte a treinta terminales sencillas o PC’s en red. En esta línea de coste se incluirían licencias ORACLE. El coste de mantenimiento sería de un millón y medio de pesetas anuales, aproximadamente, y bastarían cuatro empleados con ocho horas diarias de trabajo.

A esto habría que añadir los procesos de coordinación de los diferentes centros de gestión de personal, que entre todos manejan varios millones de trabajadores, a fin de integrar automáticamente los datos de diferentes niveles de centros de trabajo en los que todo puede ser conocido por todos, en una filosofía de absoluta transparencia.

IV. Trabajo y empleo.

Vivimos en una sociedad en que hombres y mujeres exigen y necesitan empleo, por motivos económicos y como símbolo de propia estimación. El trabajo denigraba socialmente en tiempos de griegos y romanos, así como en la Edad Media. Ahora denigra la falta de empleo, aunque no siempre se identifican empleo y trabajo y se considera el empleo casi como un medio de distracción, con especial derecho a ir a la huelga, que se ha convertido en instrumento para rechazar a corto plazo obligaciones incómodas.

El mito del pleno empleo hace creer que una nación está obligada a proporcionarlo sin riesgo y con ausencia de sacrificio. El impacto de la globalización que elimina protecciones nacionales y crea competencia directa e indirecta de trabajadores de diversos países, ha convertido el empleo en bien escaso, con consecuencias negativas para el equilibrio social y supervivencia digna de muchos ciudadanos.

Empleo escaso y su consecuencia, empleo mal remunerado, permiten competir en productos y servicios y cambiar las reglas del juego, pero exigen profunda transformación del Derecho del Trabajo, y eliminar privilegios actuales para algunos trabajadores. Las asociaciones sindicales deben identificar empleo con riesgo y sacrificio, sin buscar derecho a «nirvanas» sin responsabilidades retribuidas vitaliciamente.

El «tiempo de ocio» se aumentará, aunque sin ilimitada industria del «entretenimiento» por falta de recursos de los ociosos, que quizás con ello admitan un voluntariado generoso de solidaridad con los más débiles o desprotegidos.

La transición entre pleno empleo con bienestar garantizado y la dura realidad de empleo escaso y mal remunerado puede ser larga y penosa, hasta que los ciudadanos adviertan la entrada en una nueva época, muy diferente a la de los «treinta años dorados» que acaba de vivir la sociedad occidental.

Parece inevitable una regresión en las condiciones de trabajo, derechos irreversibles y poder adquisitivo siempre creciente. Los defensores de los trabajadores no tienen que actuar como hidalgos pobres y orgullosos, que por contemplar un pasado mejor impiden un futuro digno. Su obligación es evitar abusos comparativos y adelantarse y promover medidas de interés para el futuro, aun en perjuicio del presente.

1. Trabajo.

Se considera «trabajo» la «actividad individual voluntaria con finalidad económica u orientada a la propia satisfacción, incluso religiosa, ocasional o continua».

El «trabajo» puede dedicarse a:

- Ayuda familiar.

- Protección desinteresada a terceros.

- Obligación adquirida en un empleo.

- Actividad política o religiosa.

- Acción técnica o científica.

- Difusión de ideas y pensamiento.

Puede ser manual con colaboración o utilización de animales (antes) o equipamiento (ahora). Trabajo es lo que un individuo hace, con independencia de los resultados que obtiene y del método que utiliza.

Podrían establecerse límites entre simple esfuerzo, físico o mental de un individuo, y esfuerzo con interés directo para la sociedad.

En la Biblia y otros libros o declaraciones, religiosas o filosóficas, se hace referencia al trabajo en la vida del hombre, al uso de su oficio, al esfuerzo con su familia y con su prójimo, a la participación en tareas comunitarias o al que busca beneficio egoísta personal. La vida es trabajo, pero éste apenas se analiza reflexivamente, ni he encontrado antecedentes directos a casi ninguno de estos comentarios.

Del excelente libro Filosofía del Trabajo, del jurista italiano Felice Battaglia (Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1967), he obtenido algunas ideas que añado a las mías. El trabajo se ha tratado siempre como parte integrante de la vida del hombre, con el «ganarás el pan con el sudor de tu frente», que lo enaltece y consigue integrar a los humanos, para los que subsistir es primordial. En la Edad Media el trabajo se desvalorizó y se consideró propio de esclavos, siervos o personas humildes, indigno para caballeros, sacerdotes y clases elevadas. Así se mantuvo durante siglos con la excepción de órdenes religiosas mendicantes que predicaron la olvidada humildad. Carlos Marx lo considera principal factor económico de la sociedad, promoviendo esta idea en las asociaciones laborales sindicales, y sublimándola con la «dictadura del proletariado», que se hizo real en la Unión Soviética. Casi al mismo tiempo y desde la Encíclica «Rerum Novarum», la Iglesia Católica recuperó el trabajo como preocupación religiosa y como principal factor de progreso social. Me enorgullece que la primera labor intelectual de mi padre, Luis Hernando de Larramendi, a principio de este siglo, fuese precisamente la traducción de un libro sobre «el Derecho del trabajo», de L. Garriguet, Superior del Seminario de Avignon (Madrid, 1906, Centro de Publicaciones Católicas).

La dignidad del trabajo ha sido continuamente promovida por los católicos, hasta Centesimus Annus, la última Encíclica de Juan Pablo II sobre este tema. Hoy constituye el principal foco de resistencia a la idolatría del capitalismo y expone sus defectos y desviaciones. A esta misma acción estoy dedicando el final de mi vida, como mi padre el comienzo de la suya.

Para el profesor italiano Rensi citado por Battaglia, el trabajo implica esfuerzo y valor, requiere un objetivo normalmente económico y se diferencia de lo que él denomina juego, o sea trabajo sin finalidad lucrativa, por satisfacción personal o individual o de otra clase.[1] Es importante esta diferencia, que será más efectiva cuando se amplíe el tiempo de ocio, voluntario o involuntario; ya se empieza a utilizar en la llamada actividad lúdica que a muchas personas absorbe con exclusividad.

El libro de Felice Battaglia es un ejemplo de análisis certero de lo que representa el trabajo de la sociedad occidental, cuya lectura recomiendo. Pero mis comentarios se refieren principalmente a empleo, o sea, «trabajo regular retribuido», que Battaglia no estudia, en parte porque este concepto ha hecho su aparición en los últimos cuarenta años, bastante después de la publicación de su libro.

El trabajo se puede considerar desde distintos puntos de vista: como factor productivo, como derecho del hombre, como disciplina y como instrumento técnico.

El hombre divide su tiempo entre trabajo (con o sin empleo), recuperación en el descanso y, por último, ocio. En una trayectoria humana de setenta y cinco años habrá veinte de infancia y adolescencia, cuarenta de trabajo hasta los sesenta años edad frecuente de retiro, y quince de jubilación. En esos setenta y cinco años, diez horas diarias (273.750) se dedican al sueño y descanso, y al trabajo se supone ocho horas durante doscientos cincuenta días al año, de ochenta a cien mil horas aproximadamente. Quedan unas trescientas mil horas para el ocio, que cada persona puede naturalmente utilizar de forma diferente en cada época de la vida; ocio cultural, trabajos para completar ingresos; viajes y descanso de vacaciones; deporte; actividad intelectual y lectura; prácticas religiosas y voluntariado individual o colectivo para ayudar a personas o instituciones. El tiempo sin empleo dedicado al ocio, con cualquier utilización, será la «actividad» más extendida en el próximo siglo y conviene investigar sus problemas y repercusiones en el trabajo sin empleo e incluso en el propio empleo. Parte del «tiempo de ocio» puede dedicarse a trabajo productivo en una sociedad que no garantice empleos bien remunerados y en la que puede necesitarse remuneración complementaria. En las naciones que hoy casi carecen de empleos regulares o trabajo probable, caso del Magreb, gran parte de la población «holgazanea», involuntariamente, aunque subsista sin absoluta indigencia.

El estudio del ocio lleva a un mejor conocimiento de la actividad futura del hombre. Durante largos períodos las actividades religiosas ocupaban parcialmente el espacio hoy dedicado al ocio; esto casi ha desaparecido, sustituido por actividades intelectuales, culturales, musicales y deportivas, en especial estas dos últimas. La «actividad del ocio», que en general busca distraer mente y cuerpo, debería dedicarse en parte a ayuda voluntaria a terceros, pero esto es poco probable si no se admiten valores espirituales o religiosos.

Hoy parece que el ocio sólo se dedica a cultura, música o deporte, no a acciones de interés general; a éstas será preciso volver porque solamente el voluntariado permitirá afrontar los problemas gigantescos de la sociedad futura, con necesidades no financiables por conductos cómodos «oficiales», y que hacen inevitable dolor y esfuerzo de los afectados y también aportaciones desinteresadas ajenas de ocio y recursos económicos excedentes, como en una gran familia, para atender necesidades vitales. Debe desaparecer el mito de la «igualdad absoluta» de los socialistas radicales y con ello la ilusión de «justicia sí, caridad no», ya que sólo con caridad tendrá viabilidad pragmática la sociedad del siglo XXI.

En la sociedad actual se piensa, al menos por los españoles, que al nacer existe derecho a empleo regular, o al menos a trabajo suficiente para subvencionar necesidades mínimas o medias, e incluso a las promovidas por publicidad y envidia. Se reconoce que una sociedad libre no puede ofrecer trabajo regular retribuido a todos sus ciudadanos y menos con exigencia simultánea de libertad absoluta. Los regímenes políticos comunistas han ofrecido subsistencia mínima, con apariencia de empleo, pero sin libertad. Algo semejante justificaba el vasallaje o servidumbre, e incluso la esclavitud. Los países del «Golfo» proporcionan elevadas retribuciones a todos sus ciudadanos musulmanes, pero cuentan con el monopolio del petróleo como bien común de cada nación, que no puede extenderse ni ampliarse y que en algún momento desaparecerá. En todo caso, los trabajadores de otros países, en especial asiáticos, están explotados o mal retribuidos.

Cuando se llegue al convencimiento de que no es posible derecho al trabajo retribuido y que no se puede eliminar ni el riesgo de vivir ni la dificultad para subvenir las necesidades de cada individuo, habrá que analizar hasta qué punto el hombre tiene «obligación de trabajo» y las consecuencias para quien renuncia o no admite esa obligación aunque siempre esté protegido de miseria absoluta con prestaciones de solidaridad.

«Trabajo» antecede a «empleo», ambos muy relacionados. Empleo es una variación por evolución social de un hecho que se institucionaliza cuando se sofistica la humanidad, y al trabajo individual o de familia sucede el que se presta a terceros, o «trabajo contractual», no siempre con empleo estable, que en algún momento se ha calificado como «explotación del hombre por el hombre», aunque la única excepción moderna a su existencia ha sido la del ensayo comunista.

El trabajo retribuido para terceros ha sido un hecho social en todas las comunidades históricas y prehistóricas, en cuanto, o casi en cuanto, han trascendido del ámbito familiar. Comenzó por el intercambio de trabajo de unas familias a otras, que luego derivó a que algunas personas eran siempre ofertadas y otras ofertantes, y así apareció la «especialidad» de trabajadores y de patronos o empleadores.

No siempre ha sido remunerado y libre, como ocurrió en la esclavitud antigua y la moderna en América, aun sin el carácter brutal de algunos casos y épocas. Se ha descrito la esclavitud como instrumento de opresión de hombres y mujeres a los que se consideraba como «objeto» o simplemente «cabeza de ganado»; también cabría considerarlo como modalidad de organización del trabajo, que presenta a través del tiempo y la globalización grados diferentes de explotación civil y libertad efectiva. La «esclavitud de plantación» apareció fundamentalmente en colonias de países anglosajones y es distinta a otras formas de esclavos en la familia, con la misma denominación, que existían desde la Edad Antigua, continuaron en la América Hispana y, en general, han durado hasta fin del siglo pasado. Aún subsisten estructuras de trabajo inspiradas en principios no muy diferentes a esa «esclavitud algo humana», complemento de la sociedad familiar, que encubre aspectos de «protección» a los que la necesitaban.

2. Empleo.

Empleo es palabra de moda y de conversación cotidiana. Se habla del nivel de empleo, de perder u obtener un empleo, de los empleos que se crean y de los que se destruyen, de las políticas de empleo, de los modos o fórmulas para promoverlo o para evitar que desaparezca.

Empleo es lo que los anglosajones llaman job, sin diferencia notoria entre uno y otro término. «Empleo» es «trabajo permanente para terceros, con fórmulas diversas, remunerado directa o indirectamente, por individuos o colectividades, públicas o privadas».

Se considera «empleo» un trabajo estable para terceros, aunque el trabajo retribuido puede ser «ocasional» por tiempo irregular, o «temporal» por período de tiempo limitado. La existencia de «compensación» califica la situación de empleo, pero puede no fijarse en metálico, sino en prestaciones diversas, con acuerdo implícito, ni siquiera verbal ni formalidad alguna.

Hay que distinguir entre empleo con retribución por «tiempo de trabajo» o por «prestación de servicios» y retribuciones que dependen de «trabajo a satisfacción», como en el «destajo». El que repara un aparato doméstico o pinta una habitación no está empleado sino presta servicios por un precio. Esto no es siempre claro ni preciso, y hay fórmulas intermedias imprecisamente adscribibles a una u otra situación.

El empleo no existía cuando la comunidad humana se limitaba a la familia, o a un núcleo pequeño jerarquizado de familias en que todos contribuían con esfuerzo a la subsistencia y a la defensa y protección de menores o ancianos, con arreglo a la costumbre, y que la decisión del jefe o un «consejo» de ancianos se aceptaba en cada momento o permanentemente. El miembro de la familia no era libre, estaba sujeto a «vasallaje familiar», de algún modo «auto vasallaje voluntario».

Esas pequeñas comunidades se fueron ampliando y se hizo necesaria la división del trabajo, con algunas «especializaciones», pero sin barreras rígidas entre una y otra. Algunos miembros se fueron haciendo primero cazadores y después guerreros, especialidades que hacían posible la subsistencia del conjunto familiar, para obtener alimento con la caza y para protección de otras comunidades con la guerra. Aparecían así trabajos diferenciados de los básicos iniciales, a los que se añadió el de la administración o «burocracia común», célula primaria de la actual burocracia pública y del Estado.

Posteriormente se inició el cultivo de la tierra y el trabajo agrícola, que exigía esfuerzo continuado, que se fue separando del de protección y caza, se simultaneó con el de administración central y dio lugar a cuatro clases de trabajo comunitario: doméstico, protección y caza, agrícola y burocrático.

Estas especializaciones, al irse haciendo más complejas, dieron lugar a situaciones más o menos contractuales de empleo, en el interior de la familia, la tribu y la comunidad. Cuando esto no fue suficiente apareció el trabajo externo o empleo de especialistas retribuidos en cada una de las cuatro ocupaciones regulares. Con la creciente necesidad de intercambio de productos apareció el comercio, la especialización en servicios concretos y la pequeña producción artesanal. Se acentuó el reclutamiento exterior para comercio y producción y para servicios burocráticos centrales. Se diferenciaron empleos públicos y privados y simultáneamente apareció la propiedad individual y la actividad libre económica, de que procede la empresa actual, que es consecuencia de la paulatina evolución de realidades humanas con fórmulas lógicas adaptadas a culturas y necesidades en cada área o micro-área, pero con paralelismo, incluso en núcleos aislados durante miles de años. Obrero, operario-obrero, trabajador y empleado, aparecen en toda la historia del hombre.

La Revolución Industrial modificó el panorama de empleo, casi familiar en todas sus facetas, e introdujo el trabajo abusivo, próximo al esclavo, con trabajadores desprendidos de entornos protectores, dedicados a tareas repetitivas anónimas, servidumbre que se les ofrecía en una estructura socio-política no preparada para la división del trabajo y que hasta entonces ignoraba la explotación integral de asalariados. Así nacía el proletariado, hasta ese momento desconocido en Occidente.

La revolución del empleo industrial afectó a todo el siglo XIX y principios del XX, con tensiones laborales, sindicatos, lucha de clases, explotación, marxismo, dictaduras del proletariado y reacción final con desaparición del comunismo. Simultáneamente, se produjo otra revolución en la organización del trabajo, comparable a la anterior industrial, con la informática y su impacto en actividades de creación, prestación y distribución de productos y servicios y su administración conjunta. Desde hace unos cincuenta años estamos inmersos en este proceso de transformación, que coordinado con el de la globalización ofrece cambios dramáticos en las relaciones de empleo, de que ya sufrimos sus consecuencias, pero aún no conocemos hasta dónde pueden llegar.

En el siglo XXI se acelerará el trabajo internacional con línea de trashumancia y concepciones que no existían cuando las normas y actitudes de trabajo surgían en el interior de cada nación. Es fenómeno que se remonta a cuando las pequeñas unidades humanas comenzaron a utilizar trabajo directo o indirecto de otras. La competencia internacional incrementa la emigración y la inmigración, así como el desplazamiento de personas o de tareas, innovación laboral dramática que acentuará la reacción de los que ven «escaparse» el trabajo a que estaban acostumbrados hacia naciones o pueblos que exigen retribuciones muy reducidas con la misma calidad y eficacia.

Todo esto se acentúa con el proceso inevitable y acelerado de globalización de la humanidad y por consiguiente del trabajo, que es el más importante activo económico. Se produce la disminución de la posibilidad de empleo en los países occidentales y España en concreto, en cuanto el trabajo va siendo escaso, al tiempo que aumenta la posibilidad de empleo en otros países, en especial asiáticos, algunos en situación de pleno empleo. La «protección pragmática», pero contraria a los principios globalizadores e igualdad en la humanidad, aparece con las llamadas «cláusulas sociales» en los tratados comerciales y en los acuerdos GATT, que podrían significar la vuelta al aislamiento de los pueblos pobres que necesitan exportar para subsistir pero que no cuentan ni pueden contar con nivel salarial ni condiciones de protección social paralelas a las occidentales en la actualidad.

El empleo fue apareciendo paulatinamente en la Edad Moderna y Contemporánea, con difícil diferenciación entre trabajo no retribuido, trabajo retribuido y verdadero empleo. Podría agruparse en tres vertientes: por su naturaleza, por su comodidad y calidad, y por su estabilidad jurídica.

Por su naturaleza. Las fórmulas de empleo han ido variando, sin que sea fácil diferenciar una situación de «trabajo» sin retribución, como obligación colectiva, y una de «empleo» con retribución específica por esfuerzo y tiempo. Entre ellas se distinguen las siguientes, que ordeno por su aparición histórica:

- Empleo familiar, dentro de una familia «ampliada» con actividades especializadas, que en algún caso se retribuían, con alojamiento, vestido y protección, diferenciado de modo tenue del trabajo de los miembros de la familia de sangre, hijos y hermanos. El trabajo de la familia extendida, con una u otra fórmula, ha llegado en la vida social hasta hace muy pocas décadas. Hoy desaparece, y es causa de dificultades como consecuencia del proceso de «liberación del hombre» que con justificación hedonista considera que la familia dificulta su «realización personal», que considera objetivo básico de libertad.

- Empleo espiritual o religioso, iniciado para la actividad religiosa pero luego extendido a acciones de solidaridad con el «prójimo», sin objeto productivo sino de ayuda generosa a necesitados. Ha existido desde el origen de la sociedad y se prevé aumente al acentuarse la crisis de empleo regular y las situaciones de marginación. Esta dedicación, si no gratuita, será siempre escasamente retribuida y generalmente ocasional.

- Empleo militar, indispensable en las sociedades desde que excedían de la estricta familia, con necesidad de defensa ante la violencia exterior, individual o colectiva. Esta actividad, al irse profesionalizando, dio lugar a ejércitos nacionales, como los de ahora, y a ejércitos privados mercenarios al mando de un jefe, que se ofrecían a núcleos de población o gobernantes que los necesitaban. Esta clase de empleo también ha evolucionado más que desaparecido. Además de las «fuerzas armadas» formalmente organizadas han surgido las «fuerzas de orden público» de carácter oficial y con diferentes modalidades e incluso últimamente las «fuerzas privadas de seguridad», cada vez más utilizadas dentro de un proceso discutible de privatización de lo público.

- Empleo productivo, que comenzó por trabajo agrícola y después trabajo artesanal de preparación de productos y prestación de servicios, al que quizás se vuelva en el próximo siglo con reacción de «artesanía autónoma» frente al empleo industrial y funcionario. Tiende a reducirse el empleo industrial masivo, el más extendido en la sociedad occidental hasta que su dimensión fue superada por el «empleo funcionario». Pero éste se verá afectado por la revolución informática, que evoluciona hacia servicios de distribución y venta y servicios «informáticos de producción». En todo caso, el original trabajo agrícola ha desaparecido prácticamente en bastantes países, con importante y negativa repercusión sociológica colectiva.

- Empleo funcionario (o administrativo), indispensable en una comunidad política para su gestión colectiva, central, territorial o municipal, para administrar su patrimonio y gestionar servicios colectivos. Esta burocracia pública ha ido creciendo por necesidad real pero parcialmente con favoritismo en favor de familias de gobernantes, como compensación abusiva indirecta o para captación de votos, en fórmulas toleradas de gestión política. En algunos casos y países su dimensión asfixia a la nación y conduce a un rápido declive. Es una de las difíciles pruebas en el siglo XXI para la supervivencia digna de naciones occidentales y en gran parte para España, que en estas décadas tendrá que afrontar enérgicamente este problema.

- Empleo intelectual, para estudio de situaciones y problemas científicos o propio pensamiento imaginativo y artístico al que se pueden incorporar los empleos de educación y enseñanza. Sería deseable se incremente al ser improbable la recuperación de empleos productivos afectada por la confrontación competitiva. Un área de futuro es la educativa y la de formación para tareas especificas y también la de conocimiento del pasado o histórico, al tener el hombre más tiempo para reflexionar en materias no estrictamente de creación de riqueza.

- Empleo no productivo, artístico o deportivo, surgido últimamente dentro de la «actividad de ocio» y con características especiales, en pocos casos estable y regular pues se refiere a «obra hecha», durante el tiempo que ésta dure, aunque también incluye burocracia creada alrededor de sus actividades con un carácter más estable.

Por calidad o incluso de precariedad. Conviene comentar trabajos o empleos a que podrán acudir en las próximas décadas, los que tengan poca posibilidad de trabajo, o incluso los que carezcan de voluntad para el sacrificio que éste exige. Los comento por orden ascendente de calidad:

- Trabajos sucios, peligrosos o muy incómodos, considerados indignos, que se tratan de rechazar. En España y otros países se encomiendan a emigrantes extranjeros, los que antes se atendían con población rural, trasladada a ciudades, trabajo de mujeres jóvenes y utilización marginal de personas. Estos trabajos, indispensables para la sociedad, parece conveniente que ocupen a personas de la propia nacionalidad, pero si los españoles del siglo XXI los consideran regresivos, es probable se ocupen con inmigrantes o muy desfavorecidos. Son antiguos trabajos de esclavos, ahora dignificados por una libertad no siempre absoluta.

- Trabajos domésticos o serviles, que aun dignos, no son cómodos y no tienen limitación de tiempo. Los desempeñan las madres y mujeres de familia y los «domésticos» con ellas relacionados. Se les califica de serviles y no son aceptados, salvo como último recurso, y existe dificultad para reclutarlos, salvo con carácter externo limitado. Aumenta su necesidad al haberse generalizado el trabajo exterior de la mujer casada. En algunos casos se aspira a que se desempeñen como empleo regular, incluso dentro del sector oficial o mercantil, a través de guarderías o similares. La evolución de esta clase de trabajo es incógnita para mí, pero sin duda afectará a la estructura social del siglo XXI.

- Trabajos con alguna estabilidad,pero sin proyección de permanencia. Tienen poco futuro, son rutinarios en general, hasta interesantes y no indignos, y requieren poco aprendizaje. Un ejemplo, entre otros, es el trabajo que ofrecerá en el siglo XXI la puesta al día de la extensa e incalculable riqueza «histórico-archivística» que necesita, no sólo reproducción para preservarla, sino también operaciones sencillas de «vaciado de datos», que puedan después coordinarse informáticamente para utilizarlos en cada propia historia y antecedentes de la nación (como hacen con voluntarios los mormones). Existen trabajos semejantes, no perentorios ni creadores directos de riqueza, pero útiles para una comunidad. Hace falta imaginación para descubrirlos y promoverlos, y sentido político para aprovechar con esta clase de actividad la capacidad ociosa de la población. Parecen alternativa, pienso que única hasta ahora, al trabajo en grandes obras públicas. Son también convenientes para evitar que el ocio derive a contra-culturas o actividades criminales.

- Trabajos ocasionales o irregulares, en España se han despreciado, pero no en otros países occidentales, donde son frecuentes para jóvenes y no tan jóvenes. En ellos acabarán refugiándose quienes necesiten alguna clase de ingresos. Hay que distinguir los auténticamente ocasionales y los temporales, mal remunerados y sin futuro de mejora o estabilidad. Ocuparán a muchos españoles de futuras generaciones, pues existen tareas que no se atienden y personas que no saben qué hacer con su tiempo. Es previsible una mejora en su apreciación, pues incluirán trabajos artísticos, deportivos e intelectuales para personas sin vocación de aceptar las restricciones y rigidez que implica un empleo estable.

- Empleos propiamente, que se consideran «decentes» y que inmediatamente se comentan.

Por su estabilidad. El empleo tiene diferentes modalidades, más en la costumbre, que en la legislación explicita, que quizás sea necesario modificar en el próximo siglo. Las comento por orden decreciente de estabilidad.

- Empleo permanente e inamovible, que no puede ser «cancelado» ni modificado por los que lo ofrecen, salvo causa muy grave, prácticamente delictiva. Es el de los funcionarios de la Administración oficial y también de algunas empresas públicas o de gran dimensión. Crea una casta de trabajadores privilegiados, en condiciones óptimas para defender sus derechos e inamovilidad a costa del resto de la población. Entre ellos resulta fácil promover huelgas con justificación de mejora general pero, en realidad, para planteamiento antisocial de defensa de privilegios. En toda la historia existen funcionarios y profesionales que se han considerado inamovibles, con «TENURE», como llaman los anglosajones a este privilegio. De ahí proviene la importancia, hace miles de años, de los exámenes para acceder a la burocracia de China, con un proceso muy duro de selección, que se justificaba por el interés general de incorporar de modo objetivo funcionarios de alta capacidad. La estabilidad y permanencia de los militares es otro ejemplo, como la de profesores universitarios distinguidos, precisamente de donde procede la palabra «TENURE».

Esta situación, auténtico privilegio, sólo puede ser justificable con un proceso de alta y muy objetiva selección, ya que implica desigualdad entre ciudadanos. En la Edad Media a los guerreros se les adjudicaban tierras y títulos de nobleza, privilegio que se proyectaba en el tiempo. El de ahora, salvo con méritos especiales objetivos se hace injusto y discriminatorio cuando se consigue con arbitrariedad, como consecuencia de decisiones abusivas o irregulares, perjudiciales al conjunto de una nación o sector dentro de ella. Sólo puede justificarse como compensación al gran sacrificio o dedicación permanente, como en los sacerdotes o religiosos, y también los militares que ofrecen el riesgo de su vida.

Esta situación no es sólo propia de la Administración de los Servicios Públicos, sino de grandes empresas privadas que ofrecen o se ven forzadas a admitir una permanencia ilimitada, que a veces se elimina brutalmente para que subsistan algunos puestos de trabajo o para la supervivencia de la propia empresa. En estos casos se producen confrontaciones y movilizaciones, que en cambio no se utilizan para protección de trabajadores en pequeñas empresas.

No se justifica la diferencia sustancial entre empleo público y privado, pero existe, y hay que analizar la naturaleza jurídica de ambas clases de empleo contractual, pues gran parte del empleo público tiene como justificación la relación «oficiosa» de sus titulares con gobernantes y altos funcionarios o sus amigos políticos, con o sin corrupción, de quien utiliza su poder en la «sociedad oficial» para fines personales que perjudican a ésta.

En España, en las dos últimas décadas, parece se ha llegado casi hasta el extremo de que la mitad de los puestos de trabajo tengan esta naturaleza privilegiada, de iure o de facto, con repercusión social y económica, injusta y onerosa para la economía. En el siglo próximo se tendría que revisar esta situación, cuando la globalización y la libertad de mercado de trabajo no permitan que políticos y gobernantes eludan esta decisión, muy incómoda para ellos; será un gran reto para la sociedad española. Hay que tener en cuenta que el instinto de conservación cómoda induce inevitablemente a los individuos a buscar situaciones que garanticen tranquilidad para su futuro, lo que en parte justifica la propiedad de bienes. En este momento de la historia occidental casi sólo el empleo estable sirve para este deseo, al carecerse de estructura familiar. No es fácil una solución prudente que coordine los intereses individuales y los colectivos y la solución equitativa es un misterio cuya evolución ni siquiera me siento capaz de vislumbrar, pero que sé es necesaria y fácilmente puede ser traumática.

- Empleo casi inamovible, en la práctica, como se considera en las grandes empresas, sin establecerlo contractualmente, aunque con menor grado que en un empleo público. Para los sindicatos ha sido «objetivo social», conquista irrenunciable, casi derecho humano básico. Al final de los años sesenta se pensaba en España que la incorporación a una empresa, a cualquiera, implicaba permanencia ilimitada hasta la jubilación o hasta que el interesado lo decidiese por si mismo. Su limitación se calificaba de «retrógrada», antisocial y atentatoria a la dignidad personal. El principal objetivo sindical era proteger a todo trabajador o «empleado» del despreciable «empleo precario», acción a que sólo se podía renunciar por razones muy calificadas. En todo caso, la situación próxima al privilegio jurídico parece debería implicar obligaciones especiales, pues parece seria absolutamente inaceptable el derecho de estabilidad unido al de huelga. El «doble standard» entre una y otra clase de trabajadores puede ser anticonstitucional por discriminar a ciudadanos, tanto más grave cuanto mayor sea el grado de estabilidad que algunos han alcanzado.

La necesidad de modificar esta situación es el trauma de estos años en el mundo laboral español y comienza a admitirse el engaño que implica considerar «defensa de los trabajadores» la de un sector limitado y privilegiado frente a millones de desempleados.

Se empieza a reconocer que el trabajo no es esencialmente permanente y que la situación española actual constituye un problema jurídico que casi no existe en otros países occidentales porque no se ha mitificado la estabilidad ni utilizado el arma arrojadiza de la precariedad.

- Trabajo interino, en una empresa o servicio público sin permanencia garantizada, pero con aspiración de continuidad, que en el sector público se suele conseguir transformándolo en empleo sin precariedad, comentado en los dos epígrafes anteriores.

- Trabajo temporal-ocasional se ofrece por un período determinado, con finalización precisa o dependiente de la terminación de obra o de servicio. Tiene duración inconcreta, hasta de un día, e incluye cualquier género de «chapuza», a su vez regular o irregular si existe incompatibilidad con situaciones de empleo o desempleo. Esta clase de trabajo ha proliferado en la historia, se intensificará en el futuro y en ciertas áreas será el único; ofrece dificultad para integrarse en un sistema de prestaciones de solidaridad.

- Trabajo con intermediario profesional, respuesta para regularizar trabajos temporales y ocasionales. Son sus titulares agencias especializadas en esta modalidad, que incorporan servicios de reclutamiento. Su utilización reduce puestos permanentes de trabajo y servicios de admisión y despido, y, sobre todo, evita riesgos de alguna clase de derechos adquiridos en la aspiración a empleo permanente. Constituye en España fenómeno relativamente reciente y hasta hace muy poco no admitido en la legislación. Es previsible tenga amplio desarrollo futuro y que sirva para incorporar orgánicamente al mercado laboral a quienes carezcan de condiciones para acceder a trabajos regulares. No procede considerarlo empleo pero le conviene algún status oficial.

- Actividad no lucrativa, como ejercicio de acción solidaria con carácter de voluntariedad. Procede de motivaciones espirituales, éticas y de sentido de responsabilidad, y debería ser componente complementario en una sociedad dura e insolidaria para acciones reales de ayuda a desfavorecidos y marginados.

3. Pleno empleo.

Con el desarrollo económico y la ampliación y modificación de su ámbito exterior fue surgiendo el «contrato de empleo» y la «relación normal de trabajo retribuido», que derivó a un objetivo nacional de pleno empleo «que buscaba no sólo empleo vitalicio garantizado sino posibilidad simultánea de elevar el nivel real de retribuciones, con capacidad coactiva para lograrlo, pero sin admisión de riesgo y responsabilidad correspondiente». Este objetivo se ha mostrado ilusorio e imposible en una sociedad competitiva que implique por su propia naturaleza sacrificios para la comodidad personal que algunos consideran incompatible y obstáculo al objetivo de «liberación del individuo de cualquier restricción externa».

Hasta hace unos cincuenta años, variando con cada evolución nacional, era muy amplio el número de personas «sin trabajo exterior regular retribuido», en general incorporadas a estructuras familiares de las que dependían, y en algunos casos a actividades ocasionales, mendicidad y trashumancia, incluso por decisión subjetiva.

El objetivo de «pleno empleo» tiene su origen al comienzo de este siglo en los países occidentales que lo consideraban como «conquista», tuvo su cénit en la Unión Soviética, que garantizaba, aun sin libertad, trabajo retribuido a todos los ciudadanos. Simultáneamente y por otras razones la desaparición (casi) del «trabajo esclavo familiar de la mujer» ha ampliado el número de las que deseaban emplearse. Hay que recordar que la situación de pleno empleo ha existido en la historia occidental, pero integrada en la institución familiar, contra la que hoy lucha enardecidamente la corriente «progresista». Pienso que quizás es posible el pleno empleo, pero con limitación de la libertad y esfuerzo y sacrificio individual, como las que existen en el sacerdocio o en la profesión militar, lo que no parece viable es el pleno empleo, con comodidad y con exigencia de libertad absoluta individual.

Prácticamente la totalidad de los ciudadanos occidentales han considerado el empleo como fórmula de propia identificación, sin la que no se completa una persona, casi un «derecho humano». Así todavía lo considera la sociedad española (menos que otras occidentales) ante la gran crisis de este fin de milenio y comienzo del próximo, en que no hay empleo para todos, ni en general remuneración suficiente para atender necesidades básicas. Las actitudes de discriminación o xenofobia y las corrientes de nacionalismo tratan de proteger el nivel propio de ingresos frente al de personas de otros pueblos o países dispuestas a trabajar con mínima compensación, aunque se mezclen con otras actitudes étnicas o egoístas.

Esta crisis actual, más profunda y grave de lo que se admite, puede convertirse en «crisis de libertad», con problemas imposibles de resolver si se rechaza como fórmula viable alternativa la reducción del nivel de bienestar que algunos pueblos habían llegado a conseguir. En la estructura social y económica occidental, los procesos productivos o de servicio dedican alrededor del ochenta por ciento de su coste directo o indirecto a empleo o trabajo no permanente. De ahí que afecte a este área cualquier problema o circunstancia nueva de la humanidad. Por eso, también resulta indispensable dedicar atención «filosófica» a lo que significan contrato y situación de empleo y su impacto sociológico y hasta psicológico. Se ha considerado como empleo digno y al que todo ciudadano aspira el «estable, vitalicio, sin riesgo ni responsabilidad», llegando al «derecho absoluto al empleo» (el peronismo es significativo). Se ofrece «todo, completo y ya», como instrumento para captar adeptos, con slogans irrealizables pero «bonitos».

Este «ideal» no es compatible con una sociedad libre, ni tampoco en una sociedad sin libertad, con caricatura de empleo en una gran burocracia «no pensante». La globalización es causante de esta tragedia, pero no cabe volver a las «cavernas» con naciones autárquicas que repartan internamente empleo innecesario.

Ofrecer pleno empleo estable garantizado me parece fraude social, pero sí creo conveniente aspirar al «máximo empleo posible con la mayor compensación económica promedia posible y la más equitativa distribución interna posible de la retribución y del tiempo de trabajo».

«Lo posible» es lo que debe estudiarse, para así aconsejar a gobernantes y gobernados. Es objetivo realista, difícil de precisar, que depende de incógnitas que no se sabe cómo despejar. Para lograr «lo mejor» habría que combinar variables, con diferente impacto en cada caso y en cada momento, en su duración y en el tiempo de empleo, hasta llegar a alternativas al empleo ilimitado.

En todo caso, y con todas las reacciones y contradicciones, queda atrás la época en que el empleo se protegía con la capacidad de coacción de asociaciones de trabajadores actuando unitariamente frente a los siempre menos unidos «proveedores de empleo». También quedan atrás las soluciones «nacionales», la humanidad globalizada lo impide. Los agricultores japoneses luchan en las «rondas GATT» por el monopolio de cultivo de arroz para su país, pero serán derrotados, como los sindicatos que buscan privilegios para empleados en un área geográfica o profesional. Reacciones finales son las que estamos contemplando en España, «derecho al pataleo» de trabajadores sorprendidos por la dura realidad de situaciones creadas anteriormente y admitidas cuando beneficiaban. Es lo que mueve a las movilizaciones en las situaciones de desaparición de empresas que hacen más improbable la futura implantación en nuestro país de las que en el futuro ofrezcan nuevas posibilidades de empleo, pues consideran insuficiente la garantía jurídica ofrecida.

Estamos acostumbrados a una sociedad con prácticamente pleno empleo que no se ha sabido valorar, como la utilización de un automóvil para el transporte personal, o en tiempo antiguo la de un caballo. En este fin de siglo XX el mundo occidental no pasa del veinte por ciento de la humanidad y aunque se añada el área oriental, especialmente Japón, solamente un treinta por ciento de los que desearían trabajar están viviendo con empleo estable regular. El resto utiliza fórmulas laborales diferentes a las nuestras, hecho significativo ante el proceso rápido de homogeneización de pueblos y naciones. En la forma que sea, con traumas o sin ellos, dentro de doscientos años será más uniforme la actitud ante el empleo, con más oportunidades para los que no tienen hoy ninguna y menos para los que tienen muchas y disfrutan de monopolio y privilegio.

El empleo remunerado va a ser un bien escaso a diferencia de cuando se podía acceder a él con voluntad unilateral. La crisis económica coyuntural se supera, pero no la del empleo. Creíamos haber conseguido un «estado de bienestar» y de crecimiento ilimitado, que exigía poco esfuerzo. Pero ya es un mito del pasado; no sólo opinión agorera de pesimistas sino de quienes están en condiciones de apreciar el conjunto social nacional e internacional. La propiedad de bienes, principalmente inmobiliarios, siempre ha sido y es por su propia naturaleza un bien escaso, al que sólo podían y pueden acceder algunos. Esto comienza a pasar con el empleo, el «bien patrimonial» aparecido en el siglo XX, que se creía asequible a todos los ciudadanos.

Los tres factores principales que hacen prever escasez del empleo son los siguientes:

- Globalización que produce oferta de trabajo de otros países a través de emigración o a través de desplazamiento de tareas, con nuevos métodos de comunicaciones instantáneas a coste muy reducido.

- Reducción del trabajo industrial de forma comparable a la reducción del trabajo agrícola en los últimos sesenta años. Las empresas eliminan su burocracia con permanente simplificación automatizada para que menos personas produzcan más riqueza y que sea más limitado el número de los dedicados a esta labor. Tampoco se ven en el horizonte actividades con amplia necesidad de empleo y el crecimiento de empleos de informática ya se ha estabilizado y puede retraerse.

- Mayor oferta de trabajo de la mujer, con aumento de casi un cuarenta por ciento con personas hasta hace poco fuera del mercado de trabajo, con profunda repercusión sociológica en el ámbito laboral, aparte de la que pueda tener para la familia.

La consideración del empleo como «bien escaso» conduce a la extensión del trabajo precario, sin estabilidad ni permanencia, que hasta ahora se consideraba indeseable. Recientemente decía la Revista Fortune, de Estados Unidos: «No es que haya menos jobs, es que son peores, con menos ingresos y ventajas».

Con su actual nivel de desempleo, España es un ejemplo de lo que se puede generalizar en el próximo siglo, de continua reducción de empleos satisfactorios y permanentes e incremento regular de empleos precarios y ocasionales, en que el objetivo será lograr algún equilibrio para alejarse de la situación de países muy próximos a nosotros, como los del Magreb, en que podría decirse que existe una situación de «pleno desempleo».

4. Derecho laboral.

El cambio de mercado de empleo y de la situación general del trabajo necesita en España no sólo modificación en sus métodos y distribución, sino en su regulación jurídica, que sustituya la que procedía de un período de afluencia económica y convicción de su permanencia. Es preciso la creación, aun lenta, de un «nuevo estado de derecho laboral», como en la historia del mundo ha ido ocurriendo en otras instituciones: propiedad, herencia, contratación civil, transacciones comerciales, sociedades mercantiles, etc. El derecho laboral es reciente, surgió para enfrentarse con las situaciones creadas en las relaciones laborales, al consolidarse el empleo contractual, y le ha faltado larga maduración, como la habían tenido durante siglos otras áreas jurídicas. Ahora los cambios sociales son muy rápidos, será difícil acelerar los jurídicos para el empleo, y desgraciadamente no se podrán lograr sin la angustia de un colectivo humano, al que se había prometido un estado de bienestar creciente ilimitado.

La nueva situación es consecuencia de la libertad, efecto perverso o no de ella, agravada por la aparición del mercado internacional de trabajo, también consecuencia de la libertad. Una sociedad equilibrada y equitativa exige, entre otros aspectos, establecer garantías jurídicas que eviten discriminación y abuso de los trabajadores. Se plantea un gran reto jurídico que además de su propio objetivo tiene que hacer lo posible para evitar traumas graves durante el cambio estructural que elimina ilusiones y esperanzas y aumenta el «riesgo de vivir».

En la evolución de la sociedad futura, existirá un problema de adaptación del «deber ser» a las realidades de hombres y mujeres en su vida cotidiana, para las que trabajo y empleo son garantía de libertad y único posible bien material a su alcance. La sociedad del siglo XXI sólo será estable si sus relaciones laborales se inspiran en la ley y en el derecho, precisamente por ser fuente más extendida de relación personal y principal patrimonio de cada individuo con especiales posibilidades de explotación, aislada y colectiva.

El «empleo institución» será en el próximo siglo más importante que en el actual, aunque de forma diferente, como ocurrirá con la estructura social. Serán necesarias normas equitativas estables para el interior de una nación y para el conjunto de los pueblos en una humanidad globalizada. Habrá que llegar a un «derecho común del trabajo», que permita evitar en lo posible confrontaciones pero sin hacerlas desaparecer. Esto afectará a la huelga, hasta ahora aparente talismán para que un trabajador defienda su «puesto de trabajo», y aumente su «poder adquisitivo».

La huelga, instrumento típico de confrontación, es contraria al Derecho, como lo fue siempre la violencia coactiva de las luchas y guerras de la historia antigua. Es admisible y debe estar regulada en un «estado de derecho laboral» como defensa del individuo ante abusos concretos y para establecer paridad de fuerza con la empresa o institución que contrate empleados. Pero nunca lo es como arma para relegar o sustituir a las instituciones de participación política en la sociedad. La huelga es más efectiva en situaciones de abundancia, pero sirve poco con escasez de trabajo; es abusiva cuando ataca o se enfrenta con la Administración Pública, directa o indirecta, y es inmoral para defender «privilegios de estabilidad y permanencia ilimitada».

La situación actual y probable futura de las relaciones de trabajo representaría una regresión que no obedece a la voluntad de un gobierno determinado sino que es consecuencia lógica de una realidad, en parte por errores anteriores o inmediatos, pero también por presión social para exigencias contrarias a la libertad de otros, que con la globalización se manifiestan. La «ciencia» ha destruido barreras políticas entre pueblos y creado un mercado libre laboral entre naciones en que desaparece y resulta necesario renunciar a lo que parecía conquistado hace cuarenta años, volviendo a situaciones austeras y modestas frente a las consumistas occidentales. En Estados Unidos, que supera su crisis económica, no se espera recuperar el anterior nivel de empleo ni de ingresos promedios individuales. Está siendo realidad que un empleado con ingresos de cien se sustituya por su hijo con ingresos de treinta, situación que habrá que aceptar, aun con rabia, en los países occidentales. Las publicaciones de extrema izquierda, antes con sofismas irresponsables mezclando objetivos socialistas e ideológicos liberales, ofrecen ahora expresión demagógica de desesperanza, con difusión literaria de la crisis de una sociedad que se creía con derechos sagrados, al tiempo que construía el arma que iba a hacer imposible su supervivencia. La crisis es merecida e inevitable, pero no por eso deja de ser triste y trágica, especialmente para personas indefensas, no responsables de desviaciones, aunque en algún período se beneficiasen de ellas.

Sería un consuelo que las dificultades para financiar necesidades hagan reflexionar y se iniciase un período de realismo, con sacrificio, como ha ocurrido en toda la historia del hombre, que abriese camino a un equilibrio aceptable. El desequilibrio es en parte consecuencia de una «crisis jurídica», por eso los juristas tienen el reto de construir un verdadero «estado de derecho laboral», aunque no responda a las ilusiones de los últimos cincuenta años.

Es importante para el hombre un puesto de trabajo retribuido, un empleo para cubrir sus necesidades, pero también trabajo o empleo son obligación ética. No sólo existe el «derecho al trabajo» sino la «obligación de trabajar», aspecto olvidado por los que defienden «que cualquier deber procede de una injusta opresión social que impide al hombre ser absolutamente libre». Por otra parte, más que «derecho al trabajo» se debería hablar del «derecho a la posibilidad de trabajar», teniendo en cuenta que este «bien escaso» será la situación occidental con la globalización futura.

En estos momentos, al finalizar la guerra fría, convergen repentinamente factores internos y externos, algunos anteriores pero larvados, en una sociedad organizada para que las necesidades crezcan ilimitadamente, sin el freno que implica el reconocimiento de «valores» espirituales o religiosos. Además, esta crisis estructural se agrava por la rapidez de los cambios en nuestra civilización científica y tecnológica, en que los que exigían transcurso de generaciones ahora se realizan en pocos años.

La protección jurídico-laboral es necesidad que no agota, como en algún momento se ha pretendido, la «coacción sindical». El camino del hombre hacia el mejoramiento social está vinculado a la sustitución de la confrontación fácilmente manipulable por el imperio de la ley y efectiva administración de justicia. Fue ésta la causa del éxito del Imperio Romano y uno de los grandes logros de la conquista y colonización española en América, que trató siempre, y consiguió en bastantes casos, implantar normas de justicia en las relaciones entre opresores (españoles) y oprimidos (indígenas).

La mayor dificultad para los juristas del trabajo será precisamente encontrar normas equitativas adecuadas para coordinar la aspiración humana, justificada, de encontrar estabilidad sin coacciones ni actuaciones subjetivas empresariales cualquiera que éstas sean.

Para ello aparecen dos aspectos contradictorios: la eliminación de privilegios contrarios al interés general o discriminatorios para alguna clase de personas; y la necesidad de competencia económica globalizada, que exige adaptación permanente a niveles homogéneos de retribuciones. Esto puede exigir reformas constitucionales para que desaparezcan normas rígidas, no adaptadas a las circunstancias cambiantes de una humanidad globalizada, ni que cualquiera que sea la reforma se considere infracción de algún precepto constitucional.

Se impondrá una mayor utilización de los tribunales de justicia, si es posible especializarlos para los conflictos o abusos que se produzcan.

El contrato de empleo es en cierto modo contrato de adhesión de un trabajador a una empresa o servicio público, que en general no negocia condiciones laborales y se apoya en el marco general objetivo. La seguridad jurídica en el empleo aconseja que este marco general adquiera carácter legal preceptivo y que la negociación individual se limite a ciertas áreas: retribución, situación del trabajo, duración, etc.

El principal aspecto de la nueva regulación en la relación de empleo serán las condiciones de continuidad y de terminación por parte del «empleador», empresa mercantil o servicio público, con derechos recíprocos correspondientes y los que se adquieran por el transcurso del tiempo, para lo que conviene despejar las siguientes dudas:

- Si es compatible que una empresa sujeta a riesgo inevitable de mercado adquiera compromisos absolutos permanentes laborales, o que esto mismo ocurra en un servicio público sujeto a cambios en sus objetivos, estructuras o simple supervivencia.

- Si es equitativo que haya trabajadores de dos clases, según sean funcionarios en servicio o empresas públicas o empleados en las privadas, y qué circunstancias de interés público pueden justificar las situaciones de estabilidad absoluta de empleo.

- Si el empleo no vitalicio es compatible con la aspiración a la estabilidad personal y familiar de los trabajadores o éstos han de permanecer siempre en incertidumbre de continuidad y riesgo de coacción o abuso, en especial cuando prácticamente ha desaparecido la protección familiar que mejoraba la estabilidad individual.

La mayor precariedad, aun con normas de protección contra el abuso, necesita supervisión complementaria, en especial de Tribunales o instituciones gubernativas para evitar la desviación subjetiva u objetiva de quienes tienen mayor poder o capacidad de abuso.

El síndrome de precariedad lleva a la picaresca regular de contratos semestrales, que utilizan hábilmente empresas o incluso servicios oficiales. Por eso es necesario revisar el Derecho Laboral español, quizás no tanto en otros países occidentales sin utopía de empleo permanente fijo. No basta con la reforma superficial de una obsoleta relación de empleo; es necesario llamar la atención indicando que el triste panorama del desempleo español se podría agravar si no predomina el imperio de la ley, sino el de la trampa.

Las próximas décadas aumentarán las situaciones de riesgo individual. Me siento aliviado al ser sólo espectador de esa medicina amarga para la sociedad española y pido a Dios prudencia y acierto para los que tengan que administrarla.

Si este enorme obstáculo se supera, habrá que crear un Derecho Laboral integral, no para trabajadores de segunda, sino también para la élite de los funcionarios o aspirantes a serlo, hoy adscritos al Derecho Administrativo, situación anacrónica que debe rectificarse.

Parece tarea sencilla este «nuevo Derecho Laboral», que no debe suponer solamente la reforma de primer o segundo grado, como la que ahora está promoviendo el Gobierno, sino que aborde todas las relaciones de trabajo y empleo de los ciudadanos. El hombre es uno y el trabajo es uno y no hay que divorciarlos. Pienso que durante varias décadas los juristas del trabajo van a tener excepcional tarea hasta que madure la revisión de normas incrustadas precipitadamente en la Constitución. En concreto, habría que abordar:

- Normas para trabajadores públicos que se integran en el conjunto institucional laboral.

- Regulación de instituciones asociativas sindicales reales y no protegidas que representen a los trabajadores para su defensa colectiva, condiciones de trabajo y reacción ante abusos y discriminaciones de diferente naturaleza.

- Sistema de supervisión pública eficiente de centros de trabajo, normas de regulación, etc., con antecedente positivo en las actuales Delegaciones e Inspecciones de Trabajo.

- Sistema de juzgados ordinarios o magistraturas especializadas en conflictos laborales que garanticen una justicia rápida y objetiva. Parece necesario un sistema judicial especializado pero complejo, con exigencia de responsabilidad empresarial, protección contra la discriminación y cualquier clase de vejación o abuso.

Abruma pensar en esta tarea que España tiene que afrontar para convertirse en nación digna de una humanidad libre, pero sólo tendrán esta condición las naciones que sepan vencer obstáculos y adaptar su estructura interna a las condiciones del momento histórico y no permanezcan con la cabeza enterrada como el avestruz, ignorando sus problemas reales y adoptando decisiones cómodas que acentúan el declive colectivo.

En estos días he leído en una revista «resucitada», el Viejo Topo, un artículo de Gabriele Polo, que describe desgarradamente la situación de trabajo en Italia (poco diferente a la de España) pero que acaba diciendo «que hace falta que los trabajadores trabajen menos horas sin reducción de sus ingresos», o sea, un imposible, que impide preparar medidas necesarias para cuando la mayor parte de los ciudadanos occidentales tengan que reducir su poder adquisitivo real en más de un veinticinco por ciento, aunque esto sería fácil con esfuerzo, sacrificio durante un período de adaptación y reducción del consumo no básico. Además, los privilegios en el empleo debilitan la solidaridad, que también se obstaculiza con la contractualiación de la sociedad, sin hueco para «humanizar relaciones humanas», sólo posible con caridad, exigencia de «amor» de unos hombres con otros, que implican generosidad y trabajo voluntario. La norma, aun equitativa, no agota las relaciones entre hombres, que necesitan completarse con «caridad solidaria», de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, y sobre todo para los perdedores, por las causas que sean, marginados en la sociedad, pero con derecho a permanecer dignamente en ella.

5. Empleo siglo XXI.

La situación de empleo en las próximas décadas exige reflexionar para coordinarla con una clase de sociedad que aun de modo austero y exigencia de sacrificios permita a los ciudadanos una integración digna con mínimos garantizados que eviten su miseria. Toda nación futura tendrá obligación de proporcionar prestaciones de solidaridad, aun con libertad reducida, aun con soberanía final del ciudadano. Algunas naciones perderán el grado de soberanía que ahora se considera indispensable. También ocurrirá con los ciudadanos que para su propia subsistencia digna necesitarán sacrificar parte de su libertad. Ha ocurrido siempre en la historia, con excepción de estas últimas décadas, de los «treinta años dorados», antecedente de la crisis occidental.

En todo caso será incógnita del próximo futuro conocer qué empleos estables subsistirán. No desaparecerán algunos vitalicios, pero serán más escasos y difíciles. En la historia, sólo las burocracias públicas, a veces por razones de interés subjetivo, han ofrecido empleo sin precariedad a todos los que en ellas prestan sus servicios.

Al generalizarse el empleo precario será menos angustiosa la situación de los que carezcan de empleo estable, pues también será mayor la rotación y la posibilidad de acceder al trabajo. Lo que no se podrá evitar es que aumente la incomodidad en la vida humana, aunque sea posiblemente inferior al de la mayoría de los hombres en la mayor parte de su historia. Este cambio dará lugar a una revolución, no solamente por impacto personal, familiar y psicológico, sino porque exigirá una nueva estructura de la sociedad en lo estrictamente laboral y en otros aspectos, aunque los «hombres y mujeres universales» continúen con la obligación moral y material de defender los intereses de sus descendientes, con todo su esfuerzo e imaginación. Es necesario reconocer este problema, hasta ahora prácticamente ignorado, voluntaria o involuntariamente, pienso que esto último; pero más aún será necesario el espíritu de sacrificio y de agradecimiento a Dios por lo que se tenga, aunque sea muy poco.

Además de ese esfuerzo heroico, la sociedad necesitará «espíritu de solidaridad» e instrumentos públicos que amparen las necesidades básicas de los ciudadanos con dificultades económicas, lo que especialmente se comenta en otra «reflexión» de este libro.

La retribución por trabajo, especialmente cuando es, en gran parte, ocasional, exige «prestaciones públicas de solidaridad» que garanticen subsistencia mínima. Hasta ahora estas prestaciones se relacionan principalmente con el empleo. Pero cuando por razones económicas y políticas exteriores o por razones de ética social se olvide el objetivo de pleno empleo y sea escaso, son más necesarias «defensas particulares», efecto positivo y no perverso, pues con ello las instituciones voluntarias de ahorro directo o ahorro indirecto, a través del seguro, serán pieza clave de la economía colectiva, si consiguen reducir sus costes y se convierte esa reducción en su principal objetivo institucional.

El reto de nuestra sociedad será hacer posible las prestaciones de solidaridad, sin pérdida de equilibrio, para compatibilizar las posibilidades de vida digna, aun muy austera, de todos los ciudadanos del país, con su capacidad de competir en la estructura socio-económica internacional.

En este fin de siglo coexisten tres clases de crisis de empleo: la coyuntural, semejante a otras en el mundo moderno y contemporáneo que se superará o aliviará; la estructural, consecuencia de la globalización, con traumas y repercusiones sociológicas y políticas, que se acentuará, en países como España por su insatisfactoria situación actual; y la tecnológica, consecuencia del desarrollo científico y aprovechamiento de la informática, organización de producción y necesidad de reducir burocracia laboral para competir, que también se acentuará.

Las tres entrelazadas tendrán en las próximas décadas períodos cíclicos, pero con pérdida final creciente de empleos industriales o desplazamiento a otros países, con reducción promedia de sueldos y salarios en los ricos, aunque siga habiendo excepciones. La única fórmula de competir será reducir el coste laboral de cualquier proceso de producción o prestación de servicios (síndrome Arriortúa) para acercarlos a los de países pobres, que a su vez, paulatinamente, aumentarán sus costes laborales, para que se promueva una progresiva mejora y se eviten abusos y traumas dentro de la cultura de cada país.

Este proceso es irreversible, afecta a procesos industriales, a procesos administrativos y de distribución, pues la informática y automatización de comunicaciones crean menos trabajo del que eliminan. Sería alternativo ofrecer trabajo innecesario en el sector público con efectos negativos en la moral general y en la eficacia para la supervivencia empresarial o incluso nacional. En algunos países árabes se ofrece trabajo público por tres horas a licenciados universitarios, pero esto no hace más que esconder el problema. En realidad no parece que exista otra posibilidad constructiva que acudir a trabajos alternativos de características ahora poco satisfactorias, que aunque no permitan «realizarse» a sus titulares ofrezcan alguna utilidad social y algunos ingresos personales.

Quizás pueda resumirse este panorama del siglo próximo en España diciendo que en él habrá que:

- Optimizar dramáticamente los costes de Administración Pública de los diversos y excesivos niveles actuales para con ese ahorro financiar «prestaciones públicas de solidaridad» que completen el empleo escaso e inestable.

- Buscar nuevas áreas de trabajo útil socialmente en aspectos hoy desatendidos, aunque éste sea inestable y poco remunerado, no brillantes ni espectaculares, pero útiles socialmente.

- Promover acciones de voluntariado solidario, como las que tan generosamente está ofreciendo la Iglesia Católica para ocupar tiempo de ocio y ayudar a desfavorecidos y marginados.

- Conseguir que la familia recupere capacidad de acción solidaria que casi ha perdido totalmente.

- Permitir que las empresas españolas con posibilidades internacionales compitan en otros mercados.

Esta crisis tiene similitud con la famosa de los años treinta, aun por causas muy diferentes. Ambas son consecuencia de la paulatina globalización de la humanidad que se acelerará en el próximo siglo. Esa crisis laboral de hace sesenta y cinco años no se resolvió hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, con desastrosas consecuencias de otras clases. Las guerras tienen efectos clarificadores de «atascos» de la sociedad y se ha llegado a decir que en estos momentos ni siquiera existe esa esperanza. A pesar de ello el hombre, con la imaginación que proviene de la necesidad, sabrá encontrar fórmulas para enfrentarse a las nuevas circunstancias sociales, como ha conseguido en los muchos miles de años de su presencia en la tierra.

En relación con todo lo anterior quería terminar con unas consideraciones que expliquen mis puntos de vista a los que tengan la responsabilidad de afrontar ese futuro que se acerca muy rápidamente.

- La rigidez del llamado mercado de trabajo no permite optimizar actuaciones y siempre da lugar a privilegios contrarios al interés general.

- El mantenimiento del poder adquisitivo debe ser sustituido por su reducción equitativa entre todos los ciudadanos del que se había logrado.

- El mercado libre de empleo es consecuencia obligada de la libertad de competencia e implica obligación pública de hacerla viable. Una sociedad libre necesita ser competitiva, o mantener su línea ética dentro de un marco jurídico adecuado.

- El derecho a la inamovilidad geográfica tiene repercusión económica negativa en el coste empresarial, o coste nacional en los empleos públicos. La competencia de precios, productos y servicios puede afectarse con esta restricción contractual, frente a empresas y naciones no sujetas a ella. Pero el cambio de residencia puede ser método de persecución, vejación e injusticia en la compleja y delicada relación contractual de empleo ante la que debería poder acudirse a los tribunales de justicia.

- La emigración «activa» o pasiva», con desplazamiento de empresas y personas, o sólo de tareas a otro territorio geográfico, no podrá impedirse en una humanidad globalizada con consecuencias positivas y negativas. Es fenómeno clave para el próximo siglo y se deben investigar sus repercusiones laborales y los desarraigos culturales que pueda provocar.

- La equidad entre diferentes clases de trabajo y su retribución evita o disminuye injusticias comparativas y debe tener en cuenta la intensidad, duración, conocimientos especiales y repercusión subjetiva en la colectividad.

- El empleo debe ser considerado unitariamente, sin diferencia entre empleos públicos y empleos privados. Todos deben estar sujetos a normas semejantes que evite injusticias y protejan la efectividad del servicio a que se dedican. Las excepciones deben ser muy justificadas.

- El bienestar se reduce como consecuencia de la libertad internacional de trabajo; además su aspiración ilimitada conduce a excesos ecológicos. Bienestar y empleo son bienes escasos que deben distribuirse no sólo en interés subjetivo de individuos sino en el de la supervivencia general.

- La financiación del bienestar con trabajo generosamente retribuido no depende de legisladores y gobernantes sino de la realidad económica, austeridad en el comportamiento público y eliminación de abusos y despilfarros. Conseguirlo con presiones coactivas laborales es contraproducente, como lo fue en Argentina y Uruguay, países emblemáticos por este fenómeno, y lo está siendo en la España actual. Lo deben tener en cuenta gobernantes y políticos para vencer tentaciones populistas y objetivos inmediatos con repercusiones finales negativas.

- La reducción real de retribuciones será consecuencia «implacable» de la libertad con equidad. Las retribuciones se mantienen elevadas cuando existe alguna clase de monopolio o privilegio. Esto podría ser en promedio soportable con disminución de «necesidades caprichosas» producto de consumismo ilimitado, pero también puede afectar a «necesidades básicas» de individuos y familias. Esta redistribución producirá impacto económico positivo para el conjunto de la humanidad del siglo XXI, reduciendo diferencias Norte-Sur.

- La reducción del tiempo de trabajo es posible y recomendable en algunas áreas de empleo para que acceda a él un mayor número de personas; ocurre en la industria del automóvil, y de ahí la propuesta alemana de la semana de cuatro días, pero sólo cabe en operaciones precisas que no se perjudiquen al desempeñarse en períodos limitados de tiempo. En bastantes casos esta fórmula dificultaría el éxito en un mercado competitivo, en especial en empleos directivos y técnicos que exigen dedicación integral y exclusiva.

- El aprendizaje es muy conveniente socialmente, no ya como fórmula para acceso al primer empleo que facilita otros posteriores, sino como método de entrenamiento en tareas prácticas, en general manuales, para las que hay demanda sin satisfacer pero que exigen trabajo inicial incómodo y poco remunerado. Existe aprendizaje teórico y oferta de «formación», pero falta aprendizaje práctico de artesanía a que tendrá que volver la sociedad occidental.

- El trabajo en ocio, relacionado con la acción artística, intelectual, cultural y deportiva, se incrementará con estructuras complementarias y creación de productos literarios, impresos o audiovisuales.

- El aumento excesivo del tiempo de ocio, ofrece repercusiones individuales negativas. Se paliaría con mayor dedicación doméstica y familiar y con promoción de voluntariado y actividades poco o nada retribuidas de ayuda a la propia comunidad y a personas que requieren protección externa. En España en estas últimas décadas la actitud oficial ha sido negativa para «actividades generosas», ejecutadas por instituciones independientes integradas en la «sociedad civil» fuera de la influencia de gobernantes.

- El trabajo voluntario, de carácter directa o indirectamente religioso, ha sido históricamente área destacada de actividad limitadamente retribuida. En la Iglesia encontraban «puestos de trabajo» personas sin vocación bélica; así seguirá ocurriendo con instituciones con ella relacionadas, en general de voluntariado temporal y en ocasiones de voluntariado permanente, integrado en una institución eclesiástica.

- Los valores religiosos y espirituales conducen a la abnegación y sentido de solidaridad indispensable para la convivencia y distribución mínima de recursos, con utilización a este fin de tiempo de ocio en perjuicio del puro placer personal.

- La Iglesia Católica no ve reconocida su función social en la época actual, pero su acción es insustituible para impulsar y participar en esfuerzos de solidaridad, como única institución mundial que ha promovido constantemente el sacrificio personal y colectivo de naciones y pueblos con creencias muy diferentes y que aporta experiencias generosas a míseros y desamparados, a diferencia de instituciones politizadas para propia satisfacción de sus partícipes o para proselitismo subjetivo ideológico.

- El trabajo autónomo, individual y familiar, que se desempeña casi sin colaboración exterior, salvo de aprendices, ofrece posibilidades de retribución sin vinculación de empleo, fórmula a extender y promover. Destaca el de personas de una misma familia, sin apenas costes operativos sociales que probablemente se ampliará.

- Las fuerzas armadas y de seguridad, públicas o privadas, pueden ser importante fuente de empleo, masculino y femenino, con vuelta a la prehistoria de nuestra humanidad en que predominó el empleo coactivo. Los ejércitos son además instrumento social de ocupación del tiempo de ocio, pero deben estar dotados de objetivos constructivos socialmente, incluso muy alejados de lo bélico y coactivo, como actuaciones en conmociones de la naturaleza y en general de protección civil.

- Las naciones tienen la obligación de proteger el empleo de sus ciudadanos afectados por la globalización, que aporta ventajas pero también efectos perversos. Como no será posible evitar la acción homogeneizadora de retribuciones y bienestar, la protección debe limitarse a «prestaciones solidarias» financiadas en su mayor parte con tributos, ingresos públicos y austeridad oficial.

- La imaginación constructiva que se exacerba en tiempos de necesidad ha de ser factor decisivo para la recuperación del equilibrio de una nación ante las consecuencias de cualquier clase de crisis estructural.

- Las técnicas de AGITPROP han sido utilizadas en el mundo del trabajo, introducidas principalmente por ideólogos marxistas expertos en ese campo. Han hecho creer que el trabajador debería ser enemigo de su empresa, una de las razones del desequilibrio occidental. La exageración dialéctica es metodología eficaz para captación de mentes ilusas pero con consecuencias destructivas. Son ejemplo en España y Francia las campañas contra la retribución reducida inicial en el empleo, y en Argelia las medidas introducidas en su independencia para eliminar la actividad rural, que ha pasado a ser su principal problema de futuro.

- La transición entre dos situaciones sociales, de bienestar a escasez y solidaridad, ha de ser muy penosa para los ciudadanos afectados, y más para los que disfrutaban de situación privilegiada. Será trauma en las décadas inmediatas, que se acabará superando, pues muchos pueblos se han visto afectados por trances semejantes, más trágicos y dolorosos que los que actualmente podrían llegar a producirse, y en general han sido capaces de superarlos.

V. Sociedad de solidaridad.

Nos creemos con derecho al bienestar y a un estado de bienestar, logro conseguido, paso adelante que creemos irrenunciable e irrevocable del que estamos orgullosos. Pero la crisis nos advierte que carecemos de recursos para financiarlo y ser al tiempo nación digna y respetada en la humanidad del siglo XXI.

Damos por descontado el bienestar de nuestros vecinos europeos, pero rechazamos limites y responsabilidades, situación agradable, cómoda, que querríamos para siempre.

La triple crisis en que estamos inmersos, ciclo coyuntural, estructura deficiente y proceso de globalización, que nos va a alejar de bienestar irresponsable, marca un hito en nuestro futuro nacional y nos obliga a meditar en la sociedad en que creíamos, asentada en la envidia, la codicia, el placer, el egoísmo, sin riesgo ni preocupación solidaria, y en la que los medios de comunicación, casi sin excepción, rechazan o ridiculizan cualquier valor espiritual o religioso que pudiesen limitar objetivos hedonistas.

Tenemos lo que deseamos y quizás vamos a tener lo que merecemos, pero debemos reflexionar con cifras sobre objetivos que habíamos creído realizables, aun contradictorios. Una sociedad estable exige acudir a la solidaridad, con hechos y no sólo con palabras. Con escasez de empleo no caben derechos mínimos si no se obtienen con sacrificio individual y colectivo. Sólo con solidaridad se podrá construir una sociedad sin privilegios de empleo, sin despilfarro público y con protección suficiente a desfavorecidos. Por gusto o por fuerza vamos a salir de una etapa de bienestar; hacerlo bien es nuestro desafío. Si somos capaces de construir una sociedad de solidaridad habremos triunfado.

1. Bienestar.

Bienestar es palabra más utilizada cuando parece más difícil de conseguir. Se habla de «estado de bienestar» y de «sociedad de bienestar» como objetivo ideal para el hombre moderno, pero el bienestar es subjetivo, con satisfacción de necesidades distintas para unos y otros. El bienestar puede ser material, espiritual, intelectual o de otra clase, pero ahora sólo interesa el que exige poco esfuerzo para alcanzar las necesidades inducidas inteligentemente por la publicidad y también por la envidia, que incita a adquirir lo que se conoce que otros tienen.

Si el término bienestar es relativo y subjetivo, también lo será la sociedad de bienestar, ¿qué necesidades protege?, ¿todas las deseadas o algunas básicas objetivas?, ¿lo es la que sus componentes alcanzan alto grado de bienestar o aquélla en que se evitan situaciones de pobreza?

El término «sociedad de bienestar» es moderno, de este siglo o fines del pasado, en que se comenzó a hablar en Francia del état de prevoyance y en Gran Bretaña de welfare society. Welfare equivale a bienestar, pero en general se refiere a «necesidades básicas amparadas por instituciones gubernamentales, sin financiación directa de los interesados». Prevoyance equivale en España a previsión, y también a conjunto de instituciones para cobertura gratuita de necesidades individuales.

La sociedad de bienestar la comenzó, en 1883, Bismark en Alemania, con el seguro público de enfermedad; dio un paso adelante Inglaterra, en 1947, después de la II Guerra Mundial, con el Informe Beveridge, el Seguro Nacional de Enfermedad y otras prestaciones, y tuvo su apogeo en Suecia, que ha llegado a una sociedad con derechos sin esfuerzo directo, de la «cuna a la tumba», ahora amenazados. En Estados Unidos se evita la indigencia en centenares de miles de familias, con lo que allí se llama «welfare», sin seguro de enfermedad estatal, obligatorio y, en cierto modo, gratuito, pero sin abandono final en caso de enfermedad, como se ha hecho creer. Parece diferente forma de organización y no sistema diferente; parece que en estos momentos los ciudadanos reclaman cambios más similares a los de España o Europa, pero no revolucionarios.

Comentarios acertados sobre la sociedad del bienestar y su origen se pueden encontrar en el Estado de bienestar en los países de la OCDE, de Antonio Gómez Temprano y Eugenio Torres Villanueva (Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, 1992), que consideran el término «Welfare Society» producto de la II Guerra Mundial, convertido en rasgo esencial de las sociedades modernas democráticas, consecuencia del progreso tras la madurez técnica, que busca atenuar la conflictividad social y obliga al Estado a no preocuparse sólo de clanes hegemónicos.

Una contribución importante al análisis de su actual crisis es la que hace Antonio Sáenz de Miera en su libro Sociedad Necesaria (Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1992), que propone una revisión del Estado de Bienestar, propio de los programas socialdemócratas y socialistas, origen de nuestra sociedad insolidaria, y que debe ser incluir medidas prácticas, no sueños irrealizables o en todo caso irrealizados. La opinión sobre la sociedad necesaria en ese libro poco divulgado interesa a los que lean mi trabajo y a los que deseen reflexionar sobre el futuro. Para Sáenz de Miera la sociedad necesaria tiene que recuperar la solidaridad perdida en las últimas décadas, con mayor presencia de sociedad civil en la estructura social, dejando de considerarla núcleo secundario y sospechoso de actividades no dependientes del Estado, casi de «caridad».

En Europa la ruptura del equilibrio se produjo al aparecer la sociedad industrial; hasta entonces su estructura era aceptablemente solidaria. En Francia, Inglaterra y España existían fórmulas sociales orgánicas, aunque diferentes entre sí y con solidaridad no bien distribuida. Todo fue barrido con diferentes ritmos por la sociedad industrial, que consiguió un enorme incremento de riqueza vinculado al desarrollo científico y tecnológico del que hoy disfrutamos. Con esa ruptura surgió, principalmente en Inglaterra, una nueva forma de esclavitud o vasallaje laboral, aislada de vínculos familiares y con abusos inimaginables. Como reacción aparecieron instituciones que promovían igualdad y equidad, los sindicatos o asociaciones de trabajadores, para combatir con la fuerza de su unión la presión y opresión de patronos; y el socialismo político, que aspiraba a que todos tuviesen posibilidad de acceso al trabajo y a la riqueza con objetivo específico de igualdad. También apareció la huelga, instrumento coactivo de trabajadores oprimidos contra patronos opresores. Y, por último, en el continente, aun sin paralela cronología, la doctrina social de la Iglesia, que inició León XIII, en la Rerum Novarum, quizás para mantener la religiosidad de los fieles trabajadores, pero, sobre todo, por caridad y solidaridad, inmersa, aunque a veces olvidada, en la enseñanza cristiana. Esta acción ha continuado, se ha consolidado con la Encíclica Centesimus Annus y es hoy único baluarte doctrinal para detener al capitalismo salvaje.

La preocupación alemana por el problema de la enfermedad y Seguro Público de Enfermedad influyó en España bajo el impulso de Inocencio Jiménez para la creación del Instituto de Reformas Sociales, antecedente directo del Instituto Nacional de Previsión y de las instituciones actuales de Seguridad Social, que dieron un «gran salto adelante» en 1943 cuando el ministro José Antonio Girón creó impremeditada y agresivamente, pero con eficacia, no sólo el Seguro de Enfermedad que hoy existe sino las Mutualidades Laborales, antecedentes ambos de las coberturas sociales actuales y de las prestaciones públicas de solidaridad a que posteriormente me referiré.

El informe Beveridge, del que procede en general la política social de estos últimos cincuenta años, se refería no sólo a prestaciones y derechos individuales sino a acciones dinámicas del Estado, ampliando el sector público con nacionalizaciones y con mejora de condiciones laborales, jornada, vacaciones, que aumentaban la satisfacción de los trabajadores. Su consecuencia fue el «estado de bienestar», posible con la mayor riqueza, y con «derecho al ocio libre protegido», como el de España en estas dos últimas décadas. Esta es precisamente la sociedad que está en crisis, como lo está la igualitaria marxista. Con esto llega la «hora de la verdad» y, en consecuencia, la crisis, acelerada por la globalización de la humanidad.

Durante bastantes años, con afluencia económica, exceso de oferta de trabajo y repercusión de mejoras tecnológicas, parecía que la «sociedad del bienestar», incluyendo la española, era un hecho natural al que tenían derecho los ciudadanos, sin necesidad de financiarla de modo especial, como los hijos piensan del dinero de su padre, que está en la mesilla de noche y se utiliza siempre que se desea; «se nace con derecho a alto grado de bienestar y cobertura de necesidades y cuando no se llega a la totalidad se atribuye a la explotación del capitalismo u otra consideración semejante». Sólo ahora se empieza a descubrir que el bienestar es un bien escaso, que no son posibles derechos no correspondidos con deberes, que los pueblos tienen un límite en sus recursos que siempre, de un modo u otro, proceden del trabajo humano y que la cuantía de las prestaciones de bienestar, serán las que permitan en cada caso la riqueza nacional y el trabajo de los ciudadanos. Cuando éstos faltan ni se tiene derecho a bienestar colectivo ni en todo caso se logra, pues hay que financiarlo, como el de una familia o una empresa. Esta es una dura realidad que se acentúa con la globalización, que reparte la riqueza de la tierra entre mucho mayor número de personas, en favor de las que antes nada tenían, pero en perjuicio de las que habían conseguido acumular excesivo bienestar. Sería ideal una «humanidad de bienestar» con equidad paralela para todos, hombres y mujeres, pero simplemente no es posible.

Se está acabando el mito de que los gobiernos están obligados a ofrecer «todo lo que la sociedad quiera»; se empieza a admitir que sólo se conseguirá lo que cada nación obtenga con su sacrificio. Esto exige prioridades equitativas no discriminatorias, con influencia del juego de fuerzas sociopolíticas, con grupos o personas que obtienen más propiedad, más bienestar, más comodidad, etc. Los regímenes socialistas fueron buscando la igualdad sin prudencia ni sentido común, por sectarismo radical infantil; lo mismo acaba ocurriendo con los socialdemócratas, centro derecha o izquierda, que buscan bienestar hedonista.

En cada país, las prestaciones colectivas (de bienestar o de solidaridad, según los grados) tienen una concreción especial: educación generalizada, cobertura amplia de enfermedad y prestaciones por carencia de trabajo, por incapacidad para él, o por vejez para los que alcanzan ciertas edades. España ha conseguido en estos años, de modo casi inadvertido, una «sociedad de bienestar» propia, de que es testigo simbólico la «movida madrileña» que hace dos décadas encandiló a los europeos, que consideran Madrid ejemplo de agradable utilización del ocio, lúdico y egoísta, sin preocupación ni solidaridad con terceros, en que predominan:

- Nivel elevado de afluencia, con amplio contenido de gasto no productivo.

- Aceptable seguridad de empleo, con retribuciones que permiten consumo y ocio.

- Derechos bastante satisfactorios de educación, salud, desempleo y vejez.

- Nivel alto de libertad individual sin compensación de obligaciones ni riesgos.

- Ausencia generalizada de límites espirituales y religiosos.

- Rechazo de obligaciones de solidaridad, como el Servicio Militar.

Algún estudio objetivo europeo ha mencionado que la calidad de vida española había llegado a ser la primera de Europa, pues ningún otro país occidental ofrece una situación semejante. La crisis actual obedece a esa misma «calidad de vida» que elimina riesgo y responsabilidad, lo que siendo «contrario a la naturaleza de las cosas», tiene limitada duración. Por eso es necesario prever y orientar el cambio para que sea el mejor posible, aunque no sea bueno y signifique regresión de lo que ingenuamente se creía haber conseguido irrevocablemente.

España es hoy un país con poca natalidad, menos de la necesaria para mantener su dimensión. Dos de sus comunidades más importantes, Cataluña y el País Vasco, son las que, en cualquier parte del mundo, reflejan menor índice; símbolo o síntoma que debe recordarse. Ha dicho recientemente algún gobernante que «los españoles habían llegado en esta década al mayor grado de dignidad y liberación individual de dos mil años de historia». Será cierto, pero ha conducido a la situación actual, con dependencia casi completa exterior, como «pecio flotante» al que mueven fuerzas y decisiones ajenas, como en SEAT, SANTANA; o poco recomendables protagonistas, como Javier de la Rosa, Mario Conde, y otros.

En bastantes países no occidentales no existe sociedad de bienestar, ni prestaciones públicas de solidaridad, pero sí cierta garantía normal de subsistencia, con una estructura familiar que se mantiene, aun con diferentes formas, pero se va reduciendo con la globalización, que provoca rupturas con estructuras tradicionales que habían permitido subsistir.

En realidad, la sociedad de bienestar se desvanece, pues exige no sólo cobertura adecuada de necesidades colectivas sino además ingresos suficientes para satisfacción elevada de necesidades individuales y facilidad para obtener máximo placer en el creciente tiempo de ocio. Exige demasiado, es una utopía placentera, de la que estamos condenados a despertarnos; es preferible olvidarla, como nirvana inalcanzable y, en cambio, aspirar a una sociedad de solidaridad. Este cambio no será grato, pero alguien tiene que recordar lo negativo, y es preferible que sea quien nada tiene que perder y no aspira a ganar adeptos.

2. Solidaridad.

Parece necesario, quizás inevitable, que el objetivo de bienestar se sustituya por el de solidaridad, que haga posible una sociedad sin miseria extrema, con servicios colectivos que sería difícil obtener individualmente, y en la que todos los ciudadanos obtengan satisfacción objetiva mínima, pero en que la satisfacción subjetiva esté bajo su riesgo y responsabilidad.

Durante centenares de generaciones la sociedad conoció un «estado de escasez» que hacía indispensable la solidaridad; los occidentales nos habíamos olvidado, aun de buena fe, de que la escasez es lo normal y de que volvería, como en casi toda la historia. No es viable una sociedad sin que las personas acepten dedicar parte de su tiempo y de sus medios a ayudar a sus semejantes. El Cristianismo aportó el sentido de «prójimo», que ahora se sustituye por idolatría del yo y exaltación de la codicia; pero esto no es permanente.

Ser solidario es dar parte de lo propio, e incluso de lo que uno necesita, por encima de obligaciones adquiridas. Es impreciso el límite entre acción de «solidaridad» y «acción de caridad»; la solidaridad es el primer paso de la necesidad social de compartir; la caridad es el siguiente, aportación personal generosa a los que nada tienen. En los siglos XIX y XX no se habla de solidaridad, ni para bien ni para mal, pero si de caridad, aun para despreciarla, como consecuencia de un supuesto cientificismo que sólo admite la justicia. El próximo siglo volverá a considerar la caridad como virtud cardinal para hacer más soportable la dureza de la vida humana y para compensar diferencias entre unas y otras personas.

La solidaridad ha existido desde el comienzo de la vida del hombre porque primero la familia, luego la «familia extendida» y después la tribu son conceptos de protección reciproca solidaria contra el exterior. Los problemas actuales proceden en gran parte de que prácticamente ha desaparecido la familia, salvo para sustento inicial, casi como cualquier mamífero. Se considera que la familia no es necesaria y que impone limitaciones a la libertad del individuo, por lo que es lícito abandonarla cuando parezca conveniente. Los niños no necesitan solidaridad sino dependencia de sus padres que para su protección tienen instinto, como otros animales. La solidaridad es voluntaria, generosa e inspirada en la renuncia personal y el amor al prójimo, y poco compatible con el bienestar egoísta.

La sociedad es la proyección del núcleo familiar, que fue transmitiendo cualidades, virtudes y experiencias durante miles de siglos. Cuando no solamente desaparece la familia sino también la influencia religiosa, es lógico que la insolidaridad se agudice. La historia de las naciones es la de las voluntades, cualidades, desviaciones y egoísmos de sus ciudadanos. En Estados Unidos la solidaridad se manifiesta en instituciones de lo que se llama sociedad civil, muy desarrollada y extendida y por motivaciones muy superiores a las fiscales. En España hasta hace unas décadas existía un cierto sentido de solidaridad que se manifestaba en la natalidad; su reducción es consecuencia de que cada persona antepone lo propio a la devolución a la sociedad de lo que había recibido de sus padres. Ahora parece que la limitación de la natalidad de los otros, de los oscuros, es lo único que puede salvar el bienestar de los claros occidentales, y así ya el aborto no sólo sirve para la comodidad individual sin para la colectiva de algunos. ¿Qué otra cosa hay si no detrás de la conferencia de El Cairo?

La «sociedad de bienestar», cruelmente antisolidaria, debería transformarse en «sociedad solidaria», aunque no se vislumbra ninguna fuerza colectiva (salvo la decreciente de la Iglesia Católica) que se preocupe por esa tendencia, aunque se utilice en discursos políticos, al tiempo que se la dificulta en casos concretos. Nuestro Gobierno no es antisolidario, simplemente adopta decisiones apoyadas en «lo que la sociedad quiere» (y lo que se la induce a que quiera), radicalmente egoístas y antisolidarias, con continua exigencia sindical de más derechos y, sobre todo, con «ninguneo» para los que anteponen los intereses generales y de desfavorecidos a los intereses suyos propios.

En esta situación, la de ayer y todavía la de hoy, aparece la crisis. La muerte acaba siempre en un fallo cardíaco, por causas de otra clase. La falta de tesorería esconde en la empresa situaciones de pérdida que durante algún tiempo se compensan con endeudamiento, pero al final llevan a su desaparición o absorción por terceros. Es el mismo caso de las comunidades políticas, en el mundo en general y en España en particular, con aparición más lenta que en la empresa por su mayor posibilidad de endeudamiento y más difícil exteriorización de su realidad.

La crisis actual confirma que resulta imposible financiar todo lo que se desea, a lo que se añade el efecto de la globalización en los países que monopolizaban riqueza y protegían el trabajo exclusivo bien remunerado de sus ciudadanos. Esta crisis nos vuelve a la realidad y nos va a obligar —de otro modo sería inconcebible— a pensar de nuevo en la solidaridad con nuestro prójimo y en la correlación entre derechos, afluencia de trabajo duro y supervivencia digna. Sólo así evitaremos perder nuestra capacidad nacional de decisión, como pueblo de segunda, pintoresco y simpático para las vacaciones, al que no se puede tomar en serio en su rápida decadencia. ¿Estamos aún a tiempo de evitarlo?

Nuestra nación y nuestros hijos tendrán que afrontar no sólo una crisis coyuntural, que lógicamente mejorará y que está mejorando, sino una larga crisis estructural que hará más difícil encontrar empleo y más fácil perderlo. Sin sociedad de solidaridad, con lo que esto significa de aceptación de riesgos, sacrificios y renuncias, España tendrá poca presencia en el próximo siglo XXI, y el territorio que ahora ocupa pasará a ser un has been del concierto mundial. La declaración de objetor de conciencia, en la mayor parte de los casos simple fórmula de eludir responsabilidades, nada menos que del jefe de la juventud derechista, muestra lo que puede esperarse de la España futura.

La sociedad de solidaridad significa esfuerzo para hacer posible la dignidad de todos los ciudadanos, sin volver a períodos de la historia en que esto no existía, aunque sí la familia, bastante eficaz vínculo de protección. Parece inevitable perder metas últimamente alcanzadas para distribuir lo mejor posible la escasez nacional. A ello deberemos encaminar esfuerzos después de haber despilfarrado la riqueza no merecida que en algún momento hemos disfrutado. La solidaridad lucha contra la desigualdad de la escasez y también contra la existencia de ciudadanos privilegiados sin riesgo ni responsabilidad; no es mal objetivo realmente. En esto deberían reflexionar, sobre todo los jóvenes, a quienes debe informarse de la realidad del mundo, para evitar que pidan lo imposible, impidiendo avanzar en lo posible. Las fórmulas de políticos y gobernantes para continuar en el poder no suelen admitir la realidad, en muchos casos porque la desconocen, pero también por dar esperanza durante un tiempo de elecciones «saliendo del paso» y llegando al próximo período electoral sin cumplir las promesas del anterior.

Unido a la solidaridad está el concepto, principio o término, de caridad, a que antes he aludido; es falacia extendida que «no haya que buscar caridad sino justicia». Sin caridad no puede haber sociedad vivible; sólo ella dulcifica injusticias derivadas de cualquier fórmula social, aun acertada y bien ejecutada. La aplicación dogmática de fórmulas sectarias conduce a catástrofes para la humanidad, como es el caso de Cuba, donde se ha llegado a un «estado de prostitución generalizada», lo único que con dinero se puede adquirir, que no había existido en ese grado ni en el periodo más corrompido del pre-castrismo. Los voluntariados de caridad, poco apreciados por los poderes oficiales, son instrumento efectivo para corregir injusticias, por supuesto más necesario cuanto más amplias son éstas. En las próximas décadas será mayor el número de ancianos aislados, al desaparecer casi por completo la familia, su atención será difícil, con un coste insoportable para la sociedad oficial, y requerirá personas con «interés generoso de solidaridad social», que buscarán orientación y apoyo en instituciones religiosas. Este problema muestra —pero no es único— un área oculta de la sociedad civil, con hermandad y semilla de solidaridad voluntaria en sus diferentes variedades y alternativas.

Al voluntariado, de una u otra clase, se incorpora, a pesar de las innumerables alternativas egoístas, un gran número de jóvenes, en progresivo aumento, que aceptan sacrificarse por los necesitados de cualquier clase. No es en general efectiva la vinculación de voluntariado y acción oficial, como ha ocurrido en la Cruz Roja, que se pretendió extraer de la sociedad civil para traspasar a la oficial y cuyos problemas actuales sólo podrán resolverse devolviéndola, como en la mayor parte del mundo, a su verdadera condición de asociación voluntaria generosa, como otras directamente vinculadas a la Iglesia, CARITAS y MANOS UNIDAS, en las que el dinero aportado llega de modo más directo y con menores gastos intermediarios para atender a verdaderos necesitados. La orientación de las aportaciones sociales en el Ministerio de Asuntos Sociales de Matilde Fernández muestra la deformación de este concepto y la utilización de pretextos «sociales» para intereses sectarios, cuando no simplemente para favorecer a compañeros.

3. Solidaridad estructurada.

Para superar la crisis, consecuencia de la transición entre dos etapas de la humanidad, y para afrontar la globalización, se hace necesario un tipo de sociedad que sustituya a la de bienestar del siglo XX, que a los españoles sólo nos ha llegado en parte, pero no será posible sin sacrificio y sin alguna restricción de libertad. Esto puede lograrse con una estructuración de la solidaridad colectiva que mantenga el riesgo al individuo, sin lo que no seria ciudadano digno sino parásito de su comunidad; pero, al mismo tiempo, le proporciona unas «condiciones mínimas de protección» que evitan su miseria, con servicios básicos, de educación, salud y subsistencia económica.

Los gobiernos y estados deben financiar solamente necesidades básicas, colectivas e individuales, el resto corresponde directa o indirectamente a los propios hombres y mujeres a través del ahorro en sus diferentes modalidades y con reducción del consumo no indispensable. Cuando todo está resuelto no hay ahorro, pero lo habrá cuando el futuro de cada familia dependa del trabajo y riesgo personal, y con ello el de la nación y su dignidad ante la comunidad internacional.

Una solidaridad estructurada ofrece prestaciones mínimas garantizadas, financiadas con esfuerzo colectivo. Son mínimas para que puedan ser soportadas por el conjunto social, a diferencia de las de la sociedad de bienestar que siempre las quiere máximas, llovidas del cielo, sin pensar que son los ciudadanos los que las deben de algún modo soportar.

Estas prestaciones mínimas y limitadas no son útiles para conseguir comodidad; sólo ofrecen una parte de lo que los ciudadanos aspiran y hasta una parte de lo que realmente necesitan. Por ello, ofrecen simultáneamente:

- Tributación del trabajo y bienes individuales para financiar las necesidades colectivas, incluyendo las prestaciones mínimas de solidaridad.

- Acción individual de los interesados para atender a sus necesidades, a sus aspiraciones, o incluso a sus caprichos, con trabajo, duro o blando, cómodo o incómodo.

- Acciones generosas individuales de solidaridad, directas o indirectas, para ayudar a los ciudadanos que no tengan cabida en la sociedad mercantil, competitiva y cruel, con aportaciones voluntarias de trabajo o recursos. Es un sacrificio solidario que afortunadamente aun existe, abnegado, escondido e incomprendido, indispensable para esta nueva etapa de la humanidad.

La sociedad de solidaridad, o solidaridad estructurada, no será fácil y requiere limitar necesidades, no sólo lujos. Se considerará regresión, pero será salvación para los ciudadanos que de otro modo se verían en las mismas condiciones de más de la mitad de la humanidad actual. Reconocer la regresión como ideal resulta tan difícil como para los sindicatos reconocer que su objetivo debe ser limitar pero no evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus asociados y que es antisocial aspirar siempre a que éste aumente. Para que sea un éxito hace falta algo más:

- Sociedad civil potente, difícil, al menos en España, cuando desaparece la familia, y cuando es escaso el trabajo, que deja fuera de la vida activa social a los fracasados, o simplemente a los que no han triunfado, pero esa dificultad aumenta su necesidad; es un obstáculo que habrá que salvar.

- Máxima eliminación del despilfarro con gestión oficial muy austera que compense el coste y repercusión de las prestaciones y servicios solidarios en las cuentas nacionales.

- Alto nivel de sofisticación operativa, poco probable de alcanzar con gobiernos cuyos objetivos sean su propia organización, su nomenclatura o los funcionarios que la componen.

- Contenido religioso que estimule la acción voluntaria generosa en un ambiente de egoísmo generalizado. Los gobernantes y aspirantes a gobernantes deberían tenerlo en cuenta, pero esta afirmación hará sonreír a la mayor parte de las personas que poseen poder político o social.

- Sacrificio no sólo particular sino nacional, pues en el mundo globalizado los países no tendrán privilegios ni monopolios, y los que no lo acepten quedarán en el pelotón de los torpes o desaparecerán.

- Admisión de que la solidaridad tenga que globalizarse, no solamente con el vecino próximo o dentro de una región o nación, sino con carácter universal, como la Iglesia de Cristo, que incluye a todos los hombres, de todos los colores.

- Imposición de un «Estatuto de solidaridad» como principio básico, incluido o no en la Constitución, que refleje los derechos mínimos de los ciudadanos.

Su viabilidad dependerá de una estructura pública suficiente, flexible y transparente, que permita:

- Juzgar orgánica pero externamente la calidad de los servicios de solidaridad, evitando el monopolio de que juzguen los que ejecuten, con proceso endogámico burocratizador.

- Permitir alternativas no oficiales, con coste público semejante al de los servicios oficiales.

- Completar las prestaciones mínimas con aportaciones del propio ahorro o patrimonio de los usuarios.

Una sociedad solidaria exige siempre para ser real y no simple utopía ilusoria un entorno general adecuado para que las instituciones solidarias tengan un encuadre adecuado. En concreto, necesita:

- Gobierno justo en beneficio del conjunto de los ciudadanos, que sepa hacer frente a obligaciones colectivas de operatividad o de dignidad y a las de solidaridad.

- Posibilidad, directa o indirecta para que los ciudadanos acumulen un patrimonio que les permita financiar su bienestar, protegerse de la adversidad y financiar la ocupación de su ocio. Este patrimonio de los ciudadanos conformaría un patrimonio colectivo conveniente para el equilibrio de la economía nacional.

- Acción familiar, estimulada por un gobierno dispuesto a aprovechar todos los recursos, evitando límites dogmáticos de una determinada ideología, y que tenga en cuenta que la familia fuerte puede absorber costes sociales, como los de guarderías infantiles y residencias de ancianos, que de otro modo incrementarán las prestaciones de solidaridad.

- Acción caritativa inmediata, próxima y directa para ayuda a personas en dificultades subjetivas, fisiológicas o afectivas que no se eliminan con ninguna acción pública ni colectiva privada y que en general se promueve por estímulos religiosos y no obstaculizados por gobiernos celosos de su protagonismo.

Las «prestaciones públicas de solidaridad», vehículo y símbolo de acción colectiva solidaria, podrían ser tres principales: servicios de educación, servicios de salud y prestaciones de subsistencia económica. La prestación de vivienda que proponía el Plan Beveridge parece menos necesaria si no hay crecimiento y sí trabajo escaso, y en todo caso debería conseguirse con esfuerzo y ahorro individual, al que colaborasen las autoridades públicas, centrales y territoriales con fórmulas para facilitar accesos a la vivienda y para promover adecuados entornos urbanísticos.

La «sociedad de solidaridad», que así podría denominarse, debe reconocer que necesita el sacrificio de todos los ciudadanos para financiar sus servicios y prestaciones. Es su debilidad y su grandeza, porque sólo lo que se obtiene con esfuerzo es válido y duradero; ¿podremos construir en España una sociedad solidaria? ¿Tenemos fuerza interna moral para lograrlo? Tengo duda, pero no represento a la sociedad española, en la que, como en mi vida militar, me quedé en «soldado de primera», y me es difícil contribuir a que lo necesario sea posible. La diferencia de lo anterior con el fantasma ideal pasajero de la sociedad de bienestar es que ésta se suponía estaba a prueba de déficits públicos, desequilibrios presupuestarios y otros «obstáculos secundarios»; así llegó la crisis a países que creían en ese falso ideal.

Para mostrar lo que significa financiación pública de prestaciones solidarias, ofrezco una idea muy simplificada de la financiación colectiva nacional, que depende cada vez menos de la explotación de recursos naturales y más del trabajo y esfuerzo de diversa naturaleza de los ciudadanos. Pero si las fuentes son claras, tributación de rendimientos del trabajo, propiedades y loterías (forma astuta de tributación de ilusiones) es necesario saber cómo utiliza esos recursos una sociedad equilibrada. Sus gastos públicos podrían agruparse muy simplemente en tres áreas:

- De operación, para mantener representación y administración colectiva y gestión de servicios públicos de diferente naturaleza, central, territorial y municipal.

- De dignidad, para destinos que teóricamente podrían suprimirse, pero a costa de la independencia nacional y calidad básica institucional. Entre otros, defensa, cultura, ambiente, patrimonio histórico, representación oficial o exterior y otros semejantes.

- De solidaridad, para ofrecer a los ciudadanos prestaciones mínimas básicas y acceso gratuito a servicios que les eviten la miseria.

Los anteriores son los destinos reales de los ingresos públicos de una teórica sociedad solidaria. Los gobiernos tienen obligación de distribuirlos con equidad, sin abusos, despilfarro ni duplicidad, y los ciudadanos, con su influencia, donde exista, poner mayor o menor énfasis en aspectos determinados y aceptar la aportación equitativa que les corresponda.

Todo lo anterior es mi propia visión de una sociedad de solidaridad. Espero que a quien lo lea le sirva de utilidad, aunque sea para buscar mucha más luz de la que mis palabras ofrecen.

Contemplando el panorama actual de España, hay que temer que no será posible una satisfactoria sociedad de solidaridad sin una dramática revolución de gastos públicos, como en las grandes empresas en situación de grave crisis, que sólo rompiendo moldes rutinarios consiguen reducciones drásticas, naturalmente con reducción de empleo superfluo, única forma de restablecer el equilibrio. Como ejemplo de lo que no es compatible con este objetivo es la situación de Madrid, con un municipio principal de cuatro quintas partes de los habitantes de su provincia, que duplica sus costes con una absurda administración autonómica sólo útil para dar ocupación a políticos o funcionarios a cargo de los recursos nacionales y para crear fricciones de poderes que se solapan, lo que aún reduce más la efectividad de su actuación. Este caso permite pensar en otros muchos, que acrecientan dramáticamente el déficit público. ¿Se atreverá alguien a adoptar medidas para eliminar estos despilfarros, o simplemente se aprovechará cada ejemplo para instaurar otros paralelos que favorezcan a más amigos?

La sociedad de solidaridad requiere esfuerzo y sacrificio ciudadano, pero sobre todo sacrificio de la sociedad oficial, de los gobernantes y sus cohortes de clientes y recomendados. De esto no suelen hablar los populistas de izquierda o derecha; de esto se olvidan los demagogos de lo oficial, que influidos por Hegel anatematizan la sociedad civil que ofrece algo de libertad. No será posible esta sociedad con declaraciones teóricas que proponen ventajas pero esconden los sacrificios que implican y sus efectos futuros.

Esta sociedad no se constituye de modo automático, sino, en su caso, se formará paulatinamente, en razón de circunstancias concretas de cada momento, casi siempre imposibles de prever con anticipación, que hay que adaptar con firmeza a principios básicos, a los que hay que conquistar uno después de otro, como los españoles hicieron en la Edad Media para cristianizar durante ocho siglos su territorio.

4. Servicios públicos solidarios.

Incluyo en este epígrafe «prestaciones operativas», que requieren instalaciones propias, centrales o territoriales, para que los ciudadanos las utilicen de modo gratuito o con bajo coste, aunque coexistan con servicios alternativos «asociativos» o «mercantiles». Estas prestaciones son de dos áreas muy diferentes: «enseñanza y educación», y «salud o atención hospitalaria y sanitaria».

Su objetivo en ambos casos es ofrecer servicios directos, sin discriminación y con aceptable nivel de calidad, pero admitiendo que los ciudadanos puedan utilizar servicios alternativos cuyo coste a cargo oficial sea similar al directo, y en los que se admitan contribuciones de usuarios o de terceros para completarlos o mejorarlos. Con esto se consigue competencia de calidad y óptimo aprovechamiento de las aportaciones públicas y privadas.

Aunque la educación y salud sean áreas muy diferentes, representan un mismo fenómeno de obligación social colectiva que permite comentarlos de modo paralelo, considerando a ambos servicios públicos solidarios, que en su mayor parte se han de financiar con fondos públicos a cargo presupuestario y a los que tienen derecho básico los ciudadanos.

Parece sectaria o sofista la excesiva preocupación de «cómo» se han de gestionar estos servicios o prestaciones; lo principal es que hay que hacerlo, y lo secundario cómo hacerlo. Es en todo caso irreal, ingenuo o malintencionado, ofrecer fórmulas privadas taumatúrgicas como ha estado ocurriendo y hay peligro de que continúe. En algunos casos la gestión privada es más eficiente o más conveniente que la pública, en otros no. Es un problema pragmático, de buen gobierno. Por ejemplo, en España se ha encontrado para las prestaciones de Accidentes de Trabajo una fórmula satisfactoria de gestión privada, integrada en la Seguridad Social, con competencia en calidad de servicios y reducción de costes (esto último es discutible), que demuestra que las instituciones de «sociedad civil» pueden evitar el despilfarro, al estar menos afectadas por la politización y la burocratización, que las de gestión puramente oficial.

Lo importante no es eliminar o sustituir las instituciones públicas de gestión sino mejorarlas, evitar sus aspectos negativos y convertirlas en elementos activos al servicio de los ciudadanos. Hago algunas consideraciones para estos servicios, que podrían servir indistintamente a los de educación y a los de salud.

- Reconocer carácter público exclusivo a los servicios en que por su naturaleza esto sea claramente conveniente y difícil de reemplazar por una actuación autónoma, civil o mercantil.

- Implantar mecanismos independientes para el análisis objetivo y auditoría de gestión de servicios y costes, con autoridad imparcial emanada, no sólo cosméticamente, de la sociedad civil, no politizable, al estar completamente separada de los organismos centrales supervisores y de toda influencia de gobiernos y administraciones públicas, y, en su caso, de las privadas, con objetivo de mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos con el menor coste posible.

- Eliminar brutalmente costes marginales y despilfarro, evitando burocratismo y duplicidad de servicios territoriales cuando esto no representa alguna clase de ventaja.

- Evitar la influencia de los propios empleados y funcionarios de las instituciones gestoras, que desvirtúan su objetivo de servicio público, al subordinarlo a su comodidad, seguridad e incluso ideología, olvidando los intereses de los usuarios. Un ejemplo dramático es el declive del Servicio de Correos; en menor grado también lo es el exceso de costes y ausencia de calidad en algunas instituciones hospitalarias de la Seguridad Social. Otro es el de los servicios contra incendios forestales, que a las tres y media de la tarde y los fines de semana abandonan su vigilancia para atender a los «derechos personales» de quienes desempeñan esa función.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

El derecho a la educación debe garantizarse para que pueda ser ejercido libremente, pero exige esfuerzo de las familias afectadas, en especial en grados superiores, en que no se trata del derecho a un titulo universitario, ni a una enseñanza superior, sino de la posibilidad de aspirar a ello sin discriminación y con compensación por dificultades especiales. La enseñanza hasta los catorce años debe contemplarse como derecho y como deber, las restantes, en general, como derecho, con riesgo y necesidad «normal» de esfuerzo para acceder a ellas, sin desventaja teórica o práctica de unos y otros ciudadanos, salvo la que surja de situaciones objetivas.

La Administración Pública, central o territorial, debe ofrecer servicios, con instalaciones adecuadas para garantizarla, sin discriminación sectaria frente a alternativas religiosas o privadas, que participen en esta tarea en igualdad de condiciones, sin los «obstáculos» que se han querido justificar por pretendida superioridad de lo público frente a lo privado.

No será fácil afrontar aspiraciones de educación si éstas proceden de la demagogia, la envidia igualitaria, o de cada propia ideología. Se necesitaría un análisis preciso para determinar lo mejor para la colectividad, y en lo posible para cada ciudadano o clase de ellos.

Se han creado expectativas para una educación superior, como derecho indiscriminado, sin concreción de límites ni deberes correlativos, ofrecida con generosidad irresponsable, que contrasta con lo viable y conveniente, siempre limitado por razones económicas.

Para establecer una política educativa correcta y generosa, la que justifica sacrificios de solidaridad, hay que partir de unas bases que podrían ser las siguientes:

- La educación debe ser para algo, con un objetivo colectivo preciso, que ahora o no existe o se deteriora con una masificación ilimitada y sin docentes óptimos. Su objetivo es preparar a todos los ciudadanos para mejor aprovechar su capacidad y aptitudes, y para facilitar su integración digna en la vida colectiva, buscando la mejora individual, pero también la del conjunto social. Ambos objetivos no son siempre compatibles, ya que la sociedad tiene diferentes necesidades que requieren diferentes aptitudes individuales y diferentes grados de preparación previa y de esfuerzo físico o intelectual. Una educación con objetivo único de igualdad debilita una nación, como ha contribuido a los problemas de los países soviéticos.

- La política de educación debe adaptarse a las necesidades reales de la sociedad y mejor integración de ciudadanos, pero no a que cada uno tenga derecho absoluto a la educación que conduzca a trabajos de máxima remuneración y mínimo esfuerzo.

- Parece indispensable que la educación ponga al ciudadano en condiciones de comprender y conocer sus obligaciones en la vida social y afrontar decisiones políticas que eviten su manipulación por terceros, en contra no sólo de lo óptimo para la nación sino para el propio afectado. Por eso, la política educativa debe inculcar principios éticos, espirituales y religiosos, a fin de crear personas efectivas en su trabajo y, sobre todo, con ejemplaridad en su conducta pública e individual.

- Se está orientando la educación a lo científico y tecnológico, casi prescindiendo de las humanidades, en la idea irreal de que habrá más empleos «tecnológicos» que de esa clase. Las humanidades son imprescindibles para todos, aunque se carezca de empleo, y contribuyen a lograr una sociedad mejor. Además, es previsible que el número de empleos «científicos» se reduzca como consecuencia de la propia tecnología que sustituye el trabajo individual necesario para cada función y que aparezcan numerosos empleos que aconsejen o exijan conocimiento de «humanidades», calidad de expresión, conocimiento de la historia y raíces de cada nación, razas y áreas geográficas: comunicación, turismo, atención al público en diferentes actividades y sin duda varias otras.

- La educación protegida debe evitar que se pierdan las cualidades excepcionales de algunas personas en áreas de investigación y conocimiento de la verdad, científica o de otra clase, pero con consideración diferente al de la educación general.

La política oficial educativa de estas dos últimas décadas ha sido sectaria y en varios aspectos contraria al interés futuro de nuestro país. Sus resultados han llevado a lo siguiente:

- El nivel de lectura ha disminuido y cada vez se leen menos libros, salvo los excepcionales o con alguna clase de escándalo.

- El nivel de ortografía entre universitarios ha caído sustancialmente. Un abogado atribuía la desaparición de notas manuscritas en su profesión a que la mayor parte de sus colegas las evitan para no difundir su deficiencia en ese terreno. Parece que sobre esto se está comenzando a actuar, dándose especial importancia a la ortografía en los exámenes de «selectividad», fórmula que aplaudo.

- Los conocimientos históricos, culturales y de humanidades se arrinconan para dedicar más tiempo a los que se creen más útiles, sin carácter cultural, cuando bastantes de esos conocimientos «útiles» son adquiribles en brevísimo espacio de tiempo, con «saltos de la edad de piedra a ordenador personal», de que es ejemplo la participación en industrias de tecnología de personas con muy bajo nivel de cultura.

- La educación de «valores» se ha eliminado prácticamente y en algún caso perseguido. La afirmación de Manuel Azaña de que España había dejado de ser católica se ha convertido en realidad, por razones sociológicas pero también por objetivo específico de política educativa del Gobierno, extendida a los medios de comunicación.

La educación tiene varios grados y posibles variedades. No es necesario ni sería posible describirlas ni comentarlas en este momento, pero sí señalar que convendría elaborar un mapa integral con descripción aceptable de las instituciones de esta clase en nuestro país, de que se debería partir para mejorarlas en cuanto sea posible y para integrarlas en un «plan general de solidaridad educativa», que no regatee lo necesario pero evite lo superfluo o duplicado.

En líneas generales la educación ofrece cuatro niveles: el primario básico obligatorio; el secundario, que puede ser optativo aunque se debería generalizar; el terciario o universitario, que debe ser optativo y requerir esfuerzo y sacrificio individual y familiar; y el profesional o técnico, que capacita para actividades precisas indispensables para la sociedad aunque tenga inferior nivel de aceptación general. Se plantea la duda de si la educación profesional debe tener carácter generalizado o es preferible considerarla obligación de los «empleadores» públicos o privados para facilitar la adaptación a nuevas situaciones.

A las anteriores categorías generales se está añadiendo otra de carácter discutible: la atención de los niños en la primera edad cuando su madre está ausente y ha desaparecido la familia extendida, que antes desempeñaba esa función. No parece que esta necesidad exija una «prestación pública de solidaridad», cuando procede de un acto de insolidaridad familiar.

Para atender a las exigencias de educación se necesitan instituciones de naturaleza diferente, pública, religiosa, asociativa o mercantil, que aconsejan algunos comentarios:

- Responsabilidad de los gobiernos para amparar los derechos ciudadanos de educación y vigilar desviaciones en ejecución por motivos lingüísticos, religiosos, etc., o por el tipo de institución «operadora» de educación.

- Obligación de financiarlas con recursos públicos, evitando discriminación por considerar inferior lo no «oficial», que justifica aportaciones inferiores. La obligación de las autoridades públicas, nacionales o territoriales, sería evitar desviaciones en calidad y en fraude, tanto en las actuaciones oficiales como en las privadas. A veces se han subvencionado acciones educativas dudosas, gestionadas por amigos (como ha salido a la luz en un determinado escándalo), regateándolas a instituciones con actuación generosa y costes bajos, como muchas de carácter religioso.

- Exigencia de transparencia en las instituciones educativas, públicas o privadas, para que se conozca la relación entre recursos utilizados y servicios ofrecidos.

- Participación de los padres en las instituciones de enseñanza primaria.

- Criterios claros de responsabilidad educativa en los tres niveles de gestión pública, central, autónoma y municipal, evitando duplicidades que aumentan costes de modo innecesario.

El análisis de lo comentado, a pesar de su generalidad, muestra la complejidad de una política objetiva educativa y el esfuerzo que requiere, no sólo económico sino organizativo. Es difícil la definición de los «servicios solidarios» de esta naturaleza, la descripción de los que exigen participación de los interesados o sus familias en su financiación, de la necesidad de atención pública de algunas situaciones especiales y de las situaciones de financiación selectiva en razón del esfuerzo y las aptitudes individuales. En todos los casos hay que tener en cuenta los límites económicos públicos y evitar que sea la envidia o la demagogia las que determinen las ofertas de educación.

Para llegar a un sistema de prestaciones solidarias de educación hay que partir del mapa a que antes he aludido, que se refiera a realidades, necesidades, recursos no bien utilizados y coste de cualquier discriminación ¿Será posible un sistema sin obstáculos sectarios, únicamente teniendo en cuenta necesidades objetivas, costes efectivos y posibilidades presupuestarias? En todo caso, se hace indispensable para el siglo XXI una nueva política nacional en este área que tenga en cuenta el coste real de las prestaciones solidarias con ese objetivo, introduciendo fórmulas de «presupuesto cero» que permita determinar el coste ideal público de cada modalidad en cada área geográfica.

La política de educación, aun con máxima claridad e información, será muy discutida, sobre todo en cuanto a la determinación de los servicios educativos a cargo del erario público y los que deban ser financiados por interesados y familias. No creo que haya fórmulas «dogmáticas» claras y en todo caso yo no me atrevo a opinar sobre ellas; por ello, quiero terminar diciendo que lo fundamental es admitir que toda prestación o servicio educativo tiene un coste público y en general un coste privado, y que no es posible una oferta solidaria sin tener esto en cuenta e ignorar cómo se puede financiar colectivamente.

SERVICIOS DE SALUD.

Es amplio el campo de las prestaciones para proteger de la enfermedad y circunstancias que afectan a la salud. Su contenido es diverso e incluye prevención, rehabilitación de consecuencias e incluso acciones públicas o privadas ambientales que eviten perjuicios futuros para la salud, evitando la exageración, como la que llevaría a considerar indispensable invertir un «dos por ciento» de la riqueza nacional para conseguir un «uno por mil» de mejora en el promedio de vida. Sin prudencia no cabe equilibrio en éste y otros muchos aspectos y el objetivo de reducción de costes implica limitar lo superfluo y evitar exageraciones radicales.

Recuerdo, por consecuencias personales y profesionales, el establecimiento en España, en 1943, del seguro obligatorio de enfermedad, acontecimiento de especial importancia, de que procede el sistema actual de salud. Es curioso que cuando en 1993 habían transcurrido cincuenta años no haya habido un recordatorio de esa efeméride ni de la persona de José Antonio Girón, que todavía vive, promotor, con audacia y quizás imprudencia, de esta gran iniciativa. La empresa a la que he dedicado muchos años, MAPFRE, tuvo el encargo, en 1943, por amistad de ese Ministro con su entonces máximo ejecutivo, Isidro de Gregorio, de implantar la cobertura de Enfermedad en los medios rurales, más difícil que en las ciudades. Se efectuó de modo satisfactorio para la época, pero llevó a MAPFRE a una situación práctica de quiebra, causa de que me seleccionasen para conseguir su supervivencia, como así ocurrió. La MAPFRE actual y mi actuación en ella pueden así considerarse efecto no previsto de una crisis en la creación del Seguro español de Enfermedad.

Estos servicios tienen en España nivel claramente digno respecto a otras naciones occidentales, aunque aumentan permanentemente sus necesidades con el mayor promedio de vida y la sofisticación de los métodos e instrumentos de tratamiento, de coste muy superior a los de hace cincuenta años. Parece posible reducir gastos relativos y evitar despilfarro con utilización prudente de instituciones ajenas al INSALUD.

La protección de la salud es objetivo de honor de los países desarrollados, pero sus prestaciones son muy costosas; en bastantes casos es aconsejable que sus servicios sean oficiales, pero no como principio general; incluso se debe estimular que puedan ser privados si mejora su calidad o, con la misma, se reduce costes. Las instituciones públicas de salud están en bastantes casos dominadas por sus propios técnicos y empleados, con fuerza endogámica coactiva para imponer o admitir normas de trabajo que aumentan los costes y perjudican la calidad, olvidando que están al servicio de la comunidad y no viceversa, como cuando impiden que se adopten principios normales de eficacia y, sobre todo, cuando se privilegian sistemas de trabajo que encarecen o dificultan el servicio. Por ello, sería conveniente, como en los servicios solidarios de educación, un sistema independiente de análisis objetivo y auditoría efectiva de unidades hospitalarias que analicen y comparen cada unidad y las desviaciones de costes o calidad que en ellas aparezcan.

Es sin duda mejorable la gestión en los hospitales públicos, pero también la gestión privada tiene aspectos negativos. Sólo con transparencia asistencial y hospitalaria se advertirán inmediatamente las desviaciones en calidad, costes, ratios de empleados, etc. Desafortunadamente, no hay conciencia de que esto sea necesario y en bastantes ocasiones se subordina el interés general a la ideología y las relaciones políticas o de amistad.

Las prestaciones de salud sólo excepcionalmente deberán centralizarse en grandes unidades, «dinosaurios» en la práctica, sino más bien extenderlas para que la asistencia esté próxima a los enfermos y se facilite la utilización de servicios privados para completar y extender la acción facultativa.

Es lógico que los profesionales médicos traten de mantener su nivel de ingresos, aun en perjuicio del conjunto de los ciudadanos, pero deben tener conciencia de esta situación y de que paulatinamente se reducirá su nivel diferencial de compensación. Lo mismo ocurre con los servicios farmacéuticos en sus varios niveles, laboratorios y sus distribuidores, que deberán aumentar su productividad en beneficio general de la reducción de costes. En ellos cabría una acción con métodos «López de Arriortúa» para que reconozcan la necesidad de mejora interna y dejen de creer que su despilfarro o ineficacia, donde existan, deban ser soportados por el erario público.

Será conveniente que los usuarios participen en algunos costes para reducir abusos, y que paguen total o parcialmente los servicios utilizados, considerando estas medidas como necesidad pragmática de interés general y no como violación de aparentes principios superiores, en general utilizados hipócritamente.

La protección de salud se complica con ancianos desprotegidos cuya familia no existe o se despreocupa y que necesitan alguna clase de hospitalización. Es otra consecuencia de la desaparición de la familia. Es insostenible que actos como el aborto se consideren derechos básicos integrados en la Seguridad Social, lo que significaría política nacional para su estímulo, no sólo tolerancia para su práctica. En otros problemas no debo ni quiero entrar, pero si apuntarlos: ¿cuál es el límite de la medicina preventiva?, ¿cómo repercute la medicina defensiva?, ¿cómo se debe impartir la medicina terminal? Son temas de futuro para lograr mejor aprovechamiento de instalaciones y evitar duplicidades que aconsejan estudios objetivos de gobiernos e instituciones o personas afectadas.

Una política sanitaria exige también, como en la educación, la preparación de un adecuado mapa de centros hospitalarios y sanitarios para facilitar una comparación homogénea en costes y resultados, como fórmula de estimular su eficacia. Será el mejor o único instrumento para conseguir prestaciones de salud dentro de los límites del presupuesto nacional. En especial, será indispensable un estudio completo de servicios y constancia de los que se pueden considerar «discutibles», con objeto de encuadrar el coste necesario oficial de estos servicios, que debe ser integral, eliminando barreras histórico-burocráticas para su encuadramiento correcto en el conjunto y en sus niveles centrales y territoriales. ¿Será posible hacerlo sin demagogia ni guerra a muerte de intereses sectoriales o personales contradictorios? Es un gran reto, pero forma parte de la reforma de la estructura pública y de servicios que necesita la sociedad universal.

La gran duda, donde la política sanitaria constituirá un mayor objeto de discusión política, será distinguir entre las prestaciones médico-hospitalarias que se consideran «prestaciones absolutas de solidaridad» y aquéllas en que deberían participar los usuarios, de modo parcial o total. Las prestaciones de salud tienen que financiarse a cargo de los ingresos públicos y hay que adoptar medidas para que las menos necesarias o caprichosas no desequilibren el presupuesto nacional. Esta es precisamente la diferencia entre las prestaciones de bienestar y las de solidaridad, que hay que cuantificar minuciosamente para eliminar costes superfluos antisociales y concentrarse en los realmente indispensables.

5. Prestaciones de subsistencia solidaria.

Durante los últimos cien años se han ido acumulando en la sociedad española diversas prestaciones económicas procedentes del seguro de Vida, o de derechos de jubilación o similares a que se hubiese contribuido, en la Administración Pública o en las empresas; o de prestaciones dinerarias del Instituto Nacional de Previsión, o de Montepíos de diversa naturaleza creados por sectores de funcionarios o de profesionales liberales. Ultimamente han aparecido prestaciones oficiales para combatir el desempleo, como las del INEM, o para ciertas clases de paro estructural, las que ofrecen el PER y semejantes. No trato de describirlas sino sólo indicarlas para ver cómo se ha llegado en España a una situación desconocida anteriormente de distribución de riqueza a través de prestaciones oficiales, que han contribuido a un nivel satisfactorio de paz social pero con amenaza de desequilibrio económico.

Con la crisis, de diferentes orígenes, coyuntural, estructural y de trabajo globalizado, se ha advertido, y no sólo en España, que se había terminado la situación general de bienestar, pues no era posible financiarla con los recursos públicos, ni aun renunciando o debilitando objetivos indispensables para la defensa nacional, inversiones públicas, historia, cultura, etc.

Se ha comenzado a admitir lo que ya se intuía, que resulta vital el equilibrio de recursos públicos, pues si se altera con ofertas excesivas se promueve empobrecimiento, como ocurre en las familias cuando derrochan en un período a costa de debilitarse o desaparecer en el siguiente.

Una ventaja de la globalización y de la integración de países en estructuras como la Unión Europea, es que obliga a una disciplina e impide que los gobiernos, presionados electoralmente, dediquen recursos públicos para compensar pérdidas de empresas, sectores o actividades a costa del futuro. Pero la política de restricción en los gastos produce una situación general de desempleo y exige dedicar recursos públicos para prestaciones que evitan indigencia, que comienzan con las de familia, por número de hijos o de otra clase, continúan con ayudas para la formación en el trabajo y, sobre todo, para situaciones de desempleo por circunstancias objetivas, por incapacidad subjetiva o por edad.

Estas prestaciones pueden ser muy diversas; algunas sólo para evitar la miseria; otras para lograr una situación económica paralela a la adquirida con empleo, o para protección en la ancianidad solitaria. El problema actual es que estas prestaciones oficiales no son suficientes para alcanzar bienestar sin el propio esfuerzo complementario.

En cada circunstancia existen fórmulas distintas para estas prestaciones; un principio fundamental es que no impidan buscar trabajo, considerando antisocial que falte interés para ello. Estas prestaciones se deben tratar como tales y no con fórmulas indirectas como las del PER y otras que impiden visión real de la situación y están sujetas a fricciones e incidencias.

De modo directo o indirecto, el complemento a las prestaciones públicas de subsistencia solidaria debe correr a cargo de los propios interesados mediante el ahorro y la reducción de consumo, base para el equilibrio de una economía nacional, salvo la anormal de «descubrimiento de pozos de petróleo» o bonanzas, donaciones de la Providencia, sin continuidad ni estabilidad, milagros con que no se puede contar.

Es fácil un enunciado general como el anterior, pero un plan orgánico de estas prestaciones exige un trabajo complejo y muy técnico, con utilización de medios informáticos sofisticados para medir económicamente su coste global, que a su vez pueda individualizarse con la integración de todo ciudadano en una amplia base de datos, y pérdida de su intimidad, efecto perverso que aparece en todas las acciones sociales y de algún modo constituye el drama de la sociedad occidental y de la futura sociedad universal.

Este área de «subsistencia solidaria» aconseja prestaciones económicas gestionadas públicamente, pues podrían ofrecerse con coste mínimo, aprovechando redes de servicios bancarios o de ahorro. En cambio, los complementos voluntarios individuales aconsejan el uso de instrumentos comerciales o asociativos que actúen competitivamente.

La nueva informática permite la existencia de instrumentos de interconexión de información, de supervisión permanente de gestión, sin casi necesidad de burocracia intermediaria. Además, esto hace posible el análisis permanente de la calidad y la gestión muy transparente para que puedan ser juzgadas y analizadas sus desviaciones.

Estas prestaciones de «subsistencia solidaria» se tendrán que financiar con los impuestos de los ciudadanos, y esto obliga a que sean mínimas, según se considere soportable: para evitar la «absoluta pobreza», o para garantizar un «mínimo digno», que cada país debe cuantificar, para que puedan ser soportadas públicamente sin peligro para la estabilidad económica y la competitividad nacional.

Aparte de los recursos que cada ciudadano pueda obtener con sacrificio personal y ahorro para el futuro, existirán también prestaciones complementarias, de cese o jubilación, que ofrezcan algunas empresas a sus trabajadores o directivos a cargo de su propio patrimonio, normalmente contratadas con entidades especializadas. Este es un riesgo de futuro que cada empresa debe procurar no represente una carga insoportable en períodos de dificultad o crisis.

Es difícil determinar la estructura ideal de estas prestaciones, pero por mera lógica parece que agrupando lo que existe, ordenándolo y eliminando duplicidades serán posibles las fórmulas satisfactorias que procedan de circunstancias históricas, influencia de poderes concretos o situaciones propias de regiones y que se adapten al futuro. El acierto en este objetivo será tarea importante del próximo siglo.

Las recomendaciones del famoso Plan Beveridge aspiraban a la solidaridad colectiva, aunque luego, por diferentes razones, se utilizaron métodos basados en la cotización de los que disfrutaban de un empleo, no del resto de los ciudadanos. Esto era aceptable en un supuesto de «pleno empleo» o bienestar, que se consiguió durante unos treinta años. Pero al transformarse el empleo en un bien escaso, y con previsible disminución de los ingresos reales de trabajo, no parece apropiado que las prestaciones públicas de subsistencia se vinculen al empleo sino que se financien en su mayor parte con tributos.

Cualquier sistema, aun realmente equitativo y suficiente, producirá críticas, incluso justificadas, como la democracia parlamentaria, que tiene muchos defectos pero que no se encuentra otro mejor. No se trata de ofrecer milagros, sino fórmulas que permitan evitar la miseria indigna, aun reconociendo el derecho de cada ciudadano bajo su propia responsabilidad a vivir miserablemente, por deseo o por error, que haga inevitable su marginación, otro gran protagonista de la futura sociedad occidental.

El sistema que conocemos en España me parece insatisfactorio por lo siguiente:

- Tolera sectores limitados de trabajadores protegidos sindicalmente contra el desempleo, con un alto coste para la comunidad, que no se aplica a la mayor parte de los restantes.

- Reduce en bastantes casos el interés por la búsqueda de trabajo, con efecto social negativo.

- Su importe excede de los recursos nacionales y produce déficit, que equivale a empobrecimiento posterior.

- Desestimula la aportación a cada futuro individual, cuando esto, obtenido con sacrificio y ahorro, beneficia a la comunidad, al incrementar el patrimonio colectivo, suma de los individuales.

- Induce a perder hábitos de trabajo a amplias capas sociales o regionales para convertirlos en núcleos parásitos.

Para afrontar estos aspectos negativos y hacer posible un plan orgánico de subsistencia solidaria será necesario modificar un espectro amplio de derechos y situaciones:

- De continuidad y alta indemnización por pérdida de trabajo.

- De desempleo proporcional a los ingresos en el trabajo, salvo acuerdo bilateral especial.

- De prestaciones PER y similares, que discriminan ciertas áreas y regiones.

- De retiro, en función del tiempo y retribuciones en el trabajo; cuyo exceso sobre los mínimos deben ser obtenidos con ahorro individual.

- De indigencia, en la vejez o simple carencia de ingresos de trabajo en cualquier momento, que deben integrarse en un plan general de prestaciones de solidaridad.

Se podría extender la anterior relación, pero debe advertirse que no se trata de un cambio táctico circunstancial sino de una verdadera revolución social de carácter amplio y profundo, que de algún modo tendrán que afrontar la mayor parte de las naciones como consecuencia de la globalización y de la Edad Universal.

Cualquiera que sea la fórmula definitiva con que se organicen las «prestaciones de subsistencia solidaria», operación compleja que requiere tiempo de reflexión y elección adecuada para el momento de su aplicación, es inevitable que transcurra un largo periodo para efectuar el traspaso de una sociedad opulenta a una sociedad austera aunque mínimamente suficiente. Este cambio, que afecta menos a las prestaciones de educación y salud, será complejo y penoso para las de subsistencia, relacionadas con desempleo y pensiones; hará inevitables traumas individuales, y probablemente no se logrará sin un gran impacto negativo colectivo que obligue a fórmulas que sería imposible se aceptasen voluntariamente en períodos normales.

Un tema especial serán los derechos adquiridos, para los que de un modo u otro se había cotizado, amenazados si el Estado carece de recursos. El riesgo no está en que se suspendan los pagos de pensiones sino que para atenderlos se desarrolle una política inflacionista que reduzca el poder adquisitivo de las pensiones acordadas, al tiempo que el de los trabajadores activos. Ocurre cuando una nación se empobrece por despilfarro de sus gobiernos o por coacciones sindicales para obtener más de lo posible hasta que la «cuerda se rompa», o simplemente, sin culpa para los gobiernos, por empobrecimiento a causa de circunstancias objetivas ajenas a su propia gestión.

Estas dificultades de transición, agravadas por la escasez de trabajo regular, pueden durar algunas décadas, hasta que la sociedad se «ajuste», como en otras ocasiones, a lo que tiene y puede, y olvide la comparación con tiempos excepcionales de afluencia.

Los menores ingresos por desempleo y jubilación producirán reducción de bienestar, reducción de consumo y obligarán a la acumulación de ahorro de los propios ciudadanos. ¿Será esto posible, o se luchará violentamente para defender situaciones pasadas que no pueden continuar?

En cualquier caso, el futuro implicará regresión y habrá que estudiar cómo hacerla «aceptable». En realidad este futuro ya ha empezado, con innumerables manifestaciones que estamos conociendo, y no es ni será consecuencia de la política de un equipo de gobernantes, sino de una realidad que se ha querido ignorar demasiado tiempo y cuya responsabilidad se desplaza con frecuencia al «adversario». Se trata del traspaso de una sociedad egoísta, en que todo se creía posible sin responsabilidad y con libertad absoluta para los ciudadanos, a otra sociedad con escasez de medios y de retribuciones, y que necesitará nuevos métodos de trabajo y fórmulas para el ocio y para el post-trabajo.

Para este análisis de futuro recomiendo un trabajo recientemente aparecido en la Revista Futuribles del mes de febrero de 1994, del profesor Philippe Van Parissi, de la Universidad de Lovaina, titulado «Además de la solidaridad». Adopta una interpretación relativamente suave de la igualación y precariedad de recursos, destacando la importancia de la prestación universal en un estado de solidaridad en que todos puedan subsistir, teniendo en cuenta la subsistencia más costosa de los discapacitados, y señalando que si esa prestación está financiada por la nación el derecho a ella desaparece cuando la nación carece de recursos suficientes para atenderlo.

La incógnita es conocer si España tendrá recursos en el siglo XXI para garantizar la existencia digna de sus ciudadanos, con regresión suave, o si la situación exigirá regresión dramática, que nos haría volver a una situación de miseria compartida. España ha tenido recursos para evitar esto último, aunque lo haya hecho desigualmente y sin completa equidad. En todo caso, parece obvio que sólo tendremos recursos suficientes para financiar la subsistencia digna de ciudadanos si estos aceptan sacrificios y si al mismo tiempo se optimizan los esfuerzos para una gestión pública muy austera y efectiva.

Para implantar cualquier plan objetivo y equitativo de estas prestaciones solidarias no sólo hace falta buena voluntad y acierto en los planteamientos generales, sino conocimiento preciso cuantificado de la realidad actual y del coste de las fórmulas que se propongan, que serán las que indiquen lo que es posible y que servirán para oponerse a las actitudes demagógicas de los políticos, buscando su «propia subsistencia» a corto plazo, aunque perjudiquen una política nacional de futuro estable.

VI. Globalización.

Desde la caída del Muro de Berlín y del socialismo en la Europa del Este se ha acelerado el proceso de globalización de la humanidad, con información inmediata integral entre todos los pueblos, que producirá impactos profundos en nuestros hábitos, métodos de actuación y mercados laborales.

Es el fenómeno más importante de este fin de siglo y lo será de todo el próximo, con efectos difíciles de anticipar, ya que también es mayor la rapidez en los cambios sociales, que cada día nos sorprenden y encuentran desprevenidos.

La globalización es consecuencia de avances científicos y tecnológicos y de la Caja de Pandora que han abierto; pero, sobre todo, de la voluntad del hombre, siempre con deseo de saber, mejorar y transformar, agudizada desde que tiene conciencia de que el cambio es posible, que ignoraba antes del siglo XX.

La globalización derrumba comodidad, rompe esquemas y rutinas, elimina privilegios y aumenta riesgos a comunidades políticas, empresas e instituciones y también a cada ciudadano. Tiene especial impacto en la vida laboral, que se abre a trabajadores de otros pueblos acostumbrados a ingresos reducidos. En los próximos treinta años la globalización convertirá el empleo en un bien escaso o mal remunerado, que reducirá niveles acostumbrados de poder adquisitivo que se querría aumentar. La cláusula social que los países occidentales introduzcan en sus acuerdos comerciales, poco servirá para contener esta avalancha y no se podrá aplicar, salvo con retroceso brutal de la evolución previsible.

Se derribarán barreras étnicas y culturales, para bien o para mal, y se tenderá a crear, muy paulatinamente, etnias más globalizadas, con reducción del monopolio occidental, que con menos prerrogativas se integrará con las que hasta ahora despreciaba y creía inferiores. En España la globalización nos acercará al Magreb y a Iberoamérica al tiempo que perdemos influencia política e industrial en Europa; hecho para el que no nos hemos preparado a tiempo, pero también factor positivo, pues conduce a la realidad y obliga en España a decidir lo que queremos ser:

- Pueblo de trabajo, ciencia y responsabilidad.

- Pueblo con liderazgo para influir en la humanidad.

- Pueblo de egoísmo sin límites.

- Pueblo servidor de otros pueblos.

La globalización no se detiene, es irreversible, como ha sido la desaparición de centenares de culturas autóctonas en los últimos cien años. Si no reflexionamos para hacer navegable su ruta, nos destruirá mientras discutimos de galgos o podencos.

La duda está en si su efecto será la occidentalización de toda la humanidad, con sus principios, costumbres y normas, o por el contrario la pérdida de influencia occidental, minoritaria con decreciente poder e imagen.

1. Concepto.

Surge en estos años una palabra característica de la vida social futura, la de «globalización», o conjunto de actuaciones que originadas por el desarrollo científico y tecnológico acercan unos pueblos a otros, y que por primera vez en la historia pone a todos en estrecho e inmediato contacto, abriendo camino hacia una humanidad realmente universal. En algunos casos se refiere a aspectos económicos y mundialización del fenómeno conjunto, pero es más descriptivo el que se relaciona con el famoso concepto de global village, nueva humanidad sin fronteras en que todos conocen y pueden acceder a todo, al menos hipotéticamente. Este fenómeno se hace inevitable con la comunicación instantánea y automática que difunde en pocos segundos informaciones y noticias. La CNN ha sido su símbolo.

A esta situación se ha llegado, sin decisión política, con una apertura social cuyas consecuencias no se pueden ya detener. Ha ido apareciendo a lo largo de este siglo XX, y cabe prever que se acelere en el XXI, lo que aconseja reflexionar sobre lo que representa en nuestra civilización y, sobre todo, en nuestro entorno más o menos próximo. Es materia de interés para responsables sociales y políticos en las próximas décadas. Esta «reflexión», en marco institucional apropiado, querría destacar su importancia, que abre camino a la nueva etapa de la humanidad, que debería denominarse Edad Universal.

La globalización no se inicia por generación espontánea en un determinado día; es consecuencia lenta de una serie de situaciones casi inadvertidas. Cuando un beduino en el desierto sigue la serie Dallas, se produce un fenómeno de globalización, las imágenes en la Guerra del Golfo, podrían considerarse su «doctorado». Su origen real está en los avances científicos y tecnológicos difundidos en su mayor parte por empresas transnacionales que actúan como cadena de transmisión.

La globalización es un proceso unificador que homogeneiza pueblos y culturas con la creencia dominante en la sociedad occidental de que son «salvajes» de uno u otro modo o intensidad los pueblos y naciones que no admitan sus dogmas, principalmente derechos humanos, sufragio universal parlamentario, remuneraciones mínimas y complementos sociales dentro de las naciones que ofrezcan a los occidentales sus productos y servicios. Esta actitud hace preferir al pueblo judío frente a los musulmanes que le circundan, en cuanto estos no aceptan principios occidentales. Así se manifiesta el complejo de superioridad, semejante al que se dice tenían los ingleses en el siglo XIX y que podría calificarse como «desprecio al hombre», a los que no son como ellos mismos.

Cabría entender la globalización como proceso creciente de aculturación general, ya que Occidente sólo ofrece una aséptica ausencia de cultura, con algunos principios tabú como los citados, que se supone habría que imponer en la futura humanidad. No se sabe qué pasará de contradicciones como exagerar la preocupación por el tabaco, al tiempo que se rechaza, como en Estados Unidos, medidas para impedir la proliferación de armas entre ciudadanos.

La cultura implica preceptos espirituales y religiosos, creencias inmanentes comunes, y no solamente normas concretas que pueda modificar un parlamento, lo que implicaría además que la humanidad se subordinase a los movimientos radicales de Estados Unidos, que de algún modo aspiran a imponer sus criterios y opiniones en la vida de todos los pueblos.

Los esquimales, que hasta hace pocas décadas vivían prácticamente sin contacto exterior, en muy pequeñas aglomeraciones, manteniendo su orgullo y su propia idiosincrasia, no son invadidos por otras culturas, sino que olvidan la suya y como en casos análogos, especialmente en Amazonia y Nueva Guinea, se encuentran con que de un modo u otro desaparecen. Pero esto sólo interesa realmente a los estudiosos de arqueología de razas y culturas, como a los entomólogos les interesan los insectos y su evolución desde la prehistoria. Es un efecto perverso de la globalización de la humanidad, que hace pensar menos en defensa de culturas humanas que en la extinción de los tigres reales, las ballenas, los osos grises y alguna otra especie animal convertidos en focos mundiales de atención, que no consiguió Ruanda hasta la apoteosis de su holocausto.

La globalización no es un proceso nuevo, en realidad se inició hace casi dos mil años, con el Cristianismo, al establecer, en una sociedad racista como la judía, la igualdad de todos los hombres ante Dios y entre ellos, como prójimos unidos por el hecho de nacer. La «aportación» del Nuevo Testamento, claramente diferenciado del Antiguo, abrió una sociedad y una raza cerrada a todos los pueblos. Se fue extendiendo con implantación paulatina en los territorios de Roma, en especial desde la conversión de Santa Elena, madre de Constantino, que hizo al Cristianismo religión oficial del Imperio, con lo que lo europeizó e hizo impulsor de la Europa actual, extendiéndose por Oriente Medio y el Norte de África donde todavía quedan huellas de su presencia.

El salto adelante de la globalización se produjo en el siglo XV con el «Encuentro - Descubrimiento» y después conquista y colonización de América, que amplió el ámbito del mundo occidental con una globalización limitada que recibió otro impulso dramático en el siglo XVIII con el desarrollo científico e industrial y la declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Pero sólo ha sido en estos últimos cincuenta años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de comunicaciones, sobre todo al acabar la Guerra Fría, cuando la globalización ha roto barreras políticas y abre un camino implacable a todo el siglo XXI y próximo milenio.

Resulta paradójico que en esta situación los futurólogos se contenten con estudiar los próximos veinticinco o cincuenta años, utilizando extrapolaciones del pasado referidas al veinte por ciento Occidental de la humanidad. En cambio olvidan desviaciones, riesgos, esperanzas y temores para nuestra propia estructura socio política y la de nuestros descendientes. El análisis regular de dos revistas, que sólo se dedican al tema, Futures, en Gran Bretaña, y Futuribles, en Francia, advierte que sus artículos y reseñas bibliográficas apenas comentan la repercusión sociopolítica de la reducción poblacional relativa de Occidente, ni la del precio del trabajo en los países occidentales. Solamente, el historiador Paul Kennedy, de Yale, comienza a analizar este fenómeno que, de todos modos, surge ocasional o parcial en muchos artículos, comentarios y disertaciones.

La globalización, ahora posible, antes no lo era, avanza, no sin sangre y violencia, con repercusiones políticas variadas e inesperadas, en progreso constante. El mundo pasará a ser otro, no reconocible dentro de cien o quizás cincuenta años. Sus efectos no serán simultáneos ni con la misma intensidad en todas las áreas geográficas ni sociológicas, y tardarán más en penetrar en naciones como India y China, por razones idiomáticas o culturales más profundas. Ocurrirá lo contrario con Europa y América, precisamente por su tradición de libertad, y porque en ellas y entre ellas repercuten con rapidez hechos de esta clase. Pero se producirán sin duda consecuencias imprevistas y distintas a las que hoy parecen lógicas.

La globalización también puede considerarse como «el conjunto de circunstancias que tienden a unificar etnias, culturas y estructuras de diferentes pueblos, aún muy remotos hasta ahora, orientándolos a conductas homogéneas». La nueva humanidad surgirá de su ósmosis permanente de actitudes y culturas autónomas, muchas por aislamiento geográfico, que en la Edad Universal desaparecen o se concentran.

La globalización se estimula con libertad y reconocimiento generalizado de derechos del individuo; y se detiene con violencia individual y colectiva que acaba en dictadura de mayor o menor duración y extensión geográfica y de que son muestra destacada las crecientes manifestaciones de xenofobia y otras reacciones antiglobalizadoras.

Su continuación deseable y lógica seria «globalización equitativa integral», con desaparición lenta de muchas culturas y tendencia a concentrar razas, pero también podría ser servidumbre de pueblos, como hace temer algún último acontecimiento. Toda actividad proteccionista en muy diferentes niveles implica y justifica la opresión de unos pueblos sobre otros, y de lo propio hacia lo exterior, arraigada en la naturaleza humana.

En la historia conocida, el hombre ha estado vinculado a comunidades separadas entre sí, que paulatinamente se han ido integrando, o lo han hecho de modo violento e involuntario por presión de fuerza exterior, resultado de guerras o decisión interesada de altos gobernantes que unían por matrimonio sus dominios o los dividían. La incógnita es si sus efectos políticos positivos necesitan voluntad legítimamente ejercida por los ciudadanos o si, como en casi todos los imperios, se impondrán con coacción, guerras e invasiones de una u otra naturaleza. Hasta hace solo tres años parecía posible en Europa la creación voluntaria y pacífica de una gran unidad política. El día en que los ciudadanos daneses se opusieron a Maastricht Europa descubrió que se «podía decir que no», y quizás todo varíe; el avance integrador que se buscaba quedaría en ilusión efímera, que unida a la brutal violencia étnica y religiosa como en la antigua Yugoslavia haría inalcanzable en varias décadas lo que parecía consumado.

La globalización no es un camino de rosas, pero se apoya en un hecho irreversible, aun con gobiernos tiránicos: la comunicación e información instantánea de acontecimientos individuales y colectivos. Con altibajos acabará imponiéndose, porque la «lógica del progreso» supera siempre cualquier barrera artificial que se oponga. Salvo que sobrevenga una catástrofe exterior, la globalización diseñará la estructura sociopolítica y sociológica de la humanidad universalizada, y por ello hay que detenerse a pensar en ella, pero sin dejar de tener en cuenta que puede haber varios «caminos» con evolución muy diversa.

2. Ósmosis globalizadoras.

La globalización se extenderá como consecuencia de diferentes «ósmosis» por avances tecnológicos y liberaciones sociológicas. Cada uno de sus efectos desencadena acciones universales, aun no siempre plenamente universalizadas. Viene produciéndose desde hace décadas, y continuará con adaptación permanente hasta sedimentar una nueva estructura social que no es seguro sea equitativa ni respete la dignidad de todas las personas. El proceso de globalización no es renunciable y sólo se paraliza con regímenes carcelarios, como los desaparecidos socialistas, que nunca pueden ser muy duraderos, salvo cuando corresponda a culturas históricas profundas, como ocurre con la islámica y con algunas asiáticas.

Las principales ósmosis que configurarán la Edad Universal pueden ser las siguientes:

La ósmosis tecnológica, origen y consecuencia de la globalización; el mundo se hace uno, y así llega a estar en condiciones de ser realmente católico por efecto de descubrimientos científicos de diferente naturaleza. Comenzó hace cincuenta o sesenta años con «tecnología médica», fisiología y biología, cuyas aplicaciones y distribución general han aumentado la vida promedia humana, aunque también el desequilibrio económico entre pueblos pobres y ricos, éste en algún momento atribuido a las «multinacionales», sólo sus mensajeros. Continuó con la tecnología física en diferentes manifestaciones que han conducido a la explosión de comunicaciones, en especial radio y televisión, que sirven para acercar a pueblos alejados y diferentes y ahora se manifiestan en eclosión desbordante con las autopistas de comunicaciones. Otros cambios también ayudan a globalizar la humanidad, en que aun con fronteras jurídicas, los ciudadanos de todas las naciones «se conocen», a diferencia de épocas anteriores en que cada núcleo tenía conciencia de su situación, pero casi nunca de la ajena.

La aviación por su parte aproxima a pueblos y naciones, y la rapidez y coste reducido de transporte permite desplazar personas a lugares muy alejados, y facilita la ósmosis laboral migratoria. El coste decreciente de las comunicaciones, permite «destajar» tareas a gran distancia sin desplazamiento de trabajadores, con consecuencias sociológicas, que sólo aparecerán lentamente, a pesar del ritmo acelerado de cambios en estas décadas.

La revolución tecnológica no retrocede y sus consecuencias aparecen inexorables, aun de modo discontinuo o irregular. Del mismo modo que los futuros avances de medicina tendrán menor repercusión práctica que los de los últimos cien años, ocurrirá con las restantes tecnologías, habiendo llegado varias a una madurez que se modificará con lentitud.

Destacan en especial, pues están comenzando y su cénit tardará más de cincuenta años, las posibilidades que ofrece la biotecnología, de modo principal para la producción de alimentos, modificación en las zonas en que se producen y fórmulas para hacerlo, que pueden afectar a los países pobres en la velocidad de sus revoluciones verdes.

La globalización tendrá además un proceso psicológico, ya que curiosidad, envidia y codicia serán motores de identificación entre pueblos, pacífica o violenta, según los casos, y es de temer más lo último que lo primero.

La ósmosis informativa está vinculada a la difusión del conjunto de conocimientos convenientes para adoptar decisiones, de acción o de inacción, que ahora llegan a los medios de comunicación de modo inmediato, casi automático, de todos los países y en todas las áreas, prácticamente sin barreras políticas, desaparecidas en su mayor parte las implantadas por regímenes políticos socialistas.

La información con nuevas tecnologías será principal protagonista de la globalización durante bastantes décadas, y favorecerá la ósmosis integral de la humanidad.

La información ha sido un bien escaso que monopolizaban personas y núcleos desde la aparición del lenguaje para la comunicación oral. La imprenta cambió brutalmente la sociedad occidental y transformó la Edad Media en la Edad Moderna. El conocimiento científico, que se conservaba casi con exclusividad en monasterios, podía ya llegar a todos los que aprendían a leer, y aumentó el interés para hacerlo; en cambio, redujo el interés por la historia oral, la escrita la hacía innecesaria, aspecto que ha tenido repercusión cultural como ocurrirá en el futuro cuando todo se conozca sin necesidad de esfuerzo personal para comprenderlo, pero en cambio se haya perdido la posibilidad de acumular percepción directa personal, como la que dio lugar a la sabiduría de los pueblos antiguos, que hoy, al volver a ocuparnos de la riqueza que ofrece, nos parece inexplicable.

Las nuevas facilidades de información y comunicación permiten percibir todo fácilmente y con instrumentos para relacionar conocimientos muy diferentes; ofrecen especial interés pues hace menos pobres a núcleos aislados por razones geográficas o políticas, a que la información enriquece, y les dará el protagonismo de que hasta ahora carecían. Además la revolución en microinformática ha modificado radicalmente la organización de las grandes empresas, que se pensaba necesariamente centralizadas y que ahora pueden ser «ultra-descentralizadas», con beneficio para estructuras aisladas eficientes y abriendo posibilidad de trabajo a domicilio. En los próximos veinte años este fenómeno modificará radicalmente la actuación de las administraciones públicas, hoy todavía con métodos del siglo XIX, y hará posible diferenciar y juzgar fácilmente su actividad despiezada.

Por razones de diversa índole, estoy vinculado a un área de estas nuevas posibilidades, y la Fundación que presido, dedicada a la historia iberoamericana, prepara un «centro de obras de referencia» documentales, bibliográficas, o de otra clase, al servicio de historiadores y centros de investigación histórica, con digitalización y publicación en CD-ROM de libros, artículos, tesis doctorales, revistas, actas de congresos y reuniones, que se reproducirán y donarán a universidades y centros de estudios de Iberoamérica. Así, cualquiera de ellas dispondrá exactamente de la misma información referencial, periódicamente actualizada, que la acumulada en esta Fundación y centenares de investigadores sobre Iberoamérica, de países muy alejados tendrán a su alcance fuentes semejantes a las de un investigador de Harvard o de Sevilla. Esto facilitará acuerdos de «colaboración» con otras naciones para catalogación y preparación de «datos relacionables» de documentos manuscritos de distintas épocas y países, que hasta ahora requerían esfuerzo ingente, como el que ha realizado el Archivo de Indias. Con ello aparecerán núcleos autónomos de investigación que sin información cómoda a su alcance se hubiesen limitado a temas locales. He citado esto en que tengo experiencia personal, pero parece normal e incluso inevitable que esfuerzos de este carácter se multipliquen y que se amplíen, de modo hoy inconcebible, los trabajos de investigación y estudio en lugares muy apartados de los tradicionales.

La «información» permite «poder actuar», y también «poder decidir». Cuando se globalice el conocimiento, se producirán cambios socio-políticos como cuando la imprenta «socializó» el conocimiento, hasta entonces restringido, al fin de la Edad Media. Esta ósmosis no ha llegado a su límite y tiene barreras que vencer, como la del lenguaje, que de algún modo se superará, si esto se puede considerar positivo.

La ósmosis laboral será especialmente «activa» por migración de personas, o «pasiva» por desplazamiento de tareas desde países de moneda fuerte, coste alto laboral y alta protección social, hacia países de moneda difícil, reducido coste laboral y poca protección social. Este fenómeno influye en la actual crisis económica occidental, con graves reacciones negativas y fricciones, en Europa y en Estados Unidos e incluso empieza a advertirse en Japón.

La ósmosis laboral de algún modo se relaciona con la étnica, y será efecto espectacular de la globalización, que se prolongará durante bastantes siglos y reducirá la prepotencia de los ricos que se verán más próximos a los pobres. Origina trastornos hasta que se estabilice un nuevo equilibrio estructural, el de la «sociedad universal» de los próximos siglos.

Con esta ósmosis se acercan pueblos Norte y Sur. Los ingresos medios de los primeros, incluyendo protección social y grado de bienestar, se reducirán, casi dramáticamente en algunos casos, aun con desviaciones en algunas áreas geográficas o sectoriales; y esto producirá dramas individuales, familiares y sociológicos. Se elevarán en cambio, no es fácil prever cuanto, los ingresos promedios de pueblos Sur. Los que pierden utilizarán fórmulas para detener la marea «socio-tecnológica», buscando de modo abierto o hipócrita normas proteccionistas con repercusión política, en ocasiones profunda.

Es aleccionador y muestra de estulticia la demanda sindical en Francia al Primer Ministro, Balladur, y en España a Felipe González, de una política de «creación de empleo, sin pérdida de poder adquisitivo», prácticamente imposible, o sea sin sacrificios individuales de muchos o todos que no se quieren admitir. Los políticos, para continuar, caen en la tentación de ofertas falsas para «contentar» a los que exigen «más empleo» sin renunciar a «derechos básicos» y casi «divinos» de trabajadores en activo. Estas actitudes contradictorias agravan problemas y dificultan medidas para suavizar la ósmosis laboral, efecto dramático de la globalización. El famoso Ross Perot se oponía al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, «salvo que se garantizase el nivel de ingresos por trabajo de los ciudadanos de Estados Unidos». En Europa se amenaza a trabajadores de procedencias islámicas, no extraña pues una revolución de esta clase que implica traumas. Una «economía de mercado equitativo» exige auténtica libertad de comercio, libertad de trabajo y movilidad laboral y sólo con ella será posible el equilibrio económico que beneficia al conjunto.

La ósmosis étnica surge paralela a la laboral, paulatina y lenta, es la aproximación entre los pueblos ricos Norte, y los Sur oscuros y con voluntad de trabajo ilimitado que acuden a países cuyos ciudadanos rechazan el trabajo sucio, duro, soportado por el hombre durante centenares de generaciones. La ósmosis étnica es diferente a la laboral, pero en gran parte tiene su origen en desplazamientos y migraciones para obtener ingresos superiores en países con habitantes cómodos y egoístas.

El efecto de la ósmosis étnica es menos inmediato que el de la laboral. Caracterizará la Edad Universal, pero no en sus próximas décadas, ni casi en el siglo XXI, ya que integración y mestizaje racial encuentran oposición en quienes tienen orgullo de su propio ser, excesivo o normal, y la resistencia puede ser dramática. Los gitanos, con siglos bien conocidos de vida nómada, no se han integrado con los pueblos en que transcurren sus estancias y viajes. La descripción en La Gitanilla, de Cervantes, es igual a la que hoy podría hacerse y la que aparece en Rusia y en los Estados Unidos. Es ejemplo de aislamiento étnico difícil de comprender, pero que se supone existe en otros casos en pueblos no occidentales. Es normal la resistencia a la integración étnica, por ello es interesante el ejemplo de Iberoamérica, donde España y Portugal crearon naciones con alto grado de integración racial, desconocida en Angloamérica. Aun así, en la Edad Universal se producirán integraciones étnicas; su futuro es el mestizaje y no que un diez por ciento de «población superior» evite su mezcla con pueblos que considere inferiores. En Sudáfrica no ha habido integración, pero los blancos han perdido el poder y en los próximos cincuenta años se conocerá si se incorporan al conjunto de la población o se desplazan, como en otros casos del antiguo imperio británico.

Hablo de integración de razas y no de pueblos. Estados Unidos, fue melting pot de pueblos europeos diferentes. Su ejemplo no sirve y sí el de México, Brasil, Perú, y otros con mestizaje real, con inconvenientes y ventajas, pero abriendo un camino a la Edad Universal, que en ningún otro continente se puede encontrar, pues en los países asiáticos ha habido poca integración racial, caso de la antigua Indochina donde nativos «chinos de ultramar» conservan sus propias características, quizás son excepción las Filipinas, donde casi se han integrado con los malayos, consecuencia de una comunidad religiosa.

No parece posible evitar que en Europa se integren turcos en un área, magrebíes en otra, e incluso hispanoamericanos y caribeños, creando un nuevo mosaico étnico. Pero donde este fenómeno tendrá más importancia en el siglo XXI será en Estados Unidos, donde ya existe invasión étnica de «latinos» y «asiáticos», aunque esa nación, grande en otros aspectos, no ha sabido integrar su población africana e indígena a pesar de esfuerzos muy sinceros, cuotas y normas antidiscriminatorias.

La ósmosis ecológica está siendo fenómeno principal de nuestra sociedad. La repercusión en este aspecto de acciones humanas ha sido con frecuencia exagerada llegando a histeria en áreas de lo que podría denominarse «microecología» o «ecología limitada»; como centros de trabajo, establecimientos colectivos, medios de transporte público, etc. Esta histeria perjudica los verdaderos problemas ecológicos generales y mundiales, con repercusión a largo plazo, pero no siempre sensibles a una acción inmediata y que afectan a toda la humanidad, y no solamente a los habitantes de un área reducida, geográfica o de actividad.

El problema básico ecológico surge del «desarrollo» en sus diferentes manifestaciones. Si fuese posible (no lo es) una elevación real del nivel de vida mundial para que el ochenta por ciento de la población se «acercase» al nivel del veinte por ciento occidental, se produciría una catástrofe sin precedentes, verdadera tragedia universal. Esta reacción «perversa» limita el aumento del bienestar, y es quizás recordatorio al hombre prepotente de que el mejor nivel económico general sólo es posible con reducción para los que disfrutan en exceso. A este principio se acerca la política de «crecimiento sostenible» que está aceptándose por los pueblos occidentales. En todo caso, siempre habrá que preguntar ¿Qué son más importantes, los tigres reales de Bengala, o las ballenas, o los niños de Ruanda o Bosnia? En el ecologismo hay muchos radicales muy caprichosos.

La sociedad carecía hasta ahora de sensibilidad para este problema, sobre todo en naciones creadoras de riqueza y consumo y con ello de dificultades ecológicas. Una humanidad globalizada necesitará detener el crecimiento de su bienestar para hacerlo más equitativo, y evitar que el egoísmo de capas ricas impida mejorar a las capas «miserables». Esta clase de transferencia ecológica se abrirá camino como objetivo de equilibrio social.

Existen problemas ecológicos geográficos, que hacen depender la calidad del ambiente, de fenómenos o acontecimientos en zonas alejadas, caso de la Amazonia y posiblemente otros en que al utilizar sus recursos se perjudica al resto de la humanidad, que necesita regulación con compensaciones a unidades políticas afectadas, cuya riqueza se impide exploten plenamente.

Efecto singular es la «ecología nuclear», ante su inevitable mayor necesidad industrial, aun sin considerar las consecuencias del uso bélico. Cada vez es más grave la conservación de residuos radiactivos, lo que exige «responsabilidad globalizada» evitando picaresca internacional de disimulo en su destino final. Al derrumbarse el «telón de acero» se han conocido inesperados problemas ecológicos, por residuos no bien conservados y centrales con problemas, que se ocultaban cuando la «izquierda antioccidental de Occidente» consideraba estas situaciones «consecuencia exclusiva del abuso capitalista». Lo nuclear es un fenómeno global por su propia naturaleza y por «ósmosis psicológica» de efecto agudo como toda utilización de miedo futuro como amenaza.

3. Instrumentos de globalización.

Las ósmosis de diferente naturaleza conducen a intensificar la relación entre pueblos, tendencia que el simple sentido común anticipa y que conviene analizar para buscar soluciones equitativas y humanas. Entre los protagonistas activos o instrumentos que han de influir en la globalización hay tres principales: empresas transnacionales, en la distribución de productos y servicios globales; estructuras políticas, que pueden detenerla o acelerarla, si se adaptan o no a las necesidades de la «nueva sociedad universal», y estructuras jurídicas apropiadas para regular la vida social globalizada.

El papel de las empresas transnacionales es y será principal protagonista. En la Edad Media la empresa, generalmente artesanal, era local en una sola población o municipio; algunas fueron haciéndose regionales y las mejores de éstas nacionales, que paulatinamente, en algunos casos, ampliaron sus actividades a otras naciones y con diferentes fórmulas y modalidades se fueron convirtiendo en transnacionales, vehículos destacados para crear la sociedad globalizada que supere barreras políticas. Su acción acelera la ósmosis de productos y servicios que de un modo u otro ha existido en todas las comunidades humanas a lo largo de la historia. En la actualidad son al tiempo causa y consecuencia de globalización.

Empresas de esta clase, de muy diferente naturaleza, se están convirtiendo en instrumento de relación entre pueblos y ciudadanos, unidos por el vínculo de ser clientes de una misma clase de productos y servicios. Varían en métodos y estructuras, en general no son monopolísticas y actúan con oficinas propias, representaciones o franquicias, o empresas asociadas a su vez de propiedad privada o incluso con participación pública. La COCA-COLA no ofrece sus productos desde Estados Unidos, sino a través de sociedades y subsociedades nacionales.

Sus actividades pueden ser muy diversas: artículos de consumo, bebidas alcohólicas o no, productos farmacéuticos, fabricación de vehículos, navegación aérea, crédito o financiación, distribución, etc. Algunas alcanzan verdadero arraigo local, por ejemplo en seguros en nuestro país Generali, Wintertur y Zurich apenas se diferencian en organización y servicio de las aseguradoras nacionales. Lo que las caracteriza es que sus últimas decisiones y estrategias se adoptan en un solo país, aun con accionistas y cotización bursátil en diferentes naciones y continentes. Como lo creado por la «vida misma», no se pueden enmarcar de modo rígido, se adaptan a cada situación y pueden ser instrumento de corrupción y de abuso, aunque en general distribuyen servicios de calidad a bajo coste, y se han convertido en instrumento básico de relación entre pueblos.

La fricción frecuente de transnacionales y estructuras políticas procede de que éstas últimas no pueden supervisar fácilmente sus abusos y a ningún gobernante le satisfacen unidades ajenas a su influencia. Estas empresas y la sociedad civil internacional son indispensables para el futuro de la humanidad en que serían necesarias entidades mercantiles con sentido ético y de responsabilidad social.

No hay que confundir empresa transnacional con instrumentos financieros para transferencia de fondos líquidos o de propiedad de acciones u obligaciones que constituyen el «mercado financiero internacional». Sus actividades son ajenas a la empresa transnacional clásica, pero ésta las necesita para su operación. El «capitalismo financiero» es un fenómeno reciente, producto de principios respetables pero a veces desnaturalizados, y desprestigiados por la dialéctica marxista que contrapuso comunismo y capitalismo, exagerando en éste sus defectos, como el mal predicador con el maniqueo que inventa para facilitar su argumento ante los fieles. En todo caso debe evitarse confundir la necesidad de libertad de mercado y de empresa con el capitalismo salvaje, absurdo socialmente, que dificulta aún más de lo inevitable, el equilibrio social.

Los instrumentos financieros internacionales necesitan regulación que evite abusos y posibilidad de fraude o clara estafa a pueblos y ciudadanos y que facilite expansión realista de la empresa transnacional responsable. Son convenientes normas precisas y prudentes, que respeten soberanías, hagan innecesaria burocracia, exijan transparencia y eviten que dirigentes políticos o financieros aumenten su propio poder con fórmulas de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. En un futuro bastante próximo habrá también que regular de modo «global» la operativa internacional de empresas con implantación exterior aún no específicamente transnacionales, así como los mecanismos de transferencias financieras para evitar que se desnaturalice su finalidad. Las empresas transnacionales opacas cultivan caldos de corrupción, no sólo financiero sino político, efecto perverso que es indispensable combatir.

Las estructuras políticas internacionales afectan al proceso de globalización, que fácilmente durará varios siglos hasta alguna clase de maduración, difícil ahora de predecir, que exigirá transformación profunda aun con soluciones diferentes, incluso contradictorias, voluntaria o violentamente impuestas, hasta llegar a un marco lógico institucional como ha ido ocurriendo en los últimos dos mil años con los pueblos occidentales.

La actual estructura política del mundo es en general producto de las guerras mundiales de este siglo y sobre todo de la guerra fría, confrontación sin violencia final de dos superpotencias. La introducción de principios de aparente igualdad entre naciones muy dispares y del respeto casi religioso por «la soberanía», han sido sus bases, aunque sus normas perjudican con frecuencia a los ciudadanos frente a sus gobernantes. En todo caso no parecen adecuadas para una sociedad global con toda la humanidad relacionada entre sí.

La actual «soberanía proliferada» tiene con frecuencia una consecuencia en los minipaíses: «protección del poder de los gobernantes a costa de los ciudadanos», cuando debería proteger especialmente los derechos de éstos. Bastantes regiones del mundo se han «civilizado» con abusos de algunos individuos sobre otros. Es el caso del «Oeste salvaje» en Estados Unidos, hasta que fue implantándose el «imperio de la ley», como defensa frente a caciques abusivos.

La futura estructura política mundial podría ser centralizada y unitaria, con relación directa de una cúpula mundial de poder con cada nación que exista o se reconozca en el futuro; fórmula, de algún modo, de las Naciones Unidas, «centro unitario de poder limitado que abarca a las naciones de la humanidad sin discriminarlas por dimensión o geografía». Pero esta estructura, pienso que ya en desintegración, resuelve problemas entre naciones y debería ser sustituida por otra de carácter «piramidal», en que naciones y pueblos próximos se aglutinan federal o confederalmente para, a su vez, crear una cúpula mundial de grandes unidades realmente soberanas.

Lo piramidal no es idea caprichosa sino consecuencia lógica geográfica, que se está ensayando en Europa, pionera de esta experiencia desde hace treinta años. La nueva Europa es el intento de generosa creación de un «imperio político» por voluntad y sufragio de sus ciudadanos. Esta verdadera utopía surgió de tres grandes estadistas católicos: De Gasperi, De Gaulle y Adenauer y enlaza con la Cristiandad europea de que procede la Europa de los últimos quinientos años.

Tienen objetivo piramidal algunas asociaciones regionales, en especial el NAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá; cuyo fin último sería establecer mayor vinculación y hasta alguna clase de unidad política de esas tres grandes potencias. A pesar de sus dificultades en Europa, es necesaria esa clase de fórmula piramidal y Dios quiera que sea posible, sin dictadura de una sola nación a diferencia de todos los imperios de la historia. La incógnita es si se podrá construir sin violencia. En todo caso, parece orientación preferible a la centralización mundial de poder político que se ofrece como alternativa. Como todas las centralizaciones puede derivar a dictadura tiránica apoyada en el monopolio de armas nucleares potentes, aun cuando haya comenzado por generosas ofertas de participación paritaria de todos los países.

En una «estructura piramidal» cada unidad debe adquirir conciencia de obligaciones y derechos respecto a las unidades nacionales que la integran, y sentirse con derecho y obligación de resolver desviaciones y situaciones antijurídicas. Europa está renunciando a una auténtica soberanía que quizás no merece, pues cuando se plantea en su seno un problema grave acude a Estados Unidos para que lo resuelva.

Es sin duda posible la prepotencia de una cabeza piramidal, pero es difícil porque para ello tendría que relacionarse con otras cabezas semejantes sin monopolio absoluto de poder.

La humanidad debe profundizar en el derecho a la soberanía nacional y en el derecho a la injerencia, cambiando el principio actual dominante para de esa forma mejor proteger a ciudadanos indefensos y que los abusos puedan ser corregidos en la «aldea global» como habría sido posible hacerlo en la «aldea rural».

En todo caso no puede olvidarse que todas las estructuras políticas, como obra humana, están sujetas a avatares exteriores y sobre todo interiores, y que con ninguna ha existido garantía de «milenio estable» a que sólo han pretendido aspirar dictaduras brutales como las de Hitler y Stalin.

Un marco jurídico de esta clase se hace necesario para el proceso de globalización, público y privado, que en parte sustituya normas internas de cada nación y capacidad de ellas para crearlas. Existe similitud con su evolución entre la Edad Media y la Moderna, en que el derecho de ciertas áreas geográficas fue integrándose en uno nacional, que en España culminó con la promulgación del Código Civil a finales del siglo pasado, de influencia napoleónica, primer intento éste de racionalización general del Derecho.

El hombre trashumante futuro, que se traslada frecuentemente de una nación a otra y en cada una recibe y ofrece servicios y productos, necesita un «nuevo marco» que podría afectar a varias áreas de derecho, entre ellas las siguientes:

- Público político para regular la soberanía nacional y regímenes de poder colectivo municipal, regional o autonómico, nacional e internacional.

- Penal para exigir esta responsabilidad a ciudadanos con frecuente movilidad entre fronteras nacionales.

- Administrativo nacional e internacional, para regular actuaciones que necesiten coordinación entre países.

- Diplomático, para defensa exterior de intereses de ciudadanos y unidades políticas, con fórmulas simples, ágiles y agrupables de varias naciones próximas, adaptables a diferentes estructuras.

- Fiscal, para unificar los tributos o, por lo menos, coordinarlos globalmente, sin lo que no será posible globalización económica equitativa. La diversidad y brutal anarquía fiscal es causa de escándalos y abusos que favorecen a los mejor preparados o con asesores más costosos para conocer e interpretar sus vericuetos.

- Laboral y Sindical, para regular de modo homogéneo el trabajo y defensa contra su explotación en razón del contenido que adquieran las relaciones de empleo.

- Societario o corporativo de empresas no estrictamente locales, transnacionales de una u otra clase y, sobre todo, para regulación de las sociedades instrumentales «que facilitan mecanismos de opacidad que perjudica la equidad de la competencia mercantil internacional».

- Financiero para ordenar mercados de dinero y, sobre todo, las transferencias de fondos particulares y públicos entre naciones. La eliminación de la opacidad en esta área es uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

- Comercial para intercambio transnacional transparente de productos y servicios.

- Ecológico y científico para establecer obligaciones de esta clase a individuos y unidades políticas.

Es imposible predecir la evolución de estos nuevos marcos jurídicos en una nueva sociedad con evolución no predecible. Los españoles hemos de preocuparnos del Derecho europeo y del americano, que es su proyección. La evolución en Asia puede ser muy diferente así como su coordinación o integración con la europeo-americana en gran parte por sus diferencias culturales y religiosas, como las de los países islámicos.

La creación de este nuevo marco requerirá siglos con contradicciones y modificaciones, pero no podrá evitarse pues de otro modo sería imposible un «estado de derecho» en la humanidad globalizada, y sin éste no podría conseguirse una humanidad coordinadamente responsable.

4. Consecuencias principales.

El probable proceso de globalización implica una revolución lenta, universal, de consecuencias insospechadas con incógnitas que conviene estudiar para así conocer mejor, un poco, muy poco, nuestro futuro. Son innumerables y de diferente naturaleza; me referiré a tres principales:

El impacto cultural será probablemente el más notorio y hasta dramático. La cultura implica conjunto de hábitos, costumbres y creencias; se asigna y mantiene con orgullo por lo propio, que promueve estabilidad generacional. Una de las tragedias de nuestro tiempo es que llamamos a veces cultura a la que en cada momento nos impregna, que a veces procede de medios de comunicación, con presión difícil de evitar, pero extraña a nosotros mismos.

En período «dictatorial» (marxista o fascista) se busca implantar artificialmente la cultura que interesa a los gobernantes. Ahora, perdida la heredada, y sin condiciones para crearla, se radicaliza hipócritamente la protección caprichosa a culturas residuales, con semejanza a la histeria ecológica, pero en realidad se eliminan límites y barreras que se consideran conquistas del hombre libre, al tiempo que escandalizan los efectos que esto produce.

La humanidad, con infinidad de núcleos orgánicos e inorgánicos, creó en su historia multiplicidad de culturas ricas en sabiduría y dignas de respeto que, en general, procedían del libre ejercicio de la inteligencia humana durante milenios. Hace unos dos mil años surgió la «cultura cristiana» que por primera vez expresaba que el hombre era digno por el hecho de serlo, y que todo individuo merecía respeto como hijo de Dios. Precisamente éste fue el comienzo de la globalización de la humanidad con paulatina sustitución de culturas autóctonas por una cultura universal, que se aceleró desde 1492 y estalló al derrumbarse el Imperio Soviético.

Toda acción con propósito determinado genera también efectos diferentes a los que inicialmente pretendía. La globalización que distribuye bienestar contribuye a la desaparición de culturas y orgullo de lo propio, fenómeno generalizado en las últimas décadas, que hace necesario admirar a núcleos étnicos o culturales que arriesgan su vida para defender su «manera de ser», como ha ocurrido durante milenios, ahora más meritorio, pero con improbable éxito final.

Acción contradictoria, apasionante, manifestación del misterio que rodea a nuestra humanidad es el fenómeno que transforma y destruye culturas autónomas. Se están acabando de descubrir los últimos núcleos aislados de la humanidad y en pocas décadas desaparecerán o quedarán como vestigios prehistóricos, propios de museos, que no han resistido la «civilización» de la televisión universal y apertura de «todos a todo». Este hecho exige un difícil juicio de valor, que excede de estas modestas «reflexiones».

Junto a las culturas «prehistóricas», existen las sedimentadas y conocidas «culturas históricas», de mayor o menor amplitud y con microculturas internas. También se han de ver afectadas lentamente, con traumas y tensiones contradictorios. La unificación cultural es inevitable y no parece fácil de reconducir. Está relacionada con la ósmosis étnica (¿no es la etnia creación en parte cultural?), la laboral y la informativa, todas interconectadas. Es recomendable que cada pueblo conserve su idioma y hasta que alguno lo «recree» pero, con excepciones, será difícil salvo por brutal presión coactiva. Los idiomas se irán globalizando tanto por el egoísmo de mayor horizonte personal y deseo de «conocer más» como para vincularse con los que triunfan en la sociedad universal.

Un obstáculo a la ósmosis cultural, y de ese modo a la globalización, son las creencias religiosas, las viejas y las que aparezcan en el hombre globalizado. Si se considera «artículo de fe democrático» la neutralidad religiosa e ideológica de la sociedad, posición que personalmente no comparto, se llegará a un nuevo hombre aislado, sin raíces, desprotegido, sin duda explotado y, sobre todo, sin familia que facilite su propia estima, sustento y desarrollo individual. Hay que preguntarse si cabe globalización estable en una sociedad política «neutral». Hasta ahora los principios religiosos son los que han generado solidaridad, sin ellos, faltan barreras para el hedonismo absoluto, objetivo practicante único de la sociedad occidental, al parecer lo que «ésta quiere», frente a los que humildemente pretendemos que «hay algo más».

La megapolización es un fenómeno antiguo en la historia, pero que se recrudeció hace más de cincuenta años con paulatina desaparición de la vida rural y concentración en la urbana y «gran urbana». Su justificación fue análoga a la de otras áreas de revolución sociológica del siglo XX. La vida rural a lo largo y ancho de la tierra y de la historia ha sido protagonista muy principal de la actividad humana, cazadora, agrícola, ganadera y artesanal. Con ella se pone en relación directa al hombre con la naturaleza, que acerca a Dios, se exige solidaridad con vecinos y próximos y se obliga al individuo a bastarse a si mismo y a conocer que vivir es riesgo, sufrimiento, sudor y lágrimas. En la vida rural, aun muy primitiva o incluso salvaje, el hombre se siente «señor» de lo propio, y se endurece y enaltece. La sociedad occidental ha sido solidaria por su alto contenido rural, transformándose en inhóspita en las grandes urbes. La raíz histórica rural se resiste a desaparecer y de ahí su mayor influencia todavía en Japón y en Francia. En pocas décadas es inevitable que prácticamente desaparezca; con ello, la humanidad se hará más hostil para sus individuos sin defensas. La sociedad rural protegía al hombre de poderes políticos centrales y territoriales y constituía una verdadera sociedad civil. Una de sus manifestaciones fue el feudalismo que podría describirse como «protección con precio sociológico» de familias temerosas de amenazas exteriores. ¿Se abrirá paso alguna otra clase de feudalismo?

Europa ha tenido gran contenido urbano, pero también rural, hasta que se produjo la «transferencia del campo a la ciudad» por nuevos métodos de cultivo de la tierra y sobre todo por razones sociológicas de mayores ventajas y menos dureza de la vida ciudadana. Esta tendencia se acelera, aunque podría suponerse que los últimos avances tecnológicos mejorarán el bienestar rural con servicios antes inaccesibles, pero difícilmente compensarán las desventajas del aislamiento. Aparece ahora la utilización de residencias dormitorio en áreas suburbanas cada día más alejadas de las ciudades, sólo para capas superiores, producto de la afluencia de que carecen los pueblos no occidentales. La sociedad urbana no es causa sino consecuencia de la globalización, que aísla más al hombre de su entorno para integrarlo en gigantescos zocos que le angustian y en que es sistemáticamente manipulado, pero en que su vida de relación puede ser más intensa, y menor la dureza física de subsistir, aunque no la psicológica.

En cualquier caso parece improbable que la humanidad de los siglos próximos deje de estructurarse en cadenas de megápolis, que en su conjunto exceda del ochenta por ciento de los habitantes de una nación, quedando el resto para áreas rurales o semirurales de una u otra clase.

Aunque parezca difícil una satisfactoria estructuración interna en la vida de las megápolis sería posible la creación de núcleos de autoprotección y solidaridad que de algún modo ofrezcan a ciudadanos y familias aislados cohesión para defenderse de abusos y para «ser ellos mismos», como lo llegaron a ser los de los de pequeños núcleos del mundo primitivo, casi todavía superviviente en el Ártico, la Amazonia y otras áreas aisladas de nuestro planeta. En todo caso, el fenómeno de la trashumancia complica aún más esta situación.

El acercamiento a Dios supera la cultura propia, pues todas ellas se crean con sacrificio, dureza, aislamiento y sufrimiento que hace sentir necesidad de un ser superior, al contemplar la propia indefensión. El individuo aislado es religioso, para muchos porque «no está suficientemente liberado de supersticiones», en realidad porque es más «él» y menos asequible a manipuladores lejanos. Cualesquiera las causas, al perder su cultura, vinculación y propia tradición carece de fórmula para la «esperanza» que ofrece el «temor de Dios». Se quiere suponer que el individuo globalizado lo será únicamente si borra todo vínculo religioso, aunque pierda casi lo único que muchos poseen; la fe en «alguien» que le considere digno de vivir y le proporcione un ámbito íntimo interior, que de otro modo desaparecería.

Las creencias religiosas vinculadas a una propia cultura que muchos pueblos se resisten a perder, son obstáculo para la globalización, los occidentales (todos nosotros instintivamente), promotores de la globalización, consideramos que ésta consiste en que todos los ajenos a nuestra civilización se asemejen a nosotros, nuestra cultura, nuestras creencias (ajenas a Dios) y rindan pleitesía a nuestros «dogmas civiles». Para los occidentales lo no democrático es malo y sólo bueno lo democrático, aspecto que late en la creciente confrontación entre pueblos blancos y pueblos con tintes oscuros. Los occidentales quieren que toda la humanidad admita la superioridad de sus principios, aunque haciéndolo, sólo les quepa mirar envidiosos el bienestar ajeno sin participar en él. Pero algunos hombres y mujeres siguen fieles a lo propio, sus propias creencias, actitud que no es «moda radical pasajera», como son las modas que para seguirse no necesitan sacrificio heroico.

El Cristianismo «civilizó» y de este modo «agredió» culturas para llevar a todos el beneficio de la verdad que había recibido. El occidental que ha prescindido de Dios, quiere lo mismo con los pueblos salvajes (o sea, no democráticos), pero sin riesgo ni sacrificio para él. El que tiene más cree que vale más y olvida que sólo es una de las criaturas de la tierra, y sus diferencias y ventajas son favor que ha recibido sin mérito, por haber nacido en un momento histórico y lugar determinado.

Como ya he dicho, la globalización se inició con el mensaje de Cristo a todos los hombres. Ni antes ni después ninguna religión ha pretendido llegar a todos ellos, sin distinción de razas ni de culturas. Ésa fue también la razón de la evangelización de América, que desde la propia Chiapas, tan de actualidad, se defendió hace casi quinientos años con energía y en contra de intereses «endogámicos».

Hoy la única institución con amplia presencia de servicio desinteresado en toda la humanidad es la Iglesia Católica, con sus misioneros en las más remotas regiones del mundo, donde no existe ni vestigio de civilización.

Leí recientemente alguna obra de Voltaire, brutalmente crítica de frailes y conventos, con injusticia que ahora parece obvia. Al hacerlo pensaba ¿hay uno sólo de los actuales o pasados admiradores suyos que haya ofrecido una generosidad para sus semejantes, que se acerque a un uno por ciento de la que ofrece cualquiera de los misioneros que hoy residen en los lugares más pobres y abandonados de nuestro planeta?

La gran incógnita, el gran misterio del futuro de la humanidad y del camino que ha de seguir la globalización, es que es imposible prever su camino porque está en «manos de Dios», al que de un modo u otro todos ignoramos.

5. Evolución futura.

Se han descrito las principales posibilidades y características de la globalización, pero queda por comentar cuál ha de ser su evolución futura, a donde debe, puede y es previsible que llegue, y cómo podría imaginarse la humanidad cuando alcance madurez su proyección. Con dificultad, y seguridad de equivocación, voy a comentar este futuro en que veo dos tendencias diferentes, con evolución concreta difícil de prever pero que puede ser objeto de alguna especulación teórica. Por una parte la evolución normal, de acuerdo con la prospectiva que hoy se piensa posible; y, por otra, la ruptura anormal por circunstancias físicas, sociológicas, espirituales o de otra clase, inimaginables en este momento para mi y creo que para nadie.

La evolución normal previsible extrapola la de la sociedad occidental en los últimos cien años, que se considera paradigma, a que, se piensa, se irá paulatinamente adaptando la humanidad que ahora consideramos periférica al perder sus raíces culturales y en parte étnicas. Esto significa que el futuro continúe el próximo pasado. Así aparece implícita o explícitamente en casi todos los actuales estudios y proyecciones de futuro y sobre todo en el ánimo de las personas con esta clase de preocupación, que apenas admiten otra posibilidad. Por eso apenas existen estudios y ensayos de futurología imaginativa. La que creen probable y en la que trabajan los especialistas en prospectivas y análisis del futuro podría resumirse del siguiente modo:

- La capacidad bélica nuclear, casi monopolística de algunas naciones occidentales, en especial los Estados Unidos de América, como capi di tutti i capi garantiza una continuidad de nuestro equilibrio basado en la recomendación o exigencia de «principios occidentales», protegida de golpes de mano de centros de poder en desacuerdo, siendo sólo previsibles rebeliones limitadas o escaramuzas locales paulatinamente absorbidas por la «fuerza de la lógica» y la «lógica de la fuerza». Las tendencias negativas, reales o posibles, serán obstáculos limitados en el tiempo. Europa será una unidad política, como lo será el conjunto americano y de un modo más impreciso Asia o varias Asías, sin que parezca probable una estructuración unitaria de África, que volvería a depender, con fórmulas colonialistas o no, de las restantes macrounidades políticas.

- La superioridad intelectual o al menos gerencial de los países occidentales, en especial de algunos de ellos, concede una situación de ventaja en la competencia empresarial y económica y consiguientemente en la acción nacional, de modo que en la práctica se mantendrá y posiblemente incrementará el statu quo que hoy existe, que les favorece y pone en situación de ventaja, aunque la globalización laboral tenderá a reducir lentamente salarios y poder adquisitivo, creándose una cohesión mundial de productos y servicios y una estructura «macro-transnacional» que con diferentes centros de poder se extienda por todas las naciones y culturas. Esto difundiría el modo de vida occidental, como está ocurriendo en China y países asiáticos y ya prácticamente se ha impuesto en Japón.

- Los principios políticos de nuestro mundo, Estado de Derecho, estructura judicial, sufragio universal para selección de gobernantes, reconocimiento de derechos humanos, y otros con ellos relacionados, conceden superioridad moral y organizativa a los occidentales y les legitiman para imponer decisiones y principios. Su sistema es el «Corán de Occidente», que de modo directo o indirecto se ha de ir extendiendo con acción mercantil, cultural civilizadora y agnosticismo político integral.

La crisis de Europa que podría acentuarse, se superará con soluciones pragmáticas en las zonas más conflictivas, como Yugoslavia. Los pueblos musulmanes reconocerán los Derechos Humanos occidentales y las operativas democráticas, conservando sus creencias como vestigios de influencia sólo íntima o personal.

- El sistema político supranacional de las Naciones Unidas, con las reformas y modificaciones que aconseje el sentido común, incluso bastante profundas, ofrece representación política a las naciones soberanas y evita riesgos de cambio brusco.

- Un mayor número de naciones y pueblos se adaptarán paulatinamente a la sociedad occidental, olvidando sus propios sentimientos y propias peculiaridades. Esto se simultaneará con propuestas de defensa de lo diferencial y de las culturas autónomas, que en la práctica se irán eliminando por influencia de medios de comunicación ausentes de valores espirituales y religiosos, aunque duramente agresivos, para promover consumo inducido fuera de necesidades básicas reales y, sobre todo, para la idolatrización de la libertad de expresión (en gran parte la de ellos mismos), sin exigencia simultánea de responsabilidad.

- El equilibrio ecológico será objetivo primordial para permitir el crecimiento de la riqueza, con características de «sostenible», que evite una explosión negativa y que se considera posible de conseguir con fluctuaciones pero sin rupturas dramáticas.

Esto es, en rasgos generales, las que parecen perspectivas ideales y lógicas de globalización de la humanidad y homogeneización de sus principales pueblos. Se confía que en el transcurso de varios siglos se imponga la civilización occidental en todo el mundo, con cambios en estructura y núcleos principales de poder, pero en un marco institucional continuo, sólo alterado por razones puntuales en períodos y áreas también puntuales, pero en tránsito inalterable hacia una sociedad unificada, con diferentes colores, cobrizos, amarillos, ocres o mulatos, pero sin presencia o principio superior, salvo supersticiones locales que también irán desapareciendo.

En mi opinión esto no ocurrirá, es impensable por muchas razones, pero una amplia gama de personas lo creen probable, entre otras los gobernantes y políticos que lo aceptan como visión de futuro, ya que es lo que conviene a las naciones dominantes, como ocurrió en su imperio a los ciudadanos romanos y más recientemente los ingleses.

La ruptura anormal, piensa que la visión anterior no tiene en cuenta sorpresas, cambios y dificultades, quizás muy dramáticas, y sólo cito una: la sublevación de los amarillos que ven crecer su poder y no se conforman con la superioridad y dependencia de América y Europa.

Parece difícil terminar la globalización sin catástrofe de alguna clase, cien o quinientos años antes o después. Parece consecuencia lógica, aunque se dude si la lógica es inmutable o si es inevitable acudir al «misterio» que lleva a lo inesperado, o imprevisto, por caminos impensables. Caben desintegraciones de pueblos y continentes y consecuencias negativas por acciones humanas, sin contar las que puede producir la naturaleza con sus conflagraciones, acciones cósmicas, mutaciones biogenéticas o desintegración ética que haga invivible la sociedad. Con lo que sea y como sea, estamos obligados a pensar, a luchar con la inteligencia que hemos recibido, para prever hasta el máximo las diferentes posibilidades del futuro, a fin de lograr que la globalización sea mejor y más asequible.

Además, hay que señalar que junto a la tendencia para una globalización homogénea están surgiendo otras contrarias, reacciones rabiosas o no, a la defensa de lo propio, de creencias, idiomas y propia historia. Un caso representativo es Yugoslavia, con resentimientos ancestrales que después de decenas de años de absoluta unificación ideológica han recrudecido diferencias, que se afrontan con violencia feroz que se hubiera creído anacrónica y contraria al «devenir» de los tiempos. Esto además no está aislado y habría que añadir:

- Agresión entre pueblos de un mismo color como en Sudáfrica, Ruanda y Burundi, con guerras de etnias, como la de los diferentes pueblos afganos.

- Difícil asimilación de los países musulmanes, con especial y creciente implantación e influencia religiosa y vocación de sociedad teocrática que será difícil acepten integración y menos dependencia directa o indirecta de naciones occidentales y, en cambio, están sujetos a exacerbación radical contraria. Tampoco parece fácil que las naciones musulmanas estructuren un conjunto político homogéneo, en razón de su dispersión geográfica e incluso étnica.

Estos ejemplos muestran la dificultad del futuro, con perspectivas diversas y misteriosas en los próximos mil años, en que pueden aparecer «contradicciones contradictorias» y situaciones, como la que desde el comienzo de 1994 afecta a México, que podrían alterar una perspectiva ya aceptada y que parecía inevitable.

Por ello hay que meditar en las tendencias o factores que más fácilmente podrían contribuir a alterar el equilibrio idílico de una sociedad universal occidentalizada:

- Repercusiones del crecimiento demográfico, en que un núcleo duro del diez por ciento de la población, estimación de la occidental para mediados del siglo próximo, pierda posibilidad de imponer criterios contrarios al noventa por ciento restante, en que irían apareciendo líderes orgullosos de su capacidad, opuestos a un equilibrio occidentalizado y capaces de movimientos generales de masas, avalanchas de ciudadanos diversos que impugnarán y vencerán el tabú de la occidentalización.

- Tendencias, inevitables en los poderosos, para ignorar intereses y recomendaciones de solidaridad con los «pueblos Sur», con prepotencia que incite a utilizar el poder de la coacción y supremacía política y que en algún momento dé lugar a una explosión arrolladora.

- Descomposición y corrupción interna occidental que debilite o desintegre pueblos dominantes, en parte por egoísmo y hedonismo.

- Intrigas, desuniones, envidias y fricciones entre núcleos dominantes, probable causa principal de desintegración que facilite el éxito de núcleos externos con más valor, ánimo y superior preocupación espiritual, capaces de derrumbar obstáculos en su contra, como en otros casos en la historia y recientemente en el derrocamiento del Sha de Irán.

- Catástrofes físicas de dimensión cósmica que lleguen a afectar al equilibrio político.

- Proliferación del poder nuclear que lleve a tentaciones de conflagración, absurdas o irresponsables, pero de imprevisibles repercusiones, que haga disminuir las ventajas del monopolio nuclear, con aparición de situaciones como las que originaron la Guerra Fría, aun por circunstancias muy diferentes.

Las anteriores causas, todas y cada una afectarán a una sociedad aséptica que rechaza principios religiosos y no reconoce principios espirituales, caldo de cultivo de cualquier cambio inesperado.

Por otra parte, si no cabe una sociedad sin Dios (opinión Larramendi), tampoco parece posible una sociedad sin raíces, sin aceptación de obligaciones colectivas, sin núcleos que valoren principios y creencias más que ventajas materiales. La historia muestra, y el ejemplo más representativo es el caso judío, que hay hombres, y pueblos, y quizás razas, que son capaces de preservar lo propio, aun dentro de adversidad y aislamiento absoluto.

No es fácil determinar lo que puede llegar a ocurrir en concreto, ni si esto va a ser próximo o lejano, ni si los acontecimientos más graves serán superados, fácil o difícilmente, o sólo serán obstáculos limitados en el camino que no alterarán la dirección final de la humanidad. Nada se puede saber pero todo hay que temerlo, y pienso que la actividad más útil futura será la permanente preocupación por el futuro, analizando toda clase de alternativas en la corriente de globalización, para afrontarlas o superarlas, como hace decenas de miles de años hacían los cazadores y guerreros en la selva en que cada día necesitaban adentrarse.

Epílogo.

Termino un libro, para mi tan entrañable, con alguna reflexión de futuro, sin lo que no habría descargado mi conciencia, que complete mis puntos de vista, excesivamente organicistas, que sin matices darían una idea errónea de lo que pienso de la sociedad occidental. En mi primer libro técnico, en 1948, preparé un prólogo que recientemente he incluido en una conferencia, también para «matizar» mis ideas en relación a su contenido, como hago en este momento.

La idea de Dios está tan relegada que desprestigia aceptarla, al menos en el entorno cultural y social en que yo me muevo. Hace cien años un sprit fort era el que se atrevía a negar a Dios, ahora es lo contrario; por no hacerlo se me asigna valor humano y cívico. ¿Qué más quiere un hombre para ser hombre? Los pobres, los humildes, los humillados, a los que no ha correspondido dosis de inteligencia o de cultura, siempre han necesitado a Dios, pues sólo en su «área de influencia» son iguales a los poderosos, ricos e inteligentes.

Los avances constantes de la ciencia conducen a mayor contacto con el misterio y lo desconocido, y hacen más necesaria la fe. Sin ella nada se entiende ni se admite, los «pobres de fe» creen lo que comprenden, y no pueden creer nada, puesto que nada pueden comprender. En sabios la falta de fe procede de un fenómeno de soberbia, propio de los que más han recibido o más han alcanzado, no toleran nada superior y niegan a Dios para no admitir algo fuera de su propia comprensión.

Creo en «milagros» para el futuro de España y de la humanidad; sólo con ellos cabe esperanza. Milagro, o hecho inesperado con trascendencia social; como que aparezca un líder excepcional, bueno o malo, o una epidemia, o un cataclismo, o un supersabio, o un superhumilde, como San Francisco, o cualquier otra manifestación imprevisible con repercusión en todos los hombres. La vida es un milagro; se inicia con un aparente vacío absoluto que no se sabe cómo se transformó en cosmos y más adelante en personas con capacidad individual de lenguaje y decisión. ¿Ocurrió sin coordinación superior? Es un misterio, pienso, y ese misterio es Dios, no sé si alguien lo comprende, claramente yo no; por eso, admito las contradicciones de cada día en la vida personal íntima, en la externa colectiva, en la pública y en la internacional.

¿Cuál es el papel del hombre en ese misterio? Intuyo que reconocer que hay algo superior y sentirse obligado por razones poco comprensibles a ir siempre a más, a buscar más perfección, a proteger al prójimo cualquiera que sean sus circunstancias o defectos y a oponerse a toda injusticia con riesgo propio, sin miedo, con generosidad pero con humildad. Nada más opuesto a esta actitud que prescindir de Dios o considerar a quien no lo hace «insuficientemente liberado». Es obvia falacia considerar legítimo «lo que la sociedad quiere», como hacen en España gobernantes y oposición. Lo legítimo debería ser lo que Dios querría que hiciésemos, para lo que nos ha dado guías precisas pero también libertad, el más incomprensible de todos los misterios.

El hombre no siempre ha sido libre; tenía la libertad que le daba su fuerza, la de su familia, la de su tribu, la de su colectividad. La esclavitud era un estado natural entre griegos y romanos, paradigma de «civilización civilizada». Ser esclavo era como ser jorobado, ciego o sordo, no ofensa a la dignidad humana sino situación humillante. Los esclavos eran personas que habían perdido su «soberanía», como otros habían perdido la vida en una batalla o una guerra.

Hasta Jesucristo no se aceptó la libertad del hombre como hombre, como nacido; la libertad concreta de cada individuo sólo tiene dos mil años. Cualesquiera sean sus antecedentes, la libertad es preocupación característica del siglo XX, con descolonización, radicalismo para defender derechos y situaciones, liberación de la mujer y otros a que estamos asistiendo. La libertad ha llegado a todos los confines por razones psicológicas y sociológicas, con deseo unánime de que la global village sea libre.

Es probable que el siglo XXI sea protagonista de una crisis de la libertad, con reacción contraria, justificada o no, quizás no brusca sino casi clandestina, después tolerada y al final admitida e incluso exagerada. Pienso que este proceso se iniciará como reacción contra efectos perversos de la libertad, tal como la reducción de poder adquisitivo de los occidentales; y también contra el núcleo de la humanidad que se siente con derecho a despreciar al conjunto restante, al que en su «intimidad», política o individual considera de «segunda clase» o simplemente «infieles».

La crisis de libertad tendrá orígenes y consecuencias demográficas y dará lugar a controversia y agitación de fuerzas políticas y culturales que luchen por su supervivencia olvidando principios y valores. Lo probable es que el número de los occidentales se reduzca, en tanto los menos egoístas o no suficientemente «liberados» aumenten su dimensión. Los occidentales seremos -dentro de la vida de muchos de los que lean estas líneas- menos del diez por ciento de la humanidad, con tendencia a disminuir. Se buscarán fórmulas para detener esto, con justificación ecológica, pues cuántas más personas consuman, o consumamos, alcanzando alto nivel de bienestar, más difícil será evitar el «límite sostenible». Los occidentales con su potencia nuclear desean preservar su propio hedonismo, amenazado por la superpoblación; quieren detenerlo, reducirlo y si fuese posible eliminarlo, como en la política realista de Hitler frente a las razas inferiores, defendida por algunos, diferente a la del genocidio judío que procedía del miedo a competidores. Era política no cristiana que fácilmente renace en movimientos xenófobos de masas (Ruanda y Bosnia), parece que de modo intrascendente al exterior pero con influencia subliminal y peligrosa en los que deciden. Lo que ahora buscan los occidentales no es cambiar ellos, reducir su hedonismo, sino disminuir las bocas que no dominan. Por eso, hay que prever que después de la promoción del aborto venga la de la eutanasia, fenómeno ya en marcha, para llegar después discretos genocidios, al celebrar, o por lo menos no impedir, masacres como las de Ruanda y similares.

Se producirá también un desplazamiento del poder de la Iglesia Católica a pueblos no occidentales ni italianos, (¿podría ser México?), no sólo no italianos, mostrando la igualdad ante Dios de los no poderosos, los marginados políticamente, en definitiva los pobres. La Iglesia se opone a los que quieren afrontar problemas poblacionales con corrupción y alteración de costumbres. Su misión es ingrata ante la idolatría del yo egoísta, y constantemente se ve y verá criticada por esta postura contra corriente, «contra lo que la sociedad quiere», como hace el actual Pontífice Juan Pablo II.

Misterio, libertad, acción de Dios, exceso de población, separados y unidos, serán protagonistas del siglo XXI. No es malo que los españoles, con conciencia de ello, hagamos nuestra apuesta de futuro; si estamos con Dios y la igualdad del hombre y por lo tanto dispuestos a aceptar sacrificios, o si estamos a favor de nuestro placer ilimitado y de cuantas medidas sean útiles para mantenerlo «como la sociedad quiere», que beneficiaría a unos pocos para perjudicar a muchos.

Laus Deo

Notas a pie de página

1 Dice Battaglia: «quien ha profundizado entre nosotros la antítesis trabajo-juego, es Rensi, uno de nuestros más brillantes y paradójicos escritores. El ha tratado de definirlo como la actividad que es ejercitada por sí misma, en gracia del placer o del interés que ella, intrínsecamente, considerada en sí, como fin para sí misma, sin miras ulteriores. De ello deriva que «el juego es una actividad que tiene en sí su principio y su fin, que se rige en sí y para sí, sin motivos extraños, es decir, es libre».